El 20 de diciembre del 2015 publiqué un artículo intitulado “Golpe en progreso”, referido a la reacción del régimen ante los resultados de los comicios para renovar la Asamblea Nacional. El chavismo si bien reconoció los resultados no aceptó ni acepta las consecuencias políticas, légales e institucionales de los mismos.

Desde el día siguiente a los comicios el oficialismo se ha dedicado a desconocer, sabotear, acosar e impedir el funcionamiento y el ejercicio pleno de las competencias del Poder Legislativo. No hay decisión de la AN que el Gobierno acepte y cumpla. Ha usado su dominio del resto de los Poderes Nacionales para ahogar y esterilizar el ejercicio de las competencias y facultades constitucionales del parlamento.

Por esta vía se está cometiendo un fraude colosal en contra de la voluntad popular expresada en las elecciones del 6D y una violación abierta a la Constitución vigente.

Escribíamos en aquella oportunidad que estábamos en presencia de un golpe de Estado en progreso. Seis meses después de aquella afirmación las cosas son peores y vivimos una escalada en la deriva golpista de quienes gobiernan.

La claque gobernante consciente de la pérdida irreparable de apoyo popular y legitimidad como consecuencia de la brutal crisis sistémica en progreso, ha decidido radicalizar su postura y eso significa incrementar significativamente el ya enorme déficit democrático existente. Por tanto le huyen como a la peste a cualquier escenario de confrontación electoral, máxime si se trata de alguna relacionada con el Poder Ejecutivo.

El hecho de que el gobierno no tome las medidas necesarias y recomendadas por los expertos más solventes para gestionar correctamente la crisis, ni convoque seriamente a un entendimiento nacional para afrontar la catástrofe y superarla no se debe solo a razones ideológicas sino también a su decisión de buscar la resolución del conflicto político por vías diferentes a las constitucionales, pacíficas y civilizadas.

Es por ello que constantemente tensa la cuerda y estimula el caos y la anomía buscando un estallido social que obligue al cuerpo social a privilegiar el orden por encima del deseo de cambio. Un escenario como este le permitiría al oficialismo recuperar la iniciativa y favorecer eventualmente sus planes continuistas.

En medio de esta crisis que está a un paso de transformarse en humanitaria, la necesidad de reemplazar al gobierno Maduro es un clamor nacional. El Referéndum Revocatorio (RR) emerge como una opción salvadora para reordenar las cosas y crear un nuevo cuadro político que permita afrontar con éxito la crisis, superarla y crear las bases para construir un país mejor.

Ante la solicitud de las fuerzas democráticas al Consejo Nacional Electoral (CNE) de que se inicie el proceso para activar el referéndum, el oficialismo, que tiene secuestrado al CNE, responde con una actitud francamente antidemocrática, ilegal y ventajista para evitarlo mediante el uso de disposiciones y requisitos sobrevenidos o trasladarlo, supuestamente, al año 2017 con las consecuencias del caso por todos conocidas.

El oficialismo está en el derecho de evitar el RR, pero lo que no debe hacer es usar formulas ilegales e ilegítimas para impedir la materialización de un derecho si los solicitantes cumplen con los requisitos. Lo que estamos viendo es una conducta claramente reaccionaria de parte del chavismo por usar el aparato del Estado y medios deleznables como el chantaje y la amenaza para conculcar un derecho.

La Mesa de la Unidad Democrática ha ido sorteando con éxito los obstáculos puestos por el Ministerio de Elecciones para activar el RR, prueba de ello fue el contundente firmazo.

El régimen ha reaccionado radicalizando su posición y escalando su deriva dictatorial. Durante el fin de semana pasado ha ocurrido un cambio de calidad en la situación de consecuencias nefastas para los residuos de democracia e institucionalidad.

El Gobierno decretó el Estado de Excepción, renovó la Excepción en materia económica y ha anunciado más militarización. Por si esto fuese poco el Vicepresidente de la República – personaje, para algunos, un dialogante - declaró públicamente que: “A Maduro no lo sacarán ni con referéndum ni nada” esta afirmación hecha en el contexto descrito es una provocación, un abuso y no presagia nada bueno. Esto es impedir a cualquier costo la consulta refrendaría.

Vista las cosas, las fuerzas democráticas deben unitariamente denunciar ante el país y el mundo el cariz que ha tomado la situación. Que estamos en vísperas de un manotazo cuya intención es terminar de bajar la Santamaría e instaurar la Dictadura.

Caracas, 16 de mayo de 2016

Nota de prensa semanal de Aragua en Red

El decreto más reciente del presidente, identificado con el número 2.223 y emitido el 13 de mayo del corriente año, aunque cargado de justificaciones e interpretado de muy diferentes maneras, en el fondo es solo la aceptación escrita de que el régimen es cualquier cosa menos una democracia.

Su contenido contempla cosas que el gobierno viene realizando por la vía de los hechos, que no de derecho, dándole cabida adicional a algunas amenazas que cada día lo son menos al verse ejecutadas, velada o abiertamente, por sus personeros

Sus considerandos, en la búsqueda de justificar lo injustificable, incluyen aseveraciones que son no solo falsas, si no que intentan excusar la incapacidad para gobernar cada vez más evidente en el ejecutivo.

Decir que es a partir de la muerte del presidente Chávez cuando comienza el descontento popular incitado por “todo bicho de uña” pretende esconder las políticas desacertadas e inconexas de este largo desgobierno, cuyos efectos negativos han sido potenciados por la más descarada corrupción de nuestra historia.

Hablar de la legitimidad concedida al presidente en abril del 2013 es pretender que la misma, la legitimidad, se adquiere por lapsos fijos, olvidando que los hechos conducen a su perdida, sobre todo cuando se viola repetidamente la constitución vigente. Pedir respeto a esa supuesta legitimidad contrasta con el desconocimiento diario a la concedida en diciembre por la mayoría de los venezolanos a los 112 diputados que representan el más reciente rechazo electoral al gobierno, que no será el último y que es a lo que verdaderamente le teme el régimen.

Habla de agresiones del sector económico privado cuando ha sido el gobierno el que se ha apropiado y hecho improductivo nuestra industria, desmejorando adicionalmente la producción primaria y deteriorando los servicios a su cargo es lo que siempre hace el ladrón, gritar para que la atención se fije en cualquiera que no sea él.

Unir a todo lo anterior el clima con su Niño, las potencias extranjeras y el paramilitarismo, en la opinión del presidente, lo obligan a escribir “DICTO El siguiente, DECRETO ESTADO DE EXCEPCIÓN Y EMERGENCIA ECONÓMICA”. De allí en adelante se abroga todo lo que se le ocurrió a sus “asesores”, incluyendo como nuevas facultades las que son sus incumplidas obligaciones, excediendo adicionalmente los límites de lo permitido legalmente. Por cierto, ¿cómo se llaman los que dictan?

La Asamblea Nacional hizo lo que tenía que hacer, rechazó el decreto en correspondencia con sus responsabilidades constitucionales y a estas horas no sabemos si el inefable tsj será obligado a demostrar, nuevamente, que Venezuela actualmente está lejos de ser un Estado de Derecho. Decir que un decreto es constitucional no es lo mismo que autorizar su aplicación; zapatero a sus zapatos (en honor al visitante).

Lo más importante, mientras esta actuación pretendía desviar la atención hacia supuestos enemigos de este y del otro mundo, las colas cada vez más largas por comida, medicinas, atención médica hospitalaria, la falta de agua, luz y gas, la delincuencia desatada, su represión, desmedida y afectando a ciudadanos que no tienen nada que ver con ella, la persecución a la protesta justa por el derecho a la salud y a la educación, y la impunidad de los corruptos, entre otros elementos, se siguen encargando de desnudarlo ante los venezolanos, quienes sin distingos de ningún tipo saben que para empezar a trabajar por la recuperación del país es indispensable la salida del que hoy ocupa y no ejerce la primera magistratura.

Las anunciadas, para mañana, maniobras militares en todas las zonas de defensa integral ¿?, con la participación de la FANB, las milicias, los grupos de “civiles” defensores armados de la revolución y cualquier otra instancia diseñada para meter miedo a la sociedad venezolana, fracasarán otra vez en su intento de detener lo indetenible. Este desgobierno no puede continuar, y no lo hará, como consecuencia de sus propias equivocaciones. La solicitud de renuncia, que le ofrece al presidente una salida honorable, se está tornando en separación forzada del cargo ante el peso de un revocatorio constitucional.

Desde Aragua en Red seguimos convocando a la unión de TODOS los venezolanos en torno a un proyecto de país que tenemos que acordar entre TODOS; entendernos en nuestra diversidad es una obligación que no puede seguir siendo postergada.

En Venezuela falta de todo y la de DEMOCRACIA es absoluta.

¿Es importante ganar la gran mayoría de las gobernaciones? ¿Cuáles problemas se solucionarían si las gobernaciones pasan a manos de la alternativa democrática? ¿Debemos dar prioridad a este evento o bien concentrarnos en el referendo revocatorio presidencial?

Ningún gobernador rojo ha realizado una buena gestión. Para los margariteños será positivo salir del general Mata, cuya labor ha sido nefasta y quien tuvo la desvergüenza de declarar que ¨el que firmó que se atenga a las consecuencias¨. Para los guariqueños será un gran alivio reemplazar al capitán Rodríguez Chacín, el amigo de los narcotraficantes de la FARC, que no ha podido con el hampa y que descaradamente achaca a la oposición ser cómplice de los pranes.

Para los guayaneses será beneficioso que el general Rangel Gómez sea sustituido por un gobernador honesto que propicie la recuperación de las industrias del hierro y del aluminio, meta en cintura a la minería ilegal y aborte el intento de desarrollar el ¨arco minero¨ que tendría graves consecuencias para los recursos naturales renovables de la región.

A Julio León Heredia no lo quieren los yaracuyanos y llueven las acusaciones de nepotismo y de corrupción que deben ser investigadas. Los apureños desean salir del coronel Ramón Carrizales, conocido por sus estrechas relaciones con la FARC. El capitán Vielma Mora resultó un esbirro para los tachirenses y santanderianos y deberá responder por sus atropellos.

El general en Jefe Rangel Silva, el mismo que declaró que ¨Fidel es su maestro, amigo y comandante¨, ha sido nefasto para los trujillanos. El mayor Francisco Ameliach es repudiado por los carabobeños por su mala gestión y por la brutal represión en contra de manifestantes. El general en Jefe García Carneiro limitó su trabajo a adornar unas pocas calles de Vargas y el litoral central sigue sin recuperarse de la tragedia del deslave.

Maduro mostró su desprecio por Anzoátegui y Portuguesa al retirar a los electos Aristóbulo y al teniente coronel Castro Soteldo y designar a dedo a sus sucesores, los cuales continuaron la mala gestión de los anteriores. El traidor teniente coronel Arias Cárdenas resultó un castigo para los zulianos. El fanático Tarek El Aissami fue desbordado por el hampa y Aragua sufre por su mal gobierno. Los otros gobernadores rojos también resultaron unos mediocres que no tienen logros que exhibir y por ello serán derrotados en próxima elecciones.

Para bien de los estados, la alternativa democrática debe postular candidatos idóneos, ojalá caras nuevas y mediante primarias. La MUD debe ser muy cuidadosa con estas escogencias. No es lo mismo seleccionar candidatos a diputados que a gobernadores. La derrota de algunos de los nuestros en las elecciones del 2012 debe ser una alerta.

Las elecciones de gobernadores son muy importantes. Sin embargo, debemos tener claro que aunque ganemos todas las gobernaciones, no se resolverán los graves problemas que nos aquejan, los cuales son competencia del Ejecutivo. La inflación solo disminuirá si se controla el déficit fiscal, el Banco Central deje de emitir bolívares y si aumenta la oferta de bienes y servicios.

Las quebradas empresas del Estado solo se recuperarán si se cambia la gerencia y si la gran mayoría pasa al sector privado. La escasez de alimentos, medicinas y repuestos solo se solucionará si el Ejecutivo cambia su política de ahogo al sector privado. Inevitablemente habrá que solicitar financiamiento al Fondo Monetario Internacional y unificar el tipo de cambio. Las violaciones a la Constitución solo cesarán cuando cambie el Ejecutivo, la Contraloría, la Fiscalía, Defensoría del Pueblo y se renueve el TSJ.

La escasez de divisas se agrava por la incompetencia de la directiva y gerencia petrolera. En su Oil Market Report del 13 de mayo, la OPEP informó que Pdvsa le reportó una producción de solo 2.490.000 barriles por día. Es decir, 777.000 barriles por día menos que en el 2001. La misma OPEP consigna que, según sus fuentes secundarias, la producción es de solo 2.298.000 barriles por día.

Es muy importante trabajar paralelamente en el revocatorio y en la elección de gobernadores, estando conscientes de que estos lograrán debilitar políticamente al régimen, mejorar la situación de seguridad y realizar algunas obras locales, aunque estarán limitados por el cerco del régimen. La solución a los graves problemas nacionales solo se logrará mediante la salida de Maduro, sea por el revocatorio o por su doble nacionalidad, y la elección de un presidente idóneo.

Como (había) en botica:

La Asamblea debe exigir a Pdvsa el estudio de factibilidad sobre el alquiler de la abandonada refinería de Aruba e investigar el estado de los remolcadores en Guaraguao y las denuncias de Gustavo Coronel sobre la corrupción en la empresa.

La Venezuela decente que no se doblega es la del estudiante Diego Hernández. La otra es la de Lugo, el oficial esbirro de la Guardia Nacional.

El estado de excepción existe desde hace tiempo: los alimentos, medicinas y repuestos se consiguen excepcionalmente y la Constitución se respeta excepcionalmente

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

De alguna manera, siento que el hijo que sufre es también mi hijo, que los hijos son de uno y son de todos. Quizá sea una enseñanza aprendida de Andrés Eloy Blanco, quien en su poema “Los hijos infinitos” comenzó diciendo: “Cuando se tiene un hijo, se tiene al hijo de la casa y al de la calle entera” […y continuó…] “cuando se tiene un hijo, se tienen tantos niños que la calle se llena”.
Me cuenta un amigo, que hace poco tocaron a la puerta de su casa y se encontró con una joven con dos niños pequeños uno en brazos y otro a su lado, “con la pobreza y el hambre en la cara”, no eran mendigos ni indigentes, solo querían un poco de comer, y si se podía, algo de ropa. Trató de remediar con lo que pudo su mísera situación; pero la experiencia fue para él profundamente desagradable y conmovedora. Solo atinó a maldecir a los responsables de tal situación.
Por mi parte, me he preguntado muchísimas veces ¿Qué pensarán los dirigentes de este gobierno cuando se enteran que hay gente pasando hambre por sus malas decisiones políticas y económicas, que hay niños sufriendo por no tener comida para sus ganas ni medicinas para sus males. Debo confesar que a mí me causa dolor, desasosiego y rabia, mucha rabia.
Persistir en el error, negar que existe una condición de crisis humanitaria en el país y aferrarse al poder para seguir insistiendo en creencias y doctrinas ideológicas caducas y fracasadas, sabiendo que cada vez la situación de los venezolanos será peor, que habrá más hambre, más necesidades insatisfechas, ¿No les da vergüenza? ¿No sienten remordimientos?
No me acostumbraré jamás a esta situación de miseria, causada por un gobierno miserable; mientras me queden fuerzas gritaré, protestaré, me revelaré. Ningún político, por muy encumbrado que se crea, vale las lágrimas de un niño que sufre hambre, ni las de la madre que lo parió para que otro lo haga pasar hambre, para ponerlo en tan desdichada situación. Jamás claudicaré ante el totalitarismo, la mentira, la corrupción y la desfachatez de quienes hoy nos mal gobiernan.

Profesión: Ciudadano

El 16 de febrero del presente año se dio inicio a la ejecución del Plan Mario Briceño Impecable II. Este fue anunciado con bombos y platillos a través de los distintos medios de comunicación por el gobernador Tareck El Aissami; quien lo presentó como un nuevo plan de “saneamiento” que sería la continuación de lo que, según el funcionario, fue la implementación exitosa de una primera etapa o Plan Mario Briceño Impecable I (octubre 2015). Informó, que el mencionado operativo contaría con el apoyo de las empresas e instituciones adscritas a la Gobernación: Instituto Autónomo para el Desarrollo de Mario Briceño Iragorry (IADMBI), ConstruAragua y Vías de Aragua, así como de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor (GMBNBT)

El anuncio fue hecho por el mandatario regional, luego de la reunión que sostuviera con la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional; no sin antes señalar, que la acumulación de desechos sólidos en la localidad era debida a la carencia de políticas públicas y falta de planificación por parte del alcalde Delson Guárate, quien debía asumir su responsabilidad ante el pueblo de MBI.

En esa misma ocasión, el gobernador ofreció disponer de todos los recursos necesarios (equipamiento, compactadoras, camiones de recolección y cuadrillas) para sanear el municipio; dijo además, que iban a estudiar de manera técnica el proyecto presentado por el alcalde de MBI ante el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) y a ver su factibilidad para, inclusive, buscar los recursos necesarios para que este pudiera atender estructuralmente el tema de la recolección de desechos sólidos. Asimismo, señaló que había consignado ante la comisión de la AN documentos que desmentían la matriz de que el gobierno de Aragua mantenía secuestrados algunos bienes del municipio. Finalmente, encargó al alcalde del municipio Girardot, Pedro Bastidas, de coordinar con su homólogo de MBI el desarrollo del mencionado plan.

Pero, fue la secretaria general de gobierno, Caryl Bertho, flanqueada por el Protector del Municipio y presidente del IADMBI, general Víctor Flores, y el presidente del ilustre Concejo Municipal de la entidad, Brullerby Suárez, la encargada de encabezar el inicio de la actividad en la fecha prevista. Según reseñaron algunos medios (El Aragüeño. 16-02-2016), la mencionada funcionaria, a través de su cuenta @CarylBertho, ratificó que buscaban sanear la jurisdicción en 21 días; y que, además de la recolección de basura, realizarían un plan de fumigación y abatización. También comentó a través de esta red social, que sería el próximo 7 de marzo cuando estarían entregando el municipio “totalmente impecable”.

A todas estas, el alcalde Guárate informaba por su parte

(Prensa Alcaldía MBI), que prevalecía la institucionalidad mediante el esfuerzo conjunto entre Alcaldía MBI y Gobernación de Aragua. Este daba un lapso de 15 días para normalizar el proceso de despeje de desechos sólidos, y reiteraba que el dialogo y el entendimiento habían sido siempre las banderas de su gestión para encontrar solución a los requerimientos de la comunidad; pero más recientemente, se quejaba públicamente (El Siglo 07-05-2016) del incumplimiento del acuerdo por parte del gobierno regional, de la continuidad de la problemática y de la insistencia de este en negar la entrega de las compactadoras.

A los 8 días de haber comenzado los trabajos, el Protector del Municipio, Víctor Flores Urbina, se ufanaba a través del vocero oficial de la gobernación, CIUDAD MCY, que hasta esa fecha habían sido recogidas 925,7 toneladas de basura gracias a la colaboración de las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCh), a los Círculos de Lucha Popular (CLP) y a los consejos comunales. Asimismo, destacó que habían tenido un gran avance gracias al apoyo de las alcaldías de Francisco Linares Alcántara, Girardot, José Ángel Lamas y Santiago Mariño. Es decir, una verdadera cayapa donde no estaba incluida la alcaldía de MBI.

Sin embargo, pasada la euforia de los primeros días, luego de tres meses (no de 15 ni de 21 días) podemos observar que las condiciones de grave insalubridad en nuestro municipio prácticamente no han variado. Siguen presentes los mismos gigantescos promontorios de basura en las avenidas, calles y veredas de las 2 parroquias: Caña de Azúcar y El Limón; las canales se mantienen obstruidas por la maleza, cachivaches, escombros y bolsas de basura gracias a la inconsciencia de nuestros gobernantes y de no pocos de nuestros vecinos; las aguas estancadas y los ríos de aguas negras al aire libre continúan haciendo su efecto contaminante y mortal.

Cualquiera de estos aspectos, juntos o por separado, puede servir de monumento a la incapacidad y la demagogia de los funcionarios que han priorizado por sus intereses politiqueros ante la obligación de dar respuesta y soluciones a los problemas de la comunidad; cuya propia condición de funcionarios públicos les impone.

El gobernador no ha podido con la basura en MBI. A pesar de sus críticas al alcalde Guárate y de contar con muchísimos más recursos, no ha podido solventar esta grave problemática; que sigue “vivita y coleando” mientras quienes aquí habitamos seguimos padeciendo sus nocivos efectos.

Esperemos que se haya convencido de que no se trata de “soplar y hacer botellas”, el problema es serio y su atención es urgente; que se requiere, en primer lugar, de seriedad y responsabilidad para acometerlo, así como de conocimientos científico- técnicos, de planificación y gerencia, y en último lugar (sin que esto signifique que no tengan importancia), disponer de los recursos necesarios. De poco valdría el suministro de estos, si no se tienen resueltos los anteriores aspectos. Hay otros 2 que son fundamentales y no deben ser obviados: la cooperación interinstitucional y la participación ciudadana, los que hasta ahora han sido totalmente negados y desconocidos.

Nos preguntamos:

1. ¿Quién evalúa a los responsables de dirigir un plan gubernamental que, evidentemente, no logró cumplir con los objetivos y metas previstas?
2. ¿Cuánto le ha costado al erario público este fracaso?
3. ¿En qué paró el supuesto estudio técnico-económico de factibilidad que iban a hacerle al proyecto presentado por el alcalde ante el FCI?
4. ¿Cuál es la opinión de los diputados que integran la Comisión de Administración y Servicios de la AN ante este fracaso?
5. ¿El gobernador entregará o no entregará las compactadoras que ha reclamado el alcalde Guárate con tanta insistencia?
6. ¿Por qué se queja el alcalde de incumplimiento de convenio cuando este nunca se firmó?
7. ¿Continuará la comunidad y sus organizaciones (consejos comunales, sindicatos, comunidades educativas, ONG, etc.), los concejales, diputados y demás dirigencia política permaneciendo en actitud pasiva mientras se agrava el problema?

Concejal del municipio Mario Briceño Iragorry

Secretario General de Vanguardia Popular - Aragua

¿Modernización del sistema de semillas o regreso al modelo ancestral?

En una primera parte (http://digaloahidigital.com/?q=node/517) sustentábamos la necesidad de nuevas políticas agrícolas y de una ley de semillas distinta a la vigente para Venezuela desde marzo de 2016.

Análisis de la Ley de Semillas 2016

La Ley de semillas vigente desde el 27 de marzo de 2016, debe ser derogada porque su evidente sesgo político viola los artículos 2, 21, 98, 110, 112, 117 y 305 de la CBRV, colide con los ámbitos de las leyes de Gestión de la Diversidad Biológica, Propiedad Intelectual, Sistema de Ciencia y Tecnología e Innovación Agrícola (CTIA), y otras de mayor o igual jerarquía legislativa. Su “visión agroecológica socialista” (Art. 1, Título I)) es inadmisible porque discrimina a los productores agroindustriales y otros actores no alineados con esta visión ideológica, desconociendo los principios constitucionales sobre igualdad de derechos, libertad de empresas y comercio. Adicionalmente, la prohibición del uso de cultivares transgénicos, patentes y derechos de obtentor, promueve la dependencia científica y tecnológica, al impedir que nuestra CTIA nacional desarrolle los cultivares y la tecnología moderna requerida en los escenarios de alta inflación y riesgo del país. Su Declaratoria de Dominio Público (Art 6) conlleva la amenaza de expropiación de las variedades y otros productos del sector privado de semillas, y sus “Definiciones” erradas y especulativas (Art. 11) dificultarán la transparente aplicación de esta ley en situaciones de conflicto. La composición politizada de la Comisión Nacional de Semillas (Titulo II, Capítulo III) en favor del Poder Popular y Comunitario, discrimina a los representantes de los usuarios y sectores privado, tecnológico y académico de semillas. Muy grave amenaza es la sustitución del SICERSEM vigente desde 1961, por un “Sistema de Certificación Formal de Semillas” (Título II), carente de Normas Específicas, Provisionales (Art. 23) y cultivos sujetos a la certificar (Art. 24.)

El Titulo III, impone un “Sistema de producción de semilla de variedades locales, campesinas, indígenas y afrodescendientes” (LOCAINAFRO), alineado con las estrategias comunitarias del Plan de la Patria, el PNS para eliminar la certificación de semillas que, desde 1961, asistía a productores públicos y privados de la agroindustria nacional de semillas. Este Sistema, se sustentara en especulativos saberes y prácticas locales, tradicionales y ancestrales, donde el “conuco” y el “trueque” serán las unidades comunitarias de producción y comercialización de semillas, respectivamente, (Art 42).

El Consejo Popular de Resguardo y Protección (COPOREPRO) de la Semilla LOCAINAFRO (Art. 48), al estar conformado por actores comunales sin experticia en producción y control de calidad de semilla, es otra amenaza importante para la continuidad del “Sistema informal de semillas” como fuente principal de abastecimiento de semillas del país. La capacidad de “Producción, Almacenamiento, Distribución e Intercambio de Semilla LOCAINAFRO” (Capítulo II), también es especulativa porque supone la implementación de una cadena de semillas de estas variedades, apoyada en técnicas y saberes comunitarios desconocidos (Art. 51). La ejecución de un “Plan Popular de Semillas LOCAINAFRO” (Art 54) dirigido por el COPOREPRO, y la implantación de los “Sistemas Participativos de Garantía de Calidad y los Comités locales de garantía de calidad” (Art. 55), tampoco son factibles por la carencia de actores comunales con experiencia en criterios de calidad. Finalmente, el “Régimen Sancionatorio” es inconstitucional por conspirar contra el derecho de la CTIA nacional para generar los productos y servicios agrícolas modernos que reducirían la dependencia científica y tecnológica resultante de las malas políticas del régimen actual

El proyecto de ley de los gremios productores y usuarios de semilla.

En 2014, Aproscello, Fedeagro, Fevearroz, Fundarroz y Fundación Danac patrocinaron el proyecto de ley de Abastecimiento y Protección de Cultivares (ABSEMPROCUL) para: promover la obtención de cultivares; la producción, comercialización y control de calidad de semillas; implementar el sistema de protección de los derechos de los obtentores de cultivares; fortalecer el abastecimiento de semilla Certificada y “Autorizada”, y racionalizar la importación de semillas para estimular la producción nacional.

Su Ámbito (Art. 2), se ciñe al control de calidad y uso de semillas de los sistemas de semilla Certificada y “Autorizada”.

Los sujetos de la ley (Art. 3) son los obtentores, productores, multiplicadores y demás actores participantes en el SICERSEM. Las 72 definiciones y conceptos (Art. 4.) facilitaran la interpretación de procesos y servicios sobre certificación de semilla. Un INASEM , Instituto Nacional de Semillas, adscrito al MAT, será la autoridad de aplicación de la ley (Título II.); y se crea la Comisión Nacional de Semillas con función asesora y atribuciones específicas.

Se detallan los requisitos para cultivares, actores, clases de semillas de los Sistemas de Producción de Semilla Certificada y Autorizada (Titulo IV). Y se especifica que el nuevo Sistema de Semilla Autorizada será complementario al de Semilla Certificada, e incluye las clases Fiscalizada y Común (Capítulo II).

El “Programa de control y aseguramiento de la calidad de semilla”, delinea su ámbito, responsabilidades de los actores y la importancia de la etiqueta de certificación (Capítulo III). Y la promoción de acuerdos y tratados internacionales sobre semillas y protección de cultivares se expone en la Disposición Transitoria Segunda.

Los impactos esperados con el proyecto de ley ABSEMPROCUL, entre otros, son: la implementación de un nuevo modelo de producción y abastecimiento de semilla, la protección de los derechos del obtentor de cultivares, y el fomento del mejoramiento genético y tecnología de semilla modernos desarrollados por instituciones públicas y privadas nacionales.

En los últimos tiempos, en la lucha política, las posiciones se han extremado y, de manera ficticia, se ha pretendido dividir al pueblo venezolano entre patriotas, al servicio de la revolución” y “traidores a la patria”, disidentes políticos o adversarios del gobierno.

Lo más grave es que el lenguaje y los calificativos han servido de fundamento a persecuciones penales por sedicentes delitos de conspiración o traición a la patria, alegando el texto de artículos del Código Penal que nada tienen que ver con las pretendidas conductas simplemente enunciadas.

Conspirar parecería equivalente a formular propuestas públicas de crítica al sistema político instaurado y publicitado en panfletos partidistas o –lo más grave– en exposiciones de motivos de decretos-leyes vigentes, y, en definitiva, cualquier gestión ante organismos internacionales o declaraciones ante los medios de otros países con denuncias sobre la situación actual, de inmediato resultan estigmatizadas como delito de traición a la patria.

No se puede abusar de las normas penales y la permanente referencia a dispositivos del Código Penal o de leyes especiales que prevén penas restrictivas de la libertad, se ha constituido en permanente amenaza que se convierte, en algunas oportunidades, en una dura realidad ante un Poder Judicial que no goza de autonomía, sujeto como está a instrucciones políticas.

Los delitos de traición a la patria son hechos graves que implican la realización de actos –no simples planes u opiniones– contra la independencia, la integridad del territorio de la república o sus instituciones, que comprometen su defensa, implican la revelación de secretos concernientes a intereses vitales de la nación o se traducen en actos conspirativos destinados a cambiar la forma política republicana, en connivencia o no con grupos o gobiernos de otros países, entre otros hechos calificados como delitos que pueden afectar la soberanía y la seguridad de la nación.

Ahora bien, en forma alguna cabe calificar como traición a la patria la actitud o los planteamientos políticos, las críticas al sistema imperante, la denuncia de los atropellos y violaciones a los derechos humanos y, mucho menos, el recurso y las gestiones que puedan llevarse a cabo ante instancias nacionales o internacionales encargadas de velar por el respeto a compromisos que responden a la efectiva vigencia de un sistema de libertades, tal como lo exige nuestra Constitución y lo reclama hoy la comunidad de naciones.

Entre las normas invocadas para encuadrar actuaciones de pretendidos “enemigos del gobierno” está el denominado delito de conspiración del artículo 132 del Código Penal, enunciado entre los delitos de traición a la patria.

Por supuesto, conspirar contra la forma política republicana no se da por el simple hecho de disentir políticamente del gobierno ni por propuestas, manifiestos o exposición de ideas políticas contrarias a quienes detentan el poder. La conspiración implica actuaciones, hechos efectivamente encaminados a cambiar el sistema político republicano, sustituyéndolo por otro régimen ajeno a los principios de nuestra Constitución. Al parecer, ahora se pretende reeditar la condena por traición a la patria a los disidentes políticos, como se hizo en la Constitución de 1936, en la cual se estimó como “contrarias a la independencia, a la forma política y a la paz social de la Nación las doctrinas comunista y anarquista” debiendo ser considerados como traidores a la patria a “los que las proclamen, propaguen o practiquen” (artículo 32, 6º).

Por otra parte, el general Juan Vicente Gómez, en 1926, introdujo un aparte en el artículo 132 del Código Penal –hoy vigente todavía– para sancionar por conspiración a quienes soliciten la intervención extranjera en los asuntos de política interior de Venezuela”, con el objeto de amenazar a los exiliados del régimen por gestiones encaminadas a la efectiva injerencia de otro país en nuestros asuntos, caso distinto a la exposición pública de la real situación que padecemos, derecho y deber que nos imponen los pactos internacionales que son reconocidos por nuestra Carta Magna.

Hace algunos días, un grupo de diputados han sido amenazados con la calificación de traidores a la patria por el hecho de plantear ante organismos internacionales, de los cuales somos parte, los graves problemas que comprometen nuestra democracia, siendo así que, encontrándose en ejercicio de sus funciones, gozan de inviolabilidad, por la cual cualquier voto o cualquier expresión, en su condición de parlamentarios –no limitados al ámbito de las sesiones de la Asamblea o a las reuniones de sus comisiones– quedan excluidos de la aplicación de la ley penal; y, además gozan de inmunidad, que los sustrae de cualquier acción penal en su contra, salvo que, previo el antejuicio de mérito ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea autorice el allanamiento de la inmunidad a los fines de su enjuiciamiento, decisión política del Poder Legislativo (artículos 266 y 200 de la Constitución).

Una vez más, se impone el respeto a la Constitución y a la voluntad popular.

16 de mayo 2016. El Nacional