El próximo domingo, 21 de noviembre, bajo un régimen que no ha sido reconocido precisamente por su respeto a las reglas de juego ni a los derechos humanos, civiles y políticos de los venezolanos, se celebrarán elecciones regionales y locales. A pesar de lo señalado, representan una valiosa oportunidad para avanzar en el desplazamiento de la camarilla que lo controla y que tanto daño ha causado al país, que no debe ser desperdiciada. Esta apreciación se basa en las siguientes consideraciones.

Las condiciones en que habrán de realizarse estas elecciones son diferentes a las que montó Maduro en 2018 para hacerse reelegir. Entonces las fuerzas democráticas aún controlaban la Asamblea Nacional, aunque sólo formalmente por el despojo de sus potestades constitucionales, y el liderazgo opositor gozaba de considerable apoyo y reconocimiento internacional. La farsa electoral de ese año –partidos y dirigentes opositores inhabilitados, ausencia de auditoría de las máquinas y del registro electoral, inexistencia de observación internacional confiable, violación de los lapsos establecidos y un notorio ventajismo oficialista— pudo ser convertida en acusación contra el régimen. El supuesto “triunfo” de Maduro fue, en realidad, una derrota política. Tan así que más de 50 países del mundo democrático lo desconocieron, se acentuaron las sanciones en su contra y las fuerzas democráticas pudieron montar, el año siguiente, el desafío más fuerte que ha tenido que enfrentar: la aparición de un poder paralelo, en la figura de un presidente interino encarnado en Juan Guaidó, con amplio apoyo internacional. Que este interinato finalmente se haya desinflado en sus pretensiones de sustituir a Maduro, no invalida que, en el momento de su aparición, acentuó la precariedad del mandato obtenido fraudulentamente.

En las venideras elecciones el liderazgo opositor no goza de la ascendencia política que tenía en 2018. Si bien las encuestas siguen mostrando un rechazo a la gestión de Maduro de más del 80%, el apoyo a quienes encarnan la alternativa democrática ha descendido casi al nivel que el que tienen las fuerzas chavistas. Parece que, para muchos, ese liderazgo no encarna la salida en estos momentos.

Por su parte, los jerarcas del gobierno de facto necesitan ganar legitimidad internacional para que les sean levantadas las sanciones en su contra. Ello es aún más apremiante por la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de abrirles una investigación formal por presuntos crímenes de lesa humanidad contra la población. Confiando en que su poder no estará en juego, optaron por respetar ciertas reglas para la venidera contienda, asumiendo un riesgo calculado de que la oposición reconquiste algunos espacios, en lugar de cerrarse aún más en su barbarie y trampear las elecciones abiertamente, como acaba de hacer Ortega en Nicaragua. Y es que sobre Ortega no pesan, por ahora, sanciones como las que tanto perjudican a los bolsillos de la mafia que controla el poder en Venezuela.

De ahí la incorporación de dos respetados demócratas en el CNE, la restitución de la tarjeta única a los fuerzas que integraron la MUD, la venida de una misión de observadores de la Unión Europea y, bajo cuerda, el retorno de algunos dirigentes perseguidos. Claro, persiste la confiscación de las tarjetas y símbolos de importantes partidos opositores, Maduro sigue contando con mayoría en el CNE y es notorio el ventajismo oficialista en el uso de los medios del Estado. La aparición el día 21 de “puntos rojos” para el control de electores, de bandas fascistas merodeando las instalaciones e intimidando a los testigos electorales de oposición, muy probablemente estén también en la agenda. Pero la apuesta del chavo-madurismo parece ser evitar que estos comicios sean invalidados, a los ojos de los observadores, por incumplir con las garantías democráticas esperadas. De lograrlo, Maduro habría dado un importante paso en su búsqueda de legitimidad, mejorando su posición negociadora en México y ante EE.UU.

Y en este riesgo calculado, cuenta con una carta importante: las pugnas habidas entre las fuerzas democráticas, y la desmotivación y consecuente abstención de parte del electorado que, si votara, sería por la oposición. Se ha visto favorecido por la campaña activa contra la participación electoral de una minoría opositora que alega que estos comicios, como los anteriores, serán trampeados: se votará, pero no se elegirá. Ésta se pregunta, no sin razón, si se puede confiar en quienes han dado reiteradas muestras de falsear la voluntad popular. ¿Acaso son ahora demócratas, respetuosos de las normas?

Sería ingenuo confiar en que los maduristas desecharán la trampa ahí donde perciben que puede dar sus frutos. Pero les acarrea un costo político si lo que buscan es aprobación. Además, por las situaciones antes descritas, confían en que la votación de las fuerzas opositoras estará lejos de su potencial y, por tanto, poco amenazante. Perder en algunos lugares, cuando no está en juego el poder a nivel nacional, no les quita el sueño. En última instancia, podrán volver a meter –esta vez camuflada, pues Maduro prometió no aplicarla—la figura del “protector” del estado o de la alcaldía en cuestión.

La naturaleza del régimen no ha cambiado. Sigue siendo un poder dictatorial militarizado, articulado por complicidades mafiosas que, con el apoyo de bandas criminales y de estados forajidos, se dedica a expoliar a Venezuela. Su problema es que, por los momentos, no pueden sacarle todo el provecho a su presa por las restricciones internacionales impuestas a sus desafueros. De ahí su afán de ser percibido como “buen ciudadano” en el concierto de naciones, con elecciones que sean aceptadas como válidas, para recuperar márgenes de acción. No es porque sus personeros crean en la democracia, en el imperio de las leyes y el respeto a los derechos humanos, civiles y políticos de la población.

Cómo el fascismo no da fácilmente su brazo a torcer, tiene una enorme importancia los esfuerzos de muchos para que las fuerzas democráticas conquisten la mayor votación posible. De sobrepasar las expectativas de partida, pondrán en tres y dos a Maduro: o acepta el resultado o se despide de sus intentos por ganar legitimidad. Hay que aprovechar oportunidades como ésta para volver a motivar a la población en torno a las posibilidades y la factibilidad real de un cambio político en el país. Los liderazgos que se están forjando en muchos lugares a propósito de estos comicios, al conectarse con las aspiraciones y los problemas cotidianos del venezolano, habrán de insuflar aire fresco en las fuerzas democráticas. Por los medios sociales se han divulgado importantes movilizaciones y se aprecia un renacer del entusiasmo entre multitudes no despreciables. Ojalá que pueda remontarse en muchos lugares la poco alentadora situación comentada arriba. Decisiones como la de Carlos Ocariz, renunciando a favor de la candidatura de David Uzcátegui para la gobernación de Miranda, son muy positivas. En todo caso y a pesar de las divisiones que aún habrán de presentarse, la suma total de votos democráticos debe dar una señal clara de las aspiraciones de cambio de los venezolanos.

Es menester acumular las fuerzas necesarias para que, con una estrategia consensuada y un liderazgo que haya recuperado la confianza de las grandes mayorías, se logre forzar progresivamente al madurismo a ceder en asuntos cruciales a la convivencia democrática para que, en próximos comicios –las posibilidades de un referendo revocatorio, según el calendario impuesto por Maduro están a la vuelta de la esquina— puedan consolidarse posibilidades efectivas de un gobierno de transición democrática que abra las puertas a la conquista de niveles crecientes de bienestar, en un régimen de respeto al ordenamiento constitucional, a las libertades y a los derechos humanos de la población.

En la superación de las tragedias padecidas por las grandes mayorías, tiene poco efecto la ilusión de “deslegitimar a la dictadura, absteniéndome”. No aprovechar las oportunidades que se presentan para acortar la vida en el poder de tan funesta camarilla solo contribuye a alargar y profundizar su sufrimiento. El esfuerzo de cambio nos corresponde fundamentalmente a los venezolanos, si bien el apoyo internacional es muy importante. Pero no confiemos en soluciones mágicas venidas de afuera.

¡A votar!

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com

El presente escrito discute la construcción de una democracia capaz de proveer oportunidades de progreso para todos los venezolanos sin excepción, proceso que debería iniciarse tempranamente como parte de la Transición al Nuevo Estilo de Desarrollo, para evitar los riesgos que comentábamos en el artículo anterior, de perder nuevamente las libertades si al librarnos del régimen actual nos conformamos con reconstruir una democracia electoral. [1] Nuestra democracia puede renacer y desarrollarse con el apoyo de toda nuestra sociedad o marchitarse antes de florecer, dependiendo de si la orientamos a servir a toda nuestra gente o sólo a honrar las tradiciones electorales.

LIBERTAD, DESARROLLO Y REDUCCIÓN DE LA POBREZA, FINES DE LA DEMOCRACIA PLENA

Comencemos por afirmar que el desarrollo es un proceso que puede vivir la sociedad y no un estadio que ella puede alcanzar, y que su curso, cuando es virtuoso, muestra siempre dos caras, que son, por una parte la ampliación de la libertad de los miembros de la sociedad y de las oportunidades de todos ellos y sus generaciones futuras, y por la otra la reducción de la población que vive en la pobreza. Esta aseveración viene al caso porque lo que más distingue a una democracia plena de una democracia electoral es ser instrumento de la realización de las personas y el desarrollo de la sociedad.

En esa afirmación, el desarrollo comprende al crecimiento pero lo trasciende. En primer lugar porque envuelve ampliar las libertades de las personas, sólo posible si ellas progresan autónomamente; además porque incorpora la sostenibilidad, solamente viable si se da en paz social y en armonía con la naturaleza; y finalmente porque implica equidad en el disfrute por todos del progreso y la libertad.

Por otra parte, reducir la pobreza no es equivalente a incrementar los ingresos de grupos que viven en gran estrechez económica. Es pobre quien no progresa autónomamente por carecer de capacidades o de oportunidades para emplearlas en su propia realización, y no deja de serlo quien recibe auxilios para sobrevivir, lo que -por el contrario- suele asociarse a la exigencia clientelar de hipotecar su autonomía.

En fin, la Democracia Plena que construyamos debe corregir para siempre las cinco desviaciones de nuestra democracia que por casi cinco décadas han creado obstáculos para el desarrollo y la reducción de la pobreza: i) han restringido las libertades económicas limitando la inversión no estatal y con ello las oportunidades de trabajo decente para los venezolanos; ii) han dejado degradar la calidad de la educación a la que tienen acceso los hijos de los hogares populares, desmejorando sus oportunidades de lograr un futuro digno y superar la pobreza de sus padres; iii) han hecho inaccesible la atención de salud y la seguridad social para la mayoría de los hogares, que caen en precariedad cuando deben enfrentar una enfermedad delicada, otro suceso inesperado que las golpee o simplemente la vejez; iv) han descuidado los asentamientos humanos dejando que las familias vivan en su mayoría en medios precarios e inseguros en los que sus hijos crecen expuestos a la violencia y el malvivir; y v) han sembrado en la cultura pública la idea de que el Estado no tiene que respetar los derechos humanos porque él no está al servicio de los ciudadanos sino al revés, y han consolidado como práctica política aceptable el populismo clientelar que manipula a los más vulnerables e impide la participación real de los ciudadanos en las decisiones.

UN PACTO CON EL APOYO CONSCIENTE DE LA SOCIEDAD A CINCO PROGRAMAS NACIONALES

Los programas para la construcción de la democracia plena deben contar con un apoyo robusto de la sociedad y acrecentarlo generando “victorias tempranas”, en función de lo cual pareciera pertinente instrumentarlos mediante un Pacto que reuna en un empeño estratégico a los poderes públicos y a los partidos democráticos, las organizaciones laborales y empresariales, las ONGs y las Iglesias.

Se trataría de un compromiso para ejecutar -durante no menos de veinte años- cinco programas de reformas y políticas públicas cuya realización obligue a los órganos del Estado y propicie, mediante modalidades diversas, acciones coadyuvantes de los demás sectores; y para hacerles seguimiento a través de un Consejo del Pacto, órgano independiente de alto nivel político, que represente a la colectividad, la informe periódicamente de los logros y le recomiende ajustes de ser necesarios.

La reforma y el impulso inicial de la economía, el primer programa, tiene como fines incrementar la inversión productiva y la innovación, incentivar la complejidad de la producción, favorecer la sostenibilidad del crecimiento y crear muchos puestos de trabajo decente. Alcanzar esto requiere de un nuevo marco regulatorio que desaparezca el protagonismo estatal en la economía, que propicie Alianzas PúblicoPrivadas (APP) para la producción de bienes públicos como ciertas infraestructuras y que dé sustento a una economía de mercado orientada al bien común, mediante un sistema de incentivos que oriente hacia aquellos fines a la inversión, la tecnología, el capital humano y el uso de los recursos naturales.

En el marco de esas reformas regulatorias, deben ser prioritarias las que permitan abatir prontamente la inflación y atraer inversión privada para recuperar la exportación de hidrocarburos, iniciar nuestra transición energética y adecuar las infraestructuras (ver cuarto programa). Adicionalmente será prioritario alinear las nuevas reglas de toda la economía a las condicionalidades ambientales, sociales y de gobernanza ESG,[2] para facilitar el acceso de los proyectos públicos y privados al financiamiento.

Una educación para el progreso y la libertad, el segundo de los cinco programas, busca elevar la calidad de la educación a la que tienen acceso todos los niños y jóvenes; incrementar la oferta y la eficiencia de los sistemas de formación y capacitación que sirven a la demanda calificada de los Sectores Productivos y del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; e incorporar en todos los niveles educativos la formación en valores para el progreso autónomo y la libertad, y para la responsabilidad, la convivencia en paz y la solidaridad.

Las líneas de prioridad inmediata del programa deberían ser cuatro. La primera es elevar la escolarización y la calidad en los niveles de educación inicial y básica para los hijos de los hogares populares, a través de reformas curriculares y de gestión, de la capacitación de docentes y la adecuación de sus remuneraciones, y del establecimiento de alianzas entre los sistemas públicos, por una parte, y planteles privados y organizaciones independientes de educadores, por la otra; la segunda es incrementar y adecuar tecnológicamente la oferta de capacitación técnica a través de APPs con empresas y gremios sectoriales; la tercera consiste en dar auxilio económico inmediato para salvar de la precariedad a las universidades autónomas a la vez que iniciar el estudio de opciones sostenibles para su financiamiento y una discusión en el seno de sus comunidades académicas, tendentes a definir los modelos deseables para su funcionamiento futuro, fase que daría paso a la consideración de las reformas pertinentes por el Poder Legislativo; y la cuarta es poner en marcha proyectos que involucren a redes de nuestra Diáspora de Talentos en las tres iniciativas anteriores y especialmente en las relativas a la Nueva Educación Superior y el relanzamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El desarrollo de un nuevo sistema de salud y seguridad social sería el tercer programa del Pacto. Un sistema que, partiendo de lo existente, incorpore modos de financiamiento e innovaciones de gestión y tecnología que permitan ir elevando progresivamente la eficiencia operacional, la cobertura poblacional y los niveles de prestación, hasta constituirse en un sistema universal financieramente sostenible, que asegure asistencia oportuna y de calidad a todas las familias que la requieran.

Las prioridades inmediatas del programa son tres y en todas ellas sería deseable la participación de redes de miembros de nuestra Diáspora de Talentos que han acumulado experiencias valiosas en la gestión de sistemas de salud y previsión social de otros países. La primera es atender las calamidades que deja la Emergencia Humanitaria Compleja, lo que requerirá de la movilización de un personal de salud hoy escaso y desincentivado por remuneraciones exiguas, y una adecuación de los equipamientos y la logística de los sistemas públicos, sólo posible con APPs y financiamiento internacional. La segunda es iniciar la reforma del sistema público de salud mediante proyectos que experimenten varios modelos de financiamiento y gestión en los diversos subsistemas de atención, para dar paso a un programa definitivo tendente por etapas a la cobertura universal. La tercera es iniciar las negociaciones que lleven a establecer un nuevo sistema previsional capaz de ofrecer protección de desempleo, invalidez y retiro, tratativas que deben incorporar a empresas, trabajadores y Estado teniendo como norte un sistema de prestaciones socialmente justas y financieramente viables, de gestión independiente y protegida de avatares políticos.

El cuarto programa, de adecuación de infraestructuras y asentamientos tiene también tres objetivos. Se trata de un esfuerzo ambicioso pero necesario si se quiere alcanzar niveles de crecimiento, empleo y progreso que muevan a la mayoría de la sociedad venezolana a apoyar a su democracia desde los primeros años de la Transición al Nuevo Estilo de Desarrollo. Las magnitudes de inversión implicadas sólo serán alcanzables si sus principales proyectos se realizan en APPs y reciben financiamiento internacional.

El primer objetivo es recuperar las redes de infraestructuras y equipamientos de servicios que deben apoyar a los asentamientos humanos y a la producción, lo que es indispensable para salvar prontamente la Emergencia Humanitaria Compleja y dar un primer impulso a la competitividad de la economía. El segundo es mejorar progresivamente las condiciones urbanísticas y de servicios de los asentamientos en los que vive una gran mayoría de la población, con miras a que en un horizonte de 20-25 años ésta disfrute de estándares típicos de zonas urbanas reguladas. Y el tercero es contribuir prontamente a una generación amplia de oportunidades de trabajo decente, en las que participen como demandantes los sectores inmobiliario y de la construcción y las redes de economía solidaria y emprendimientos populares, mientras alcanza vigor la economía productiva moderna como resultado de las reformas del primer programa, y mientras el segundo programa, de educación para el progreso y la libertad, da resultados cuantitativamente importantes para elevar la capacitación media de la fuerza de trabajo en general.

Poner el Estado al servicio del ciudadano, el quinto programa, se plantea dos propósitos principales que obligan a avanzar en varios ámbitos de la reforma del Estado.

El primero es maximizar las oportunidades de participación política efectiva para los ciudadanos en general, que implica por una parte revertir las reformas de contenido inconstitucional impuestas por el gobierno socialista tendentes al establecimiento del “poder comunal” y retomar la descentralización para profundizarla robusteciendo mecanismos para la participación ciudadana a nivel municipal; y por la otra, poner en vigor normativas que obstaculicen los mecanismos del populismo clientelar limitando legalmente los fines “sociales” a los cuales puedan aplicarse partidas presupuestarias, especialmente en períodos electorales; estableciendo normas estrictas para la transparencia de las contrataciones públicas, elevando el derecho de la sociedad civil organizada a ejercer contraloría ciudadana sobre el cumplimiento de esas normativas y creando sanciones ejemplarizantes para sus violaciones. El segundo objetivo es ampliar el acceso real de los ciudadanos y las comunidades a la justicia y en especial asegurar su protección frente a violaciones de los derechos humanos provenientes de funcionarios al servicio del Estado, lo que implica una amplia reinstitucionalización del sistema de justicia incluyendo a la justicia militar, los sistemas policial y penitenciario, tarea ardua y ambiciosa pero indispensable si en efecto se busca poner el Estado al servicio del ciudadano.

[1] Las propuestas de este artículo sintetizan el “Pacto para el progreso de todos y la superación de la pobreza” que despliega el libro “Venezuela, vértigo y futuro” (Miquilena, T. y W. Corrales; Ed. Dahbar y UNIMET, 2018).

[2] El sistema financiero mundial, incluyendo los bancos multilaterales, en apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las NNUU, está generalizando la exigencia de condicionalidades ESG (iniciales en Inglés de Ambientales, Sociales y de Gobernanza) para dar prioridad de acceso al financiamiento de proyectos públicos y privados.

Ningún asesino dirá jamás que mata porque le gusta matar. El ser humano intenta legitimar sus maldades, está en su naturaleza. Son las trampas de la razón de la que nos hablaba Kant. Con mayor motivo si se trata de asesinatos colectivos, genocidios, o grandes matanzas como las acontecidas a granel a lo largo de la historia universal de la infamia. Incluso Chile, tan alejado del mundo, un país de transcurrir pacífico y relativamente democrático, fue testigo de una de las tragedias más sangrientas conocidas a nivel continental.

La tragedia que comenzó a tener lugar a partir del 11 de septiembre de 1973 está documentada en fotos, en filmes, en testimonios. Es inocultable. Y mientras más lo es, más grande ha sido el esfuerzo de sus ejecutores y de quienes los aplaudían (y aplauden) por otorgarle legitimación histórica. La mayoría de esas legitimaciones utiliza la coartada del golpe bajo la rúbrica “necesidad histórica” como si la historia siguiera una lógica y una razón pre-determinada.

Desde los primeros días del golpe, la dictadura buscó su legitimación. El golpe fue llevado a cabo, propagaron los generales, en contra de un Plan Z, destinado a asesinar a quienes no eran marxistas. La UP guardaba arsenales secretos y un ejército clandestino estaba presto a asaltar al estado y declarar la “dictadura del proletariado”. Y muchos creían esas mentiras no porque fueran verosímiles sino porque necesitaban creer en ellas. Hoy todavía hay quienes arguyen que Chile mantiene una deuda histórica con “su” ejército. Pinochet, pese a uno u otro “error”, habría salvado a Chile de convertirse en una segunda Cuba.

Cuarenta y cinco años después del golpe, el mito “Pinochet defensor de la patria” ha aumentado su intensidad, entre otras razones por la orfandad política en la que se encuentran las víctimas de tres dictaduras latinoamericanas: Cuba, Nicaragua y Venezuela. No faltan incluso quienes en esos países anhelan el aparecimiento de un Pinochet, alguien que expulse a los comunistas, que imponga disciplina y orden y, sobre todo, que conduzca a sus naciones por la vía de la prosperidad. Todas estas, y otras más, son razones que llevan a indagar nuevamente sobre esos hechos que ocurrieron hace 45 años.

LAS OCULTAS RAZONES DEL GOLPE

Hagamos un poco de historia: desde mediados de 1973, el gobierno de Allende había alcanzado su fase de declive. De hecho, ya no contaba con el apoyo de las capas medias. Estudiantes y escolares llenaban las calles protestando. La SOFOFA (Sociedad de Fomento Fabril), la SNA (Sociedad Nacional de Agricultura) y CONFECO (Confederación de Comercio), vale decir, los tres pilares de la economía habían declarado la guerra al gobierno y la negociación con ellos ya no era posible. Peor aún: la UP ya había perdido a los sindicatos del cobre y del acero. Las elecciones de la CUT (Confederación Unitaria de Trabajadores) tradicional reducto comunista-socialista, fueron objetivamente ganadas por la Democracia Cristiana (DC). Allende, sin las dos cámaras, gobernaba por decretos.

Todas las encuestas daban al gobierno un número menor de votos al obtenido en las presidenciales de 1970. Para aparentar la fuerza que ya no tenía, Allende nombraba generales en los ministerios, de modo que, de facto, el gobierno ya estaba tomado desde dentro por los militares. El golpe había comenzado, efectivamente, antes del golpe. Los militares realizaban allanamientos sin ordenes judiciales y en las calles se veían, ya en agosto, soldados armados por doquier, mientras el cielo era cruzado por aviones haciendo “ejercicios”. La Armada había entrado en un proceso de “depuración” y los marinos allendistas, acusados de complotar, eran hechos prisioneros y torturados. En fin, Allende había perdido el poder antes de perderlo.

Estos hechos hay que tenerlos en cuenta a la hora de emitir un juicio. Pues el golpe del 11 de septiembre no fue realizado en contra de una revolución triunfante sino en contra de un gobierno débil, al punto del colapso. ¿Por qué entonces fue tan sangriento? La versión oficial del pinochetismo fue unánime: para impedir que Chile se convirtiera en otra Cuba.

Sin embargo, para que Chile se convirtiera en una nueva Cuba se requería una de dos condiciones: un ejército leal y/o un fuerte apoyo internacional. El ejército ya había sido ganado por la derecha, sobre todo entre los oficiales y suboficiales y Allende lo sabía. La segunda condición era internacional: una nueva Cuba solo podía ser posible con el apoyo de la URSS y es un hecho, no una especulación, que la URSS negó su apoyo al proceso chileno.

Desde el punto de vista económico, Chile no podía avanzar un solo centímetro si no pagaba la deuda externa. De modo casi humillante, Allende viajó a la URSS a solicitar un crédito (diciembre del 1972) que le permitiera saldar en parte la inmensa deuda (en la práctica, la conmutación de 350 millones de dólares que Chile pagaba a la URSS) Pero Allende volvió con los bolsillos vacíos. La URSS sufría bajo Breschnev un periodo de estagnación. Cuba por si sola costaba más de un millón de dólares diarios. Además, se avecinaba un periodo de distensión con USA en donde debía ser negociada la retirada de tropas norteamericanas en Vietnam y Kissinger exigía, como parte del negocio, la no intromisión de la URSS en Sudamérica. Razón por la cual el comercio internacional de Chile con la URSS se mantuvo durante el socialista Allende por debajo del mantenido por la URSS con Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia.

La URSS no quería otra Cuba. Hecho geopolítico que explica por qué la URSS mantuvo poco después relaciones comerciales y -sobre todo- políticas con la Argentina de los generales. En efecto: donde prima la geopolítica no hay política. Eso lo sabía Pinochet: después de todo fue profesor de geopolítica. En fin, Chile no podía ser otra Cuba y, aunque la cubanización de Chile le sirviera de propaganda, Pinochet decidió dar un golpe por razones que tenían poco que ver con Cuba. ¿Con qué tenían que ver?

Recordemos que Allende, después de su fracaso en la URSS, reunió a todos los dirigentes de la UP y planteó crudamente la situación. Su gobierno estaba aislado nacional e internacionalmente. Para evitar la total capitulación solo cabía una posibilidad: el plebiscito. La reflexión era correcta. En caso de triunfar Allende, su gobierno emergería fortalecido. En caso de perder, había que convocar a nuevas elecciones. Si en esas elecciones triunfaba la DC -era lo más probable- no sería por mayoría absoluta y en consecuencias, un gobierno DC estaría condicionado al apoyo de la UP, invirtiéndose la relación que se había dado en octubre de 1970 gracias a las cual Allende pudo ser elegido presidente después de intensas negociaciones con la DC. Vale decir, aún perdiendo el plebiscito, la UP podía conservar algunas posiciones hacia el futuro.

El buen plan de Allende topaba, no obstante, con dos obstáculos. El primero se sabía: el PS, el partido de Allende, bloqueaba la alternativa plebiscitaria. El segundo se supo después: el propio ejército, mejor dicho, Pinochet, vio en el plebiscito una amenaza para una salida militar al conflicto. Así fue que precisamente en los días en los que Allende se aprestaba a anunciar un plebiscito, Pinochet decidió apresurar el golpe. De tal modo Pinochet no dio un golpe solo en contra de la UP, sino en contra de una salida política que, en las condiciones imperantes en septiembre, no podía sino ser plebiscitaria. En cierto modo, la lucha contra el “marxismo” fue un pretexto de Pinochet para hacerse de todo el poder estatal.

Hábil como pocos, Pinochet había establecido una alianza tácita con el sector dominante de la DC: el de Eduardo Frei Montalva. De este modo Pinochet neutralizaba a los partidarios de la salida plebiscitaria dentro de la DC (Fuentealba, Tomic) a cambio de la promesa de realizar una transición de corta duración para después apoyar a un gobierno de centro-derecha presidido por Frei. Pero esa salida “bonapartista”, como sabemos, no estaba en el plan de Pinochet. Su objetivo, por el contrario, era formar un gobierno militar de larga duración, uno que diera fundación a una nueva república de inspiración “portaliana” (sin partidos políticos) En fin, no se trataba de cambiar un gobierno por otro sino de realizar una revolución bajo la conducción de un ejército libertador conducido por Pinochet. El golpe, visto desde esa perspectiva, fue una declaración de guerra a todo el orden político y social prevaleciente.

Solo así podemos explicarnos el carácter sanguinario del golpe militar. Un golpe que no fue solo un golpe: fue el inicio de una guerra en contra de la política, sus instituciones y por supuesto, sus personas. Una guerra llevada a cabo por el ejército mejor armado del continente en contra de una ciudadanía desarmada. Pues hablemos seriamente: los pocos grupos armados de la izquierda chilena -comparados con los Montoneros y el ERP argentino, o con los Tupamaros uruguayos- eran una risa. Ni hablar del Sendero Luminoso que enfrentó Fujimori y mucho menos de los ejércitos de las FARC, las que no lograron, pese a controlar vastas extensiones territoriales, derrumbar los pilares sobre los cuales se sustentaba la república colombiana.

La guerra de Pinochet duraría a lo largo de todo su gobierno. El llamado pronunciamiento del 11 de septiembre fue solo el comienzo de una revolución en contra de toda la clase política chilena de la cual la eliminación física de la izquierda había sido solo su comienzo. La derecha, en abierta complicidad, no hizo resistencia y se autodisolvió. El atentado cometido al general Óscar Bonilla (marzo 1975), hombre de Frei dentro del ejército, marcaría un punto de inflexión. El freísmo y Frei ya no tenían nada que hacer. El posterior asesinato a Frei solo sería la consecuencia lógica de la revolución pinochetista. Una revolución que no se hizo solo en contra de la izquierda y sus partidos, sino, reiteramos, en contra de la política como forma de vida ciudadana. Pinochet mismo lo decía al referirse con desprecio, cada vez que podía, a “los señores políticos”. En esa lucha en contra de la política, la izquierda “solo” puso a los torturados, a mujeres violadas, a los prisioneros, a los exiliados y, sobre todo, a los muertos.

Las desproporcionadas masacres -innecesarias desde todo punto de vista militar- no se explican solo por las alteraciones sádicas de Pinochet y los suyos, propias al fin a todos los dictadores. Ellas formaban parte de la lógica de la revolución militar: la de crear un punto de no retorno. Vale decir: mientras más ensangrentaban sus manos los seguidores de Pinochet, mientras mas estrecha era la complicidad de los pinochetistas con la muerte, más lejana aparecería la posibilidad de un regreso a la vida democrática.

Durante Pinochet, Chile se convirtió en una nación-cuartel: sin debates, sin partidos, sin política. Razón por la que Pinochet, a diferencia de otros dictadores, no intentó fundar un partido pinochetista. Su partido ya estaba formado: era el ejército. Sin embargo, sí intentó durante un breve periodo, una nueva asociación: una alianza entre el estado militar y los gremios económicos. Fue el periodo de gloria de su entonces yerno, el fascista Pablo Rodríguez. La alianza duró poco. Pronto comprendería Pinochet que toda alianza funciona en base a compromisos y se deshizo rápidamente de Rodríguez y su poder gremial. El lugar de Rodríguez -el de la eminencia gris- fue ocupado por el “portaliano” Jaime Guzmán.

Asesorado por Guzmán, Pinochet comenzó a fraguar su proyecto histórico: el de un Estado antipolítico “en forma”, situado por sobre las instituciones, pero con un margen de deliberación entre ex-políticos elegidos desde arriba. En otras palabras, los miembros del Estado Mayor del Ejército serían convertidos en una suerte de ayatolas uniformados, secundado por “notables” fieles al régimen.

EL “MILAGRO ECONÓMICO CHILENO”

Lo que nunca pasó por la cabeza del dictador fue que en nombre de la lucha en contra del marxismo, estaba creando, solo bajo otras formas ideológicas, un sistema político muy similar al que regía en Cuba. Pues así como en Europa los regímenes de Hitler y Stalin se parecían entre sí, el de los Castro y el de Pinochet también estaban marcados por signos de semejanza. La diferencia es que en Chile la clase política demostró tener una mayor capacidad de resistencia que la clase política cubana. Pero es inevitable pensar que, durante Raúl Castro, con la apertura violenta de Cuba al capital extranjero, comenzó a tener lugar la alianza perfecta entre el mercado y el estado militar que una vez imaginaron Pinochet y Guzmán para Chile. Ambos murieron sin saberlo. Y los pinochetistas, aunque lo supieron, lo aceptaron en nombre de las, según ellos, milagrosas obras económicas de la dictadura. Pocos términos han sido más falsos que referirse a algunos éxitos numéricos, como un “milagro económico”. Expresión muy infeliz de Milton Friedman.

Friedman conocía el origen alemán de esa expresión y por cierto, sabía también que aludía a un proceso no solo diferente sino completamente contrario al que se dio en el Chile de la dictadura: la recuperación de la economía de post-guerra alemana gracias a la alianza de tres fuerzas: el estado, el sector empresarial y los obreros sindicalmente organizados. Esta última fuerza imprimió un sentido keynesiano al proceso y daría, además, origen a otro término: “economía social de mercado” (Ludwig Erhard). La de Pinochet en cambio fue una economía anti-social de mercado. O para decirlo así: mientras Allende intentó llevar a cabo una política de equidad sin crecimiento, Pinochet llevaría a cabo una política de crecimiento sin equidad.

Citando a una de las voces más autorizadas de la academia económica chilena, Ricardo French Davis: “Es cierto que durante la dictadura de Pinochet se produjeron diversas modernizaciones en Chile. Sin duda, varias de ellas han constituido bases permanentes para las estrategias democráticas de desarrollo, pero otras constituyen un pesado lastre. El crecimiento económico del régimen neoliberal de Pinochet, entre 1973 y 1989, promedió sólo 2,9% anual, la pobreza marcó 45% y la distribución del ingreso se deterioró notablemente”.

Cabe entonces hacerse una pregunta: ¿puede ser caracterizada como exitosa una economía que si bien muestra números positivos en el papel lleva a una nación a niveles de desigualdad sin precedentes, a uno de los más altos del mundo? Si el objetivo de una política económica no son los seres humanos, uno se pregunta cual puede ser.

El milagro económico de Pinochet es, si no un mito, una de las grandes mentiras del neo-pinochetismo. Como señala el mismo French Davis, el crecimiento económico de Chile comenzó a darse con vigor desde el momento en que los gobiernos de la Concertación incorporaron políticas públicas y sociales a sus programas. “La Concertación logró mejores niveles de crecimiento económico, del empleo, y de los ingresos de los sectores medios y pobres. El crecimiento económico entre 1990 y 2009 fue de un 5% (5,3% si se excluye la recesión de 2009). (....) “Dicho crecimiento económico más políticas públicas activas redujeron la pobreza del 45% al 15,1% de la población. En la dimensión social, no sólo se redujo la pobreza mediante políticas públicas. En efecto, los salarios promedios reales eran 74% superiores en 2009 que en 1989 y el salario mínimo se había multiplicado por 2,37; agudo contraste con los salarios durante la dictadura, que en 1989 eran menores que en 1981 y que en 1970. (...) “Así Chile avanzó más rápido que los otros países de América Latina, y acortó significativamente la distancia que lo separa de las naciones más desarrolladas. El PIB por habitante se expandió a un promedio anual de 3,6%, en comparación con 1,3% en 1974-89”. (Leer versión extendida en: http://www.asuntospublicos.cl/2012/06/el-modelo-economico-chileno-en-dic... )

Hay que agregar por último que no hubo una sola política económica durante Pinochet. Por lo menos hubo cuatro: entre 1973- 1979, la llamada “política de shock” (alzas de precio, recortes presupuestarios, disminución de la demanda, desocupación laboral masiva). Entre 1979-1982, un neoliberalismo clásico. Entre 1982-1986, motivada por la contracción del sistema exportador, una política económica de neto corte estatista, incluyendo expropiaciones, control de precios y emisiones monetarias. Desde 1982 hacia adelante, una política pragmática que combinó la libertad de mercado con inyecciones monetarias de tipo keynessiano. Lo único que une a esas cuatro políticas al fin, es el constante ensanchamiento de la tijera social y una baja pero también constante tasa de crecimiento numérico.

REFLEXIÓN FINAL

Al llegar a este punto, una reflexión: ¿Y si de todas maneras la política económica hubiese sido tan exitosa como dicen sus partidarios de ayer y de hoy, estaría entonces Pinochet legitimado frente al altar de la historia? De ningún modo. Ni aunque Chile fuese hoy el país más rico del mundo, no hay ninguna razón para justificar crímenes de estado. Pero hay quienes sí lo hacen. Apartando toda ética, reducen la historia a una relación costos-beneficios, aunque los primeros se paguen en vidas humanas, cuerpos torturados, familias destruidas, biografías rotas y violaciones sistemáticas a todos los derechos humanos.

De acuerdo a esa noción sacrificial entre medios y fines, ellos podrían, efectivamente, justificar a los regímenes más monstruosos de la historia moderna. Pues con el mismo criterio con que hoy justifican a Pinochet, pudieron haberlo hecho con Hitler ayer. ¿No puso fin Hitler al desorden generado por la República de Weimar? ¿No terminó con la inflación y el paro? ¿No construyó las mejores carreteras de Europa? ¿No tuvieron todos los alemanes acceso a un Volkswagen? ¿No mejoró el sistema previsional? Y por último, ¿no impidió el avance del comunismo desde dentro y desde fuera de Alemania? ¿Y el Holocausto? Sí, un “pequeño error”. ¿Y no está iniciando Putin, en estos mismos momentos, una reivindicación de la memoria de Stalin? ¿No convirtió Stalin un país de siervos de la tierra en una potencia económica y militar de carácter mundial? ¿Y los millones que murieron en el Gulag? Sí, quizás fue “algo” duro. ¿Y Franco? ¿No dio estabilidad y disciplinó a un país salido de una guerra fratricida? ¿No salvó a su país del comunismo? ¿Y Fidel Castro? ¿No liberó a Cuba del imperialismo? ¿No eliminó el analfabetismo? ¿No tienen los cubanos asistencia médica gratuita? Y así sucesivamente.

A esos, los defensores de tiranos, sean de derecha o de izquierda, los vamos a seguir encontrando en todas partes, dispuestos a inclinarse frente a los del pasado y frente a los que en el futuro vendrán. Sin esa gente, ninguna dictadura habría sido posible.

¡Malditos sean todos!

14 de noviembre 2021

Polis

https://polisfmires.blogspot.com/2018/09/fernando-mires-la-grandes-menti...

Un mismo día, un mismo mes, dos sucesos. Sesenta y cuatro años de diferencia. En 1957 una gesta. En el 2021 un sainete, es decir un acontecimiento tragicómico. En el primer caso una acción valiente de jóvenes estudiantes de liceos y universidades que unidos se declararon en huelga y realizaron manifestaciones en contra de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Por el contrario, este próximo domingo algunos políticos con años a cuesta pretenden luchar contra la dictadura de Maduro acudiendo desunidos a una elección que no cumple con los estándares democráticos. El sainete no es por acudir a votar a pesar de las turbias condiciones electorales, sino hacerlo desunidos, a última hora, con algunos candidatos seleccionados por repartición de cuotas políticas o poco calificados. El 21 N se celebra el Día del Estudiante por la gesta de 1957. Ojalá no tengamos que recordar este próximo 21N como el Día del Sainete y de la Ambición Política.

La huelga estudiantil evidenció el descontento contra el dictador y su intento de reelegirse mediante un plebiscito no contemplado en la Constitución. Sin duda esa gesta influyó en el alzamiento el 1 de enero del teniente coronel Martín Parada, acompañado por más de una docena de sus compañeros de la Fuerza Aérea, y del teniente coronel Hugo Trejo, el mayor Evelio Gilmond Báez y otros oficiales del motoblindado del cuartel Urdaneta.

La dictadura de Pérez Jiménez fue atroz y por lo tanto injustificable. Sin embargo, no destruyó al país. La de Chávez-Maduro ha sido también atroz, más larga y destructora de todas las empresas del Estado, de numerosas empresas privadas, de las instituciones, de la infraestructura y de los servicios básicos. De la primera fue relativamente fácil salir porque había unas Fuerzas Armadas con oficiales íntegros. A pesar de que el dictador decía que gobernaba en su nombre, muy pocos militares participaron en su gobierno y solo un puñado era corrupto. La dictadura de Maduro es ejercida por una banda criminal que incluye un gran número de oficiales y de jueces.

Cuando Pérez Jiménez, la dirigencia política opositora tomó consciencia de que era necesario unirse y permanecer unidos después del derrocamiento del dictador. Desde luego eso no se logró fácilmente, pero al final prevaleció el buen sentido y el interés por el país. La dirigencia actual, integrada por políticos relativamente jóvenes y algunos no tan jóvenes, no ha sido capaz de deponer interese partidistas o personales como medio necesario, aunque no suficiente, para lograr sacar a los usurpadores.

El 21 N vamos a elecciones en peores condiciones que en las anteriores, no solo por culpa del régimen, sino de la propia oposición. Respetamos a quienes han predicado la abstención, pero el voto es la única herramienta que tienen los ciudadanos en las actuales circunstancias. Lo demás es sentarse a esperar un milagro. La proliferación de partidos de maletín y de candidatos sin ninguna posibilidad evidencia que muchos asumen la política como un negocio.

Las elecciones del 21N no resolverán ninguno de los problemas, pero es importante intentar ganar algunas gobernaciones y alcaldías, con el objeto de estar en posición más favorable para ganar un eventual revocatorio presidencial. Algunos alegan que no les agrada determinado candidato de la oposición, en lo cual pueden tener razón, pero en todo caso debe ser mejor que el candidato del régimen.

El argumento de que votando se legitima al régimen y al CNE es débil. Desde que Chávez llegó al poder hemos votado en condiciones que no cumplen los requisitos internacionales. La abstención en las parlamentarias del 2005 se justificó porque fue un intento de descalificar al CNE y el costo político era prácticamente nulo, ya que todo indicaba que no obtendríamos más de una docena de diputados. En las presidenciales del 2018 y parlamentarias del 2020 la abstención se justificaba porque eran tan burdas que el mundo democrático no las reconocería. Las del 21N son regionales y municipales, y ningún país va a desconocer a gobernadores y alcaldes. Por lo tanto, si votamos podemos ganar algo. Si nos abstenemos perderemos lo poco que tenemos.

La insensatez de algunos dirigentes ya es un hecho. Ahora corresponde a los ciudadanos remendar el capote, votando por quienes perciben con más probabilidades de derrotar a los rojos. Ojalá podamos convertir el sainete en una gesta. No será fácil, pero tenemos que ser optimista. El 21N de 1957 fue una gesta. Ojalá el próximo 21N también lo sea.

Como (había) en botica:

Felicitaciones a los jóvenes que participaron en el gran concierto del día 13. El evento fue inoportuno por la pandemia, por ser propaganda electoral y para intentar tapar la decisión de la Corte Penal, pero la alegría y orgullo de los muchachos es lo importante. Su aprovechamiento político es típico de las dictaduras.

El presidente interino Juan Guaidó, acatando la Constitución, está firme en mantener el cargo mientras dure la usurpación de Maduro y en cambiar la directiva cuestionada de Monómeros. Interesada la posición de algunos partidos de planificar un golpe de Estado, de bloquear la designación de una nueva directiva en Monómeros y de no aprobar los recursos para cancelar los honorarios de los abogados que defienden los activos de las empresas en el exterior que Maduro puso en peligro de perderse.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Ayer sábado, 13 de noviembre de 2021, ocurrió en mi un torbellino de emociones encontradas, por un lado, ver y oir, con incontenible alegría, a más de docemil músicos tocar al unísono la Marcha Eslava, original de P. I. Tchaikovski, seguida de piezas tan emblemáticas para los venezolanos como lo son Venezuela, de Pablo Herrero y José Luis Armenteros; Alma LLanera de Rafael Bolivar Coronado y Pedro Elías Gutierrez y, por supuesto, nuestro Himno Nacional Gloria al Bravo Pueblo.

Es significativo que la interpretación escogida para optar al Recod Guinnes de la 'Orquesta más Grande del Mundo', haya sido una obra que se indentifica con la lucha de un pueblo oprimido, el servio, contra sus opresores, los turcos del Imperio Otomano. La eterna lucha del bien contra el mal.

Por otro lado, me invadió la nostalgia, que afortunadamente no opacó mi alegría, de sentirme parcialmente ausente o mejor dicho, lejano fisicamente. Al igual que se sentirían millones de venezolanos esparcidos por el mundo, incluyendo muchos de los músicos formados en el Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela, independientemente de su credo y pensamiento filosófico para decirlo de alguna manera.

Orgullo especial debemos sentir los compatriotas que creemos en que el sistema democrático que imperó en Venezuela durante cuarenta años desarrolló grandes obras y magníficos programas que perduran en el tiempo. Al respecto, vale la pena destacar el programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho y a 'EL SISTEMA' como popularmente se le conoce a esa idea y proyecto del Maestro José Antonio Abreu; prodigio de inteligencia, constancia y paciencia. Cualidades que le permitieron convencer a los dirigentes de esa época para la creación y mantenimiento del mismo. El es merecedor del reconocimiento y más aún, el agradecimiento de todos los venezolanos y de muchos otros en el mundo entero quienes, de una manera u otra hemos sido impactados positivamente por esa idea, ahora realidad tangible que ha sobrevivido a muchas adversidades y que nos une solidariamente a todos, dentro y fuera de Venezuela. Es parte del honor que sentimos de ser venezolanos.

Estoy seguro de que el acto de ayer, con o sin Record Guinnes, marcó un hito en el sentimiento de la mayoría de los venezolanos, motivándonos a luchar denodadamente para que todas las cosas buenas desarrolladas en el país y que actualmente viven una hora menguada, recobren su explendor de antaño y lo superen con creces en un futuro cercano. En primer lugar, nuestro sistema educativo, desde el nivel elemental hasta el universitario, tan vapuleado y maltratado en los últimos tiempos. Que la justicia funcione equitativamente para todos, sin leyes ni instituciones acomodaticias y que, los derechos fundamentales de todos los venezolanos sean respetados.

Hagamos todos el esfuerzo para gestar nuestra propia Marcha Eslava que nos libere del oprobio y logremos borrar de la cara bonita de Venezuela esos lunares malignos que la afean. No importa que se disfracen o camuflen como músicos colándose entre la multitud. Que ni los unos ni los otros se apropien de lo que es de todos sin distingos de raza, religión o credo político. Los buenos somos más.

Vale la pena analizar restrocpectivamente, de manera individual o colectiva, lo bueno y lo malo de los últimos cincuenta años, en pro de mantener y mejorar lo primero, a la par de eliminar o aminorar los efectos de lo segundo. Seamos optimistas.

Sunrise, Florida

El estudiante Rafael Caldera fue el líder de las Juventudes Católicas Venezolanas. Muerto Gómez trabajó en la organización de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), y en 1938 del partido Acción Electoral. En enero de 1946 fundó el partido socialcristiano Copei. Desde las filas de la UNE Caldera encabezaba una corriente socialcristiana enfrentada a la izquierda de la Universidad. A su alrededor se agruparon unos muchachos que andando el tiempo ocuparían posiciones de liderazgo nacional. Los pre-adecos (PDN), los liberales, los comunistas descargaban una ironía sangrienta contra ellos, que los irritaba. Los llamaban “efebos”, “hijos de papá”.

Enardecidos, buscaron a Leoncio Martínez (Leo) con el fin de darle una lección, tal como refiero poco más abajo. Ardió Troya. Leo era en los años del gomecismo y el lopecismo un símbolo de humor y poesía. Comenzó su ilustre carrera en La Linterna Mágica, luego en Pitorreos hasta que fundó el gran semanario Fantoches.

Se había labrado un prestigio democrático excelso como perseguido indoblegable y preso en la sórdida Rotunda de Juan Vicente Gómez. En la cárcel escribió La balada del preso insomne, un poema que yo recitaré de memoria en mi última y espero que definitiva prisión, entre 1966 y 1969.

Desde luego estaba lejos de ser un gran poeta, y la Balada… de ser un poema digno de ese nombre, pero sus versos tiernos, evasivos, pesimistas y nostálgicos expresaban como pocos las interioridades de un torturado sin esperanza de ser liberado algún día. Además, era Leo y por lo tanto la autenticidad dábase por descontada.

-Estoy pensando en exilarme, en irme lejos de aquí

¿Qué quedaba del demoledor humorista de los muñecos de Fantoches? La verdad, quedaba todo. Leo, fuera de las mazmorras y con el margen de libertades abierto paulatinamente por el gobierno de López Contreras, brillará y hará reír a los venezolanos con sus caricaturas y chistes agudos e inteligentes. Desde Fantoches su prestigio se expandió como azogue encendido. Fue, digamos, el primer Andrés Eloy Blanco o el primer Miguel Otero Silva, en una tierra de gran tradición humorística.

Era difícil para Leo dejar escapar de su mordaz radar al puñado de jóvenes de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) que en 1936 mostraban un fuerte activismo a favor de las causas anticomunistas. La UNE era una organización minoritaria de índole derechista, separada de la Federación de Estudiantes Venezolanos (FEV) a la sazón dominada por la izquierda. Leo fue excesivo con esos muchachos. Les dio con fuerza especial debido a la postura asumida por ellos contra la República española, en aquel momento hundida en una brutal guerra civil.

La UNE condenaba a la República, especialmente después de las quemas de iglesias en España, y estaba levantando fondos a favor de la Falange de José Antonio Primo de Rivera, eje del pensamiento falangista. Sin diluir su perfil doctrinario, este Movimiento se identificó con el fascismo de Mussolini al calor de las polarizaciones impuestas por la guerra.

Francisco Franco, jabonoso aliado de Hitler, Mussolini y Primo de Rivera, daba suficientes motivos para ser tomado como blanco por los jóvenes progresistas y de izquierda. Descargarán su pasión contra ese símbolo de la emergente derecha.

Los hirientes cartones de Leo generaron la reacción de la UNE. En octubre de 1936 los jóvenes Rafael Caldera, Pedro José Lara Peña, Lorenzo Fernández y otros se presentaron bruscamente en las oficinas de Fantoches; destruyeron el mobiliario y golpearon físicamente al emblema, a Leo.

Con los años las posiciones de todos se moderaron, los antiguos integrantes de la UNE asumieron un más claro perfil demócrata cristiano y enfatizaron el debate ideológico. En conjunto ganaron respetabilidad. Pero la memoria de la golpiza a Leo pervivió por más de veinte años.

Yo nací dos años después de aquel incidente y no supe de sus pormenores sino mucho más tarde, cuando en 1953 me incorporé a la juventud de AD en el Liceo Andrés Bello. Mi versión era desde luego interesada, y sin embargo, en los dos lustros siguientes confirmé, por investigación propia, que, fuera de énfasis excesivos y algún lenguaje apocalíptico, mis primeras informaciones acerca del suceso se ajustaban a la verdad. Básicamente me habían dado noticias ciertas.

Para explicarme la conducta de los apasionados estudiantes de la UNE decidí ponerme en sus zapatos. Eran unos muchachos justificadamente molestos con quienes ponían su varonía en duda. Se sintieron atropellados, abusivamente maltratados. Tenían pues buenas razones, aunque su reacción fuera totalmente desproporcionada e irracional.

Twitter: @AmericoMartin

Américo Martín es abogado y escritor.

A mitad de campaña electoral para las elecciones del 21N, vale la pena destacar y reflexionar acerca de lo que hemos visto, que refleja viejos vicios y prefiguran tendencias, de las que nos debemos seguir cuidando.

Propenso como soy a ver siempre el vaso medio lleno, sin querer ahora ser “fatalista”, debo recoger y reflejar la idea de que la oposición inició una carrera en desventaja y no parece que le alcanzará el tiempo para recuperarse. Por lo tanto, estas cosas, aparte de explicar un posible y precario resultado para la oposición el 21N, son las que debemos tener en cuenta a partir del 22 de noviembre, fecha tan inexorable como la del 21N.

La “ventaja oficialista” sería la primera desventaja que habría que considerar al examinar algunas de las que confronta la oposición en este momento; esa “ventaja oficialista” la podríamos resumir de esta manera:

1- Cuenta con recursos más abundantes que la oposición y menos escrúpulos para usarlos.

2- Tiene una “clientela electoral” cautiva, no despreciable, que ya no puede mantener con prebendas, pero si con amenazas de privación y represión.

3- No está en juego el poder y eso le da mayor margen de maniobra, grados de libertad, aun cuando pierda algo de poder.

4- Aunque no es lo principal, tampoco es despreciable, que cuenta con una oposición mermada, dividida, acomplejada y una parte de ella, complaciente.

5- Cuenta con el apoyo del sistema de justicia y la mayoría del CNE, para impugnar resultados que no le convengan o le sean muy desfavorables.

6- Cuenta con el respaldo de la FANB y las Milicias, que son los mismos que “cuidarán” el proceso electoral con el Plan Republica.

Esa ventaja del gobierno, como dije, es la primera de las desventajas de la oposición, que son varias, pero haré énfasis en la abstención y la falta de unidad, que son las que más se señalan y que están de boca en boca, en todos los artículos de prensa que sobre el tema circulan y son las que veremos a continuación. Pero primero, una aclaratoria imprescindible. La oposición de la que hablo es la que se encuentra en el “cerco” de la MUD, G4, Frente Amplio, Plataforma Unitaria, la que está en las negociaciones en México, la que ha decidido −finalmente− tomar nuevamente la senda electoral. Excepcionalmente consideraría también oposición a algunos de los sectores o personas −muy pocos− que se agrupan en la llamada “Alianza Democrática” y algunos de los que se agrupan en la disidencia del chavismo.

La abstención es la primera desventaja de la oposición democrática, en buena medida de cosecha propia; una barrera que no se ha logrado remontar y que a menos que se presente un hecho inesperado −pero siempre posible−, en los escasos días que faltan, no se va a poder superar. No puedo imaginar cuál podría ser ese hecho.

(Abro un paréntesis antes de continuar el tema e introduzco una desviación en esto de la abstención, pues no puedo dejar de señalar algo que siempre me llama la atención −presente también en esta campaña− y es que los predicadores de la opción abstencionista parecen ser los más preocupados por: la campaña electoral; por quienes son y cómo se eligieron los candidatos opositores; por sus cualidades “morales” y lo que hacen o dicen −y sobre todo lo que “no dicen”− en la campaña; por los observadores internacionales que vendrán, y los que no; critican a los candidatos de la oposición −por quienes ellos no van a votar−, por ser “los mismos de siempre” y a los partidos por lanzar “unos muertos” que no han hecho nada −dicen− o que han sido acusados de corruptos; y cuando aparecen candidatos nuevos, los critican igualmente porque nadie los conoce y un largo etcétera; en fin, curioso verlos tan preocupados por algo en lo que ellos no creen. Como esos ateos que denigran y tratan de probar que no existe ese dios en el que no creen. Cierro mi paréntesis y regreso al tema de la abstención).

De manera que, los candidatos opositores, los de la MUD y “los otros”, compiten por un mismo −iba a decir “mercado”, pero para no tentar a los puristas− diré, electorado. Es precisamente a ese electorado, al que hay que descontar un 15% de electores “fieles” al régimen, por las razones que sean −que no viene al caso analizar ahora− y un 5%, como máximo, que votarán por otras opciones, distintas a la MUD y al oficialismo.

Queda entonces ese voluminoso y mítico 80% −del que hablan algunas encuestas− que supuestamente rechaza a este régimen de oprobio. Pero ese mítico 80% contiene un 35% que se abstiene históricamente; contiene también una buena parte de los 3,7 millones de votantes −un poco más del 16% de los electores− que se fueron con la diáspora y si votaran, seguramente su voto se distribuiría de manera similar a los que están en Venezuela; contiene también a los disidentes de la oposición democrática, que han dicho que no participarán, aun cuando siguen en la MUD; y contiene un sector, más numeroso que los anteriores, que está cansado, desesperanzado, agobiado por la cotidianidad y que se ha dejado convencer por la prédica de que la salida electoral no es una salida, aun cuando no se le ha presentado otra.

Incapaces como hemos sido de definir una alternativa que entusiasme a “ninis’ y oficialistas decepcionados, nos damos trompadas por el exiguo margen que queda. Difícil es calcular que porcentaje logrará la oposición que se congrega en la tarjeta de la MUD, pero que, siendo optimistas, rondará −ojalá− el 30-35%. ¿Alcanzará este porcentaje para mantener las gobernaciones actuales, cuatro, y reconquistar Zulia y alguna más? Algunos asoman una posible cifra de nueve (9) gobernaciones, sobre lo que no especularé. Hay dudas serias. En materia de alcaldías la cifra que se piensa que obtendrá la oposición democrática oscila en un rango muy amplio, que va de unas treinta (30) actuales, hasta cerca de sesenta (60), que piensan los más optimistas. En cualquier caso, no es difícil suponer que el mapa del país nuevamente amanecerá pintado de rojo el 22 de noviembre, aun cuando la abstención sea muy alta y la diferencia en el número de votos entre el oficialismo y la oposición democrática no sea muy grande. Basta con un voto de diferencia para que el régimen cacaree su triunfo a todo lo largo y ancho del país.

La falta de unidad, se dice, es la segunda desventaja −de cosecha propia− de la oposición democrática; que, sin embargo, sin negarla, sin desconocerla, pues en muchos aspectos es inocultable, hay que matizarla. Para muchos, entre quienes me incluyo, la unidad es una pre condición, una condición indispensable para derrotar a este régimen. Sin embargo, para algunos de sus detractores, la unidad es obviamente un mito, que lo acompañan muy bien con otro mito, el de exacerbar la desunión de la oposición, la supuesta “falta de unidad” y atribuirle a eso la exclusividad de cualquier fracaso que se vaya a tener. Pero, ¿Es real la falta de unidad en la oposición democrática?

Aunque la “alianza oficialista” tampoco presenta candidatos únicos en todas las circunscripciones, de eso nadie habla; y sabemos de algunas divisiones y disidencias que afloraron en su proceso de primarias y de escogencia o imposición de candidatos. En todo caso, lo que nos interesa es la situación de la unidad en la oposición democrática y para “desmitificar” lo de la falta de unidad en ese sector, recurro a un artículo del politólogo Luis Salamanca, ¿La oposición va dividida a las elecciones regionales del 21N?, publicado en El Estímulo, el 15 de octubre de 2021 (https://bit.ly/2YHSuCs), del cual tomaré solamente uno de sus ejemplos.

Señala Salamanca que de las 24 circunscripciones −incluyendo el Distrito Capital− la oposición está unida en 20 de ellas, −que ahora son 21, tras el retiro de Carlos Ocariz en el Estado Miranda, en favor de David Uzcategui−. Solamente no se habría logrado unidad, entre los posibles candidatos opositores, en Distrito Capital, Bolívar y Táchira. Pienso que Salamanca incluyó como opositor en el Distrito Capital al candidato Antonio Ecarri, que tiene una conocida trayectoria opositora; y en Táchira a la actual gobernadora porque va a la reelección, aunque en las tarjetas de la Alianza Democrática y no en la de la MUD, con la que resultó electa en las pasadas elecciones. Aunque la Alianza Democrática presenta candidatos en todas las gobernaciones, Salamanca no los considera una opción opositora, pues les niega la condición de “oposición genuina” −con lo que estoy de acuerdo−, y en todo caso, se estima que no obtendrá una figuración importante.

No tengo datos precisos sobre la situación en alcaldías, asambleas legislativas y concejos municipales, pero debe ser muy similar a la de las gobernaciones y hasta mejor; por lo que creo −al igual que Salamanca− que lo de la supuesta “falta de unidad” es más un efecto mediático, un fenómeno de redes sociales, más que una realidad. Por supuesto estimulado por el gobierno y secundado por algunos sectores opositores que quieren desplazar y sustituir al liderazgo de la MUD.

De manera que −aunque concluyo en que la “falta de unidad” puede, perfectamente, ser un mito más de la política venezolana− debo advertir, para curarme en salud, que no podemos negar ni pasar por alto algunos errores y situaciones, como por ejemplo: el haber decidido con mucho retraso la participación electoral; las arbitrariedades que se cometieron al seleccionar los candidatos de la MUD; los conflictos internos, que los hay y algunos son muy visibles; las acusaciones y disputas entre los partidos, que todos hemos visto y los demás signos de problemas internos, algunos graves, que constantemente afloran en el mundo de la oposición. No niego nada de eso, solamente digo que no será por la falta de candidatos unitarios que no se logre una alta votación el 21N.

Además de los puntos señalados, de los visibles signos de problemas internos y la falta de candidatos que estimulen al elector, en la oposición democrática, todavía adolecemos de una propuesta de consenso que le devuelva a la política esa magia que se trasmite en campañas, en las cuales el elector ve más allá de su cotidianidad y deposita su fe en una propuesta que le haga sentido, en una opción en la que se siente representado y que se constituye en una esperanza para salir de los problemas que lo acogotan.

Como dije, tan inexorable es la realización de las elecciones regionales y locales el 21 de noviembre, en apenas ocho (8) días, como inexorable es que llegará el 22 de noviembre y seguiremos, en el país, gobernados por un régimen oprobioso, dictatorial y autoritario. A lo mejor −más bien seguramente− al contemplar el mapa del país teñido de rojo, como ya dije, nos llenaremos de ánimo para reiniciar la tarea de reconstruir la oposición y comenzaremos a discutir más profundamente el tema de un posible referendo revocatorio en 2022, para lo cual los criterios serían meramente políticos y de estrategias, dado que no está envuelta ninguna candidatura.

Solo tendríamos que lamentar y aprender que perdimos una buena ocasión en el proceso que concluye, para movilizar, organizar, entusiasmar, incorporar personas a la tarea de rescatar la democracia, porque, de todas maneras, esa lucha continuará.

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