En la medida en que la contraofensiva ucraniana recupera territorios, desalojando a las fuerzas rusas de ocupación, emergen informes acerca de las barbaridades cometidas contra la población local. Bucha, Mariupol, Izium y otros pueblos liberados revelan la existencia de entierros masivos de ucranianos, la mayoría civiles, muchos acribillados con las manos atadas y/o con signos evidentes de haber sido torturados. Numerosos testimonios de quienes fueron detenidos por los invasores describen el montaje de celdas improvisadas donde se les privaba de libertad y se les sometía a crueles tormentos. Observadores internacionales, incluidos de la Organización de Naciones Unidas, comienzan a tipificarlo como acciones propias de genocidio contra una población indefensa. Constituyen crímenes de lesa humanidad que están siendo documentados para encausar –como debe ser—a sus responsables. En fin, son castigos inhumanos infligidos por un ejército de ocupación contra un gentilicio al que desprecia. La excusa–Putin dixit—es su pertenencia a un país que no debería existir como tal. Cínicamente, el nuevo zar ruso buscó legitimar su matanza alegando la necesidad de “desnazificar” al vecino país.

Quienes se identifican con valores básicos de justicia y libertad no pueden sino sentirse profundamente indignados por estos crímenes. Pero, más allá de la atención que ha concentrado la agresión rusa a Ucrania, acciones como las referidas no son tan ajenas a estas partes del mundo, lamentablemente.

Informes de 2020 y 2021 de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, enviada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, encontraron “motivos razonables” para sostener que las violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos en Venezuela por parte de entes del Estado, formaban parte “de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil…” Es decir, atrocidades propias de un ejército de ocupación, infligidas de manera sistemática y deliberada contra venezolanos disidentes. Un tercer informe, entregado este mes, ahonda en esos hallazgos. En un escrito de 125 páginas, examina el papel de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y en otro, de 155 páginas, presenta la situación de los derechos humanos en el llamado Arco Minero del Orinoco y áreas afines. En total, los tres informes se basan en 471 testimonios, tanto de víctimas, sus familiares o representantes legales, como de empleados o exagentes, 88 realizadas recientemente, entre noviembre, 2021 y abril, 2022.

En estas líneas se comentará brevemente lo referente a la DGCIM. Ésta se dedica a realizar investigaciones en busca de pruebas contra disidentes y opositores. Con ello, elabora expedientes sobre posibles objetivos. Practica detenciones e interroga a las personas detenidas, las más de las veces con tortura. Los testimonios recogen: “fuertes golpes con bates y objetos punzantes; descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo; asfixia con sustancias tóxicas y agua; cortes y mutilaciones, incluso en la planta de los pies y debajo de las uñas; el uso de un dispositivo llamado “señorita” para levantar y deformar los cuerpos y bajarlos a tanques de agua; violación con objetos; golpes y descargas eléctricas en los genitales; iluminación constante u oscuridad permanente; calor o frío extremos; alimentación forzada con heces y vómito; y amenazas de muerte y de violación a las víctimas y a sus familiares.”

Señalan, asimismo, la existencia de una red de “trabajadores acreditados” en todo el país, pertenecientes a menudo a colectivos, que participaban en las operaciones de la DGCIM. Trabajaban ad honorem, “pero podían acceder a otros beneficios, como una acreditación oficial de la DGCIM y acceso al dinero y a los bienes que se le podían sustraer a las personas detenidas”. Se refieren casos de detención de civiles para extorsionarlos y confiscar sus bienes, especialmente cuando suponen una ventaja estratégica para el Gobierno. Un exempleado de la DGCIM explicó que muchos de sus funcionarios dependen de los activos incautados ilegalmente a las personas detenidas como principal fuente de ingresos. Su salario formal habitual oscila entre 10 y 40 dólares. Por tanto, las consideraciones económicas juegan un papel importante a la hora de elegir a los opositores políticos a detener.

Según exfuncionarios de la DGICM, agentes cubanos habrían entrenado, asesorado y participado en labores de inteligencia y contrainteligencia. Un Memorando de Entendimiento firmado en 2008 por los Gobiernos de Cuba y Venezuela encomendaba al Ministerio de Defensa cubano supervisar “la reestructuración de los servicios de inteligencia militar venezolanos, incluso mediante la creación de nuevos órganos”, para “descubrir y enfrentar los esfuerzos subversivos y de inteligencia en nombre del enemigo, así como la actividad criminal” Agentes cubanos habrían contribuido “en el desarrollo de las técnicas de interrogatorio y los métodos de vigilancia en la DGCIM, así como en las estructuras y los objetivos de las Direcciones”. Funcionarios de la DGCIM viajaban a Cuba para recibir formación.

Fuentes calificadas indicaron a la Misión que Iván Hernández Dala, director de la DGCIM, le llevaba a Maduro “informes de investigación preparados … para su aprobación”. Éste le daba órdenes directas, “en persona o por teléfono, nunca por escrito.” Cuando se trataba de objetivos políticos, Maduro podía aprobar y ordenar “la detención de opositores reales y percibidos del Gobierno”, a veces consultando a su círculo íntimo. Según los testimonios, también habrían ordenado detenciones, Cilia Flores, Diosdado Cabello y Tareck Zaidan El Aissami Maddah. Además de Hernández Dala, los esbirros que más figuran en las labores de represión y tortura realizadas en la DGCIM, como en la apropiación ilegal (robo) de dinero y bienes de los detenidos, son: Alexander Granko Arteaga, Rafael Antonio Franko Quintero y Hannover Esteban Guerrero Mijares. Todos militares de alto rango, sujetos a sanciones internacionales por su participación en hechos violatorios de los derechos humanos. La Misión encontró “motivos razonables” para señalarle a cada uno responsabilidad penal en los hechos mencionados.

Este tercer informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela recoge información detallada, muy bien fundamentada, de la violación deliberada por parte de los órganos de inteligencia del Estado de los derechos básicos de muchos venezolanos por razones políticas, entre ellos a muchos militares. Señala la responsabilidad directa de los más altos niveles de mando. La saña y crueldad desplegadas en sus acciones revelan un desprecio a la población, propia a la de un ejército de ocupación hostil. A esto ha quedado reducida la FAN por quienes hoy la controlan, traicionando a la patria y a sus juramentos constitucionales.

Al comienzo de la llamada “revolución bolivariana”, es posible que, embriagados por la retórica patriotera de Chávez, algunos militares creyesen efectivamente que formaban parte de una gesta redentora inspirada en el Libertador, que afianzaría el papel de Venezuela y de los venezolanos en el mundo. Empero, no tardaron los más inescrupulosos en darse cuenta de que, al amparo de las diatribas antiimperialistas de su comandante, se derribaban las instituciones que resguardaban los derechos ciudadanos y el manejo probo de los recursos públicos, abriéndoles oportunidades inusitadas de enriquecerse con impunidad, a cambio de su lealtad. Con la anuencia de la “revolución” y bajo asesoría castrista, procedieron a corromper a los más vulnerables dentro de la FAN, forjando, así, una fuerza pretoriana chavo-madurista, sustento principal --dada su complicidad-- del régimen de expoliación en que terminó la “revolución”. Para ello fue necesario una purga interna, apartando a los componentes institucionales, los más honestos, de la FAN y, eventualmente, sometiéndolos --junto a luchadores civiles por la libertad y la democracia-- con acciones represivas, en las que no faltaban las torturas brutales.

Así como la opinión pública del mundo democrático clama por encausar a los culpables de los crímenes cometidos por las fuerzas rusas de ocupación en Ucrania, este informe, junto a muchos otros, debe resultar en acciones concertadas para acabar definitivamente con el nefasto aparato de la DGCIM montado por Maduro, Padrino y sus cómplices, para defender sus privilegios. Su ejército de ocupación.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

Los procesos migratorios han tenido lugar a lo largo de toda la historia de los seres humanos, al punto que hay quienes señalan que se iniciaron con la expulsión de Adán y Eva del Paraíso Terrenal, tras el incidente de la manzana prohibida. Su dimensión, así como las formas en las que hoy en día están ocurriendo, los han convertido en un factor esencial en la descripción de nuestro planeta.

Alrededor de 300 millones de personas viven en un país diferente de aquel en que nacieron y muchas más lo siguen haciendo transitando rutas rodeadas por riesgos y dificultades casi imposibles de imaginar. Se van a otro lugar, más bien huyen, cobijadas por la idea de que en cualquier otra parte se encontrarán mejor. Hace poco me tope con un Twitter del escritor Martín Caparros, que señalaba, sin que se le pueda tildar de exagerado, que “…en estos días, la migración aparece como la primera o segunda respuesta a los problemas: una opción tentadora para sobreponerse a la desgracia. O, peor: la única opción que se les ocurre para sobreponerse a la desgracia".

Sobra indicar que de acuerdo a varias investigaciones, una porción relevante de la población venezolana – próxima a los seis millones de personas, provenientes en su mayoría de los sectores más vulnerables-, también hace parte de las estadísticas que desentrañan una tragedia que en el discurso gubernamental pareciera no ocurrir o que, en todo caso, nada tiene que ver con la gestión Nicolás Maduro. Los informes a la mano apuntan que se ha transformado por completo la demografía nacional y coinciden en definir la situación como una de las más espinosas en la historia de América Latina, comparable con lo que ha sucedido (y sucede) en escenarios de guerra en otros continentes.

Migrantes a las puertas de la casa de Kamala Harris

Se advierte, así pues, que los flujos migratorios irregulares representan una de las amenazas más graves y complejas del siglo XXI, corolario de la precariedad que envuelve la vida de amplios sectores de la población, en medio de una creciente desigualdad, fruto de un proceso de desarrollo económico, cuyo guion pareciera pautar el ensanchamiento de la brecha entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen poco. En efecto, la mitad más pobre de los habitantes de la tierra apenas posee el 2% del total de la riqueza, mientras que el 10% más rico dispone del 76%, hecho que se replica, en medio de sus lógicas disparidades, al interior de las naciones, incluyendo, dicho sea de paso, unas cuantas que se catalogan de “izquierda”, cosa que no digo sólo por China.

Por otro lado, habría que añadir un factor que oscurece aún más el horizonte. Se trata de eventos políticos (conflictos armados, golpes de Estado), de persecuciones étnicas y religiosas, así como de otras patologías sociales que se traducen en el odio y el desprecio a los migrantes, percibidos como distintos y convertidos en una amenaza para la identidad colectiva de las sociedades receptoras.

Igualmente se han incrementado las migraciones impulsadas por actores estatales que se valen de la desgracia humana con fines políticos, bien sea abriendo sus fronteras para desestabilizar a otro país, expulsando determinados grupos a sitios específicos o fomentando la ida hacia determinados territorios y perturbar su estabilidad.

En una tónica semejante cabe referir la noticia de que los gobernadores republicanos de los estados del sur de Estados Unidos despacharo hace pocos días a varios grupos de inmigrantes indocumentados hacia algunas ciudades regidas por el Partido Demócrata, incluyendo un centenar - entre ellos muchos venezolanos, fotografiados con su morral a cuestas -, que llegaron en autobús a las puertas de la residencia de la Vice-Presidenta Kamala Harris, tenida como la responsable de política migratoria de Joe Biden. El argumento que sustenta tales iniciativas descansa en la idea de que son los demócratas quienes deben asumir buena parte de la carga económica y política que se desprenden de las normas que han dispuesto en materia de fronteras.

Por si fuera poco lo anterior, también hay que mencionar las catástrofes ambientales, convertidas actualmente en la principal causa de los desplazamientos, al provocar sequías, huracanes e inundaciones, que llevan a la expulsión de sus tierras a millones de personas, señaladas como «refugiados climáticos» o, más ampliamente, «refugiados ambientales», que, por cierto, son ignoradas en el Pacto Mundial sobre Migración, el cual habla del migrante económico (que se desplaza «libremente») y del refugiado político (que huye «forzosamente»), pero no reconoce la figura del refugiado que se fuga del cambio climático.

La vida no es portátil

La migración nunca es cosa fácil, desde luego. La vida de los que se van no cabe en un morral, junto a algunas prendas de vestir, alguito para comer, tal vez un juguete o una golosina para el niñito que forma parte de la travesía y, si acaso, unos poquitos dólares.

No hay, así pues, espacio para los familiares, los amigos, el paisaje, los olores, el lenguaje con sus modismos, las costumbres, en fin. No se dispone, así pues, de un sitio para las cosas que han ido grabando la vida de cada quien, reflejo de una manera de pensar y de sentir colectiva que ha acompañado a los viajeros en su lugar de origen.

En suma, la vida no es portátil, conforme a la definición que da el diccionario: algo fácil de mover y transportar de un lugar a otro por ser manejable y de pequeño tamaño.

Un planeta agrietado

En síntesis, el siglo XXI es el escenario de una ola migratoria que impacta al mundo entero, creando nuevas contradicciones y conflictos y obligando a repensar las nociones de soberanía y ciudadanía, a crear nuevas formas de identidad, a concebir otro esquema institucional con el fin de reglamentar las relaciones internacionales y hacer más efectiva la gobernabilidad del planeta, muy venida a menos, tanto que la ONU se ha convertido progresivamente en una suerte de “jarrón chino”, dicho sea con todo respeto ( y mejor no conversemos de la calidad del liderazgo que nos ha tocado padecer).

Todo lo anterior muestra, junto a otros ingredientes, los serios aprietos por los que atraviesan los seres humanos por su manera de entender la vida, de colocarse frente a ella y de transitarla, conforme a un modelo que hace agua por muchos flancos.

Concuerdo con Zygmunt Bauman, el filósofo polaco, cuando escribe que la división de los humanos entre “nosotros” y “ellos” ha sido un rasgo inseparable del modo humano de ubicarse en el mundo durante toda la historia de la especie y que, dados los vientos que soplan en estos tiempos, hay que ampliar el concepto del «nosotros» bajo el marco de la cohabitación, la cooperación y la solidaridad humanas hasta abarcar el conjunto de la humanidad. Dicho de otra manera, se trata de asumirnos como una comunidad global y aprender a convivir a partir de nuestras diferencias.

Como bien dice Fernando Savater, el asunto no es, entonces, hacer una humanidad más productiva, sino producir más humanidad.

El Nacional, miércoles 28 de septiembre de 2022

Una nota del lunes pasado provoco algunas reacciones en los grupos a las que normalmente las envío. Me ha parecido que, en lugar de responder individualmente a los amigos que tuvieron la deferencia de tomarla como referencia para abrir o continuar un interesante debate, trataré de escribir otra para cumplir tal cometido.

Aquí va entonces la respuesta a los amigos:

Primero, “noblesse oblige”: gracias a quienes generosamente se expresaron de acuerdo con las ideas allí expuestas e hicieron comentarios favorables, pero sin duda, lo que más sentido tiene es continuar el debate con aquellos que plantearon objeciones y/o propuestas diferentes.

Veamos: Si entendí bien un grupo de estos amigos plantean que las primarias no son un buen método de escogencia de un eventual abanderado de las fuerzas democráticas porque de allí podría salir un candidato al que (por sus características) Maduro y la FAN no entregaría el poder. Que la mejor manera de conseguir el candidato potable a Maduro es mediante un consenso que logre dar con el perfil deseado. En apoyo a esta tesis han traído como ejemplo (al menos, así lo hizo el apreciado amigo Pedro Benítez) los de Patricio Aylwin y Violeta Chamorro. Dos personas a quienes Pinochet y Ortega aceptaron entregar el bastón de mando.

Pues bien, admitamos que se trata de una tesis con fundamento; al menos se trata de una propuesta concreta que merece ser analizada.

Veamos:

1. En los casos de Chile y Nicaragua es obvio que hubo un consenso, pero ambos consensos se dieron en un marco geopolítico y de realidades internas bien particulares: en Chile Pinochet había perdido un plebiscito y las fuerzas opositoras habían acordado un pacto para las elecciones que, virtualmente, garantizaba tener un candidato unitario. Es cierto que el PS, que podría haber reclamado para si la candidatura, tuvo la clarividencia de no ponerse creativo o testarudo y apoyaron a Aylwin. Allí, Pinochet decidió no ser candidato y la escogencia de Buchi, un joven tecnócrata, sin experiencia ni chance alguno, es una muestra de que su fuelle electoral estaba agotado. Además, las Fuerzas Armadas Chilenas fueron reticentes a desconocer los resultados del plebiscito y con ello ya indicaban que no se sumarian ninguna aventura contra la voluntad popular. En Nicaragua, Ortega fue, prácticamente, obligado a convocar unas elecciones en una suerte de celada de presidentes centro americanos en la cumbre de Esquipulas. El entorno geopolítico y la presión militar de la “contra”, auspiciada por un conocido de la política nacional como Elliot Abraams, ayudaron a esta aceptación de elecciones con cierto grado de transparencia. Violeta Chamorro fue la candidata de la Unión Nacional Opositora. Es obvio que, en ambos casos, hubo un consenso alrededor de los nombres y no se necesitaron primarias o ningún otro “método” porque las fuerzas políticas y sociales involucradas no lo consideraron necesario, entre otras cosas, porque no había otros claros contendientes.

2. En las dos realidades, lo que verdaderamente hay que poner de relieve es que la capacidad de negociación y la inteligencia para hacerlo vino sobre todo después y no antes de la victoria. En Nicaragua, “la contra” acepto desarmarse y Violeta Chamorro aceptó dejar al hermano de Daniel Ortega al frente del Ejército Sandinista. En Chile, Pinochet quedo en el control de la Fuerzas Armadas y con representación parlamentaria de gratis. Eso fue una negociación para cobrar una victoria y demostró, como dijimos, madurez e inteligencia de los actores. Valdría la pena que, en ese espejo, se miraran nuestros candidatos, porque no es descartable que algo parecido tenga eventualmente que hacerse en Venezuela. Obviamente, primero hay que ganar y cobrar.

3. Ahora bien, supongamos por un momento, que nos acordamos y deberíamos lograr un candidato semejante a Aylwin o Chamorro. Un candidato al que “teóricamente” Maduro si aceptaría imponerle la banda presidencial en una eventual sesión de la Asamblea Nacional. Quedaría aun por saber cómo llegamos allí. ¿Como hacemos si se presentan varios “potables” y si cada quien, con toda legitimidad, asume que el “suyo” es el mejor? ¿Qué método utilizamos? Obviamente que no sería formar una delegación ir a preguntarle a Maduro cual es el que le disgusta menos.

4. Si no hay acuerdos sobre ese tema ¿No es lo preferible acudir al juez popular, a la voz de los ciudadanos para que nos digan que es lo que les parece mejor? ¿No son unas primarias una manera de movilizar con mayores perspectivas a ese 80% de los venezolanos que responsabilizan a Maduro de la tragedia nacional? ¿Tendrá un candidato escogido por un cenáculo (por más respetable que sea) el aliento popular necesario? ¿Resistirá la crítica de que se trata de un candidato que será “tolerado” por nuestro adversario? Las campañas son momentos para agitar, movilizar, entusiasmar. ¿Por qué renunciamos de una vez a ello? ¿No habría más presión social nacional e internacional con una opción legitimadas por un acto popular? ¿No serian unas primarias una manera de acercarse a las grandes mayorías de venezolanos que padecen la crisis y que esperan por lideres y por salidas?

5. Por supuesto que, si las primarias se realizan con el “plomo en el ala” de una “deslegitimación” argumental de una parte de la oposición de buena fe, a la que se sumaría, la de los agentes del chavismo, las primarias no serían lo que deberían ser. Por ello es que un debate sereno, sin exclusiones, sin iconoclastas de ningún lado, es una necesidad esencial. Seria triste que, por razones fútiles o innobles, colaboremos con Maduro en desprestigiar los mecanismos que tenemos para lograr opciones unitarias y fuertes.

Si en este momento hay un consenso ineludible, no es precisamente el de conseguir un candidato, sino uno que exprese el “acuerdo para un acuerdo”.

Convendría, al final de esta nota, recordar el llamado desesperado de Benjamín Franklin: “O actuamos juntos o nos cuelgan por separado”

En marzo del 2019 el gobierno interino de Juan Guaidó tomó posesión de la empresa del Estado venezolano Monómeros Colombo-Venezolanos, ubicada en Barranquilla. Cuatro meses después, se inició la injerencia indebida de algunos militantes de Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Acción Democrática(G4) en el manejo de la empresa. A partir de enero 2020, hubo cambios en la directiva ad hoc de Pequiven (PQV) y en Monómeros y empezaron los rumores de irregularidades. El 22 de septiembre 2022, Tarek El Aissami, ministro de Energía y Petróleo de Venezuela, anunció que la fiscalía venezolana había solicitado orden de captura a Interpol en contra de 23 venezolanos por “usurpación de funciones, delinquir y legitimación de capitales”. Aquí aportamos alguna información para conocimiento de los ciudadanos.

1. Monómeros es filial de Pequiven, por lo que el gobierno de Guaidó tuvo que designar una directiva ad hoc de PQV, para que esta nombrara la directiva de Monómeros. Sin embargo, la Asamblea Nacional fue la que designó la directiva de PQV ad hoc, en la cual había dos exdirectores del Pequiven meritocrático con amplia experiencia en el negocio, y también se extralimitó al nombrar la directiva de Monómeros e incluso a parte de la gerencia de la empresa, lo cual es incorrecto. Al respecto, el exprocurador del gobierno interino, José Ignacio Hernández, en artículo publicado en la revista Derecho Público dice que: La gobernanza de Monómeros fue controlada por la Asamblea Nacional, en violación de la Constitución y del Estatuto de Transición.

2-Como es usual en el régimen de Maduro, todo funcionario designado por Guaidó es acusado de usurpación de funciones. Por ello incluyeron, a los directores de PQV ad hoc, Enrique Torres y Rogelio Lozada, entre otros. Estos no tenían ninguna injerencia en las operaciones de Monómeros, por lo que acusarlos también de delinquir y de legitimación de capitales es una arbitrariedad aún mayor y una estupidez.

3-En la primera directiva de Monómeros fueron designados Jon Bilbao, José Alberto D’ Antonio, Gustavo Delfino, Jorge Antonio Yánez y Freddy Goerke, entre otros.

4-Apenas cuatro meses después de los nombramientos mencionados, algunos militantes del llamado G4 incurrieron en actos indebidos de injerencia en el manejo de la empresa. Con ello se iniciaron las remociones de los profesionales citados. En agosto de 2019 salieron unos y los últimos en enero de 2020. En PQV ad hoc sustituyeron a Enrique Torres sin siquiera una llamada. Torres le envió una carta a J. Guaido reclamándole la falta de seriedad, carta que nunca le fue contestada. Poco después, también sustituyeron a Rogelio Lozada.

5-En el 2019 se lograron los siguientes resultados: a) Que se levantaran las sanciones de la Oficina de los Estados Unidos de Control de Activos Extranjeros ( OFAC, Office of Foreign Assets Control); b) Elevar la producción que estaba en solo el 50 por ciento de la capacidad de la empresa a un 95 por ciento; c) Aumentar la participación en el mercado colombiano de fertilizantes del 35 al 37 por ciento; d) La utilidad neta fue de cinco millones de dólares, en comparación con una pérdida de diez millones de dólares del año anterior cuando la empresa la manejaba el gobierno de Maduro; e) Se eliminaron contratos con aviones que representaban una gran pérdida y se mejoró el ambiente laboral en la empresa.

6- En la lista suministrada por El Aissami extrañamente figuran Mayra Olivares y Mireya Ripanti quienes, según información, no habían aceptado las designaciones del gobierno interino. Por otra parte, es muy difícil que Interpol acepte la orden de captura supuestamente hecha por El Aissami, porque evidentemente es un caso político. También hay que recordar que el gobierno estadounidense ofrece diez millones de dólares a quien colabore en la captura de Tarek El Aissami, a quien señala de colaboración con el narcotráfico y con el grupo terrorista Hezbollah.

7-Cabe preguntar por qué ahora, después de dos años y ocho meses de que los mencionados dejaron sus cargos, es que el régimen saca a relucir esa lista. Sin duda, pretenden desviar la atención del Informe de violaciones de derechos humanos elaborado por la Misión Independiente de Determinación de Hechos nombrada por la ONU.

Los nombrados merecen respeto. Son profesionales honestos que tuvieron una excelente trayectoria en la Pdvsa meritocrática. Los no citados es porque estuvieron mayor tiempo en Monómeros y por no conocer cómo se manejó la empresa en ese segundo período. De ninguna manera implica señalamientos, sino que la fiscalía colombiana debe investigar los hechos y los tribunales sentenciar si hubo o no casos de corrupción y tráficos de influencia. Según ha declarado Humberto Calderón Berti, quien estuvo cerca de los acontecimientos por ser el embajador del presidente Guaidó en Colombia, en la lista presentada por El Aissami “no son todos los que están, ni están todos los que son”.

Ante el atropello cometido por El Aissami en contra de personas honorables, el presidente Guaidó, la Asamblea Nacional legítima y todos los demócratas debemos elevar nuestra protesta y hacer del conocimiento de los países y de Interpol, que la acusación es por motivos políticos. Cuando se restablezca el estado de derecho, los mencionados podrían demandar al Estado venezolano y a El Aissami.

Como (había) en botica:

Hace 19 años, en horas de la madrugada, se produjo la cobarde agresión de efectivos del Destacamento 44 de la Guardia Nacional en contra de niños, abuelos y demás residentes del campo petrolero de Los Semerucos. En artículos y libros hemos mencionado los nombres de los culpables,

¡ Prohibido olvidar! Los ciudadanos de un país tienen que recordar a sus héroes civiles. Uno de ellos fue el doctor Rafael Gallegos Ortiz, destacado intelectual y hombre de acción que luchó por la democracia. Su hijo, nuestro compañero Rafael, nos recordó en recientes artículos su vida y obra.

El asesinato de la joven Masha Amini por la Policía Inmoral iraní debe ser repudiado por todos; Cilia y Delcy y otros guardan silencio cómplice.

Pedro Pablo Aguilar fue un gran venezolano.

Lamentamos la partida de Franklin Barinas, de Gente del Petróleo y Unapetrol. ¡

No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

eddiearamirez@hormail.com

27/09/22

Información obtenida por el Sistema de Información Regional (SIR) de la Red Agroalimentaria de Venezuela durante el mes de agosto 2022, comparándola con la de marxo de este mismo año y octubre 2021.

Percepción de los cambios en la situación socio económica

• En las condiciones del empleo no hay cambios significativos.
• El problema socio económico más sentido sigue siendo la falta de ingresos.
• La percepción de cómo va a ser la situación en 2022, regresa al pesimismo con mucha fuerza.

Cambios en el comercio y la banca

• El número de aperturas de comercios nuevos ha aumentado.
• El cierre de establecimientos comerciales sigue disminuyendo al igual que lo hace el el número de sucursales bancarias.

Servicios públicos y movilización

• La crisis de los servicios públicos continua. El suministro de agua, la telefonía fija, el transporte y las dificultades para la movilización han empeorado.

Abastecimiento de combustibles

• El abastecimiento de gasolina ha disminuido y el precio del litro de gasolina en el mercado informal se mantiene alrededor de 1 US$ el litro.
• El abastecimiento de gasoil fue también crítico.
• Las Fuerza Armadas continúan controlando mayoritariamente el abastecimiento de combustibles.

Situación de la educación y la niñez

• Las escuelas y comedores asociados a ellas siguen siendo consideradas en mal estado.
• La presencia de niños abandonados ha disminuido.

Apoyo al ingreso

• Los bonos del gobierno siguen llegando a la población beneficiada con una regularidad inferior a los 30 días.
• El monto de los bonos sigue aumentando, aunque la tasa de incremento se desacelera.
• Las remesas económicas desde el exterior aumentaron.

Migración

• Le emigración se mantuvo estable mientras que los retornos al país aumentaron significativamente.

Conflictividad y relación con los poderes públicos

• Las protestas se incrementaron significativamente.
• Los motivos de las protestas cambiaron: disminuyeron drásticamente por agua y gas de uso doméstico, mientras aumentaron por combustibles automotores, electricidad y sobre todo abrumadoramente, por incumplimiento de condiciones laborales en el sector público y las cajas de alimentos que reparte el gobierno (CLAP).
• Las protestas fueron más difundidas públicamente, fundamentalmente por las redes sociales y las emisoras de radio locales.

Seguridad personal, violencia y delincuencia

• La delincuencia y la seguridad personal mantienen su nivel.
• El tipo de delito tiene pocas variaciones.
• Se mantiene la percepción negativa sobre los cuerpos de seguridad.

Información y problemas comunicacionales

• Los medios mediante los cuales se informa preponderantemente la población siguen siendo las redes sociales y la radio, y bastante alejada, aunque en aumento, la televisión.
• Los niveles de información de la población se mantienen estables.

Formas de pago de los alimentos

• Los alimentos se pagan preponderantemente en efectivo (Bs. o moneda extranjera) y tarjetas de débito, aumentando significativamente el pago móvil telefónico.
• Se nota un aumento en el pago con efectivo, disminuyendo el uso de monedas extranjeras.

Lugares de compra de los alimentos

• La mayoría compra en el poblado donde vive, aunque aumenta el nivel de los que lo hacen también fuera de el.
• El tipo de establecimiento de compra más frecuente son los Abastos o Supermercados, mucho menos en Bodegas cercanas a la residencia y muy poco en el comercio informal de calle.

Escasez, acceso y frecuencia de compra

• Los reportes de escasez general de alimentos son muy bajos, mientras que también en un bajo porcentaje lo hacen específicamente en relación a carne, lácteos y harina de trigo.
• La falta de ingresos económicos es la razón que dificulta el acceso a los alimentos.
• Bajan notablemente las dificultades de transporte y el tiempo requerido para comprar los alimentos, mientras aumenta la tendencia a la compra diaria de los mismos.

Cajas o Bolsas CLAP

• La frecuencia de entrega ha mejorado.
• La queja más frecuente es sobre la cantidad y calidad de los alimentos que contienen.

Consumo de alimentos

• Las frutas más consumidas son abrumadoramente los plátanos y cambures, seguidos muy de lejos por los aguacates, mangos y lechosa.
• Las hortalizas más compradas son el tomate y la cebolla, a las que siguen distantes el pimentón y la zanahoria.
• Las fuentes de proteína animal más consumidas son la carne bovina y la de pollo, a las que siguen muy rezagados los embutidos y los huevos.

Información ampliada puede verse en el archivo adjunto.

Los gobernadores y alcaldes de todo el país decidieron en forma conjunta, convocar a sus directores regionales y municipales de deportes para analizar los alcances del Comunicado Oficial del Instituto Nacional de Deporte, de fecha 09-09-2022, sobre el Registro Nacional del Deporte. Llama la atención a los mandatarios de los estados y alcaldías, el tono y contenido del comunicado que se resume en una serie de amenazas contra ellos, sin ningún tipo de justificación que respalde ese grosero documento.

La presidente del IND, firmante de ese oficio, señala uno de los gobernadores, parece que ese día se levantó por el lado equivocado de la cama o no leyó, o no supo interpretar el contenido del documento. Ya que, luego de un cordial saludo, pasa a impedir a los entes deportivos de gobernaciones y a los municipales que cumplan con su obligación de disponer de toda su voluntad para poner en práctica la validez y eficiencia de sus respectivos Registros Auxiliares, con el agravante de ser sancionados por su desobediencia, ante las autoridades penales y administrativas.

Tiene toda la razón, dijo uno de los alcaldes. La señora, presidente del IND desconoce o se hace la loca, al pasar por alto la existencia de la Providencia Administrativa No 009/2020, de fecha 5 de agosto de 2020 y publicada en la Gaceta Oficial No 41.960 de fecha 8 de septiembre de 2020, la cual resuelve:

PRIMERO: Autorizar el funcionamiento de los Registros Auxiliares del Registro Nacional del Deporte, Actividad Física y Educación Física en los Municipios que conforman el territorio de la República de Venezuela, para que ejerzan la facultad de inscribir en el portal electrónico del Registro Nacional del Deporte, Actividad Física y Educación Física, a las organizaciones sociales promotoras del deporte establecidas en los artículos 34 numeral 2 y 42 de la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física, cumpliendo con contemplado en los artículos 14, 15, 16 y 17 del Reglamento Parcial No 1 de la Ley del Deporte, Actividad Física y Educación Física. Igualmente, se autoriza la inscripción de las ligas deportivas no profesionales municipales y comunales de su circunscripción.

Y luego viene con su cara muy lavada a señalar que, “NO EXISTE NINGUNA PERSONA AUTORIZADA POR ESTA INSTITUCIÓN” para emitir Registro, Certificación, Aval o Constancia, que demuestre o determine la existencia o actualización de alguna Entidad Deportiva (Clubes, escuelas, Fundaciones, Asociaciones, Federaciones etc.) a nivel Nacional, Regional o Municipal. Me voy a permitir recordarle a esa funcionaria, que no sabe dónde está parada, que la materia referida al registro ha sido expresamente resuelta por el Directorio del Instituto Nacional de Deportes en el año 2020 y sólo podría ser revocado o modificado por la misma autoridad que decidió.

Uno de los abogados de una de las Direcciones Regionales de Deporte, intervino para expresar que la falta de operatividad del Registro Nacional del Deporte, no es una responsabilidad atribuible a los administrados, por cuanto la mayoría hemos cumplido con los requerimientos legales pertinentes para exigir nuestra vigencia, mucho menos endosada a las autoridades deportivas oficiales, estadales o municipales, por cuanto, su descentralización ha generado su propia autonomía, sin que está se entienda como absoluta, por cuanto de igual manera deberán someterse a los lineamientos establecidos en las leyes y a los actos administrativos emanados de sus respectivos jerárquicos superiores.

Dichos actos jamás podrán contradecir, como en el presente caso, las Leyes Regionales de Deporte y Actividades Físicas promulgadas en varios estados basadas en el principio de descentralización deportiva reglada por mandato de la Ley Orgánica de Deporte, la cual le confiere facultades y competencias a los Institutos Regionales de Deporte y Actividad Física, para organizar y llevar el registro principal estadal (auxiliar) del deporte y la actividad física, conjuntamente con los órganos y entes de sus municipios y parroquias.

El Registro Oficial Nacional es de exclusiva responsabilidad del Instituto Nacional de Deportes y no de los Institutos Autónomos del Deporte Regional y Municipal, a quienes ajustados a derecho, se les ha otorgado bajo legítimo acto administrativo, la descentralización deportiva y la obligación de llevar a cabo el Registro Auxiliar del Deporte.

Otro abogado de la región capital, opina que la presidente del IND, al manifestar pública y oficialmente en el mencionado comunicado, que no existe autorización para emitir ningún tipo de credencial de legalidad a las Organizaciones Promotoras del Deporte, por estar inoperativo el Registro Nacional del Deporte, Actividad Física y Educación Física, contradice el orden público, por cuanto se da fe pública de que no existe en el país una legítima entidad deportiva ni tampoco sus respectivas autoridades dirigenciales.

Sí el Registro Oficial Nacional del Deporte está inoperativo desde hace más de 5 años y esa ha sido la única causal de emisión del comunicado en cuestión, nos lleva a pensar que estamos en presencia de un deporte sin ley y en consecuencia, me pregunto ¿gozan de legalidad las Federaciones Deportivas y el Comité Olímpico Venezolano? ya que estas organizaciones fueron electas por entidades que, según la presidente del IND, no tienen Registro y las Providencias Administrativas que poseen fueron otorgadas ilegalmente.

¿Cómo quedan los procesos electorales ordenados por el Tribunal Supremo de Justicia, si las entidades participantes carecen de registro? y por último, es de señalar que al no reunirse el Directorio del IND, ese comunicado de la presidente del IND es nulo de toda nulidad.

En conclusión, todos los organismos deportivos regionales y municipales coinciden en que, la falta de acción oportuna por parte del Instituto Nacional de Deportes, para corregir oportunamente la inoperatividad del Registro Nacional del Deporte, Actividad Física y Educación Física durante más de cinco años, se ha tornado en una atrofia constante en la organización deportiva nacional que afecta gravemente el adecuado Servicio Público Deportivo, que se ha delegado en las Instituciones Municipales, Estadales y las propias Organizaciones Promotoras del Deporte. Pretender corregirlo con un comunicado de clara expresión absolutista, cargado de ilegales y arbitrarias amenazas, no es más que una expresión autocrática destinada a la intervención y eliminación de la autonomía del sector deportivo federado y a la eliminación definitiva de la actividad deportiva descentralizada.

Parece absurdo que en medio de una nueva oleada de emigración, cada vez más precaria; además de todos los horrores que agravan la crisis humanitaria o diría existencial del país; se siga proclamando la esperanza en Venezuela.

Absurdo también parece que mientras la hegemonía despótica y depredadora continúa haciendo lo que le da la gana; sin que haya un contrapeso en la oposición política, sino todo lo contrario en variados ámbitos; se siga proclamando la esperanza en Venezuela.

No menos absurdo parece que al tiempo que se refuerza el enchufe y la aceptación interesada, como medio para el aprovechamiento patrimonial y político del continuismo despótico; se siga proclamando la esperanza en Venezuela.

Absurdo tiene que parecer que en una nación sojuzgada, despreciados los derechos humanos de su pueblo, y controlada por feudos imbricados con el mundo de lo ilícito; se siga proclamando la esperanza en Venezuela.

Y lo que parece más absurdo, es que cayendo el conjunto del país por un despeñadero, que aumenta el sufrimiento social, familiar y personal de la abrumadora mayoría de los venezolanos; se siga proclamando la esperanza en Venezuela.

Pues yo sigo proclamando esa esperanza, contra viento y marea, y a pesar del pesimismo que suscita cualquier vistazo a la dramática realidad de nuestra patria.

Los aspectos afirmativos de la historia nacional, y en especial del período democrático de la República Civil, son un fundamento de esa esperanza.

El inmenso potencial de Venezuela, en recursos de diversa índole, y sobre todo en capital humano, aun estando en el exterior, es otro fundamento de la esperanza.

Los activos del pueblo venezolano en cuanto a la solidaridad, el carácter abierto, y la capacidad de soportar las dificultades más dolorosas; superan sus pasivos que, siendo muchos y complejos, no tienen por qué ser inmutables, y menos en un contexto distinto que promueva los valores del trabajo y la constancia. He aquí un fundamento de la esperanza.

La esperanza, siempre, tiene un fundamento espiritual, no sólo para los creyentes sino para toda persona de buena fe. La esperanza nos ánima a esperar bienes futuros. Pero hay que poner todos los medios legítimos para ello.

No creo que eso se esté haciendo. Y debe hacerse con la convicción de que la esperanza en el cambio efectivo, y la fuerza que se deriva, no es un absurdo sino una necesidad vital.

Mail: flegana@gmail.com

Fernando Luis Egaña es Abogado-UCAB. Exministro de Información.