«El Fiscal de la Corte Penal Internacional ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela I y ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma». Así, con estas pocas palabras, los venezolanos y el mundo conocieron la decisión del jurista británico Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), de iniciar el arduo trabajo de determinar quiénes fueron los autores de las detenciones arbitrarias y masivas, torturas y malos tratos, violación y otras formas de violencia sexual, y persecución, todos ellos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país al menos desde 2017.

La noticia en su primer momento no salió de la boca de Khan, ni siquiera de un comunicado de prensa emanado de su despacho en La Haya (Países Bajos), sino que estaba contenida en uno de los considerandos del memorando de entendimiento que firmó con el Gobierno de Nicolás Maduro este miércoles 3 de noviembre, en un acto celebrado en el salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores. El texto que contiene esta decisión fue leído en el evento, el cual fue transmitido por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La rúbrica del documento, el cual sienta las bases para las relaciones entre la instancia internacional y las autoridades venezolanas en esta nueva etapa, fue el punto final de la primera visita oficial del fiscal de la CPI al país desde que este organismo se puso en marcha hace dos décadas.

Desde Acceso a la Justicia saludamos la decisión y consideramos que la misma es histórica y que tendrá repercusiones más allá de nuestras fronteras. ¿Por qué? A continuación, enumeramos algunas razones.

1. Por las víctimas

A nuestro juicio, lo más importante de la decisión del fiscal Khan de abrir una investigación por los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país es que da esperanzas a las víctimas y a sus familiares de que sus casos no quedarán impunes. El anuncio de una investigación por parte de un órgano independiente es un gran aliento, por cuanto indica que sus voces serán escuchadas en algún momento por un juez imparcial.

El numeral 2 del artículo 15 del Estatuto de Roma permite a las víctimas participar en las indagaciones que conducirá la Fiscalía, suministrarle información y formular objeciones.

No podemos olvidar que la posibilidad de participar en una investigación y en un eventual juicio ante una instancia internacional constituye parte de la reparación a la que las víctimas tienen derecho, de acuerdo con lo establecido por instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

La víctima de violaciones de derechos humanos, así como sus familiares, encuentra reparación en el reconocimiento y puesta en práctica del derecho a la verdad; ello conlleva una expectativa que debe ser satisfecha por el Estado. Por otra parte, como declaró la Corte en 2006 al conocer un caso sobre Perú, «el conocer la verdad facilita a la sociedad peruana la búsqueda de formas de prevenir este tipo de violaciones en el futuro», con lo cual reforzó la línea jurisprudencial que viene manteniendo desde los años 90, que es aplicable también en el caso venezolano, en relación a que la participación de las víctimas en un proceso para esclarecer los hechos que las perjudicaron forma parte de la justicia.

2. Por la región

La decisión de Khan de investigar los hechos ocurridos en Venezuela es un hito en la historia de su despacho y de la Corte, ya que es la primera vez en diecinueve años desde su entrada en vigor que el organismo fijará su mirada en unos sucesos ocurridos en el continente americano.

Hasta ahora el grueso de las treinta investigaciones y la totalidad de los juicios que la CPI ha celebrado han estado relacionados con hechos ocurridos en África. Así, hasta el momento, el juzgado ha celebrado juicios relacionados con la República Democrática del Congo, Sudán, Uganda, Malí, la República Centroafricana y Costa de Marfil, como se lee en la página web del organismo.

Sobre América Latina, la Fiscalía estuvo examinando preliminarmente desde 2004 las denuncias de crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridas en Colombia durante el conflicto armado que sacudió a ese país. Sin embargo, a finales de octubre de 2021, Khan anunció que cerraba el caso por considerar que los pasos dados por las autoridades revelaban sus intenciones por esclarecer los hechos, impartir justicia y reparar a las víctimas.

Lo mismo ocurrió en Honduras por los hechos ocurridos durante el golpe de Estado de 2009 y que fue cerrado por la Fiscalía en 2015.

El otro caso que está siendo analizado es uno relacionado con Bolivia y se refiere a los bloqueos que simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales llevaron a cabo durante 2020 y que fue remitido a la Fiscalía de la CPI por el gobierno anterior.

Finalmente, el otro examen preliminar de la región es el que remitió el Estado venezolano por las sanciones impuestas por Estados Unidos.

3. Desenmascarando al Gobierno

La decisión de Khan no solo confirma que los derechos humanos no están garantizados en Venezuela, algo que organizaciones nacionales e internacionales vienen denunciando desde hace tiempo, sino que de paso las medidas que en los últimos meses han venido adoptando las autoridades para castigar los crímenes han sido claramente insuficientes.

Desde enero, el Gobierno de Maduro ordenó la reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y mandó a que los presos bajo la responsabilidad del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) fueran enviados a cárceles ordinarias, lo que hasta el presente no se ha cumplido a cabalidad en uno u otro caso. Asimismo, el Ministerio Público ha dado un giro de 180 grados sobre lo ocurrido en casos como el asesinato del estudiante Juan Pablo Pernalete durante las protestas de 2017; y el del concejal Fernando Albán en 2018. El despacho dirigido por Tarek William Saab debió admitir que Pernalete sí murió producto de una bomba lacrimógena disparada por un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana y que Albán no se suicidó, como había dicho en un primer momento, sino que fue asesinado por sus captores.

Como si lo anterior fuera poco, en las últimas semanas la justicia resolvió los casos de David Vallenilla y Daniel Alejandro Queliz, ambos víctimas de la represión gubernamental contra las protestas de 2017. Con horas de diferencia fueron anunciadas las condenadas contra el militar y los policías que dieron muerte a cada uno de los jóvenes. Hasta ahora todas las medidas adoptadas por las autoridades judiciales han estado dirigidas contra subalternos, sin abarcar a superiores, pese a lo extendido de los abusos, algo que contradice lo dispuesto en el Estatuto de Roma.

«La decisión (de Khan) sobre Venezuela es un mensaje contundente no solo para quienes cometieron abusos o los encubrieron, sino también para los líderes militares y civiles que sabían o deberían haber sabido lo que ocurría y no intervinieron», advirtió José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

El anuncio de la investigación revela que la Fiscalía de la CPI no considera, por lo menos hasta este momento, que la justicia venezolana sea capaz o esté interesada en identificar y sancionar a los responsables de los presuntos crímenes de lesa humanidad, unas sospechas que son confirmadas por el mal desempeño del Poder Judicial; basta con ver los últimos datos del Índice de Estado de Derecho de World Justice Project y el de la justicia penal, en el cual Venezuela figura en el último lugar.

Sin embargo, en los próximos meses se verá si las promesas de colaboración de Nicolás Maduro con la CPI se cumplen. «Le garantizo que para esta etapa que vamos a vivir (en referencia a la fase de investigación) dejamos los ruidos de lado y nos empeñamos en trabajar en el cumplimiento de este acuerdo para que pueda encontrarse la verdad», dijo Maduro, en el acto celebrado en el palacio presidencial, al tiempo que se atrevió a decir: «Venezuela garantiza la justicia con instituciones que están dispuestas a mejorar, a perfeccionarse y avanzar. Soy el primero que quiere saber la verdad, que quiere hacer justicia».

En ese sentido, para que haya justicia no bastan las palabras; basta recordar que el que en Venezuela se realicen algunos juicios no impedirá a la Fiscalía de la CPI avanzar en la investigación, porque estos deben hacerse de acuerdo con los estándares internacionales y bajo la supervisión de la Fiscalía de la CPI, lo que implica, la investigación y juicio de los máximos responsables.

De ahí entonces que sea legítima la siguiente pregunta: ¿con ausencia de jueces imparciales e independientes se pueden realizar juicios en Venezuela de acuerdo con los estándares internacionales?

Todos sabemos la respuesta.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

La decisión de la Fiscalía de la CPI de posar su mirada en Venezuela tiene varias lecturas, siendo la primera y más evidente que las víctimas y sus familiares están más cerca de ver cómo sus agresores no quedarán impunes. Pese a ello debemos advertir, que si bien esto significa un gran progreso, lo que se hace es abrir el camino a un nuevo proceso que puede durar años, por lo que hemos de ser prudentes y no invocar logros en el corto plazo.

Aun así, a la apertura de la investigación en el caso venezolano por parte de la Fiscalía de la CPI no se le puede restar la significación histórica que tiene para las víctimas y sus familiares, valientes mujeres y hombres que, pese a las amenazas y a las intimidaciones, han luchado por años contra la soberbia del poder, para ver el día en que finalmente, luego de muchos años de penumbra, pudo verse algo de luz en Miraflores. Y esa fue la luz de la justicia.

11 de noviembre 2021

https://accesoalajusticia.org/tres-razones-de-historica-y-trascendental-...

El 6D 2020, cinco millones o más de venezolanos demócratas desertaron del revolucionarismo militarista, este 21N -según lo muestra el Ambiente Político Real Electoral- el interés y la motorización de la ciudadanía es tal, que por la vía del voto, expresando su rechazo al revolucionarismo armado habrá una positiva masa de venezolanos eligiendo a Gobernadores y Alcaldes. Lo demócratas en ejercicio de la decencia cívica se plantean un renacer del ciudadano como actor político, con visión superior al partidismo, con decencia cívica para elegir Gobernadores y Alcaldes demócratas que faciliten el encaminamiento de la nación a la reconstrucción de la democracia liberal.

Democracia liberal mediante la aplicación de la decencia cívica propia de la ciudadanía. Ciudadano que se crece en responsabilidad y, como tal, se encamina siguiendo la Constitución a crear grupos afines, respetuosos de la ley, para cambiar un Ambiente Político Real Violento en un Ambiente Político Real Electoral que garantice la elección de Gobernadores y Alcaldes demócratas. Gobernadores y Alcaldes nacidos de la decencia cívica por la vía del voto como práctica democrática, lo cual les imprime garantía y fuerza política a ambos funcionarios para mostrar la diferencia entre la democracia y el perverso revolucionarismo militarista.

Revolucionarismo violento, primitivo y armado que después de 20 año continúa amasando desgracias, crímenes y robos cercanos a la droga, las trampas, la inmoralidad plana y el numeroso grupo distante de la política, ya que está fuera de la decencia cívica. Decencia cívica que, como vía para convocar políticamente a un hecho electoral, cree firmemente en las leyes y en la Constitución, en especial la ciudadanía. El ciudadano ya harto de tanta fechoría desenmascarará al revolucionarismo y le impone su voluntad, la mayoría… los demócratas.

El hecho electoral del 21N ya dibuja la derrota del revolucionarismo militarista, el 21N amanecerá la democracia y de una manera plena, con operadores políticos ciertos se generará un cambio en las Gobernaciones y Alcaldías. Los operadores políticos están dispuestos a generar un cambio radical mediante una acción política social transformadora, ello será posibles con la participación política de los ciudadanos, que por vía de la decencia cívica rechazan la corrupción, los arreglos y la antipolítica, prefiriendo la decencia del voto.

El hecho electoral del 21N ya en movimiento clama para que los demócratas creen una real esperanza política, para quienes les corresponde gobernar convencidos deben estar de una necesaria e impostergable transición política, que incluye hasta el referéndum revocatorio. La motorización del hecho electoral para el 21N es una acción motorizadora de la clase política democrática, a través de la práctica de una acción transformadora en Venezuela para que a través de la resistencia civil se alcance la decencia cívica que active a los demócratas responsables.

El hecho electoral del 21N mostrará la madurez, sobre todo el saber político del líder político emergente junto a una ciudadanía participativa, decidida a reinstalar la democracia. El hecho electoral del 21N impone inteligencia, decisión y coraje cívico de la ciudadanía, todo ello servirá como el motor donde prohombres, ciudadanos y líderes apuntan con la nación los nuevos Alcaldes y Gobernadores para que coronen el cambio político en contra del revolucionarismo militarista.

Referéndum revocatorio para hacer la república con democracia liberal, motorizada por una ciudadanía que cree y crecerá creyendo como clase política, distante del partidismo obsoleto y antipolítico. En este estadio, la ciudadanía comprende y mostrará a la política como ciencia. Cuanto se aparte de la ciencia forma parte de la perversión, de la politiquería y de la Antipolítica, es decir, del atraso y la incertidumbre. El 21N tiene un trazado político: hacer política, lo cual es igual a participar en política. Política contundente, no violenta, que potencie la decencia cívica, que conduzca la decencia civil la cual facilitará la transición política para el reagrupamiento de las fuerzas democráticas de la república en pleno siglo XXI.

Es original,

Director de CEPPRO-CSB

@JMachillandaP

Caracas, 8 de noviembre de 202

A pesar de lo chocante de las escenas de desigualdad que se observan actualmente, este no es el problema fundamental que enfrentamos como sociedad. El problema fundamental es incrementar la producción para lo cual se requieren acciones y políticas orientadas a restaurar la confianza y disminuir la incertidumbre, lo cual no se ve como factible en el porvenir inmediato.

El chavismo ha promovido un modelo político que ha generado, por un lado, una destrucción del tejido productivo que ha reducido el tamaño de la economía a niveles de mediados de la década de 1950. Todo el esfuerzo llevado cabo por el régimen de Pérez Jiménez y los gobiernos democráticos se ha perdido. En el periodo reciente la crisis de movilidad provocada por el confinamiento y la escasez de combustible acentuaron la recesión y contracción del tamaño de la economía.

De la mano de esta política destructiva se ha llevado a cabo otra que ha profundizado la desigualdad en la sociedad venezolana, lo cual es inherente al modelo político inspirado en el socialismo cubano. Esta desigualdad se ha potenciado en los últimos años. En el marco de la contracción económica se impuso una dolarización de facto para compensar los efectos de la inflación que se convirtió en hiperinflación después del 2017. Los sectores de mayor ingreso buscaron refugio en el dólar a fin de tratar de protegerse de los efectos de la hiperinflación. Una minoría estimada por la ENCOVI en 5% de la población ha logrado hacerlo, lo que ha acentuado la desigualdad en especial entre los hogares de mayor ingreso, el 10% de los hogares concentra el 40% del ingreso total. En el último año Venezuela se convirtió en el país más desigual de América Latina, superando a Brasil, que en los años previos era considerado el más desigual.

El diario El País en una edición reciente reporta esta situación destacando como en Caracas, en la zona de Las Mercedes, se levantan edificios de oficinas de lujo que permanecen vacíos, casinos, restaurantes donde un plato puede costar 30 dólares como mínimo. Al lado de ello, señala el diario, los empleados públicos se ven obligados a “matar tigres” para compensar el miserable sueldo que reciben.

Si bien la desigualdad se ha acentuado, convirtiendo a Venezuela en el país más desigual de la región, éste no es el problema fundamental o el reto fundamental de la sociedad venezolana en la coyuntura actual, según Luis Pedro España investigador de la ENCOVI promovida por la UCAB. El empequeñecimiento de la economía ha llegado a tal grado, según España, que de distribuirse la escasa riqueza generada entre todos los venezolanos, ello se traduciría en un ingreso per cápita de 30 dólares mensuales (1 dólar diario), lo cual nos ubicaría a todos por debajo de la línea internacional de la pobreza, estimada en 1,90 dólares diarios por el Banco Mundial.

La superación de la pobreza demanda, según España, incrementar la producción, para lo cual es necesario generar confianza y disminuir la incertidumbre a fin de estimular las inversiones que se requieren. Ello no es factible en términos inmediatos pues implicaría el desmantelamiento del modelo que el chavismo ha impulsado en las últimas décadas. Por una lado el fortalecimiento de la autonomía de las instituciones como el Banco Central, a fin de controlar la inflación. Otra de las instituciones que requieren mayor autonomía es el sistema judicial, para fortalecer los derechos de propiedad. No se puede dejar de lado los cuerpos de seguridad que deben orientarse a garantizar la seguridad personal de la población y no a perseguir a la disidencia política.

Profesor UCV

Referencias

UCAB. 2021. Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI). El Ucabista. Com.

El río Orinoco tiene un importante aumento de nivel con el período anual de lluvias, alcanzando un promedio histórico de 16 metros sobre el nivel del mar. Tucupita y el resto de la población tenían al río como único medio de comunicación con el resto del país y ello requería una travesía de varias horas.

Con el objeto de incorporar parte de ese territorio al desarrollo del país era necesario construir una obra que protegiera a esa población de las inundaciones y que permitiera a su vez el aprovechamiento de tierras para la agricultura y ganadería.

En la década del 60 el Estado Venezolano emprendió la construcción de un sistema de diques o muros de contención y una estructura para el control del caudal del caño Manamo, conocida localmente como "El Cierre", para impedir que las aguas del Orinoco inundaran el área a proteger. Tales obras, puestas en servicio en el año de 1966, ocasionaron ciertos desequilibrios ambientales, pero favorecieron el crecimiento poblacional y desarrollos ganaderos en espacios que anteriormente permanecían inundados en tiempos de crecidas del río.

Cabe mencionar que la mayor creciente registrada del Orinoco ocurrió en 1892, con 19,14 metros sobre el nivel del mar (msnm), por lo que las obras construidas fueron realizadas para proteger de inundaciones de esa magnitud y más.

En los últimos años las crecientes han venido superando los niveles regulares, así la del 2017 fue de 17,34; la del 2018, la segunda más grande registrada en 129 años, fue de 18,34 y la del 2021 fue de 17,26 msnm. Estos niveles son muy preocupantes y concuerdan con las perturbaciones ocasionadas por el calentamiento global por lo que se teme, con sobradas razones, que pudieran ocurrir en un futuro cercano crecientes de mayor magnitud que rebasaran los muros de contención pues sus condiciones actuales están muy disminuidas y distan mucho de ser la obra puesta en servicio hace 55 años.

La atención insuficiente de esa infraestructura por más de medio siglo ha conducido entre otras cosas a:

1.- La pérdida significativa de sus dimensiones y forma, tanto que esos muros de tierra compactada perdieron altura, grosor y solidez a raíz de filtraciones y socavamientos a lo largo de sus 172 Km. Por tales razones fue rebasado y parcialmente destruido en un sector al final de la creciente del 2018, lo cual revela cuán menguado estám pues tal crecida fue inferior en 0,8 metros a la de 1892, la creciente referencia para la construcción de la referida obra;

2- Se han perdido por acción del río partes de la infraestructura como es el caso del relleno hidráulico y el tabique de rocas que la protegían de las corrientes;

3- Perdimos, por sedimentación y urbanismo, el aliviadero previsto para los grandes crecientes;

4- La gran sedimentación en las proximidades de la infraestructura para el control de aguas ("Cierre") eleva significativamente el nivel de las crecientes y pone en peligro su estabilidad y

5- Se teme el colapso del "Cierre" por los importantes socavamientos detectados a su alrededor y no corregidos hace catorce años.

Hay que destacar que la citada infraestructura es crucial para la población pues constituye LA ÚNICA SALIDA POR VÍA TERRESTRE DE TUCUPITA.

El estado actual de la obra sumado a las perturbaciones cada vez más frecuentes y catastróficas por el calentamiento global, nos expone de manera creciente a una inundación intempestiva que afectaría en mayor o menor grado a más de 160 mil deltanos que habitan los espacios protegidos de las inundaciones.

El llamado es urgente al gobierno nacional y regional para que se ocupen de corregir a la brevedad las vulnerabilidades de la obra de manera que en tiempos de crecidas del río nos proporcione seguridad y no zozobra.

Tucupita 10 de noviembre del 2021.

Entiendo al militante de un partido político cuyo candidato a la gobernación del Estado no le parece el mejor. No quiere serle infiel a su partido pero piensa que existe otro candidato mejor. Ese problema de conciencia y fidelidad se resuelve "cruzando el voto", es decir, por mi partido voto por los candidatos a los cuerpos deliberantes, Consejo Legislativo Regional y Concejo Municipal y para la gobernación por el que me gusta que es el mejor, por el que mi conciencia me indica.

Además, el voto a los cuerpos deliberantes, aunque también es "intuito personae", refleja más identidad partidista que sufragar por alguien en particular que corresponde más a la conciencia. En el Reglamento de la Fracción Parlamentaria de COPEI en el Congreso de la Republica, existe una norma que permite excusarse de asistir a la sesión donde se trate un tema que el partido ha propuesto o apoya pero que tú no estás de acuerdo. En este caso de elegir al Gobernador de nuestro Estado, la excusa no es válida porque debemos votar por quien nuestra conciencia nos señala, en la seguridad que la victoria ayudará a un distinto y mejor gobierno y apuntalará el referendo revocatorio del mandato de maduro, al que nos dedicaremos inmediatamente después de realizadas estas elecciones.

Tengo aprecio y reconocimiento por todos los candidatos, propuesto por la oposición, a la gobernación de Aragua , pero distingo a Luis Carlos Solórzano como el mejor. Así que si pensamos que Luis Carlos es el mejor y no está postulado por el partido al que pertenezco, puedo sufragar por él y corresponder a mi partido con el resto de los votos, de esa manera le soy fiel a mi militancia y a mí conciencia, sin incurrir en deslealtad.

Es necesario una cara decente, preparada, auténtica y que se preocupe y trabaje por el Bien Común en la gobernación del Estado y esa cara es Luis Carlos. Con él tendremos a alguien en la primera magistratura regional que gobernará para todos, que servirá a todos con preferencia por los pobres, débiles y vulnerables y recobrará la moralidad y eficiencia en la conducción publica. Sabrá establecer las prioridades para ser atendidas con el presupuesto regional y será un excelente gestionador ante el poder nacional de lo que el Estado merece y corresponde. Ha presentado propuestas concretas que se desarrollarán en su gestión para reivindicar la prosperidad de nuestra tierra.

Nuestro Estado ha sido olvidado y maltratado por el poder nacional y por los gobernadores que últimamente hemos tenido, por ello nos hemos venido a menos. El 70% de las industrias instaladas en el Estado han cerrados sus puertas y más del 50% del comercio ha bajado la "Santa María". El desempleo a aumentado a cifras no conocidas y el hambre y la inseguridad personal y de bienes campea en toda nuestra geografía. Es de urgente necesidad cambiar lo que tenemos y colocar gente decente que entienda que la función pública es para servir y no servirse y para trabajar incesantemente en la búsqueda del Bien Común. Luis Carlos es garantía de lograr lo mejor que todos aspiramos. Estemos ubicados partidistamente en donde estemos, votemos con fidelidad a la conciencia y ello nos llevará a votar por el mejor, por Luis Carlos Solórzano.

Explica Steven Pinker que nuestras mentes están más preparadas para capturar y aferrarse a lo negativo, aquellas expresiones de conflictos, asimetrías y contrastes que suelen conducir a estados de incertidumbre y ausencia de esperanza. Para algunos puede ser una condición natural, pero en general las personas y las organizaciones debemos trabajar activamente para construir optimismo. El poder de lo que no funciona, no encaja, genera insatisfacciones, produce resultados decrecientes o injustos, suele ser tan fuerte en los asuntos humanos (más aún en épocas de profundos cambios), que nos expone ante la tentación de abrazar consignas reaccionarias y demagógicas, esas que encuentran en el fragor de emociones negativas multiplicadas el caldo de cultivo para prosperar.

Pueblos enteros suelen quedar atrapados bajo la pregnancia de relatos redentores que simplifican descaradamente el camino de justicia y reparación. A poco de andar, la incapacidad de producir los resultados anunciados con la arrogancia de pretendidas verdades absolutas dispara desencanto y marginación, que suelen ser contenidos con controles y violencia (verbal o física). El mundo transita actualmente un tiempo de inflexión, en medio de una revolución científico-tecnológica que recién está a mitad de camino. Y por ello, constituye un desafío universal de proporciones mayúsculas liberarnos de carismáticas voces del atajo y soluciones fáciles o lineales. Y solo puede lograrse si somos capaces de recrear narrativas de progreso que combinen la audacia de las utopías transformadoras con la responsabilidad de las evidencias en base a las cuales es factible construir caminos sustentables.

En este punto clave de nuestro devenir planetario, emerge con radiante impacto la octogenaria figura de la economista venezolana radicada en Gran Bretaña hace ya muchos años, Carlota Pérez. A sus 82 años sigue enseñando, investigando y predicando sobre las posibilidades humanas de construir modelos de progreso y bienestar a partir de las revoluciones tecnológicas que sacuden nuestras maneras de vivir, trabajar y producir. Es experta en el impacto socio económico del cambio tecnológico, autora de muchos ensayos y libros, especialmente el legendario “Revoluciones Tecnológicas y Capital Financiero” (2005). Para quienes no somos economistas, pero participamos del pensamiento y la reflexión sobre los sistemas económicos que facilitan la creación y distribución de la riqueza, constituye combustible intelectual conocer planteos como los de Carlota, que trascienden con fundamentos innovadores los habituales polos: equilibrios naturales de los mercados, por un lado, y dirigismos que pecan de voluntarismo, por otro.

La obra de Carlota Pérez, completada y enriquecida por muchos otros expertos, es en sí misma una narrativa optimista sobre el futuro de la economía y la sociedad. Un relato creíble y comprensible, al que pueden recurrir los líderes del mundo que tienen la enorme responsabilidad de dirigir destinos colectivos en tiempos post Pandemia y de aceleración de la economía digital al ritmo de los avances de la inteligencia artificial, la realidad virtual y la computación cuántica. Pero, sobre todo, un relato sensato, basado en el análisis riguroso de la secuencia transformacional de las revoluciones tecnológicas anteriores a la actual, la fuerza de las evidencias que genera la ciencia, y también la confianza en la construcción colectiva de modelos e instituciones capaces de encauzar y moldear las fuerzas de la innovación y la creación, que explican buena parte de la evolución humana.

El núcleo de su análisis tiene que ver con la propuesta de comprensión de la dinámica bajo la que suceden las revoluciones tecnológicas en la historia humana. Pérez advierte en todas ellas, durante los siglos 18, 19 y 20, un patrón que se repite, conformado por tres grandes etapas. En primera instancia, la instalación de las nuevas tecnologías motivadas por creadores y emprendedores, que suele generar una etapa de ebullición y burbuja con vanguardias que las explotan y efectos asimétricos que disparan desigualdades. Luego se configura lo que denomina un “punto de inflexión”, etapa que suele estar signada por recesiones y tensiones propias de la transición del cambio de paradigma productivo y finalmente emerge la “edad de oro” de la prosperidad, cuando se logran diseñar e implementar los modelos institucionales y regulatorios que permiten la adopción y aprovechamiento generalizado de las nuevas tecnologías y los saltos de productividad que ellas suponen.

Bajo este marco conceptual, el mundo asiste en esta tercera década del siglo XXI recién iniciada a un verdadero punto de inflexión, determinante para el futuro próximo de la Humanidad. De la capacidad de los líderes mundiales para conducir la transición hacia una economía impulsada por los propulsores digital y ecológico, depende en gran medida la posibilidad de arribar pronto a una nueva era de progreso y bienestar colectivo. Y Carlota Pérez es optimista acerca de nuestras posibilidades concretas para lograrlo, de la misma manera que se logró en épocas anteriores de transformación, como por ejemplo la de la mecanización y producción en masa de inicios del siglo XX, que fue capaz de crear las grandes clases medias en el mundo, a través del empleo estable, la educación universal y la adquisición de vivienda y automóvil propio como patrón económico y cultural.

Esas etapas de prosperidad en las que todos ganan constituyen una posibilidad concreta del capitalismo como sistema de creación de riqueza. Pero no necesariamente suceden por obra de la espontaneidad de los mercados. La armonía entre el mundo de los negocios y la complejidad de una sociedad requiere de una construcción mayor y complementaria a la virtuosa dinámica de los mercados. Las herramientas para ello son los liderazgos públicos y privados, la economía política como disciplina eficaz para crear buenos marcos de incentivos y regulación y los diseños institucionales que definen las reglas de juego para competir, construir confianza y alinear expectativas de los actores. Todo ello se desprende con mayor facilidad, según Carlota Pérez, cuando la dirigencia de un país es capaz de darle al inexorable cambio tecnológico una dirección clara y sinérgica, bajo un sentido de misión colectiva. Constituye un vacío insalvable para la sana construcción de futuro cuando el Estado adolece de las capacidades para liderar estos procesos o simplemente cuando rehúye hacerlo transfiriendo dicha responsabilidad a grandes compañías tecnológicas.

El optimismo en la capacidad humana para diseñar progreso se renueva en el análisis de Pérez cuando afirma con elocuencia que, aún en el marco de la dolorosa transición en la que mundialmente estamos, se están poniendo los cimientos de esa nueva era de prosperidad compartida que ella define como economía digital, verde, justa y global. Digital, por las nuevas posibilidades de creación y distribución de valor que vienen del software y productos y servicios intangibles en general; verde, por la transformación de procesos y actividades para ser amigables con el ambiente dando forma a una promisoria y diversa industria ecológica; global, en base a la recreación de instrumentos de comercio, cooperación y financiación que vendrán luego de esta etapa de globalización con resultados asimétricos, especialmente para financiar la tracción hacia el desarrollo de los países del Sur a través del dinamismo de la transformación industrial del Norte desarrollado; y, finalmente, justa porque crece la conciencia acerca de que las desigualdades están logrando niveles insostenibles y que pueden revertirse con nuevas ideas para compartir más equitativamente los frutos de la abundancia material y tecnológica, sin romper el capitalismo como fuente principal de creación de riqueza.

Suena bien. A veces estos planteos pecan de construcción intelectual, alejada de las dificultades cotidianas para transformar el paradigma industrial del Siglo 20. No es el caso en la obra de Carlota Pérez, donde abundan los ejemplos concretos para sustentar su interpretación de los tiempos. Como el caso de la oportunidad real de una comercialización masiva de bienes durables (electrodomésticos, automóviles, etc) a través de mecanismos de alquileres accesibles en lugar de compra de la propiedad de los mismos, lo cual podría poner fin al mecanismo de la obsolescencia programada, responsable de buena parte de la carrera por el crecimiento que está agotando el Planeta, pero sin por ello dejar de producir bienes y servicios que tanto bienestar nos han traído y, además habilitando una nueva dinámica de valor y empleos orientados a la logística, el mantenimiento, la instalación y otros espacios de habilidades de las personas. No es necesario caer en el extremo del decrecimiento, que muchos predican, para salvar el Planeta, sino más bien que nuevas maneras de expandir y desarrollar las economías sean compatibles con ello.

Transformar la lógica del capitalismo del siglo XX requiere, para Carlota Pérez, un nuevo contrato social capaz de fijar una nueva dirección hacia el futuro y nuevas reglas de funcionamiento de la economía y la sociedad. Que enorme contribución al pensamiento para la acción cuando alguien puede unir aportes como los de Thomas Khun y sus cambios de paradigma, de Schumpeter y sus inevitables procesos de destrucción creativa o de Karl Polanyi y los acuerdos sociales que dan el marco para el mejor funcionamiento de los mercados. Todo eso une Pérez en su obra para ayudarnos a pensar respuestas innovadoras y sustentables a la gran pregunta de nuestros tiempos: ¿Cómo gobernar la economía digital que tantos beneficios nos trae y ponerla al servicio de una nueva era de prosperidad para las mayorías? Pasar de la economía del miedo y la incertidumbre a la de la transformación y esperanza es el gran legado de Carlota Pérez. Ojalá primen las mentes abiertas y los buenos liderazgos para hacerlo posible.

7 de noviembre 2021

Infobae

https://www.infobae.com/opinion/2021/11/07/carlota-perez-y-el-optimismo-...

El exrector Benjamín Scharifker reflexiona sobre ese debate necesario que se ha ido postergando en la comunidad académica sobre el modelo de financiamiento que revela parte de una crisis sin precedentes en la universidad venezolana y una de las razones por las cuales las instituciones están «muriendo de mengua»

Buena parte de la vida de Benjamín Scharifker ha transcurrido entre aulas y la academia. Es un hombre de universidad y para la universidad. Con la experiencia de dos rectorías bajo su cargo, primero de su alma mater, la Universidad Simón Bolívar (USB) entre el año 2005 y 2009; y luego de la Universidad Metropolitana (Unimet) desde 2011 hasta septiembre de 2021, Scharifker ha adquirido la experiencia suficiente para cuestionar ambos modelos: el subsidio del Estado a las universidades autónomas o dejar que recaiga sobre la matrícula estudiantil el costo que implica la operatividad de las privadas.

«El modelo de Venezuela desde 1958 es que las universidades autónomas son financiadas por el Estado a través del presupuesto fiscal. Pero la pregunta es si el Estado tiene capacidad de financiar la universidad y que a la vez pueda ser autónoma. La otra pregunta es si la privada solo se podría financiar con la matrícula y que sea sostenible. La buena educación es necesariamente costosa».

El costo y el valor son dos conceptos claves para entender el asunto. «El negocio de la universidad es el conocimiento, pero no se valora como producto.

Lo reflejan los pensum académicos que son para generar buenos empleados pero no personas innovadoras», apunta Scharifker.

—¿Y entonces cómo hacemos que la universidad sea sostenible?

—En las mejores universidades del mundo el grueso de su presupuesto no viene del ingreso fiscal ni de la matrícula, viene de proyectos que esas universidades realizan para industrias, proyectos privados o para el mismo Estado porque se integran a las necesidades sociales y eso solo se logra si dejamos atrás el modelo social rentista, un modelo basado en aprovechar recursos que se van a extinguir como el recurso minero y petrolero.

Los ejemplos con los que Scharifker ilustra el asunto revelan que la revisión del modelo no solo es necesario en la educación superior: implica una revisión profunda de la sociedad venezolana.

«En Venezuela, los recursos no provienen del esfuerzo intelectual de las personas ni de la innovación o la creación sino de los recursos mineros ¿Cuáles son las empresas más grandes del mundo? Google, Amazon, Tesla, empresas que no tienen nada que ver con la explotación de recursos sino con el desarrollo de innovación. Ya no vivimos en un momento donde la explotación de la tierra marca el desarrollo. Esos momentos en la historia ya pasaron y si no entramos en la era del conocimiento nos quedaremos cada vez más atrasados».

—Va más allá de un tema de asignación de presupuesto…

—Los universitarios no hemos hecho estas reflexiones y debemos hacerlo. Las universidades venezolanas son insostenibles porque están esperando que les llegue el ingreso fiscal en un país quebrado que no tiene aparato productivo ¿Cómo podemos hacer eso si somos una sociedad profundamente feudal en la cual el poder aún está en muy pocas manos?

Scharifker cuestiona no solo la falta de debate sobre el modelo de financiamiento que está moviendo cimientos en el resto del mundo, también observa que esta crisis solo ha profundizado brechas sociales que han hecho a las universidades aún más vulnerables a una política gubernamental de desgaste y desmantelamiento sistemático durante los últimos 20 años.

«Lo que estamos viendo son instituciones tomadas, pero no para ponerlas al servicio de la gente sino al servicio de un proyecto político. Convertirlas en apéndices de un proyecto político. Esa es la muerte por mengua de la universidad venezolana».

—¿Estamos perdiendo la posibilidad de que la universidad sea un camino de ascenso social?

—Estas brechas solo se van a salvar si realmente se persigue la excelencia. Pero hemos perdido ese camino porque la universidad perdió el mecanismo de ingreso. Se ha privilegiado la igualdad pero disminuyendo los estándares: se quiere nivelar pero hacia abajo. Y eso es un falso dilema, porque podemos tener justicia social y también perseguir la excelencia.

Su preocupación apunta por igual a la gestión de las universidades privadas porque explica que ningún modelo será sostenible si limita el costo de la educación solo sobre aquellos estudiantes que pueden costearla.

El exrector de la USB pone como ejemplo los programas de formación y nivelación que crearon las autónomas (Samuel Robinson-UCV, Programa de Igualdad de Oportunidades (PIO)-USB, por mencionar dos) para garantizar mayor posibilidad de ingreso a diversos estudiantes.

«Hay que generar las oportunidades, independientemente del origen, porque lo que realmente importa es lo que tenemos en la cabeza. Ante la realidad de que cada vez menos estudiantes de liceos públicos llegaban como nuevos ingresos, la USB creó programas de formación y se iba hasta los liceos para perseguir ese propósito. Pero lo que ocurre es que en Venezuela no se privilegia el conocimiento y eso nos está destruyendo».

9 de noviembre 2021

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