La desatención del Gobierno estadounidense hacia sus vecinos del sur ha sido la norma durante décadas

En Guatemala, El Salvador y Honduras viven cerca de 34 millones de personas. En Latinoamérica y el Caribe hay 658 millones de habitantes. Los problemas de estos países centroamericanos son enormes. Los del resto de América Latina son aún más graves.

Hasta ahora, Joe Biden y su equipo solo han tenido tiempo para atender la grave crisis migratoria producto de la oleada de centroamericanos que buscan refugio en Estados Unidos.

Biden conoce bien la situación de Centroamérica ya que, en 2014 el presidente Barack Obama lo encargó de manejar la crisis migratoria de ese momento. Eso llevó al entonces vicepresidente a investigar a fondo la situación.

Apenas Donald Trump llegó a la Casa Blanca revirtió los progresos —ciertamente magros— que había logrado Biden y se concentró en construir un muro entre México y EE UU.

Ahora, ya como presidente, Biden se enfrenta al mismo problema. Los costos políticos en Estados Unidos del caos fronterizo son significativos y, por lo tanto, contener la crisis es una prioridad que acapara la atención de la Casa Blanca.

¿Y para el resto de América Latina y el Caribe? ¿Cuál es la política de Estados Unidos? No sabemos.

Esta desatención del Gobierno estadounidense hacia sus vecinos del sur ha sido la norma durante décadas. Estados Unidos siempre tiene problemas más amenazantes y urgentes de los que vienen de América Latina. Pero en estos tiempos ignorar las crisis latinoamericanas puede resultar más oneroso de lo que fue en el pasado.

América Latina no está teniendo un buen siglo XXI. Los dos gigantes de la región —Brasil y México— están en manos de populistas enamorados de malas ideas. Practican con fruición la necrofilia ideológica, el amor ciego a ideas ya probadas que siempre fracasan.

A medida que los partidos políticos de la región se atrofian y las economías se hunden, la democracia peligra. En Perú, dos abominables candidatos, se enfrentarán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En Ecuador, un presidente electo que parece sensato enfrentará a un Congreso fragmentado y corrupto que le hará muy difícil gobernar. El Chile políticamente estable de las últimas décadas ya no lo es y Argentina sigue siendo Argentina, pero peor. Brasil se prepara para el choque de titanes populistas: Bolsonaro vs. Lula.

Mientras la política fracasa y los políticos se insultan, América Latina, con solo el 8% de la población del mundo, tiene el 28% de las muertes globales por coronavirus.

En otra época, en Estados Unidos, un Gobierno demócrata de centro habría intentado dinamizar las economías y buscar formas de proteger la democracia. Estimular el comercio entre América Latina y Estados Unidos, por ejemplo, es una idea valida que hoy ni siquiera se menciona. El ánimo antiglobalización imperante en el partido demócrata lo impide. Rompiendo con una tradición de tres décadas el presidente Biden ni siquiera ha solicitado al Congreso (controlado por su partido) que le dé la autoridad para negociar acuerdos comerciales con otros países. Un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Brasil, al cual podrían unírsele otros países, tendría un inmenso impacto positivo. Pero nadie cree que sea factible.

En Nicaragua y Venezuela, países donde la democracia ha dejado de existir, el equipo de Biden aún no ha ofrecido nuevas ideas.

La realidad es que Washington ha abandonado a Latinoamérica en la pandemia. Hasta sus aliados tradicionales se ven obligados a negociar vacunas rusas y chinas. Por su parte Moscú y Pekín están aprovechando al máximo la oportunidad que les abre el desinterés de Washington. El Gobierno de Biden se ha reducido a advertir a sus aliados regionales sobre lo inaceptable que es la adopción de la tecnología Huawei para el desarrollo de sus redes 5G. Mientras tanto, China coloca sus vacunas en millones de brazos en la región.

Las democracias latinoamericanas están siendo sometidas a duras pruebas. Líderes con tendencias antidemocráticas ahora dirigen no solo a Brasil y México, sino también Argentina, Bolivia y pronto también a Perú. En Colombia, a más de un año de las elecciones, un candidato de extrema izquierda lidera las encuestas. Así, el aliado más firme de Estados Unidos en la región podría dejar de serlo.

Esto debería alarmar a Washington. Después de todo, si el fracaso de tres pequeños Estados en el extremo norte de América Central puede generar tanto caos en su frontera sur, no es difícil imaginar lo que podría suceder si lo mismo ocurre en los países más grandes. Venezuela, con los casi seis millones de emigrantes que ya ha generado, debería servir de lección: las democracias grandes también pueden colapsar y desestabilizar al resto de la región.

La crisis de Centroamérica, sin duda, necesita ser atendida. Hay que reducir las fuerzas que llevan a familias enteras a abandonar a su país o a enviar solos a sus pequeños hijos en una travesía peligrosísima. Pero atender la crisis centroamericana no puede ser a expensas de ignorar la crisis latinoamericana.

@moisesnaim

17 de abril 2021

El País

https://elpais.com/opinion/2021-04-18/joe-biden-y-el-fracaso-de-america-...

La democratización del acceso a las universidades es un asunto que concierne, en mayor o menor medida, a todos los países y sistemas de educación superior.

El número de estudiantes que comenzaron a acudir a las universidades a partir de los años 60 creció exponencialmente. Esto modificó la forma de entender esta institución.

Su razón de ser ya no se encontraba únicamente en una elite de estudiantes, sino que se deducía del papel que debía jugar en la construcción de las sociedades democráticas e inclusivas. Sobre todo, a partir de la reforma del Espacio de Educación Europeo (EEES).

Esta modificación dio lugar a que prácticamente en todas las universidades haya proliferado el desarrollo de políticas, oficinas y servicios para la atención a la diversidad.

Cambios en el sistema hacia universidades inclusivas

Los resultados han sido muy desiguales de unas universidades a otras, pero casi siempre han imperado las orientaciones normativas o de obligado cumplimiento relacionadas con el género y la atención a la diversidad funcional. Sin embargo, la pregunta permanece en el aire: ¿unidades especiales o cambios profundos del sistema?

El marco del sistema económico actual ha instalado una lógica cada vez más meritocrática y credencialista en las universidades. Los estudiantes se han convertido en clientes, el profesorado en recursos, los proyectos en productos y las horas de clase en créditos. En “el mercado de la inclusión” queda pendiente definir cuál es el papel de la Uiversidad.

Diversidad en los estudiantes

En general, imperan los relatos pragmáticos que instrumentalizan la diversidad y la necesidad imperiosa de colocarse en este o aquel ranking, olvidándonos de la gran pregunta: ¿Cuál es el papel que ocupan las universidades en sociedades inclusivas? ¿Hacia dónde deben cambiar las universidades para dar acogida a un estudiantado cada vez más diverso o para adaptarse a poblaciones tradicionalmente no convencionales, tales como estudiantes de origen migrante, de minorías étnicas o con distintas capacidades cognitivas?

En el trabajo de investigación Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva en la Universidad. Diagnóstico y Evaluación de Indicadores de Institucionalización (2018-2021) se apuesta por subrayar la función social de la educación superior y por la propuesta de una Universidad inclusiva. El estudio apunta a cambios profundos del sistema en su conjunto, del currículo, de las metodologías de enseñanza, de los modelos de gestión que, en un sentido amplio, van más allá de la respuesta pedagógica impregnando la cultura organizativa y la comunidad educativa en general.

Políticas inclusivas

Estos cambios han de traducirse en la implantación de políticas y prácticas inclusivas e integrales. De no ser así, el riesgo que corren las universidades representa una amenaza a las raíces mismas de la vida en común, la democracia auténtica, el progreso económico y social y, desde luego, la propia legitimidad del sistema universitario.

En el año 2007 el periódico The New York Times publicó la esquela sobre el fallecimiento de Martin Trow en la que recordaba que su mayor contribución al mundo académico fue su descripción de la transición de una educación universitaria desde el privilegio de élite a producto masivo.

Sin embargo, sigue existiendo un aire de melancolía de que los estudiantes antes eran mejores, cargando la exigencia adaptativa sobre el alumnado como sujeto con “necesidades específicas de aprendizaje”.

Con menor frecuencia se examinan los factores institucionales o los modelos de gestión que se implementan, pues a pesar de la imagen inclusiva que trata de proyectar la Universidad, sigue siendo bastante homogénea en términos de su profesorado o en los modelos de gobernanza.

Todo ello bajo la premisa de dejar intacta una estructura universitaria que se resiste a los cambios que le son naturales a las sociedades democráticas modernas.

No culpar al alumnado

Una Universidad que pretenda ser inclusiva debe basarse en otras formas de enmarcar el problema y de articular las actuaciones que vaya más allá de la culpabilización del alumnado, que llega a la Universidad como carente de nivel, de conocimientos previos, de competencias básicas para el aprendizaje, etc.

El concepto excelencia suele estar vinculado a la captación de talento, a la investigación o a servicios específicos y no al conjunto de los procesos generales de gestión universitaria.

Los cambios profundos deberán concretarse en múltiples niveles de política e institucionalización de un paradigma inclusivo en la Universidad para promulgar la “Universidad comprometida”, que combina el impacto social y el desarrollo humano, entre otros.

O la Universidad se transforma o ¿cómo puede transformar la sociedad que le rodea? Queda un largo camino en la construcción de universidades inclusivas que suponen la creación de oportunidades de aprendizaje para el conjunto del alumnado y la promoción de relaciones sociales y académicas significativas entre personas y actores sociales que vayan más allá de reformas parciales avanzando hacia un cambio sistémico y cultural.

18 de abril 2021

The Conversation

https://theconversation.com/cual-es-el-papel-de-la-la-universidad-en-la-...

Los empresarios tienen mala fama y han sido acusados, por cierto sin abundancia de pruebas, de cuantos delitos puedan ser imaginados. No pienso limpiarlos de todo pecado, pero me gustaría, en nombre de la coherencia, emitir juicios equilibrados sobre su papel en ciertos momentos históricos, como el actual.

Permítanme, antes de retomar la crónica de este problema, aludir a un interesante debate organizado por notables intelectuales venezolanos acerca del tema de cuál fue la personalidad del siglo XIX más determinante de los acontecimientos del siglo XX. Se escucharon nombres obvios, como Metternich o Talleyrand, pero quizás por afán de introducir una travesura, interpuse a Carlos Marx. Al fin y al cabo, la cuarta parte del mundo se había organizado bajo la bandera del marxismo y contaba este movimiento con una influencia escandalosa que se manifestó precisamente en el siglo XX.

Lo que debo aclarar es que cuando emití este juicio ya me había desasido completamente de la influencia marxista que durante varios años profesé. Había llegado a la conclusión de que el marxismo es un mito, una fábula inconsistente destinada a desaparecer.

Paradójicamente, esos defectos tan acusados le daban una inesperada fuerza a la travesura de haber propuesto a Marx, porque ya no podía alegarse que su doctrina terminaría obteniendo logros realmente inolvidables.

El caso es que Marx fue el crítico más duro contra el rol del empresariado y, su insistencia en estigmatizar al capitalismo, sembró las ideas más deplorables sobre la figura del empresario. No obstante, brillantes economistas y, en particular Marshall y Schumpeter, introdujeron una excelente variante cuando hablaron del papel emprendedor de los capitanes de la industria al cual debemos en buena parte la modernidad, el desarrollo de la tecnología y el resultado de todo ello, la globalización.

Insisto: no estoy interesado en glorificar a nadie, incluidos, por supuesto, esos líderes industriales, pero el progreso tiene muchos rostros que han sido distinguidos por sus aportes en diferentes áreas, de modo que no se debería dejar por fuera la moderna gerencia empresarial.

En medio de la situación catastrófica que vive Venezuela, Fedecámaras anunció su decisión de ayudar a resolver problemas conjuntamente con el gobierno de Maduro. La primera respuesta del oficialismo fue positiva, lo que despertó el interés colectivo y animó a no pocos dueños de empresas. Sin embargo, el entusiasmo duró poco, cuando de la manera más inesperada, en Miraflores se produjo un viraje sorprendente; llovieron acusaciones algo polvorientas, extraídas del viejo baúl de los malos recuerdos. Se acusó a Fedecámaras de urdir planes conspirativos a los que supuestamente nunca habría renunciado. Fue un mazazo que desconcertó a los defensores de la iniciativa de Fedecámaras y probablemente despertaría ácidas críticas en el seno del oficialismo contra el gobierno de Maduro. Quedamos pues, en el mismo lugar, sin avanzar ni retroceder, lo cual en las condiciones de Venezuela representa un peligro real.

Personalmente, considero que la iniciativa de Fedecámaras era necesaria y lamento que de nuevo estemos envueltos en incógnitas al respecto.

No sé si tan lamentable incidente le pone fin a este esfuerzo para que distintos sectores del país resuelvan problemas tangibles, pero si así fuere, el costo podría ser inmensurable, entre otras cosas porque desanimaría las iniciativas plausibles provenientes de otros sectores de la sociedad.

El oficio político siempre está en juego en ocasiones como la que aquí he comentado y, sin duda en todos los casos donde se ejerce con probidad, deja una enseñanza fundamental: no se puede tomar una iniciativa juzgada positiva para abandonarla ante los primeros obstáculos. Por eso, sería importante que siguieran surgiendo propuestas constructivas en función del bienestar, de la libertad, del progreso social y material de un pueblo colocado en niveles tan dramáticos como el nuestro. Por supuesto, todo en el marco de la democracia.

Uno de los más grandes políticos del siglo XIX, nuestro Libertador Simón Bolívar, sabía sacarle provecho a las confrontaciones más difíciles y a las declaraciones más comprometedoras, pocas de las cuales tan trágicas como el Decreto de Guerra a Muerte, dictado en la noche del 14 al 15 de junio de 1813 en un pueblo de los Andes de Venezuela, por un joven héroe de 30 años, para entonces general en jefe del Ejército patriota, a la orden del Congreso de Nueva Granada.

En estado febril, razonando consigo mismo, llegó a la conclusión de que él no podría responder con balidos de oveja a la brutal sed de sangre de los ejércitos del rey.

Como era de esperarse fue coreado y aplaudido por los jóvenes oficiales que lo acompañaban y, no obstante, el Libertador deslizó una variante que atenuaba en forma interesante el rigor del decreto. A los españoles y canarios que había prometido la muerte, ahora les brindaba la mejor manera de escapar a ella: «…Y se unan a nosotros; en una palabra, los españoles que hagan señalados servicios al Estado, serán reputados y tratados como americanos».

Con una claridad absoluta en un momento de exaltación tan crispante, Bolívar dejó claro que es la unidad de los maltratados —con la colaboración incluso de sus perseguidores dispuestos a unirse a la República— el camino posible para redimir a los pueblos en libertad, en democracia, en respeto a la dignidad; la única vía para volver a tener una patria libre, democrática y próspera. Tómense estas sabias palabras de un gran líder político para que en los momentos de extremas necesidades todos persistamos en los propósitos más elevados sin doblegarse, sin desanimarse y perseverando hasta el fin de la vida si fuere necesario.

Twitter: @AmericoMartin

En la Historia de Mayta (Vargas Llosa: 1983), un personaje hace jogging en Bogotá mientras la guerrilla asedia la ciudad, que fatalmente, piensa, caería. En la vida real las FARC llegaron a 30 kms. de la capital y se daba por sentado que eso ocurriría, pues controlaban 75% del territorio. Pero Álvaro Uribe las derrotó militarmente y expulso del centro a la periferia del país. Luego Juan Manuel Santos logró un exitoso acuerdo de paz, pese al boicot del uribismo celoso.

Desde que se creó la justicia transicional y la tecnología que mide la eficacia de estos acuerdos, el mejor evaluado es el de Santos. Pacificar 80% de combatientes, se valora positivo. En Colombia lo hicieron cerca de 90%, 13.000, y se mantuvieron renuentes 1.200. En cuanto al coeficiente de entrega de armas por número de irregulares, otro parámetro, el primer lugar se lo llevaba Afganistán con 76% y el último, Nepal con 1%, mientras lo hizo 100% de las FARC.

Iván Duque ha sido una calamidad para Colombia y parece iniciar una mala racha porque su posible sustituto, Gustavo Petro, carga en la cabeza demasiadas cucarachas revolucionarias. Antes de los acuerdos de paz, la guerrilla tenía presencia en 700 municipios del total de 1200. Cuando Duque asume la presidencia quedaban apenas 58 municipios conflictuados, y vendría una progresión para pacificar también al ELN y los disidentes de FARC.

Es que me da una flojera…
Pero Duque anuncia en la campaña mano dura y algo tan grave como que su gobierno modificaría los acuerdos, lo que dispara las alarmas y el reagrupamiento. Persiguen a Iván Márquez y Jesús Santrich para extraditarlos, quienes en respuesta fundaron el frente Nueva Marquetalia. Colombia tiene el ejército más fuerte de Suramérica después de Brasil, una infantería curtida en setenta años de guerra, con aviones tácticos Tucanes y Supertucanes, pero no combate.

Dos años de meros desplantes contraproducentes y radicaloides, hunden al gobierno, y las encuestas prevén su derrota electoral. El número de municipios en guerra sube a 186. Pero ahora con criterio comercial, ELN ejerce para sus negocios soberanía en 70% de las fronteras donde no existe Estado. La prensa colombiana contó que el ELN paró el tráfico por varias horas a siete minutos de distancia de una base militar en el Cauca y nadie se sintió aludido.

Luego de la incursión en la Victoria -Apure, el Alto Mando colombiano anuncia movilizar dos mil hombres… en julio. La prisa es plebeya. A 20 años del Plan Colombia y con siete bases norteamericanas en el país, la exportación de cocaína escaló el año pasado su pico histórico, y 70% de la producción mundial sale por sus costas del Pacífico.

¡No voy a mover un dedo!
Hay una guerra civil entre treinta facciones que se disputan el comercio de personas, vías para el narcotráfico, cobros de vacuna y extracción ilegal en el Arco Minero y el sur oeste colombiano. En tal región de Colombia hay gente que debe caminar hasta cinco horas para conseguir agua sin mercurio en medio del desastre ecológico. El año pasado hubo 4.000 desplazados en Nariño, 2.000 en Cauca, donde el Clan del Golfo se entretiene en la limpieza étnica de negros e indígenas.​

Despedazan los cuerpos con motosierras, que se agotaron en las ferreterías de la región. La guerra civil colombiana medraba en la frontera de monte y culebra, 2.200 kms. de selva con algunos puntos poblados, pero ahora los convierte en campo de batalla, lo que debe ser a cambio de algo muy importante y manos poderosas que desde Colombia ensayen crear una contra, al estilo nicaragüense de los 80, para poner jaque.

El medio fue hoy el “Frente Gentil Duarte”, pequeño pero aliado del ELN que domina las fronteras ¿Actuaron sin consultar a los elenos o con su aprobación? ¿La posible contra estará asociada al ELN? La dura acción de las FABV evidencia que lo ven como ensayo para instalar un foco permanente.

¿La contra contraataca?
A la misma fecha y hora, bandas desatan tiroteos en barrios de Caracas. Días después circula video de un comando encapuchado con armas largas, que amenaza a la GNB en el Arco Minero, donde está el ELN. Sigue con el ataque a comando rural de la GNB en Caripito, Monagas, y hay cinco funcionarios heridos.

La incomunicación y hostilidad entre los dos países crea el peligro de que cualquier error, un ataque equivocado, provoque choques entre los dos ejércitos regulares. Las FANB neutralizaron la ofensiva de La Victoria y los propulsores de la contra desarrollan, como suele ocurrir, una política comunicacional que polariza medios y Ongs, y la información viene turbia. El lugar común dice que en la guerra la primera baja es la verdad.

Sería demencial o tonto celebrar que mueran muchachos en combate o que se comprometa nuestro territorio, un drama para Venezuela y no para el gobierno. ¿Cuántos jóvenes deben morir para que sepamos qué es una guerra? Con frecuencia los conflictos internacionales dejan heridas incurables y cicatrices históricas, odios mellizales. Desde 1899 no nos libramos de las consecuencias del Laudo de París sobre Guyana, pese a que no empuñaron armas.

@CarlosRaulHer

La semana pasada celebramos, comentamos y criticamos el pronunciamiento en el cual los partidos políticos de la oposición democrática ratificaron su compromiso de lograr una alianza unitaria y su propósito de construir o ampliar su coalición a un mayor número de partidos e incorporar a la sociedad civil para lograr unas elecciones libres y la ayuda humanitaria que demanda el país.

Debo reconocer que me ha decepcionado algo el “frio” recibimiento que ha tenido el documento. Esperaba mayores reacciones, más numerosas y fuertes, a favor o en contra, que las que he visto “circular” en redes sociales o en los artículos de opinión de los hoy llamados “influencers”. Quizás lo debamos atribuir a esa situación de la cual habla el Padre Ugalde en su más reciente artículo (“La hora de José Gregorio”, El Nacional, 15 de abril de 2021) y que lo lleva a invocar al Santo para implorarle el milagro que necesitamos para sacudirnos de esa “parálisis que nos mata”.

Concluí mi artículo de la semana pasada señalando que nos queda ahora una tarea pendiente: llevar la discusión a todos los niveles, en partidos y organizaciones de la sociedad civil, de donde surgirán las propuestas de acciones concretas, sobre las cuales reconstruir la oposición. No es esa, claro está, la única tarea pendiente, ni la única dificultad que encontramos en la tarea de reconstruir a la oposición democrática; pero, llegado a este punto debo abandonar el tema y dejarlo aún “pendiente” para una próxima ocasión, pues ahora se ha presentado otro, cuya urgencia merece nuestra atención.

Ya he dicho en otras ocasiones que, la de arremeter en contra de los ciudadanos y sus organizaciones, siempre ha sido una de las estrategias del régimen. Se ha valido para ello del TSJ, que a través de varias sentencias ha venido moldeando, “rebanando” y restringiendo, considerablemente, el concepto de sociedad civil e “interpretando” a su “estilo” la constitución y las leyes, han venido disminuyendo, confiscando o menoscabando diversos derechos ciudadanos, especialmente −pero no solo, como ya dije− derechos electorales.

A principios de este año comentamos, y buena parte del país reaccionó, frente a la agresión de los cuerpos represivos del estado en contra de los comedores de Caracas Mi Convive −Alimenta la Solidaridad− en Miranda y Azul Positivo, en el Zulia, entre otras.

No se puede decir que se ha “conjurado” ese peligro −pues con este régimen nunca se “conjuran” sus desmanes−, pero al menos pasada esa emergencia, nos enfrentamos ahora a otra; esta vez revestida de Providencia Administrativa que pretende, o mejor dicho, establece la creación de un Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, todo ese largo nombre para indicar el organismo ante el cual deben registrarse las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro y consignar una serie de recaudos y documentos como: acta constitutiva, estatutos, un listado de las organizaciones, nacionales o extranjeras de las cuales reciban aportes o donaciones, además de identificar a los beneficiarios de la acción de las actividades de la organización y varios más.

Desde luego que lo establecido en esta norma, de carácter sub legal, como lo es una “providencia administrativa”, es completamente inconstitucional, pero demuestra una vez más y perfectamente, cual es la verdadera posición del régimen con relación a la sociedad civil.

No sabemos que alcances pueda tener este nuevo dislate gubernamental, pero, se nos ocurren dos hipótesis. Una es que, a lo mejor, está “Providencia”, que nada tiene de providencial, es desechada y su autor o autores −que pretendieron ganarse el cielo con esa locura− corren la misma suerte del alcalde de Yaracuy, aquel que marcó las casas de los contagiados de covid, como si se tratara de familias listas para ser conducidas a un campo de concentración; bajo la filosofía de “atajen a sus locos” los autores de esta pudieran enfrentar −al igual que el alcalde nazi− alguna acusación, de mentiritas, por supuesto, por parte de la Fiscalía ilegítimamente designada por la ANC.

La segunda hipótesis es que, como este régimen “no da puntada sin dedal” y acostumbra lanzar “globos de ensayo”, si no se producen reacciones, seguirá adelante con esta idea, que encaja perfectamente con su mentalidad de “control y represión”, de sembrar miedo con este nuevo intento de institucionalizar el “sapeo”, bien conocido por los venezolanos y al cual es muy aficionado este régimen.

Como quiera que no sabemos cuál de las hipótesis −sino ambas− resultará cierta, lo mejor es que no nos quedemos inertes frente a la situación y procedamos de inmediato, contra esta disposición. Se me ocurren tres vías:

– dar a conocer, difundir, nacional e internacionalmente esta nueva locura e intento de control y represión por parte del régimen, para que nadie quede desprevenido frente a esta posible o real amenaza;

– aunque la experiencia nos indique que acudir al TSJ del régimen a demandar y pedir justicia es inútil, creo que podría causar impacto que una buena cantidad de organizaciones de la sociedad civil, algunas de las cuales tienen buenas conexiones internacionales, acudan a esa instancia judicial a demandar por inconstitucional, por ilegal, la nulidad de esa Providencia Administrativa.

– de igual manera, la mayor cantidad posible de organizaciones de la sociedad civil debemos dirigirnos a la Oficina de las Naciones Unidas que encabeza Michelle Bachelet, y a otras organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos, para denunciar esta nueva violación de los derechos de los ciudadanos.

Aunque las apelaciones a esas instancias, me refiero al TSJ y algunos organismos internacionales, no surten mucho efecto, al menos contribuiremos al esfuerzo por recopilar, sistematizar y relatar, todo lo que se ha escrito y dicho, que ha sido mucho, acerca de cómo el llamado socialismo del siglo XXI ha ido destruyendo al país. Muchos se quejan que de la democracia iniciada en 1959, no quedó una buena historia escrita, una narrativa completa; no podemos permitir que lo mismo ocurra con las tropelías del régimen iniciado en 1999, que ha destruido el país.

De todo este desastre debe quedar una historia, una narrativa, una crónica, un buen relato de lo ocurrido.

Politólogo

https://ismaelperezvigil.wordpress.com/

1. Una colega periodista, a la que le guardo mucho respeto y admiración, me emplaza a responder su inquietud: “Qué le pasa a Jesús Seguías”. Ella llegó a la conclusión que mis opiniones vertidas por diferentes redes sociales están “cargadas de sospechas”, preguntándose a la vez: “¿a quiénes benefician esos comentarios de Jesús Seguías?”, aconsejándome finalmente que, por el hecho de ser investigador de la opinión pública, debo ser “un consultor más imparcial”. Me permito, por tanto, y de la manera más cordial pero diáfana exponer “lo que me pasa”.

El deber ser

2. Ciertamente, lo más aconsejable es que un consultor dedicado a la investigación política y a medir la opinión pública vea “los toros desde la barrera” y emita juicios desprendidos de cualquiera parcialidad. Eso es lo correcto en un país normal. Y es lo que yo más quisiera, especialmente porque renuncié al activismo político hace muchos años. No ha sido fácil para mí estar involucrado en una diatriba que la mayoría de las veces resulta estéril y cansona.

Lo que me pasa

3. También debo recalcar que no tengo afanes protagónicos, ni pretendo dar “órdenes” a ningún político, especialmente por aquello de que cada quien es arquitecto de su destino, y nadie cambia a nadie. Pretender cambiar a alguien es tiempo perdido, pues la decisión del cambio es muy personal y voluntaria.

4. Asimismo, debo resaltar que no soy candidato a nada, no soy político de oficio (ni tengo planes de serlo), ni llevo en mi mente el “gusanillo de la fama y el poder” (hace muchos años lo derroté). Simplemente soy un ciudadano que se siente muy preocupado por la crisis y sufrimiento del país, y las más de las veces defraudado por el desempeño de nuestros políticos en general. Obvio, hay muchas excepciones en todo el país, lo cual mantiene viva la esperanza de un cambio.

¿Por qué opino sobre política?

5. En primer lugar, opino porque la mega crisis por la que atraviesa Venezuela no es cualquiera crisis. Se trata de un quiebre total del país. Es una crisis provocada por una estructura política envejecida (nada que ver con edades) que se niega a cambiar.

6. El punto clave es que el caos generado por esa crisis no sólo afecta a los políticos de oficio que lo provocaron (de ser así estaría muy calladito) sino a todos los venezolanos por igual, incluyéndome a mí en lo particular. Y eso ya es otra dimensión del problema. De manera que permanecer callado en esas condiciones es un pecado capital para un ciudadano. Creo que es lo mismo que le ocurre a otros excelentes investigadores de opinión pública en Venezuela, los cuales se ven obligados a opinar ante una tragedia que les afecta también.

7. En segundo lugar, aun cuando no soy político de oficio, opino porque tengo formación política de larga data, por experiencia viva y por academia. De manera que conozco el tema, y creo que puedo hacer aportes incondicionales en estos momentos cruciales para Venezuela.

8. En tercer lugar, opino porque soy periodista. El periodismo es investigación pura. La Escuela de Periodismo de la UCV me introdujo en el campo de la investigación cualitativa y cuantitativa. El profesor Rosas Marcano me sembró el “gusanillo” de la investigación… hasta el sol de hoy. Pero los periodistas, es decir, los investigadores también opinamos. Mi colega periodista -excelente investigadora- es un ejemplo de ello ¿Eso significa que si ella opina queda descalificada como investigadora? Ambos sabemos que no.

9. Lo que sí tenemos prohibido los investigadores (y cualquier ciudadano) es mentir, manipular las informaciones, incurrir en el “palangre”, manosear cifras, o sea, vender al mejor postor nuestra dignidad profesional (mis padres y mi profesora de ética Gloria Cuenca me dejaron un legado ético indeleble).

10. En ese sentido, Datincorp y su excelente equipo de trabajo están muy bien plantados en todos los países donde opera. Nadie, absolutamente nadie puede acusarnos de manejos indebidos de la data. Ya nos conocen. No hay dinero en el mundo que pueda alterar esta conducta ética.

¿Qué es lo que preocupa a algunos realmente?

11. Estoy convencido que en realidad lo que molesta a algunos no es que un periodista, un “encuestador”, es decir, un investigador de la opinión pública opine sobre temas que conoce. Lo que realmente preocupa es el contenido de la opinión que emite y la proyección que pueda tener en la opinión pública, especialmente cuando el tiempo y los hechos han dado validez a esa opinión. No debiera preocupar. Todo lo contrario. Pero así es el complejo mundo del poder.

12. Me parece muy normal que una periodista o cualquier ciudadano, defina estar al lado de la política impulsada por Juan Guaidó. Es su derecho. Y quiero creer que cuando la colega me emplaza a definir lo que me pasa, lo hace con la idea que yo genere una respuesta satisfactoria y despeje dudas. Y eso es lo que intento. Pero si el objetivo es tejer un manto de dudas sobre mi dignidad y honradez como recurso para descalificar mis criterios, eso ya es no jugar limpio, por decir lo menos. Es inaceptable.

13. Lamentablemente algunos actores venezolanos, ante el fracaso de sus planes políticos y el caos provocado por ello, en vez de optar por la humilde rectificación y reconocimiento de sus errores para avanzar en otra dimensión, dieron rienda suelta a la intolerancia, al insulto, a la descalificación grosera, para impedir que voces y/o actores disidentes estorben en el camino irreductible que han emprendido por el control del poder.

14. En Venezuela se ha activado una campaña de extorsión (nada espontánea, por cierto) contra todos los que osen pensar y actuar diferente a un grupo de actores políticos, y donde el castigo es la destrucción moral del disidente. Nadie se ha salvado de ese Gulag (ni el Papa siquiera, válgame Dios) ¿De cuál dictadura estamos hablando entonces? ¿Los chavistas son los únicos intolerantes y autoritarios? ¿En serio?

¿Y qué es lo que busco?

15. Dos datos de alto interés. Más de 80% de los venezolanos no confían en los dirigentes políticos en general. Asimismo, casi 60% no quiere saber nada ni del gobierno ni de la oposición. Es decir, el país está en este momento huérfano de un liderazgo confiable. Es preocupante que eso esté ocurriendo justo en el peor momento de nuestra historia. Y eso es parte de “lo que me pasa”. Lo único que pretendo con mis opiniones, por tanto, es conminar en mi rol de ciudadano a los políticos de oficio para que hagan lo correcto.

16. ¿Y qué es lo correcto? Que los políticos cumplan con su misión primaria, mínimo: Que el gobierno gobierne y resuelva problemas en vez de seguir fabricando crisis a granel y alimentando confrontaciones basadas en un cementerio de ideas muertas, y que la oposición haga oposición asertiva, exitosa, y responsable. Hacer lo contrario a esto entra en el terreno de lo incorrecto. Tan sencillo como eso.

17. Nadie, absolutamente nadie (ni Nicolás Maduro siquiera) duda que el gobierno tiene la mayor responsabilidad de la mega crisis que padecemos todos los venezolanos, pero eso no exime a la oposición de responder con coraje por sus propios errores, porque tras esos errores lo que ha venido a continuación es la consolidación de un gobierno desastroso. De manera que no son precisamente mis opiniones las que trabajan a favor del gobierno.

18. A mi colega en lo particular le sigo profesando respeto y cariño. Paso por alto todas sus infundadas sospechas, comprendo que eso es resultado del caos que vivimos como nación. Sólo le pido que no se falle en estos momentos de confusión y desvarío.

@JesusSeguias

Luis Adrián Duque. El nombre del alcalde oficialista del municipio Sucre del estado Yaracuy no era conocido fuera de la localidad de Guama, pero eso cambió el pasado 7 de abril; desde entonces el funcionario se ha hecho conocido en medios nacionales e internacionales. ¿La razón? Su cuestionada decisión de difundir un video en el que se le ve marcando casas de personas contagiadas con COVID-19 para asegurarse que guarden la respectiva cuarentena. Se trata de una acción contraria a los derechos humanos y que ya le ha ganado una investigación por parte del Ministerio Público (MP).

«Todas las viviendas donde tengamos un paciente con COVID, aquí alerta, pues, a cuidarnos, por nuestra salud. La conciencia es la mejor vacuna para todos», dijo el funcionario en el video, acompañado por un efectivo de la Guardia Nacional. Mientras, señalaba un cartel que decía «Familia en cuarentena preventiva (no se aceptan visitas)», que acababa de pegar en una pared.

Como si lo anterior no fuera suficiente, el mandatario local advirtió que los contagiados que no cumplan con la cuarentena serían multados con tres días de trabajo comunitario, a lo que añadió lo siguiente:

«si reinciden, le vamos a hacer un videíto y le vamos a suspender la bolsa de comida y el gas. Si creen que es una medida inconstitucional, vayan al contencioso administrativo, yo les meto desacato a la autoridad y serán puestos a la orden del Ministerio Público. Hay que ser conscientes».

El ejemplo de Duque fue seguido por su compañero de partido y alcalde de San Felipe, Rogger Daza. Estas acciones generaron tal alarma que forzaron al fiscal general impuesto por la cuestionada Constituyente, Tarek William Saab, a abrir una investigación penal contra el alcalde del municipio Sucre por discriminar a la población.

Violaciones de derechos al por mayor

La actuación de los alcaldes va a contra corriente de las Directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por Covid-19, dictadas por la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, en las que contempla que «las respuestas políticas al brote de Covid-19 que estigmatizan, excluyen y hacen que ciertas poblaciones sean más vulnerables a la violencia son inexcusables, inconcebibles e inconsistentes con las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos».

En el mismo sentido, la alta comisionada Michelle Bachelet, con ocasión del 46º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, advirtió que para la recuperación sanitaria de la pandemia «se debe eliminar toda forma de discriminación, erradicar los sistemas y estereotipos costosos, humillantes, carentes de fundamento y totalmente improductivos que perjudican la salud».

Desde Acceso a la justicia alertamos que estas medidas de persecución y estigmatización hacia los enfermos de COVID-19 también violan la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Venezuela. Debemos recordar que el derecho a la salud está consagrado en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia del caso Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala, del 23 de agosto de 2018, estableció lo siguiente:

«(el) derecho a la salud se refiere al derecho de toda persona a gozar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Este derecho abarca la atención de salud oportuna y apropiada conforme a los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad».

El artículo 83 de la Constitución también reconoce el derecho al ordenar al Estado a tomar medidas que aseguren el acceso a los centros, bienes y servicios de salud.

Los marcajes de las casas de los enfermos de coronavirus también violan flagrantemente el artículo 21 de la carta magna, el cual indica que:

«Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia: 1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona».

Por su parte, el artículo 69 de la Ley Orgánica de Salud establece que los pacientes tendrán el derecho al «respeto a su dignidad e intimidad, sin que pueda ser discriminado por razones de tipo geográfico, racial, social, sexual, económico, ideológico, político o religioso» y a «ser asistido en establecimientos de atención médica donde exista la dotación adecuada de recursos humanos y equipos a sus necesidades de salud, aun en situación de conflictos laborales». Por lo visto, ello es desconocido por los mandatarios locales.

Tomando en cuenta lo anterior, Acceso a la Justicia considera importante señalar que estigmatizar a los pacientes de COVID-19 marcando sus hogares configura una vulneración a la dignidad de la condición humana de los enfermos, aparte de que los revictimiza, conducta absolutamente ajena al bienestar que el Estado debe proporcionar a los pacientes mediante medidas ciertas y oportunas que brinden una atención de salud digna y debida.

Copiando los peores ejemplos

Como hemos dejado en claro, consideramos que los alcaldes Duque y Daza han incurrido en graves violaciones a los derechos humanos, al tiempo que han vulnerado principios constitucionales como el de la legalidad (artículo 137) y el de separación de poderes (artículo 136), por cuanto pretendieron imponer sanciones no previstas en ninguna norma, convirtiéndose en jueces y verdugos.

También señalamos que lo ocurrido en Yaracuy se asemeja a algunas de las medidas adoptadas por la Alemania nazi, que impuso a los judíos la obligación de portar una estrella de David amarilla en sus vestimentas para poder reconocerlos y diferenciarlos del resto de la población. Esta acción fue el preludio de la deportación y exterminio de este colectivo en Europa.

No obstante, no es necesario citar los peores ejemplos de la historia universal, pues lamentablemente las prácticas estigmatizantes en Venezuela tampoco son nuevas. Un caso emblemático es el de la lista Tascón, una herramienta de segregación que consistió en divulgar la identidad de casi cuatro millones de venezolanos que habían firmado en 2003 la solicitud para activar el referendo revocatorio contra el fallecido presidente Hugo Chávez Frías.

El acceso a los nombres y apellidos de millones de ciudadanos que habían manifestado su voluntad de activar el referendo presidencial permitió al Gobierno despedir a funcionarios públicos o negarle beneficios a todo aquel ciudadano que hubiera estampado su firma en la solicitud. Unas medidas que le valieron al Estado venezolano una condena por parte de la Corte IDH.

El marcaje de las casas de los enfermos de COVID-19 viola también el derecho a la privacidad, consagrado en el artículo 60 constitucional, en el artículo 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 11 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Dicha garantía busca que nadie sea objeto de injerencias arbitrarias o abusivas, ni por parte del Estado ni de otras personas en su vida privada e intimidad.

Vale la pena recordar que la Sala Político-Administrativa de la antigua Corte Suprema de Justicia (CSJ), en sentencia n.º 28 del 20 de enero de 1998, condenó al Ministerio de la Defensa por discriminar a un grupo de militares portadores del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA):

«Considerando la gravedad de la enfermedad y hasta ahora, generalmente, su fin mortal, debe adoptarse un comportamiento digno y no lesionar la condición del ser humano en su honorabilidad, reputación y estimación (frente a sí mismo y frente a los demás). En este sentido, se recuerda el respeto del derecho a la vida privada, tratado con anterioridad en el contexto del secreto del estado de salud, Ahora, sin embargo, esta misma vida privada se considera en el ámbito del comportamiento ético de los demás, en conocimiento del diagnóstico, en relación con la dignidad de la persona humana, portadora del VIH/SIDA».

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

No es casualidad que regímenes autoritarios estigmaticen y criminalicen a sectores de la población. Durante la pandemia, el Gobierno de Maduro ha hecho gala de esta práctica, por ejemplo, cuando a mediados de 2020 responsabilizó a los retornados venezolanos que volvían al país por vías irregulares del aumento de los casos de COVID-19 en el país. En el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB) incluso llegaron a calificarlos como «bioterroristas», e instaron a los ciudadanos a ubicarlos y denunciarlos. Son acciones que forman parte de una estrategia de control y dominación de la sociedad.

En Acceso a la Justicia consideramos que lo ocurrido en Yaracuy es otra manifestación de esa política de discriminación y exclusión, que afecta no solo a los contagiados de COVID-19 sino a todas las personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad en el país.

Consideramos oportuno exigir una rectificación del Gobierno nacional y que deje de buscar enemigos por la actual crisis, y nos sumamos a la petición de amplios sectores de la sociedad que reclaman la puesta en marcha de un plan de vacunación masiva, única solución a la pandemia. Reclamamos que dicho plan siga las directrices dictadas por instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el pasado 6 de abril, en su resolución 1/2021 señaló que es obligación estatal asegurar la distribución a las vacunas y su acceso equitativo y universal, abstenerse de tratos discriminatorios y crear condiciones de igualdad real para quienes han sido históricamente vulnerados en sus derechos o que se encuentran en mayor riesgo de sufrir discriminación.

Por último, creemos que la investigación que el MP anunció contra el alcalde Luis Adrián Duque es una oportunidad para corregir abusos y comenzar a cumplir con su rol institucional de perseguir a quienes quebrantan la ley, sin importar su carnet partidista.

16 de abril 2021

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