Hace unos días nos declarábamos todavía sorprendidos por el cinismo de los voceros del régimen; hoy creemos que llegaron a la etapa de la desvergüenza total, en la que los que saben que no tienen ningún futuro político, se obligan a seguir tratando de provocar a los ciudadanos decentes de este país, que somos la mayoría, intentando incitar reacciones de todo tipo, siendo la que más les interesa, el desaliento.

Superado el impacto inicial, tenemos que entender que la colocación malintencionada de los puntos de validación de las firmas que solicitaron el revocatorio de Maduro, lejos de una demostración de fuerza es el reconocimiento de que el sentimiento es irreversible y que más del 70% de los venezolanos pensamos que la salida del presidente es parte indispensable del proceso de recuperación del país.

El siguiente cuadro, referido a Aragua como ejemplo, se incluye para resguardar, a través de la memoria colectiva, el intento de desmotivación que debemos interpretar, recordar y reclamar cuando corresponda, como un abuso de un poder que evidentemente se les escapa aceleradamente.

Predecir es difícil, sobre todo para los que carecemos de información privilegiada, pero estamos seguros de que el fin comenzó y que entre los enchufados algunos quieren una agonía prolongada, mientras que otros son partidarios de la eutanasia. E; resto, la inmensa mayoría, solo queremos que nos dejen vivir en paz.

El comentario de la semana

Fundahumanos/Foro Cambio Democrático dirige al vicepresidente Aristóbulo Istúriz, quien parece haber asumido la vocería oficial acerca del tema, un llamamiento acerca de los CLAP:

*Según este esquema, el 90 % de familias competirá por el 30% de los productos básicos

*Traerán más corrupción

*No resolverán el desabastecimiento de los más pobres

*El 70/30 agravará el desabastecimiento en las clases medias bajas y medias sin abastecer a los sectores más pobres

*Se requiere adoptar medidas de fondo con audacia: liberación de las fuerzas económicas de mercado, entre ellas la unificación cambiaria, y algunos subsidios directos y focalizados en la población más vulnerable

*Y se requiere aceptar y promover la solidaridad de los pueblos a través de programas de ayuda internacional.

Los CLAP obedecen a la misma visión económica y también política que nos ha traído a la actual crisis inflacionaria y de desabastecimiento: la creencia de que con controles, regimentando desde el Estado las fuerzas económicas, se pueden resolver los problemas.

La cadena de decisiones políticas en materia de pretendido control en la distribución de bienes ha sido la siguiente:

1. Comenzamos con el supuesto control de las ventas por el número de cédula.
2. Seguimos con las captahuellas.
3. Y ahora estamos en los CLAP.

Así fue surgiendo un canal alternativo de distribución donde se podía adquirir los bienes sin controles pero a un precio mucho más alto.

Cada error conduce a otro error. Cuando un control muestra su ineficacia, se piensa en un control para controlar el control. Y así ad infinitum.

Por supuesto, cada control al final propicia su propia ineficiencia: creando mayores niveles de corrupción, regimentando la economía, desestimulando la producción, etc. Imaginarse que el complejo proceso de comercialización de alimentos puede regimentarse constriñéndolo a los procedimientos burocráticos de los CLAP es no solamente un error sino una estupidez.

Pero más grave aún la decisión de reservar el 70 % de los alimentos a los CLAP dejando sólo el 30 para la cadena tradicional, probada, con experiencia, de los supermercados y abastos. Esta absurda idea sólo llevará a incrementar ferozmente los niveles de desabastecimiento en los sectores de la clase media (incluyendo los vastísimos de la baja clase media) sin resolver los de los sectores más pobres y genera una odiosa discriminación (no se olvide que los CLAP se forman a partir de las estructuras partidistas del PSUV) que afecta a todo el pueblo, obligado a esperar, hacer colas, pagar más caro los productos o morir de hambre.

Las autoridades del sector han asegurado que la finalidad de los CLAP es abastecer a 500 mil familias. Para entender el desastre de esa medida es preciso señalar que en Venezuela hay más de 8 millones de familias, es decir, que de acuerdo a este diseño, 7.5 millones de familias, el 90 % de familias, competirían en la cadena tradicional de distribución por el 30% de los productos básicos restantes.

Por todo esto, nos dirigimos al vicepresidente Aristóbulo Istúriz, quien ha asumido el tema con verdadero empeño. Ojalá pudiera convocar a las mejores inteligencias en materia económica para consultar esta medida. Ojalá opte por adoptar las verdaderas medidas de fondo que pueden resolver el grave problema de desabastecimiento, que no son otras que aquellas conducentes a la liberación de las fuerzas productivas de mercado de la economía, incluyendo la unificación cambiaria, sustituyendo los subsidios a los empresarios por subsidios directos a la población, limitados a los sectores más vulnerables, focalizados, y transitorios. En fin, ojalá que rectifique en particular esta insensata decisión de reservar el 70 % de los alimentos a los CLAP que puede tener delicadas consecuencias en la sociedad venezolana.

Igualmente, llamamos a Aristóbulo a que más bien ponga el mismo empeño en conseguir que el gobierno acepte y promueva la solidaridad de los pueblos a través de programas de ayuda internacional como una medida transitoria mientras el país consigue salir del atolladero. Si Venezuela ayudó a otros países es el momento de que otros países ayuden a Venezuela.

En un país donde se producen cuatro saqueos diarios, según ha afirmado el Observatorio de Conflictividad Social, y donde ya se han producido siete muertes debido a estas violencias y a su consecuente represión, del oriente a los andes, del occidente al centro, un error de esta magnitud puede ser la chispa que incendie la pradera. Es la vida y la paz de los venezolanos lo que está en juego.

Enrique Ochoa Antich (exdiputado y coordinador de Fundahumanos)

Rafael MacQuhae (exviceministro de Cordiplan)

Gustavo Hernández (exdiputado del PPT)

Andrea Tavares (exconcejal del PPT y dirigente de Alternativa 1)

Esperanza Hermida (exdirectiva del Sindicato de Trabajadores Tribunalicios y defensora de los derechos humanos)

Rafael Curvelo (licenciado en Estudios Liberales y directivo del Foro)

Teléfonos de contacto de Enrique Ochoa Antich: 0414 608.5757 y 0424 257.5599

Por los derechos humanos

¿Cómo demostrar que 99.851 no son suficientes para validar 12.025? es una pregunta que, en su oportunidad, deberá responder el CNE, pero para que no se quede en el tintero, otra pregunta: si ya el CNE, conjuntamente con testigos del gobierno y de la oposición, finalmente acepto como válidas 1.600.000 firmas ¿qué lógica tiene que se deba pasar por un capta huellas para validar las casi 200 mil que se requieren para avanzar a la próxima etapa del proceso?

El sentido lo da, lo dificultoso, que dadas las condiciones “técnicas” que impuso el órgano electoral, será obtener las firmas requeridas. Por ejemplo, el municipio Girardot aportó más de 28 mil firmas, ya validadas, pero sólo se le asignaron tres capta huellas las cuales estarán disponibles de 8 am a 12 m y de 1 pm a 4 pm de lunes a viernes. Si en el mejor de los casos, cada validación de firma se toma un minuto, se obtendrían 420 firmas por día por máquina por tres serían un total de 1.260 diarias por cinco días pautados tendríamos 6.300 firmas que serían un poco más de la mitad de la cuota de Aragua que son 12.025 firmas. Pero esto es si, ciertamente, cada validación se toma un minuto y si las máquinas comienzan a trabajar puntualmente. Si no es así y el tiempo de captación de huellas promedia al final dos minutos, la cantidad sería 3.150 firmas, por lo que, forzosamente, el resto de las firmas (8.875) deberán sumarse desde las otras 15 máquinas colocadas en los puntos más distantes y dificultoso de la geografía de Aragua, donde, seguramente, el gobierno bolivariano del estado sumará obstáculos para retrasar la llegada de firmantes. No es cosa fácil, ciertamente los firmantes están, lo dificultoso será que validen.

Apreciación de la situación # 66

Una vez más, la 13ª en lo que va de año, el Instituto de Medicina Tropical (IMT) de la Universidad Central de Venezuela (UCV) ha sido asaltado por malandros dispuestos no sólo a robar lo que de algún valor pecuniario pudieran encontrar sino también a destruir lo que queda en pie, lo cual incluye algo más valioso e irreemplazable que el dinero: historias médicas, seguimiento de epidemias recurrentes en el país, muestras biológicas y datos de investigaciones científicas en el campo de la salud.

Escenas como ésta se repiten en todo el campus de la UCV y en otras instituciones universitarias y científicas del país, cuya permanente postura en defensa de la autonomía universitaria, como rasgo fundamental de su razón de ser, se ha convertido en un incordio para un gobierno que quiere verlas postradas ante el tosco hegemón de turno.

Quebrarles el espinazo se ha convertido en una obsesión para el régimen. Y como no han podido, quieren socavar el espíritu universitario por otros métodos. Se comenta que el vandalaje tiene su base en la penetración de colectivos dentro de los cuerpos de vigilancia, amparados por el régimen en plan de ilegales brazos armados, que con total impunidad provocarían los destrozos ya señalados.

El repertorio de métodos disuasivos es amplio: presupuestos ridículos, bajos sueldos, deserción profesoral, infraestructura decadente, falta de reactivos en las facultades experimentales, equipos obsoletos, languidecientes bibliotecas, usted sume y siga…, son tácticas diseñadas para quebrantarles su autonomía. A este menú se agrega la anticonstitucional cláusula 34 de la Ley Orgánica de Educación (2009) que cambia arbitrariamente las condiciones en que deben proceder las elecciones de autoridades rectorales, no a través del claustro universitario sino por concurso de todo el personal en cualquier rango.

Confunden igualitarismo con equidad cuando les conviene, porque todavía no sabemos de ninguna elección en las “revolucionarias” universidades bolivarianas, donde la autonomía es concepto ajeno a autoridades (impuestas por el régimen), docentes y estudiantes por igual. Ni mucho menos tenemos noticia de elecciones generales en instituciones igualmente jerárquicas como el ejército o los centros de salud.

En cambio, en las universidades autónomas, jerárquicas como las que más, quieren pasar por encima de los principios establecidos en el artículo 109 de la Constitución (1999), que concede de manera diáfana, como nunca antes, la autonomía universitaria para que profesores, estudiantes y egresados, solo ellos, se dediquen a la búsqueda del conocimiento mientras se dan sus normas de gobierno y funcionamiento para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión, en un recinto inviolable.

Todo esto nos lleva a pensar que el malandraje no está solo en los personajes de mal vivir que han saqueado al IMT y otros edificios universitarios, sino también en los agentes del régimen, en ministros y personajillos de servil ralea egresados de sus aulas, que terminan medrando en los espacios institucionales, convertidos lastimosamente en el enemigo interno con que duerme la comunidad universitaria y ocupados en horadar el andamiaje universitario en su esencia y desde adentro. Menos mal que ya contamos con el respaldo de la Asamblea Nacional en la defensa de la Universidad.

Cuando Bolívar en 1827 transformó la Real y Pontificia Universidad colonial de 1721 en Universidad de Caracas, le mantuvo el principio autonómico y la dotó de autonomía de gestión. No será ahora, a casi 300 años de su fundación, que un grupo de seres mal dispuestos contra el conocimiento y la libertad puedan lograr lo que ya otros tiranos intentaron sin éxito. Ya lo decía el Libertador en esa oportunidad: “El más preciado instrumento para la conservación y defensa de la libertad es una universidad capaz de formar hombres libres para dirigir la vida colectiva en búsqueda del beneficio común". Nada más, nada menos.

Al compás de la ciencia

Una pluralidad ideológica de 21 participantes en la redacción de la vigente Carta Magna, emitieron una Declaración en la cual expresan “preocupación por la grave crisis económica, social, moral y política que atraviesa el país”. Manifiestan “particular énfasis en la corrupción que ha invadido las instituciones, la impunidad ante la delincuencia, el deterioro progresivo de los servicios públicos, la destrucción del aparato productivo, la escasez de alimentos básicos y medicinas para la satisfacción de las necesidades elementales de la población, todo lo cual ha impactado negativa y gravemente en la calidad de vida de los venezolanos”.

Al Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) Luis Miquilena acompañan en la Declaración: el Gobernador de Lara, Henry Falcón y los ex de Aragua, Carlos Tablante; Trujillo, Gilmer Viloria; Nueva Esparta, Virgilio Avila y Mérida, Capitán Florencio Porras, insurgente del 4 de Febrero 1992. Siguen en signatura del documento: Ricardo Combellas, Ernesto Alvarenga, Elías López Portillo, Alberto Jordán Hernández, Coronel Humberto Prieto, Leonel Jiménez Carupe, Haydée Brizuela, Reinaldo Rojas, Capitán de Corbeta Jesús Molina Villegas, Froilán Barrios Nieves, Giovanny Finol Fernández; Allan Brewer Carías y Antonio Di Giampaolo. Estos dos últimos y el nombrado Avila, forman parte de la lista de 6 opositores electos fuera del llamado kino que integraron 128 constituyentes.

Se pronuncian por defensa de la Suprema Ley ante la constante violación, “que se materializa en desfiguración de sus valores y principios más preciados, destrucción de las instituciones democráticas, la perversión del Estado de derecho, la burocratización de la Administración Pública, flagrantes conculcaciones de los derechos humanos fundamentales”

Precisan entre infracciones las “írritas decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (que) le han arrebatado atribuciones de su exclusiva competencia, diáfanamente establecidas en nuestra Ley Superior”

Ante las salidas constitucionales planteadas, se pronuncian por el referendo revocatorio que debe efectuarse este año.

En lo particular me declaro partidario de una ANC, no por menosprecie nuestra Constitución en cuya elaboración nos tocó el honor de participar, sino porque está dotada de plenos poderes y a la cual deben someterse todas las instituciones públicas. Esto si con maniobras impiden el revocatorio.

Debe reconocerse que la Ley Fundamental fue propuesta por Hugo Chávez, pero no elaborada a su medida, como erróneamente sostienen algunos. Cuando su fracción le entregó la aprobada, reaccionó ante el Presidente de la ANC: “ustedes aprobaron una constitución producida por la Oposición”; tanto es así que en 2007 propuso reforma de 69 artículos y al ser derrotado se fue por una cuestionada Enmienda, en la cual se aprobó la reelección indefinida.

Observemos que la ANC de 1947 sancionó una Constitución considerada la más democrática y que de 160 constituyentes que la formaron, 137 correspondían a Acción Democrática; 19 a Copei; 2 a Unión Republicana Democrática y 2 al Partido Comunista.

Constituyentes que suscribimos este pronunciamiento nos comprometemos a colaborar en creación de un clima de tolerancia y diálogo, orientado por el valor superior del pluralismo político, que pasa ineluctablemente por la restauración del Estado de Derecho. Asumimos la defensa de la Constitución, en función del objetivo fundamental: el supremo bien de la patria.

Al MARGEN. Quien fue modesta luchadora, revestida de repugnante prepotencia amenaza con suspender el revocatorio que la delincuencia provoca, como lo hizo ante el su organismo electoral.

Con voz propia

jordanalberto18@yahoo.com.

El régimen está decidido a impedir que el pueblo hable y decida. No les importa, para nada, el costo a pagar por la sociedad en términos de pobreza, hambre, libertad e inseguridad. El continuismo a cualquier precio es su objetivo principal y único.

Quienes se refugiaban en la realización de procesos electorales – no importa la calidad de los mismos – para demostrar su condición democrática hoy huyen de las elecciones como si de la peste se tratara. Han convertido al Poder Electoral en un órgano destinado a impedir que el pueblo hable y decida en abierta contradicción con las competencias que la Constitución le prescribe al Consejo Nacional Electoral (CNE).

El PSUV tiene el derecho de oponerse y trabajar para que el Referéndum Revocatorio (RR) no se realice. En ese sentido puede argumentar su inconveniencia, puede vigilar que se cumplan todas las reglas y requisitos previstos en la Constitución para su activación y todas las que pueda dentro del marco legal. A lo que no tiene derecho es a utilizar y alinear al CNE a favor de sus intereses, a sabotear el proceso mediante la utilización del aparato del Estado y a otras conductas abiertamente antidemocráticas e ilegales como el chantaje, la intimidación y la represión para impedir el ejercicio de un derecho constitucional.

La cobarde y nada espontanea agresión a Julio Borges – a quién hacemos llegar nuestra solidaridad – es una evidencia clara de lo que afirmamos arriba.

Solo una presión decidida y formidable de carácter nacional e internacional puede dar al traste la intención del oficialismo de impedir cualquier consulta electoral como fórmula para sustituir al actual gobierno, verdadero nudo gordiano que impide adoptar las decisiones correctas para gestionar la crisis y superarla.

La realización del Revocatorio es la única garantía a mano para que Venezuela no termine de precipitarse en los abismos del caos y la anomia, cuyas manifestaciones no hacen sino escalar.

Hay que recobrar el espíritu épico de los días anteriores al 6 de diciembre del 2015, el de un país decidido a imponer su voluntad de cambio por encima de la intención bastarda del oficialismo, de sus maniobras, presiones y demás conductas y acciones antidemocráticas, ilegales e ilegitimas.

Es clave diversificar las formas de presión, unir en el discurso y la acción el hambre, la escasez, la inflación, y el RR. También argumentar que estamos en presencia de una escalada dictatorial, frente a un gobierno decidido a imponer su voluntad y sus objetivos a cualquier precio, que Venezuela ya abandonó en la práctica los residuos de democracia que se mantenían.

Es necesario estimular y producir una cadena de pronunciamientos de los diversos sectores que componen la Sociedad Civil a favor del cambio vía Revocatorio. Así como organizar actos y asambleas de todo tipo y en todos los lugares del país donde se pueda para elevar la presión y calentar el ambiente y mostrar el amplio descontento nacional.

En el campo internacional, el cual se ha venido interesando por lo que sucede en Venezuela, es importante construir un discurso sustentado en la numerosísimas evidencias disponibles que demuestran la deriva antidemocrática y dictatorial del régimen. Argumentar que la continuidad del régimen chavista conlleva muchos riesgos para la comunidad internacional, particularmente la hemisférica por el creciente fortalecimiento del crimen organizado por acción u omisión del Estado venezolano y por las consecuencias nefastas que tendría en la región la catástrofe humanitaria en progreso.

Caracas, 13 de junio de 2016

La Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación, cumpliendo con sus funciones de vigilancia de los eventos electorales que se desarrollen en el país, se propone hacer seguimiento a todos los hechos relacionados con los derechos electorales de los ciudadanos venezolanos, e informar a la opinión nacional e internacional de cualquier acontecimiento o medida que incida, sea positiva o negativamente, sobre dichos derechos constitucionales.

En esta ocasión nos referiremos a las actuaciones y las declaraciones ante los medios de comunicación social del directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE), con respecto a dos eventos electorales que en los días que corren ocupan la atención del país: el referendo revocatorio del presidente de la República promovido por un sector de la ciudadanía y las elecciones de gobernadores y de asambleas legislativas estadales que deberían realizarse en diciembre de este año, dado que el 16 de diciembre culmina el período de los actuales gobernadores.

Con respecto al primer evento, el referendo revocatorio del presidente de la República solicitado por un grupo de ciudadanos, ha habido un conjunto de medidas tomadas por el CNE que constituyen una seria obstrucción del derecho constitucional que asiste a los electores venezolanos de hacer dicha solicitud una vez que se ha cumplido la mitad del período de mandato del funcionario en cuestión.

La solicitud de referendos revocatorios de funcionarios públicos está regida por el Reglamento para la Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios, aprobado el 18 de diciembre del 2007, que contiene normas suficientemente precisas para guiar la realización de esos procesos.

Es por eso que resulta contraria a toda sana lógica la política adoptada por el CNE de introducción progresiva de nuevos requerimientos, en mucho contrapuestas al espíritu de las normas existentes, que terminan siendo trabas para el ejercicio del derecho a solicitar un referendo por parte de los ciudadanos interesados en ejercerlo.

Tal es, entre otras, la exigencia de recabar la manifestación de voluntad de al menos el 1% de los electores por estado, de integrarse a una organización, en este caso la Mesa de la Unidad Democrática ( MUD), para la solicitud del referendo revocatorio, siendo que la circunscripción correspondiente a dicho referendo, en caso de darse, sería todo el territorio nacional, por lo que ese 1% de electores exigidos ha debido ser simplemente de votantes registrados en el Registro Electoral, independientemente del estado al que pertenezcan.

Así mismo, el conjunto de medidas anunciadas por el Rector Incorporado del CNE Carlos Quintero para la verificación de la autenticidad de las manifestaciones de voluntad entregadas por la MUD al CNE, lucen totalmente superfluas, toda vez que está prevista la reafirmación de la decisión de los electores concernidos, mediante su participación en un acto organizado y controlado por el CNE, que permite constatar la identidad de esos electores mediante su documento de identificación nacional (cédula de identidad), tal como habitualmente se procede para ejercer el derecho al voto; adicionalmente estos electores en el mismo acto dejan registro de sus huellas dactilares para chequeos posteriores. La verificación a realizar por el CNE en esta etapa ha debido reducirse simplemente a la constatación de que los firmantes de la solicitud entregada son efectivamente electores (es decir, figuran en el Registro Electoral).

Con respecto a las elecciones de gobernadores y de las asambleas legislativas estadales, sobre cuya preparación ya hubo una declaración de la Rectora presidenta Tibisay Lucena el 8 de abril del presente año, cabe señalar que ya es tiempo de que se establezca la fecha para su realización, si se toma como referencia la antelación con que se fijaron las fechas de elecciones similares anteriores.

Por lo arriba señalado nos permitimos exhortar a los rectores del CNE a actuar con la mayor diligencia y prontitud tanto para que se eliminen las trabas artificiales puestas a la solicitud de ejecución de referendo presentada al organismo rector, como para que se ponga en marcha el proceso de elección de gobernadores y de asambleas legislativas. La paz de la nación requiere de la contribución de los altos responsables del Poder Electoral para que las diferencias políticas se diriman en el país por la vía civilizada de la consulta de la opinión popular expresada a través del voto.