La Comisión Nacional de Primaria (CP), después de un periodo de consultas, aprobó y están circulando varios reglamentos que normarán la elección primaria del 22 de Octubre (22O) y que serán publicados cuando esté circulando este escrito. Me voy a referir al de la participación o voto de los venezolanos en el exterior, que es uno de los temas sobre los cuales hay más expectativas.

En primer término, en el Reglamento de Voto en el Exterior (RVE), la CP ratifica su competencia como órgano rector para la coordinación y ejecución del procedimiento de inscripción y de votación de los electores en el exterior, que se regirá por los principios básicos establecidos en el Reglamento Marco de la Primaria.

En el RVE, la CP, reitera varios de los principios y señalamientos que ya había anunciado: Voto en el exterior, presencial y manual, de los electores inscritos en el Registro Electoral (RE), previa actualización de ese registro −para ubicar donde votará el elector− verificación de la actualización del RE y de la votación. Veamos cada uno de estos puntos, mediante los cuales la CP dará cumplimiento al mandato reglamentario de promover los mecanismos que hagan viable el voto en el exterior.

Utilización del RE.

Votarán en la Elección Primaria los venezolanos previamente inscritos en el RE. Sabemos que el RE tiene fallas, deficiencias, errores, que no está actualizado, sobre todo en el exterior; todos los que estamos involucrados en procesos electorales sabemos eso, pero es la única base de datos publica, que puede ser verificada y consultada, a la que tienen acceso todos los venezolanos, los partidos políticos, las oenegés, los candidatos, los electores, etcétera. Otra base de datos, que no sea pública, ni de libre acceso, de utilizarse, podría ser objeto de impugnaciones por cualquier elector.

Actualización telemática.

La CP va a actualizar el RE, para que todos los venezolanos que estén en el exterior, en cualquier parte del mundo pero inscritos para votar en Venezuela y que no han podido actualizar sus datos del RE en los consulados, lo puedan hacer para votar en el exterior, en la Elección Primaria.

El procedimiento de esa actualización será telemático o electrónico, por medio de un sistema en línea, bastante simple y en una página Web que se dispondrá para ello. El elector probará su identidad mediante un documento de identidad venezolano, que enviará junto con una foto de su cara y otra foto de su cara sosteniendo su documento de identidad; estos datos serán verificados y validados por un sistema automatizado, con verificación humana. Este proceso estará sujeto a auditoría por parte del equipo técnico de la CP y observación por parte de los representantes o testigos de los candidatos y observadores nacionales.

Verificación e impugnaciones.

Cumplido este proceso, se abrirá un periodo de impugnaciones, en donde los técnicos de la CP, en presencia de testigos de los candidatos y los observadores, decidirán sobre la aceptación o rechazo de un registro. Validada la identidad y el registro, el elector recibirá un correo electrónico, con la comprobación de su actualización y un código único, con el que podrá comprobar si sus datos fueron actualizados y de no ser así, realizar el reclamo correspondiente. Ambas fases, la actualización y posible reclamo, serán sobre la misma base telemática o electrónica.

Con base en esta información, la CP elaborará los cuadernos de votación −para Venezuela y para el exterior− y definirá un mecanismo sencillo, que contará además con “centros de información al elector”, para evitar la posibilidad de doble voto.

La votación el 22 de octubre.

Si bien la actualización del RE será automatizada o telemática, la votación el 22O en el exterior será presencial y manual. El elector, al momento de actualizar su registro, seleccionara su lugar de votación, con base en las ciudades definidas por la CP. Al igual que en Venezuela, en el exterior se hace necesario también concentrar −de acuerdo con las posibilidades y responsabilidad de la CP− la votación de los venezolanos, pues es imposible poner mesas de votación en todos los países, ciudades y pueblos en donde están actualmente los venezolanos.

Para el proceso de votación del 22O en el exterior, la CP ha decidido que los centros de votación se establecerán en 21 países y unas 72 ciudades, con base en los siguientes criterios:

· Ciudades o localidades de mayor concentración de venezolanos según datos oficiales de autoridades migratorias u otros organismos públicos de los respectivos países.

· Ciudades o localidades que tengan buen acceso a ciudades de mayor concentración de venezolanos.

· Ciudades o localidades representativas que tengan buen acceso transfronterizo a ciudades o localidades con concentración dispersa de venezolanos.

· Ciudades o localidades que cuenten con comunidades de venezolanos con capacidad logística y organizativa, en aquellas que cumplan con alguno de los criterios antes señalados, para apoyar y organizar el voto en el exterior.

De todas maneras, la actualización que se hará del RE permitirá afinar algunos detalles.

Conclusión

Desde luego, el Reglamento del Voto en el Exterior contiene muchos otros detalles y aspectos, que por razones de espacio no reproduzco aquí. Pero, en lo esencial, de la manera descrita, la CP da cumplimiento al mandato de hacer viable la participación de los venezolanos en el exterior.

https://ismaelperezvigil.wordpress.com/

Los descubrimientos científicos y las innovaciones tecnológicas con frecuencia se presentan como avances inéditos o como la fuente de enormes cambios. Pocas, sin embargo, cumplen su promesa. Son desbordadas por nuevos conocimientos o tecnologías que superan lo que se había anunciado como un indeleble aporte histórico.

Lo aconsejable es ser escéptico con respecto a nuevas tecnologías que “lo cambiarán todo”. Por lo general, la hipérbole y la exageración no dejan más que un montón de promesas incumplidas. Algunas veces —muy pocas— aparece una nueva tecnología que provoca cambios profundos y permanentes en la vida de miles de millones de personas. Hoy la humanidad se encuentra frente a esta circunstancia. Y esta vez el impacto del cambio tecnológico sí es distinto.

Las recientes innovaciones en el campo de la inteligencia artificial (IA) no son una moda transitoria cuyas consecuencias se están exagerando. Son tecnologías transformadoras con las que va a convivir la humanidad por mucho tiempo. Esta ola de innovación cambiará al mundo, afectará a ricos y pobres, demócratas y autócratas, políticos y empresarios, científicos y analfabetos, así como a cantantes escritores y periodistas, y a todo tipo de actividades, profesiones y estilos de vida.

Los llamados Large Language Models —que no se limitan al célebre ChatGPT de la empresa Open AI— son un tipo de inteligencia artificial que se utiliza para entender y generar lenguaje humano, así como para automatizar funciones que hasta ahora han requerido de la supervisión y manejo por parte de seres humanos. Otros tipos de IA aprenden a identificar y convertir enormes volúmenes de textos, imágenes, sonidos, voces y videos en imitaciones perfectas. Pueden producir oraciones completas, respuestas a cualquier tipo de preguntas, así como reproducir a la perfección versiones que resultan imposibles de detectar como imitaciones. También son capaces de aprender la voz de una persona y usarla en una conversación con otro individuo que no sabe que está hablando con un agente informático creado con IA.

Estos modelos tienen una infinidad de aplicaciones prácticas. La lucha contra el cambio climático, el diagnóstico y el tratamiento de graves problemas de salud, están siendo atacados más eficazmente gracias al uso de IA.

Todo esto está pasando muy rápido. Un informe del banco UBS reporta que ChatGPT llegó a tener más de 100 millones de usuarios activos solo dos meses después de su lanzamiento. TikTok tardó nueve meses en alcanzar esa cifra, mientras que Instagram tardó dos años y medio. El ChatGPT es la tecnología de más rápida adopción en la historia.

Como todas las nuevas tecnologías, la IA es un arma de doble filo: tiene un ángulo positivo y otro negativo. Toda tecnología es dual: la imprenta de Gutenberg se usó para imprimir tanto la Biblia como Mein Kampf, el panfleto que hizo célebre a Hitler.

En muy poco tiempo, dictadores, terroristas, timadores y criminales estarán usando toda su creatividad para explotar la IA con consecuencias nefastas para la humanidad. Contenerlos no va a ser fácil.

Quienes prueban estas tecnologías quedan fascinados con sus inmensas posibilidades. Pero quienes las conocen de cerca y entienden los riesgos que conllevan ven con claridad el caos mundial que podrían engendrar. Los científicos, los empresarios y las agencias de seguridad que están íntimamente involucradas en el uso de la IA no esconden su alarma ante la diseminación de las tecnologías basadas en esta innovación. En una reciente entrevista que hizo Alan Murray, de Fortune, a Tom Siebel, jefe de uno de los principales grupos de IA, este calificó repetidamente el riesgo asociado a estas tecnologías como “aterrador”. Elon Musk ha dicho que la IA puede llevarnos a la “destrucción de la civilización”.

La historia nos muestra que los esfuerzos por contener la diseminación y mala utilización de nuevas tecnologías no tienen éxito. Las armas nucleares, por ejemplo, siguen regándose por el mundo a pesar de los enormes esfuerzos que se han hecho para limitar su proliferación.

Una vez que una nueva tecnología tan poderosa entra en la caja de herramientas de nuestra especie, no hay manera de librarse de ella. La iniciativa reciente de un muy notable grupo de expertos que propuso imponer una moratoria en la investigación y desarrollo de la inteligencia artificial demuestra que incluso los mayores expertos comparten la intuición que muchos comparten: no estamos listos.

Ciertamente, nuestras sociedades no están listas para lo que se nos viene encima como resultado de las aplicaciones de la inteligencia artificial. Más vale que aprendamos rápido, porque estas innovaciones no tienen marcha atrás.

@moisesnaim

El País

La corrupción vuelve a ser tema de debate en Venezuela. Desde que el pasado 17 de marzo las autoridades lanzaran su última operación contra las tramas que se han instalado en Petróleos de Venezuela (PDVSA), la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), el Poder Judicial y otros organismos públicos, este flagelo ha vuelto a copar la atención. No obstante, también ha expuesto una realidad: en el país se castiga con más dureza salir a protestar o ejercer el derecho a la libertad de expresión que atentar contra los dineros públicos.

Así lo revela una simple comparación entre las sanciones previstas en la Ley contra la Corrupción y las contenidas en la cuestionada Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, dictada por la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 2017.

Los treinta y tres delitos que prevé el primer instrumento, el cual fue reformado en 2022 por la Asamblea Nacional (AN), castigan con un promedio de poco más de tres años de cárcel cualquier acción dirigida a afectar el patrimonio público. Este tipo de sanciones ni siquiera implicarían el paso del condenado por una prisión, salvo muy contadas excepciones.

La promesa de soborno a funcionario público es la conducta que la Ley contra la Corrupción castiga con más dureza. En su artículo 90 se establece lo siguiente:

«quien por sí o por persona interpuesta prometa, ofrezca u otorgue a un funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas, ventajas a cambio de que dicha funcionaria o funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica, comercial o de cualquier otra índole, será penada o penado con prisión de seis (6) a doce (12) años».

Los delitos de apropiación de fondos (artículo 59) y de incremento injustificado del patrimonio (artículo 80) son castigados con penas de entre 3 y 10 años; mientras que el de distracción de fondos públicos (artículo 81) se penaliza con 2 a 10 años de prisión.

En contraposición, la Ley contra el Odio castiga con penas de entre 10 y 20 años de cárcel a

«quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio».

Esta norma, cuestionada por instancias internacionales, se les ha aplicado en el último lustro a decenas de personas que han ejercido su derecho constitucional a la libertad de expresión y han emitido opiniones por las redes sociales fundamentalmente. Hasta 2021, la organización Espacio Público había contabilizado que 60 venezolanos habían sido detenidos y se le habían abierto procesos penales al amparo de este instrumento.

Caso emblemático es el de los exbomberos del estado Mérida, Ricardo Prieto y Carlos Varón, quienes en 2018 fueron aprehendidos y se les abrió un proceso por instigación al odio tras difundir un video en el que se paseaban sobre un burro. Casi cinco años después, los exfuncionarios continúan presentándose ante un tribunal, porque tienen la libertad restringida.

Protestar se paga caro

Como si lo anterior no fuera suficiente, no se puede ignorar que a cientos de venezolanos más se les han abierto procesos por conspiración o por asociación para delinquir. ¿La razón? Atreverse a salir a las calles a reclamar sus derechos políticos o exigir reivindicaciones salariales o mejoras en los deficientes servicios públicos.

El Ministerio Público (MP) no ha dudado en aplicarles el artículo 132 del Código Penal a manifestantes, algunos tan jóvenes como estudiantes universitarios. Dicha norma señala que «cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la nación será castigado con presidio de ocho a dieciséis años».

Cuando no se ha recurrido al delito de conspiración, se ha apelado al de asociación para delinquir, previsto en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo y que se castiga con hasta 10 años de prisión.

El hecho de que los delitos relacionados con la corrupción estén castigados con menor severidad contradice el espíritu y letra de la Constitución de 1999. La carta magna deja en claro que las faltas contra el erario son muy graves y por ello, en el artículo 271 señala expresamente: «No prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos, o contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes».

El mandato constitucional buscaba servir de disuasivo para los corruptos. No obstante, no ha sido acompañado por el resto del marco jurídico.

La levedad de la legislación contra la corrupción explicaría por qué el fiscal general impuesto por la ANC, Tarek William Saab, ha anunciado que los exfuncionarios procesados por las últimas tramas desmanteladas en PDVSA, en la CVG y en el Poder Judicial se les aplicará el delito de traición a la patria, el cual se castiga hasta con 30 años de prisión.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Lo descrito anteriormente parece revelar que la lucha contra la corrupción no ha sido, por lo menos hasta ahora, una prioridad del oficialismo, a pesar de que fue una de las grandes banderas con las que llegó el fallecido Hugo Chávez al poder en 1998. «Entre un principio y un amigo, me quedó con el principio», llegó a decir en varias ocasiones para asegurar que no le temblaría el pulso a la hora de perseguir a cualquier corrupto, sin importar que fuera cercano a él.

El que el marco legal no castigue con mayor severidad las faltas contra la cosa pública, junto a la inefectividad del MP, la Contraloría General de la República y los tribunales, parecen contribuir a que este tipo de acciones continúen repitiéndose sin cesar.

3 de mayo 2023

https://accesoalajusticia.org/ley-venezuela-castiga-mayor-dureza-critica...

El 1º de mayo “Día Internacional de los Trabajadores” guarda una particular significación para los Entrenadores Deportivos de Venezuela, puesto que, en esa fecha en el año 1975, se dio inicio a una huelga en procura de lograr una contratación colectiva que regulara la relación laboral con el Instituto Nacional de Deporte. Esta acción gremial marcó un hito en la historia deportiva, no solamente nacional sino internacional, porque era la primera manifestación de ese tipo, que se daba en el sector de los trabajadores del deporte a nivel mundial. Una semana después, el 8 de mayo, quedó establecido oficialmente como el “Día del Entrenador Deportivo” en reconocimiento a la gesta que se había librado durante toda esa semana y en esa fecha se alcanzó acuerdos en torno a las demandas laborales requeridas por los entrenadores en ese momento.

Los logros gremiales alcanzados quedaron plasmados en el contrato colectivo denominado “Las Bases Normativas” Las cláusulas de importancia contenidas en ese documento laboral fueron múltiples y variadas. En primer lugar, el reconocimiento del derecho a de los entrenadores a tener una contratación colectiva con el patrón de entonces, el Instituto Nacional de Deportes, la indexación salarial en base a los índices inflacionarios que mostrara el Banco Central de Venezuela, es decir, anualmente el salario de los trabajadores del Instituto se iba a mover de acuerdo a las escalas inflacionarias señaladas por el mencionado Banco, cláusula esta que pasó a ser un punto de referencia obligatorio en los contratos colectivos de Venezuela.

También se contempla la clasificación del personal, en unas escalas previamente señaladas en un Manual de Clasificación de Cargos de los Entrenadores Deportivos que se desempeñan en la Administración Pública Nacional. Este manual es un elemento de vital importancia porque le dio jerarquía a este sector laboral con una fisonomía propia dentro de la administración pública venezolana. La seguridad social de los trabajadores se vio fortalecida con el establecimiento de los seguros HCM, el establecimiento de las cajas de ahorro con el aporte del 11% y el aporte patronal del 11%, la denominación del salario integral de los trabajadores y el establecimiento de comisiones bipartitas y tripartitas para conocer el caso de los despidos que se presentara en el Instituto Nacional de Deportes.

Pero, a partir de 1999 y hasta el presente año 2023, los regímenes de Chávez-Maduro han impuesto arbitrariamente una sistemática y progresiva política de desconocimiento de los Derechos Laborales de los Entrenadores conseguidos en 1975. Esa política anti-trabajador se manifiesta de manera inequívoca en los siguientes hechos:

• Congelación de los contratos colectivos. A la fecha, son 23 años sin tener la posibilidad de presentar, discutir y aprobar con el IND un nuevo marco de relación laboral.
• Violación expresa de la Constitución y La Ley Orgánica del Trabajo al firmar un convenio con Cuba para la ilegal tarida de 10.000 “entrenadores” estableciendo una discriminación salarial, al remunerar a los extranjeros con pagos en divisas (1.500 $ mensuales) y en bolívares devaluados a los entrenadores criollos. Pisoteando así, el principio universal que establece “A igual trabajo igual salario”.
• Los seguros HCM que, por su inexistencia o sus pírricas coberturas, prácticamente mantienen "condenados a muerte" a los trabajadores que necesiten ser atendidos por problemas de salud.
• Negativa permanente para aplicar la homologación de salarios, pensiones y jubilaciones.
• Los manuales clasificadores de cargos no son aplicados y los pasivos laborales duermen el sueño del burócrata, en la larga espera de su cancelació.
• Apropiación indebida de los descuentos mensuales del 11% a los entrenadores como aporte a la Caja de Ahorros del IND así como el 11% del aporte patronal. Esos aportes son retenidos ilegalmente, desde hace dos años, por las autoridades del IND y hasta el momento se desconoce el destino de los mismos.
• Bonificación de los salarios, pensiones y jubilaciones de hambre, aprobados unilateralmente por el régimen.

Veinte y tres años de intolerancia patronal, de autoritarismo gubernamental, de condiciones leoninas de trabajo, de salarios de hambre, de ausencia de programas de protección social hacen necesaria la unidad en la lucha de los trabajadores del deporte por el logro de sus derechos laborales. Hoy, más que nunca tiene plena vigencia el pensamiento de Carlos Sánchez, como una expresión de compromiso social en las luchas gremiales:

“El Entrenador Deportivo debe ocupar permanentemente su puesto de lucha por Un Deporte Mejor y no doblegarse ante ningún burócrata civil o militar que pretenda usarlo con fines politiqueros o de enriquecimiento ilícito. Solo la Unidad Gremial nos hará fuerte en la búsqueda y defensa de nuestros Derechos Sociales”

La historia, nos permite recordar que el pasado no está nunca terminado, sino que permanece abierto y que en él reposan aún las semillas de otro presente y otro porvenir…la lucha continúa.

A pesar de la desaceleración económica debido a la invasión rusa de Ucrania, Alemania ha agotado sus límites biológicos sostenibles este 4 de mayo, el mismo día que en 2022.

El Día Mundial del Sobregiro de la Tierra de este año es, como el año pasado, el 28 de julio. Esta fecha de 2022 fue la más temprana jamás registrada por la ONG medioambiental estadounidense Global Footprint Network, que lleva casi tres décadas calculando los impactos ecológicos mundiales y nacionales.

En 1970, la biocapacidad de la Tierra, definida como la "capacidad de los ecosistemas para producir materiales biológicos utilizados por las personas y absorber los desechos generados por los humanos", era más que suficiente para satisfacer la demanda humana anual de recursos. Pero en el medio siglo transcurrido desde entonces, hemos superado constantemente a nuestro único planeta.

La humanidad ahora necesita alrededor de 1,7 planetas para mantener su estilo de vida, mientras que Alemania necesita tres. El sur global asumirá gran parte del costo: países como Indonesia o Ecuador, por ejemplo, no se excederán hasta diciembre y viven dentro de sus posibilidades, pero son el objetivo de la explotación de recursos por parte de naciones más ricas, como Alemania. En 2023, Qatar fue el peor culpable del exceso por sobreconsumo, agotando sus recursos renovables el 10 de febrero.

Alemania debe abandonar la lógica del crecimiento sin fin

Pero Alemania, como la mayoría de las naciones desarrolladas, sigue ocupando un lugar destacado en la lista. Francia lo hizo un día después, mientras que Grecia, Reino Unido y Japón superarán también su presupuesto de recursos en mayo.

"El gran problema que tenemos en Alemania, y en general en el norte global, es que aún no hemos entendido que los recursos no son infinitos", dijo a DW Viola Wohlgemuth, activista de Greenpeace Alemania.

Wohlgemuth se refiere a los datos del Consejo Mundial de Recursos, que muestran que el 90 por ciento de la pérdida de biodiversidad se debe a la "explotación de recursos y la conversión en productos", y que esta producción también representa el 50 por ciento de los gases de efecto invernadero globales. A pesar de esta "enorme crisis de recursos", naciones como Alemania "no han aprendido", agregó Wohlgemuth.

En el pasado, Alemania ha sido presentada "como un modelo de virtud climática", señala, por su parte, a DW el activista climático Tadzio Müller. "Irónicamente, la razón de este mito de Alemania como líder ecológico no tiene nada que ver con la política industrial de Alemania o sus estrategias políticas a nivel gubernamental, pero tiene que ver con poderosos movimientos sociales", explica.

La economía circular, vital para #MoveTheDate

El Gobierno alemán está debatiendo actualmente una nueva estrategia nacional de economía circular, en un esfuerzo por aplicar eficiencias que reduzcan el uso de recursos, incluso si se mantiene el mismo modelo de crecimiento, comenta Müller.

Para Viola Wohlgemuth, una economía circular holística es vital para retrasar la fecha del "sobregiro de la Tierra”. "Debemos cambiar nuestros modelos de negocio para que los productos sean realmente reciclables", afirma, refiriéndose también a los principios de reducir, reutilizar y reciclar en los que se basa, por ejemplo, el Plan de Acción de Economía Circular del Pacto Verde Europeo. En ese sentido, Wohlgemuth también pide un límite absoluto en el uso de recursos en Alemania.

Estos límites deben abarcar el uso de energía. Según la activista de Greenpeace, solo una cuarta parte del suministro alemán de gas se utiliza para cocinar o para la calefacción, y gran parte de los combustibles fósiles con alto contenido en carbono alimentan una producción insostenible.

3 de mayo 2023

DW

https://www.dw.com/es/clima-alemania-necesita-tres-planetas-para-mantene...

Reemprender las negociaciones entre representantes del régimen venezolano y sectores de la oposición democrática con miras a acordar pacíficamente posibles salidas a la tragedia que padece el país es, sin duda, loable. Es patente que la permanencia del chavo-madurismo en el poder condena a la población a niveles aún peores de miseria, de desconocimiento sostenido de sus derechos fundamentales, de sufrir arbitrariedades y atropellos. Es el problema, no la solución. Por otro lado, las fuerzas democráticas, a causa de sus discordias y los errores cometidos, no evidencian estar en capacidad de forzar su salida y poder enrumbar Venezuela a la restitución, cuanto antes, de un Estado de Derecho. El juego, por tanto, parece trancado. Si con ayuda de la presión internacional hay posibilidad de retomar la negociación para llegar a un acuerdo que respete la voluntad mayoritaria de cambio, merece consideración.

La conferencia internacional sobre Venezuela que convocó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Bogotá el 25 de abril, se inscribiría en esta búsqueda. Muchos critican sus alcances modestos y su omisión del grave irrespeto a los derechos humanos y del robo de los dineros públicos, elementos centrales al “problema Venezuela”. Aun así, el acuerdo de los países participantes --Alemania, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Italia, México, Noruega, Portugal, Reino Unido, San Vicente y Las Granadinas, Sudáfrica y Turquía--, junto al Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que leyó el canciller Leyva de Colombia, podría ser auspicioso. Sujeta el levantamiento de las sanciones al régimen a que se tomen pasos concretos en la convocatoria de elecciones confiables, tomando en cuenta las condiciones señaladas por la misión de la Unión Europea que supervisó las elecciones regionales en Venezuela de 2020.

Desafortunadamente, tales augurios en absoluto se refrendan con la actitud asumida ante la conferencia por personeros oficiales. El mismo día (25/04), circuló por las redes un video de Jorge Rodríguez, presidente de la asamblea nacional oficialista, anunciando condiciones totalmente desatinadas para reemprender, no una negociación, si no un “diálogo”, es decir a un intercambio que no tiene por qué llegar a acuerdo alguno. Si bien tales desvaríos pudieran explicarse por la obsesión enfermiza de vengar en los venezolanos el vil asesinato de su padre cuando era niño por parte de esbirros de la época, mucho de lo que expuso fue refrendado luego en un comunicado oficial.

Ahí el (des)gobierno de Maduro exige: 1) el levantamiento incondicional de las sanciones impuestas, no sólo financieras y a PdVSA, sino también contra los imputados por violar derechos humanos, tráfico de drogas y lavado de dinero, pues “constituyen una agresión a toda la población venezolana y que obstaculizan el desarrollo, la vida económica y social del país” (¡!). Por boca de Rodríguez, incluiría la investigación sobre la comisión de delitos de lesa humanidad iniciada por la CPI y la imputación contra personeros del régimen por parte de tribunales de EE.UU. y de otros países; 2) Que se les entreguen los activos “ilegalmente retenidos por países e instituciones financieras extranjeras”, en referencia a los recursos mantenidos en resguardo afuera --ingresos de CITGO, oro depositado en el Banco de Inglaterra—para evitar que formen parte del botín de la mafia gobernante. Aquí entraría el fideicomiso de $3,2 millardos, acordados en México para atender la emergencia humanitaria, bajo supervisión de la ONU; y 3) La libertad inmediata del “diplomático venezolano” (¡!) Alex Saab, preso en EE.UU., bajo acusación de lavar dinero y desviar más de $350 millones del fisco como parte de una trama de sobornos vinculada al control del tipo de cambio. Sus socios de entonces aparecen ahora involucrados en el desfalco milmillonario a PdVSA.

O sea, el chavo-madurismo exige, como condición previa para considerar las posibilidades del “diálogo”, nada más y nada menos que la impunidad total (¡!). En absoluto se asoma una disposición a examinar los excesos de los que se le acusa, de entenderse para enmendar sus conductas, elementos obligados en la búsqueda de soluciones a la tragedia nacional basado en procedimientos democráticos. Con cruel desparpajo se desentienden de lo señalado por la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos, enviada en tres ocasiones a Venezuela por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que concluyó que existen “motivos razonables” para sostener que las violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos en Venezuela por parte de entes del Estado, formaban parte “de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil…”, con responsabilidad directa de los más altos niveles de mando, Éstos tenían que estar al tanto de las torturas, persecuciones, golpizas, robos y demás atropellos contra venezolanos cometidos por las fuerzas de seguridad bajo su mando o, incluso, las habrían ordenado. Igualmente, barren bajo la alfombra las más de 300 ejecuciones de quienes ejercían su derecho constitucional a la protesta durante la gestión de Maduro, por parte de militares y bandas fascistas, como aquellos que perecieron estando “en custodia” de órganos policiales.

Desprecio total, asimismo, a las 8.900 denuncias de las víctimas, como de sus familiares, elevadas ante la Corte Penal Internacional como parte de su investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del Estado. Los numerosísimos indicios de corruptelas de todo tipo, tráfico de estupefacientes, lavado de dinero y de colaboración con agentes del terrorismo internacional simplemente no existen. Condenar a la mayoría de la población a niveles de miseria impensables, destruyendo sus medios de vida y saqueando de forma descarada a PdVSA y otros activos públicos, ¿no es una de las expresiones más terribles de crimen de lesa humanidad? ¿Y las confiscaciones de medios de comunicación independientes, la persecución de reporteros y comunicadores?

Las exigencias demenciales del chavo-madurismo para reanudar el diálogo, imposibles de cumplir, no representan condiciones maximalistas iniciales a partir de las cuales negociar a cambio concesiones. Expresan un desdén absoluto por la suerte de los venezolanos y por las posibilidades de negociar una salida a sus tormentos. Reflejan la descomposición moral, la ausencia de escrúpulos y el cruel irrespeto de los derechos humanos, de los que se han apoderado del país. Detrás de esta postura está la tiranía cubana, temerosa de perder el control totalitario sobre los suyos. Ello obliga a plantear lo siguiente.

En primer lugar, pone a prueba la sinceridad de Petro como facilitador de un retorno a la democracia de Maduro y cía. Su silencio ante la desfachatez comentada parece darle la razón a quienes señalan que es, más bien, su cómplice, procurando el levantamiento incondicional de las sanciones. Le corresponde a Petro, como también a Lula, desmentir, con hechos, esta complicidad con el fascismo chavo-madurista.

En segundo lugar, reafirma la necesidad de la oposición democrática de aproximarse a cualquier entendimiento con el oficialismo con sumo cuidado. Es tentadora la creencia de que la buena fe de los demócratas que significarían las gestiones a favor del levantamiento de sanciones, serán reciprocadas. Pero, así por las buenas, no va a ocurrir. Sin construir la necesaria posición de fuerza ante el chavo-madurismo, va a ser muy cuesta arriba arrancarle las condiciones para una solución satisfactoria de la tragedia nacional. Es el reto fundamental de las fuerzas democráticas. Ante las primarias, deben enterrar el hacha de guerra y proyectar claramente un proyecto unitario, viable y capaz de generar la confianza necesaria para emprender la salida del abismo. Sin construir esa fuerza, despidámonos de una salida negociada. Los millones de venezolanos de la diáspora, no pueden quedar fuera de estos esfuerzos.

Por último, es menester que los actores democráticos internacionales, garantes, en última instancia, de cualquier solución satisfactoria para las aspiraciones de libertad y futura prosperidad de los venezolanos, entiendan que las sanciones, lejos de constituir un obstáculo para un acuerdo, son una herramienta de negociación imprescindible para obligar al chavo-madurismo a sentarse en la mesa. La oposición democrática debe jugar cuadro cerrado con ellos. Lamentablemente, la figura del interinato, útil para tales propósitos, fue eliminada. Pero quedan los venezolanos de la diáspora para contribuir con ello.

Tal advertencia va también para aquellos venezolanos opositores que, argumentando un necesario pragmatismo, abogan por levantar unilateralmente algunas sanciones para destrabar el juego.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

La ciudadanía tiene la fuerza para hacerse escuchar por la partidocracia. La unión opositora y las candidaturas de no militantes deben ser sus metas rumbo a 2024.

Los partidos políticos representan a los ciudadanos, pero sus intereses son solo uno de los varios que sus líderes toman en cuenta. Esos organismos necesitan del voto para acceder al poder, pero los sufragios son la expresión de una voluntad individual, por definición fragmentada, un acto que puede ser resultado de intereses muy diversos. Habrá quien vote esperando un beneficio concreto, otros por identificación ideológica, mientras que también hay quienes votan por una persona (o contra otra, ejerciendo el llamado voto útil). Hasta hace pocos años esa fragmentación permitía a la partidocracia dividir a la ciudadanía y, si no vencerla, sí poder ignorarla, siempre alegando que había cumplido con sus electores.

Porque esos líderes tienen sus propios intereses, no necesariamente alineados con los de sus votantes. Están además los grupos de poder dentro del propio partido, aparte de los militantes de a pie, que también deben ser tomados en cuenta. Y no faltan las fuertes presiones externas, como son las del gobierno, sea del propio partido u opositor.

En toda esa competencia de intereses, es la hora de los ciudadanos. Porque un elemento ha cambiado dramáticamente el peso de los diversos actores en el juego partidista: las redes sociales. Son foros de ideas y denuncia, y a la vez memoria histórica, una hemeroteca viva que recuerda a los políticos lo que dijeron o hicieron años antes, evidenciando mentiras o contradicciones. Basta que una persona recuerde un dicho o hecho, y lo sustente con alguna evidencia, para que explote en las redes.

Las redes son también, quizá lo más importante, un canal de comunicación directa entre cualquier persona y el líder más encumbrado. “No se puede gobernar y leer periódicos”, decía uno de los personajes políticos en las novelas de Luis Spota. El secretario de Hacienda de John Major, primer ministro británico entre 1990 y 1997, dice en sus memorias que, precisamente, le aconsejaba que no leyera la prensa. Ese lujo ya no se lo pueden dar los dirigentes partidistas. Las redes son una caja de resonancia que amplifica, y también distorsiona, a favor del ciudadano.

Las redes además son, evidentemente, formas de comunicación entre los propios ciudadanos. Muchas veces los partidos políticos no van a la vanguardia, sino atrás, como ocurrió en las marchas ciudadanas multitudinarias en apoyo al Instituto Nacional Electoral que tuvieron lugar en meses recientes. Es el tiempo de proyectar esa fuerza sobre la partidocracia no solo para que sigan atrás, sino para que abran sus organizaciones a candidaturas de aquellos que no son militantes, pero tienen credenciales sólidas para ser representantes populares.

La unión opositora debe ser también otro objetivo prioritario para los ciudadanos. Solo con unión se tendría la proverbial fuerza para derrotar al régimen autoritario en que ha involucionado México. De lo que no hay duda es del afán presidencial de perpetuarse en el poder por medio de un heredero o heredera. No puede esperarse un juego electoral limpio de quien no tiene empacho en romper leyes si así lo considera conveniente para alcanzar sus objetivos. Lo que sí puede esperarse es que el inquilino de Palacio Nacional busque cooptar, comprar o amedrentar a los diferentes líderes partidistas opositores. La lupa ciudadana, magnificada por las redes, es esencial para que los dirigentes de la partidocracia entiendan que sus acciones están bajo permanente escrutinio, y que una desviación del camino será inmediatamente evidenciada y condenada –y podría costarles votos.

Partidos unidos y abiertos a candidaturas de no militantes: esa será la primera batalla de varias en la guerra partidista y electoral que culminará en 2024. Una batalla que los ciudadanos deberán ganar a la partidocracia. La paradoja, positiva, es que una victoria lo sería para todos, tanto los ciudadanos como los propios partidos. ~

25 de abril 2023

Letras Libres

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