Tremenda molestia le causó a los obreros de Sidor, en el estado Bolívar, al escuchar el discurso de Maduro que con motivo del Primero de Mayo, era retransmitido en cadena nacional por todos los medios de comunicación:

“La solidaridad de clase ha sido uno de los elementos característicos en la acción del movimiento obrero internacional, y se ha erigido en base a la hermandad que los pueblos, históricamente, han demostrado en el combate en contra de la opresión social. El internacionalismo proletario, como actitud y principio revolucionario, se configuró a medida que la conciencia de clase del proletariado se desarrolló y le permitió entender el carácter transitorio del capitalismo -históricamente hablando- y el papel histórico que a aquel le corresponde cumplir para poner fin a este sistema capitalista explotador y construir la sociedad del futuro: el socialismo”.

Seguro, está leyendo una copia que le prepararon para este día, dijo uno de los obreros. No debe tardar en salirnos con una consigna revolucionaria.

Dicho y hecho, acto seguido, Maduro en su discurso plagiado señaló:

“La consigna, Proletarios del mundo, uníos, resume el carácter internacional de la lucha de la clase obrera para poner fin al capitalismo. La liberación social de los trabajadores no puede alcanzarse de manera definitiva si el régimen de explotación capitalista no es derrotado en su totalidad. Además, todo el poder es para los Consejos Obreros, Consejos Comunales y las Comunas y el garante de la revolución es y será La Dictadura del Proletariado ejercida y dirigida por mí”.

Siiii Luisss, fue la expresión generalizada de los obreros. Ya llevamos 22 años con ese cuento chino bolivariano y los trabajadores no le vemos el queso a la tostada. A esa teoría, supuestamente revolucionaria, se le ven las costuras en su aplicación práctica. Por ejemplo:

– En la cúpula del poder gubernamental no hay un solo obrero, no nos vengas con el cuento que fuiste chofer de autobús en el Metro, cuando todos sabemos que solo fuiste un reposero y por el contrario la mayoría de los allí presentes sean burócratas militares.

– En las empresas expropiadas a la burguesía el control no lo tienen los Consejos Obreros sino militares puestos a dedo o civiles enchufaos y todas han fracasado.

– Las cifras de desempleo siguen creciendo a paso de vencedores.

– Pretenden vendernos como revolucionaria la tesis neoliberal de la Tercerización del Empleo.

– La congelación de los Contratos Colectivos.

-Salarios de Hambre que no alcanzan para cubrir la Cesta Básica de Alimentos.

– Los “aumentos salariales” impuestos unilateralmente por el Presidente.

– El Paquetazo Rojito con traducción inmediata en la inflación.

– La política gubernamental de estimular, proteger y legitimar el paralelismo sindical.

– La criminalización de la protesta social de los trabajadores, a través de la iniciación de acciones judiciales contra los defensores de derechos laborales mediante la aplicación de los artículos 357 y 360 del Código Penal los cuales limitan la manifestación pacífica y el Derecho a la Huelga asociadas a reclamos laborales.

No pasemos por alto, dijo uno obrero metalmecánico, que en estos 22años de ”revolución socialista” uno de los sectores sociales que más viene sufriendo altos grados de represión en Venezuela es la clase trabajadora, la más castigada en todos los sentidos por la catástrofe económica y social que se arrastra el país por años.

Podemos decir, que hasta el momento la violencia contra el pueblo trabajador se ha ejecutado en dos niveles. Una represión que es masiva, y dirigida a los sectores sociales más pobres, en clave de criminalización de la pobreza, sobre todo con la utilización de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y antes vía la “Operación de Liberación del Pueblo” (OLP), sectores que reciben en su vida diaria el peso y las consecuencias nefastas del paquetazo de Maduro y los empresarios; pero golpeando también en las acciones de calle de los trabajadores, impidiéndoles incluso marchar por la vía pública como forma de protesta. Y otra represión más selectiva, que se eleva a niveles escandalosos por los grados de impunidad, implicando brutales ataques a la libertad sindical y a las libertades democráticas contra activistas obreros, dirigentes sindicales, que resisten y se encuentran, sobre todo, en el ámbito de las empresas del Estado.

Uno de los empleados de Sidor, dijo tajantemente que con el paralelismo sindical desarrollado por este régimen, se le dio paso a la creación de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad, Campo y Pesca (CBSTCCP) para justificar y dar paso a la instauración de los “Cuerpos Combatientes” y las “Cuadrillas de Paz”, que no es otra cosa más que convertir a trabajadores para que actúen en las empresas, casi literalmente, como “policías” del Estado. Se les conforma como destacamentos auxiliares de las FF.AA. dentro de los lugares de trabajo, para “garantizar la operatividad de la empresa ante cualquier circunstancia”, recibiendo entrenamiento de los militares y respondiendo a su estructura de mando. Convirtiendo a tales “milicias” en un componente más de las Fuerzas Armadas.

Compañeros, esa teoría revolucionaria del Siglo XXI, es pura paja, dijo con arrechera una de las obreras presentes. Con sus argumentos plagiados o mal copiados pretenden generar una cortina de humo para justificar los actos vandálicos y de corrupción de este régimen. Sobre los hombros de los trabajadores colocan todo el peso de una política de hambre, miseria y represión. Frente a ello, nuestra consigna debe ser “Proletarios de Venezuela fuñíos, la lucha continúa.

Han pasado unos cuantos años desde que Sergio Dahbar me ofreció la oportunidad de ser columnista en El Nacional. Siempre he escrito, antes en papel y ahora en modo digital, conforme al criterio que personalmente tengo sobre el asunto que he decido abordar.

No quiero desaprovechar estas líneas para mostrar mi solidaridad con el periódico y mi protesta ante la última sentencia emitida por las autoridades judiciales, en respuesta a la demanda planteada por un alto personero del oficialismo, demostración palmaria de que en Venezuela el Estado de Derecho semeja cada vez más un elenco de reglas diseñado y aplicado según la conveniencia de los que ejercen el poder.

Si se me permite un toque personal diré que El Nacional es un periódico que he leído regularmente desde los nueve o diez años de edad, al principio sólo en su sección deportiva, énfasis fútbol y un poco más tarde béisbol. Pero luego de cierto tiempo lo empecé a revisar completo y descubrí de a poquito que, como alguna vez dijo Thomas Mann, el responsable de esa obra maravillosa que es la Montaña Mágica, “… en nuestro tiempo el destino del hombre muestra sus significados en términos políticos…”. En sus páginas he ido encontrando, así pues, informaciones y opiniones que, compartidas o no, me han ayudado a descifrar el país que somos, en el que vivo, tarea esencial, sobre todo en estos últimos tiempos en los que se ha pretendido apretujarlo en un relato político simple y maniqueo, construido bajo el esquema del pensamiento sectario, que sataniza la discrepancia e ignora la realidad.

II

La mencionada decisión judicial debe entenderse como una acción más, dirigida a lesionar el tejido democrático y fortalecer el autoritarismo mediante un modelo político sustentado, en buena medida, en el control y censura de los medios de comunicación impresos, a la par que incrementa su dominio interviniendo los medios digitales. De paso, no se sabe a ciencia cierta cuál es el contenido del Proyecto de Ley sobre el Ciberespacio, pero en el actual contexto y viendo apenas por encimita las cosas, resulta prudente ejercer el derecho a la sospecha. El gobierno seguirá en su afán de ignorar y falsear la realidad, escondiéndola tras una épica mustia que se conforma con reiterar que todas las cosas son pensadas en beneficio de “nuestro pueblo” y en su defensa ante las “amenazas imperiales”, señalando, incluso, que vamos bien encaminados hacia la construcción de la Venezuela Potencia, pues para esos sirven las palabras, no importa si hay o no ladrillos.

El país continúa en su proceso de deterioro casi exponencial, sin exceptuar ninguno de sus espacios y permeado por la violencia en varios formatos, sin duda el problema más agobiante en la vida de sus habitantes. Cierto, nuestra sociedad ha incorporado el miedo a sus haberes de cada día, corriendo el riesgo de perder la capacidad de asombro y de indignación. El miedo es una fábrica para producir ciudadanos desconfiados, es la conmoción resultante de una evidente debilidad institucional, que sirve como pretexto para desempolvar la ley de la selva, la del sálvese quien ´pueda.

III.

En suma, la nuestra es una sociedad desacomodada, precaria en muchos sentidos, producto de una crisis política que pareciera eternizarse. Nuestra dirigencia no ha tenido ojos para ver ni oídos para escuchar cómo, en el subsuelo de la vida nacional, viene cobrando forma una gran queja colectiva que pareciera registrarse sólo en las encuestas y que, por ahora, es un reclamo envuelto en la indiferencia, copado por el día a día, en donde la tarea por la mera subsistencia no deja ver ni siquiera un poquito más allá.

Nuestra elite se encuentra distraída en su lucha por el poder. Que vaina, ¿no?

EL Nacional, jueves 29 de mayo 2021

En el reciente Congreso del Partido Comunista Cubano (PCC) Raúl Castro renunció y entregó el liderazgo del partido a Miguel Díaz-Canel y a una nueva generación de líderes. Deja como legado una sociedad agobiada por la inflación, el desabastecimiento y las colas. El nuevo liderazgo en el gobierno, ha obtenido logros precarios. Los jóvenes cubanos están impacientes y demandan resultados. Evidencia de ello es el protagonismo del Movimiento San Isidro.

Hasta ahora las sucesiones en el liderazgo cubano se han llevado a cabo en calma. Sin embargo, este no parece ser el caso del cambio que acaba de ocurrir en el reciente Congreso del Partido Comunista Cubano (PCC), celebrado entre el 16 y 19 de abril. En el mismo Raúl Castro le entregó el liderazgo del PCC a Miguel Díaz-Canel.

Después de media centuria al frente del régimen Fidel Castro delegó en su hermano el liderazgo del régimen y del PCC. Raúl Castro lanzó un conjunto de tímidas reformas bajo las cuales 600.000 miembros de la fuerza de trabajo pasaron a laborar en cooperativas independientes. Él permitió a los cubanos comprar casas y celulares. Bajo el gobierno de Barack Obama permitió el restablecimiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Él separó los roles del partido y del gobierno y estableció límites de tiempo. El Congreso del PCC completó esta racionalización. Los compañeros de generación de Raúl abandonaron el politburó, aunque su hijo y su yerno mantienen puestos de mucho poder en las Fuerzas Armadas. Estos cambios dejan a Díaz-Canel con las manos libres para rehacer la dirigencia del PCC.

Con la autoridad carismática de los hermanos Castro fuera del juego, el nuevo liderazgo será juzgado fundamentalmente por los resultados. El problema es que hasta ahora estos son muy pocos. El manejo de la pandemia ha sido efectiva, gracias a los avances en el área de salud. Pero la pandemia ha paralizado el turismo y golpeado una ya debilitada economía.

La apuesta de los Castro por el apoyo del régimen chavista fue “Pan pa hoy y hambre pa mañana”. El subsidio permitió prolongar la existencia del socialismo cubano a pesar de sus taras. Sin embargo, al final, la incompetencia del régimen venezolano se tradujo en una crisis que ha derivado en una declinación de la ayuda a Cuba. Esto, aunado al impacto de las sanciones de Estado Unidos bajo el gobierno de Donald Trump e ineficiencias de larga data, se han combinado para colapsar las importaciones y causar un desabastecimiento generalizado, lo que obliga al cubano promedio a desperdiciar buena parte de su tiempo en colas para abastecerse.

Esta situación impulsó a Díaz-Canel a reformular el sistema cambiario, unificando los tipos de cambios, lo que implicó una fuerte devaluación. Ello estaba diseñado para forzar a las empresas estatales a ser más eficientes y exportar más. Esto ha incentivado la inflación que se espera este año crezca hasta llegar a 500%, lo que podría contraer los salarios reales en un 15%, según estimaciones del economista cubano Pavel Vidal. Según éste solo hay dos vías: ajuste y reformas estructurales o estancamiento.

Hasta ahora el incipiente sector privado no llega más allá de una economía de subsistencia Muchos economistas esperan que el Congreso del PCC autorice el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas (PYMES). No ha habido tal fortuna. Raúl Castro en su discurso estableció que las reformas deben tener límites, pues podrían causar la destrucción del socialismo. Sin embargo, el economista Ricardo Torres de la Universidad de la Habana señala que el mensaje del Congreso fue que no podían detenerse las reformas. Torres piensa que las PYMES serán autorizadas progresivamente, comenzando con la producción de alimentos.

En una sociedad infantilizada por el paternalismo los cubanos más jóvenes digitalmente interconectados están impacientes. En los pasados meses hemos observado inusuales demostraciones de artistas y activistas demandando mayor libertad cultural. Estos grupos incluyen a ambientalistas, anti racistas, feministas y artistas, como los raperos creadores de la obra “Patria y Vida”, cuya letra refleja la decepción de los jóvenes con los precarios resultados de la revolución. Incluye también al Movimiento San Isidro que se ha convertido en una piedra en el zapato para régimen. Ellos son difíciles de descalificar como agentes del imperialismo, aunque Díaz-Canel ha tratado de hacerlo. El régimen está controlando esto mediante las tradicionales políticas represivas, de acuerdo con Rafael Rojas, un historiador cubano residenciado en México. El Congreso del PCC ha enviado una tímida señal de apertura sustituyendo al jefe de ideología por Rogelio Polanco una figura más flexible. Adicionalmente Díaz-Canel ha ofrecido conversar con los jóvenes e intelectuales aunque ellos quieren más que esto.

El férreo control del Estado policiaco cubano no está amenazado, en términos inmediatos. Pero la frustración está creciendo. Mucho más que antes la gente está diciendo que quieren emigrar, dice un joven profesor. Esto es un problema en un país cuya población está declinando. Cuando la generación post revolucionaria ascendió al poder en China y Vietnam, ellos lograron que la población sintiera los beneficios del crecimiento económico a través del capitalismo de estado. Díaz-Canel ignora esta lección a su cuenta y riesgo.

Nota: la mayor parte de este escrito está basado en una traducción libre del artículo: The Economist. 2021. After the mith, the grim facts. April 24.

Profesor UCV

Pese a que en ninguno de sus 350 artículos de la Constitución de 1999, prevé el llamado Poder Popular ni mucho menos menciona al Estado comunal, el Gobierno de Nicolás Maduro parece decidido a implantarlos, obviando que la mayoría de los venezolanos se opuso a estas figuras al rechazar el proyecto de reforma constitucional que el fallecido presidente Hugo Chávez impulsó en 2007.

Aunque supuestamente con este tipo de Estado se pretende promover la democracia participativa, es decir, una mayor inclusión de los ciudadanos en los asuntos públicos, en realidad es un modelo que aumentará el control social y el poder del Ejecutivo nacional sobre el ciudadano, especialmente los más vulnerables.

Tanto la normativa ya vigente en la materia desde hace varios años como la que está discutiendo el Gobierno en la actualidad exige que todas las organizaciones comunales estén constituidas con el propósito de alcanzar una sociedad socialista. Los demás poderes del Estado (a nivel nacional Legislativo, Judicial, Ciudadano, Electoral) están en teoría al servicio del Poder Popular y deben «gobernar obedeciéndole», pero en realidad la obediencia es debida al Ejecutivo nacional, pues el Poder Popular (o ciudadanos organizados en instancias comunales) dependen de este último. Los poderes territoriales, Municipal y Estadal prácticamente desaparecen, aunque estén contemplados en la Constitución. Se prevé, además, una justicia comunitaria, que depende del «sistema nacional de justicia de paz».

El Gobierno de Maduro, para dar continuidad a este proyecto de Estado y sociedad, ha realizado últimamente tres movimientos que demuestran sus intenciones de darles vida a estas cuestionadas figuras y profundizar aún más el proceso de desinstitucionalización y desmantelamiento del Estado que ya sufre el país desde hace varios años.

En este sentido, a principios de febrero de 2021 entregó los proyectos de Ley de las Ciudades Comunales y del Parlamento Comunal a la Asamblea Nacional oficialista. Ambas propuestas fueron aprobadas por el Legislativo en primera discusión el 11 de marzo y 13 de abril, respectivamente, y ahora están en la fase de consulta pública.

A estos dos proyectos debe sumarse la resolución 0026 del 1 de febrero de 2021 del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que contiene las Normas de Actuación de los Funcionarios Policiales y de Investigación Penal para Atención Temprana y Oportuna de Víctimas de la Violencia de Género, texto publicado en la Gaceta Oficial n.º 42.076 del 26 de febrero de 2021, instrumento que da a los consejos comunales la potestad de recibir denuncias sobre violencia de género en contra de las mujeres.

Primer movimiento: Ley de las Ciudades Comunales

El proyecto, compuesto por cincuenta y nueve artículos, una disposición transitoria y dos disposiciones finales, pretende normar una estructura organizativa inexistente en la Carta Magna: la ciudad comunal. En el artículo 4 se señala que la misma «es una instancia constituida por iniciativa popular, mediante la agregación de comunas en un ámbito territorial determinado a partir de las dinámicas funcionales y geohistóricas, con intereses y valores comunes (…) como expresión del Poder Popular».

Además, la ciudad comunal adopta una división político territorial distinta a la prevista en la Constitución, la cual se refiere a municipios y estados, para reemplazarlos por otros entes, entre ellos la comuna y las ciudades comunales, lo cual contraría el modelo de Estado federal descentralizado contenido en el texto fundamental de 1999. Ello configura un grave atentado a la autonomía municipal (artículos 16 y 168 de la Constitución) y estadal (artículo 159 constitucional), por cuanto se trata de una estructura superpuesta a los municipios y estados.

La estructura de la ciudad comunal, tal como está prevista en la propuesta legislativa, es absolutamente inconstitucional y contraría los valores democráticos porque refuerza el centralismo, vulnerando así, entre otros, el artículo 136 constitucional.

De hecho, señala que el Ejecutivo nacional ostenta el carácter de instancia rectora en la estructura y funcionamiento de la ciudad comunal (artículos 25 y 57), y es quien tiene la última palabra a la hora de decidir sobre transferencias de competencias y de recursos municipales, estadales e incluso nacionales (artículos 7 y 56).

En el mismo orden de ideas, la Ley de las Ciudades Comunales establece que grupos de ciudadanos organizados en consejos comunales podrán asumir la conducción de parte del territorio, y aunque se les prometen fondos, la transferencia de poderes desde la República, estados o municipios, y se les da autonomía para tomar sus decisiones, lo cierto es que al menos la última oferta es totalmente falsa, pues en efecto, los consejos comunales están supeditados a la aprobación del Gobierno nacional, quien los valida o no de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica de Consejos Comunales.

Asimismo, el proyecto de Ley de las Ciudades Comunales suplanta el sistema republicano del Estado venezolano, el cual está basado en la supremacía constitucional (artículo 7), en el principio de legalidad (artículo 137) y el reconocimiento y vigencia efectiva de los derechos humanos (artículos 2 y 19).

El texto concibe a la ciudad comunal como un pequeño Estado dentro del propio Estado. Cada ciudad debe tener su carta fundacional, su Parlamento, su consejo de Gobierno (integrado por siete voceros), su autoridad electoral, su consejo de contraloría comunal (que sería auxiliar de la Contraloría General de la República), su consejo moral y su procuraduría (artículo 14).

En este modelo de Estado comunal se «funcionaliza» la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, es decir, se suprime su autonomía de acción y se les subordina a objetivos políticos, económicos y sociales, determinados por el Poder Ejecutivo central y según una ideología única. Además, el ciudadano ahora se debe «autoprestar» los servicios públicos a través de las organizaciones comunales con los fondos del Estado y de la manera que este le indique y permita.

Sin duda, la ciudad comunal representa un grave retroceso y la desaparición de la forma de Estado federal en Venezuela que data de 1811, con el propósito no solo de eliminar a los municipios y entidades federales, sino también de intensificar la construcción de una forma de organización político social en la que el Ejecutivo nacional controla las comunidades y ejerce un dominio sin freno de otros poderes del Estado sobre ellas.

Lo anterior ha sido denunciado por Acceso a la Justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Segundo movimiento: Ley del Parlamento Comunal Nacional

La exposición de motivos de este proyecto confirma las intenciones del oficialismo de desmantelar la actual forma de Estado, pues señala que el texto es «una herramienta integradora y complementaria de las instancias del poder popular que, hasta ahora, se encuentran limitadas por la división político territorial de la nación».

A lo anterior hay que sumar que en el artículo 6 del texto se faculta al denominado Parlamento Comunal Nacional a:

«presentar ante los distintos niveles del poder legislativo propuestas de leyes nacionales relacionadas con el poder popular, proyectos de reforma de leyes relacionadas con el poder popular, leyes regionales, ordenanzas municipales y cualquier otro instrumento legal que permita dinamizar el avance hacia la construcción del Estado Comunal».

Aunque no le da potestad legislativa general, la instancia queda facultada de manera exclusiva y excluyente para realizar las propuestas legales sobre el tema del Estado comunal en el país, tanto en el ámbito nacional, como en el estadal y municipal, con la finalidad de facilitar la transición hacia la ejecución de esa organización estatal, invadiendo así las competencias de los estados y municipios.

Tercer movimiento: Normas de Actuación de los Funcionarios Policiales y de Investigación Penal para Atención Temprana y Oportuna de Víctimas de la Violencia de Género

La resolución del Ministerio de Relaciones Interiores que regula la actuación de los funcionarios policiales y de investigación penal para atender a las víctimas de la violencia de género también parece destinada a reforzar una institucionalidad paraconstitucional. Así, en el artículo 7, numeral 5 del texto se legitima a los consejos comunales y otras organizaciones sociales para recibir los casos de violencia de género y crear oficinas receptoras de esas denuncias.

Cabe destacar que el texto del citado artículo es una reproducción de la disposición contenida en el artículo 70, numeral 5 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada en 2007 por la AN dominada por el oficialismo.

No se puede olvidar que el instrumento señala en su artículo 18 a los consejos comunales como organizaciones sociales de base que promueven «planes, programas, proyectos y acciones de prevención y atención de la violencia de género», actividades que deben recibir financiamiento público.

Al respecto debe destacarse que los consejos comunales son instancias que dependen del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, que pueden ser utilizadas por el Gobierno Nacional como mecanismos de intimidación, coerción o de control social y político, situación que resta objetividad e imparcialidad al rol que tienen para recibir denuncias sobre hechos punibles de violencia contra la mujer en las comunidades, pues pueden presentar falsas denuncias hacia los presuntos agresores, como una medida de represalia, especialmente si son considerados «enemigos» del Gobierno, o no atender denuncias si esos agresores en cambio son «amigos». Además, pueden no contar con la capacitación necesaria para atender este tipo de situaciones o darle una adecuada protección a las mujeres víctimas de estas agresiones.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Ninguna duda cabe de que el Gobierno de Maduro, luego de recuperar la Asamblea Nacional, ha emprendido una serie de acciones sistemáticas para acelerar el proceso de construcción del Estado comunal en el país, que le permitirá reforzar el poder y control absoluto que actualmente tiene.

Mientras tanto, y ante el deterioro de la institucionalidad, y el debilitamiento de la democracia, la población venezolana sigue padeciendo una grave crisis humanitaria, profundizada por las terribles consecuencias de la pandemia de COVID-19.

Lamentablemente, el Estado paralelo que el Gobierno de Maduro busca afianzar en 2021 no atajará los problemas que tienen los venezolanos, por el contrario, amenaza con prolongarlos aún más.

28 de abril 2021

https://accesoalajusticia.org/venezuela-hacia-afianzamiento-poder-popular-y-estado-comunal/

La opción del escritor y político Mario Vargas Llosa, así como la de su hijo Alvaro, la de llamar a votar por lo que ellos consideran “el mal mejor” (o el menos peor), es en política, muy legítima. No es la primera vez por lo demás en que ambos Vargas toman la misma decisión. Cuando optaron por el fallecido Alan García en contra de Keiko Fujimori, el padre Vargas llamó a votar con un pañuelo en la nariz en contra de la propia Keiko. También legítimo. Votar por el menos peor es una decisión muy política. No se endiosa a nadie, se elige poniendo condiciones, y se hace uso de un deber ciudadano.

Sin embargo, debemos decir que “el menos peor” de unos no es siempre “el menos peor” de otros. Para una persona con inclinaciones ultraderechistas siempre será mejor votar por un fascista que por un comunista, y para un ultraizquierdista, siempre será mejor votar por un estalinista que por un fascista. En cierto modo, ambos están en su derecho ciudadano y contra eso no se puede hacer nada. Así es la democracia de masas. Para bien o para mal.

Quien escribe estas líneas subscribe en términos generales la posición de los Vargas Llosa. Un realismo pesimista obliga a no entregarse por completo a la persona de un líder o de una opción política. Solo los fanáticos, los que adoran a un super-macho, los carentes de juicio y razón, los seres-rebaños, votan por “el mejor de todos los mejores”.

Votar por “el menos peor” es también mi regla.

Votar es un derecho y a la vez un deber ciudadano. Por eso no me cansé de llamar a votar en Venezuela, tanto en las presidenciales del 2018, como en las parlamentarias del 2020. Lo hice sabiendo que había que votar con cartas marcadas, que la CNE no es imparcial, que Maduro es tramposo por excelencia. Lo hice, y lo voy a repetir aunque sea por última vez, porque votar no solo es elegir sino también protestar, porque una elección saca a la gente a la calle, porque en las campañas electorales nacen nuevos líderes, porque esa oposición no conocía otra vía sino la electoral, porque solo se puede defender el voto si se vota y porque, con dedicación y esfuerzo, se podía, además, ganar.

Sostuve que la abstención, en el caso venezolano llevaría a la nada. Y así fue: la oposición - conducida por el dúo extremista López/Guaidó, con la aprobación de oportunistas como Ramos Allup y con las indecisiones permanentes de Capriles- llevó a la nada. Ya prácticamente no existe. Pero sobre eso ya no vale la pena seguir discutiendo. La derrota es irreversible. La oposición regaló al régimen la presidencia y el parlamento. Quienes votaron por Falcón solo lo hicieron de modo simbólico, como un saludo a la bandera arriada por el aventurerismo, sabiendo que iban a votar sin posibilidades. La voluntad de voto fue definitivamente quebrada. Y esa voluntad no será recuperada de un día a otro, por lo menos no con esa dirigencia que jugó al golpe de estado, que se entregó al delirio trumpista y que creyó en invasiones imaginarias.

Volviendo al punto inicial, hay que afirmar que tienen razón los Vargas Llosa. Votar por “el menos peor” es una decisión que requiere del análisis y de la reflexión. Es también una regla a seguir. Pero como toda regla, esta también reconoce excepciones.

Una excepción se da, por ejemplo, cuando no existe un candidato “menos peor”, sino cuando los dos son los peores. O como se dice en lenguaje cotidiano, cuando cada uno es peor que el otro. Una excepción que tampoco, como todas las reglas, es general.

Unos votarán en la segunda vuelta peruana (6 de junio) porque esperan obtener mejores salarios. Otros porque esperan una baja de los impuestos. Otros, porque habrá más oportunidades, para los pobres o para los ricos. Otros porque siempre han votado derecha y otros porque siempre han votado izquierdas. Cada voto es individual y en la decisión de voto está involucrado todo el ser de cada uno. Pero en mi opinión, digo, solo en mi opinión, yo no votaría por ninguno de los dos. En mi opinión, repito por tercera vez. Y mi opinión no es la de un peruano que vive la vida diaria, sino la de un pensador político extranjero que está profesionalmente obligado a pensar en marcos generales.

El candidato Pedro Castillo, un típico ejemplar tercermundista con profundas raíces en el espacio rural, cree en la lucha de clases, en la polarización social, en que los ricos empobrecen a los pobres, en el antimperialismo, en asambleas constituyentes en contra de la constitución “burguesa”, en el evismo boliviano, en el orteguismo nicaragüense, y probablemente, ve sin antipatía a Maduro y a Putin.

Keiko Fujimori a su vez, cree que la economía privada produce riqueza por sí sola, en el neo liberalismo volcado hacia afuera, en que las inversiones extranjeras, sobre todo las chinas, traerán consigo prosperidad y progreso para la nación entera, en el anticomunismo como doctrina ideológica, en el autoritarismo, y en las glorias militares del Perú, incluyendo las del Fujimori padre. Desde una perspectiva internacional, Keiko está cerca del bolsonarismo, de las posiciones ultraderechistas del boliviano Luis Fernando Camacho y del fundamentalismo post-pinochetista del republicano José Antonio Kast en Chile.

Y bien, para el autor de estas líneas, ambas candidaturas son peligrosas para la democracia y para la estabilidad política de América Latina. Y como afortunadamente no voto en Perú, me limitaré a señalar que no apoyo a ninguna de las dos opciones, que no veo ningún mal menor, y que lamento mucho que un país tan admirable como el de los Vargas Llosa, haya caído en la bipolaridad, alteración psíquica individual que cuando es elevada al plano político colectivo, no tarda en provocar grandes estragos.

No hay nada peor que no votar en política, lo he sostenido siempre. Pero cuando se enfrentan fuerzas anti, o no democráticas, entre sí –comunistas contra fascistas, por ejemplo - también puede ser legítimo levantar la opción del no votar, aún sabiendo que esa opción carece de toda perspectiva. Pues la historia ha demostrado que cuando se enfrentan dos extremos, al votar por uno lo hacemos por el otro.

Quienes en España por ejemplo votaron por Podemos terminaron creando a Vox. Los de Vox nacieron para combatir a Podemos, y los neo-estalinitas de Podemos encontraron su destino manifiesto al oponerse al neo-franquismo de Vox. Podemos y Vox están unidos como solo la noche puede unirse con la oscuridad. Si se vota por uno, más crece el otro. Afortunadamente existen en España (todavía) opciones de centro. En Perú, no.

Ningún país es igual a los demás, y las condiciones de tiempo y lugar se diferencian a lo largo de todas las latitudes. Lo importante es que el elector conserve su soberanía electoral, tanto la individual como la política. Soberanía que puede llevar a votar por quien cree mejor, o por el menos peor, o a no votar cuando, como en el caso peruano, se trata de elegir entre el demonio y el diablo.

Acerca de quien es el diablo y quien es el demonio, se lo dejo a la fantasía de cada lector.

Polis

20 de abril 2021

https://polisfmires.blogspot.com/2021/04/fernando-mires-el-diablo-en-con...

Al igual que ocurre con el agua, las fuerzas económicas “buscan su nivel” al interactuar con el extranjero. Los bienes y servicios comprados del resto del mundo deben poderse pagar en el tiempo. El pivote de este ajuste suele ser el tipo de cambio, es decir, el precio a que se transa la divisa, en moneda nacional. Como en toda mercancía, está sujeto a la puja entre demanda y oferta, modificándose el tipo de cambio en respuesta, siempre que el mercado sea de libre concurrencia. Ello altera la relación de precios entre bienes y servicios domésticos con respecto a los extranjeros, afectando la competitividad del aparato productivo y las expectativas sobre la sostenibilidad del tipo de cambio en el tiempo. Influye, a su vez, en el flujo de capitales hacia o desde el país. Pero, si se intenta mantener fijo el precio de la divisa, se impide este ajuste, obligando a la economía a responder por otras vías.

En principio, una nación puede pedir prestado o atraer inversiones para financiar sus déficits con el resto del mundo. Pero, con el tiempo, estos préstamos deben pagarse y la inversión devuelta a través del rendimiento que se espera de ella. Luego están las reservas internacionales, es decir, un colchón de divisas para cuando su demanda supera a la oferta. Ahora bien, si el objetivo de política es mantener el tipo de cambio fijo, las reservas internacionales se agotarán si no son corregidos los factores que ocasionan este desequilibrio. Expectativas adversas respecto a su sostenibilidad impulsarán una demanda por divisas todavía mayor, en previsión de que el gobierno aumente su precio. Esto suele precipitar la devaluación predicha, produciéndose lo que se llama una “profecía autocumplida”.

Ha habido gobiernos –como los de Chávez y el de Maduro-- que se creen capaces de acotar permanentemente la demanda por divisas, suprimiendo la acción de las fuerzas económicas. Instrumentan un régimen de controles para intervenir directamente en el mercado de divisas y prohibir su libre cambio, buscando mantener su precio fijo. Ocurre, sobre todo, si, como en Venezuela, el Estado controla la oferta de divisas y raciona su venta al tipo de cambio establecido, con base en criterios fijados según sus objetivos de política. Chávez sobrevaluó, así, al bolívar, elevando el poder adquisitivo de los venezolanos, gracias al alza espectacular en los precios del crudo en los mercados mundiales. Junto a sus programas de reparto, aseguró el apoyo de muchos. A la par, minaba la productividad de la economía, acorralando al sector privado. En fin de cuentas, la fabulosa renta petrolera captada le permitía importar de todo con un dólar artificialmente barato y sin pagar los impuestos correspondientes.

Pero al racionar la divisa “oficial”, apareció, inmediatamente, un mercado negro, donde se transaba a un precio superior ante la presencia de una demanda insatisfecha dispuesta a pagarlo. Como evidencia la historia –no sola la de Venezuela—, estimuló operaciones especulativas, comprando divisas al precio “barato” del mercado regulado, para revenderlas al precio superior del mercado negro. Esto ocasionó todo tipo de distorsiones, aupando cualquier mecanismo –no importa si fuese ilícito—para ponerse en la divisa barata. En la Venezuela de Chávez y Maduro, tales irregularidades fueron asistidas por la ausencia de transparencia y de rendición de cuentas, un sistema judicial abyecto, y por la anulación de la función contralora y supervisora de la Asamblea Nacional y de los medios de comunicación libres. Se crearon, así, fuentes de lucro inusitadas para quien tuviese acceso al dólar controlado. Al eliminarse el tipo de cambio de Bs. 10 por dólar, el 26 de enero de 2018, éste se cotizaba en más de 260.000 bolívares en el mercado paralelo. Pueden imaginarse las fortunas amasadas a través de su reventa.

Pero el control de cambio no sólo propició la corrupción. Las distorsiones provocadas tuvieron un costo económico creciente, desalentando la inversión productiva y estimulando una fuga de capitales para poner a salvo ahorros y activos. Chávez se endeudó significativamente con el extranjero para compensar estas salidas. Pero, ante la destrucción de la industria petrolera y el retorno de sus precios, después de 2014, a niveles más acordes con las tendencias de largo plazo del mercado energético internacional, sobrevino, en 2017, el default del Estado venezolano sobre su deuda externa. Encima, la caída en los precios del crudo desnudó el clásico doble déficit –fiscal y externo, tan reseñado en la literatura económica sobre América Latina--, al pretender el gobierno mantener sus niveles de gasto. Ante la imposibilidad de acudir a los mercados financieros internacionales y la merma en los ingresos provenientes del petróleo y de la economía doméstica, el gobierno de Maduro recurrió al financiamiento monetario –la “maquinita” del BCV—para financiar sus déficits. Instaló, así, un terrible motor inflacionario, que terminó de arruinar la economía, destruyó puestos de trabajo, sepultó el poder adquisitivo de la población y disparó a niveles estratosféricos la cotización de la divisa en el mercado paralelo.

Ante tal cúmulo de distorsiones, desaciertos y negligencias de política, Maduro no tuvo más remedio que desmontar el control de cambio, permitir la dolarización de las transacciones domésticas y aliviar significativamente los controles de precio. Esto, sin duda, fue un paso en la dirección correcta, pero apenas un paso. Lamentablemente, ante las arbitrariedades y disparates del chavismo en el poder, la economía ya había tenido que ajustar su interacción con el mundo por otras vías: contrayendo en forma drástica el consumo doméstico, eliminando la inversión, deprimiendo el salario real y alentando la salida de casi seis millones de compatriotas, que ahora transfieren divisas desde el extranjero a sus familiares. En este proceso, se liquidó al bolívar como medio de pago, depositario de valor y unidad de cuenta.

La dolarización evidenciada en absoluto resuelve esta tragedia. Tampoco restituye el intercambio externo a lo que era antes del desastre. Ni siquiera provee el ansiado remedio a la hiperinflación, pues el régimen no puede dolarizar su propia gestión, ya que sus ingresos en divisas son muy inferiores a sus compromisos de gasto. Se vería obligado a reducirlos brutalmente, despidiendo empleados y dejando sin recursos a los servicios públicos y a otras dependencias. Con la destrucción de PdVSA, de las empresas básicas y la ruina de la economía privada, la economía genera muy pocos dólares. El saqueo de las riquezas minerales de Guayana, las transferencias de familiares expatriados y, claro está, los proventos del tráfico de drogas y de otros ilícitos, proveen divisas, pero lo que ingresa por estos conceptos está lejos de lo requerido para recuperar los niveles de consumo deseados. Salvo las empresas que han podido dolarizar los salarios, éstos, en general, continúan en niveles miserables.

La única solución –y estamos cansados de repetirlo-- es la mejora acelerada de la productividad y de la competitividad de nuestra economía. Pero no ocurrirá sin un programa de estabilización y de ajuste económico creíble que abata la inflación y eche las bases de un marco institucional capaz de transmitir seguridad y previsibilidad. Ello permitirá contraer un generoso empréstito de los organismos financieros multilaterales para encarar las numerosas necesidades derivadas del colapso del Estado, y atraer inversiones productivas en petróleo y en otras áreas. Inversiones en infraestructura, el rescate de los servicios y la modernización de la administración pública, serán imprescindibles para bajar los costos de transacción e incrementar la productividad y, con ello, el nivel general de salarios. Pero lo anterior es totalmente contrario al régimen de expoliación del que viven las mafias que se han atrincherado en el poder. La mejor muestra de tan perversa dinámica es el intento de uno de sus mayores capos de despojar a El Nacional de sus instalaciones, valiéndose de la bochornosa complicidad de un tribunal. Más que nunca, hay que forzar un cambio político para salvar a Venezuela y a su gente.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com

En el año 2000, Venezuela producía 2.897.000 barriles por día (b/d) de crudo, según la OPEP, con 69.284 trabajadores. Hoy produce 525.000 b/d, y el último informe de Pdvsa (2016), consignó que en la misma había 164.370 trabajadores. En refinación, perdimos una capacidad propia en el exterior de 1.200.000 b/d y las plantas ubicadas en nuestro país están desmanteladas. Antes exportábamos combustibles, pero desde el 2007 importamos. Padecemos de un suministro deficiente e intermitente de gasolina, diesel, gas y electricidad ¿Qué sucedió? ¿Quiénes son los responsables de esta debacle? Cuatro factores incidieron en esta situación: 1- Proyecto político cuyo objetivo es mantenerse en el poder, utilizando los ingresos petroleros en dádivas al exterior y para controlar a los venezolanos, por lo que se minimizaron las inversiones y el mantenimiento que requiere cualquier empresa. 2- Despidos masivos de personal de Pdvsa y del sector eléctrico. 3-Gerencia incompetente para el manejo de las operaciones y sumisa ante las órdenes de Miraflores. 4- Corrupción de los responsables de las empresas.

Hugo Chávez y Maduro determinaron la política de la destrucción. Alí Rodríguez, Rafael Ramírez y sucesores la ejecutaron. Ramírez tiene la mayor culpa porque fue ministro del sector entre el 2002 y el 2014, y paralelamente, presidente de Pdvsa del 2004 al 2014, y siete años responsable del sector eléctrico. Para ocupar esos cargos no tenía méritos. Además, desempeñó funciones dentro del partido de gobierno. La destrucción de Pdvsa está registrada en varias publicaciones. La más reciente es el libro ¿Quién destruyó Pdvsa?, coordinado por Gustavo Coronel y Sergio Sáez, con artículos de doce conocedores del sector energético.

Desmantelamiento institucional: Este desmantelamiento lo detalla Allan Brewer-Carías. Se realizaron convenios sin aprobación de la Asamblea Nacional. Se fusionaron los cargos de ministro del sector y presidente de Pdvsa. Se demolió la Apertura Petrolera, vendiendo refinerías en el exterior y eliminando los convenios Operativos y las Asociaciones Estratégicas. Se estatizaron empresas petroleras y las de servicios conexos, lo cual ocasionó la caída de la producción y dos docenas de demandas en el exterior. Además, se solicitaron préstamos con respaldo de Citgo, lo cual pone en peligro a esta empresa. Se cambió la misión de Pdvsa, para dar prioridad a las Misiones, producción y distribución de alimentos. Se eliminó la Orimulsión.

Puntilla a la meritocracia: Alí Rodríguez despidió a casi 23.000 trabajadores con experiencia, los cuales fueron sustituidos por muchos afectos al Socialismo Siglo XXI, tema referido por Horacio Medina y por el autor de este artículo. Rafael Ramírez recortó los gastos de mantenimiento y las inversiones, y designó gerentes sin mérito y corruptos. Despreció la meritocracia, concepto tratado por Héctor Riquezes. Recalcó que “Pdvsa era roja rojita, que todos ocupaban cargos gracias a Chávez y que quien no lo entendiera sería sacado a carajazos”. La producción de crudo declinó, se deterioraron las refinerías y aumentaron exponencialmente los accidentes, con daños a los activos y al ambiente, y con lamentable saldo de heridos y fallecidos. El más grave fue el de la refinería de Amuy, narrado por Rómulo Estanga.

Manipulación de los estados financieros: El acucioso auditor social Sergio Sáez, expone cómo se maquillaron los estados financieros. A partir del 2010 hubo un déficit en la caja operacional. Se presentaron “ganancias integrales”, que son trucos contables, tales como ingresos financieros por cambios en la paridad cambiaria y monetización del otorgamiento de la concesión de oro, que permitió a Pdvsa disimular el hueco. El Estado subvencionó a Pdvsa a través de Fonden y la empresa no repartió dividendos a los socios de las empresas mixtas, constituyen algunos ejemplos del camuflaje.

Gas: Víctor Poleo señala que Rafael Ramírez, sin tener credenciales, asumió en el 2002 la presidencia del Ente Nacional del Gas, con el proyecto de separar el gas del control de Pdvsa. En el 2007 se creó Pdvsa Gas Comunal, para la distribución del llamado gas de bombona (gas líquido del petróleo). Es notorio la escasez de este combustible y las frecuentes explosiones de las bombonas por su deterioro. El proyecto de usar gas para los vehículos languideció rápidamente. Avaló la locura del gasoducto hasta Argentina, perdiéndose 250 millones de dólares en estudios de factibilidad. Nelson Hernández documentó la caída de la producción y la pésima política aplicada.

Energía eléctrica: Miguel Lara y José Gregorio Aguilar recalcaron el papel de Rafael Ramírez en el desastre eléctrico. Aseveran que fue una crisis inducida para favorecer la corrupción. No atendió las recomendaciones de los expertos en el 2003 y despidió personal, por lo cual la crisis se presentó en el 2009. Mal manejo de la represa del Guri, descuido en el mantenimiento de Planta Centro y negativa en repararla, adquisición de pequeñas plantas termoeléctricas inadecuadas y con sobre precio, así como la estatización de compañías privadas desencadenaron la crisis. Paralelamente, Venezuela donó varias plantas a países del Caribe. En el 2007 se creó Corpoelec, cuyo presidente fue un general. En el 2009 se creó el Ministerio de Energía Eléctrica.

Corrupción: Rafael Ramírez ha sido señalado de estar incurso en corrupción. No podemos aseverarlo hasta que haya un juicio. Sin embargo, se negó a aclarar su situación ante la Asamblea Nacional en el 2016. Varios ciudadanos se han declarado culpables en tribunales de Estados Unidos de otorgar sobornos a funcionarios de Pdvsa. Envió casi 800 mil dólares a la Argentina para campaña de Kirchner. Gustavo Coronel ha denunciado la corrupción en el entorno de Rafael Ramírez. Ante el evidente desastre. Maduro declaró que Rafael Ramírez “encabezaba una mafia de ladrones, de saqueadores de Pdvsa”.

Rafael Ramírez, como dice Rafael Gallegos, materializó un Plan Maestro de Demolición, fue un General de Demolición.

Reconstrucción del sector: Es imprescindible recuperar la industria de los hidrocarburos. Varios expertos han presentado planes viables. El Grupo Orinoco, por intermedio de Arnoldo Gabaldón y de Elizabeth Cruz presentaron el libro Plan de recuperación de la industria petrolera nacional 2018-2022. Juan Szabo presentó el trabajo Plan de recuperación de la industria de los hidrocarburos, un proceso continuo. Además está el de Evanán Romero. Estas son contribuciones importantes que, con diferentes matices, indican la misma dirección. Se logrará la recuperación, siempre y cuando se legisle para darle mayor cabida a la inversión privada. Nuestros diputados Elías Matta y Luis Stefanelli coinciden en ello y trabajan en equipo con los expertos petroleros. Inicialmente habrá que redimensionar y parapetear a Pdvsa, asi como desafiliar las empresas no relacionadas con los hidrocarburos. Su futuro dependerá de las circunstancias y decisiones del sector político.

Como (había) en botica:

Por la Covid 19 fallecieron Carlos Rodríguez y Roberto Atencio, compañeros de Gente del Petróleo y de Unapetrol.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com