El uso ilegal de recursos públicos para financiar la propaganda del PSUV ya no asombra a los venezolanos. Resulta grave que muchos se hayan acostumbrado a ver, como parte del paisaje cotidiano, afiches en espacios públicos y propaganda descarada en medios de comunicación del Estado a favor de los candidatos del gobierno, mientras se silencia la campaña de los partidos de la Unidad Democrática. El PSUV no hace ninguna diferencia entre los recursos del Estado y los propios. Para el partido oficialista, partido y Estado son lo mismo.
Para muestra, un botón. Chávez nombró a Alejandro Andrade como responsable de las finanzas del PSUV y luego colocó en sus manos el dinero del país al designarlo al frente de la Oficina Nacional del Tesoro y, al mismo tiempo, en otros dos cargos claves: vicepresidente de crédito publico del ministerio de Finanzas y presidente del Bandes. A través de operaciones financieras ilícitas, Andrade se convirtió en el principal proveedor de recursos para el PSUV, iniciando así lo que luego sería una práctica común de sus sucesores, en especial en la tesorería nacional.
El financiamiento ilegal del PSUV traspasó las fronteras. Con dinero de todos los venezolanos, el partido de gobierno hizo lobby a nivel internacional para propagar la figura de Hugo Chávez y las fracasadas ideas de una izquierda anacrónica. Fue así como se financió a organizaciones políticas extranjeras como Podemos en España (caso Monedero), y a candidaturas de quienes hoy ostentan el poder en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Perú, cuestión que quedó en evidencia con el caso del maletín con ochocientos mil dólares de las arcas de Pdvsa, destinados al financiamiento de la campaña presidencial de Cristina Kirchner.Lo que al principio era una tarea ilegal de obtención de recursos para el partido, se convirtió en una robadera sin límites para beneficio personal de los operadores.
En el presente proceso electoral, resulta obscena la multimillonaria presencia de pendones y vallas del PSUV a lo largo y ancho de un país donde los ciudadanos no encuentran los alimentos ni las medicinas básicas para sobrevivir, azotados por una delincuencia desbordada.
Una parte importante de la corrupción oficial se origina por la relación perversa que se ha establecido entre funcionarios, proveedores, contratistas y operadores financieros (boliburgueses-bolichicos). Esto no es nuevo pero se ha multiplicado de manera brutal. Esa forma opaca de financiar a los actores políticos, sobre todo a aquellos en funciones de gobierno, es la palanca que garantiza la impunidad necesaria para concretar el saqueo del país. Ha corrompido al Poder Judicial y ha facilitado la compra de medios de comunicación para silenciar a la oposición pero también para invisibilizar el gran saqueo, es decir, el màs descarado robo que haya sufrido Venezuela en toda su historia.
Hemos insistido en la necesidad de aprobar una ley que le conceda absoluta transparencia al financiamiento público de los partidos políticos y las campañas electorales. Ello es necesario para evitar la penetración del dinero de la corrupción y el tráfico de drogas en los eventos electorales.
En el proceso electoral que ya finaliza ha sido más que evidente el abuso de poder y el ventajismo del PSUV. A pesar de la campaña multimillonaria, o precisamente por eso, el país se va a expresar de manera contundente el próximo domingo por el cambio.
Los delitos y arbitrariedades cometidos por representantes del oficialismo estimulan aún más a los venezolanos a la organización y movilización en la defensa de la gran victoria que obtendremos el 6 de diciembre con la tarjeta de la Unidad.
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