OBJETIVOS Y PROBABILIDAD DE ALCANZARLOS

La Primaria tiene dos finalidades principales con alta probabilidad de éxito, lo que justifica poner grandes esfuerzos en ellas: a) promover la movilización de la población y la recuperación de su confianza en el liderazgo opositor, que la gente ha perdido en la dirigencia actual, y b) provocar la sustitución del liderazgo de hoy, que significa crear razones fuertes para que los partidos renueven sus propios líderes y que consideren legítimo el liderazgo central de quien resulte ganador en ella.

Siendo realista, el tercer propósito de la Primaria es: c) seleccionar un candidato único de la Oposición que derrote al régimen y que este lo reconozca en 2024, objetivo que tiene una probabilidad de éxito bastante más reducida, pero debe perseguirse igualmente.

LOS ENEMIGOS DE LA PRIMARIA

El régimen trata y seguirá tratando de impedir el éxito de la Primaria, pero también el G3 lo viene y lo seguirá haciendo.

Parte de la contra estrategia de esos dos adversarios es crear la división, el desánimo, la desesperanza y el pesimismo de los opositores buscando impedir la eficacia de lo planteado en los objetivos « a » y « b ». El régimen tiene además la inhabilitación, el encarcelamiento y los atentados contra candidatos incómodos.

Por su parte el G3 persigue impedir la Primaria haciéndola ver inviable, para que el Candidato Unitario tenga que ser elegido por consenso entre AD, PJ y UNT. Su principal mecanismo de actuación para lograr ese fin son sus representantes directos en la Comisión de Primarias, quienes retrasan las decisiones de la CNP y pueden bloquearlas, como hicieron por varios meses, hasta que el régimen disolvió al CNE.

COMO VA HASTA AHORA LA PRIMARIA

En pocas palabras la Primaria va bien hasta ahora debido al creciente ánimo popular y a pesar del retraso de la CNP, pero sus enemigos en el régimen y el G3 todavía tienen agentes y mucha fuerza que se debe derrotar estratégicamente.

El peor error que se puede cometer en el futuro inmediato es confiar en que esos dos enemigos ya no tienen poder para detener la Primaria. Es duro decirlo, pero puede ser ingenuo creer que los representantes del G3 en la CNP actuarán de aquí en adelante en favor de la eficacia de la Primaria sin CNE.

Rasgos de esa ingenuidad se están viendo en personas de buena fe que creen hoy que la CNP siempre estuvo trabajando en un programa para la implementación autónoma, lo que es contradictorio con la conducta pública de la Comisión ante el CNE, cuya disolución por el régimen la obligó a arrancar de cero la implementación de una idea que estuvo dormida desde hace meses.

30 de junio 2023

Ahora que, por primera vez, la economía privada de origen venezolano permitió dar el salto de dinamismo que vive Venezuela, gracias principalmente al flujo de remesas que envía la diáspora venezolana, sería muy conveniente examinar las ventajas y la contribución en crecimiento y bienestar que, históricamente, ese sector le ha dejado a la comunidad venezolana, en especial en comparación con la economía pública o la que proviene del Estado más allá de las circunstancias actuales.

Tal objetivo, creemos que se justifica, porque, como sabemos, también ese dinamismo proviene del aumento de los precios internacionales del crudo, derivados de la invasión rusa a Ucrania y a los recientes recortes de producción de la OPEP, los que han multiplicado el valor de las exportaciones de PDVSA, lo que, si bien es cierto, depende como ha sido siempre, de la volatilidad de los precios y de los acontecimientos políticos[1] que siguen presentes en la Venezuela de hoy.

De allí que resulta necesario evaluar el grado de sostenibilidad de esta opción de crecimiento, en contraste con la que ofrece la Economía Privada, cuyos aportes en el pasado y en el presente le dan ventajas convincentes y de allí deducir la conveniencia de que el país se vuelque por entero a promover y apoyar su desarrollo y así evitar los daños que causa una economía dependiente de los precios del crudo y de decisiones estrictamente gubernamentales y políticas.

Si la prueba a la que sometemos a la Economía Privada resultara positiva, entonces podríamos diseñar una ruta deseable y previsible a futuro para garantizar su continuidad, su sostenibilidad y sus beneficios.

¿Qué es la Economía Privada?

Quizás resulte extraño ubicar su definición, pero podría ser necesario. Una primera manera de identificarla es por su diferencia con la economía pública o economía estatal, donde el marcador proviene de que es el Estado el propietario del capital, caso de PDVSA obviamente, pero de varias empresas que le pertenecen. Una segunda manera es diferenciarla de las que se conocen, en otros medios, como empresas públicas[2].

Desde luego también derivan de la atribución de propiedad que define la legislación, incluyendo la que pauta la Constitución vigente, en las que se especifica su calidad de propiedad privada, a lo que corresponde la clasificación que elaboran los bancos centrales en las cuentas nacionales y se le puede identificar por sus respectivas contribuciones al crecimiento de la economía, medido este por su participación en el Producto Interno Bruto (PIB)[3], en el Ingreso Nacional, en el empleo y en la remuneración de los factores productivos.

Una paradójica contribución privada

Sabido es que, desde la aparición del petróleo en la economía venezolana el sector estatal ha sido el predominante pero, paradójicamente, es la Economía Privada la que ha tenido un peso relevante en lo que respecta a la conformación de nuestras fuerzas productivas y esa es su gran fortaleza, por ejemplo, si apelamos a su participación en la generación del Producto Interno Bruto, que es la suma y medida de todo lo que se produce en el país y que revela la cuantía del Valor Agregado que cada sistema de propiedad aporta al país. Sin embargo, en contraste se puede decir que su gran debilidad fue y es que nunca logró superar al sector estatal, liderado por la industria petrolera, en la provisión de divisas extranjeras distintas a las de ese origen.

Así pues, tenemos un aparato productivo que, prácticamente lo produce todo, pero no ha sido capaz de liberarse de la “cadena” que impone su completa dependencia del sector estatal para aprovisionarse de sus principales insumos y recursos. Como se comprenderá tal paradoja no solo emana de su propia capacidad para superar esa situación[4], sino del hecho de que la industria petrolera le pertenece exclusivamente al Estado venezolano.
Aportes al PIB de la Economía Privada

Una primera forma de apreciar su contribución procede de su grado de impacto al crecimiento económico en determinadas épocas que, como se observa en el cuadro a continuación casi siempre dominó el sector público gracias al petróleo, pero que ya en los últimos años amainó y la Economía Privada igualó su impacto a la pública. No olvidemos lo que estas tasas significan, pues cada una indica cuanto aumentó la producción, esto es la publica crecía a una tasa más elevada, con el petróleo a la cabeza y la privada a una tasa menor produciendo la mayoría de los bienes y servicios.

			Crecimiento inter-periodos % Anual Promedio
				Público	Privado
			1950-68	6,1	7,2
			1968-84	8,5	1,5
			1984-97	3,4	2,4
			1997-2010	1,8	2,1

Ahora para comprender mejor la idea presentamos la composición del PIB para cada una de las economías y, como se podrá apreciar la Economía Privada lleva el mayor peso en su contribución al PIB, lo cual, no solo reitera su importancia, sino el hecho de que siendo la que más contribuye a la producción de bienes y servicios, no tiene contrapartida en la generación de las divisas que ella misma requiere para subsistir. El en cuadro que sigue se puede constatar el valor de esa contribución que, como se ve, fue 2,7 veces la pública. Un valor que, gracias a esa paradoja, no representa su peso en la economía total de Venezuela.

	Estructura del PIB (%)
	Publico	Privado
1950-68	17,1	82,9
1968-84	22,2	75,2
1984-97	36,8	63,2
1997-2010	30,0	60,2

La importancia del empleo privado

Otra variable que permite valorar el peso que ha tenido la Economía Privada en las actividades económicas de todo el país, viene reflejada en la participación que ha tenido el Empleo Privado en el total, sea este entendido como empleo formal o informal. En ese sentido, las cifras que muestran esas relaciones ilustran que el Empleo Privado siempre fue mayor que el público, en especial si se agrega ese factor de informalidad que es, ciertamente, también privado.

Desde 1984, cuando se comienzan a registrar estos datos[5], hasta el 2021, la Economía Privada representó en promedio un 36,9% de la fuerza laboral ocupada, esto es en el orden de 1,8 millones de personas en ese primer año, hasta un máximo de 5,5 millones en 2016 y 3,9 millones en el 2021. Ello, si solo se toma en cuenta la ocupación formal, pero si se agrega la informal[6] encontramos cifras muy significativas de la cantidad de personas que operan en la Economía Privada. Por ejemplo, para todos los años descritos la participación alcanza en promedio a un 81,3% de los trabajadores ocupados, esto es 3,9 millones de personas en 1984, 11,5 millones, su máximo, en 2018 y 10,2 millones en 2021.

Empleo Privado
	Millones Personas			% Empleo Total
	Total	Formal		Total	Formal
1984	3,9	1,8		78,2	36,4
1990	5,2	2,5		80,2	38,6
1999	7,4	2,8		84,9	32,5
2012	10,0	4,7		79,5	37,4
2016	10,8	5,5		78,8	40,2
2018	11,5	5,3		77,4	35,8
2021	10,2	3,9		77,1	29,6

Es de resaltar, que aún con el negativo impacto no sólo de años de recesión interna, sino además de la pandemia que se inició en 2020, las cifras oficiales reflejan que el empleo privado formal logró en 2021 representar casi un 30% del empleo total, y el empleo privado total un 77%.

Hubiésemos querido presentar referencias adicionales sobre las remuneraciones a ese empleo que realizaron ambos sectores, el público y el privado, pero no encontramos una serie construida al efecto. Sin embargo, algunas cifras recientes[7] indican que el sector privado remunera mejor a sus empleados que el público, pero no las reseñamos por ser demasiado puntuales y no muestran una tendencia significativa.

¿Quién alimenta a Venezuela?

En resumen, si tomamos cuenta esas dos variables podemos dar a entender al lector la importancia de este sector en la economía venezolana, lo cual no se refleja en estos valores, sino principalmente en que es este sector el que “alimenta a Venezuela”, metáfora que utilizamos para recordar que detrás de ellas está la producción agrícola, la agroindustrial, la manufactura, el sistema financiero y, por supuesto, los medios que permiten que ellas lleguen al consumidor, el transporte, el comercio y los servicios.

Se podrá entender, con esta sola referencia que, cuando se concibe a la Economía Privada como un enemigo y se realizan acciones para restringir su funcionamiento o, inclusive, se eliminan o expropian empresas, tal como sucedió, de lo que se trata es que todo ello termina en la destrucción de toda esa gama de “alimentos”, para decirle de manera también metafórica.

Dos tareas a futuro

Habiendo hecho este recorrido por las cifras y la historia corresponde preguntarse sobre el presente y el futuro, es decir que debería hacer esa Economía Privada para preservar su continuidad, su sostenibilidad y su fortaleza.

En síntesis, por una parte, necesita hacerse más autónoma y menos dependiente del Estado venezolano y, por la otra desarrollar una estrategia propia de producción y de acercamiento a la comunidad venezolana, más allá de objetivos exclusivos de rentabilidad y mantenimiento de los negocios, aun a sabiendas de la situación que vive hoy día.

Una respuesta global de la economía privada

En ese sentido, en el documento “Venezuela Elementos para una Visión de Integración Nacional”[8] decíamos que se requiere: “Una respuesta global de la economía privada que implica:

* Separarse de las prácticas proteccionistas y asumir la tarea de la apertura, la competencia y la integración internacional.

* Renunciar al aprovechamiento de relaciones de influencia, amistad y corruptelas para obtener contratos o ventajas mercantiles con el Estado.

* Se propone consolidar una postura gremial y global sobre su responsabilidad con Venezuela y superar el esquema de la responsabilidad social, mediante un verdadero Compromiso con Venezuela y desarrollar un encuentro con los ingentes problemas venezolanos y no dejárselos solo al Estado, con las consecuencias políticas que se conocen.

* Se propone la creación de una Fundación Privada[9] o una Confederación de las Fundaciones Privadas, a la que se le aporten recursos financieros, que lleguen a representar un % de las utilidades netas del capital o de los activos privados.

* Con el fin de encontrar un camino para el ideal de “democratizar la propiedad y el capital” se propone que las mismas instituciones y las empresas vinculadas a ellas, organicen un sistema de propiedad privada, de pequeñas y medianas empresas compatibles con ellas, de tal manera que, más allá de la creación de empleos productivos, la economía privada desarrolle un amplio sector de “nuevos propietarios”[10], a partir de las exigencias operativas de ellas mismas y de su aparato productivo.

Una Economía Privada más autónoma

Dichas estas recomendaciones un camino útil y fértil podría ser que la Economía Privada pruebe que tiene la capacidad para realizar acciones y tomar decisiones sin tener que esperar las que emanen del Estado, a pesar de las dificultades que ello implica, pero si no

Logra superar de manera, repetimos, autónoma producir sus propias divisas, aquellas que les permitan potenciar su aparato productivo no logrará zafarse de la dependencia del Estado y, para ello, una cifra significativa de exportaciones es la clave.

Obviamente, para que la Economía Privada pueda sustentarse con mayor autonomía el tema de la explotación por el Estado de nuestro recurso principal debe ser considerado, si se acepta que, en un momento dado, los venezolanos y sus capitales deben tener pleno acceso a la explotación del crudo y a las divisas que este permite producir.

Un Plan Productivo de la Economía Privada

Una segunda vía que puede comenzar a ensayarse puede ser el diseño conjunto entre los empresarios y sus trabajadores de un Plan Productivo de la Economía Privada que se conecte con los principales problemas sociales que tiene Venezuela, y que se ponga en conocimiento y al servicio de la sociedad venezolana y que, también, puede ser presentado a las autoridades gubernamentales.

Basamos esta propuesta en algunas manifestaciones que se han llevado a la opinión pública, tales como las que vienen elaborando Fedeagro, Conindustria, Consecomercio y algunos muy especiales que van al ámbito sectorial especifico como lo es el presentado por el Grupo Orinoco titulado: “Hacia un modelo diversificado y sostenible del sector forestal venezolano”

El presidente del IFEDEC, Eduardo Fernández, señaló que para recuperar a Venezuela hace falta un proyecto nacional que deje atrás la destrucción producida durante los últimos 23 años; enfatizando, que la unión nacional no puede venir del aire.

Las consideraciones del Dr. Fernández se produjeron este jueves durante su participación como ponente en el Congreso "100 Años de la Educación Jesuita en Venezuela", efectuada en las instalaciones del Colegio San Ignacio de Loyola, compartiendo el panel de expositores con Javier Contreras, coordinador del Centro Gumilla, y con Ramón Guillermo Aveledo, presidente del Instituto de Formación Fermín Toro.

Para el ex-candidato presidencial, resulta fundamental trazar un camino para los próximos cien años de Venezuela, visualizando el país como una nación fraterna y solidaria, en la cual prevalezca el amor sobre el odio.

Para Eduardo Fernández, el país necesita un proyecto nacional integrador que incluya, reunifique y reconstruya a Venezuela pensando en los próximos 100 años. La unión no puede venir del aire, requiere de ética, inteligencia y trabajo, pues no vendrá del aire.

La unión nacional debe fundamentarse en una visión compartida que integre la verdad de unos y otros para hacerla nuestra, es decir, de todos los venezolanos. Claro está, habrá matices y diferencias, pero tendrá que ser respetuosa e integradora para que pueda servir y perdurar.

La inclusión que requerimos como nación debe integrar a todos los ciudadanos conformando una sociedad donde sus integrantes puedan contribuir y beneficiarse de resultado del proceso.

Rescatando los valores de la solidaridad y la fraternidad se hará posible superar la injusta y perniciosa exclusión que reina en la actualidad.

Cuando no hay estado de derecho, impera la arbitrariedad, no hay igualdad ante la ley, no se respetan los DDHH, y hay exclusión, por lo cual es fundamental rescatar la institucionalidad democrática.

Hoy los venezolanos sufren dentro y fuera del país, la exclusión por razones económicas no se justifica, el contraste y la iniquidad entre una minoría opulenta, y la mayoría de los venezolanos resulta indignante. Es necesario cambiar esa realidad y ello constituye un reto común, pero con énfasis en las nuevas generaciones".

Se debe construir un nuevo orden social en el que haya igualdad de oportunidades, acceso a la política, a la economía, la educación, la cultura y el bienestar.

La reconciliación debe superar la cultura de la división, de la polarización, del odio y la venganza, cambiándose por una civilización del amor, conforme al mensaje del Papa Francisco: " a través de la amistad cívica debemos fomentar la búsqueda de consensos para resolver los problemas de la sociedad. Las palabras claves son amor, solidaridad, fraternidad, respeto, pluralidad; y las negativas son odio, revancha, venganza y violencia".

Toca a la puerta la hora de la reconstrucción nacional. Que termine el cuarto de siglo desperdiciado en destrucción sistemática de todo lo que se había construido.

Pocas cosas han escapado de esa política de destrucción nacional y debemos recomponer al país desde todos los aspectos: políticos, económicos, sociales. Queremos un país donde sirvan los servicios públicos, donde no haya corrupción, donde los venezolanos nos sintamos orgullosos, donde reine el respeto, la dignidad y el amor.

Una Venezuela en la que podamos decir que la noche quedó atrás, el sol brilla de nuevo, que regresen los que se fueron y quieren regresar y en la que se fortalezcan nuevas esperanzas.

29 de junio de 2023

La situación política y social en Venezuela permanece estancada, pero se siguen produciendo contactos al más alto nivel para tratar de destrabar la situación. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y mano derecha de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, se reunió hace tres semanas en Doha, la capital de Qatar, con Juan González, asesor de Joe Biden, según fuentes oficiales. El encuentro se llevó a cabo sin presencia de mediadores ni terceros actores.

Qatar ha ganado un protagonismo inesperado en la mediación entre la Casa Blanca y el Gobierno chavista. Además de acoger esta reunión, ha hecho gestiones para interceder entre los dos países, que apenas se han acercado en los últimos meses. Pese a la urgencia de organizar en Venezuela unas elecciones con garantías en 2024, la frialdad es absoluta. La monarquía encabezada por la familia Al Thani ha ocupado el espacio que ha dejado Colombia, que ha pasado de implicarse al máximo durante los primeros meses de Gobierno de Gustavo Petro a apartar el tema de sus prioridades en política exterior.

Rodríguez y González, asesor para el hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de EE UU, se reunieron para establecer un canal directo de comunicación, de acuerdo con estas mismas fuentes. En el encuentro hablaron de liberación de presos y de la necesidad de normalizar la vida política en Venezuela, algo que a día de hoy parece muy lejano. Este tipo de encuentros al más alto nivel son habituales en procesos tan enquistados y complejos como el de Venezuela y su relación con Estados Unidos, pero se mantienen en secreto para que nadie pueda interferir en el diálogo. Ni Rodríguez ni González, consultados por este periódico, han querido hacer comentarios al respecto.

Sin fecha para las elecciones

Las posturas entre Estados Unidos y Venezuela están muy alejadas. Maduro no ha puesto una fecha para celebrar las elecciones generales en las que, en teoría, debería haber un candidato opositor que pudiera disputarle la presidencia. La renuncia del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha dificultado la celebración de las primarias de la oposición. Además, Caracas exige la liberación de Alex Saab, el empresario colombiano aliado de Maduro juzgado en Estados Unidos por lavado de dinero y corrupción y a quien el chavismo considera un diplomático venezolano. La Casa Blanca ha interpretado estos gestos como un desafío del chavismo y una muestra clara de que no cede pese a la presión internacional, que le exige una democratización del país.

El argumento de Maduro para mantener una posición férrea es que EE UU no ha levantado las sanciones internacionales que pesan sobre su Gobierno. El chavismo achaca a estos castigos la profunda crisis económica que vive el país desde hace siete años. “Si quieren elecciones libres, queremos elecciones libres de sanciones”, dijo el presidente en noviembre. La afirmación no deja lugar a segundas interpretaciones. El chavismo también ha culpado a Biden de no liberar los fondos venezolanos congelados en el extranjero —entre 3.000 y 5.000 millones de dólares—, como habían acordado con la oposición en la mesa de diálogo de México a finales del año pasado. Ese dinero, manejado por un fideicomiso de la ONU, suponía un balón de oxígeno en la grave crisis venezolana.

Sin embargo, EE UU considera que Maduro, después de mostrar buena voluntad para negociar, se muestra de repente inmóvil. Otros países tienen la misma opinión. El presidente francés, Emmanuel Macron, y el propio Petro le habían pedido que concretara una fecha para las elecciones para ir acercando posturas, pero no lo ha hecho y no parece que lo vaya a hacer en el corto plazo. Washington le concedió una licencia a la petrolera Chevron para que operara en suelo venezolano, lo que parecía una mano tendida. Desde ese momento los más optimistas creían que las concesiones de uno y otro lado se iban a suceder, pero la realidad es que no ha sido así. No se ha avanzado nada en el último semestre.

Maduro no tiene ninguna intención de ceder terreno ni de facilitar ningún camino. En los últimos meses, ha recuperado autoridad interna y fuero diplomático. Después de años sin salir del país, se ha dejado ver en algunas cumbres internacionales y regionales. La situación económica superó el pésimo momento vivido hace dos años gracias a los ingresos del petróleo y a cierta liberalización de la economía, aunque aún es un crecimiento al alcance de muy pocos. Con todo ello, el presidente ha endurecido sus exigencias en el marco de la negociación política con la oposición.

El panorama no es nada halagüeño. Las conversaciones con la oposición en México están paralizadas desde noviembre y el chavismo se niega a volver a la mesa. Ahora, Maduro exige el levantamiento pleno y no progresivo de las sanciones, como se había acordado, para reiniciar el diálogo. Con ese cisma difícil de resolver, ambas partes se encontraron en Qatar, un lugar insospechado. La reunión secreta, que ahora trasciende, supone tender un puente, aunque sea mínimo, entre dos actores que no se tienen ninguna confianza. Los resultados están por verse.

29 de junio 2023

El País

https://elpais.com/internacional/2023-06-30/estados-unidos-y-venezuela-m...

Este mes de junio, Open Society Foundations publicó el estudio "The Human Costs of a Failing Global Debt System", elaborado los economistas Clemens Graf von Luckner y Juan P. Farah-Yacoub. Estos autores examinaron los costes a largo plazo de los impagos soberanos en una muestra de 131 casos desde 1900, llegando a la conclusión de que el impacto humano y económico de la cesación de pagos de la deuda pública es grave y duradero. Mientras más tiempo se permanece en mora, los costos humanos son mucho mayores.

Venezuela, el país más endeudado de Latinoamérica y el Caribe, cayó en situación de impago en 2017. En el transcurso de estos seis años, y luego de atravesar hasta el 2022 la peor hiperinflación histórica de la región, el país se mantiene hoy en día como una de las economías más inflacionarias del mundo. Al propio tiempo, la sociedad venezolana continúa sumida en una compleja emergencia humanitaria que ha forzado un flujo migratorio que ya supera los 7,3 millones de migrantes, según datos de la Plataforma R4V.

Reputados economistas advierten que Venezuela se encuentra en una situación de imposibilidad para renegociar y cumplir con su deuda pública, a menos que se realice un cambio radical en el modelo de desarrollo del Socialismo del siglo XXI implementado por el chavismo en las últimas dos décadas. Sin embargo, las perspectivas de este cambio son desalentadoras. El régimen de Maduro, hasta los momentos, ha demostrado ser incapaz de abordar estos cambios de manera seria y profunda. De hecho, parece no tener la voluntad de hacerlo. Lo que es aún más preocupante es que parece estar dispuesto a evitar que otros asuman ese cambio, tal como se desprende de las reiteradas declaraciones de los jerarcas del régimen. El pasado 9 de junio, Diosdado Cabello, considerado el segundo hombre más poderoso del régimen, advirtió a los venezolanos que el chavismo "ni por las buenas ni por las malas” abandonará el poder en Venezuela.

La monstruosa deuda pública venezolana

Con base en los datos del Fondo Monetario Internacional, el economista Gustavo García Osio estima que, al cierre del 2022, la deuda pública venezolana se ubicó aproximadamente en 160 mil millones de dólares estadounidenses. Este descomunal monto equivale al 172% del producto interno bruto (PIB) de Venezuela, mientras que la deuda total de América Latina y el Caribe -unos USD 5,8 billones- es equivalente al 117% del producto interno bruto (PIB) de la región, según se indica en el informe "Lidiar con la deuda” (2023), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Lo más paradójico del caso venezolano es que la mayor parte de esta "monstruosa deuda pública", como la califica el Observatorio del Gasto Público CEDICE, fue contraída durante la época de la mayor bonanza petrolera que ha tenido el país. Entre 1999 y 2017, las arcas públicas venezolanas recibieron por concepto de ingresos petroleros alrededor de USD 1.034 billones- Justamente durante ese periodo de "vacas gordas” es cuando Hugo Chávez y su sucesor designado, Nicolás Maduro, "quintuplican” el agregado de la deuda externa, pasando de USD 30 mil millones en 1999 a USD 170 mil millones en 2016, según señala CEDICE en su estudio de la deuda externa venezolana.

Despilfarro e impago de la deuda pública venezolana

El que un país adquiera deuda en sí mismo no es malo. Según se explica el en el informe "Lidiar con la deuda” elaborado por el BID, "si el financiamiento obtenido se utiliza para aumentar la inversión de buena calidad y proporcionar mejores servicios, los beneficios deberían superar a los costos. Pero si los niveles de deuda se tornan demasiado altos o la deuda no se gestiona de manera eficaz, entonces los efectos son negativos. Las tasas de interés suben, el costo del servicio de la deuda se vuelve muy oneroso y la emisión de nueva deuda, muy cara o prohibitiva. En última instancia, la inversión y el crecimiento se resienten.”

En el caso de Venezuela, lamentablemente, los ingresos exorbitantes de la bonanza petrolera y los ingentes recursos obtenidos mediante el endeudamiento público no fueron invertidos para impulsar un modelo de desarrollo sostenible en el país. Por el contrario, Chávez y Maduro utilizaron esos recursos para: desarrollar políticas populistas que les aseguraran mantenerse en el poder; exportar la revolución bolivariana a la región; y comprar lealtades, tanto internas como externas, a través de prácticas corruptas. CEDICE, en su referido informe sobe la deuda externa venezolana, señala que "todo este dinero no fue utilizado para garantizar un futuro marcado por un crecimiento sostenido de la economía y procurar un mayor bienestar para los venezolanos. Por el contrario, sólo se utilizó para ganar elecciones y enriquecer a unos pocos a costa de todos”.

Las consecuencias de este despropósito no tardaron en manifestarse. Para el año 2017, Venezuela ya se encontraba inmersa en una grave crisis económica, social y política. En ese momento, Venezuelabajo un régimen sobre el cual pesaban múltiples sanciones internacionales, con un sector productivo, incluyendo el sector petrolero, severamente dañado debido a las políticas populistas de la revolución bolivariana, y con bajos precios del petróleo, era incapaz de producir lo necesario para cubrir sus necesidades básicas y cumplir con los pagos de su deuda pública internacional, todo lo cual derivó en un incumplimiento de pagos o default en su deuda pública.

Los costos humanos del impago recaen de manera desproporcionada en los grupos más vulnerables

Los impagos por parte de un país (impagos soberanos) imposibilitan a los gobiernos el acceso a los mercados internacionales de capital y dificultan al sector privado nacional acceder a capital a precios competitivos. Estos impagos suelen desencadenar agudas crisis financieras y económicas con graves impactos económicos y sociales en los países deudores.

De acuerdo con los resultados del referido estudio "The Human Costs of a Failing Global Debt System", el déficit en la tasa de crecimiento económico real per cápita de los países que caen en incumplimiento se incrementa en 2,5 puntos porcentuales durante el primer año, en comparación con lo que habría sido en ausencia del incumplimiento. A partir de ese momento, el déficit continúa aumentando en promedio 1,5 puntos porcentuales cada año. Luego de diez años, la brecha alcanza aproximadamente los 14,5 puntos porcentuales, lo cual deja en claro el fuerte impacto negativo prolongado del incumplimiento.

Junto a los costos económicos, la inacción conlleva también costos humanos crecientes. "La esperanza de vida en los países morosos disminuye más cuando los impagos duran más tiempo. Cada año que se retrasa la resolución de un impago, la salud de la población disminuye aún más y, con ella, la esperanza de vida”. Para los países estudiados, en promedio, la esperanza de vida diez años después del incumplimiento se reduce en más de un año en relación con donde habría estado sin el incumplimiento.

En el estudio publicado por Open Society Foundations se encuentra, además, que la peor parte del costo humano de la cesación de pagos recae de manera desproporcionada en los grupos más vulnerables de la sociedad: niños, ancianos y personas en situación de pobreza. Cuanto más se tarda en resolver un impago, más costoso resulta para los menos responsables del mismo. "Los índices de pobreza superan los niveles anteriores a la crisis en aproximadamente un 30% poco después del impago y siguen siendo elevados una década más tarde. El nivel de vida también disminuye drásticamente en función de variables como el acceso a la nutrición, la energía y la salud. En promedio, en el décimo año después del impago, los morosos tienen un 13% más de muertes infantiles al año y los niños supervivientes tienen una esperanza de vida un 1,5% inferior, en comparación con la situación que tendrían de no haber caído en impago.”

Los costos humanos del impago en Venezuela

El caso reciente de Venezuela después de su default de 2017 pone de relieve la asociación insidiosa entre una gran crisis macroeconómica y el bienestar de la población. Algunos de los indicadores que los autores ponen de relieve en su informe son: la duplicación en el transcurso de cinco años del número de mujeres embarazadas en situación de riesgo debido a la falta de atención prenatal oportuna; la pérdida para el 2017 de un promedio de 11 kilogramos de peso por parte del 64 % de los venezolanos; y el aumento en las tasas de mortalidad infantil y la disminución en la esperanza de vida del venezolano.

Una deuda publica impagable a menos que se cambie el modelo de desarrollo

Lo más trágico de esta trágica situación es que no se ven posibilidades de que el régimen de Maduro esté en capacidad de renegociar la deuda pública. El economista Gustavo García Osio, en su entrevista para Hispano Post, advirtió que la deuda venezolana "representa unas 23 veces el valor de las exportaciones totales de Venezuela. Es como si se dijera que si todo lo que se perciba por exportaciones se utiliza para pagar la deuda, estaríamos 23 años pagándola y el gobierno no podría disponer de dólares para otra cosa. Eso da una idea de por qué esa deuda no es pagable y no es sostenible”.

De acuerdo con García, la renegociación de la deuda soberana de Venezuela no puede realizarse de forma aislada porque se corre el riesgo de asumir compromisos de pago que después no se puedan honrar. Por ello, según este economista, para poder enfrentar de forma eficiente el manejo de la deuda publica venezolana es necesario insertarla dentro de un programa económico de mediano y largo plazo que garantice la recuperación económica de Venezuela y le dé viabilidad externa y financiera.

No suena plausible que el mismo régimen que ha conducido a Venezuela a su peor crisis crediticia sea el que libere al país de su postración económica y lo coloque nuevamente en posición de manejar de manera responsable su "monstruosa deuda pública”.

A la luz de estas consideraciones y vista la destemplada declaración de Cabello, surge entonces la siguiente pregunta sobre la urgencia del cambio de rumbo en Venezuela: ¿A cuánto ascenderá el costo humano que los venezolanos, sobre todo los de los sectores más vulnerables, deberán seguir pagando por cada año adicional que el chavismo se mantenga aferrado "por las malas” al poder? Esta es una pregunta que tanto la dirigencia venezolana como la comunidad internacional deberían hacerse.

29 de junio 2023

DW

https://www.dw.com/es/el-costo-humano-de-la-prolongación-del-régimen-de-maduro/a-66072855?maca=spa-newsletter_sp_Titulares-2358-xml-newsletter&r=17270592181132145&lid=2591845&pm_ln=208515

La institucionalidad electoral en Venezuela sufrió un revés con la renuncia simultánea y acordada de la mayoría de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). Cuesta creer que esta crisis institucional del CNE no termine impactando las bases del próximo ciclo electoral 2024-2025.

En primer lugar, retrasa la actualización del Registro Electoral, no solo una tarea sobre la cual la administración debería trabajar desde ya sino, sobre todo, un derecho que actualmente afecta a varios millones de excluidos por la falta de una jornada masiva de inscripción y actualización dentro de Venezuela y por el cierre del sistema para los migrantes.

Suceden estos acontecimientos justo cuando el actual CNE se disponía a finiquitar y firmar las condiciones de apoyo técnico y logístico para la primaria presidencial opositora, un mecanismo democrático que se inscribe dentro del derecho constitucional a la asociación política y que, como proceso, también hace parte del próximo ciclo electoral.

Y, en tercera instancia, el escenario actual dificulta avances en torno a las posiciones acordadas por una veintena de países, en el marco de la reciente Conferencia Internacional sobre el Proceso Político de Venezuela: hablamos de la necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2021.

Desde el OEV esperamos que esta crisis se resuelva, primero, en el marco de la Constitución y las leyes electorales y, segundo, incorporando el necesario diálogo político entre los distintos actores, en aras de generar nuevos consensos.

1. Los tres desencadenantes, en perspectiva

En menos de 24 horas el oficialismo consumó la estrategia de implosionar el Consejo Nacional Electoral. La serie de hechos que revisaremos a continuación nos habla, una vez más, de la falta de separación de los poderes públicos en Venezuela, aunque la “plena independencia de las demás ramas del poder público” sea, precisamente, el principio que dictamina la naturaleza del CNE, según el artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE).

1.1. El orden del día:

Esta historia empieza con una filtración: la del orden del día propuesto para la sesión ordinaria del jueves 15 de junio en la Asamblea Nacional (AN). El segundo de los tres puntos de la agenda decía: “Aceptación de la renuncia de los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral por parte de la Asamblea Nacional y designación de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Electorales…”.

La noche del miércoles 14 de junio esta agenda parlamentaria se regó con sorpresa en las redes sociales. Aunque la cuenta en Twitter de la AN no la publicó para oficializarla antes de la sesión, medios independientes confirmaron su veracidad.

1.2. La declaración:

El Consejo Nacional Electoral convocó a los medios a una declaración de su presidente, Pedro Calzadilla, el jueves 15 de junio a las 11:00 a.m. El rector principal leyó un texto que todavía sigue dejando más dudas que certezas, porque no termina de explicar suficientemente la motivación de esa decisión. Aquí, el párrafo central:

“Que Venezuela termine de enrumbarse hacia la prosperidad económica, y la estabilidad política y social de las que fuimos ilegalmente desviados, depende en mucho del compromiso y de la vocación nacional de todos, quienes hacemos vida en nuestro país. Es por ello que, en aras de contribuir con este noble objetivo, quienes suscribimos esta declaración hemos puesto nuestros cargos a la orden de la Asamblea Nacional”.

Suscribieron la declaración los rectores principales Pedro Calzadilla y Alexis Corredor, los rectores suplentes incorporados Leonel Párica y Carlos Quintero y los rectores suplentes Gustavo Vizcaino, Saúl Bernal, Rafael Chacón y Francisco Garcés. Los ocho, vinculados al oficialismo.

1.3. La sesión de la AN:

Media hora después de la declaración de los rectores poniendo sus cargos a la orden, la AN convocó a la sesión ordinaria en la cual, efectivamente, se dieron por informados de la novedad y aprobaron por unanimidad empezar desde cero la conformación de un nuevo CNE; esto es, mediante la designación de la Comisión Preliminar para conformar el Comité de Postulaciones Electorales.

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, consideró urgente y fundamental la conformación del nuevo CNE, de acuerdo a las leyes. De hecho, empezando este año 2023, el 9 de enero, el diputado del partido de gobierno y titular reelegido al frente del Legislativo ya había asomado que considerarían la conformación de un nuevo CNE.

2. Un órgano sin quórum

Repasemos, en tres píldoras, la estructura de funcionamiento del CNE:

-Lo conforman 15 rectores, cinco principales y 10 suplentes.

-El directorio está integrado por cinco rectores electorales o principales.

-Tiene tres órganos subordinados, cada uno de ellos compuesto por dos rectores principales y por un rector suplente que pasa a llamarse incorporado.

El directorio ya venía cojeando: en abril de 2022 la rectora electoral Tania D’Amelio fue designada magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Esto generó una vacante absoluta. Su primer suplente nunca fue ascendido. El Poder Legislativo nunca se preocupó por solventar esta falta. Ni siquiera hubo intervención alguna del Judicial, como en experiencias pasadas. En general, nadie en el alto gobierno dijo nada al respecto durante 14 meses. Hasta ahora.

Antes, en diciembre de 2021, ya había renunciado el rector suplente y expresidente de Fedecámaras Francisco Martínez, alegando razones personales.

Si sacamos cuentas quedaban, entonces, 13 rectores: descontando los ocho renunciantes, se abría una disyuntiva para los cinco restantes, vinculados a sectores no oficialistas: los principales Roberto Picón y Enrique Márquez, junto a los suplentes Griselda Colina, León Arismendi y Conrado Pérez. Con una estructura legal que exige ocho rectores en funciones, les hubiese resultado materialmente imposible continuar adelante. El quórum se había roto.

Roberto Picón renunció el lunes 19 de junio. “No para convalidar una situación que a todas luces es irregular”, aclaró en un comunicado, “sino para facilitar un proceso que debe ser conducido transparentemente por la AN”.

Enrique Márquez puso su cargo a disposición de la AN el 20 de junio. “Lo hago a conciencia e inspirado por el mismo pensamiento que me trajo acá: el fortalecimiento de la vía electoral como única ruta para reconstruir nuestro país”, expresó en su comunicado.

3. Viaje al origen: ¿de dónde vienen los 15?

La Asamblea Nacional es, por definición constitucional, el poder público encargado de designar a los integrantes del CNE. Los actuales (porque se mantendrán en sus cargos hasta que lleguen los relevos) fueron designados por la AN el 4 de mayo de 2021. Ese día se acabó una racha de 15 años durante los cuales prevaleció el poder del Tribunal Supremo de Justicia para imponer rectores electorales.

¿Qué pasó, entonces, de diferente? Lo explica un comunicado del Foro Cívico, divulgado el 20 de junio, en el cual esta plataforma de organizaciones sociales y gremios profesionales recuerda que este CNE nombrado en 2021 fue el producto de un consenso entre actores de sociedad civil y políticos. Un consenso que, aunque parcial, permitió, entre otros logros que enumeran:

-Avances significativos en las garantías electorales, como una observación internacional plural materializada en el regreso de la Unión Europea y la materialización de un panel de expertos electorales de Naciones Unidas.

-La elección de 3.082 funcionarios públicos, en noviembre de 2021, con pleno reconocimiento nacional e internacional.

-Permitió conocer la dimensión de las distintas fuerzas políticas del país.

-Y alineó a la mayoría de los partidos políticos en la recuperación de la vía electoral.

El CNE de 2021, designado para un período de siete años, esto es, hasta 2028, vino también a representar estabilidad luego del cuestionado nombramiento de rectores de junio de 2020 por parte del Poder Judicial. Rectores que organizaron la también cuestionada elección parlamentaria de diciembre de ese año, a la cual no concurrió la oposición mayoritaria.

Antes de ese episodio, y por lo menos hasta la presidencial de 2018, el ente comicial demostró cierta tendencia a respetar los períodos de los rectores y a hacer las sustituciones de rigor, aunque el punto cuestionable aquí era que los nombramientos los solía hacer el TSJ, a falta de las dos terceras partes de la votación en el Parlamento por ninguna de las tendencias.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) calificó este CNE designado en 2021 como el más equilibrado de los últimos 20 años. “Muchos consideraron su nombramiento como la medida más importante para restablecer la confianza en el CNE después de que los partidos de la oposición no participaran en las tres elecciones nacionales anteriores”, dice su informe final de observación.

4. Los pasos que vienen

La crisis institucional generada por la renuncia simultánea de ocho rectores del CNE es un retroceso, luego de los incipientes avances descritos en la ruta de la reinstitucionalización electoral y la reconstrucción de la confianza en el voto.

Este golpe a la institucionalidad electoral está marcando, indefectiblemente, el tono con el cual empieza la construcción de las bases del nuevo ciclo electoral 2024-2025 en Venezuela, como avanzamos al inicio. De ahí la importancia de hacer el debido seguimiento al proceso de designación de rectores que acaba de empezar el Poder Legislativo.

Resolvemos cinco dudas frecuentes sobre este proceso:

4.1. ¿Por dónde vamos?

El viernes 16 de junio se instaló y empezó a sesionar la Comisión Preliminar, con los 11 diputados que la integran. Su objetivo es accionar el proceso y los mecanismos para incorporar a 10 ciudadanos postulados por la sociedad civil que, junto a los 11 diputados, integrarán el Comité de Postulaciones Electorales 2023.

4.2. ¿Quiénes integran la Comisión Preliminar?

Los diputados Giuseppe Alessandrello (PSUV/La Guaira), quien la preside; Desiree Santos Amaral (PSUV/Distrito Capital), José Gregorio Correa (AD/Nacional), Cilia Flores (PSUV/Distrito Capital), Nosliw Rodríguez (PSUV/Cojedes), Didalco Bolívar (PSUV/Nacional), José Villarroel (PSUV/Nacional), Luis Augusto Romero (Avanzada Progresista/ Nacional), Miguel Salazar Rodríguez (Copei/Nacional), Ricardo Sánchez (Alianza para el Cambio/Nacional) y Gloria Castillo (PSUV/Monagas).

Nueve de estos 11 diputados ya habían integrado la Comisión Preliminar y, posteriormente, el Comité de Postulaciones Electorales durante el proceso de designación de rectores del primer cuatrimestre de 2021. Los únicos dos debutantes en estas funciones son los legisladores Sánchez y Castillo. El mismo diputado Alessandrello ya había presidido esta instancia.

4.3. ¿Quiénes completarán la conformación del Comité?

Del lunes 19 al domingo 25 de junio transcurrió un lapso de siete días continuos dados por la Comisión Preliminar para que organizaciones de la sociedad y ciudadanos por iniciativa propia se postulen para integrar, junto a los 11 diputados de la AN, el Comité de Postulaciones Electorales 2023.

La Comisión Preliminar prevé presentar a la plenaria este jueves 29 de junio la lista sobre la que se habrán de seleccionar los 10 nombres, para su aprobación y posterior juramentación, de entre las 184 personas que presentaron sus credenciales.

4.4. ¿Los integrantes del Comité de Postulaciones elegirán al nuevo CNE?

No. Nunca ha sido así y esta vez tampoco será así, si se cumple el procedimiento de ley.

El Comité de Postulaciones Electorales tiene por objeto convocar, recibir, evaluar, seleccionar y presentar ante la plenaria de la AN la lista de los candidatos calificados a integrar el ente rector del Poder Electoral, de conformidad con lo establecido en la Constitución y en la LOPE. La encargada de designar a los 15 nuevos rectores es la plenaria de la AN, con base en la lista de elegibles que le suministra el Comité y con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes.

La desinformación electoral se ha manifestado en torno a este tema. Verificadores como la iniciativa Es Paja han desmentido, por ejemplo, uno de los bulos más difundidos de los últimos días en las redes sociales: la primera dama de la República no estará al frente del nuevo CNE.

4.5. ¿En cuánto tiempo tendremos nuevos rectores?

Todo el procedimiento de designación de los rectores electorales está descrito en la LOPE. A juzgar por el proceso inmediato anterior, que empezó el 19 de enero con la designación de la Comisión Preliminar y finalizó el 4 de mayo de 2021 con la designación y juramentación de los 15 integrantes del CNE. Es decir, tomó tres meses y medio. En nuestro Boletín OEV 62 resumimos los 31 hitos que configuraron ese proceso de hace dos años.

Esta vez, el diputado Correa declaró a medios que tiene el deseo de que antes de 70 días podrían estar presentando a Venezuela los nuevos rectores electorales. En cualquier caso, los plazos de ley deben cumplirse.

5. Apunte final

En el OEV consideramos que las críticas esgrimidas en torno a esta crisis generada en el seno del CNE no significan que se deba dar la espalda a la participación en el proceso de designación de nuevos rectores, siempre en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales. Todo lo contrario.

Ahora más que antes resulta vital que la sociedad civil y los actores políticos sigan comprometidos con la ruta electoral y, en ese tránsito, por la insistencia de cumplimiento de las garantías y condiciones contempladas en la legislación de cara al próximo ciclo electoral. Al final del día, lo que reside en el centro de este asunto es el ejercicio del derecho humano a elegir.

Boletín 108

Segunda quincena de junio 2023

https://oevenezolano.org/2023/06/boletin-108-crisis-institucional-del-cn...

«Los ciudadanos tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley». Pese a que esto establece el artículo 68 de la Constitución, los venezolanos que lo ponen en práctica se arriesgan a terminar tras las rejas, ser sometidos a procesos judiciales y ser estigmatizados por las autoridades.

Entre los últimos en sufrir la suerte antes descrita están Ysnet Antonio Rodríguez Mambel y Jhonar Barazarte Trompetero, dos campesinos andinos que entre el 18 y 20 de junio fueron aprehendidos luego de que difundieran videos en redes sociales en los que se les veía arrojando a los ríos parte de sus cosechas de tomate y zanahoria, en rechazo a la escasez de gasolina que les impidió transportarlas hasta los mercados.

«No tengo gasolina suficiente para trasladar este producto», relató otro productor en una grabación, mientras sostiene un racimo de cambur en su mano, al tiempo que otro hombre que está a su lado agarra más de estas frutas y las lanza fuera de donde la transportaban.

«Intenté conseguirla por otros medios, me calé cuatro días en moto para lograr traer gasolina y echarle a la (camioneta) Toyota, para bajar la mercancía, pero no fue posible. No fue posible surtir gasolina, así que esto se haga viral, que llegue a los oídos de los gobernadores, alcaldes y del presidente la situación que estamos viviendo los productores».

Contra el mensajero y no el mensaje

La reacción de las autoridades no se hizo esperar, y horas después de que los videos comenzaran a propagarse por las redes sociales, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, señaló a los productores de estar cometiendo «un delito». Acto seguido, anunció que su despacho inició una averiguación contra los campesinos, quienes, según él, estaban «procurando causar zozobra en la población y atentar contra la seguridad agroalimentaria del pueblo».

Horas después se anunció la captura de dos de los protagonistas de los videos y el fiscal anunció que buscaría procesarlos por incurrir en el delito de boicot, previsto en la Ley Orgánica de Precios Justos, cuyo artículo 55 señala lo siguiente:

«Quienes conjunta o separadamente desarrollen o lleven a cabo acciones, o incurran en omisiones que impidan de manera directa o indirecta la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes, así como la prestación de servicios, serán sancionados con prisión de 12 a 15 años. Cuando dichas acciones u omisiones hubieren sido cometidas en detrimento del patrimonio público, los bienes serán además objeto de la confiscación, de acuerdo a lo establecido en la Constitución».

La actuación de Saab fue respaldada desde la Asamblea Nacional electa en 2020. «Están bien detenidos», dijo la diputada chavista Iris Varela, quien agregó:

«Uno se indigna cuando ve a alguien botar alimentos (…) Esto es una ofensa, una vil ofensa (…) Todo el que se preste para esa campañita debería abrírsele juicio, porque están boicoteando los alimentos de los venezolanos. Todo el que quiera generar zozobra debe ir detenido y se le debe abrir un juicio. Eso es lo que pedimos desde el PSUV».

Pero Varela no se quedó allí, y tras negar que hubiera problemas con el suministro de combustible, aseveró que a los aprehendidos «les compraron sus cosechas para filmar el video».

Con su postura, las autoridades judiciales y legislativas parecen intentar ignorar un hecho irrefutable: Venezuela, la primera reserva petrolera del mundo, no es capaz de suplir sus necesidades energéticas. En abril pasado, la producción petrolera del país durante el primer trimestre del año promedió 731.000 barriles por día (bpd), reveló un informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), publicado en el mes de abril. Aunque el dato representa un aumento del 5% en comparación con los últimos meses del año pasado, hace solo una década la producción promedio del país rondaba los 2,5 millones bpd.

Pero no solo la extracción de crudo ha caído, sino también la refinación. Así, hoy el país apenas es capaz de transformar una fracción de la demanda diaria de gasolina. Esta situación explica las filas en las gasolineras que hay en todo el país, en particular en las regiones.

El desabastecimiento de combustible ha hecho que los habitantes de nueve estados, entre ellos Mérida y Trujillo, de donde son los campesinos detenidos, protagonizaran protestas en mayo, de acuerdo con un informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

Nunca debieron estar presos

Aunque Rodríguez Mambe y Barazarte fueron dejados en libertad plena por los jueces que conocieron sus casos, lo cual implica que los tribunales no consideraron que hubieran delinquido, lo cierto es que nunca debieron ser aprehendidos. ¿Por qué?

Una lectura del artículo 55 de la Ley Orgánica de Precios Justos deja en claro que la actuación de los campesinos no impidió «la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de alimentos». ¿Cómo se puede hablar de boicot si es imposible transportar la cosecha?

Los productores no solo ejercieron lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución, sino también en el artículo 112, que habla de la libertad económica. Además, siguieron el ejemplo de sus pares europeos, quienes arrojan sus cosechas como manera de protestar contra los bajos precios o la competencia desleal. Una revisión muy superficial por internet permitió hallar casos en España en 2011, 2017, 2020 e incluso este mismo año.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

El caso de los campesinos andinos revela varias cosas: por un lado, que el ejercicio del derecho a la protesta en Venezuela sigue teniendo un costo elevado para los ciudadanos, por el otro, que la tolerancia de las autoridades ante las voces críticas sigue siendo tan baja como siempre. También muestra que no hay separación de poderes en Venezuela al pronunciarse al respecto una diputada de la AN y dar órdenes al Poder Judicial sobre qué hacer en este caso desde el partido de Gobierno al que ella pertenece.

Sin embargo, debe decirse que en este caso la justicia actuó bien y liberó a los campesinos que simplemente ejercían su derecho a la protesta frente a una situación que no es su responsabilidad, sino del Estado venezolano y, sin duda, los está afectando de manera muy grave.

29 de junio 2023

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