Para cerrar el ciclo del voto en el exterior como tema y contribuir a la definición de algunos elementos de orden estratégico, hay que explorar lo de las posibilidades técnicas del voto en el exterior, que no tienen buenos augurios. La semana pasada concluí mi artículo con una pregunta: ¿Es factible superar todas las dificultades para que quienes están en el exterior puedan votar?; afirmé que, aunque es difícil, es posible; y agregué que próximamente hablaría de algunas experiencias concretas, desarrolladas incluso en Venezuela, que demuestran esa posibilidad, sujeto a una condición que no es nada trivial: Que se logre un acuerdo político.

Naturaleza del problema

Estamos hablando de casi cuatro millones de venezolanos, que por el momento se puede decir que no tienen derecho a votar, por regulaciones jurídicas inconstitucionales, como el artículo 124 de la LOPRE, que supedita el derecho al voto de un venezolano, al requisito migratorio que le imponga el país donde reside −nuestros derechos sujetos a las leyes de otro país−; pero sobre todo, por decisión política del régimen venezolano que no hace nada por superar las dificultades técnicas, físicas, para garantizar a ese venezolano, su derecho constitucional a votar; se excusa en que no puede hacerlo por razones jurídicas, le niega ese derecho y hace muy pocos esfuerzos por buscar alguna alternativa, que permita votar, sino a los cuatro millones de venezolanos, al menos a una buena porción de ellos.

Pero es esa la realidad: Millones de venezolanos en el exterior no podrán votar y el Estado venezolano no hará nada por remediarlo, pues el régimen que detenta el poder en Venezuela, no tiene interés en que los millones de venezolanos −que han abandonado el país por el desastre humanitario causado por ese régimen−, puedan ejercer el derecho al voto, que seguramente sería en su contra.
Cómo se enfrenta el problema

Esta realidad se enfrenta de diferentes maneras. Algunos lo encaran demagógicamente; sin explicar de manera clara donde están las dificultades reales para ejercer ese derecho; da la impresión de que no se han paseado por la perspectiva que supone organizar, de manera presencial o remota, la votación de casi cuatro millones de venezolanos y alientan falsas esperanzas, lo convierten en una vana bandera de lucha, en un reto imposible con el cual toman posición, para desalentar la vía electoral, sembrar desesperanza o negar su participación electoral, haciéndole el juego al régimen que pretende, con una efímera minoría, que no llega al 15% del electorado, volver a imponer en 2024 su voluntad política para mantenerse en el poder, por vía electoral, hasta el 2030.

Otros alimentan la fantasía de que sí es posible, que hay tiempo para organizar un registro, abrir consulados o mesas en muchos países y ciudades en el mundo, en donde haya una población masiva de migrantes venezolanos; o bien, organizando una votación masiva por correo, como tienen algunos países, especialmente europeos; y los más imaginativos ven posible una votación electrónica, por internet, que salve todas las dificultades. La maravilla de la tecnología lo hará posible y algunas experiencias permiten alentar ese sueño, del que yo mismo, en algún momento, fui víctima. Pero examinemos algunas de esas opciones, desde la vía actual y algunas posibilidades de votar a distancia.

La vía presencial

Es la vía actual. Nuestra legislación constriñe a los venezolanos inscritos en el exterior −unos 107 mil solamente− a votar en consulados y sedes diplomáticas. Pero hoy la mayoría de los consulados, en países con alta migración, −Colombia, Perú, Estados Unidos, España, y otros− están cerrados o resultan manifiestamente insuficientes dado el incremento de migrantes venezolanos en esos países. Aun estando todos los venezolanos que allí viven, en condiciones de votar, porque se hayan resuelto las dificultades jurídicas, inconstitucionales, impuestas por el régimen y el CNE, resultan insuficientes las instalaciones físicas actuales para hacerlo. Tomemos solo el caso de Colombia, donde se espera que para el 2024 estén reabiertos los consulados, realmente es difícil sino imposible que más de un millón de venezolanos, que hoy residen en Colombia, puedan votar en los ocho consulados disponibles.

Las vías remotas

Por correo es la vía más utilizada por muchos países, para que voten sus nacionales en el exterior, e incluso para aquellos que por razones de trabajo o personales no lo pueden hacer en el propio país en la fecha electoral prevista y tienen la alternativa de adelantar su voto por correo.

En Venezuela somos testigos de varias experiencias de residentes extranjeros con derecho a voto en sus países de origen. Algunos votando en sus consulados, pero otros lo hacen por correo. En particular el que conozco más a fondo es el de España. Los españoles con derecho a voto, o que tenemos doble nacionalidad, podemos votar, previo registro en la Provincia en la que nos corresponde. Para ello debemos estar registrados también en el consulado como residentes en Venezuela y enviar a través del mismo o por vía electrónica o por correo, algunos documentos a la respectiva Provincia. Llegado un proceso electoral, por correo o email, se manifiesta la voluntad de votar en el mismo (antes no era preciso, se recibía por correo, automáticamente, el material de votación) y se recibe por correo el material electoral de la respectiva Provincia.

El material electoral que se recibe consiste en las boletas de votación, una copia del registro electoral y tres sobres; uno de los sobres es para introducir el registro, otro es para las papeletas de votación y un tercero, con franquicia postal pre pagada para introducir los dos anteriores, que se puede enviar por correo, antes de una determinada fecha; o bien dirigirse al consulado a ejercer el derecho al voto con el sobre en el cual se introdujeron las boletas de votación. No sé si el escrutinio se realiza en el propio consulado o si las boletas son enviadas a España por valija diplomática o por correo postal. Pero de esta manera los españoles en el exterior ejercen su derecho al voto.

Según podemos ver, la experiencia del voto en el exterior está permitida en 121 países, bajo la modalidad que denominan “presencial”, votando en consulados o sedes diplomáticas, obviamente en las capitales o ciudades más importantes; pero la modalidad “remota”, se limita en la mayoría de los países al voto por correo postal y la modalidad electrónica, por Internet, se reduce a unos pocos: Estonia (2007), México (2021), Panamá (2019) y algo en Países Bajos y otros países europeos, en donde la información disponible es confusa. Estonia es el pionero, desde 2007, y muestra un incremento en la votación de más del 40% desde que implantó la modalidad.

Por vía electrónica

De acuerdo a información actualizada, lo que es una novedad en muchos países es el voto electrónico, en el propio país; el voto electrónico desde el exterior es bastante escaso, se reduce a unos pocos países y en algunos a escala limitada. Ya en una oportunidad al referirme al tema recomendé un artículo de Leandro Querido; no hay mucho desarrollo posterior a ese artículo.

De acuerdo con la información disponible, en todos estos países la modalidad es similar: Se requiere de un registro previo, además del electoral, en el cual se provee un correo electrónico, por el que se recibirá un código, con el cual se accederá a una página Web para votar. La mayor complejidad, entonces, descansa en el registro previo; que supone, de parte del votante, además de la documentación normal, tener un correo electrónico y acceso a computador para ejercer el voto, lo cual no es algo a lo que todos los migrantes, pensando en los venezolanos, tienen acceso.

Por otra parte, cuando alguien en Venezuela se inscribe por primera vez en el registro electoral o cambia su domicilio, lo hace frente a algún funcionario que verifica sus datos, los documentos que entrega, la cedula de identidad, etc. En el exterior es similar cuando se hace en algún consulado; pero si se va a hacer masivo, es obvio que habría que desarrollar todo un operativo, con suficiente personal en el exterior, para que se pueda atender el volumen de electores y su dispersión por todo el mundo. Dudo que esa sea una tarea para la cual el régimen actual vaya a disponer recursos para emprenderla, si además no obtendrá un beneficio electoral importante de ello.

El tema del registro de los venezolanos en el exterior, no es una tarea simple, sobre todo, repito, si no hay un acuerdo político para ello. Pero ese es solo el primer problema. El acto de la votación en sí, luce simple, siempre y cuando haya un acuerdo en que el proceso es confiable; otra cosa es la “verificación y la auditoria”. En Venezuela, cuando alguien vota electrónicamente, la máquina emite un comprobante, que puede ser verificado al instante por el votante; este comprobante se deposita en una caja y al final de la jornada, después del cierre de las mesas y del escrutinio, más de la mitad de las urnas y de los comprobantes −lo que constituye un porcentaje estadísticamente suficiente− son verificados. Días más tarde, las máquinas de votación y los dispositivos de memoria, que son del CNE, son igualmente auditados. Hasta ahora ha habido un porcentaje muy bajo de discrepancias en los resultados. ¿Cómo sería este proceso con votación electrónica desde el exterior? ¿Las máquinas tendrían que ser provistas por el CNE?, lo que lo volvería un problema muy complejo y muy costoso. No parece sencillo.

Algunos ejemplos

Pero volviendo a la votación electrónica, para cerrar, algunos alientan la posibilidad a partir de las experiencias de algunas universidades −UCV y USB− que organizaron las votaciones de las asociaciones de sus egresados de manera presencial y de manera remota,−la UCV, completamente electrónica, la USB, fue una mezcla−; ambas dicen haber incrementado, gracias a la vía electrónica, el porcentaje de participación, con plena seguridad de la data y a un costo muy aceptable; pero, a nadie se le escapa que no es lo mismo hablar de un registro electoral de unos pocos miles de egresados a uno de varios millones. Y lo más importante, el factor confianza o desconfianza.

La confianza, factor clave

La mayor desconfianza, en la mayoría de los países, es hacia el sistema electrónico como tal, por la posibilidad de alteración del voto mediante intervención externa, y todas las razones que bien conocemos en Venezuela, pues son “nuestro pan” de cada proceso electoral. Hoy en día, no habría mayor problema en votar electrónicamente, en una pantalla táctil, desde Los Teques o desde Madrid, Bogotá, Lima, Santiago de Chile o Miami; o como los egresados universitarios, desde EEUU, España, Colombia, Argentina, México, etc. siempre y cuando se cumpla una condición previa fundamental: Que se confié en el proceso y sobre todo en el ente electoral que lo regula. Nadie en esas universidades va a cuestionar el proceso por desconfiar en sus comisiones electorales; pero ese no es el caso, al menos en Venezuela, con respecto al CNE. De manera que, la clave es confianza. Y confianza es precisamente lo que nos falta en Venezuela, donde una buena parte del país, probablemente con sobradas razones, desconfía de la eficacia y, sobre todo, de la neutralidad del ente electoral.

Espero haber puesto en claro el tema de las dificultades reales del voto en el exterior, pues da la impresión que algunas personas no las ven y piensan que es fácil y basta solo con declarar que es un derecho político o con desearlo.

Conclusión y estrategia

Como quiera que no estoy en un concurso de popularidad y no compito para ningún cargo ni puesto de elección, me siento en libertad de decir sin ambages cual creo que debe ser la estrategia del voto en el exterior −o mejor dicho, la de los votantes en el exterior−, que no se puede basar en alcanzar la utópica participación de tres y medio millones de votantes; para empezar porque probablemente, por datos estadísticos, se abstendría la mitad. Por lo tanto, la estrategia de los venezolanos en el exterior se debe basar en metas posibles, alcanzables:

1- Luchar, cómo no, hasta el último aliento por el restablecimiento del derecho al voto de los venezolanos en el exterior −pues a los derechos no se renuncia−, exigiendo la modificación de la LOPRE y denunciando la conculcación del derecho en todas las instancias internacionales posibles. Por cierto, un primer paso en esa lucha es exigir, con más fuerza que la desplegada hasta ahora, que se abra el registro electoral en el exterior. Pero,

2- Trazarse metas realistas, posibles de alcanzar; por ejemplo, lograr que, cuando menos, se triplique, tanto el registro −de los 107 mil actuales−, como la votación en el exterior, que no ha pasado de los 62 mil votos.

Esas dos metas son alcanzables, con plena consciencia de la limitación de nuestras fuerzas actuales; y sobre todo sin demagogia, sin plantearnos metas imposibles con el voto y los votantes en el exterior y sin utilizarlos como excusa para nuestros objetivos políticos en Venezuela.

Politólogo

https://ismaelperezvigil.wordpress.com/

(A quien pueda interesar)

Reformas con miedo. Un confuso intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, lleno de inconsistencias y cosas inexplicables, podría salvarla políticamente. Si hablar de crisis permanente no fuera un exabrupto, sería hacerlo sobre Argentina, donde desde hace siete décadas peronistas y militares se turnan para gobernar y crear calamidades, cinco grandes crisis, con breves interregnos, Frondizi, Alfonsín, Macri. Perón llega al poder en 1946 en uno de los países más ricos del mundo, más que las hoy potencias. Para tener idea, la moneda británica ni siquiera era transable internacionalmente e Inglaterra penaba para pagar los alimentos importados de la misma Argentina. Como para toda política tercermundista, gobernar consiste en un gasto fiscal enorme y corrupto envuelto en retórica populista, para forrar a los gobernantes, matando la producción de riqueza y 300 mil millones de dólares de deuda externa. “Gasto fiscal”: Argentina es de los países más corruptos de la tierra y ahora se sabe que los Kirchner recibían en promedio noventa millones de dólares mensuales en efectivo.

Agarraron a un distribuidor de coimas con cinco cuadernos en los que anotaba meticulosamente las direcciones, nombres y número de maletines que entregaba (se contaban maletines, no dinero). Un infeliz de última categoría, un José López, salió asustado en la madrugada a ocultar en un convento nueve millones de dólares que tenía en su casa para pagar deliveries y lo descubrieron. Proteccionismo, devaluaciones, regulaciones y entre los más altos impuestos del planeta, hicieron la economía no competitiva y paciente crónica de endeudamiento externo para funcionar. Pocos se aventuran a invertir en un país caótico de moneda sistemáticamente devaluada. Cuando llegaron los Kirchner al poder en 2002 el gasto fiscal era de 23% del PIB y cuando se fueron, 40%. El empleo público se disparó y hoy 35% de los trabajadores son empleados del gobierno y no producen nada. En siete provincias hay más empleados públicos que privados y el país entra en default.

A falta de financiamiento se dedican a imprimir billetes y establecer controles y “corralitos”. Gana Mauricio Macri (2015-2019) Tomó algunas decisiones correctas y mejoró el ambiente con su tesis “gradualista”. “Poco a poco”, según él, llegarían inversiones y aumentaría la recaudación, sin meterse con el problema esencial: el gasto gigantesco, corrupto e inflacionario. Tales estropicios y la alta tasa impositiva, hacen huir los capitales y fracasa escandalosamente, muy grave porque se veía en él un mandatario moderno que liberaría al país del anacronismo peronista y sus vicios ancestrales. Luego de resistirse con galimatías a un acuerdo con el FMI, termina pidiéndole un rescate su último año, demasiado tarde, y después de devaluar el peso 80% en el período. La caída del tipo de cambio es consecuencia inseparable de la filosofía peronista que heredó el macrismo: un gasto público desaforado y corrupto. Macri no redujo el derroche, ni la corrupción, ni el déficit, lo que le hubiera permitido gastar en la gente, e imprimió más moneda que los Kirchner, lo que mantuvo la inflación en alza.

La idea de gradualidad es correcta si se refiere a mitigar necesidades sociales con programas compensatorios, pero suele ser coartada para eludir los problemas difíciles, los nudos gordianos. La historia del falso gradualismo en Latinoamérica, darle largas a los problemas y dejar que se pudran, quiere presentar la indecisión como prudencia, y fracasa. A la caída del comunismo, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y República Checa desesperados por la situación humanitaria, aplicaron medidas de emergencia y obtuvieron resultados rápidos; hoy presentan niveles de vida superiores a Latinoamérica e incluso a Portugal. En cambio, Ucrania, Rumania, Tayikistán y Armenia, que decidieron ir paso a paso, no levantan cabeza. Macri deja escombros y en 2019 Fernández y Fernández lo apalean. Consiguen inflación de 50% y una de las recesiones más graves del mundo. El tipo de cambio pasó con Macri de 43 a 80 pesos por dólar.

La paliza electoral kirchnerista demuestra que reformas mediocres tienen más perjuicio que beneficio, porque desacreditan el cambio y levantan la false memory syndrome del pasado alegre. Gradualismo pinche, pequeñas enmiendas, eludir reformas estructurales, no enfrentar al gasto corrupto, todo reventó y el último año llaman la ambulancia del FMI. Las diferencias entre las gestiones de Macri y Kirchner fueron secundarias. La miseria llegó a 45%. La Universidad católica dice que dieciséis millones son pobres y tres, indigentes; apenas ocho millones de trabajadores productivos sostienen al país de millones de personas que no producen. Los impuestos suman más de la mitad del precio de un auto, que cuesta tres veces más que en EEUU, el doble que en España; y 40% del precio de la canasta de alimentos, en la tercera inflación más alta del mundo ¿Qué hacen los Fernández?: un nuevo ajuste pero no para adecentar el Estado sino para empobrecer más a los ciudadanos. Más impuestos, retienen producto de las exportaciones, reducen los renglones no imponibles, gravan la compra de dólares y controlan los cambios. El caos asoma el hocico. Y llega Sigfrido en su caballo blanco: Sergio Mazza. Veremos

@CarlosRaulHer

Como dirían Willy Colón y Héctor Lavoe: «Todo tiene su final, nada dura para siempre». Las letras «ch» y «ll» han pasado a mejor vida. La Real Academia Española (RAE), que «limpia, fija y da esplendor» a la lengua de Cervantes, acaba de decretar la exclusión definitiva de los mencionados símbolos de nuestro abecedario, porque en realidad, según la institución, no son letras sino dígrafos. Según la propia RAE los dígrafos son conjuntos de letras o grafemas que representan un solo fonema. Es decir, que tanto la «ch» como la «ll» –esta que los hispanoamericanos pronunciamos como /y/– constituyen un solo ruido, aunque necesitemos de dos letras para representarlo. La decisión de excluir a estas difuntas letras es de vieja data (1994), pero, como todo, tardó en implementarse porque ambas eran letras enchufadas y llamativas.

Salvo en España, donde se lucha a brazo partido por su extinción, el español es una lengua floreciente en el resto del mundo. En los Estados Unidos, por ejemplo, es la lengua extranjera más estudiada (dentro de algunos años lo será el inglés) y la hablan 543 millones de personas en el mundo, siendo el cuarto idioma después del hindi, le sigue el inglés. Es la lengua del reino de Castilla, por eso se le denomina también «castellano». Con el advenimiento de Isabel la Católica –según el historiador Menéndez y Pidal, la mejor gobernante que ha tenido España– se unifica políticamente la nación española, esa misma que trata de desunificarse actualmente. La lengua de Castilla se convirtió, entonces, en la lengua de España y de todos los territorios americanos que esta descubría y conquistaba.

Pero volviendo a los dígrafos que nos ocupan, no deja de ser curioso que la h, que es muda, quizá por eso tanta gente calla a la hora de defender los derechos humanos, haga tanto escandalo cuando se coloca después de la c. En cuanto a la ll, pronunciarla correctamente es supremamente complicado, como dirían en Colombia (el mejor lugar donde se habla el español según algunos), porque requiere llevar la punta de la lengua (en este caso el órgano muscular) al cielo de la boca por el lado del naciente.

Para no alargar excesivamente esta llamativa chachara, solo recordar que la finada ch goza de la predilección del humor, quizá porque la forma expresiva de este es el chiste. Chespirito (Roberto Gómez Bolaños), por ejemplo, colocaba a todos sus personajes un nombre que iniciaba por ch: desde El chavo, hasta el Chapulín, pasando por el Chómpiras, el doctor Chapatín y Chaparrón Bonaparte, entre otros. Chaplin, es el genio del humorismo universal y el programa cómico por excelencia de la televisión venezolana fue Radio Rochela.

Para finalizar y para que no «panda el cúnico», solo agregar que la desaparición de la ch y la ll como letras del alfabeto no supone en modo alguno su desaparición del sistema gráfico español, lo cual tiene mucha lógica. Y es que, de lo contrario, los venezolanos tendríamos que llamar al proceso político que vivimos, desde hace poco más de dos décadas, «Avismo», una palabra que fonéticamente suena igual a aquella que designa a un lugar de gran profundidad en el cual no se alcanza a ver el fondo.

En fin, creo que, llegados a este punto, lo mejor es decir chao.

Gorbachov asumió un Estado gigantesco cuyas estructuras económicas, sociales y políticas estaban en declive. Desde un principio puso en marcha políticas internas reformistas profundas, promoviendo acercamiento con países capitalistas, sobre todo con EE.UU, buscando la desescalada nuclear y el relajamiento de la Guerra Fría.

Fue el último líder de la desaparecida Unión Soviética, cargo que ocupó solo unos pocos años, de 1985 a 1991.

Durante su último discurso como mandatario, expresó su pesar por el resquebrajamiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), pero también enfatizó sus logros personales, como el fomento de la pluralidad política y religiosa, la introducción de la democracia, la economía de mercado y, por supuesto, el fin de la Guerra Fría.

El balance de su gestión como el último presidente de la Unión Soviética, no deja lugar a dudas: fue clave para distender la llamada «Guerra Fría» al disolver el Pacto de Varsovia, la contraparte de la OTAN, los dos brazos armados de esa guerra; inició el mayor esfuerzo de desarme nuclear unilateral; liberó presos políticos y comenzó un ciclo de reformas políticas y económicas del régimen soviético en la década de los ochenta del siglo XX.

Se mantuvo en el poder un sexenio (1985-1991), similar a la duración de los periodos presidenciales democráticos y durante esos años el reformismo en el mundo se identificó con dos conceptos que él mismo propuso: Glasnost (transparencia) y Perestroika (reforma avanzada). Fue un líder clave en los procesos de apertura democrática de Checoslovaquia, Hungría y Polonia; y el eslabón que facilitó la caída del Muro de Berlín, que luego conduciría a la reunificación alemana.

La admiración de diversas personalidades del mundo libre por Mijaíl Gorbachov ha aumentado con el tiempo, sin duda, es un gran ejemplo pragmático a seguir para nuestra Venezuela, un auténtico estadista y amigo de la paz.

Era un gran conversador; metódico, ordenado en sus ideas y reflexivo. Escuchaba con atención a sus interlocutores y respondía lógicamente con argumentos de forma cuidadosa.

Todavía falta distancia en el tiempo y profundidad en el análisis para hacer un balance justo de su legado reformista, renovador y liberador. Sus contribuciones a la paz mundial (que le merecieron un Premio Nobel en 1990), al multilateralismo y desarme mundial; a la cultura democrática y a la racionalidad, son incontrovertibles.

Y no podemos menos que elogiar el mayor de sus logros que fue derrotar con audacia –sin derramar una sola gota de sangre– a la Unión Soviética, la cual, significaba en el siglo XX una de las dictaduras más crueles y aterradoras de la historia. La URSS enviaba sus tropas a lo largo y ancho del planeta, gobernaba con arbitrariedad, ejercía control social, violaba los derechos humanos y reprimía la economía de sus ciudadanos. Eso terminó con las reformas de Gorbachov, quien luego de cumplir una gran misión en vida, descansa en la eternidad junto a Dios desde el 30 de agosto de este año.

Su muerte deja al mundo con uno menos de sus reformadores de la época reciente y, sin duda, uno de los líderes políticos más significativos del final del siglo XX. Por ello, desde Unidad Visión Venezuela catalogamos a Mijaíl Gorbachov como un líder visionario que no se dejó frenar por sentimentalismos ni actitudes ideológicas irracionales, sino que fue práctico y útil a los intereses humanos.

Twitter e Instagram: @jdiegovillave

juandiegovillaromero27@gmail.com

Juan Villa Romero es Político. Secretario Juvenil de Unidad Visión Venezuela.

La fortaleza de la democracia chilena se expresó de manera contundente el pasado 4 de septiembre al manifestar mayoritariamente su voluntad en las urnas electorales su rechazo a la propuesta de nuevo Pacto Social, expresado en un proyecto Constitucional, sometido a su consideración, al no satisfacer las aspiraciones de las mayorías chilenas, dando así un mensaje y reafirmando el principio claro e inequívoco al mundo y a la dirigencia política, de que son los ciudadanos, la esencia de la democracia, y como tal, factor fundamental para los grandes cambios, posicionamiento y avance de las naciones. En ese sentido, La Alianza Nacional Constituyente Originaria ANCO felicita efusivamente a la hermana nación Chilena, su ejemplo, que fortalece a los venezolanos en nuestro innato propósito de rescatar la libertad y la democracia a las que queremos y valoramos, poniendo fin a la ignominia de un régimen tiránico que destroza nuestra nacionalidad, la República, al país, que practica la violación continuada de los Derechos Humanos y políticos como una política de estado, genera la mayor crisis humanitaria del continente, además de la huida de 7,2 millones de compatriotas -25% de la población-, la más alta en el mundo. En razón de lo anterior expresamos:

1.- ANCO reitera a los venezolanos y a la dirigencia en general, retomar el supremo legado de libertad heredado de nuestros libertadores. Solo unidos y teniendo como fin agotar sin pausa nuestros mayores esfuerzos para liberar nuestra patria Venezuela, su bravo y generoso pueblo, su libertad, su soberanía y su auténtica democracia por sobre cualquier consideración o aspiración por legitima que sea. No es el momento de parcialidades o individualismos, es el momento de la nación y todos lo lograremos;

2.- Basta ya a la desnaturalización de los principios, la adopción de antivalores, la destrucción de lo bueno y genuino de la venezolanidad, la subversión de la palabra y el lenguaje, la abdicación de la existencia como condición para no ser perseguido por “el Estado” que han minado el proceso político venezolano. Frente a ello, la rebeldía de un país, el apoyo decidido de la comunidad internacional, y la comprensión de que los principios y valores que atesora la condición humana deben ser defendidos bajo esfuerzo común y global, han impedido la consolidación definitiva del diabólico esquema de “la revolución socialista del siglo 21”. En medio de todo esto, se ubica una dirigencia opositora con muy escasa lucidez y exigua capacidad para interpretar la realidad, navegando en aguas que conducen a la misma parte o a ninguna parte, ignorando el agónico drama existencial de cada venezolano, drama que, al hacerse uno solo, emergerá como lava volcánica buscando su propio camino, su redención;

3.- ANCO reitera y propone que la solución a la grave crisis se debe iniciar por una propuesta que nos aglutine a todos en torno a ella, una solución radical que vaya al fondo de la grave crisis económica, política y social, siendo la más adecuada y oportuna, la propuesta por la Iglesia Católica venezolana de Refundar la Nación, en su propósito de acompañar al pueblo en resguardo y defensa de su dignidad, principios y valores perdidos, dando cabida a nuevos paradigmas de participación ciudadana en un Estado moderno, donde el mismo, junto a sus instituciones, esté al servicio del hombre como sujeto de su desarrollo integral, colectividad y de su ámbito político territorial, y no al contrario. Esta propuesta exige a todos, en un país desinstitucionalizado donde se viola la constitución y las leyes, acudir a nuestros poderes creadores y tradición republicana para refundar la república, mediante un proceso constituyente de carácter originario, es decir, convocado por el pueblo, que a su vez establezca una transición representativa de la nación, que promueva en condiciones de sana convivencia la convocatoria a elecciones libres y confiables, con apoyo efectivo y supervisión de la Comunidad Internacional. (Artículos 1, 5, 333, 347 CRBV);

4.- Los recientes eventos en Chile, contrasta con la experiencia constituyente venezolana de las últimas décadas. En efecto, la experiencia constituyente de 1999, enmarcada en una victoria electoral (1998), bajo un sistema electoral que desconoció la representación de las minorías (el 40% de los votos obtuvo el 4% de los escaños), se instaló para “refundar la república”, incorporando principios que vulneraron la separación de poderes, la alternancia en el poder, las libertades ciudadanas y el respeto a los derechos humanos. De peor manera, el espurio proceso constituyente iniciado en 2017 y finalizado en diciembre de 2020 -que no refundó la república ni dictó una nueva constitución-, tuvo como marco la decisión de un gobierno -paupérrimo en legitimidad- de convertirse en un régimen totalitario, forajido, abyecto, criminal, dispuesto a romper cadenas que le ataban (OEA-Carta Democrática), ávido de riqueza mal habida, aliado de las perversiones globales que de peor manera amenazan al hombre de hoy y, también, al del mañana;

5.- ANCO llama la atención a los sectores politicos en el sentido de que es irresponsable propiciar otra frustración a los venezolanos participando en un proceso electoral convocado por un CNE ilegitimo, para celebrar elecciones inciertas de realizarse en el 2024, donde el régimen actuará fraudulentamente una vez más para reelegirse y legitimarse ante el mundo, acarreando la perdida indefinida de la República. Acoger el proceso de Refundación de la nación nos permite apartar la usurpación como una consecuencia directa del proceso Constituyente y se lograría en menor tiempo al del supuesto proceso electoral que termina en el 2025 con la toma del poder por el nuevo Presidente;

6.- Un proceso de refundación constituyente que defina un nuevo Pacto Social, debe ser expresión autentica de la aspiración y voluntad legitima de los ciudadanos, donde nos sintamos representados todos, no impuesto, desprovisto del sectarismo de las tendencias ideológicas o de control del Estado por intereses partidistas o particulares, es garantía del fortalecimiento y cohesión del cuerpo social necesario para acometer los grandes cambios que el país requiere, de allí que todas las tendencias partidistas o no, deben paritaria y proporcionalmente estar representadas en la Asamblea Constituyente.

7.- ANCO exige poner de lado la mezquindad, el sectarismo e insana incomprensión de quienes hasta ahora se abrogan su representación que ha impedido poner de manifiesto la grandeza de nuestro heroico pueblo, que dentro y fuera del país transita el calvario de la opresión y desarraigo forzado de su patria, privándolo de su libertad. A la vez exhortamos a la Comunidad Internacional atender y debatir propuestas distintas y legitimas no inscritas en la agenda impulsada por el régimen y factores politicos de lamentable trayectoria errática en la solución a la crisis, evidenciado en 26 elecciones y 14 diálogos o negociaciaciones con temas convenidos entre las partes, ignorando la voluntad nacional, como sucediera con las Consultas Populares vinculantes del 2017 y 2020, no acatando sus mandatos por quienes están llamados a hacerlo como supuestos representantes del pueblo soberano;

8.- ANCO, al insistir en que los venezolanos transitemos un proceso Constituyente, pretendemos que este evento surja desde nuestra condición ciudadana, sabiéndonos titulares de nuestros poderes creadores, ejerciendo nuestra capacidad de auto determinar nuestro destino, avanzando con paso seguro en una conducción colectiva, entre todos, con principios y valores que reconozcamos y valoremos, que hagan honor a lo mejor de nuestras luchas, que nos permitan ver con esperanza y orgullo el horizonte, trabajar duro y esperar sin miedo ni sobresaltos el futuro.

¡QUE EL PUEBLO DECIDA!

“En una palabra, mi querido general, yo no conozco más partido de salud, que el de devolver al pueblo su soberanía primitiva para que rehaga su pacto social. Vd. dirá que esto no es legítimo: y yo, a la verdad, no entiendo qué delito se comete en ocurrir a la fuente de las leyes para que remedie un mal que es del pueblo y que sólo el pueblo conoce. Digo francamente que si esto no es legítimo, será necesario a lo menos, y, por lo mismo, superior a toda ley: pero más que todo es eminentemente popular, y, por lo mismo, muy propio de una república eminentemente democrática.”
Simón Bolívar
Carta dirigida a Santander, octubre de 1826

Alianza Nacional Constituyente Originaria ANCO

Caracas, 6 de septiembre de 2022

Enlace Oficial: https://ancoficial.blogspot.com/2022/09/comunicado-anco-en-chile-el-pueblo.html

Desde la antigua Roma la justicia es representada como una mujer con los ojos vendados que sostiene en una mano una balanza y en otra una espada. ¿Qué significan los ojos cubiertos? Representan la imparcialidad e indican que las decisiones de sus funcionarios deben ser producto de un análisis objetivo, en el que no hay favoritismos y la identidad, género, raza o el dinero de las partes no importan. Sin embargo, en Venezuela la justicia, en particular el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sí parece tener los ojos bien abiertos al momento de sentenciar. Al menos esta es la sensación que dejan las respuestas que el máximo juzgado ha dado a las solicitudes cautelares que recibe cuando se trata de demandas contra el Estado venezolano.

Se debe recordar que las medidas cautelares —en el ámbito del Derecho administrativo— son aquellas a través de las cuales los jueces suspenden los efectos de un acto impugnado mientras dictan su sentencia definitiva, por considerar que son indispensables para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación.

Tradicionalmente, el TSJ declara «con lugar» las medidas cautelares que favorecen al Gobierno, a otros órganos del Estado o a los intereses del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) o de sectores cercanos a este, pero si dichas peticiones son interpuestas por sectores opositores o no alineados con el Ejecutivo, entonces son rechazadas. Este doble rasero se ha hecho más evidente en las últimas semanas.

El pasado 14 de julio la Sala Político Administrativa, a través de sus sentencias n.º 252 y 254, admitió los recursos de nulidad que las autoridades de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad de Carabobo (UC), Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo), Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y Universidad de Los Andes (ULA) interpusieron semanas antes contra el polémico instructivo dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), el cual contiene el Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas.

Sin embargo, en los mismos fallos el TSJ rechazó suspender temporalmente dicho texto, a pesar de que el mismo ha reducido los salarios integrales de millones de funcionarios públicos al aplicar un tijeretazo a las bonificaciones y primas previstas en las distintas contrataciones colectivas; con lo cual ha violado seis disposiciones constitucionales, entre ellas el principio de progresividad de los derechos y beneficios laborales, de acuerdo con un estudio realizado por Acceso a la Justicia.

En las sentencias redactadas por el presidente de la instancia, magistrado Malaquías Gil, el máximo juzgado consideró que aceptar la solicitud de las casas de estudio «vaciaría de contenido la sentencia definitiva». Pese a esta afirmación, el TSJ decidió no seguir adelante con estos juicios puesto que, en días recientes, emitió los fallos n.° 445 y 446 en los que declaró inadmisibles los recursos de nulidad (previamente admitidos) intentados por las universidades contra el referido instructivo.

En la dirección contraria

Mientras el TSJ rechaza las peticiones de las universidades y de la sociedad civil organizada, atiende las hechas desde las filas gubernamentales. Prueba de ello es la sentencia n.º 0079 que la Sala Electoral dictó el pasado 1 de agosto y en la que suspendió la elección de los representantes de los egresados de la Escuela de Educación a los órganos de cogobierno de la UCV, atendiendo una solicitud que le hiciera un candidato oficialista que no salió favoreció en las urnas.

En este caso, el máximo juzgado sí consideró que había motivos para presumir una violación a los derechos electorales del demandante y la posibilidad de que dicha vulneración no pudiera ser reparada, pues el recuento de los sufragios lo hizo la Subcomisión y no la Comisión Electoral de la UCV.

Apenas tres días antes, la Sala Político Administrativa suspendió el Reglamento de Administración de los Ingresos y Egresos Generados por la Universidad de Carabobo, alegando que las tasas fijadas en la normativa impugnada podrían ver vulnerado «el derecho a la gratuidad de la educación consagrado en el artículo 103 de la Constitución».

De vieja data

Este comportamiento del máximo juzgado viene de lejos. Así lo denunció la organización Un Estado de Derecho en su libro titulado El TSJ al servicio de la revolución. La toma, los números y los criterios del TSJ venezolano (2004-2013), en el que se denuncia que ninguna de las 45.474 sentencias emitidas por las salas Constitucional, Político Administrativa y Electoral entre 2005 y 2013 fue en contra de los intereses del Gobierno ni del Estado.

En 2015, la Sala Electoral dictó su polémica sentencia n.º 260, en la cual suspendió cautelarmente a los diputados por el estado Amazonas que fueron electos en las parlamentarias de 2015. Esta decisión fue adoptada por la instancia atendiendo una solicitud que le hicieran los candidatos oficialistas que no resultaron favorecidos en las urnas, quienes denunciaron presuntas irregularidades. Pese a que la resolución implicó echar por la borda su propia jurisprudencia, la Sala no tuvo reparo en tomarla. Una medida cautelar la cual, seis años después, no ha contado con una sentencia definitiva.

Un año después, la Sala Político Administrativa volvió a demostrar que no toma decisiones en contra de los intereses del Gobierno. Así, aunque admitió una demanda de nulidad contra la polémica resolución n.º 008610 del Ministerio de la Defensa, la cual contiene las Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones pública y manifestaciones, rechazó suspenderla temporalmente.

«No fundamentó la petición cautelar, sino que solo se concretó en requerir la suspensión temporal de los efectos del acto administrativo impugnado sin cumplir con los requisitos de procedencia establecidos jurisprudencialmente y, en particular, con la presunción del buen derecho».

Este fue el argumento de la instancia, a la que no le bastaron los alegatos del accionante de que el instrumento ponía en tela de juicio el derecho a la manifestación pacífica y la prohibición del uso de armas de fuego para su control.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Las decisiones antes comentadas ratifican la condición del TSJ como defensor de los intereses del Gobierno, en lugar de garante de los derechos de los ciudadanos. Una revisión superficial como la hecha para redactar este texto revela que el máximo juzgado acuerda o rechaza las medidas cautelares a partir de la implicación partidista o política que tenga cada asunto, sin tomar en consideración los derechos de los grupos afectados.

7 de septiembre 2022

https://accesoalajusticia.org/hora-decidir-medidas-cautelares-tsj-demues...

Varias veces a lo largo de 23 años, Venezuela abrigó expectativas de librarse rápidamente del régimen socialista, lo que sucedió por primera vez en Abril de 2002 y por última vez en 2019, cuando la depauperación de las mayorías generaba un enorme descontento social contra el régimen, a la vez que una amplia alianza de países desconocía su legitimidad y algunos muy influyentes le imponían sanciones que estrechaban su espacio de maniobra, a la vez que reconocían a un “Gobierno Interino” ejercido por la Oposición.

Pero hoy, países muy importantes de la alianza internacional de 2019 la han abandonado o no comparten ya la estrategia inicial, mientras en Venezuela se constata un apoyo claro de las Fuerzas Armadas al régimen socialista y un reconocimiento exiguo de la ciudadanía a los partidos y líderes de Oposición, todo lo cual ha disipado las expectativas de desplazar prontamente del poder al régimen. Y los sufrimientos de la crisis continúan pesando sobre las mayorías, porque aquella sigue siendo muy grave y no se está superando, a pesar de la narrativa según la cual “Venezuela se está arreglando”, que comparten y difunden el régimen y algunos importadores y miembros del nuevo “Jet Set” caraqueño.

Ante la dramática realidad de hoy, muchos actores democráticos favorecen una negociación con el régimen, argumentando que por esa vía podría mejorarse prontamente la situación económica y social de la mayor parte de los venezolanos. En este discurso coinciden actores cuyos intereses políticos no son necesariamente convergentes, algunos de ellos comprometidos con la lucha por recuperar las libertades y otros dispuestos a abandonar la resistencia al régimen por considerarla fútil. De hecho, ya se han iniciado conversaciones preliminares, las cuales, según dejan entrever algunos voceros de la Oposición, son preparatorias de una negociación cuya Agenda contempla obtener una liberalización política interna a cambio de apoyar una flexibilización de las sanciones internacionales.

Pero seamos francos, si esa es la Agenda de la negociación en puertas, aún si la liberalización política deseada mejorase las condiciones de competitividad de la elección de 2024, apoyar la flexibilización de las sanciones no estaría sirviendo a una pronta recuperación económica y social en favor de las mayorías. Eso no bastaría para dinamizar la economía, porque las inversiones requeridas sólo se materializarían si se implementan reformas regulatorias concretas que les ofrezcan seguridad, estabilidad e injerencias estatales mínimas; y no todo tipo de crecimiento económico favorecería a quienes más necesitan recuperar su nivel de vida, hacen falta políticas orientadas a lograrlo porque no es verdad que “la mejor política social es el crecimiento económico”.

En fin, que los actores democráticos participantes en las tratativas previstas apoyen la flexibilización de las sanciones, tendría un “valor de transacción” muy alto, que sólo correspondería ceder en dos escenarios hipotéticos.

La primera circunstancia que ameritaría ofrecer apoyo a la flexibilización de las sanciones, es una tal vez ingenua por inalcanzable, sería que el compromiso de liberalización política del régimen tuviese garantías internacionales y comprendiese condiciones perfectas de competitividad y transparencia para las elecciones de 2024, ya que el triunfo seguro que obtendría la Oposición en esas condiciones podría dar inicio inmediato a la recuperación económica y social.

Y el segundo caso de negociación que justificaría secundar la flexibilización de las sanciones, algo más realista aunque no del todo fácil de construir, sería que el régimen se comprometiese simultáneamente en dos planos, en una liberalización que incluya mejoras políticas y se acompañe de compromisos internacionales supervisados, y en la implementación -también supervisada- de reformas institucionales y políticas económicas y sociales que sirvan de soporte cierto al inicio de una recuperación económica y social del país.

Que la Oposición participe en unas negociaciones con el régimen ofreciendo el apoyo para la flexibilización de las sanciones a cambio de una liberalización que no se acompañe de reformas y políticas dirigidas a mejorar la situación de las mayorías, solo generaría frustración general y desprestigio político para cualquier opción futura de negociar.

… Poque si se argumenta en favor de acudir a una negociación porque ella podría abrir las puertas a una mejora cercana de las condiciones económicas y sociales de las mayorías, sería un engaño que sólo se negocie en busca de logros electorales en lo inmediato, aunque ellos abran un camino de largo plazo...

Septiembre de 2022