Supongamos que usted no supiera nada sobre un determinado país de bajos ingresos excepto los siguientes datos. Su ingreso anual per cápita en 2020 fue de apenas 509 dólares, el séptimo más bajo del mundo. En los diez años previos a 2019, los flujos de ayuda se habían reducido a la mitad, a apenas 114 dólares per cápita, o 31 centavos de dólar por persona por día. Como resultado de ello, su PIB per cápita cayó 14% en este período. Mientras tanto, las importaciones anuales per cápita también se desmoronaron a la mitad entre 2012 y 2020, a 179 dólares, o apenas 49 centavos de dólar por persona por día –uno de los niveles más bajos en el mundo-. Las exportaciones per cápita, apenas por debajo de 38 dólares, fueron las más bajas del mundo. La tasa de pobreza oficial aumentó del 38% en 2011 al 47,3% en 2020.

Frente a estos números, uno no esperaría que la población tuviera mucho entusiasmo por el estatus quo. Tampoco que el gobierno obtuviera un apoyo significativo o exhibiera demasiada capacidad para mejorar las cosas.

En efecto, los flujos de ayuda al país no fueron extraordinariamente grandes, en absoluto. Según el Banco Mundial, los 114 dólares en asistencia per cápita en 2019 fueron menos que la ayuda recibida por otros 26 países, entre ellos Somalia (121 dólares), Bosnia y Herzegovina (141 dólares), Yemen (151 dólares), la República Centroafricana (159 dólares), el Líbano (223 dólares), Jordania (277 dólares), Cisjordania y Gaza (477 dólares), Siria (600 dólares) y las Islas Marshall (1.122 dólares). Claramente, entonces, la reducción en la ayuda fue una decisión, no una necesidad obvia.

Quizá lo sorprenda saber que el país en cuestión sea Afganistán, al que Estados Unidos y sus aliados occidentales consideraban lo suficientemente importante como para garantizar el sacrificio de más de 3.500 tropas y una cantidad de fondos que eclipsa las cifras mencionadas más arriba. Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD por su sigla en inglés), el costo del compromiso militar norteamericano en Afganistán, solamente en 2020, fue de 39.700 millones de dólares –el doble del PIB total del país, o 1.060 dólares por afgano.

De 2001 a 2020, la guerra le costó a Estados Unidos alrededor de 815.800 millones de dólares, el equivalente a más de 40 veces el PIB de 2020 de Afganistán, o 21.000 dólares por cada afgano vivo hoy. Entre su pico de 2012 y 2020, el gasto militar anual de Estados Unidos en Afganistán cayó el 60%, o 57.800 millones de dólares. Pero en lugar de utilizar parte de los ahorros para aumentar la ayuda al país, Occidente recortó su asistencia en 2.500 millones de dólares en ese período.

Según el proyecto Costos de la Guerra de la Universidad Brown, las cifras del gasto militar del DoD son subestimaciones groseras, porque excluyen los costos de la atención médica y por discapacidad de los veteranos de Estados Unidos, así como los pagos de intereses por la deuda en la que se incurrió para solventar la guerra. El proyecto, en cambio, estima el costo en más de 2,2 billones de dólares, el equivalente a 115 años del PIB de 2020 del país, o 30 veces el nivel de ayuda a Afganistán entre 2001 y 2019.

Al analizar estas cifras, cuesta no pensar en que la coalición liderada por Estados Unidos perdió la guerra en el frente económico, debido a una asignación muy desacertada de los recursos. Dada la clara predisposición de Occidente a gastar dinero en Afganistán, debería haber sido posible urdir un milagro de crecimiento que habría creado un respaldo político a favor de más de lo mismo. Más allá de los enormes obstáculos para construir un estado fuerte en Afganistán, se habría tornado evidente para millones de ciudadanos que les convenía cooperar con el gobierno.

Asimismo, un esfuerzo de estas características no tiene por qué haber sido costoso. Según el Banco Mundial, Afganistán tiene un factor de ajuste del poder adquisitivo de alrededor de 0,24, entre los siete más bajos del mundo, lo que significa que una canasta de consumo estándar que cuesta 1 dólar en Estados Unidos se podría comprar por menos de 24 centavos de dólar en Afganistán. Pero Estados Unidos decidió renunciar a esos ahorros y perseguir una estrategia de asistencia para el desarrollo que utilizaba contratistas basados en Estados Unidos que le cobran a Estados Unidos todos sus costos más los correspondientes márgenes, recargos y pagos por trabajar en condiciones difíciles. A esto podríamos sumarle el costo de mantener su seguridad dentro de la Zona Verde de Kabul.

Algunos podrían decir que estos mayores gastos eran inevitables, porque no se les podía confiar a las autoridades afganas transferencias directas de efectivo o porque carecían de las capacidades para llevar a cabo las tareas necesarias. Pero esto implica que el dilema no era sólo entre corrupción y honestidad, sino entre corrupción y una propuesta muchísimo más costosa.

Consideremos un plan alternativo. Supongamos que Estados Unidos hubiera combinado su decisión de recortar el gasto militar en Afganistán después de 2012 con un incremento en la ayuda destinada a duplicar el PIB per cápita del país en 2020. Esto habría evitado la austeridad, la recesión y la caída de las importaciones que vinieron después. Supongamos, además, que Estados Unidos hubiera ofrecido el grueso de esta ayuda adicional en forma de un respaldo presupuestario condicionado de manera apropiada, y que hubiera canalizado una porción significativa a los gobiernos regionales y locales en lugar de gastarlo a través de contratistas occidentales, principalmente en Kabul.

Imaginemos también que las fuerzas armadas y la policía afganas hubieran utilizado menos equipamiento importado y apoyo operativo estadounidense (que fue costoso e insostenible) y más gente. Después de todo, los 300.000 miembros del ejército y de la policía del país conformaban sólo el 0,8% de la población, menos de la mitad del porcentaje en países como Jordania o Israel. Y agreguemos a esto una estrategia para desarrollar los recursos minerales de Afganistán, quizás a través de emprendimientos conjuntos con una empresa estatal, para darle al país una fuente sostenible de ingresos de divisas e impuestos. Los gobiernos regionales habrían tenido la posibilidad de desarrollar sus capacidades, fijar prioridades y quitarles apoyo público a los talibanes.

Una estrategia así habría requerido probablemente otros 5.000-7.000 millones de dólares adicionales por año en ayuda, una pequeña fracción de los ya reducidos 39.700 millones de dólares de gasto militar de Estados Unidos en Afganistán en 2020.

Si bien es fácil criticar a los responsables de las políticas occidentales por las decisiones que tomaron en Afganistán, gran parte de la culpa tiene que ver con el enfoque general. La estrategia liderada por Estados Unidos en Afganistán debería haberle prestado más atención a fomentar el éxito económico y la capacidad estatal, mientras que los economistas deberíamos haber podido ofrecer mejores consejos sobre cómo lograrlo. La tarea no era fácil, pero, en vista de la voluntad de las potencias occidentales de gastar enormes cantidades de dinero en el país, tampoco debería haber sido tan difícil.

9 de noviembre 2021

Project Syndicate

https://www.project-syndicate.org/commentary/failed-western-economic-str...

Elementos destacados septiembre-octubre 2021

Percepción de los cambios en la situación económica y social

• Se mantiene la percepción de que lo que resta del año 2021 será peor en el 90% de la región.
• El empleo formal continua igual disminuyendo en toda la región mientras que el empleo informal sigue su tendencia a incrementarse en el 95% de la misma, sin embargo, la crisis económica y las restricciones por la pandemia han afectado a este sector.
• Los principales problemas que preocupan a más del 60% dela población son la salud y asistencia médica y la falta de ingresos para comprar.

Actividad económica y bancaria

• La actividad económica se mantiene deprimida: los negocios han cerrado en un 30% de la región en número promedio de 17 locales, siendo los bares, restaurantes y locales de ventas de alimentos los más afectados.
• Han cerrado agencias bancarias en el 25% de la región y la actividad bancaria tiene horarios restringidos así como de circulación limitada de efectivo.

Servicios públicos

• Los servicios públicos en general siguen su condición de deterioro, donde se observan mejoras como en el suministro de agua en la subregión de los Valles Altos de Carabobo y Yaracuy se debe a reparaciones de equipos más que ha reposición de los mismos o a mejoras en la frecuencia de su distribución cuando antes era inexistente.
• El suministro de gas doméstico ha empeorado en el 75% de la región, que ha llevado al uso de otras fuentes de energía para cocinar, principalmente la leña en el 65% de la región, seguida por la improvisación de las cocinas eléctricas utilizando resistencias de tipo espiral sobre bloques rojos de arcilla en el 20% de la misma.
• El servicio de transporte ha empeorado en el 75% de la región, las pequeñas mejoras mencionadas están en función de un alargamiento del horario del servicio y este a su vez en función del acceso de combustible, el cual es de muy difícil abastecimiento en toda la región con un precio promedio de 1,2 US$ en el mercado informal.

Situación de salud

• Los centros de atención de salud han empeorado en el 49% de la región.
• El suministro de medicinas fundamentales en las localidades se agravó en el 52% de las localidades. Las farmacias móviles representan una mejora en el suministro para algunas de estas localidades.
• La percepción del aumento de casos COVID-19 está presente en el 95% de la región con la estimación de 431 casos y la necesidad de hospitalización en el 56% de las localidades.
• La campaña de vacunación ha avanzado con relación al periodo anterior: la primera dosis ha sido aplicada en un 65% a más del 40% dela población y la segunda dosis en un 58% a más del 40% de la misma.

Situación de la Educación y la Niñez

• Los niños de los hogares de más bajos recursos y en edad escolar se encuentran saliendo a la calle en el 79% de la región y reciben clases a distancia algunas veces en el 80% de la misma.
• Se observan niños abandonados en la calle en un 45% de la región situación que tiende a empeorar en la misma proporción.

Apoyo al Ingreso

• Los bonos otorgados por el Sistema Patria tuvieron una frecuencia de 30 días o menos en el 75% de las localidades con un valor promedio de 8,2 Bs. D lo que equivale a 1,97 US$.
• Las remesas fueron recibidas por “algunas” familias en el 72% de la región.

Llegadas y salidas de la localidad

• La migración hacia otros países mantiene bajas proporciones: ninguno (25%), muy pocos a pocos (45%) y algunos (30%).
• Se estima que 32% de familias han retornado desde el exterior en promedio de 36.

Situación alimentaria

• La canasta básica de nueve (09) productos básicos tuvo un valor promedio de 98,22 Bs, lo que equivale a 23,61 US$.
• Aún cuando se registró incremento de los precios de nueve (09) productos básicos este no superó el 25% respecto al periodo julio-agosto 2021.
• Las dificultades más importantes para adquirir los alimentos fueron los altos precios y los problemas de transporte situación que se mantiene desde el periodo julio-agosto 2021.
• La mayoría de las localidades adquieren los alimentos en abastos y chinos principalmente, sin embargo, se evidenció un incremento de las compras en bodegas cercanas.
• La caja CLAP, en su mayoría han sido entregadas en un periodo de más de 30 días hasta 45 días.
• La mayor queja respecto a la caja CLAP es la frecuencia de entrega

El viejo refrán “por la boca muere el pez” aplica a Nicolás Maduro, al igual que a su perverso antecesor. Para enfatizar que es el mandamás, señala públicamente a quienes deben ser castigados. En consecuencia, jueces lacayos sentencian sin pruebas y los militares y policías asesinan, encarcelan, torturan y obligan a exiliarse a los identificados. Esos videos son una prueba en la investigación abierta por la Corte Penal Internacional (CPI). Cabe recordar que las investigaciones de la CPI se iniciaron por iniciativa de los gobiernos de Canadá, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Argentina. Hay que reconocer la labor de algunos de nuestros políticos que sensibilizaron a estos gobiernos y a las ONG y familiares de las víctimas que trabajaron para levantar los expedientes.

Fernando Gerbasi fue otra víctima de la dictadura de Chávez- Maduro. Este distinguido venezolano, falleció la semana pasada en el exilio. Fernando era descendiente de esos italianos que emigraron a Venezuela y fueron importante factor para nuestra independencia y posterior desarrollo. Su impacto fue en todos los sectores. Por mi sesgo profesional, menciono al agrónomo Doménico Milano, quien fundó en 1843 la Escuela Normal de Agricultura, punto de partida de la actual Facultad de Agronomía de la hoy acosada Universidad Central de Venezuela.

Uno de los tantos italianos que participaron al lado de Bolívar fue el general Carlo Luigi Castelli, quien a la muerte del Libertador fue perseguido y tuvo que regresar a su patria. Quizá fue el primer italiano desterrado del país por el que había luchado. Ahora, la dictadura de Chávez-Maduro ha obligado a miles de descendientes de italianos a regresar a la tierra de sus ancestros o a otros lares, ocasionando una importante pérdida de recursos humanos. Uno de ellos fue Fernando Gerbasi.

Su abuelo emigró del pueblo de Vibonati, radicándose en Canoabo, estado Carabobo. Su padre fue el destacado poeta y hombre público Vicente Gerbasi. Su tío, Chepino Gerbasi, fue un conocido periodista que estuvo preso en Ciudad Bolívar durante la dictadura de Pérez Jiménez. Por cierto, al mismo tiempo que mi recordado tío Rafael Serfaty.

Fernando Gerbasi fue sentenciado por Maduro a través de los medios de comunicación social. La acusación fue que conocía que el 12 de febrero 2014 se produciría un hecho sangriento como el ocurrido el 11 de abril del 2002. La “prueba” fue una conversación telefónica supuestamente dirigida a Fernando, advirtiéndole que tuviese cuidado porque ese día podía ocurrir una matanza. Nunca se probó que él fuese el receptor. Además, todos esperábamos que el régimen reprimiera violentamente la concentración convocada por Leopoldo López, tal y como hizo Chávez al propiciar la masacre del 11 de abril 2002. Es decir que esa llamada de precaución la deben haber recibido cientos de ciudadanos. Inmediatamente, el fiscal del Ministerio Público Franklin Nieves, supuestamente ordenado por el director del Sebin, general Manuel Bernal Ramírez, imputó a Gerbasi y a otros. Tiempo después Nieves solicitó asilo en Estados Unidos y declaró que, por temor a represalias, se vio obligado a levantar un expediente falso.

Fernando fue un venezolano de gran valía. Graduado en Ciencias Económicas en Ginebra, reconocido internacionalista y experto en comercio internacional, embajador en varios países, viceministro de Relaciones Exteriores, preocupado por la agricultura y sus recursos genéticos, profesor universitario y autor de varias publicaciones. En el 2002 renunció a la embajada de Venezuela en Italia en protesta por las violaciones a la Constitución. Es de destacar su ferviente vocación democrática y su contribución a la lucha por los principios y valores. Tuve el privilegio de conocerlo y aprender de sus intervenciones en las reuniones semanales del grupo que convocaba el valioso Alberto Quirós Corradi. Estos intercambios han continuado por la red y hasta pocos días antes de su fallecimiento pudimos leer las sensatas opiniones de Fernando.

Sin duda que Maduro es el culpable principal del exilio de Gerbasi y de todos los atropellos que se cometen, pero sin la alcahuetería de la Fiscalía General y de los jueces estaría limitado en sus arbitrariedades. Por ello la Investigación Penal abierta por la CPI debe incluir, además de Maduro, a varios de sus ministros, a los jefes de los organismos de seguridad del Estado, a los jueces de instancias y a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Entre estos cabe citar a los sancionados por varios países: Arcadio Delgado, Luis Damiani, Lourdes Suárez, Calixto Ortega, René De Graves, Carmen Zuleta de Merchán, Bárbara César, Inocencio Figueroa, Malaquías Gil, Eulalia Guerrero, Jhanette Madriz, Fanny Márquez, Marco Medina, Juan José Mendoza y Maikel Moreno. Así como a los jueces Susana Barreiros, Lorena Cornielles y Carol Padilla, al Fiscal usurpador Tarek Saab y al Defensor del Pueblo Alfredo. Cabe agregar en las investigaciones a Marjorie Calderón, magistrada del TSJ.

Esta investigación solo abarca desde el 2017, por lo que hay que instar al Fiscal Khan a que, por iniciativa propia, abra una investigación preliminar sobre los crímenes ocurridos entre el 2002 y el 2017.

La CPI tomó una decisión inédita en nuestro continente, la cual saludamos. Lamentablemente, Fernando Gerbasi no podrá celebrarla. Descanse en paz nuestro distinguido compatriota y sentido pésame a su esposa, familiares y amigos.

Como (había) en botica:

De Paulina Gamus: Votar el 21 es la única forma de protesta que nos queda. Luis Ugalde: La abstención deja paso libre al régimen y nos aleja el cambio necesario. Ramón Guillermo Aveledo: Quiero votar, no aguanto la pasividad. Cardenal Baltasar Porras: Si no participamos, ¿qué ganamos?

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Toma aérea de La Española, partida entre depredación y vegetación, entre Haití y República Dominicana

Hace no tantas décadas escuché una ponencia que distinguía entre desastres naturales y no tan naturales, en gruesa distinción entre eventos catastróficos en la naturaleza sin conexión con actividades humanas o daños a personas y, por otra parte, los vinculados al uso y abuso de la naturaleza por seres humanos o que, en todo caso, cobraban su cuota en vidas y daños a bienes y actividades de personas. Esto reflejaba en buena medida el modo como tendían a ser vistos estos temas, con acento en la irresponsabilidad de otros y sin la debida ponderación de los efectos y responsabilidades globales.

Ya entonces se había producido la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972). Luego vendría, con participación de organizaciones no gubernamentales, la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992). A esas reuniones se fueron sumando los trabajos de comisiones permanentes y la creación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Siguieron luego las conferencias de Desarrollo Sostenible (Johanesburgo, 2002; Río de Janeiro 2012 y Nueva York, 2015) y las de Cambio Climático (Conferencias entre las Partes o COP), reunida por vigésima sexta vez, del 1 al 12 de noviembre, en Glasgow. En ese trayecto, la cuestión ambiental se fue comprendiendo de modo cada vez más amplio, integrada a la calidad de vida, el desarrollo sostenible y la seguridad global. Desde 2000 el compromiso de garantizar la calidad del medio ambiente, uno de los Objetivos del Milenio, fue haciéndose más transversal. Hoy no cuesta vincularlo a los objetivos de erradicación de la pobreza, combate de epidemias, mejoras en salud y en el alcance de la educación.

Hace tiempo que el asunto es ineludiblemente global. No son exagerados los diagnósticos y señales de alarma a los que se van añadiendo aspectos más allá del tema del cambio climático. Este es la consecuencia más amplia y sensible entre las muchas dimensiones del desafío ambiental tales como pérdida de biodiversidad, contaminación, deforestación y desertificación, entre otras. Pero, además, la degradación ambiental ya no puede estudiarse solo desde la ecología: está asociada y se agrava con la erosión del Estado de Derecho, el irrespeto a las obligaciones internacionales, la corrupción y el menosprecio por los derechos humanos.

Como muy cruda ilustración, para no ir muy lejos, casi basta pensar en la fotografía aérea de La Española, partida entre depredación y vegetación, entre Haití y República Dominicana. Imagen parcial pero reveladora de los impactos de inundaciones y sequías, destrucción y consecuencias de terremotos y huracanes mucho mayores y duraderos en el país más depredado y pobre de la isla y el continente. Allí se ha desarrollado un círculo vicioso, más bien perverso, de degradación ambiental, vulnerabilidad ante epidemias, corrupción, empobrecimiento, anomia, pérdida de estado, dispersión del poder y empoderamiento de bandas criminales, migración forzada en condiciones de precariedad extremas a la vez que obstrucción-corrupción de canales para la cooperación internacional en materia ambiental o en cualquiera de las muchas otras en la que es indispensable.

Sin llegar a tanto, no cabe duda de que entre los problemas que acumulan los países centroamericanos del llamado Triángulo Norte se conjugan en su propia escala varias de las categorías anotadas para Haití. Inundaciones y sequías, olas de calor, erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra y huracanes se producen en una región seriamente afectada por la “narcodeforestación”, debilidades institucionales que reducen la capacidad estatal para responder a la violencia y la criminalidad, el empobrecimiento y la corrupción que obligan a muchos nacionales a migrar.

En otras coordenadas se ubica el tema de la deforestación de la Amazonía, que representa más de la mitad de las selvas tropicales del mundo y es la más grande entre ellas. En Brasil, con más de 60% de control sobre esa selva, se aceleró significativamente la deforestación bajo el gobierno de Jair Bolsonaro. El año pasado alcanzó la cifra más alta en 12 años, relacionada con el irrespeto a normas, desentendimiento de compromisos internacionales, corrupción y tráfico ilícito de madera. En países vecinos –Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia– ha aumentado la deforestación de la selva para el desarrollo de actividades económicas agrícolas y mineras, pero también producción de coca y de rutas para tráfico de sustancias ilícitas así como madera, minerales y personas, todo ello con presencia de grupos irregulares que violentan a comunidades indígenas allí establecidas y alientan su desplazamiento.

Y Venezuela, ay, Venezuela. El país que en 1972 se hizo parte del compromiso con la agenda medioambiental mundial en Estocolmo, creó cuatro años después el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables y adoptó un marco legal e iniciativas de calado para protección del medio ambiente. Este despacho, de especial importancia en un país petrolero y crónicamente necesitado de políticas de desarrollo sostenible, fue ocupado inicialmente por el doctor Arnoldo José Gabaldón. A dos décadas de haber dejado su cargo ya advertía que si Venezuela no lograba compaginar lo petrolero con el desarrollo sostenible iba a “tener en el futuro un ingreso percapita mucho mayor que el actual, pero con unas condiciones de vida insoportables”. Y el futuro ha resultado mucho peor: con un sector petrolero disminuido y cada vez más contaminante, manejado con ineficiencia y opacidad que lo han arruinado; sin una economía no petrolera eficiente y sustentable; con una sociedad empobrecida y con emigración sin precedente en nuestra historia. Entre los casos que mejor reflejan el calamitoso estado del país, se encuentra el del ecocidio, la violencia, las enfermedades, la corrupción, el tráfico de minerales, la criminalidad y la presencia de grupos irregulares en el arco minero. Es este el primero en una larga lista de problemas que recogen informes centrados en el tema medioambiental, como los de la asociación civil Vitalis (desde 2000), que suma en los casos más graves la mala gestión de desechos, la baja calidad y disponibilidad de agua, la deforestación y la contaminación petrolera.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, Provea presenta un cuadro fundamental para vincular la degradación ambiental a la pérdida de Estado de Derecho. Su informe se detiene en la entrega de recursos forestales al control militar –con todo lo que ha implicado en represión, opacidad, corrupción y complicidad con grupos irregulares y actividades ilícitas– y en el abandono gubernamental de sus obligaciones de servicio de agua y saneamiento. Manteniendo el mismo énfasis, trata el caso del Arco Minero con amplia referencia al Informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Allí se describe en detalle la relación entre la degradación ambiental y la pérdida de condiciones de vida dignas.

Estos trazos gruesos apenas ilustran lo complejo del desafío de frenar el cambio climático, especialmente en cuanto a los obstáculos que tienden los gobiernos irrespetuosos del Estado de Derecho y, consecuentemente, de los derechos de sus propios nacionales, mientras que facilitan oportunidades a toda suerte de actividades depredadoras.

elsacardozo@gmail.com

Radio Caracas, Ondas Populares, Radio Cultura, Radio Continente y Radio Difusora de Venezuela lo repiten una y otra vez. En la capital se había masificado este medio de comunicación. La gente ha salido a la calle a gritar su entusiasmo, pese a que Venezuela no comprometió soldados en la pavorosa guerra que acaba de concluir con la rendición de Japón encabezado por Hirohito, «emperador por la gracia del cielo».

Me impresionan las imágenes difundidas por la prensa y en el Noticiero para el cine de Bolívar Films. Unos diplomáticos japoneses vestidos de impecable negro, tal vez fracs, firmando el acta de rendición en el USS Missouri, bajo la mirada de su comandante el general norteamericano Richard Sutherland. La parte vencedora está compuesta por militares uniformados. La guerra mundial ha terminado.

En mi barrio El Conde, parroquia San Agustín de Caracas, me contagio de la alegría que pone en movimiento a todos. Tengo siete años y salgo a corear la victoria con mis entrañables compañeros del barrio y mis hermanos, todos mayores que yo.

¡Pin pin, cayó Berlín! ¡Pon pon, cayó el Japón! No tenía mucha conciencia, como es natural, de que Venezuela era un país musical. Las comunicaciones y las informaciones se transmitían acompañadas a veces de estrofas de guarachas, boleros y pasodobles. Tampoco estaba al tanto de los pormenores de esa guerra, pero el cine y los noticieros nos saturaban de impresiones.

Los soldados norteamericanos e ingleses eran los héroes del momento. Las películas de los combates en Europa, el desembarco de Dunquerque y MacArthur saltando de isla en isla para doblarles la mano al general Tojo y al almirante Yamamoto, nos daban valores y motivos para saber de qué lado estaba la verdad. Robert Taylor, Tyrone Power, Gary Cooper.

Las películas de guerra emanadas de Hollywood eran de masiva popularidad. El tono de gesta, los mártires, la alta factura técnica. Eran obras de calidad que aún hoy podría apreciar. Bataan, Guadalcanal, Sahara se hicieron famosas.

Hitler y Mussolini eran aborrecidos. Las fotos del Holocausto, los prisioneros sobrevivientes con la piel cubriendo tenuemente los esqueletos. Creo que por primera vez tuve noticias de los «rusos». Eran aliados, sí, pero no amigos. Casi inmediatamente de la firma de los acuerdos de Yalta y Postdam comenzó la Guerra Fría. En la perspectiva de unos muchachos de 7 y 8 años el asunto es que un tenebroso bastardo extendía sus garras por el mundo.

Stalin, con sus mostachos, eclipsaba gradualmente al derrotado Hitler. Pero allí estaban los norteamericanos para defendernos de la esclavitud. De Lenin, ni idea.

Mucho más tarde descubrí algo para mí inesperado: mi tío Víctor Estaba, el circunspecto médico, había sido el primero de sus hermanos en incorporarse a la política. ¡Y yo que lo imaginaba sumergido exclusivamente en su profesión médica, alejado de la pasión política! Estudió y se graduó en la UCV. Venía, como toda mi familia materna, de la plácida Cumaná.

Víctor me contará la mezcla de orgullo y alegría que lo envolvió al ver a su tío Miguel Ángel Blanco avanzando con los valientes del Falke, comandados por Román Delgado Chalbaud.

¿Tío pese a su apellido Blanco? ¿Cómo es eso? Fue una circunstancia de la que los menores de nuestra familia nos fuimos enterando con los años. Mi abuela, la noble, conservadora y excelente esposa del apuesto comerciante Gregorio Estaba debió llamarse Rosa Blanco pero figuraba con el nombre oficial de Acuña. De donde mis ramificaciones familiares se enredan con los Blanco y los Acuña orientales. Cuando en 1956 encontré en la cárcel a José Blanco Peñalver me llamó primo con absoluta naturalidad. Tenía la edad de mis padres y conocía perfectamente el árbol familiar. En cambio yo aún lo ignoraba.

Pero, permítanme decir algo si bien obvio no obviable. El más hondo de mis afectos, como es natural, se dirige a mis cinco hijos: Leo, Marialejandra, Iván, Víctor y Mariana. Con extraña simetría tengo cinco nietos: Luis Alejandro, Sebastián, Maximiliano, Guillermo y Ricardo. Todos me llaman abuelo con un cariño que agradecería al cielo si tuviera la buena fortuna de ser creyente. En un lugar especial, mi hija María Eugenia, muerta en accidente de tránsito. Muerta para los demás, no para mí.

A propósito de creencias religiosas, tengo entre mis afectos a católicos convencidos, a judíos, evangélicos, musulmanes y coptos. Sería pretencioso considerarme «ateo». Creer eso sería no tener presentes los infinitos misterios de la vida y la muerte, indescifrables por la ciencia y la filosofía. Es preferible decir «agnóstico»; en todo caso una condición abierta a lo desconocido.

Disponer de una fe religiosa o laica —lo sé bien— puede ser una ayuda extraordinaria en los momentos de decepción y desesperanza. En Memorias de un venezolano de la decadencia, José Rafael Pocaterra, sepultado como un verdadero varón, reducido a una condición ruinosa en un sórdido calabozo de La Rotunda, ve entrar a un jovencito confiado, arrogante, seguro de sí mismo. Es el comunista Salvador de la Plaza.

—Dichoso él –escribe— lo sostiene una fe.

Un día de 1953 me dice María, mi madre, en tono confidencial.

–Vamos a ver a Gerardo y Federico –mis tíos Estaba–. Nos han permitido saludarlos un rato en La Guaira, antes de embarcarse rumbo al exilio en La Habana.

Nos llevan a un local algo ensombrecido. Me impresiona la entrada de mis tíos. Lucen altivos y alegres por el reencuentro familiar y la emoción de la partida. En medio de triviales conversaciones familiares, Gerardo, bajando la voz, le pregunta a Luis Enrique:

—¿Cómo está el partido?

Adolescente al fin, aprovecho para meter baza. Estoy estrenando mi muy reciente, mi flamante condición de militante clandestino. Completo en tono algo pomposo el informe de Luis Enrique:

—Estamos funcionando, tío. Construimos células en muchas partes.

Adeco por ósmosis

Pero en 1945 la política era para mí una atmósfera ajena, si bien presente. Era asunto de mayores. Ninguno de nosotros se hubiera imaginado en el oficio. En 1947 se realizaron las elecciones a la Asamblea Constituyente que presidiría el poeta Andrés Eloy Blanco. Las sesiones se transmitían por radio y fue inevitable saber de la existencia de Jóvito Villalba, Rafael Caldera y –creo recordar– Luis Lander.

Betancourt era presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Se le veía como el líder principal de la época.

La raigambre nacional de AD, simbolizada en figuras tan populares como los dos Rómulo y Andrés Eloy además del robusto hecho de que mis tíos fueran activistas de la organización, sumergían a mi familia en el área de influencia de ese partido. En la casa de mi tía y madrina Lola de Damas se acumulaban pancartas con el rostro del novelista. En lo personal sería yo tal vez un adeco por ósmosis, «de respiración», más nada.

Twitter: @AmericoMartin

Américo Martín es abogado y escritor.

¿Qué pasará después de las elecciones del 21N? Meses atrás era proclive a pensar que vendría una larga marcha por el desierto hasta las presidenciales de 2024, pero el diálogo de México podría abrir opciones diferentes. Quienes participaron en procesos electorales cada vez que apareció el tragiridículo fantasma abstencionista, jugaron inteligente y valientemente para contrarrestar la dinámica implícita hacia la “cubanización”, vulnerada ahora también desde dentro del chavismo. Se demostró que lejos de no “haber condiciones” en 2005, no las tenían para el oficio eran los políticos que argumentaron eso. Animalada semejante se cometió en 2018, y al decir de Aixa, la madre de Boabdil, el Moro de Granada, hoy lloran como niñitas lo que no supieron defender. Henri Falcón y quienes lo apoyaron tuvieron el coraje de desdeñar y enfrentar un cónclave cuajado de la ingenuidad política más recia, y una lluvia de denuestos cuyos ecos y fuerza destructiva se harán sentir en los próximos resultados. El 21 se cosechará el ataque al voto y a los “alacranes”. Ahora todos lo son.

Una élite social, cultural y política de las menos aptas del continente, como ha demostrado en treinta años, es algo que se paga. La “oposición” hubiera ganado masivamente las elecciones de 2017 y las de 2018 pero el abstencionismo acabó con esos sueños estadísticos y la colocó donde gatea hoy. Pero “siempre tendremos París” o fe, porque “la esperanza es lo último que se pierde”, “la mayor oscuridad es antes del amanecer” o cualquier otra babiecada. En 2021 se cometen dos monumentales errores que también se pagarán: no reformar el sistema electoral y proponer mega-elecciones suicidas, y la prospectiva no es para tirar sombreros al aire. Ojalá en México se hablara de eso para el futuro, separar las elecciones por ley, y así tener instituciones electorales estables y de largo plazo, hundir los portaviones (gobernadores exitosos que arrastran alcaldes ineptos) y descentralizar las gestiones regional y municipal para que la gente, ya libre de la polarización, vote por quienes lo hayan hecho bien, premie lo que los gringos llaman “responsividad” del mandatario hacia sus dirigidos.

Pese a “las condiciones” (invocación de mermados mentales), el pragmatismo del voto lo vemos hoy, en primerísimo lugar en Laidy Gómez, asfixiada por el gobierno nacional con el cerco de un “protector” y ahora bajo fuego de candidaturas “opositoras” concebidas con el único objetivo de derrotarla, aunque todo indica que se impondrá heroicamente. Rafael Lacava es otro premiado por la buena gerencia y según una encuesta muy seria es el gobernador mejor valorado del país con la extravagante cifra de 78% de aceptación en Carabobo. Eso revela que su candidatura prácticamente absorbió a la oposición. Hablamos de gestiones actuales pero el pragmatismo del voto tiene otras versiones aún más interesantes. Henry Falcón tiene las de ganar en Lara contra “la oposición”, a nombre de su trabajo como gobernador y alcalde en el pasado, fenómeno que puede repetirse con Manuel Rosales (aunque parece tener problemas en Maracaibo) y aún más significativamente en Morel Rodríguez, quien ganaría en Nueva Esparta como premio a su ya cronológicamente muy distante administración.

El PSUV necesita llevar sustancia a las negociaciones luego del 21 de noviembre, cuando se sepa quién es quién y se pongan gobernaciones y alcaldías sobre la mesa, y comience la brega por levantar las “sanciones” económicas. Paradójicamente Chávez cerró y puso bombas de tiempo al país cuando el mundo estaba abierto, y hoy que el país está abierto, el mundo está cerrado. Hasta lo perros de la calle cuando ladran dicen que “las sanciones no tumban gobiernos” pero apuesto que Maduro no quiere pasar la vida como Kim Yong Il, quien pidió a la población “comer menos”, ni con un wanted en todas las oficinas donde recalan las diligencias del oeste, porque es demasiada incomodidad y si bien el Swisse Bank anuncia un crecimiento de 5.5 este año, se necesita el concurso del FMI y capitales masivos de Europa, Asia y EEUU para recuperar el nivel de vida. Nuestra increíble y triste historia es así. Caldera derrocó a Carlos Andrés Pérez y su programa de gobierno encabezado por Miguel Rodríguez, e instaló el primer gobierno chavista antes de Chávez.

El caos le hizo entender medianamente el daño y fabricó una contrahecha y burda versión del Gran Viraje, llamada muy soberana y patrióticamente “Agenda Venezuela” un verdadero monigote económico. Luego Chávez destruyó la estructura productiva a nombre de la lucha de clases y Maduro tienes las papas calientes. Pero para desanudar las “sanciones” tiene que negociar –negociar en serio- con los norteamericanos y no puede dar espejitos. Le podrían exigir una nueva Asamblea Nacional en 2022, y eso tendría un bajo costo porque la actual está capitis diminutio. Y luego irían por la Presidencia de la República. Descartada la figura tercermundista del Referéndum Revocatorio, -recordemos que es una mesa de negociación, no el Tratado de Versalles-, podrían convocarse unas presidenciales para 2023. Eso significaría problemas políticos muy serios para una oposición disminuida y fragmentada.

@CarlosRaúlHer

Resulta ineludible comentar la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, y el impacto que puede tener sobre la situación general, especialmente política, del país. Someramente me referiré a los aspectos jurídicos y formales de la decisión −cuyos detalles considero cubiertos por un grupo importante de especialistas en la materia−, y me concentraré en algunas de sus implicaciones políticas, desde luego advirtiendo que sobre un tema que ya ha suscitado tantas opiniones y comentarios, es difícil aportar uno original o diferente. Comencemos por resumir el aspecto jurídico, con propósitos de contexto

Concluida la −para muchos− controversial visita a Venezuela del fiscal Khan, éste decidió solicitar al Tribunal que se abra una investigación preliminar sobre supuestos crímenes cometidos en Venezuela y que son competencia de ese Tribunal, que como sabemos se trata de crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad, que no son poca cosa, ni poco graves. También es bueno señalar que éste sería el primer caso contra algún funcionario de un gobierno o ex gobierno latinoamericano.

Por lo pronto, hay un hecho significativo, el fiscal Khan considera que hay en Venezuela, al menos desde el año 2017, crímenes que son competencia de la CPI −repito, por lo significativo: crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad− y corresponderá ahora al Tribunal hacer la investigación y determinar quiénes son los culpables, pues como sabemos, este Tribunal solo juzga a las personas acusadas de estos crímenes, no enjuicia países, gobiernos ni instituciones; además, por lo que se ha visto hasta el momento, no juzga en ausencia −¿o me equivoco? – y que aun pudiendo hacerlo, según algunos juristas, no ha enjuiciado todavía a ningún alto funcionario en ejercicio. Faltará ver si estaremos ante el primer caso, como sin duda es el deseo de millones de venezolanos. Por lo pronto no es poca cosa lo ocurrido y es algo que debemos resaltar…y matizar.

El primer aporte importante de la decisión del Fiscal Khan es el desmentido que hace a todos los agoreros que esperaban, y aún esperan algunos, que no hubiera decisión o que fuera una en “complicidad” con el régimen para diluir y retrasar el proceso. Denunciaron como pantomima y sainete la visita del Fiscal, por el manejo mediático que se hizo de su invitación para visitar al país, por el manejo que desde las esferas del poder se hizo de su visita y por el hecho de que se reuniera con funcionarios del régimen y que no se “reuniera y escuchara a las víctimas”; aparte de que ese no era su papel, quedó ampliamente demostrado que no era tan necesario, que la fiscalía de la CPI tiene ya los hechos y pruebas suficientes por parte de las victimas para proceder a abrir el caso. Y un elemento muy importante a resaltar, es que el Fiscal en efecto se reunió y escuchó los alegatos del gobierno, todo lo que quisieran decir y argumentar, para que después no puedan alegar que no se les escuchó, que la información con la que se está procediendo está sesgada, parcializada o politizada. Por supuesto, no espero que ninguno de esos agoreros se retracte de lo dicho, no es “costumbre venezolana” reconocer los errores, recoger palabras o pedir disculpas por la desinformación o la simple difamación. Se cuenta con nuestra proverbial falta de memoria; pero, no se cuenta con que algunos si recordamos.

El segundo elemento que tiene consecuencias importantes y que queda bien claro en el memorándum firmado por el Fiscal y Nicolás Maduro, en nombre del gobierno y del estado venezolano −con el perdón de todos los “desligitimistas”− es que la decisión del Fiscal Khan nos pone de bulto frente al hecho de que no hay justicia en Venezuela, que no hay separación de poderes, que el sistema de justicia es un brazo más del régimen y por tanto debe intervenir la CPI. Ese es un punto que no debemos pasar por alto, por el efecto que puede tener −a lo mejor no tanto internamente, donde sufrimos las consecuencias de la falta de justicia− ante la comunidad internacional. No solo por el impacto que tenga el que se constate que en Venezuela el Estado no protege los derechos humanos, sino también porque cualquier acuerdo o compromiso jurídico estará sometido a esa misma carencia de justicia, mientras esté este régimen en el control del poder.

Que impacto pueda tener esta decisión sobre algunos funcionarios “ejecutores” de las políticas del gobierno, de “impartir” su justicia parcializada, de ejecutar las medidas de represión, etc., es difícil saberlo; dependerá en mucho del manejo político e informativo que se haga de la decisión y de las actuaciones del Tribunal de ahora en adelante, pero es un elemento que está allí y no debe ser ignorado por nadie, ni por los funcionarios ni por las fuerzas opositoras al régimen.

Dicho todo lo anterior y consciente que hay muchos otros aspectos que se podrían resaltar, es bueno considerar otras caras de este poliedro que es la situación política del país. Como he dicho en oportunidades anteriores (https://bit.ly/3h40eDT), dado que tenemos la tendencia de “poner en órbita” algunas ilusiones, en nuestro afán y esperanza de que se resuelva de inmediato esta situación de oprobio en la que ya llevamos inmersos 22 largos años, es bueno recordar que, una vez abierto el caso o abierta la investigación, para ser más precisos, estamos apenas en el inicio de un proceso que puede durar mucho tiempo; hablamos de años, antes de llegar a una decisión −si es que se llega− antes de que dicha decisión se pueda ejecutar, que es algo que no está muy claro: cómo se puede llevar a cabo esa ejecución de una sentencia y sobre todo, quién la puede llevar a cabo.

Así como vimos que el Fiscal Khan no vino a resolver los problemas del país −la hiperinflación, el hambre, la pobreza extrema, los sueldos de miseria de los profesores universitarios y las pensiones de mayor miseria de los jubilados, ni la falta de servicios públicos, ni la inseguridad social ni personal, ni el inmenso rosario de problemas que nos acogotan−, tampoco esos problemas los resolverá ningún fallo de la CPI y ni siquiera se ventilarán allí, pues no son de su competencia.

Sin duda puede contribuir una sentencia de los tribunales internacionales y sobre todo que se conozca más a fondo nuestra situación, a que está mejore o se resquebraje el bloque de fuerzas que apoyan al régimen; pero, nada desde afuera resolverá nuestros problemas, si desde adentro no hacemos lo posible por enfrentar las cosas que son de nuestra estricta competencia.

No sé, si como algunos han dicho, se trata de un “hito histórico”; pero desde luego, no podemos dejar de celebrar que esta decisión del Fiscal Khan, de solicitar la investigación de los hechos denunciados en Venezuela, trae viento fresco en los anhelos de justicia y el rechazo a la impunidad que tanto afecta el ánimo de tantos y tantos venezolanos, sometidos al oprobio de este régimen y sus desmanes y arbitrariedades.

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