Como era de esperarse, ya a estas horas la apertura marcha como se dice en italiano piano piano va lontano, lento pero muy seguro. Ahora es Trinidad & Tobago junto con la Shell quienes han conseguido la necesaria autorización de las autoridades norteamericanas para explotar gas venezolano. Es cierto que las sanciones están enfocadas primordialmente en el petróleo, pero aun así nadie nos quiere tocar y mucho menos invertir sin el debido permiso.

Si bien el ahora famoso campo marino de gas Dragón tardará años en dar sus frutos, la licencia en si misma es una gran noticia. Los otros que están prevenidos al bate, entre ellos Repsol, Eni y Ecopetrol no tardarán en tomar su turno frente al home plate de la OFAC y vendrán por sus fueros. Ojalá que sea pronto, que buena falta nos hace.

Mientras tanto, aquí en casa se da un acalorado debate sobre un tema hipersensible, como lo es el salario mínimo que deben devengar los trabajadores. Y es que “al circo le crecieron los enanos,” porque son ahora los trabajadores oficialistas los que manifiestan a diario en reclamo de lo que consideran sus muy merecidas reivindicaciones. Ya no quieren más de los maltrechos y poliónimos bolívares; ni fuertes, ni soberanos ni digitales. ¡Quieren de los verdes!

A decir del reputado Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) el sector privado paga actualmente unos $140 en promedio mensual, con los profesionales tasados cerca de $200 y los cargos gerenciales a partir de $300 y de ahí pa’arriba; así que, cómo puede ser que los que prestan sus servicios en el sector oficial devenguen unos míseros $14 al mes. No suena para nada razonable que luego de 25 años el proceso no pueda cubrir el mínimo de necesidades de sus colaboradores, poniéndolos a la par quizás solamente con los trabajadores en Bangladesh.

Pero, siempre hay un bendito pero. Resulta que el grupo de los denominados empleados públicos agrupa a la bicoca de 5.5 millones de venezolanos, unos más o unos menos, que prestan sus servicios al Estado en distintas capacidades. Un agotado modelo de redistribución de riqueza, muy usado desde illo tempore en toda Latinoamérica, donde el Estado emplea a todo aquel con el fin de mantener contentos a muchos, en vez de crear las condiciones necesarias para que cada quien se pueda propiciar sus ingresos de forma particular.

Ahora bien, en un país donde las arcas oficialistas deben recibir en este 2023 un estimado de $25 mil millones, no es tan fácil ajustar la nómina de los 1 mil millones actuales, 4% de los ingresos, a $3.3 mil millones, como se le achaca haber asomado a Fedecámaras, fijando el sueldo mínimo en $50 al mes, un 13% del total de ingresos y menos aún a los casi $7 mil millones que sugiere “con piquete invertido” el afamado economista José Guerra, con su propuesta de $100 de sueldo mínimo, más del 26% de los ingresos totales.

Ciertamente, las protestas van a dar su fruto, ya que sin dudas el gobierno cederá a la incesante presión respondiendo con algún tipo de ajuste. Lo que no está claro es que en efecto vayan a dolarizar la remuneración del sector público, ya que ello implicaría aceptar de pleno el formal entierro de nuestra muy cayapeada moneda, que hasta ahora han tratado de reivindicar. Esperemos que por favor no sea otro ajuste en bolívares, que nadie quiere por su inherente deterioro y por el perverso efecto inflacionario que ya todos aprendimos a predecir. Entonces, no queda más que anticipar alguna aberración polifacética como quizás un anclaje al Petro u otro fenómeno parecido.

Pero lo que sí parece muy probable es que de aquí a los Carnavales estemos ante un nuevo esquema remunerativo que de seguro tendrá implicaciones también para el sector privado. Eso no lo duden, ya que es la forma más efectiva de desviar la atención de los temas prioritarios y lograr que todos hablemos de lo que no debemos.

guillermomendozad@gmdconsultor.com

A través de las declaraciones extraoficiales suministradas por diversas personalidades a los medios de comunicación social, hemos podido enterarnos de los preparativos de un nuevo evento auspiciado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pautado -sin fecha precisa- para el mes de enero del año 2023, el cual se llevarla a efecto en la Isla de Margarita (Estado Nueva Esparta) con la participación de representantes del Poder Ejecutivo Nacional, FEDECAMARAS y centrales sindicales de nuestro país, siendo la finalidad de este encuentro abordar temas relacionados con el Ajuste del Salario y la Ley de Emergencia Laboral, entre otros aspectos.

Dada la importancia de temas tan relevantes, creemos necesario hacer conocer a la OIT nuestra posición, para evitar “madrugonazos” que pretendan luego ser vendidos como acuerdos entre las partes:

1) Consideramos que la materia de Ajuste Salarial y la Ley de Emergencia Laboral guardan especial interés por sus implicaciones directas e indirectas en las propias condiciones de existencia de los trabajadores y en la vida económica, social y política de nuestro país.

2) Es necesario destacar que, a consecuencia del deterioro acelerado y progresivo de sus condiciones de vida, los trabajadores venezolanos han venido desarrollando una serie de acciones de lucha en reclamo del respeto a sus derechos laborales y elevando un grupo de exigencias, entre las cuales podemos resaltar: A) Aumento general de salarios y pensiones, equiparando el Salario Mínimo al costo de la Canasta Básica, según el Artículo 91 de la CRBV, B) Firma de nuevas contrataciones colectivas y el reconocimiento y pago de las deudas contractuales, C) Respeto a la libertad sindical, cese a la criminalización de las protestas y libertad plena e inmediata para los dirigentes presos y D) Reactivación de la Seguridad Social de los trabajadores (Seguro HCM, medicinas, seguro funerario).

3) En cuanto a la propuesta de una Ley de Emergencia Laboral apoyada por el gremio patronal (FEDECAMARAS), sabemos que contiene disposiciones según las cuales se le daría carácter "legal" a la bonificación del salario y al no reconocimiento de dichos bonos como parte integral de este; por lo tanto, sin incidencia en el cálculo de prestaciones, vacaciones, etc.

Por tales razones, dicha propuesta es contraria a los intereses de los trabajadores y atenta contra los derechos y reivindicaciones que han sido conquistados a costa de sangre, sudor y lágrimas y que además, están reconocidos de manera expresa en nuestra Constitución Nacional vigente y en convenios de carácter internacional que comprometen al Estado venezolano.

4) Hasta el momento, las centrales sindicales no han informado a los trabajadores nada al respecto, tampoco sí disponen de alguna propuesta en concreto ni se sabe si han logrado ponerse de acuerdo para, como mínimo, unificar criterios y no presentarse a la mesa de discusión con los patronos, públicos y privados, de manera dispersa, fragmentada y por ende, totalmente debilitadas en su capacidad de negociación. Creemos necesario que la OIT promueva una consulta amplia y suficiente entre las organizaciones de los trabajadores del país sobre los temas referidos. Resultaría inaceptable para los trabajadores venezolanos un “acuerdo” entre las partes sin tomar en cuenta las propuestas formuladas en la protesta nacional que día a día llena las calles y avenidas del país y que, en líneas generales, podemos resumir en:

- Aumento general de sueldos, salarios y pensiones homologado al costo de la canasta básica, tal como lo establece el artículo 91 de la Constitución Nacional.

- Restitución inmediata de los Programas de Asistencia Social: Seguro HCM, Medicinas y Seguro Funerario.

- Derogación del instructivo ONAPRE y de la resolución 2792 que desconocen las contrataciones colectivas y aplanan los sueldos hacia abajo.

- Firma de los Contratos Colectivos

- Cese al paralelismo sindical.

- Cese a la criminalización y judicialización de la protesta social.

- Libertad para los presos políticos.

Mantener salarios, jubilaciones y pensiones de hambre, no permitir la discusión y firma de contratos colectivos, propiciar la creación de organizaciones paralelas, criminalizar la protesta social y encarcelar a dirigentes sindicales son conductas propias de regímenes autoritarios en los cuales el trabajador solo existe para ser explotado.

Gente del Deporte es una organización no gubernamental venezolana que agrupa atletas, entrenadores, profesores de Educación Física, médicos, periodistas, personal administrativo y obreros que hacen vida en el sector deportivo del país. Todo nuestro esfuerzo se concentra en el logro de "Un Deporte Mejor en una Sociedad Mejor", por ello nuestra lucha permanente está orientada en el logro del restablecimiento de la Democracia y el respeto a los Derechos Humanos en nuestro país.

Señores representantes de la OIT, los trabajadores venezolanos seguiremos con atención el desarrollo de las jornadas de trabajo que se realicen en el marco del evento auspiciado por su organización. Esperamos de ustedes la solidaria recepción a los justificados reclamos que vienen formulando los trabajadores durante largo tiempo y que solo han tenido oídos sordos por parte del gobierno.

Los derechos laborales que hoy reclaman los trabajadores forman parte de los Derechos Humanos. Señores de la OIT, los trabajadores esperan de ustedes la defensa de los principios de justicia social que prevalecen en las sociedades avanzadas.

Después de varios años sin protestas masivas, miles de trabajadores del sector público han vuelto a tomar las calles de Venezuela para exigir mejores salarios y pensiones.

Maestros, enfermeras, policías, entre otros trabajadores vinculados a la administración pública -muchos de ellos retirados-, se manifiestan desde hace varias semanas en las principales ciudades del país con pancartas en las que se lee "No más salarios de hambre" y "No a pensiones de muerte".

El salario mínimo en el sector público de Venezuela, el mayor empleador del país, está fijado desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales (unos US$6), un monto que se ha depreciado rápidamente debido a la galopante inflación que, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, fue de 305,7% el año pasado.

Asimismo, el monto de la pensión estatal también equivale al salario mínimo.

Mientras tanto, un kilo de pollo en un supermercado en Caracas, la capital del país, puede costar unos US$4,5 (el 75% del salario mínimo mensual) y el de un queso local puede alcanzar los US$5 en un contexto de dolarización de facto de la economía. Los pagos se hacen en dólares, o en bolívares, pero siempre con la moneda norteamericana como referencia.

"Yo salí a protestar porque este gobierno tiene que reivindicar mi profesión. No es posible que yo, siendo una docente de categoría 6 (la más alta) y con más de 20 años de servicio, esté ganando 450 bolívares mensuales (US$22)", le dijo esta semana a BBC Mundo Belkis Bolívar, desde Caracas.

"Salí a protestar porque quiero desahogarme, quiero que la gente sepa que estoy cansada y furiosa porque mi salario no me alcanza para vivir", agrega la mujer de 56 años, quien tiene un hijo adolescente y una madre de 85 años que dependen de su sueldo.

Belkis padece de reumatismo y afirma que no puede costearse los tratamientos y exámenes

Además, su madre sufre de una enfermedad cardiovascular tras haberse sometido a una operación de corazón abierto, pero tampoco tiene dinero para comprar medicinas.

"Tengo que hacer milagros para que mi familia pueda subsistir. Tengo que vender comida y dar clases particulares, porque el salario no nos alcanza para cubrir nuestras necesidades más básicas", prosigue.

"Marcho porque tengo que drenar mi frustración de alguna manera y para apoyar a mis colegas y a muchos otros trabajadores del sector público que también han tomado las calles por los salarios de hambre que tenemos".

El gobierno venezolano culpa a las sanciones impuestas por Estados Unidos por la devaluación de los salarios.

"Sobre los salarios todos los venezolanos estamos descontentos, pero hay que recordar que es culpa de las sanciones", aseguró la semana pasada el diputado Diosdado Cabello, presidente de Partido Socialista Unido de Venezuela y uno de los altos mandos del oficialismo.

Paralelamente a la protesta de docentes y trabajadores del pasado 23 de enero, el presidente Nicolás Maduro organizó una marcha en el oeste de Caracas a la que asistieron cientos de personas adeptas a su gobierno para exigir que levanten "las sanciones criminales impuestas contra Venezuela".

Sin embargo, la oposición alega que la crisis es consecuencia de la mala gestión de los dirigentes del país.

Según economistas, la descontrolada inflación en Venezuela se vio impulsada inicialmente por la decisión del gobierno de Maduro de imprimir dinero sin respaldo productivo con el fin de mantener subsidios y programas de bienestar tras asumir la presidencia en 2013.

Al mismo tiempo impuso controles de precios y fijó el tipo de cambio, lo cual creó un mercado negro.

Si bien el país salió de la hiperinflación en diciembre de 2021 y contó con una relativa estabilidad durante algunos meses y hubo liberalización económica, la moneda venezolana registró una abrupta devaluación de casi 25% en agosto del año pasado, cuando la cotización oficial pasó de 6,28 bolívares por dólar a 7,83 bolívares en apenas dos días. En el mercado paralelo la devaluación monetaria fue de 33%.

Desde entonces el bolívar ha ido en caída libre frente al dólar estadounidense.

Leonardo Vera, profesor titular de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela, le dijo a BBC Mundo en agosto del año pasado que la nueva "crisis cambiaria" era consecuencia principalmente del agotamiento de las reservas internacionales y del aumento de los bolívares que fueron puestos a circular por las autoridades como respuesta a las demandas sociales de los trabajadores.

Algunos venezolanos afirman que incluso los precios en dólares se ven afectados por una inflación que se acentúa cada vez más.

"Salarios justos"

Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, asegura que su gremio ha salido a las calles porque no se siente valorado, pero también "por la libertad y la democracia de Venezuela".

"Hemos venido protestando desde diciembre, exigiéndole al gobierno salarios justos para los trabajadores. No podemos seguir viviendo con US$20 mensuales cuando la canasta básica está en 500 bolívares (US$23)", le dice la maestra de 68 años a BBC Mundo.

Cuenta que subsiste gracias a las remesas que su hija le envía desde el extranjero, pero muchos de sus colegas trabajan como personal de limpieza en casas de familia u horneando pan y tortas.

La sindicalista señala que en la última protesta que tuvo lugar el 23 de enero -una fecha en la que los venezolanos celebran el regreso de la democracia tras el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez en 1958-, también asistieron profesores universitarios, enfermeras y otros trabajadores de la salud, obreros y empleados públicos.

"Toda la clase trabajadora salió a protestar y continuaremos hasta que el gobierno cumpla con el artículo 91 de la Constitución, que dice que todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad", añade.

Las protestas, que comenzaron hace semanas, son una muestra del descontento que viven las clases más desfavorecidas de Venezuela, que poco se han beneficiado del reciente repunte económico que experimentó el país el año pasado.

Venezuela atraviesa por una crisis económica y social que hizo que el Producto Interno Bruto (PIB) del país se redujera en más de un 75% entre 2013 y 2021 y empujó a más de siete millones de venezolanos a buscar una mejor vida en el extranjero, pero diversas fuentes afirman que la economía ha vuelto a crecer.

Economistas atribuyen el repunte económico al aumento de la producción petrolera, la dolarización de facto de la economía y el abandono de la política gubernamental de control de cambios y de precios, entre otros factores.

La Comisión Económica para América Latina (Cepal) estima que la economía venezolana crecerá un 10% en 2023, pero el Banco Central de Venezuela asegura que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país podría alcanzar el 18,70%.

Pero muchos en el país no sienten ninguna mejoría.

Rezagados de la economía

El politólogo venezolano Ricardo Sucre, profesor de la Universidad Central de Venezuela, llama a las protestas actuales "luchas redistributivas".

"Hay sectores de Venezuela, como el personal docente y del sector público, que han sido los perdedores del llamado ajuste económico", dice en entrevista con BBC Mundo.

"Son sectores que no se han dolarizado, a diferencia de gran parte del resto de la economía, y son sectores que no se pueden dolarizar completamente y que sienten que no pueden llevar una vida digna", prosigue.

Sucre explica que el crecimiento económico del año pasado ha hecho que los ingresos de algunos sectores aumenten ligeramente.

"Ahora en Venezuela hay grupos que se dan pequeños lujos, como ir a conciertos, a la playa, cosas que fueron impensables durante la época de la hiperinflación", añade.

Muchos de los manifestantes que salieron el pasado lunes exigían, de hecho, la dolarización de sus ingresos.

Sucre insiste en que las protestas ponen en evidencia la frustración que sienten los venezolanos que "se mueven en bolívares" en una economía parcialmente dolarizada.

"Hemos perdido el miedo"

Los dirigentes sindicales venezolanos continúan con las protestas y algunos están tanteando la posibilidad de apoyar un paro nacional indefinido en febrero.

"Al paro nacional le hemos puesto fecha para el mes de febrero. En primer lugar, paro cívico nacional de 24 horas; posteriormente, 48 horas", informó Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, en medios locales.

"Si no nos escuchan, prepararemos las condiciones hacia el paro general indefinido. Pero eso tendrá su momento".

Carmen Márquez, de la Federación Venezolana de Maestros, indica que por ahora el gobierno los ha ignorado.

"La única respuesta que el gobierno nos ha dado ha sido sacar a los colectivos, la sociedad civil armada que ellos tienen, para que agredan al pueblo y la clase trabajadora. Pero ya hemos perdido el miedo, lo único que queremos es vivir con dignidad".

La maestra Belkis Bolívar asegura que seguirá en las calles hasta que el gobierno la escuche.

"Seguiré hasta que se reúnan con nuestros representantes de la Federación", dice, antes de agregar que hay un "riesgo de que la profesión muera" si no suben los salarios.

"La gente ahora gana más haciendo trabajos afuera de la escuela que como docente. Las escuelas se van a quedar sin maestros".

Ella dice que el paro nacional sería el último recurso, pero no lo descarta.

"Es el arma más fuerte que nos da la Ley del Trabajo y no podemos agotar nuestra arma mayor ante un gobierno que simplemente podría seguir ignorándonos".

26 de enero 2023

BBC News

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-64386666

Pese a que apenas ha transcurrido año y medio desde que la Asamblea Nacional (AN) designó a los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el aire está la posibilidad de que el Parlamento remodele nuevamente al árbitro electoral, una decisión que, de producirse, supondría una violación del espíritu y letra de la Constitución de 1999 y de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE).

El eventual proceso para designar nuevos miembros del organismo comicial fue anunciado el pasado 9 de enero por el presidente del Legislativo electo en 2020, el diputado oficialista Jorge Rodríguez.

El funcionario declaró lo siguiente durante una rueda de prensa en la que presentó parte de la agenda que impulsará la AN:

«En la ronda de conversaciones que el presidente (Nicolás) Maduro emprendió con distintos sectores de la oposición, en las reuniones privadas que se hicieron con personeros de la Plataforma Unitaria, en algunas de estas conversaciones, en no pocas, apareció el planteamiento de la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta Asamblea Nacional, visto que participamos en todos estos procesos de diálogo, va a considerar serena y atentamente, estas propuestas de la oposición».

La posibilidad de que esto ocurra de la manera en la que lo plantea el presidente del Poder Legislativo oficialista iría en contra de lo previsto en el artículo 296 de la carta magna, la cual señala claramente que «los integrantes del Consejo Nacional Electoral durarán siete años en sus funciones». Es decir, que a los actuales miembros del organismo todavía les resta más de un lustro de su actual período.

Aunque la LOPE, en su artículo 31, prevé la potestad de la AN que por mayoría de 2/3 partes remueva de sus cargos a alguno de los rectores, esto debe ser algo excepcional y es distinto a «la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE)», que es lo planteado por el presidente de la AN. En ese sentido, el artículo 32 establece que esto puede ocurrir únicamente por cuatro supuestos, que se indican a continuación:

«1. Quedar sujeto a interdicción o inhabilitación política.

2. Adscribirse directa o indirectamente a organizaciones con fines políticos.

3. Recibir directa o indirectamente beneficios de cualquier tipo de persona u organización que comprometa su independencia.

4. Haber sido condenado penalmente con sentencia definitivamente firme por la comisión de delitos dolosos o haber sido declarado responsable administrativamente por decisión firme de la Contraloría General de la República».

Lo que sí debería ocurrir

Aunque a la luz de la Constitución una remodelación profunda del CNE no debería producirse, los diputados sí podrían realizar una menor. ¿A qué nos referimos? El Parlamento debería cubrir la ausencia que en abril pasado se produjo en la instancia encargada de organizar las elecciones debido a la designación de la entonces rectora Tania D’Amelio como magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La salida de D’Amelio produjo una vacante absoluta, la cual está siendo cubierta por su primer suplente, Leonel Enrique Párica Hernández, tal y como manda el artículo 13 de la LOPE, el cual establece: «Los suplentes cubrirán las faltas temporales o absolutas de los rectores electorales correspondientes».

Sin embargo, el artículo 12 del mismo instrumento señala claramente que

«cuando faltare en forma absoluta un rector electoral y sus suplentes, la Asamblea Nacional hará la designación del principal y sus suplentes de la lista de los seleccionados que le fue presentada por el Comité de Postulaciones, tomando en cuenta el orden correspondiente».

Así pues, los diputados deberían resolver solamente esta vacante.

Un asunto turbio

La manera como Rodríguez anunció la eventual reestructuración del CNE genera dudas. Desde la Plataforma Unitaria, instancia que agrupa al grueso de los partidos opositores que integran el Parlamento electo en 2015, han negado que hayan planteado realizar una revisión del árbitro electoral.

«Lo que está hablando Jorge Rodríguez no tiene que ver con la discusión nuestra», declaró a Crónica Uno el dirigente de Voluntad Popular, Freddy Guevara.

Sucesivamente, el propio jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria en la negociación con el Gobierno de Maduro en México aclaró en una rueda de prensa del 20 de enero que

«No hemos planteado en la mesa de negociación en México el cambio del actual CNE. Todavía no se ha tocado y nosotros, en el momento en que toque en la agenda hablar de condiciones electorales, hablaremos de este tema».

Adicionalmente, el medio Crónica Uno también reveló que el tema del cambio del CNE en realidad salió en una reunión que Maduro mantuvo con la llamada Alianza Democrática, una instancia que reúne a los partidos que se presentan como opositores, y que desde Acceso a la Justicia hemos calificado como una «oposición a la medida». Además, de acuerdo con el diputado Luis Parra, de Primero Venezuela, fue Maduro quien hizo el «comentario».

Al respecto, no se puede pasar por alto que personeros oficialistas, comenzando por el propio Jorge Rodríguez, han mantenido en los últimos meses enfrentamientos públicos con algunos rectores del actual CNE. En tal sentido, esto le dijo el diputado al rector Roberto Picón a principios de 2022:

«Si usted quiere tener algún tipo de participación en alguna organización política sálgase del CNE y váyase a las calles a votar en favor de los electores. Siga el ejemplo de los rectores y presidentes del Poder Electoral que no se inmiscuyen en la actividad política».

El ataque contra Picón se produjo luego de que este explicara públicamente por qué no respaldó la normativa del CNE para regular la recolección de firmas a fin de activar un nuevo referendo revocatorio presidencial, ya que «sería imposible de lograr». Es decir, que lo que sus colegas en el CNE aprobaron, en la práctica hacía imposible el referéndum revocatorio presidencial.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

El inicio de un nuevo proceso para elegir a los miembros del CNE configuraría una violación del texto constitucional; de producirse, se agravarían los vicios de origen del organismo, al tiempo que se echarían por tierra los pequeños avances conseguidos en su proceso de reinstitucionalización.

El anuncio parece formar parte de las maniobras de las autoridades para dejar en claro que el voto en Venezuela no sirve para resolver conflictos ni disputas de manera pacífica. Y si hubiera alguna duda, las palabras de Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en diciembre de 2022 lo aclaran: «Nosotros no vamos a ir a elecciones para perderlas. Nosotros vamos a ir a la elección a ganarla».

25 de enero 2023

https://accesoalajusticia.org/violacion-mas-constitucion-posible-designa...

Van tres semanas desde que una representación mayoritaria de la Asamblea Nacional electa en 2015 tomara la decisión de eliminar la Presidencia Interina (PI) ejercida por Juan Guaidó. Razones de peso habrán tenido, ya que se trata de una figura con sustento en el artículo 233 de la Constitución. En sus primeros meses, además, representó un serio desafío al gobierno de facto, contando con el apoyo de unos 60 países democráticos. Permitió abrir numerosas delegaciones de la oposición democrática –embajadores ad-hoc—en muchos de ellos, así como tener voz en la OEA, en la persona de Gustavo Tarre Briceño. Asimismo, ofreció el marco de legitimidad para amparar valiosos activos venezolanos en el extranjero de las fauces depredadoras del fascismo chavo-madurista. Tomando esto en cuenta, un analista tan importante de la región, como es el periodista Andrés Oppenheimer, se extrañó por lo que calificó como un “suicidio político” de la oposición venezolana. Desde la reunión de Davos, Suiza, Ricardo Hausmann reportó, asimismo, el desconcierto al respecto entre dirigentes de países amigos.

Sin duda se nos debe una explicación. Tan importante experiencia no puede ser, simplemente, barrida bajo la alfombra como si no hubiera pasado nada, Claro, fracasó en lograr sus objetivos: “cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”. Pero al comienzo ello fue bandera detrás de la cual se movilizaron impacientes mayorías, esperanzadas en que se sacarían de encima la peor gestión conocida en la historia petrolera de Venezuela. La pregunta a responder es, entonces, ¿por qué fracasó, por qué se fue quedando sin fuelle?

Cabrían dos explicaciones de por qué no se plasmó el cometido expuesto: una, que fue una quimera, pues no contaba con las condiciones necesarias para que pudiera coronar; y/o, dos, que los propósitos esgrimidos fueron saboteados, conscientemente o no, por acciones que impidieron su materialización. En el extremo, se insinúa, irresponsablemente, que la experiencia obedeció a una especie de capricho personal de Juan Guaidó y de VP, como si los diputados opositores que nombraron a Guaidó presidente de la Asamblea no tuvieran que ver. Si bien deben señalarse los errores cometidos desde la PI, algunos muy comprometedores, no puede soslayarse la corresponsabilidad de muchos personeros de la Asamblea 2015, como de las alianzas forjadas en su respaldo a nivel nacional e internacional.

De ahí la pertinencia de un análisis profundo que esclarezca los desaciertos del interinato y sus aciertos, como aprendizaje valioso en la lucha por restituir la democracia. Además de ubicar responsabilidades a considerar a la hora de conformar un liderazgo democrático confiable, conectado con las aspiraciones de la gente, debe servir para calibrar mejor las causas de que Maduro y sus cómplices permanezcan en el poder. Superar una dictadura fascista no es, simplemente, “soplar y hacer botellas”.

Pero a estas alturas, las razones que llevaron al cese de la PI no han salido al conocimiento público. Tampoco la rendición de cuentas sobre su gestión que prometió Guaidó, ni las que les pidió a quienes colaboraron en ella. En vez de aclarar las cosas, parte de la dirigencia opositora decidió, como en el cuento, tirar al bebé junto al agua sucia de la tina. Su silencio –inaceptable-- sugiere explicaciones poco edificantes sobre rivalidades por el liderazgo en el seno de la alianza opositora en la Asamblea –entrarían aquí las recriminaciones de Leopoldo López-- o que la eliminación de la PI representó un gesto hacia el régimen buscando comprometerlo, en reciprocidad, con concesiones hacia el avance de una apertura democrática. De ser este el espejismo, ¿Qué han manifestado los personeros del régimen?

En estos primeros días de 2023, el fiscal de Maduro, Tarek William Saab, giró órdenes de captura a Julio Borges y a quienes ocupan la directiva recién nombrada de la Asamblea de 2015, Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez, asilados todos en el extranjero por la persecución política en su contra. Luego Jorge Rodríguez, jefe del equipo chavo-madurista en las negociaciones reiniciadas en México, pone en suspenso los objetivos siguientes de la carta compromiso, como son la liberación de los presos políticos y lo referente a negociar condiciones electorales confiables, porque no se han entregado los $3 millardos acordados entre las partes para ayuda humanitaria. Se lanzan a la calle bandas fascistas motorizadas para amedrentar a educadores y empleados públicos en protesta por una remuneración digna y aparece la saña de Diosdado Cabello anunciando que la asamblea madurista aprobará una ley en para “controlar el financiamiento a las ONGs que conspiran contra el país”.

Convencidos de que tienen ahora la vía despejada para tratar con el gobierno de EE.UU., aumentan sus aullidos para que les sean retiradas las sanciones impuestas en su contra. Maduro, ya abandonada toda pretensión de ajustar sus alocuciones a la realidad, ofrece como razón del empobrecimiento atroz de los venezolanos --del que es el responsable principal--, una cifra sacada del aire de $232 millardos (¡!) como ingresos dejados de percibir en razón de las mismas. Y, en ese mundo al revés que proyecta todo totalitarismo, convoca a “los trabajadores” a protestar en su contra. No son, precisamente, señales auspiciadoras de una actitud favorable a acuerdos para una transición democrática.

Mientras, sigue a galope cada vez más fuerte la inflación come-salarios, continúa la flagrante violación de los derechos elementales de más de 250 compatriotas encarcelados sine die por razones políticas, se hacen crónicas las interrupciones del servicio eléctrica y del suministro de agua, y avanza el proceso de silenciamiento y acoso generalizado a periodistas y medios de comunicación.

Sorprende, salvo algunas declaraciones de Gerardo Blyde y de Juan Guaidó, la falta de respuestas claras y contundentes del liderazgo político opositor ante esta situación. Contrasta con las protestas masivas, a lo largo y ancho del país, por parte de educadores, empleados públicos y trabajadores de Guayana en contra de la funesta conducción del país a manos de Maduro y sus cómplices (a la hora de escribir estas líneas, no han ocurrido las movilizaciones convocadas en ocasión del 23 de enero).

¿Cómo es que no se anuncian lineamientos creíbles de un modelo alternativo, democrático y bien fundamentado económicamente, capaz de sembrar la confianza y la voluntad de cambio de tantos venezolanos hartos de su miseria? Si es verdad que la PI representaba una traba jpara avanzar en esa dirección, ¿qué les ofrece ahora el liderazgo político opositor a los venezolanos? ¿Cómo conectar las protestas con la aspiración de sacar de las primarias programadas para este año, un liderazgo democrático fuerte, reconocido, que canalice estas justas demandas de mejora hacia el cambio político tan necesitado?

Y, quizás aquí, se le encuentre sentido a la situación producida por la defenestración de la PI por parte de los partidos AD, UNT y PJ. Pone de manifiesto, a la luz de esas movilizaciones que están animando a los venezolanos, que la dirigencia política existente, con largos años al frente de sus respectivos partidos, debe abrir paso a un renacer de las fuerzas democráticas.

Muchos han dejado la piel en sus esfuerzos por lograr el retorno a la democracia, pero, a estas alturas, parecen haberse desconectado del sentir de la gente. Sus sacrificios no deben inhibir que expresemos nuestra aspiración de ver entrar aires frescos y mejor posicionados para avanzar en nuestros propósitos. Los honraría acompañar el pase de la batuta con una autocrítica sincera, a manera de rendición de cuentas a los venezolanos. De eso trata la democracia. Es demasiado lo que está en juego. Desde una perspectiva optimista, podríamos augurar un nuevo amanecer, prometedor, encarnado en un liderazgo renovado capaz de aunar voluntades a favor de ponerle fin a tan desastrosa gestión del Estado.

Venezuela se “ha arreglado” sólo para una exigua minoría, aquella que se recrea en el “Manhattan” con que retratan la urbanización de Las Mercedes en Caracas, con exhibiciones de Ferraris a la venta, fastuosos edificios de oficina y restaurantes colgantes, mientras el país se muere de hambre. Muchos hemos perdido el derecho a disfrutar de una jubilación merecida después de tantos años de servicio. A los jóvenes se les ha robado su futuro. Los más, han perdido las condiciones básicas de una existencia digna, amparada en servicios públicos eficientes, buena alimentación y libertad. ¿Hasta cuándo?

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

LAS ONGs

Las organizaciones no gubernamentales, ONGs, tienen como objetivo fundamental íntegramente lo social y no están asociadas a gobierno alguno como bien su nombre lo indica. Trabajan en diferentes campos, pero generalmente se agrupan en la búsqueda de la transformación social para lo mejor y una calidad de vida adecuada. Buscan beneficiar a los integrantes de una comunidad en situación de vulnerabilidad. Son altruistas y se apoyan en el voluntariado como sus motores principales.

En 1945 la Organización de Naciones Unidas, ONU, acordó la definición de ONG para permitir que ciertos grupos de interés internacional y agencias no estatales asistan a las reuniones de los gobiernos y se aseguren que se establezca un sistema apropiado de control y equilibrio. Así pues las ONGs no son gubernamentales, no son lucrativas y son de carácter altruista . Las ONGs podemos asimilarlas a las fundaciones sin fines de lucro. Trabajan para promover el cambio social y político a gran escala o localmente y desempeñan un papel crítico en la sociedad en desarrollo ya que se enfocan en la mejora de las comunidades y en la participación ciudadana que debe ser organizada y activa.

Así pues, para este régimen totalitario que aún por desgracia tenemos, las ONGs son obstáculos para que ellos logren alcanzar sus obscuros y macabros intereses. No les interesa y les molesta la existencia de asociaciones que promuevan cambio político y social, que propugnen la participación ciudadana en las decisiones del Estado donde está envuelto el interés nacional y que les afecta y que trabajen porque el control funcione y sea eficiente en el manejo de las cosas del Estado y exista equilibrio e independencia orgánica y funcional de las ramas del Poder Público.

Por todo ello el vice-presidente del PSUV, Diosdado Cabello, nos amenazó con introducir un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional, para limitar las atribuciones de las ONGs, regular sus acciones y funcionamiento, todo ello con el propósito de exterminarlas porque les molesta la iniciativa no gubernamental. Bien lo dijo el Sacerdote Jesuita Luis Ugalde, que ese proyecto de ley “atenta contra la ciudadanía”. Salgámosles al frente a esta nueva amenaza contra el pueblo para que no pase.

Basta que se trabaje para lograr control y equilibrio en la administración pública para que este oprobioso régimen reacciones inmediatamente en su contra. Que se trabaje por la participación ciudadana está vetado por el régimen. Quieren acabar con las ONGs. Desean ponerle las manos porque son altruistas y sin fines de lucro y eso no les interesa, ellos están donde hay enriquecimiento ilícito y lucro hasta más no poder.

Defendamos las ONGs. que es defendernos nosotros y defender a toda la ciudadanía.

26 de enero 2023

EFECTO LUCIFER

Hace algo más de tres años, creo que en noviembre de 2019, el Centro de Políticas Públicas, IFEDEC Aristides Calvani, capítulo Aragua, organizó un conversatorio sobre “EL EFECTO LUCIFER”. Dicha jornada tuvo como expositora, orientadora y facilitadora a la estupenda, estudiosa y sustantiva doctora en psiquiatría Rosa Elena Hernández, quien ha participado en numerosos foros nacionales e internacionales tratando el tema del cognitivismo.

Todos los asistentes al evento quedaron gratamente satisfechos con la expositora y el tema tratado. Días después preparé una nota sobre este evento y sobre el efecto maligno, ahora lo vuelvo a tratar, claro de manera muy elemental y sencilla, porque me parece que es un tema que debemos tener siempre pendiente y sobre todo estar muy atentos.

El Efecto Lucifer es estudiado y analizado por una rama de la psicología relativamente nueva, el cognitivismo; se habla de él con profundidad en los últimos sesenta años. El doctor Philips Zimbardo, prominente estudioso del tema, estadounidense y expresidente de la Sociedad de Psicólogos de su país, ha escrito de manera magistral sobre el terrible Efecto Lucifer.

El Efecto Lucifer es pasar de lo moral a lo inmoral, del bien al mal, de la bondad a la maldad; busca la perversión del ser humano y persigue transformar ángeles en demonios. Por la fragilidad e imperfección de los seres humanos, es fácil que este efecto terrible haga mella en nosotros y consciente o inconscientemente nos llegue al cerebro, que es la computadora más gigantesca e inigualable que existe en la humanidad. La ira, el miedo, la confusión o deseos de venganza pueden producirnos un deslizamiento al Efecto Lucifer, por ello debemos estar muy atentos a estos sentimientos para tratarlos adecuadamente.

Este régimen totalitario que aún tenemos, tiene instalado un macabro laboratorio multidisciplinario donde laboran mentes diabólicas, nacionales e internacionales, a la orden del mal, de la intriga y la posverdad. De ese laboratorio viene el Efecto Lucifer, la utilización de la mentira mil veces dicha con la pretensión de transformarla en verdad, al mejor estilo hitleriano.

Nos bombardean diariamente con mensajes subliminales, que no vemos, pero nos llegan cargados de falsedades para hacernos manejables y llevarnos al espeso y asqueroso pantano de las tinieblas donde ellos se mueven y son jefes. Los valores, principios y buen uso de la razón son buenos escudos para protegernos de ese mefistofélico efecto.

Debemos estar muy atentos ante los mensajes del régimen que usa elementos psíquicos distorsionadores de la verdad. Preocupa que semejantes, más o menos informados, caigan bajo este efecto y sin análisis ni razón dan por buenas las especies difundidas por los sátrapas y llegan al extremo de ser difusores de la ignominia del régimen.

Estos mensajes elaborados por el régimen por lo general no tienen firmas, pero los difunden copiosamente. Estar pendiente de esta indigna y malévola estrategia del régimen que nos desgobierna, es tarea diaria y de extrema importancia para no caer en las tinieblas donde están ellos. Estemos muy atentos.

24 de enero 2023

DIOS

No es fácil hablar o escribir sobre Dios, es tan inmenso que no encontramos palabra para describirlo en su justa dimensión. Me atrevo en esta nota a escribir algunas ideas en la seguridad que nunca alcanzaré a presentarlo como es: Dios, Padre Eterno y Nuestro, creador de todo lo visible e invisible, del cielo, el universo y la tierra, del hombre y la naturaleza, que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, es un ser sobre natural que todo lo puede y sabe, que todo lo observa y actúa. En Él están presente todas las virtudes existentes y le llegan todas las vicisitudes y amores nuestros. Nuestro Dios conoce la ira, la venganza y la traición, la envidia, la burla, la astucia, La Paz y la violencia y no le resultan extraños los ardores de la victoria y de las derrotas.

Cuando un pueblo decae, cuando siente que su fe se opaca definitivamente con su esperanza de libertad, cuando le parece que todo está perdido y no hay otro camino que la resignación y sumisión y que el conformismo se convierte en mecanismo para la preservación material, entonces nuestro Dios actúa para llenarnos de esperanza y optimismo y potenciar nuestra voluntad de lucha para nunca desmayar y siempre buscar con férrea disposición, nuevos y mejores horizontes y alcanzar el Bien Común y la Justicia Social.

Nuestro Dios es de multitudes, es demócrata, ama y procura la libertad y la vida y se esmera por la dignidad de la persona humana, es el Dios de las explanadas y también de los rincones, de las calles y de las esquinas, de los parajes brillantes y de los obscuros, de las urbanizaciones y de los barrios insalubres, del mundo entero. Su reino es universal y regresará a la tierra por el bien de la humanidad.

Creemos en un solo Dios, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. No se mueve una hoja del árbol sin que Él lo permita. Nada me falta si Dios me acompaña y por ello rogamos venga a nosotros su reino, que nos facilite el pan de cada día y que perdone nuestros pecados, cometidos por nuestras imperfecciones y flaquezas, que nos libre del mal y no nos deje caer en tentación. Te rogamos nos haga imitadores de Cristo e instrumentos útiles de su paz. Tu eres el Cordero que quitas el pecado del mundo y te imploramos nos haga menos imperfectos sin dejar de ser humanos. Nos ayudamos y te imploramos nos ayude para construir un mundo distinto y mucho mejor, donde nos podamos realizar como seres humanos creados por Ti.

23 de enero 2023

LA CONVERSIÓN DE SAULO DE TARSO AL CRISTIANISMO

Saulo de Tarso nació en Tarso, Turquía, hacia el año 10 y murió decapitado en Roma entre los años 64 y 67. Fue un inclemente perseguidor de los cristianos y se le atribuyen torturas físicas y hasta aniquilamientos.

,A la edad de 35 años, después de la crucifixión de Jesús, emprendió viaje a Damasco montado sobre un caballo del cual cae por el resplandor de una luz muy intensa que le quita la visión; en ese momento escucha una voz firme y grave que le dice ¿Saulo, Saulo por qué me persigues?, él desde el suelo pregunta ¿Señor quién eres?, la voz le responde: soy Jesús a quien persigues y maltratas y le indica que continué a Damasco, “tu caballo te llevará”, allí encontrarás a un hombre bueno que te hablará de mí.

Efectivamente su caballo lo guía y en la puerta de Damasco, un hombre llamado Anamías lo toma de la mano, lo lleva a su casa y le impone las manos sobre su cabeza, orando con mucha devoción, le devuelve la vista y le habla de Jesús.

Saulo, lloroso, se arrodilla y pide mil veces perdón, Anamías, en nombre de Jesús, lo perdona y bautiza con el nombre de Pablo, por el que será conocido luego y que él después siempre utilizará hasta su trágica muerte.

A partir de entonces se transformó en un fanático diario y de todo el día en llevar la palabra del Señor, funda comunidades cristianas y por su conversión al cristianismo es perseguido por autoridades del imperio romano y por ancianos y jerarcas del Sanedrín; es apresado, encarcelado, torturado y decapitado. Fue un ardiente y fogoso propagandista del cristianismo, visitó Grecia, Asia Menor, Siria, Palestina y Atenas llevando el mensaje de Jesús. Fue muy culto y sagaz, es llamado “Apóstol de los gentiles”. Se le atribuyen a San Pablo más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento.

22 de enero 2023

Las protestas de los trabajadores venezolanos arrecian ante la acuciante pérdida de capacidad adquisitiva y la falta de perspectivas de mejora de su situación.

Las multitudinarias manifestaciones de los trabajadores de la educación que se vienen produciendo a lo largo y ancho de Venezuela desde inicios de este 2023 tienen como explicación la pérdida masiva de la capacidad adquisitiva de la gran mayoría de los trabajadores venezolanos, cuyos ingresos actuales no son suficientes ni siquiera para adquirir los productos básicos necesarios para subsistir.

Luego de más 400 protestas escenificadas a lo largo de estas dos últimas semanas en casi todos los estados del país, los trabajadores venezolanos no han recibido por parte del régimen de Nicolas Maduro una respuesta concreta y satisfactoria a sus justas reclamaciones.

Hasta la fecha, la estrategia de Maduro ha sido evadir la responsabilidad de su Gobierno frente al agudo deterioro del poder adquisitivo de los venezolanos y realizar difusas promesas respecto a una futura mejoría de los sueldos de los trabajadores, sin especificar ni cuándo, ni cuánto, ni de dónde saldrían los recursos para pagar esos eventuales aumentos: "Más temprano que tarde pasaremos de esta fase de parto y de resistencia, a una fase de mejoría sostenida de los ingresos de la clase obrera y trabajadora… De mil maneras lo haremos. ¿Pariendo recursos? Pariremos. ¿Produciendo? Produciremos”, declaró Maduro durante la clausura del IV Congreso de la clase obrera.

Amenazas y amedrentamiento a los educadores

La ausencia de respuestas por parte del Ejecutivo nacional a los justos reclamos de los trabajadores ha venido acompañada de las consabidas prácticas de amenaza y amedrentamiento a todos aquellos venezolanos que levantan la voz en reclamo de sus derechos.

Dentro de estas prácticas antidemocráticas resaltan la detención de los manifestantes por parte de los organismos de seguridad del Estado y el uso de la violencia a través de los colectivos armados chavistas.

El jueves 12 de enero, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron de manera arbitraria a nueve trabajadores de las empresas siderúrgicas del Orinoco y Bauxilum que participaban en una protesta salarial. Luego de ser presentadas a los tribunales, estas personas quedaron sometidas a un régimen de presentación y libertad restringida, teniendo prohibido volver a protestar o participar en manifestaciones públicas.

Por su parte, los colectivos armados chavistas, con la misma intención de amedrentar y disuadir a los manifestantes, han venido incrementando sus acciones en contra de las marchas de los trabajadores. El 14 de enero, un colectivo del estado Aragua amenazó a través de las redes sociales a todos aquellos trabajadores que salieran a reclamar mejoras salariales.

El 19 de enero, colectivos armados impidieron que los trabajadores se congregaran a protestar en un sector del oeste de Caracas. Esa misma fecha, en Apure, de acuerdo con un reportaje de la periodista Sebastiana Barráez, oficiales de la Guardia Nacional amenazaron a los educadores con utilizar a los colectivos si no se dispersaban.

Las causas reales de la pérdida del poder adquisitivo

En línea con su estrategia de evadir la responsabilidad de su gobierno, Nicolás Maduro ha reiterado una y otra vez que las sanciones internacionales son las únicas responsables de la profunda crisis económica y de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

Sin embargo, diferentes estudios e investigaciones han comprobado que, para agosto del 2017, fecha en la cual se le aplican al país las primeras sanciones no personales, "la economía venezolana tenía 14 trimestres consecutivos de contracción económica, se encontraba ad portas del inicio de la hiperinflación, había perdido acceso efectivo a todos los mercados financieros internacionales, su producción petrolera experimentaba una prolongada tendencia declinante de más de 2 años de duración”, tal y como se señala en el estudio "Impacto de las Sanciones Financieras Internacionales contra Venezuela: Nueva Evidencia” (enero 2021), elaborado por la consultora ANOVA Policy Research.

Colapso del modelo económico del chavismo

Por su parte, los estudios del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) encuentran que "Venezuela registró una caída muy significativa de la actividad económica a partir del cuarto trimestre de 2014. Desde entonces, se han encadenado veinticuatro trimestres consecutivos de contracción económica, que culminaron el primer trimestre de 2021, cuando se observó un crecimiento tenue. Ese impulso perdió fuerza a partir del segundo trimestre de 2022”.

Al respecto, el economista Ángel Alvarado, cofundador del OVF, explica: "La pérdida del poder adquisitivo del venezolano viene a ser una de las consecuencias del colapso del modelo económico del chavismo. Las sanciones del 2017 agudizaron la situación, pero, para ese momento, la economía venezolana ya había entrado en una profunda crisis a consecuencia de: a) La política de expropiaciones masivas, con sus efectos perniciosos sobre la producción nacional, incluyendo a la producción petrolera; b) La política de alto endeudamiento irresponsable y gasto público desenfrenado e ineficiente; c) La política intensiva de control de precios y control de cambio, y d) Los altos niveles de corrupción gubernamental”.

Maduro, con pocas alternativas de política económica

Los trabajadores venezolanos rechazan la política gubernamental de compensación salarial a través de pequeñas bonificaciones, pagadas a través del carné de la Patria, las cuales no forman parte del salario, son entregadas a discreción por el Ejecutivo Nacional y no alcanzan ni siquiera para un día de comida. "Bonos del hambre” y "No quiero bono, no quiero CLAP, yo lo que quiero es un sueldo digno ya”, son algunas de las consignas que se escuchan en las marchas.

La exigencia central de los trabajadores al régimen de Nicolás Maduro es que el Estado venezolano cumpla con el artículo 91 de la Constitución Nacional, el cual dispone que "El Estado garantizará a los trabajadores del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica”.

Para diciembre de 2022, el precio de la canasta alimentaria para el grupo familiar, según CENDA, fue de 474,87 US$. Una familia de cinco personas necesitó 63,24 salarios mínimos para costear la canasta básica. El salario mínimo actual en Venezuela es de 130 bolívares, lo cual es equivalente a solo 6,5 US$ dólares al cambio actual del Banco Central.

Gasto público que depende de la industria petrolera

Se estima, pues no hay información oficial al respecto, que en Venezuela existen alrededor de 4 millones de empleados públicos y unos 4 millones de pensionados, lo cual totaliza aproximadamente 8 millones de personas cuyo salario depende directamente del Estado venezolano.

Para hacer frente al gasto público, el régimen de Maduro depende casi de manera exclusiva de la industria petrolera, de la cual proviene alrededor del 95 por ciento de las divisas externas del país. En estos momentos, de los 3 millones de barriles diarios de petróleo que se necesitarían para cubrir las necesidades del país, la devastada industria petrolera venezolana apenas alcanzó, en diciembre de 2022, a producir una cuarta parte de esa cantidad (660 mil bpd ) y existen pocas expectativas de que esta menguada producción pueda mejorarse de manera significativa durante el 2023, incluso si se diera un mayor alivio de las sanciones. Por otra parte, Venezuela actualmente se encuentra excluida de los flujos crediticios internacionales.

El dilema para Maduro es político

En estos momentos, Maduro tiene muy pocas opciones de política económica para responder a las naturales y justas exigencias de los trabajadores del país. En Venezuela, la tasa de inflación mensual de diciembre pasado fue de 37.2 por ciento, la más alta de los últimos veinte meses,y la tasa anual de inflación anualizada durante el 2022 alcanzó el 305,7 por ciento, siendo el país con la inflación más alta de América Latina para ese año.

Según el economista Alvarado, "si Maduro decreta un aumento significativo de los salarios de los trabajadores de la administración pública, le imprimirá una mayor aceleración a este proceso inflacionario. Ello acarrearía una nueva caída de los salarios reales y volveríamos al poco tiempo al punto de partida”.

Por ello, concluye Alvarado, el verdadero dilema de Maduro no es económico, sino político: "La única forma de que se pueda recuperar de manera sostenible en el tiempo el salario real de los venezolanos es con una transacción política que lleve a un cambio real del modelo económico del país”.

El dilema político de Maduro, entonces, se reduce a "transar políticamente un cambio de modelo y solucionar el problema del ingreso salarial de los venezolanos, o atrincherarse en su modelo político y sacrificar la solución salarial de los venezolanos”.

La falta de respuestas concretas del régimen, la utilización de los órganos de seguridad del Estado y de los colectivos chavistas para amedrentar y disuadir a los educadores, y el diferimiento indefinido de la mesa de diálogo en México, hacen presagiar que, lamentablemente, Maduro buscará atrincherarse en su modelo político y sacrificar una vez más la solución real a los problemas de los venezolanos. (ms)

23 de enero 2023

DW

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