El 15 de octubre 2016, la agencia de noticias EFE, anunció que tras 4 días de debate, se cerraba la V Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales, promovida por la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales, la cual se realizó en Bogotá, Colombia y como espacio previo a la Conferencia de la ONU sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat III .

Según informa página oficial de la Cumbre, un total de 5 mil representantes de ciudades, metrópolis y regiones, así como también de sociedad civil, mundo de negocios y académicos se dieron cita en ese encuentro Municipal.

La Cumbre Mundial concluyó con un documento denominado: El compromiso de Bogotá. Los gobiernos locales y regionales aseguran un futuro mejor para todos, el cual además se acompañó con otro documento que registra una serie de recomendaciones a seguir post evento de Quito 2016, que se presentó bajo el título: La Agenda de Acción de Bogotá. La agenda de los gobiernos locales y regionales Post-Quito.

La información oficial de la Cumbre Mundial destaca que esos documentos son el resultado de un proceso de consulta con los miembros de la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales, incluyendo los debates que se desarrollaron en el marco de las negociaciones globales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y del Hábitat III. Así mismo refiere que esos compromisos y esas acciones, responden al contenido de la investigación contenida en el IV Informe de Observatorio Global de la Democracia Local y Descentralización: “Co-creando el Futuro Urbano”.

Una mirada al Compromiso de Bogotá

En el Compromiso de Bogotá, se plantean desafíos importantes, a saber:

La necesidad de renovar los modelos de gobernanza, el contrato social y de revisar las prioridades para combatir las desigualdades.

El reto para hacer que los gobiernos locales y regionales se logren situar en el centro de las políticas públicas orientadas a enfrentar los desafíos globales.

La necesidad de vincular las respuestas que las comunidades encuentran para enfrentar problemas y los desafíos globales.

Una mirada a la Agenda de Acción de Bogotá

La Agenda producto de ese compromiso se divide en tres partes:

Primera Parte, desarrolla acciones de naturaleza local, a través de las cuales persiguen implementar la Nueva Agenda Urbana en los Territorios.

Segunda Parte, propone acciones que involucran al ámbito nacional, con las cuales proponen crear un nuevo sistema de gobernanza multinivel.

Tercera Parte, se refiere a acciones de naturaleza internacional, con las cuales buscan que haya un legítimo reconocimiento a los gobiernos locales y regionales en la mesa global.

Cuando la Agenda desarrolla la Primera Parte, plantea varias acciones:

Mejorar la capacidad de gestión estratégica de los gobiernos locales y regionales, a los fines de responder con mayor efectividad a los desafíos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y de la nueva Agenda Urbana que se abordarán en el Hábitat III de Quito, entre los días 12 al 20 de octubre 2016.

Garantizar, por ser esencial una participación ciudadana dinámica y autónoma.

Rescatar el valor de la planificación urbana y territorial como herramientas para el futuro de las ciudades y territorios. Desarrollar el compromiso con el Cambio Climático y con la garantía de acceso a servicios básicos resilientes y de calidad para todos.

Rescatar el compromiso con el Derecho a la Ciudad, con la cultura en la tarea de fortalecer la ciudadanía, integración y coexistencia, y con la Cultura de Paz.

Impulsar el desarrollo económico local, así como también regional, para contribuir con mejorar los niveles de cohesión social.

La Segunda Parte de la Agenda de Acción de Bogotá plantea:

La necesidad de adecuar los marcos legislativos a los Objetivos del Desarrollo Sostenible y a los de la Nueva Agenda Urbana, así como también al Acuerdo de París. Entre los planteamientos que se hace en este sentido está reconocer y proteger la autonomía local y regional en la legislación nacional e internacional.

Rescatar el valor de las políticas nacionales urbanas y regionales, que resulten de mecanismos institucionales adecuados para garantizar la cooperación y la coordinación entre los distintos niveles políticos territoriales.

Desarrollar la descentralización fiscal y la política de acceso a recursos financieros para lograr abordar los desafíos.

La Tercera Parte, tiene que ver con el tema Acción Internacional, que plantea la necesidad de redefinir el rol de los gobiernos locales y regionales en la agenda de temas y problemas globales, lo que lleva a la exigencia de ser reconocidos como actores en la búsqueda de respuestas efectivas para enfrentar esos nuevos desafíos globales.

Se Plantea el tema de la cooperación descentralizada, del financiamientos, etc..

Ahora queda esperar por los resultados de la Conferencia Mundial Habitat III de la ONU en Quito que se desarrolla desde el 12 hasta el 20 de octubre de 2016.

17 de octubre de 2016

Referencias electrónicas:

[1]EFE. Cumbre Mundial de Alcaldes 15 de octubre echa el cierre con la vista puesta en Habitat III. 15 de octubre de 2016. Online en: http://www.efe.com/efe/america/politica/cumbre-mundial-de-alcaldes-echa-...

[1]Cumbre Mundíal de Líderes Locales y Regionales. 12 al 15 de octubre 2016. Bogotá. Online en: http://us6.campaign-archive2.com/?u=25355587cd2a5feffe092c002&id=825f918...

[1] Cumbre Mundíal de Líderes Locales y Regionales. El Congreso de CGLU adopta el Compromiso de Bogotá y la Agenda de Bogotá. 15 de octubre 2016. Online en: https://www.bogota2016.uclg.org/media/el-congreso-de-cglu-adopta-el-comp...

El Foro Penal Venezolano, dada la decisión del CNE en Venezuela, de fecha 20 de octubre de 2016, de suspender la recolección programada del 20% de las manifestaciones de voluntad necesarias para activar el Referendo Revocatorio presidencial, basada en las decisiones cautelares dictadas por tribunales penales de primera instancia de diferentes estados del país, se pronuncia de la manera siguiente:

PRIMERO: Las manifestaciones de voluntad para la activación del Referendo Revocatorio presidencial correspondientes al 1% del padrón electoral, por estado, fueron oportunamente revisadas y validadas, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, por la máxima autoridad electoral de Venezuela, que es el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ninguna de las decisiones cautelares que han ordenado la suspensión del Referendo Revocatorio es consecuencia del ejercicio de algún recurso administrativo válido intentado ante la propia autoridad comicial o de algún otro recurso legítimo intentado ante la autoridad judicial exclusivamente competente para emitir pronunciamientos en materia electoral que puedan afectar a toda la ciudadanía, representada fundamentalmente, más no exclusivamente, en quienes pueden ejercer su derecho al sufragio, tal y como lo sería la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Estas fueron decisiones emanadas de autoridades judiciales penales de primera instancia.

SEGUNDO: Ningún tribunal penal de la República Bolivariana de Venezuela tiene competencia para decidir sobre la materia electoral, más allá de la consideración, puntual e individualizada, ya que la responsabilidad penal es estrictamente personal, de si algún ciudadano ha cometido o no, eventualmente, algún delito electoral, y ni siquiera en estos casos, mucho menos a través de una medida cautelar y provisoria, puede afectar con sus pronunciamientos a terceros que no son sujetos procesales ni parte en las causas que son sometidas a su consideración.

TERCERO: El hecho de que simultáneamente y de manera coordinada cinco tribunales distintos de cinco estados también distintos, hayan emitido el mismo día decisiones idénticas en sus efectos, en causas diferentes, la manera, igualmente simultánea y coordinada, en la que dichas decisiones se dieron a conocer a la opinión pública, y la subsiguiente respuesta del CNE, demuestran de manera clara que la suspensión inconstitucional del proceso de recolección del 20% de las manifestaciones de voluntad para activar el Referendo Revocatorio presidencial responde a una planificación previa desde el poder que menoscaba indebidamente el derecho a la participación libre de los ciudadanos en los asuntos públicos (Art. 62 de la CRBV), el derecho al sufragio (Art. 63, CRBV) y el derecho ciudadano a revocar el mandato conferido a cualquier cargo o magistratura de elección popular (Art. 72, CRBV); todo lo cual constituye una burla a la voluntad popular y a la soberanía, que de manera absoluta reside en el pueblo, tal y como lo prescribe el artículo 5º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

CUARTO: Es importante destacar que todo lo anterior afecta no solo a los ciudadanos que puedan estar interesados en revocar el mandato conferido al Presidente Nicolás Maduro, sino también a aquellos ciudadanos que pudieran estar interesados en, a través de su participación libre en el Referendo Revocatorio propuesto por los sectores de la oposición política, mantenerlo en el cargo para el que fue electo.

De esta manera, la írrita decisión del CNE, basada en decisiones inconstitucionales e ilegales de instancias judiciales incompetentes para decidir en estos temas, ha afectado negativamente y por igual a todos los ciudadanos de Venezuela, independientemente del tinte político de sus opiniones o posturas.

QUINTO: El desconocimiento de la voluntad soberana de la ciudadanía, y de los mecanismos legales, constitucionales y pacíficos para la elección o revocación de cualquier cargo o magistratura de elección popular, puede degenerar en situaciones de violencia que son absolutamente indeseables y que conspirarían de manera definitiva, por la actuación usurpadora, arbitraria e inconstitucional del CNE y de los Tribunales Penales involucrados, contra el valor republicano fundamental de la paz (Art. 1º, CRBV), contra el carácter irrenunciablemente democrático de nuestro modelo de Estado (Art. 2º, CRBV) y contra el fin esencial de nuestro Estado de la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, tal y como lo ordena el Art. 3º de nuestra Carta Magna.

SEXTO: Hacemos un llamado general a la paz, al rescate del Estado de Derecho y al cese inmediato de la prisión y de la persecución con fines políticos y, específicamente, le exigimos al CNE, a las autoridades judiciales, y al Poder Público en general, que se deje sin efecto de manera inmediata la indebida e inconstitucional suspensión provisional e indefinida del proceso de recolección del 20% de las manifestaciones de voluntad para activar el Referendo Revocatorio presidencial; que se respete la voluntad popular y el ejercicio soberano e irrenunciable de la soberanía, y que se acaten, de manera irrestricta, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los Tratados Internacionales sobre DDHH suscritos y ratificados por Venezuela y las leyes vigentes en el territorio nacional.

En Caracas, a los 21 días del mes de octubre de 2016.-

Por el Foro Penal Venezolano

Alfredo Romero, Director Ejecutivo

Gonzalo Himiob Santomé, Director

Alonso Medina Roa, Director

Robiro Terán, Director

Tamara Sujú, Coordinadora de asuntos internacionales

Mariela Suárez Ortiz, Coordinadora Nacional de Organización

Fernando Ovalles, Coordinador Área Metropolitana de Caracas

Dimas Rivas, Coordinador Estado Aragua

Luis Armando Betancourt, Coordinador Estado Carabobo

Laura Valbuena, Coordinadora Estado Zulia

María Angélica Lezama, Coordinadora Estado Bolívar

Raquel Sánchez, Coordinadora Estado Táchira

José Armando Sosa, Coordinador Estado Monagas

Lucía Quintero, Coordinadora Estado Barinas

Jesús Dicurú, Coordinador Estado Falcón

Pedro Troconis, Coordinador Estado Lara

Genis Navarro, Coordinador Estado Mérida

Alberto Iturbe, Coordinador Miranda (Altos Mirandinos)

Adriana Nápoles, Coordinador Miranda (Valles del Tuy)

Néstor Gutiérrez, Coordinador Estado Cojedes

Pedro Arévalo, Coordinador Estado Nueva Esparta

José Torres Leal, Coordinador Estado Portuguesa

Carlos Zerpa, Coordinador Estado Sucre

Rafael Maldonado, Coordinador Estado Trujillo

Gabriel Gallo, Coordinador Estado Yaracuy

Es evidente que en Venezuela no se respetan los Derechos Humanos ni las libertades fundamentales que garantiza la Constitución de la República. El gobierno ejerce el poder sin estar sujeto al Estado de derecho. Utiliza al Tribunal Supremo de Justicia, que actúa como instancia obediente a los intereses del Ejecutivo Nacional y el partido oficialista, para su propio provecho; así como lo hacen otras instancias de los Poderes Republicanos, desde el Consejo Nacional Electoral hasta la Fiscalía General de la República, pasando por la Defensoría del Pueblo. En la realidad, no hay separación e independencia de los poderes públicos, lo cual es sumamente grave.

El colmo de la situación de ilegalidad en que se ha colocado el gobierno nacional es el desconocimiento de la Asamblea Nacional, que fue elegida por el poder originario; es decir, por el pueblo; pero que el gobierno, en complicidad con el TSJ, desconoce, llegando al extremo de aprobar el presupuesto nacional para el año 2017 fuera de lo establecido taxativamente por la Constitución.

Por otra parte, también en contra del texto constitucional, el CNE, pospone las elecciones de gobernadores y alcaldes para el próximo año, cuando están establecidas para llevarse a cabo en este próximo mes de diciembre; alegando como criterio para ello que no hay dinero suficiente. El motivo real de está decisión está claramente al descubierto. Es el hecho evidente de que el gobierno perdería estas elecciones de manera contundente, como sucedió en el caso de la actual Asamblea Nacional. Otra vez el CNE decidiendo a favor del gobierno; y más aun, poniéndole trabas y dificultades al Referéndum Revocatorio, también establecido en la Constitución. Se ha llegado al colmo del descaro de utilizar tribunales penales para admitir una causa electoral, cosa que no les corresponde, para intentar detener, de manera completamente ilegal, el proceso del referéndum revocatorio. El CNE, sin haber ni siquiera una decisión de los tribunales, decidió suspende la programación de la recolección del 20% de firmas para el mencionado revocatorio.

Queda claro quienes son los que actúan a espaldas de la Constitución de la República. Son los mismos que mienten, abusan del poder, hacen promesas populistas que no pueden cumplir, falsean datos y llegan a agredir violentamente a quienes se oponen a su gobierno. También son los que han llevado al país con las mayores reservas de petróleo del mundo, y que ha pasado por la etapa de mayor bonanza de precios del barril de petróleo, a la ruina económica; por empecinarse en aplicar políticas económicas fracasadas; aquí y en el resto del mundo. Para colmo de males, estamos viviendo una nefasta etapa histórica, en la que los valores morales perecen haber perdido relevancia y la corrupción pública ha escalado los más altos niveles jamás vistos.

Para colmo de males, el gobierno se ha dedicado a la persecución de sus rivales políticos, encarcelando a dirigentes de diversos partidos, recurriendo a la manipulación de pruebas y procedimientos de dudosa legalidad. Esta actitud se traduce en un irrespeto continuado a los Derechos Constitucionales de los ciudadanos. Se incumple, nada más ni nada menos, que con La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamados por las Naciones Unidas (Artículos 55 y 56 de la Carta de la ONU), y que está obligada a hacer cumplir el gobierno nacional, pues forma parte del estatuto legal del país.

De acuerdo a lo expuesto, es evidente que no estamos en un sistema basado en una democracia protagónica, en la que el pueblo ejerce el poder y la soberanía, para garantizar el bien común. Nos mintieron desde un principio, manipularon la verdad para engañarnos, para llegar al poder y tratar de permanecer en él “como sea”, mostrándonos un falso ideario político, con principios que ni sus propios líderes cumplen, empezando por la misma Constitución que promovieron. Lo que se desprende de los hechos, de la realidad cotidiana, es que en nuestro país no existe un gobierno de régimen democrático, sino una proto-dictadura, ejercida tiránicamente; con la complicidad de Poderes Públicos que abandonaron su condición de independencia para servir al Ejecutivo Nacional y al partido de gobierno; que intentan usufructuar el poder en beneficio propio y de los grupos de poder que lo apoyan, incluso a espaldas de la inmensa mayoría del pueblo

21 de octubre de 2017

Los rojos criollos predicaron el desarrollo endógeno, pero solo lograron hundir la producción nacional y hoy dependemos mucho más de las importaciones e inclusive tenemos que comprarle petróleo al ¨imperio¨ y a otros países. Sin embargo, lograron algo que no ha existido en ninguna dictadura, ni en regímenes totalitarios.

Fracasaron en el sistema público de salud, en todos los niveles de la enseñanza, en el suministro de agua potable, en la generación de energía eléctrica, en la política agroalimentaria, en la extracción y refinación de petróleo, en la conservación de nuestros recursos naturales renovables, en la protección del medio ambiente, en el desarrollo de una minería no depredadora, en la promoción de la cultura y el turismo, en el control de la inflación y en todo lo que un país requiere para lograr un desarrollo sustentable.

Las dictaduras son inaceptables, pero en general promueven el progreso económico de los pueblos, como fueron los casos de las tiranías de Pérez Jiménez y de Pinochet, por citar algunos. Los espernibles regímenes totalitarios nazista, fascista y falangista de Hitler, Mussolini y Franco también lograron avances en la economía de sus naciones. Franco fue el más sensato al no inmiscuir a España en la II Guerra Mundial, la cual hizo trizas a Italia y Alemania. El totalitarismo comunista fue el único que fracasó en lograr mejorar la calidad de vida de los habitantes subyugados. Cuba es un ejemplo viviente de ese fracaso.

Otro logro de los regímenes citados, a los cuales desde luego repudiamos, es la drástica disminución de la criminalidad. Hoy muchos turistas prefieren ir a Cuba, no solo por el bajo costo de la estadía, sino principalmente porque se sienten seguros de que no serán asaltados e incluso asesinados.

El régimen totalitario de Maduro y compinches es el único caso de destrucción de la economía y de aumento de la criminalidad. ¿A qué se debe este ¨ logro endógeno¨ del presidente de facto y de su tren ejecutivo? Este régimen ha tenido que enfrentar una sociedad que no se ha doblegado. Por lo tanto, la estrategia adoptada es debilitarla a través del amedrentamiento por parte del hampa para que muchos emigren y que quienes se queden en el país participen lo menos posible en manifestaciones públicas en contra del régimen.

Los venezolanos debemos enfrentar dos tipos de hampa. La común que actúa por su cuenta gracias a la permisividad gubernamental. Y el hampa financiada por el oficialismo, que actúa bajo la denominación de ¨colectivos¨, la mayoría de los cuales están constituidos por individuos que agreden e incluso asesinan durante manifestaciones de repudio al régimen. Al respecto, recordamos los asesinatos de los demócratas Maritza Ron, José Manuel Vilas, Roberto Redman, Génesis Carmona, Wilmer Carballo, Daniel Tinoco, Guillermo Alfonzo Sánchez, Argenis Hernández, Jesús Orlando Labrador y Gabriel Daza, entre otros. Estos grupos son promovidos por los rojos para intentar evadir acusaciones de violaciones de derechos humanos perpetrados por cuerpos oficiales. Sin embargo, también funcionarios policiales y de la Guardia Nacional han sido señalados de cometer asesinatos durante manifestaciones, como fueron los casos de Basil Da Costa, Jesús Acosta, Geraldine Moreno y José Alejandro Márquez, por citar algunos.

Entre los asesinados la semana pasada por el hampa común tolerada por el régimen debemos lamentar los casos de nuestros compañeros de Gente del Petróleo Luis Oviedo y Diego Piccari.

Como el hampa no oficial no discrimina, lamentablemente también han sido asesinados policías y miembros de la Fuerza Armada, sin que el Alto Mando reaccione señalando la causa de que haya proliferado la criminalidad. Mientras Maduro y su pandilla permanezcan en el poder seguirá aumentando el hampa común y el hampa política. Por ello debemos seguir presionando para que se realicen tanto el referendo revocatorio como las elecciones regionales.

Como (había) en botica:

El diputado rojo Hugber Roa es un tipo ruin de la peor calaña. Desde esta columna expresamos nuestra solidaridad al cardenal Urosa y a monseñor Baltasar Porras, próximo cardenal. Gran alegría por la designación del padre Arturo Sosa como Prepósito General de la prestigiosa Orden jesuita. También nos complace la designación del colega Rafael Isidro Quevedo como Miembro de la Academia de Ingeniería y el Hábitat. Al introducir la demanda ordenada por Maduro en contra de El Nuevo País y de varios periodistas, Eulogio Del Pino declaró: ¨Es el momento de que asuman su responsabilidad con su pecunio (sic) personal, con su libertad si es necesario¨. En el futuro serán los tribunales los que decidirán si quien tenga que responder con su propio peculio y su libertad sea el propio Del Pino por los desaguisados en Pdvsa ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

El comentario de la semana

En el lenguaje comercial se conoce como “llave en mano” cuando se contrata o compra un bien que adicionalmente implica unas tareas extras como pueden ser la instalación del mismo, armarlo previamente a su uso final o una casa que se adquiere completamente amoblada y con todos los servicios conexos instalados y en funcionamiento, la idea final es que el cliente pueda hacer uso inmediato del mismo cuando lo reciba para su usufructo final.

Un paquete llave en mano, parece ser la última acción inconstitucional del régimen para suspender el proceso revocatorio en curso para desalojar de la presidencia, con su nefasto gobierno, al titular de la misma por su abominable labor para destruir al país. No de otra manera se puede calificar la sincronizada acción de cinco gobernadores solicitando a jueces de circunscripciones subalternas la suspensión, por supuesto fraude en el proceso de recolección del 1 % de las firmas, para solicitar el referendo revocatorio en cuestión.

Las declaraciones previas de los gobernadores solicitando el pronunciamiento de los jueces secuaces involucrados son seguidas, casi inmediatamente, por la publicación de sentencias anulando el proceso de recolección de firmas y presentar acusaciones, como presuntos responsables, a los dirigentes políticos encargados de la organización pertinente en cada uno de sus respectivos estado, atribuyéndose así, competencias que no les corresponden, en tanto ilegales, pero también saltándose de toda la lógica fundamental de las ciencias jurídicas.

Para completar el paquete, la rectora máxima del CNE en una demostración de eficiencia administrativa que no ha demostrado en los últimos meses, sin esperar por lo menos un lapso de 24 horas y las notificación oficiosa de los respectivos tribunales involucrados, declara, casi inmediatamente, mediante un comunicado redactado en tiempo record, que debe atenerse a la decisión de los tribunales, por lo que queda suspendido el proceso revocatorio, obviando que el CNE que preside, ya se había pronunciado y depurado las firmas que según no reunían los criterios de validez por ellos mismos acordados.

Es decir, e incluyendo el cinismo de los declarantes rasgándose las vestiduras en defensa de la Constitución que están pisoteando, es claro que todo es una maniobra finamente planificada por brillantes mentes maquiavélicas al servicio del régimen.

Quedan en el aíre algunas inquietudes, como por ejemplo ¿Detendrán a los dirigentes acusados de fraudes, a los cuales hasta prohibición de salida del país le dictaron? El paquete llave en mano se está entregando al cliente, lo que no se sabe es hasta donde llegan los servicios contratados.

Dictadura es un Sistema político en el cual el Poder Ejecutivo, es decir el Gobierno, concentra en sus manos la capacidad de decidir y aplicar las políticas públicas a su libre saber y entender, sin estar sujeto al control o fiscalización de cualquier otro poder del Estado. La voluntad de quienes gobiernan es absoluta, total e inapelable.

En esta clase de régimen pueden existir otros poderes nacionales, Legislativo, Judicial u otros, pero los mismos no son autónomos ni independientes, están férreamente controlados y subordinados al gobierno. Son meras fachadas para maquillar la condición absolutista del sistema. El Estado de Derecho, los derechos civiles y políticos así como los derechos humanos de la ciudadanía son inexistentes o están tan disminuidos que son casi nugatorios.

En las dictaduras el sostén básico y decisivo descansa en la Fuerza Armada. En ellas los militares pueden detentar directamente el poder o tutelarlo por interpuesta persona.

En Venezuela desde el punto de vista político y técnico ya estamos en una dictadura. Todos los poderes del Estado están concentrados en la Presidencia de la República y el único que no lo está es el Legislativo, pero ha sido desconocido por el resto de los mismos. La fisiología del sistema prescrita en la Constitución ha sido definitivamente rota y el caro principio de la Garantía Inmanente descansa en paz.

El entramado para- constitucional construido por el chavismo desde el 2007 ha sustituido a la Constitución formalmente vigente.

Decimos que el sistema político, realmente vigente, es una neo dictadura porque aunque comparta con la tiranías tradicionales el objetivo central de asumir y concentrar en el Poder Ejecutivo todos los Poderes del Estado, posee en su accionar modos y formas que le confieren identidad propia y distintiva de las tradicionales.

Para sustentar lo que afirmo voy a usar la fórmula de comparar, sucintamente, lo que hoy existe con la última dictadura de corte tradicional padecida en estos lares, la del General Pérez Jiménez (MPJ).

Cuando la Junta Militar que gobernaba de facto en 1952 perdió la elecciones constituyentes de 1952 procedió a desconocer los resultados, a invalidar a los diputados electos – salvo a unos fantoches que se prestaron al juego-, detuvo o desterró a los líderes democráticos aún libres, instaló un Congreso ilegal que a seguidas designo a MPJ Presidente de la República, se suspendieron los derechos civiles y políticos de los venezolanos y se reprimió a todos quienes se opusieron al golpe perpetrado amparado en la razón de la fuerza. Así comenzó la larga noche que culmino el 23 de enero de 1958.

Las neo dictaduras actúan de una forma más sofisticadas, enrevesadas, en una especie de juego de máscaras y simulaciones. Constantemente caminan sobre el filo de la navaja bordeando la ilegalidad mientras avanzan, sin prisa y con las pausas necesarias, hacia su objetivo de dominación.

En el 2015 hubo elecciones parlamentarias y el régimen las perdió de calle. De ellas emergería un parlamento dispuesto a reivindicar su autonomía y a ejercer plenamente sus competencias constitucionales.

El chavismo tuvo que acatar los resultados, pero desconoció y desconoce las consecuencias políticas, legales e institucionales de la voluntad ciudadana y decidió acelerar en el camino hacia su indisimulado objetivo: ejercer el poder de forma dictatorial.

Los nuevos tiempos no les permiten actuar como lo hizo Pérez Jiménez en 1952. Proceden entonces – tratando de guardar las formas – a reformar la composición del TSJ sin cumplir con los requisitos legales, a desconocer la elección de los diputados de Amazonas, declarar y renovar sin autorización del parlamento la Emergencia Económica y el Estado de Excepción, a utilizar el resto de los Poderes Nacionales para cercar y disminuir la vigencia de la Asamblea Nacional, declarar por decisión del TSJ en desacato al parlamento para invalidar sus decisiones y finalmente a aprobar el Presupuesto Nacional vía TSJ. Toda esta operación busca disimular bajo el expediente del conflicto de poderes la intención de esterilizar la Asamblea Nacional. No la clausuran, como ocurriría en una dictadura tradicional, pero la convierten en irrelevante a los efectos del funcionamiento del Estado.

La suspensión indefinida de los comicios regionales y los obstáculos puestos a la activación del referéndum revocatorio por parte del CNE invalidan en la práctica el derecho a ejercer el sufragio de parte de los ciudadanos. De nuevo, el régimen se escuda con actos supuestamente legales decididos por un poder – formalmente autónomo, el CNE - para impedir el ejercicio de un derecho político.

En definitiva la Constitución no se observa ni se cumple, se desconoce en la práctica, pero no se deroga para mantener la ficción.

Podrá mantenerse en Venezuela el formato neo dictatorial sin que la dinámica lo empuje hacia la dictadura tradicional. Ese es uno de los interrogantes del momento.

Caracas, 18 de octubre de 2016

RECUPERACIÓN DE LA AGRICULTURA VENEZOLANA POSTSOCIALISMO DEL SIGLO XXI

Lo que aquí he denominado Investigación para la Producción Agrícola, tiene que ser realizada principalmente por las universidades nacionales, las cuales, en contacto con nuestra realidad, son receptoras de las necesidades que pueda tener nuestra sociedad productiva y según acuerdos, desarrollar las líneas de investigación que permitan obtener resultados para satisfacer esas necesidades. Así, la investigación para la producción agrícola, realizada en nuestras universidades y en centros de investigación como INIA, IVIC y otros, además de cubrir las curiosidades propias de los investigadores, debe orientarse hacia la búsqueda de soluciones para el mejoramiento de la productividad en el campo venezolano, en general, a solicitud de los mismos productores según sus propias necesidades.

ALGUNAS ORIENTACIONES (SOLUCIONES)

Además de las solicitudes de los agricultores y a manera de orientación, algunas áreas para la investigación agrícola pueden ser las siguientes:

-Mejoramiento genético de especies cultivadas y desarrollo de las tecnologías para la producción comercial de semillas certificadas: ésta es una de las áreas mundialmente más importante en lo que se refiere a investigación agrícola y donde se aplica mucha biotecnología. Diariamente están colocándose en el mercado mundial nuevos cultivares de diferentes especies, de los cuales, aquellos que puedan tener interés para nuestra agricultura, deben ser evaluados en las diferentes regiones agrícolas del país con potencial para la producción de ese cultivo. Además, los centros de investigación agrícola del país con programas de mejoramiento genético, deben trabajar arduamente para obtener nuevos cultivares adaptados a determinadas condiciones existentes en nuestros agrosistemas, con mayores potenciales de rendimiento o para superar alguna situación estresante que afecte el crecimiento y desarrollo de las plantas.

En el país existen programas de mejoramiento genético en instituciones oficiales como el INIA, en las facultades de agronomía de las diversas universidades y en algunas empresas o dependencias privadas como Protinal, C.A., un grupo de semilleristas reunidos conjuntamente con Agroisleña, C.A. en la empresa SEHIVECA, la Fundación DANAC del Grupo Empresarial Polar y otros. Tanto Protinal, C.A. como Fundación DANAC, han descollado con sus programas de mejoramiento genético en cereales y soya, de los cuales se han obtenido varios cultivares de mucho éxito en los programas comerciales que se han llevado a cabo con estos importantes cultivos. Mención especial merece la Fundación DANAC por sus trabajos recientes con híbridos de arroz.

-Desarrollo de biocidas (insecticidas, herbicidas, fungicidas) de origen biológico y de la tecnología para su producción y uso comercial: las voces de alerta en relación a la contaminación del ambiente han propiciado que, al menos en la actividad agrícola, se mantenga una búsqueda constante de organismos capaces de controlar el desarrollo de otros organismos que puedan ser perjudiciales para las plantas cultivadas. En este sentido, se han encontrado insectos parasitoides de otros insectos, hongos capaces de parasitar y eliminar algunos insectos perjudiciales a los cultivos, hongos que controlan la vida de otros hongos patógenos, y otros.

En la actualidad, en el INIA, en las universidades y en algunas empresas privadas se desarrollan y producen comercialmente algunos de esos organismos. Estas organizaciones deben ser apoyadas en sus actividades.

-Evaluación y búsqueda de procesos y microorganismos útiles en la fertilización biológica y desarrollo de tecnologías para su producción y uso comercial: es necesario aclarar conceptos, ya que existe confusión en relación a lo que son fertilizantes orgánicos, biofertilizantes y fertilización biológica.

Este último término lo he tratado de utilizar en lo personal, porque me parece el más adecuado para tratar estos aspectos y deslindarlo del concepto de fertilizantes. Lo he definido de la siguiente manera: “Fertilización biológica es la utilización y mejoramiento de procesos o fenómenos naturales donde intervienen seres vivos, capaces de servir como fuentes de nutrientes para las plantas cultivadas o que sirvan para mejorar la disponibilidad y aprovechamiento de esos nutrientes esenciales por parte de las plantas”.

Debido a criterios de protección ambiental y al incremento en los precios de los fertilizantes químicos, toma importancia la exploración de otras vías para suministrar nutrientes a las plantas, como el uso de fertilizantes orgánicos o biofertilizantes y aplicación de la fertilización biológica, de gran importancia en el suministro de los nutrientes nitrógeno (N) y fósforo (P) a las plantas.

El nitrógeno (N) en la naturaleza proviene del aire (contiene 78% de N) pero para ser utilizado por las plantas tiene que ser fijado al suelo. El N del aire llega al suelo por diversos mecanismos naturales, o se puede fijar artificialmente, tal como se realiza en la industria de fertilizantes para luego ser aplicados al suelo. Entre los mecanismos naturales, ocurre una fijación de N atmosférico al suelo por medio de organismos vivos, la cual se conoce en su concepción amplia como fijación biológica de nitrógeno, aplicándose el término “fertilización nitrogenada biológica” a la promoción y mejoramiento de ese fenómeno natural para que sirva como fuente de nitrógeno a las plantas cultivadas. Todos estos procesos están bajo constante estudio para mejorarlos y buscar vías para utilizarlos en lo que hemos denominado fertilización nitrogenada biológica.

El fósforo (P) es otro nutriente que se debe aplicar al suelo en elevadas dosis de fertilizantes ya que parte de ese P se hace temporalmente no aprovechable para las plantas, al sufrir unos procesos que se conocen en conjunto como fijación de fosfatos en el suelo. La fertilización biológica, en el caso del fósforo, tiene dos vías fundamentales; una basada sobre el uso de microorganismos con capacidad de solubilizar fosfatos para ponerlos a disposición de las plantas; la otra, correspondiente al uso de micorrizas para infectar las raíces de las plantas y aumentar su capacidad exploratoria del suelo, de tal manera que puedan absorber mayores cantidades de P que es poco móvil en la solución del suelo.

Algunos microorganismos del suelo capaces de solubilizar fosfatos son hongos de los géneros Aspergillus y Penicillium y bacterias de los géneros Pseudomonas, Rhizobium y Bacillus. Las bacterias solubilizadoras de P (BSP) se utilizan para producir fertilizantes con P soluble como es el caso del biofertilizante conocido como PHS, producido por la fusión de roca fosfórica con azufre (S) elemental e inoculación con bacterias del género Thiobacillus, éstas oxidan el S generando un ambiente ácido para la solubilización de los fosfatos de la roca. En Venezuela hay un renovado interés por los biofertilizantes, y a nivel oficial, el INIA, tiene un proyecto específico para esto, que se denomina Proyecto de Innovación Tecnológica en Biofertilizantes para Agrosistemas Venezolanos Sustentables.

-Evaluación y búsqueda de materiales que puedan ser utilizados en la fabricación de fertilizantes: permanentemente se están obteniendo subproductos de actividades industriales, que contienen nutrientes esenciales para las plantas y que pudieran tener utilidad como componentes de los fertilizantes. Todos esos materiales tienen que ser evaluados desde el punto de vista de su compatibilidad química y física con otras sustancias que tradicionalmente se han utilizado como materia prima para esta industria, así como su evaluación biológica en cuanto a la ausencia de efectos fitotóxicos y el impacto que pudieran tener sobre el ambiente.

-Evaluación, adaptación y fabricación de prototipos de implementos, maquinarias y equipos de uso agrícola: en algunas oportunidades es necesario desarrollar ciertas herramientas, que son indispensables en la agricultura moderna y de grandes extensiones. Por citar dos ejemplos:

-Cuando la producción de ajonjolí fue importante en la agricultura venezolana, un productor del estado Portuguesa ideó y fabricó un equipo para recolectar automáticamente los haces de ajonjolí parados en el campo e incorporarlos a la máquina trilladora.

-Durante cierto tiempo se estuvo tratando de desarrollar un prototipo de sembradora para el cultivo de yuca.

-También hay reportes de la fabricación de prototipos y adaptación de sembradoras para utilizar con el método de mínima o cero labranza, aplicadoras de estiércol, encaladoras y otros ejemplos que seguramente existen en la historia de nuestra agricultura.

-Desarrollo de metodologías y equipos para la aplicación más eficiente del agua de riego: cada día, mundialmente, se habla con preocupación en relación a la posible escasez de agua que nos espera en el planeta, lo cual ya se refleja en el conflicto de uso de este preciado líquido entre doméstico, industrial y su utilización en agricultura de riego. Por ello se deben establecer líneas de investigación para ser lo más eficientes posible en la utilización del agua para regar los campos cultivados.

Todo lo expuesto son solo algunas ideas de lo mucho que se debe hacer en cuanto a la orientación de la investigación para la agricultura venezolana. Todas las instituciones que tienen la responsabilidad de investigar para la producción agrícola deben ser apoyadas con presupuestos justos, con programas de mejoramiento profesional, con el equipamiento de laboratorios e invernaderos, hacer esfuerzos para recuperar el personal profesional que ha renunciado en busca de mejores oportunidades. A las organizaciones privadas, facilitarles todo el apoyo institucional oficial que puedan requerir para el logro de sus objetivos.

Los resultados de las investigaciones no pueden quedarse en informes y otros documentos archivados, tienen que llegar al campo y ser utilizados. Los productos que se obtengan y deban ser aplicados a los cultivos o a los suelos para su protección y mejoramiento, deben producirse a escala comercial.

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Octubre de 2016