El artículo 26 de la Constitución establece que el Estado garantizará una justicia accesible y transparente, y el 253 indica que «la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos o ciudadanas», pero el cumplimiento de este mandato constitucional luce complicado cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en particular su Sala Constitucional, insiste en la práctica de anunciar sentencias en su página web pero no las publica.

Acceso a la Justicia ha hecho una revisión de la actuación de la Sala Constitucional a lo largo de 2020 y en lo que va de 2021, y encontró que de los dieciocho fallos que la instancia anunció que dictó en relación con los decretos presidenciales de estado de excepción y emergencia económica y de alarma por la pandemia de COVID-19, solamente en ocho (45%) publicó los contenidos de las sentencias el mismo día en que informó sobre ellas.

Por su parte, en las diez sentencias restantes (55%) únicamente anunció su decisión, y solo uno de los textos de estas fue publicado posteriormente; los demás nueve aún no aparecen en la página del TSJ.

Como si lo anterior no fuera suficientemente alarmante, hasta la fecha la intérprete de la carta magna no ha publicado todavía los textos íntegros de nueve de esas decisiones; es decir, la mitad del total. Esto a pesar de que en algunos casos han transcurrido casi diez meses desde que notificó que había sentenciado. Lo descrito se puede ver en la siguiente infografía:

Esta situación es preocupante, porque desde 2016 el Gobierno de Maduro se ha arrogado cada vez más potestades mediante los decretos de excepción por emergencia económica y lo ha hecho con el aval del TSJ, aunque no del Parlamento. Por ejemplo, en 2018, la organización Transparencia Venezuela detectó que entre la octava y novena prórroga del estado de excepción el Ejecutivo había aumentado sus potestades un 44%.

Por el mismo camino torcido

Hasta el viernes 5 de marzo de este año, la Sala Constitucional había anunciado diecisiete decisiones, pero solamente siete de sus textos (41,17%), han sido publicados en la página web del organismo y pueden ser consultados.

La práctica de sentenciar y no publicar el texto de las decisiones no es nueva en el máximo juzgado, y ha sido utilizada especialmente en casos en contra de la disidencia política. Por ejemplo, el 29 de enero de 2019 la Sala Plena informó, por medio de un comunicado de prensa, que había decretado una serie de medidas cautelares en contra del presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, Juan Guaidó. Igualmente, el 1 de abril de ese año ordenó a la Asamblea Nacional Constituyente mediante una nota de prensa levantarle la inmunidad parlamentaria, lo multó por desacato a la prohibición de salida del país y le ordenó al Ministerio Público su enjuiciamiento.

Ningunas de estas decisiones se numeró ni anunció, a diferencia de los casos mencionados anteriormente. Al respecto, desde Acceso a la Justicia hemos explicado que una nota de prensa no es un medio jurídico establecido legalmente para sentenciar.

Meses después, la plenaria del TSJ ordenó al Ministerio Público procesar también a los legisladores opositores Henry Ramos Allup, Luis Florido, Mariela Magallanes, José Simón Calzadilla, Américo De Grazia, Richard Blanco, Freddy Superlano, Sergio Vergara, Juan Andrés Mejía, Carlos Paparoni, Miguel Pizarro, Franco Casella, Winston Flores, Rafael Guzmán, Juan Pablo Guanipa, Jorge Millán, Hernán Alemán, Carlos Lozano y Luis Stefanelli, por presuntamente incurrir en delitos como traición a la patria, conspiración e instigación a la rebelión. ¿El motivo? Haberse desplazado hasta las inmediaciones de la Base Aérea de La Carlota, en Caracas, durante los sucesos del 30 de abril de ese año. No obstante, casi dos años después ni los afectados ni los ciudadanos han podido ver los argumentos del máximo juzgado, porque las sentencias correspondientes siguen sin aparecer en la web del TSJ.

La publicación de una sentencia es un requisito fundamental para que la persona conozca las razones por las cuales se la está enjuiciando y eventualmente pueda defenderse en un juicio o en una instancia superior, si hubiere lugar a una apelación o a algún tipo de recurso.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

La falta de publicación de los textos de las sentencias del TSJ y su anuncio mediante notas de prensa u otros medios es otra prueba más de la opacidad de la administración de justicia, la cual es incapaz siquiera de cumplir con los requisitos formales mínimos de su función, sobre todo en asuntos en los que están en juego restricciones a derechos fundamentales y procesos que sin duda son de interés nacional, como los emprendidos contra los exdiputados antes mencionados.

La actuación del máximo juzgado complica las posibilidades de hacer contraloría social a su labor a efectos de evitar posibles decisiones que perjudiquen a los ciudadanos. Además, envía un mal mensaje para el resto de los juzgados, al decirles que está bien que no publiquen sus decisiones, lo que pone en riesgo el acceso a la justicia y su transparencia.

10 de marzo 2021

https://accesoalajusticia.org/sala-constitucional-sigue-anunciando-sente...

Si la educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar los fines del Estado (Art.3), resulta indispensable encontrar las razones que expliquen la destrucción de ambos procesos y particularmente en lo relacionado con la universidad venezolana.

Para quienes actualmente detentan el poder, la educación es un aparato ideológico del Estado que se encuentra al servicio de la clase dominante. Es por ello que, desde el inicio del actual proceso político la toma del sistema educativo constituyó un objetivo fundamental para que, una vez alcanzado, poner la educación al servicio del “socialismo del siglo XXI”.

Así, en octubre del año 2000 se dicta el Decreto Presidencial 1011 que autorizaba la figura de supervisores itinerantes con la finalidad de controlar las actividades de las instituciones educativas, modificaba el Reglamento del ejercicio de la función docente y promovía la presencia de “educadores” cubanos en el proceso de alfabetización en Venezuela.

Dicho decreto fue enfrentado con grandes movilizaciones bajo el lema “Con mis hijos no te metas”, e introducida una solicitud de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia, que nunca prosperó.

El 28 de marzo de 2001 la arremetida era dirigida contra la universidad venezolana a través de la toma de la Sala de Sesiones del Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela. Acción que contó con la complicidad del Vicerrector Administrativo, Manuel Mariña, y la Vicepresidenta de la República, Adina Bastidas, entre muchos otros. Tal intento fue derrotado gracias a la valiente actitud del Rector de la Universidad, del equipo humano que lo acompañaba, la posición de la dirigencia estudiantil, el profesorado y la movilización de la comunidad universitaria.

Todos los intentos de diálogo fueron infructuosos, incluyendo el saboteo al Parlamento Universitario, realizado en el Aula Magna por parte de los tomistas. Solo la actuación enérgica y decidida de la comunidad puso fin a una acción dirigida a tomar a la universidad por asalto.

Derrotados en la toma y convencidos de su imposibilidad de acceder al poder universitario por la vía del voto, se dio inicio a una nueva estrategia sistemáticamente denunciada por la Asociación de profesores de la UCV desde el año 2009 e integrada por cuatro componentes: el cerco presupuestario, el desconocimiento de la contratación colectiva (Normas de Homologación), el uso de la violencia como arma política y la judicialización de la vida universitaria.

Tal estrategia fue denunciada y enfrentada por la APUCV a través de la producción del video “En defensa de la universidad democrática y plural”, editada en castellano e inglés. Y también se realizó una gran marcha universitaria bajo el lema “La Academia se moviliza en defensa de sus derechos”.

De aquella fecha hasta nuestros días hemos insistido en la necesidad de desarrollar, infructuosamente, una estrategia de autodefensa. Esta carencia institucional ha favorecido las acciones del Estado dirigidas a la toma de la universidad utilizando una diversidad de medios.

La violencia hace su aparición, esporádicamente y en diversos momentos. El uso de la maqueta ha sustituido la formulación presupuestaria, haciendo inútil cualquier planificación institucional. El presupuesto asignado adolece de criterio académico, pero evidencia la finalidad política. La tabla salarial de todo el personal, impuesta por el Estado es avalada por sectores sindicales y gremiales proclives al gobierno. Hoy todos los universitarios están sometidos a una relación laboral que desconoce los derechos y nos coloca en condiciones de miseria.

La renovación de las autoridades es impedida violentando la autonomía y pretendiendo imponernos un sistema electoral contrario a la Constitución. Frente a ello la APUCV se pronunció de manera inmediata y convocó a referéndum. A la fecha de hoy seguimos eludiendo la realidad sin enfrentar al régimen.

Los beneficios al estudiantado desaparecieron paulatinamente y la Organización de Bienestar Estudiantil se encuentra imposibilitada de cumplir con su misión adecuadamente.

Las instancias prestadoras de salud de los empleados desaparecieron y el Instituto de Previsión del Profesorado de la UCV vio mermado sus ingresos ordinarios provenientes de la UCV sobreviviendo, a duras penas, por la inversiones realizadas durante la actual gestión gremial.

Aunque parezca incomprensible por ser la educación y el trabajo los instrumentos esenciales para el desarrollo social, estamos en presencia de la destrucción premeditada de la universidad libre y plural y por ende del personal que labora en ella. La fuga del recurso humano avanza lentamente impulsado por lo mísero de los ingresos y el deterioro en las condiciones laborales.

Estamos al borde, si no reaccionamos con contundencia y valentía de ver la desaparición de una institución que está por cumplir 300 años de existencia. Ya su planta física se encuentra profundamente deteriorada a pesar de ser Patrimonio de la Humanidad. La caída de un pasillo techado es una triste evidencia. La destrucción de la universidad autónoma, libre y plural es el objetivo, constituyendo un crimen de lesa humanidad.

Todas las universidades autónomas han sido sometidas al saqueo y a la destrucción. Tal hecho no ocurre en los centros de formación ideológica denominadas por ellos universidades”.

La última acción de pretender imponer la plataforma Patria para pagar los míseros ingresos al personal universitario es parte de una nueva avanzada, aprovechando la situación de la pandemia. Es una nueva manera de control social, es violar la autonomía universitaria y por ende la Constitución. Es una manera de desmoralizar a quienes laboramos en la institución.

La tendencia institucional a la adaptación y a evitar la confrontación abierta no ha rendido el fruto deseado. Nuestra respuesta institucional se ha circunscrito al uso de acciones legales y comunicaciones que nada resuelven, aunque sean necesarias llevarlas a cabo.

Es hora de que:

Las instituciones asuman un rol más activo y protagónico, retando al régimen. Convencido de esa necesidad propongo a todos los ucevistas de corazón, egresados, estudiantes, profesores y empleados a hacer acto masivo de presencia en la universidad como demostración de rebeldía y resistencia pacífica, acatando los protocolos de bioseguridad.

La universidad se llene de gente.

Las Autoridades y el personal de gestión que la acompaña se concentren en la Plaza cubierta del Rectorado.

Los Decanos hagan lo mismo en la entrada de sus Facultades y los Directores de cada Escuela e Instituto, se concentren con sus alumnos y profesores en los espacios aledaños a la misma.

La sociedad civil nos acompañe en la defensa de la universidad venezolana.

Pongámonos de acuerdo con una fecha perentoria y asistamos todos con alguna prenda azul y enarbolemos la consigna:

LA UNIVERSIDAD Y LA CONSTITUCIÓN SE RESPETAN

NO MAS SUELDOS DE HAMBRE NI PRESUPUESTOS INSUFICIENTES.

LOS UNIVERSITARIOS NOS DECLARAMOS EN REBELDÍAD

Presidente de la APUCV

Dio una muestra más de que va leyendo bien los “signos de los tiempos”. Los años no le han pasado por encima, los ha sabido driblar, al fin y al cabo es futbolero como todo argentino, lástima que no sea del Boca Junior, mi equipo de por allá. No ha mermado, por tanto, su empeño para terciar en esta época tan complicada. Tampoco lo han logrado las críticas, en no pocas ocasiones lanzadas desde su mismo lado, envueltas en soberbia, con pretensiones de ortodoxia. Y, menos aún, los frecuentes chismes, según se le llamaba antes a los “fake news”. Visto que recientemente se celebró el día internacional de la mujer, cabe mencionar, a título de simple ejemplo de lo que señalo, la forma cómo le han reprochado su inconformidad con la exclusión femenina en diversos ámbitos de la actividad eclesiástica, suerte de veto apuntado desde hace rato en la lista de los “pendiente por pagar” de la institución.

“Fratelli tutti”

La semana anterior, en medio de la pandemia, el Papa Francisco viajó a Irak en donde permaneció tres días y visito seis ciudades. Tomó la decisión, a pesar de que dicho país continúa siendo, según dicen los politólogos, un escenario para el ajuste de cuentas globales y regionales, ubicado en medio de la confrontación entre Estados Unidos e Irán, cuyos enfrentamientos recientes se han desarrollado en suelo iraquí. Y a pesar de que se trata de una sociedad punteada por violentos conflictos cocinados en el sectarismo, a menudo basados en un fundamentalismo que entraba sensiblemente la convivencia entre grupos étnicos y religiosos, con ideas, creencias y culturas diversas.

En el aeropuerto lo recibió una delegación oficial y luego se trasladó al palacio presidencial con el fin de entrevistarse con el jefe de Estado, Barham Salih, En sus palabras de bienvenida éste le indicó que su “…encuentro llevaba un mensaje para el mundo y representaba un paso para la fraternidad, asegurando que “…Oriente no puede imaginarse sin los cristianos…”, y lamentando que “… muchos de ellos se hayan visto forzados a abandonar su territorio por la violencia en las últimas décadas.”

Así mismo, tuvo una reunión con el gran Ayatolá Alí Sistani, la máxima autoridad religiosa del Islam chiita que, se espera, marcará las futuras relaciones entre la Iglesia católica y el Islam chiita.

Los analistas piensan que las conversaciones realizadas a propósito de la breve gira papal significaron un gran respaldo a la institucionalidad de un país que es clave para la estabilidad de una región tan llena de problemas, muchos de ellos generados a raíz de la invasión estadounidense en los días de Sadam Hussein. Por otro lado, tiende importantes puentes con la rama chií del islam y reclama la defensa de todas las minorías, incluyendo, no sólo a la cristiana, sino a todos los iraquíes, cualesquiera sean de sus convicciones.

Nadie debe quedar excluido de la cultura del encuentro y del diálogo, manifestó Francisco. “Hay que aprovechar la ocasión para rezar junto a los creyentes de otras confesiones religiosas, en particular los musulmanes, a fin de reconstruir la concordia más allá de las facciones y las etnias”.

Las religiones, cada una respondiendo a sus fundamentos, van dejando permanentemente mensajes de solidaridad, de respeto, de fraternidad y de perdón. Predican que el otro ser humano es un prójimo, lo que no pocas veces se olvida, incluso entre los que más las practican.

Este viaje es un revés para la intransigencia en sus diversos empaques. Y para la guerra, por supuesto, tal como el Papa lo escribe en su última Encíclica “Hermanos Todos”, calificándola como “…un fracaso de la política y de la humanidad, una rendición vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal.”

“La Casa Común”

Esta metáfora, que le dio nombre otra encíclica escrita por Francisco hace algunos años, no solo tiene sentido en el marco de la crisis ecológica (su propósito central), sino que, además, tiene pleno significado en todos los espacios que conciernen a la vida. Su presencia en Irak, además de lo señalado en estas líneas, representa, pues, una apelación que va que más allá de la mera coexistencia mundial. Hay que entenderla como la exigencia de darle al mundo “… un sentido común de humanidad”. Ojalá que este largo viaje desde Roma hasta Bagdad influya para que los terrícolas nos empeñemos más en la faena de examinar y calibrar el modo como nos paramos en un planeta – en la cancha, como seguramente diría Francisco -, cuya suerte nos concierne a todos. En este contexto, el de la Casa Común, las contiendas religiosas son, sobre todo, una estupidez.

El Nacional 10 de febrero de 2021

El estatus de protección temporal que la Administración de Joe Biden ha concedido a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en Estados Unidos debido a la crisis que vive su país constituye la primera gran señal factual de un cambio de rumbo de Washington respecto a América Latina. El giro se antoja lento y complicado ante los dos conflictos más inmediatos en la región, Venezuela y Cuba. La Casa Blanca recalca que la modificación de la estrategia respecto al régimen castrista “no figura entre las principales prioridades” de Biden y que, aunque no comparte la estrategia de sanciones del Gobierno republicano respecto a Caracas y recuperará la cooperación internacional, tampoco tiene prisa por suavizar los castigos. El mensaje sirve para mantener la presión ante cualquier negociación futura, pero también constata las dificultades. Las últimas decisiones tomadas por Trump, además, han aumentado la tensión internacional.

La doctrina del expresidente para América Latina se fundamentó en la idea de una “troika tiránica” que englobaba Venezuela, Cuba y Nicaragua. Este grupo constituía una reedición de aquel famoso “eje del mal” que George W. Bush popularizó en 2002: Irak, Irán y Corea del Norte. En Washington hay pocas casualidades y esta no es una de ellas. El último presidente republicano se había rodeado de halcones del tiempo de Bush hijo, como John Bolton, el consejero de Seguridad Nacional con el que acabaría de uñas; o Elliott Abrams, el viejo gladiador de Ronald Reagan para Centroamérica, designado por Trump como enviado especial para Venezuela.

“Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluida la militar si fuera necesario”, dijo Trump en agosto de 2017, en mitad de sus vacaciones, desde su club de golf de Bedminster (Nueva Jersey). “No voy a descartar la opción militar, es nuestro vecino y tenemos tropas por todo el mundo. Venezuela no está muy lejos, y la gente allí está sufriendo y está muriendo”, continuó, con ese estilo suyo tan particular, capaz de vincular una acción armada a la conveniencia de la ubicación.

Pero ese ardor guerrero, para disgusto de algunos nostálgicos, no iba más allá de los discursos. Y sus palabras de apoyo al pueblo venezolano, para frustración de muchos otros, tampoco se tradujeron durante su mandato en el estatus de protección que reclamaban los opositores al régimen de Nicolás Maduro. No fue hasta el último día en la Casa Blanca, el 19 de enero, cuando aprobó una orden para diferir las deportaciones de venezolanos durante 18 meses, lo que les iba a mantener en un limbo administrativo y no les permite trabajar, a diferencia de la TPS (estatus de protección temporal) recién anunciada por la Administración demócrata. Lo que sí hizo Trump fue apretar las tuercas con las sanciones. Redobló las que iban dirigidas a los individuos y atacó el pulmón económico del país, el petróleo, con el fin de forzar a Maduro a convocar elecciones.

El actual Gobierno estadounidense subraya los escasos frutos que la estrategia ha brindado. “Hemos visto cómo el régimen y los mercados se han adaptado a las sanciones del petróleo y podemos seguir así no se sabe cuánto tiempo. No hay prisa por levantar esas sanciones, pero sí un reconocimiento de que las multas unilaterales no han funcionado para forzar la celebración de elecciones y que la anterior Administración falló en la coordinación con Europa y con los aliados a Latinoamérica”, explicó este lunes un funcionario de la Casa Blanca en una conferencia con periodistas.

Aun así, Biden “seguirá con la presión”, afirmó esa misma fuente, “hasta que Maduro se siente en la mesa y tome la decisión de convocar elecciones”. “Una vez pase eso, hablaremos con la comunidad internacional para ver qué sanciones podrían levantarse.”

No suenan los tambores de guerra ahora en la Casa Blanca y se ha concedido la ansiada protección temporal, pero Washington no está abriendo una página en blanco en la relación con Caracas. A diferencia de la Unión Europea, Estados Unidos sigue reconociendo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, pese a que la Asamblea Nacional, de la que emanaba su legitimidad constitucional, ha cambiado de color político tras las elecciones de diciembre (cuyos resultados no han sido reconocidos por la UE). No ha virado un milímetro en la idea de que el de Maduro es un Gobierno ilegítimo, aunque la campaña electoral de Trump, acusando a Biden de socialista, hizo mella en el electorado latino más conservador, que ayudó al republicano a ganar las elecciones en el codiciado Estado de Florida.

“La política de presión contra Venezuela, en realidad, es bastante bipartita y es normal que Biden no tenga prisa en suavizar esa presión sin motivos claros. Tampoco va a tener prisa con Cuba, él es un moderado. Para qué buscarse esa pelea a nivel doméstico”, reflexiona Dany Bahar, experto en economía para la región de la Brookings Institution.

El camino emprendido por Trump sobre Cuba, que Biden ha prometido revisar, es uno de esos incómodos de desandar ante parte de los ciudadanos. En el crepúsculo de su presidencia, el republicano incluyó a la dictadura cubana en la lista de los países patrocinadores del terrorismo, que solo comparte con Siria, Corea del Norte e Irán, y dejó a su sucesor en la tesitura de sacarlo de ahí. La designación, que conlleva la imposición de “sanciones a personas y países” que comercian con la isla, provocó el rechazo del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y de políticos latinoamericanos como el expresidente colombiano Juan Manuel Santos.

La Unión Europea y muy especialmente España, aguardan también que Biden dé marcha atrás en la entrada en vigor del título III de la Ley Helms-Burton, que permite las demandas de ciudadanos estadounidenses contra empresas internacionales por lucrarse con propiedades confiscadas por el régimen castrista tras la revolución. Esta norma había sido suspendida por todos los presidentes de Estados Unidos desde 1996 y Trump decidió activarla en 2019.

Sobre este asunto, la Administración estadounidense indica que nada va a ocurrir demasiado rápido. “El giro en la política hacia Cuba no figura en las prioridades del presidente, que son la pandemia, la recuperación de la economía y la reconstrucción de alianzas en el extranjero”, responde una portavoz del Consejo de Seguridad Nacional. Aun así, añade, la Casa Blanca sí va a “revisar cuidadosamente” las decisiones del Gobierno anterior. Al margen de una modificación en esos dos frentes concretos, que además le crean problemas con los aliados europeos, un proceso de deshielo como el emprendido por Barack Obama resulta improbable a corto plazo.

“Estamos comprometidos en hacer de los derechos humanos el centro de nuestra política exterior y eso incluye redoblar nuestra dedicación a los derechos humanos en el hemisferio”, explica también la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional. En el equipo de política exterior de Biden figuran veteranos de la Administración de Barack Obama, como Antony Blinken, el secretario del Estado, que había trabajado en el departamento también durante la etapa de Bill Clinton. El director para la región latinoamericana en el Consejo de Seguridad Nacional es Juan S. González, que había ocupado ese mismo puesto y también asesoró al propio Biden como vicepresidente.

La llegada de Biden a la Casa Blanca también ha alentado grandes expectativas en el flanco migratorio. La nueva Administración ha impulsado una reforma migratoria que se centra en los motivos de la emigración de Centroamérica, con un plan de inversiones de 4.000 millones de dólares en cuatro años para dinamizar la economía de la región. También ha prometido “humanizar” el proceso de llegada y entrada a Estados Unidos, tras años de mano de hierro por parte de Trump, pero esa voluntad también requerirá tiempo y, como Washington ha querido recalcar, no se traduce en una política de puertas abiertas.

En una “visita virtual” reciente de Blinken a México, el jefe de la diplomacia lanzó un aviso claro a las personas que huyen de la pobreza y la miseria en Centroamérica: “A cualquiera que esté pensando en hacer ese viaje nuestro mensaje es: no lo haga. Estamos haciendo cumplir de forma estricta nuevas leyes migratorias y nuestras medidas de seguridad en la frontera. La frontera está cerrada para la inmigración irregular”. Pero la presión en ella no amaina. Según cifras publicadas por The New York Times este lunes, en las últimas dos semanas el número de menores migrantes no acompañados detenidos en la frontera sur de Estados Unidos se ha triplicado.

9 de marzo 2021

El País

https://elpais.com/internacional/2021-03-09/biden-impulsa-un-complicado-...

El régimen postchavista aturdido, mayormente descompuesto después del 6D, más temeroso por el crecimiento de una masa democrática cuantificable como movimiento político democrático, cono energía para generar un cambio político expresión del gen democrático venezolano, en un acto público ensaya una solicitud acudiendo al constructo de la Memoria Pública. La Memoria Pública que registra hoy el venezolano es el hambre, la miseria exponencial, la persecución policial, la corrupción política y el intento del militarismo socialista de seguir de espaldas a la Constitución en apoyo a una tiranía en pleno siglo XXI. Tiranía que, como régimen militarista, es el responsable por la regresión política que viven Venezuela y los venezolanos.

La Memoria Pública que deja este régimen está cercana a las imágenes de los cañones, violencia y regresión política exponencial encubierta por un militarismo obsecuente, que la ciudadanía democrática repudia, razón por la cual demanda como ciudadanía un comportamiento para crecerse en la adversidad política, que le permita enunciar su encuentro con una real democracia acudiendo a un hecho electoral en condiciones legítimas y universales en la anunciada megaelección. La Memoria Pública inspirada en exhibicionismo armado, armamentismo y fuerza bruta militar es la revivencia del autoritarismo, de las fuerzas y engaños más la corrupción exponencial de un régimen nacido del golpismo militarista en 1992. Con un gobierno militar que derivó en gobierno militar de calle -expresión grotesca de la subpolítica y la antipolítica- de quienes desprecian al ciudadano y la democracia violando la Constitución.

La venezolanidad del 2021 está muy distante de la simbología político-militar. Está asqueada de imágenes, representaciones y fantasías que intenta el régimen fijar a juro, donde las acciones contrarias a la democracia está cercanas al fanatismo y al primitivismo político que emplea las fuerza-violencia para gobernar desde 1999. El venezolano demócrata 2021 como gran mayoría expresa su rechazo a la experiencia del militarismo, a quien encabezó esta insensatez política, económica y sobre todo ideológica. No es un acontecimiento político para movilizarlos… sino para desterrar cuanto tenga que ver con el militarismo y la militarización de la política y la sociedad.

La Venezuela del 2021 es democrática en su 91.8%, en consecuencia la Memoria Pública no puede aceptar el 5 de marzo que gire alrededor y demostrar voluntades que permitan el primitivismo armado como acto político por grotesco, inconstitucional, además de corrupto. La energía política del venezolano y sus Memoria Pública están orientadas hacia el devenir, que tendrá que ser la democracia, los demócratas y la Constitución. La democracia con la mayoría tiene claro lo desgraciado lo que es la remembranza del 5 de marzo, de quien presidió un régimen autoritario al margen de la Constitución y, sobre todo, potenció su violación sistemática. La Memoria Pública 2021 está azotada por el hambre, está arrinconada por el militarismo y, por lo tanto, en los demócratas no hay espacio para la Memoria Pública.

La Memoria Pública 2021 se mostrará para conservar actuación y acciones como evocaciones y reconocimiento constitucionales, el 5 de marzo no existe ningún estímulo, evidencia o imágenes para recordarlo ¡No en el venezolano demócrata, que es la mayoría! En consecuencia, es ridículo, es equívoco solicitar mediante una treta del elemento armado que el venezolano del 2021 avive la Memoria Pública. En el venezolano demócrata no tiene significación el 5 de marzo, no tiene razón para llamar a la memoria que recuerde cuando todo lo que pudiera recordar de esa fecha está cerca del dolo, de la violación de la norma y del irrespeto al sistema.

El ciudadano 2021 ha decidido reinstalar la democracia, en consecuencia hace uso de su curva de olvido hacia todo aquello que se relacione con una trampa política engañosa, como el militarismo y su dictadura que cuanto ha significado es una regresión política y una desgracia del venezolano. La curva del olvido se nutrirá del gen democrático y, con fuerza y energía, se apresta para activar y desarrollar un manifiesto rechazo a quienes han subyugado y destruido al sistema político venezolano, acomodando una tiranía grotesca y primitiva vergüenza del mundo y la postmodernidad.

El ciudadano demócrata 2021 montado sobre la curva del olvido no perderá tiempo como los furibundos e ignaros fanáticos en una supuesta Memoria Pública, que avergüenza a la Venezuela Estado, hociqueada y ofendida pero dispuesta a conquistar su dignidad. No y nunca anclada en la Memoria Pública fanática, antipolítica, militarista sumisa, sino todo lo contrario en la Memoria Pública que resguarda la ecuación democrática. Los aduladores de oficio, sirvientes de la violencia y seguidores del golpismo, pareciera que han comenzado a comprender que la mayoría de los venezolanos accionarán con una participación política contendiente para recrear una memoria que sí se corresponda con lo público, con lo constitucional, respetando el merco vigente y el gen democrático, lo cual muestra la Decencia Política y jamás la barbarie, la adulancia y, sobre todo, la mentira política.

Es original,

Director de CSB-CEPPRO

@JMachillandaP

Caracas, 9 de marzo de 2021

Una de las más importantes características de los veinte y dos años del gobierno “Revolucionario del Siglo XXI” es, sin lugar a dudas, su indetenible carrera hacia la destrucción total del país.

La crisis económico-social generada por el régimen, destruye el aparato productivo y la infraestructura de servicios, empobrece a la mayoría nacional y siembra el hambre por todos los rincones de la geografía venezolana. Entramos en el 8º año consecutivo de depresión económica y el 4º de hiperinflación. En 2020 el PIB cayó un 26%, lo que representa un acumulado de 76%, de acuerdo con cifras de la CEPAL. Esto significa una paralización brutal del aparato productivo nacional, cuya mercadería se suple parcialmente con importaciones.

La hiperinflación (3.713% en 2020, según cifras de la Comisión de Finanzas de la legal AN) y la devaluación sostenida y continuada del Bolívar han pulverizado nuestro signo monetario y disparado los precios de todos los bienes y servicios. El dólar ha sustituido, de facto, a la moneda nacional como medio de pago, es decir, para las transacciones comerciales, reduciendo la función del bolívar a las transacciones electrónicas, mientras el efectivo ha quedado para pagar el transporte urbano, a duras penas

La liberalización de las importaciones (exenciones tributarias, entre otras cosas), la dolarización de los costos y precios y el lavado de capitales han incrementado la actividad comercial y el abastecimiento, pero su adquisición es cada vez más inaccesible.

El rasgo más importante de la situación social es el empobrecimiento generalizado del pueblo, hasta el punto de la posibilidad de una hambruna. Este riesgo ha sido advertido por los organismos de la ONU especializados en la materia y sus primeras manifestaciones ya se han registrado en estados como Miranda, donde en septiembre 2020 se produjo la muerte de 18 infantes por desnutrición, por solo citar un caso.

La pobreza por ingresos se sitúa en más 90%, según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI). Solo bastaría contrastar el salario mínimo mensual (Bs 1,8 millones) con el costo de la canasta básica que supera los Bs 500 millones.

El salario, las prestaciones sociales y el ahorro de los trabajadores y sus familias han sido pulverizados. Las contrataciones colectivas han sido sustituidas por unas tablas salariales de hambre que borran viejas conquistas y reivindicaciones alcanzadas en etapas anteriores y los derechos a sindicalización y huelga han sido borrados casi por completo.

La salud vive una situación similar resumida en los siguientes factores principales: deterioro de la calidad de vida y de las condiciones medioambientales (pobreza y hambre); infraestructura hospitalaria en decadencia y abandono; escasez grave de medicamentos, equipos e insumos médicos; encarecimiento de los precios de las medicinas y servicios; deserción creciente del personal especializado. Prácticamente, los trabajadores carecen de un Sistema de Seguridad Social que les permita superar la crítica, por no decir dantesca, situación que hoy están viviendo.

Con los pírricos salarios mínimos, menores a un dólar mensual y sueldos de hambre, con la congelación de la discusión de los contratos colectivos, con la criminalización y sangrienta represión de las luchas gremiales, la imposibilidad de poder ser atendido frente a un problema de salud por la carencia de coberturas suficientes de seguros HCM y el colapso de los centros hospitalarios de país, la ¨revolución¨ socialista del siglo XXI ha condenado a muerte a los trabajadores venezolanos.

Toca, en este momento crítico, mantener en alza las banderas de La lucha por la Vida transitando el camino de la Unidad de las fuerzas sociales para lograr superar la crisis social, política y económica generada por este régimen genocida.

No hay salida a la crisis con el chavismo en el poder. Desplazarlo del poder e iniciar una transición sigue siendo el objetivo principal de las fuerzas democráticas del país. En la lucha por la vida y contra una condena de muerte, se hace impostergable que todas, las sindicales, gremiales, culturales, deportivas se concentren en una sola lucha. El llamado a la unidad en la lucha es la única garantía para que los trabajadores logremos derrotar y superar la política de muerte que nos impone el régime

El régimen de expoliación que quedó del “Socialismo del Siglo XXI” hizo de Venezuela el país más pobre de América Latina, después de haber sido uno de sus más prósperos. Su economía es, hoy, apenas la cuarta parte de la de hace siete años y de igual dimensión a la de 1965, pero sirviendo a una población tres veces superior. El ingreso real por habitante alcanza solo a la mitad de la que gozaba el ciudadano promedio en 1950. Y ello ha ocurrido en una nación que, entre 2008 y 2014, disfrutó de la mayor bonanza de exportación experimentada en su historia, con precios para su crudo de USD 100 el barril o más.

Infelizmente, esta enorme riqueza fue dilapidada, esquilmada por contratos leoninos con países “amigos” o simplemente robada. En los años subsiguientes, los venezolanos sufrieron la mayor destrucción de medios de vida registrada en épocas recientes para un país que no esté en guerra. Más de cinco millones decidió emigrar.

Recuperar niveles de bienestar que hagan de nuevo a Venezuela una nación en que vale la pena residir constituye, sin duda, el mayor reto a enfrentar por las fuerzas democráticas, una vez recuperada de la horrible aberración militar que hoy la consume.

Nuestro país enfrentó en el pasado crisis económicas –ninguna, ni remotamente, con las dimensiones de la actual— que fueron solventadas, en mayor o menor grado, gracias a aumentos oportunos en los precios internacionales del petróleo. Proveyeron a la nación con mayores ingresos de exportación para afrontar sus dificultades. El dispendio a discreción de la renta petrolera por parte de diferentes gobiernos sirvió también para cosechar réditos políticos y sembró una expectación en el venezolano de que el Estado estaba ahí para asegurarle su bienestar material.

Esto pasó a ser percibido como un derecho adquirido, no condicionado por otras consideraciones. La captación de rentas internacionales por Venezuela durante décadas obnubiló la vinculación entre la remuneración salarial y la productividad. Las actitudes y valores inherentes a la cultura rentista mellaron, asimismo, las presiones para emprendimientos competitivos. Más rentable fue, para muchos, dedicarse a cazar las rentas que deparaba el intervencionismo del Estado. La viabilidad social, política y económica de un gobierno de transición democrática habrá de verse seriamente comprometida si no logra revertir esta visión.

Repartir la renta petrolera ya no es posible como solución, lo que genera serios desafíos a la hora de querer satisfacer las expectativas de mejora de los venezolanos. El país produce, hoy, apenas 16% de cuando Maduro ocupó la presidencia, privando a Venezuela de las divisas y de los encadenamientos productivos que, en otras oportunidades, dinamizaban al llamado sector conexo de industrias del metal, químicas, de la construcción, como de numerosos servicios. Haberle entregado PdVSA a los militares como premio por su apoyo, terminó la destrucción de su capacidad productiva que había iniciado Rafael Ramírez, cuando hizo de ella una empresa “roja-rojita” al servicio de intereses chavistas.

A nivel mundial es notoria la transición energética a fuentes renovables, hecha posible por los desarrollos tecnológicos, y los intentos deliberados por reducir el uso de combustibles fósiles. En el marco de los acuerdos de París, países europeos se han propuesto como meta reducir sus emisiones netas de gases de carbono a cero para 1950. Muchos se han comprometido, también, a dejar de producir autos de combustión interna para 2030. Metas como estas hacen que la vuelta de precios de bonanza para el crudo sea muy improbable. Los análisis anticipan, más bien, el arribo a una situación de “Peak Demand” en los próximos lustros, a partir del cual el consumo de hidrocarburos se irá reduciendo de forma sostenida. ¿Cuántos años podemos esperar seguir como proveedor importante de recursos energéticos al mundo? Difícil precisar, pero debe tenerse en cuenta, además, que Venezuela no es, actualmente, la provincia petrolera más llamativa para atraer inversiones al sector.

Recuperar un nivel de producción de unos 2,5 millones de b/d tomará al menos 5 años en el mejor de los escenarios. Requerirá, entre otras cosas, una reducción sustancial de la carga fiscal para atraer ingentes inversiones internacionales al sector, sin los cuales ello sería imposible. En consecuencia, el monto de ingresos petroleros del que dispondría el Estado para transferir en auxilio de los sectores más desasistidos será bastante menor. Hoy, parte importante de las exportaciones ni siquiera se cobran por la necesidad de amortizar los préstamos otorgados por China y Rusia al régimen, y por el petróleo que todavía insiste Maduro en regalarle a Cuba.

Enfrentar las expectativas de la población acostumbrada a “soluciones mágicas” provenientes del petróleo constituirá un problema fundamental para la transición democrática. Satisfacer, hasta donde sea posible, sus ansias de superación, implica optimizar el aumento de la productividad, a la vez que se busca cambiar la cultura rentista por una de emprendimiento y competitividad. Si bien se espera negociar un generoso financiamiento internacional con los organismos multilaterales --parte del cual debería destinarse por razones humanitarias a mejorar de inmediato la situación de los más desfavorecidos-- su disponibilidad dependerá de un programa consistente que augure una respuesta favorable de la economía, capaz de asegurar en el tiempo el reintegro de buena parte de los préstamos desembolsados y un crecimiento sostenido que, en un marco de equidad, provea la estabilidad del régimen democrático.

Políticas para fortalecer la productividad y, consecuentemente, la competitividad, serán decisivas para la transición y la consolidación de una Venezuela democrática. Esto supone lo siguiente:

1) Un retorno al ordenamiento constitucional y a las garantías inherentes al Estado de Derecho;

2) Un programa exitoso de estabilización macroeconómica, con un tipo de cambio estabilizado en torno a sus valores de equilibrio o una economía totalmente dolarizada;

3) Aprovechamiento cabal de la capacidad ociosa del aparato productivo nacional en el corto plazo;

4) El desarrollo de un marco y una cultura favorables al emprendimiento productivo;

5) Una estrategia de desarrollo explícitamente orientada al desarrollo de la competitividad, en la cual ocupen papel importante políticas industriales bien concebidas y articuladas;

6) Un esfuerzo especial por insertar al aparato productivo en la ola de la 4ª Revolución Industrial, fortaleciendo sus capacidades de innovación y de desarrollo tecnológico.

La capacidad para atraer inversiones extranjeras, de estimular también la inversión nacional y de aprovechar, de una manera u otra, el talento que emigró –así sea que sus portadores no regresen al país—será sumamente importante. Asimismo, requiere, como se mencionó, del apoyo de los organismos multinacionales, tanto para la provisión de un importante financiamiento externo, como para apoyar al país en la reestructuración de su deuda externa, de forma de hacer compatible su manejo con las metas de desarrollo propuestas.

La instrumentación de un programa de esta naturaleza, ambicioso y con su visión puesta en el largo plazo, es inconcebible bajo un régimen como el actual, guiado por la idea de que la riqueza no necesita ser producida, sino aprovechada, siguiendo intereses personales y políticos. Es lo que se denomina un régimen de expoliación. Descansa en las jerarquías y relaciones de poder articuladas en torno al Estado, y en la ausencia de normas y contrapoderes. Es el reino de las mafias, muchas de ellas, militares.

Es crucial tener en mente qué se está jugando cuando se propone negociar con personeros del régimen una salida pacífica a la actual tragedia. ¿Podrá ser una solución verdadera, hacia la recuperación de niveles de vida dignos y en libertad? ¿Qué hace falta para ello? Valgan estas líneas como referencia.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela

humgarl@gmail.com