El enfoque de la bioeconomía se ha instalado como una de las formas más eficaces para contrarrestar los efectos del calentamiento global, causante del cambio climático, y a su vez, contribuir al desarrollo de las naciones. Fundamentalmente, en aquellas donde la agricultura y sus encadenamientos productivos están más desarrollados.

El cambio climático es el principal desafío en materia ambiental que enfrenta la humanidad. Sus consecuencias ya son visibles en fenómenos climáticos extremos como sequías más severas y prolongadas, mayor frecuencia de caída de granizo, inundaciones donde nunca ocurrieron y la pérdida de la biodiversidad a un ritmo jamás registrado en la historia del planeta.

Aunque algunos científicos descreen del carácter antropogénico (provocados por la actividad humana) del cambio climático, se sabe que ocurre debido al aumento de la concentración de ciertos gases en la atmósfera -conocidos como gases de efecto invernadero- que impiden la disipación de la energía radiante que recibe la Tierra, provocando su recalentamiento.

Aunque son varios los gases que provocan este fenómeno son tres los mayores responsables. En orden de importancia se ubican el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y los óxidos nitrosos (NOx). En el caso del dióxido de carbono, el aumento de su concentración coincide con el crecimiento de la explotación de los recursos minerales e hidrocarburíferos.

Más allá del carácter antropogénico o no del cambio climático, lo que interesa es actuar en consecuencia para reducir la concentración de estos gases en la atmósfera. Aquí nace con fuerza el concepto de ‘bioeconomía’, que parte de la fotosíntesis como proceso de captura de dióxido de carbono de la atmósfera para la producción de biomasa, que luego será convertida en bienes para todos los sectores de la economía.

¿Qué es la bioeconomía?

Aunque no hay una definición estricta sobre el concepto de bioeconomía, se acepta que es ‘El conjunto de las actividades económicas para la producción sustentable de biomasa vegetal, animal o microbiana y su transformación en bienes y servicios para todos los sectores de la economía’.

La bioeconomía no es considerada una rama de la economía, sino que debe entenderse como un nuevo paradigma de la ciencia económica. Es un enfoque que persigue la construcción de un modelo industrial de base biológica respetuoso por el medio ambiente y las comunidades locales.

No existe un único sendero para el desarrollo de la bioeconomía. Los recursos biológicos y las capacidades productivas con las que cuenta cada país o región son los puntos de partida para la construcción de un modelo propio basado en la bioeconomía. Así, la imaginación, la creatividad y el conocimiento de los principios biológicos se convierten en los pilares de este nuevo modelo industrial.

Ejemplos de bioeconomía

El mayor impacto de la bioeconomía se da en la utilización de biomasa para elaborar productos análogos a los obtenidos a partir de recursos petrolíferos y minerales, de forma de proporcionar soluciones más amigables con el medio ambiente. Sin embargo, su campo de aplicación es mucho más amplio. Incluye la producción de alimentos, bioenergías, polímeros y productos químicos, fibras y materiales, gases industriales, medicamentos, cosméticos, entre otras actividades.

Ventajas de la bioeconomía

El enfoque de la bioeconomía tiene una gran cantidad de externalidades positivas. El bajo peso por unidad de volumen que suele tener la biomasa lleva a que resulta conveniente procesarla lo más cerca posible de su lugar de producción, pues su traslado tiene una alta incidencia en el costo. A la vez, las plantas productivas donde se procesa la biomasa, llamadas biorrefinerías, requieren de cierta infraestructura de servicios que muchas veces impiden que puedan levantarse en el medio del campo. De esta forma las ciudades medianas del interior recuperan el rol protagónico que tuvieron varias décadas atrás.

La complejidad de los procesos biológicos involucrados en estas biorrefinerías requiere de personal calificado, con altos salarios, creando oportunidades para que los jóvenes puedan radicarse en su localidad de origen, evitando que tengan que emigrar a las grandes urbes en busca de oportunidades. A su vez, la biorrefinería agrega valor a la producción agropecuaria convirtiéndose en una fuente de riqueza en la región, generando un efecto multiplicador en la economía local.

Usualmente, en las biorrefinerías se generan grandes volúmenes de subproductos dando pie a la creación de nuevas industrias que los transformen en nuevos productos, contribuyendo aún más al desarrollo local. En mayor o menor grado, todos estos productos suelen exportarse, contribuyendo también a la balanza comercial del país

Por último, los residuos o efluentes de las biorrefinerías, cuando los hay, tienen una alta carga orgánica, lo que permite su aprovechamiento energético favoreciendo la descentralización de la producción de electricidad y fortaleciendo la seguridad del sistema eléctrico del país.

El enfoque de la bioeconomía: una oportunidad para el desarrollo en América Latina y el Caribe

América Latina y el Caribe posee el 33% de la tierra con potencial para la expansión de la agricultura, el 35% del total de las reservas de agua globales y el 50% de la biodiversidad. Esta enorme dotación de recursos, sumada a las fortalezas de los encadenamientos productivos del sector rural que tienen los países de la región, crean las condiciones óptimas para la instalación de este nuevo modelo de desarrollo industrial basado en la bioeconomía.

Según el Banco Mundial, en los países donde la agricultura y la ruralidad tienen mayor peso, el crecimiento del sector agrícola es al menos el doble de eficaz para reducir la pobreza que el crecimiento en los restantes sectores de la economía. Una afirmación que cobra vital importancia en los países de la región, donde las contribuciones del sector rural y la producción agropecuaria en la generación de empleo, el aumento del Producto Bruto Interno (PBI) y en las exportaciones son determinantes.

Agosto 29, 2021

Bioeconomía

https://www.bioeconomia.info/2021/08/29/bioeconomia-modelo-industrial/?u...

Ahora que la oposición acordó ir a las elecciones regionales, unidos con la tarjeta de la manito, se abre un espacio para movilizar a una población que está harta de estar sometida a la incompetencia y corrupción de tantos alcaldes y gobernadores del PSUV que no sólo no han sabido resolver los problemas de sus municipios y gobernaciones, sino que, en muchos casos, los han agravado porque han sido insensibles a las necesidades de una población golpeada por la Covid-19 y por una crisis económica, que en vez de ser resueltas, se agravan con las fallas recurrentes de los servicios públicos, del programa de vacunación y del vía crucis que representa hoy abastecerse de combustible.

Lo importante no es que estas elecciones carezcan de las condiciones mínimas para ser considerados como libres o quiénes serán los candidatos opositores, sino desafiar y retar a los candidatos del PSUV, que han defraudado a todas las poblaciones por ellos controladas.

Es evidente que los comicios de noviembre no van a producir el cambio que todos deseamos, pero si permiten generar una movilización, pueden ser el paso necesario para producir una fractura en un régimen que, por demasiado tiempo, creyó e hizo creer que estaba sobrado.

Analítica

2 septiembre, 2021

https://www.analitica.com/el-editorial/participar-es-movilizar/

“Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y librarás cien batallas victoriosas”

Sun Tzu, El Arte de la Guerra.

Si el bienestar de la población es criterio, la gestión de Maduro ha resultado un total contrasentido. Más todavía cuando, después de arruinar nuestras vidas, ¡pretende hacer creer que lo hemos reelegido!

Parece que el chavo-madurismo se hubiera propuesto, deliberadamente, hacer todo lo contrario de lo que se requiere para mejorar la situación de los venezolanos. Insólitamente, esta aseveración no está tan alejada de la verdad. Al desmantelar las instituciones democráticas y aquellas que promueven una economía de mercado funcional, supuestamente para hacer su “revolución”, las reemplazaron por mecanismos discrecionales, cada vez más personales y arbitrarios, para asignar los recursos de la nación y aprovecharse de ellos.

Bajo banderas de “justicia social” fue privando en la toma de decisiones del gobierno, no la experticia o la vocación de servicio, sino la lealtad con quienes comandan el poder y la obsecuencia para con su violación del Estado de Derecho. Degeneró en un Estado Patrimonialista, fundamento del régimen de expoliación en que se convirtió el proyecto “bolivariano”. Atrincherada en sus nodos decisorios, una nueva oligarquía, militar – civil se apoderó del país, acumulando enormes fortunas. Hoy está interesada, obviamente, en continuar disfrutando de sus privilegios.

Sería temerario afirmar que, desde el inicio, el chavismo se propuso acabar con el país. Pero al haber mantenido, adrede, sus funestas políticas, es como si así lo fuera: destrucción de la economía y de la industria petrolera en particular; represión cruel de libertades civiles y políticas; aislamiento internacional; saqueo de los recursos de la nación en asociación con agentes extranjeros; y pare usted de contar.

Al iniciarse un proceso de negociación que abriga esperanzas sobre la posibilidad de superar la tragedia actual, entender las motivaciones del régimen debe ayudar a calibrar sus alcances y limitaciones. Resalta claramente que, entre aquellas, no está el bienestar de sus compatriotas. Su preocupación, casi exclusiva, es cómo conservar el poder. Y, como hemos venido argumentando, sólo se sostiene por, 1) la complicidad de militares corruptos y traidores, como de otros medios de violencia, incluyendo el aparato judicial; 2) algún apoyo externo que le suple necesidades vitales; y 3) una narrativa maniquea, capaz de blindar y absolver sus desmanes a los ojos de sus partidarios.

Este diagnóstico debe indicarnos qué teclas tocar para avanzar en la salida de la dictadura. Se esperaría que la negociación recién instalada entre personeros suyos y de la oposición democrática, abriese espacios y oportunidades para que la voluntad popular se expresara de forma clara y libre en tal sentido. Ello requiere que la oligarquía acepte respetar el ordenamiento constitucional y acuerde la realización de elecciones presidenciales y legislativas creíbles, con las necesarias garantías, sin coacción y con supervisión internacional. Sabemos que, en absoluto, está entre sus prioridades. Éstas se centran en lograr el levantamiento de las sanciones. Así extendería su existencia parasitaria más allá, contando con los recursos liberados.

Lograr los resultados deseados implica, por tanto, crear condiciones que debiliten la posición negociadora de la dictadura, a la par que fortalezcan las de las fuerzas democráticas. Supone minar los pilares que sostienen al régimen, mencionados arriba, para que sus personeros se convenzan de que su mejor opción es aceptar alguna fórmula de transición a la democracia.

Es imprescindible resquebrajar el sostén militar de la dictadura. Esto no significa necesariamente un golpe que desaloje al fascismo del poder. Pero si lograr que, dentro de los cuerpos castrenses, existan suficientes militares proclives a respetar el orden constitucional y dispuestos a sustraerle su apoyo. Pero en absoluto correrán el riesgo de manifestarse en tal sentido si no vislumbran una alternativa seria de poder, dispuesta y capacitada para llenar el vacío que dejaría la implosión de la dictadura, que los ampare. Asimismo, la credibilidad en los mecanismos de justicia transicional que se propongan para facilitar esa decisión depende de que perciban que las fuerzas democráticas cuentan con la fuerza, las políticas y el apoyo requerido para consolidar con éxito su conducción del Estado.

Lo mismo puede afirmarse respecto al apoyo internacional que sostiene a la dictadura. La mayoría de los países involucrados no tendrían por qué anotarse con Maduro si contase con las seguridades de que habrán de entenderse con un gobierno democrático afianzado, con amplio apoyo interno y externo, que respetará sus intereses, conforme a nuestro ordenamiento legal. Cuba, muy probablemente, sería diferente. Pero, ante el colapso que sus camaradas causaron a la economía venezolana, ya ese sostén de recursos desapareció. Ahora bien, esta nueva vulnerabilidad podría facilitar cambios en la isla si las democracias occidentales están dispuestas a ofrecer a cambio, alguna ayuda. ¿Wishful thinking?

Finalmente, el blindaje ideológico del fascismo procura, precisamente, impedir fisuras en el apoyo al régimen como las mencionadas. Aunque suena iluso pretender que fanáticos de una secta abran sus ojos y cambien de parecer, si puede reducirse su influencia sobre el resto de la población. Claro está, para ello se han valido del control de las palancas del Estado. Pero, nuevamente, proyectando como opción un proyecto democrático con planes creíbles, tanto a nivel nacional, sectorial o local –para eso está el Plan País--, con apoyo mayoritario, instituciones que restablezcan la confianza en Venezuela y la disposición manifiesta de actores internacionales, incluyendo a la banca multilateral, de contribuir con ello, las fuerzas democráticas tienen con qué ganar las simpatías de los aún indecisos.

Lamentablemente, una visión izquierdosa primitiva en sectores políticos y académicos de algunos países occidentales todavía cobija a regímenes proto-totalitarios como el venezolano. Continuar desnudando su naturaleza, con datos y testimonios sobre la miseria, la violación de los derechos humanos y los latrocinios de las mafias que controlan el poder sigue siendo imprescindible para evitar que esta izquierda logre minar el apoyo de sus respectivos países a una transición democrática en Venezuela.

Debemos reconocer que las fuerzas opositoras, divididas como están, han perdido la confianza de buena parte de la población. Así lo señalan varias encuestas. Recuperar la unidad de propósitos, expresadas en posturas conjuntas ante los problemas nacionales y locales, es, por ende, un desiderátum. Para ello, no deben desaprovecharse las venideras elecciones, no obstante sus notorias limitaciones. Pero, contando ahora con que algunos países democráticos estarán pendientes, ofrecen oportunidades para que los liderazgos regionales que van emergiendo afiancen su relación con sus respectivas poblaciones y logren conectar los problemas locales, como el colapso de los servicios, la inseguridad y otras penurias, con la reactivación de esa opción política nacional a la que hemos estado haciendo referencias y, a la vez, denuncien las arbitrariedades y abusos del poder. Es improbable, dadas las circunstancias de las que se parte, que salgamos victoriosos en esa contienda. Pero no debe dejarse pasar esta oportunidad de compenetrarse con el sentir de la gente a lo largo del territorio y ganarse su confianza. Pueden ser, además, un trampolín importante para preparar el adelanto de elecciones presidenciales, sin descartar el referendo revocatorio que, en el calendario de Maduro, puede plantearse a partir del próximo año.

Algunos gritarán que participar en estas elecciones “legitimaría” el poder de facto. Traicionaría, por tanto, las aspiraciones democráticas de los venezolanos. No estoy de acuerdo. Mucho más importante, a mi entender, --aunque moleste a muchos decirlo--, es la legitimidad política de las fuerzas democráticas como opción real de poder. Pocos, de este lado de la contienda dudarían de que tenemos la legitimidad moral y muchos señalarán nuestra legitimidad histórica. ¿Pero hemos recuperado la legitimidad política que se alcanzó en las elecciones de 2015 –ascendencia, confianza en el liderazgo y disposición de lucha— para forzar a personeros de la dictadura a aceptar una transición a la democracia?

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com

En una encuesta reciente, la opinión pública venezolana revela un fuerte deseo de ver un cambio democrático en el país, pero sus ciudadanos persisten en el escepticismo sobre poder observar esa transformación en el corto plazo. No es para menos. Venezuela ha tratado todo tipo de malabarismos, desde protestas masivas, votaciones, abstenciones electorales, insurrecciones e incluso el apoyo a un Gobierno interino, que se ha venido debilitando tanto internacional como domésticamente sin lograr ese viraje democrático.

Dos terceras partes de la población dicen abiertamente querer un cambio político, y más de la mitad de las personas aceptan que cualquier salida pasa por una negociación entre el chavismo y la oposición. Esa misma mayoría piensa que la probabilidad de que un proceso de esa naturaleza pueda llegar a ocurrir, con Maduro en el poder, es verdaderamente baja. Este es sin duda el mayor triunfo del chavismo: la gente optó, en medio de una destrucción económica y una crisis de servicios públicos nunca vista en la historia moderna de América Latina, por asumir que el cambio político de una nación petrolera en ruinas es más una aspiración que una certeza.

Es por ello que la opinión pública reaccionó con una absoluta incredulidad cuando las delegaciones de Maduro y de la oposición se reunieron sorpresivamente en Ciudad de México a principios de agosto, después de varios meses de conversaciones secretas, para iniciar un nuevo proceso de negociación. Aunque también dejó transpirar un deseo oculto que la negociación pudiese poner un punto final a tantas penurias. El acto en el Museo de Antropología de México, en el que ambas partes firmaron unos principios y unas reglas, así como un objetivo común de buscar restaurar el orden constitucional para promover una convivencia pacífica -en un acto sobrio y corto-, parecía más bien un verdadero milagro. ¿Puede realmente este proceso de negociación en México resultar exitoso? ¿No será el mismo círculo vicioso al que ya hemos asistido en el pasado? Las delegaciones, que se vuelven a reunir del 3 al 6 de septiembre, ahora deben demostrar que esta vez el proceso va en serio y que aquello no fue una simple ceremonia protocolar.

Hay indicios para ser moderadamente optimistas. Para empezar, la oposición, en especial su ala más dura, que ha sido fuertemente reprimida y tiene a sus líderes más representativos en el exilio, ha terminado por aceptar que la negociación es inevitable y que sus alternativas para subvertir por la fuerza a los militares y a otros factores del chavismo, a través de sanciones y la máxima presión internacional, es un camino que fracasó. El chavismo y las fuerzas armadas se mantienen cohesionados frente a esas amenazas externas y tienen la disposición de seguir profundizando un modelo autoritario si es necesario. El ala más moderada de la oposición, en cambio, en conjunto con la sociedad civil venezolana, realizó una serie de negociaciones en Caracas con el chavismo, que permitió una renovación del Consejo Nacional Electoral en mayo de este año, sin que fuera bombardeada por Estados Unidos y que fue declarada por Europa como un primer paso en la dirección correcta. También terminó por convencer a sus detractores, en especial al interinato de Guaidó, de la conveniencia de retomar negociaciones más amplias e integrales con la facilitación del Reino de Noruega.

Es así como la oposición democrática asiste a Ciudad de México, con todas sus distintas facciones presentes, sabiendo que las sanciones internacionales y el aislamiento diplomático ya no sirven para cambiar de régimen, pero sí, quizás, para negociar una “apertura” político-electoral del sistema. Llegan a la mesa un poco tarde, aunque con un mayor sentido de las ásperas restricciones que enfrentan, con heridas internas profundas entre radicales y moderados que aún deben ser sanadas. Ambos grupos ya dan por descontado que la lucha es electoral y que una transición rápida por la vía de la fuerza pareciera haberse evaporado. Los partidos del llamado G4, sin una unidad política verdadera que conecte con los sufrimientos de la población y aun obteniendo condiciones electorales más favorables, corren el riesgo de perder los comicios, incluyendo las elecciones regionales y locales que se están organizando para noviembre de este año y que pueden llegar a contar con la observación europea.

El chavismo también llega a la conclusión de que la negociación es necesaria. Acepta que no tiene manera de desmontar las sanciones internacionales ni obtener ningún tipo de reconocimiento político –aún sin ser legitimado– sin pasar por alguna transacción con la oposición que sea a su vez validada por la comunidad internacional. También entiende que requiere de un marco institucional que lo proteja, al menos en la jurisdicción venezolana, de los procesos judiciales que algunos altos personeros mantienen abiertos en EE UU y de otro que sigue en curso en la Corte Penal Internacional.

El chavismo ha invertido muchos recursos en dividir a la oposición y también en tratar de negociar directamente con EE UU sin ningún tipo de intermediación opositora. Todos estos esfuerzos han fracasado. Al final, el chavismo ha tenido que admitir que solo una solución negociada con la oposición democrática, con la facilitación de Noruega en México, le puede permitir una “normalización” política, su reinserción internacional y una mayor protección judicial.

Lamentablemente, la idea de una negociación exitosa también es frágil. La razón: la oposición no lleva ninguna alternativa real a la mesa y su poder de negociación es más bajo. Por el contrario, el chavismo puede optar por abandonar la mesa y seguir resistiendo en el poder tal como lo viene haciendo, aún si eso supone incurrir en algunos riesgos en el mediano y largo plazo. Esto va a plantear serios dilemas para la oposición, quienes van a tener que convivir con un acuerdo en el caso de que se produzca una solución, y en el que deberán otorgar muchas garantías a los chavistas y también muchos controles sobre los tiempos y la forma de ejecución de cualquier acuerdo político-electoral.

La idea de que Maduro va a abandonar el poder en el corto plazo o que si pierde alguna elección no va a buscar resguardarse política y judicialmente es más una aspiración que un dato objetivo. Uno de los problemas que va a enfrentar la oposición es que la amenaza de las sanciones como instrumento de negociación es menos efectiva que hace unos años atrás, en parte porque el régimen ha aprendido a convivir con ellas. Eso no quiere decir que no prefieran que sean removidas, pero en cualquier caso tendrán que hacerlo más en los términos que ellos aspiran que en los que a la oposición le hubiese gustado conceder para garantizar la “irreversibilidad” de una transición democrática.

Afortunadamente, la hábil facilitación de Noruega, con el aval tanto de Europa como de EE UU, ha fabricado ciertos cambios a la arquitectura de la negociación que permiten darle mayor flexibilidad al proceso. Esta arquitectura también se ha construido con el apoyo de Rusia, China y Turquía. Las partes han concedido que en principio la negociación debe ser integral, es decir, que los puntos de la agenda solo se dan por concluidos cuando todo esté negociado. Pero también aceptan que podrán ir avanzando por fases o por acuerdos parciales en la medida en que las partes así lo acepten. EE UU ha respaldado esta posición al anunciar públicamente que las sanciones se podrán ir removiendo progresivamente de acuerdo a cada uno de los acuerdos parciales que las partes hayan ido alcanzando, siempre que estos sean definitivos.

Hasta el momento ningún actor ha precondicionado los resultados de ningún acuerdo a un avance de elecciones, sino a un cronograma electoral que esté previamente fijado y consensuado. En principio, ese cronograma, según la visión chavista, incluye elecciones regionales y locales en 2021, revocatorio presidencial en 2022, elecciones presidenciales en 2024 y elecciones legislativas en 2025. De acuerdo a la visión opositora, tanto las elecciones presidenciales como legislativas deben ser repetidas, pues los últimos comicios han sido fraudulentos e ilegítimos.

Curiosamente, ningún país, y muy especialmente EE UU, ha solicitado expresamente un adelanto de elecciones, sino que han sido enfáticos en demandar la restauración de todos los derechos políticos y civiles y el otorgamiento de garantías electorales como piso mínimo de la negociación. No obstante, EE UU ha dicho que no dejará de reconocer a Guaidó como presidente interino, así sea simbólicamente, ni tampoco reconocerá ningún poder público chavista en tanto no haya elecciones libres y la renovación de los poderes públicos haya ocurrido en su totalidad.

Lo que sí está muy claro es que tanto el chavismo como la oposición, para poder a travesar las peligrosas corrientes del “rubicón” venezolano en Ciudad de México, van a tener que terminar convenciendo a la opinión pública con hechos concretos. La única manera de hacerlo es dando señales muy claras de que les importa el bienestar de la población, y que están realmente dispuestos a enfrentar la crisis humanitaria de inmediato, ampliando el programa de alimentación de las Naciones Unidas y dándole acceso a las organizaciones multilaterales para resolver los problemas tan graves de servicios públicos. Lo mismo con la creación de un programa nacional de vacunación para enfrentar la pandemia.

El chavismo también tendrá que mostrar, desde el inicio, su disposición a que esa “normalización” de la vida política pase por la liberación inmediata de todos los presos, el retiro de las inhabilitaciones y la des-judicialización de los partidos políticos. Sin esos primeros acuerdos parciales, que es lo que debería comenzar a dibujarse en esta próxima ronda de negociación en Ciudad de México, la población continuará observando el proceso con mucha cautela, por no decir sin interés.

Ambas delegaciones también tendrán que aceptar que el proceso no podrá estar circunscrito simplemente a lo electoral. Deben comprometerse a conceder que el conflicto político existente es estructuralmente institucional. Aun cuando se fije por consenso un cronograma de elecciones más competitivas, la posibilidad de que el mismo drama se repita es altísima y sin árbitros creíbles ningún acuerdo será definitivo.

El país corre el riesgo que aun cuando la comunidad internacional remueva sanciones, las mismas puedan volver a ser instauradas. En una democracia, las elecciones generan ganadores pero lo que permite verdaderamente la convivencia para los perdedores son las instituciones. En el caso venezolano, la lista de reformas es larga porque la destrucción ha sido completa: independencia de los poderes públicos, eliminación de la reelección indefinida, garantías políticas y financieras a la gestión de alcaldes y gobernadores y controles sobre la transparencia del presupuesto nacional y una lucha abierta contra la corrupción. Sin un reconocimiento de estos problemas, Venezuela seguirá condenada.

Adicionalmente, está la necesidad de enfrentar los temas de justicia transicional –que deben ser abordados rápidamente pues la complejidad legal es enorme y nadie abandonará su poder, por más pequeño que sea, sin ellas. Sin este tipo de reformas institucionales, que muy probablemente pasen por enmiendas constitucionales puntuales, la oposición puede que llegue a negociar su reinserción electoral, pero en ningún caso, podrá asegurarse de un verdadero proceso de democratización.

Es por ello que el “rubicón” institucional venezolano es grande: pensar que esas negociaciones en México serán cortas es ilusorio. Todos deberán aceptar que el proceso será largo, tortuoso y que van a tener que comerse muchos sapos de distintos colores y tamaños para poder llegar a algún acuerdo.

Investigador del Global Wilson Center en Washington y Profesor del IESA en Caracas

2 de septiembre 2021

El País

https://elpais.com/opinion/2021-09-02/el-rubicon-venezolano-y-la-negocia...

El cambio de rumbo de la oposición venezolana, de toda ella, desde la que pedía una invasión inmediata de los marines norteamericanos hasta la más cercana al régimen, denominada por algunos «colaboracionista», marcará la orientación de la nación venezolana en los próximos años. No es este un comentario hecho con la intención de malponerlos ni acusarles de debilidad o docilidad frente al régimen totalitario. Por el contrario, hemos visto a lo largo de estos 21 años muestras de valentía, compromiso y lucha que harán historia. Vidas arrebatadas con indolencia, especialmente entre nuestra juventud.

La oposición venezolana ha terminado tomando el derrotero que las circunstancias le permiten. «Nunca es dura la verdad, lo que no tiene es remedio». Entre proclamar una salida mágica y transitarla, como hemos visto, puede mediar un abismo. Si hubiese otro camino más expedito, ya lo habrían tomado, porque supone uno que a ningún opositor le resulta sencillo digerir la idea de la prolongación de esta tragedia, más allá incluso de la fecha en que habían profetizado su caducidad: el 2021. El régimen, pues, se ha anotado una victoria, se ufana de ella y humilla en su mejor estilo.

Por otro lado, lo que acabamos de ver en Afganistán muestra que el mundo democrático no esta dispuesto a asumir los costos que implica llevar la democracia a aquellos países que no están preparados para ella. Las luchas de las naciones por su libertad será una lucha solitaria y lenta, sin mayor apoyo que la retórica hermosa de las proclamas desde los países de tradición democrática. Todas las dictaduras son atroces y las de izquierda lo son más, porque dan la impresión de venir –a diferencia de las otras– sin fecha de caducidad. A pesar de ello, también acaban y aunque uno no vaya a ver su final, debe seguir trabajando para alcanzarlo.

El destino de la oposición en los años venideros será el de operar bajo las reglas y limitaciones que el régimen político establezca. En condiciones desventajosas, de abuso de poder, inequidad y falta de transparencia.

Podría suceder, incluso, que haya algún éxito electoral y puede también que el régimen lo acepte y hasta que lo respete si le parece que su desempeño se realiza bajo ciertos parámetros que le resulten convenientes. La oposición trata de garantizar ahora solo su supervivencia en libertad (es decir, sin prisión) y, sin duda, de frenar lo más que le sea posible el proceso de destrucción del país. Será una lucha larga y difícil. Puede que a muchos les parezca poca cosa o una traición inaceptable, pero las torturas que puedan ahorrarse, las masacres que puedan evitarse, las vidas de presos políticos que puedan salvarse, la población que pueda vacunarse. Cualquier acción que salve vidas será un avance, un magnífico avance.

«Entre el dolor y la nada, prefiero el dolor». Quizá esta frase de William Faulkner es la que mejor define la actual situación de la oposición venezolana.

Twitter @laureanomar

Tras un intervalo de dos años, representantes de la principal alianza de la oposición venezolana y del gobierno del presidente Nicolás Maduro se reunieron el 13 de agosto en una nueva ronda de negociaciones en Ciudad de México con el objetivo de resolver el prolongado y cada vez más devastador enfrentamiento político del país. Está previsto que se encuentren nuevamente el 3 de septiembre. Según un Memorando de Entendimiento firmado durante su primer encuentro, el objetivo de los negociadores es “establecer reglas claras de convivencia política y social”. Estas son las primeras conversaciones formales desde que los últimos esfuerzos, facilitados por Noruega, fracasaron en agosto de 2019 y fueron declarados “agotados” por la oposición al mes siguiente.

Desde entonces, el equipo noruego ha estado moviéndose activamente entre las dos partes, buscando establecer puntos de acuerdo que permitan descongelar de sus frías relaciones. Hay razones de sobra para ser escépticos sobre las perspectivas de éxito de esta ronda, en especial teniendo en cuenta los fracasos del pasado. Pero las negociaciones siguen siendo la única vía razonable para poner fin al enfrentamiento político y abrir el camino para superar la crisis económica y humanitaria que ha destrozado la calidad de vida de los venezolanos y llevado a casi seis millones de ellos a abandonar el país.

El ambiente para las conversaciones

Varias cosas han cambiado desde 2019. Una de las más significativas es la salida del presidente de EE. UU., Donald Trump, cuya política de “máxima presión”, que incluyó fuertes insinuaciones de intervención militar, buscaba derrocar al gobierno de Maduro. La decisión de EE. UU. de imponer sanciones secundarias en agosto de 2019 fue lo que provocó la ruptura de las conversaciones; y la convicción de la oposición de tener otras opciones fue lo que la llevó a abandonar la ruta de la negociación. Washington ahora ha dejado de lado la retórica de la “máxima presión”, aunque algunos de sus efectos persisten y serán difíciles de superar.

Maduro llega a estas nuevas negociaciones fortalecido políticamente, tras haber sobrevivido los esfuerzos de la oposición en los últimos años por fracturar la coalición de gobierno y su alianza con las fuerzas armadas. La proclamación de la oposición de ser el “gobierno interino”, en respuesta a la cuestionada victoria electoral de Maduro en 2018 y una interpretación polémica de la constitución, no logró inclinar la balanza del poder a su favor dentro de Venezuela y, en cambio, la llevó a centrarse en conseguir apoyo en el extranjero. Irónicamente, fue Maduro, en lugar del autoproclamado “presidente interino” Juan Guaidó, quien demostró ser más efectivo para fomentar la división entre sus adversarios, sumiéndolos en la decepción y la apatía. Desde principios de 2019, a pesar del descontento generalizado de la población, la oposición no ha logrado organizar grandes manifestaciones públicas.

Muchos Estados consideran que Maduro y el parlamento electo en diciembre llegaron al poder a través de elecciones sesgadas que no representaban la voluntad de la mayoría de los ciudadanos

En diciembre de 2020, Maduro recuperó el control del parlamento del país, la Asamblea Nacional, en unas elecciones turbias y boicoteadas por la mayoría de los partidos de oposición. Tan solo un puñado de los casi 60 países que reconocieron a Guaidó como el jefe de Estado legítimo en 2019 aún lo reconocen como tal, los demás han retirado discretamente su reconocimiento, aunque Washington aún no lo ha hecho. Algunos de los vecinos latinoamericanos de Venezuela también son menos hostiles al gobierno de Maduro de lo que eran dos años atrás, gracias a cambios de gobierno y reajustes de prioridades, en parte atribuibles a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, muchos Estados consideran que Maduro y el parlamento electo en diciembre llegaron al poder a través de elecciones sesgadas que no representaban la voluntad de la mayoría de los ciudadanos, y Venezuela sigue sujeta a uno de los regímenes de sanciones más estrictos del mundo. La economía, que desde que Maduro llegó al poder en 2013 ha sufrido el peor colapso en tiempos de paz en la historia reciente, no puede reconstruirse sin una inyección masiva de capital, que a su vez depende de un acuerdo político.

Mientras la oposición busca principalmente garantías electorales y elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas, Maduro desea reconocimiento internacional y que se levanten las sanciones. Estos puntos están incluidos en el Memorando de Entendimiento de siete puntos presentado el 13 de agosto, que describe la agenda y los parámetros para las conversaciones. El documento generó consternación entre algunos sectores de la oposición, pues comienza definiendo a las partes como “el gobierno” y la “Plataforma Unitaria” (es decir, la oposición), aparentemente pasando la página del “gobierno interino” de Guaidó. Considerada por muchos como una traición, esta formulación debe ser entendida como un reconocimiento de la realidad. Convenientemente elimina no solo un obstáculo para lograr un acuerdo (Maduro nunca firmaría un acuerdo con representantes de un jefe de Estado rival), sino que quita una traba para la necesaria renovación del liderazgo de la oposición, la reconstrucción de su organización de base y la recuperación de su capacidad para canalizar el descontento popular.

Razones para tener esperanza

Varios de los obstáculos que en algún momento se interpusieron en el camino de una solución negociada han sido eliminados, al menos parcialmente. La oposición ya no insiste en la exigencia poco realista de que Maduro deje el poder como primer paso para una transición. También parece al menos dispuesta a contemplar la posibilidad de llegar a acuerdos parciales durante las conversaciones.

Anteriormente, las facciones de la oposición tuvieron fuertes discrepancias sobre la posibilidad de adoptar un enfoque gradual para resolver sus diferencias con el partido gobernante, ya fuera en las negociaciones o en otras instancias. Guaidó y sus aliados han insistido en que un enfoque escalonado afectaría seriamente las perspectivas de un acuerdo integral. Pero el excandidato presidencial Henrique Capriles, organizaciones de la sociedad civil agrupadas bajo el recientemente creado Foro Cívico y la principal cámara empresarial venezolana, Fedecámaras, han tenido activas conversaciones con el gobierno de Maduro sobre asuntos humanitarios, políticos y económicos específicos. Un resultado positivo y notorio de este esfuerzo por lograr avances graduales han sido las reformas electorales, en particular la inclusión a principios de este año de dos figuras muy respetadas de la oposición en el Consejo Nacional Electoral.

En cuanto a las negociaciones actuales, en la sesión del 13 de agosto en Ciudad de México, todas las partes mostraron su disposición para respaldar acuerdos parciales, lo que podría permitir que el proceso gane más adeptos si los negociadores pueden demostrar avances concretos en las primeras etapas. En una muestra de respaldo a la necesidad de buscar una solución negociada a la crisis política y económica, Stalin González, un aliado de Capriles que en 2019 se desempeñó como negociador designado por Guaidó, se ha sumado al equipo de la oposición para las conversaciones. La medida podría representar una oportunidad para que los partidarios de Guaidó y Capriles concilien sus diferencias.

Los principales países responsables de las sanciones internacionales, EE. UU., Canadá y miembros de la Unión Europea, han contribuido a hacer más creíble el cambio de postura al ofrecer la posibilidad de un alivio gradual de las sanciones ligado a un progreso sustancial en las conversaciones. Este paso es un gran avance después de años en los que Washington y Bruselas siguieron estrategias considerablemente divergentes, incluso contradictorias, con EE. UU. insistiendo en que solo levantaría las sanciones si Maduro dejaba el cargo y la UE mostrando mayor flexibilidad. Otro elemento favorable, que Crisis Group ha recomendado con frecuencia, es que algunos de los principales actores extranjeros acompañarán las conversaciones directamente a través de un esquema de acompañamiento o indirectamente a través de un “Grupo de Amigos” de la negociación. La presencia directa de Rusia, un aliado estratégico de Maduro y de sus fuerzas armadas, es particularmente significativa. Todas las acciones de Rusia hasta ahora habían tratado de evitar cualquier resultado que suponga claros beneficios para EE. UU. y sus aliados, pero se beneficiaría de un acuerdo que preserve sus intereses económicos en Venezuela.

Esta mayor afinidad entre las principales potencias va acompañada de cambios en el equilibrio político regional. Tras la ruptura de las conversaciones en 2019, dieciséis de los vecinos de Venezuela votaron a favor de activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, un pacto de defensa mutua, calificando al gobierno de Maduro como una amenaza para la seguridad regional. La iniciativa fue promovida por el Grupo de Lima, una alianza ad hoc de gobiernos de América Latina y el Caribe formada en agosto de 2017 para presionar por una transición política en Venezuela. A pesar del ruido de sables, los Estados vecinos nunca tomaron medidas significativas y, desde entonces, la marea política en la región ha hecho que el ambiente sea menos hostil hacia Maduro. En julio, Perú, la sede nominal del Grupo de Lima, eligió a un presidente de extrema izquierda, Pedro Castillo, quien probablemente adoptará una línea muy diferente a la de sus predecesores inmediatos con respecto a Venezuela. Argentina, Bolivia y Santa Lucía se han retirado del grupo y México por su parte, dejó de firmar los comunicados en 2019. Los gobiernos de izquierda de Andrés Manuel López Obrador en México y Alberto Fernández en Argentina han jugado un papel detrás de cámaras para propiciar las actuales conversaciones, de las que el primero es anfitrión y a las que el segundo podría sumarse como miembro del Grupo de Amigos.

Razones para desanimarse

Sin embargo, no todos los astros están alineados para que las conversaciones sean productivas. En el frente internacional, la mayor flexibilidad de la administración Biden en la política hacia Venezuela se ve limitada por las preocupaciones políticas domésticas. En un momento en el que el Partido Demócrata intenta minimizar las pérdidas en las elecciones legislativas de mitad de período de 2022, es natural que Biden sea reacio a renunciar abiertamente a una política de línea dura que le dio tan buenos resultados a Trump en el campo de batalla electoral del sur de la Florida, hogar de muchos exiliados venezolanos y sus aliados cubanoamericanos.

Otro tema que se avecina es el posible anuncio de la apertura de una investigación formal por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que podría resultar en la expedición de órdenes de arresto o de comparecencia contra altos funcionarios gubernamentales o militares presuntamente implicados en crímenes de lesa humanidad. El tribunal ha estado investigando si los abusos de derechos humanos cometidos mientras Maduro ha estado consolidando el poder desde 2017 justifican dichos cargos. Es probable que la decisión sobre el inicio de la investigación se produzca antes de que finalice el 2021, a menos de que se puedan evidenciar avances genuinos para que los responsables rindan cuentas a través de procesos internos, lo que parece poco probable.

Las elecciones de noviembre resultan especialmente complicadas para la oposición al estar tan profundamente dividida

La situación interna de Venezuela es aún más complicada. En primer lugar, el momento en el que se dan las conversaciones es desfavorable, ya que se producen justo cuando está por comenzar la campaña para las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre. Por su naturaleza, los comicios tienden a recompensar la polarización, no el consenso. Las elecciones de noviembre resultan especialmente complicadas para la oposición al estar tan profundamente dividida, no solo sobre si participar o no (a pesar de una mejora parcial de las condiciones electorales, muchos aún consideran que la siguiente jornada será profundamente injusta), sino también sobre los posibles candidatos y cómo seleccionarlos.

Aunque el gobierno levantó el veto a la coalición de la Mesa de la Unidad Democrática, permitiendo potencialmente que la oposición presente candidatos únicos en cada circunscripción bajo la misma bandera, estrategia con la cual ésta obtuvo el control del parlamento en 2016, el consenso en las filas de la oposición ha tardado en manifestarse. La mayoría de la oposición hasta ahora ha evitado convocar al público a las urnas, incluso mientras muchos partidos se preparan para registrar candidatos. Guaidó ha descalificado sistemáticamente las elecciones como un “evento organizado por el gobierno”. Mientras tanto, crece la presión internacional para que se le de mayor importancia a las elecciones, con una mención específica al respecto en recientes comunicados conjuntos de EE. UU., Canadá y la UE, y el acuerdo de la oposición sobre su participación es un factor clave para que la UE determine si debe desplegar una misión de observación o no.

Con plazo para el registro de candidaturas en agosto y la campaña electoral a punto de comenzar, el tiempo se agota. Si los candidatos de Maduro arrasan en los comicios de noviembre, la derrota dejaría a la oposición aún más débil en la mesa de negociaciones, lo que hace difícil imaginar que las partes avancen mucho antes de las elecciones. Aunque se han previsto nuevas rondas de conversaciones para septiembre, es probable que en ese punto se suspendan a la espera de las elecciones.

El hecho de que muchos venezolanos no se sientan representados por ninguna de las delegaciones en Ciudad de México también es motivo de preocupación. Tanto el gobierno como la fragmentada oposición, según confirman las encuestas de opinión, son muy impopulares y muchos ciudadanos perciben que ambas partes están más interesadas en promover sus intereses propios que en buscar el mejor resultado para el país en general.

El 15 de agosto, mediante un comunicado conjunto, tanto el gobierno como la oposición reconocieron la necesidad de establecer mecanismos de consulta con otros actores políticos y sociales. La mayoría de los venezolanos apoyan un acuerdo negociado, pero hay escépticos de línea dura en ambos lados. En el lado de la oposición, algunos rechazan cualquier tipo de conversaciones con el gobierno y continúan insistiendo en una mayor presión internacional e incluso en una intervención militar como solución a la crisis. En el otro extremo de la oposición se sitúan los partidos que participaron en las elecciones de diciembre, cuyos miembros son tildados de “colaboracionistas” por muchos en la oposición. Por el lado del gobierno, solo la facción de Maduro de la coalición gobernante está presente en la mesa, ya que que no hay representación de otro peso pesado chavista, Diosdado Cabello, cuya influencia parece estar disminuyendo recientemente; el ejército venezolano, un actor clave, también está ausente. Consultas integrales serán indispensables para asegurar que ninguno de estos grupos o individuos se convierta en un obstáculo.

La única alternativa

Por incipientes y vulnerables que sean, las conversaciones ofrecen una oportunidad de progreso. No obstante, es poco probable que haya claridad hasta después de las elecciones de noviembre sobre si alguna de las partes, especialmente el gobierno, está lista para llegar siquiera a acuerdos parciales.

Se necesitarán canales de comunicación entre Washington y Caracas para que ambos determinen lo que cada uno puede esperar de manera realista de su contraparte

Entre tanto, la principal tarea es consolidar el proceso de negociación. Eso significa, entre otras cosas, diseñar e implementar un mecanismo de consulta robusto que fomente la adhesión de los que hayan quedado por fuera y del público en general; definir claramente las funciones de los países a los que se les ha asignado la tarea de acompañar el proceso o de unirse al Grupo de Amigos; y, especialmente en el caso de EE. UU., aclarar las exigencias que se le harán al gobierno de Maduro para relajar las sanciones (así como el orden en el que esto se llevaría a cabo). Se necesitarán canales de comunicación entre Washington y Caracas para que ambos determinen lo que cada uno puede esperar de manera realista de su contraparte.

Ante todo, las conversaciones tendrán más posibilidades de avanzar si las partes buscan primero un acuerdo sobre algunas medidas graduales que puedan producir mejoras tangibles en las condiciones de vida de los venezolanos. Por ejemplo, existe la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre la asignación supervisada de fondos multilaterales para hacer frente al colapso económico, aumentar los esfuerzos de ayuda humanitaria y realizar acciones concretas para restablecer las instituciones, comenzando por el poder judicial. Entre más beneficios reales produzcan las conversaciones para el pueblo venezolano, más fácil será aplacar a los escépticos y disminuir la presión de los partidarios de la línea dura que podrían intentar socavarlas.

Si bien la oposición se mantuvo firme durante la fase preparatoria de las conversaciones en que se centraría exclusivamente en un acuerdo político, el Memorando de Entendimiento habla de “poner el bienestar del pueblo venezolano en el centro”, y el propio Guaidó ha incluido “atender la emergencia humanitaria” entre su lista de objetivos. Queda por definir si las partes enfatizarán los temas sociales, económicos y humanitarios en las conversaciones principales, si delegarán estos asuntos a un comité independiente o incluso si dejarán estas discusiones en manos de mecanismos ya existentes, como la mesa técnica nacional creada por el gobierno y la oposición en febrero de 2021 para obtener vacunas a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Si bien es posible que los participantes de Ciudad de México prefieran dejar de lado estos asuntos, es probable que la sociedad civil los exhorte, a través del mecanismo consultivo prometido en una declaración conjunta, a ofrecer soluciones rápidas. Deben atender este llamado.

Para que las negociaciones avancen, deberá mostrar moderación y llegado el momento, hacer concesiones que pongan en riesgo su control sobre todas las palancas del poder

Maduro claramente siente que está en una buena posición tras los resultados de la primera reunión. Hasta ahora ha cedido muy poco y continúa socavando las conversaciones con comentarios públicos poco constructivos. Para que las negociaciones avancen, deberá mostrar moderación y llegado el momento, hacer concesiones que pongan en riesgo su control sobre todas las palancas del poder, algo que el gobierno nunca ha demostrado estar dispuesto a hacer. Pero hay otras opciones para generar confianza a corto plazo que ayudarían a mantener las conversaciones al demostrar que el gobierno también tiene la intención de buscar una solución negociada. La liberación de presos políticos sería una de ellas. El gobierno también podría eliminar, o al menos suspender el debate parlamentario sobre la Ley de Ciudades Comunales, que la oposición ve como una amenaza porque podría llegar a trasladar el poder de las autoridades estatales y municipales a “comunas socialistas”, lo que equivale a un cambio en la división de poderes consagrada en la constitución venezolana. Antes de las elecciones regionales de noviembre, y cuanto antes mejor, Maduro debe levantar las inhabilitaciones impuestas a los políticos de la oposición que les impiden postularse, y permitir que los candidatos de la oposición tengan un acceso equilibrado a los medios de comunicación.

Es muy probable que estas negociaciones sean largas y complejas, y que el resultado final no satisfaga a todas las partes, pero la primera reunión en Ciudad de México marca un paso importante para dejar atrás las posiciones maximalistas. Para que las conversaciones prosperen, las partes tendrán que lograr mejoras tempranas y significativas en los derechos políticos y, de manera crucial, en la vida cotidiana de los venezolanos. Una solución duradera a las crisis actuales del país requerirá compromisos sobre cómo lograr la recuperación económica, reparar el sistema de salud y abordar la creciente influencia de grupos armados que han obtenido el control de facto de las zonas rurales y urbanas. El gobierno, la oposición y sus respectivos aliados internacionales tienen mucho trabajo por delante. A pesar de todos los desafíos en el horizonte, es bueno ver que esta labor estancada desde hace mucho tiempo, de nuevo está en marcha.

30 de agosto 2021

Crisis Group

https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/venezuela/venezuela-making-most-mexican-breakthrough

A un mes del anuncio hecho por Maduro, en el acto de recibimiento a los atletas participantes en los Juegos Olímpicos de Tokio, el tema de conversación en el sector deportivo estaba referido a los avances de lo anunciado en ese acto. Muchos, por no decir la gran mayoría de los atletas, entrenadores, dirigentes, padres, representantes y periodistas dudaban de las promesas ofrecidas, pero, le daban el beneficio de la duda y esperaban a ver para creer que no era un engaño más.

La realidad, no se hizo esperar y en el transcurso de treinta días el “Plan Sueño Olímpico Paris 2024” progresivamente se fue transformando en una pesadilla continúa. Todos veían y sentían como día a día Maduro quedaba al desnudo con el incumplimiento progresivo de lo rimbombantemente ofrecido como la ruta a seguir para la próxima cita olímpica. Un simple análisis, de cada una de las promesas, en lo relacionado con la oferta y lo cumplido nos permite dejar en evidencia la nueva farsa gubernamental de sus planes para, ahora si, atender el deporte:

-Promesa # 1: “Ordenó a la vicepresidente ejecutiva, Delcy Rodríguez convocar a los integrantes del sector deportivo de Venezuela, a mesas de trabajo, para en un lapso no mayor de 15 días, presentar el Plan Sueño Olímpico Paris 2024”

El sueño, ya presenta una pesadilla de retraso mayor a una quincena. El plan no aparece por ningún lado. Se repite la historia, de la traída de los 10.000 “entrenadores” cubanos a partir del año 2002, con la finalidad de hacer un diagnóstico del deporte en el país y a 19 años de ese hecho, todavía no se conoce ni siquiera un párrafo de ese famoso diagnóstico.

-Promesa # 2: “Traer a Venezuela los mejores entrenadores de Asia, Europa, África, los mejores del mundo, de acuerdo a la especialidad”.

La pesadilla sigue con el correr de los días. Con la experiencia del atraso en los pagos, vivida por los entrenadores polacos y eslovenos, hasta ahora ningún entrenador ha firmado contrato para venir al país. La pesadilla alcanzó niveles de terror con lo sucedido al entrenador de la Vinotinto de Futbol ¡¡¡catorce meses sin cobrar su sueldo!!!

-Promesa # 3: “En un lapso de 30 días ya deberíamos saber quiénes son las promesas olímpicas rumbo a Paris 2024 y darle todo el apoyo psicológico, financiero, de entrenamiento, técnico, logístico y científico”.

En este punto, Maduro entró en un proceso de alucinación, al pretender hacernos creer que como el mago Merlín, tenía una bola de cristal para desde ya ver quiénes son las promesas olímpicas, pasando por alto, que solo en las competencias y no en alucinaciones es que se ganan los derechos a formar parte de una selección nacional deportiva.

-Promesa # 4: “Durante el mes de diciembre, de este año, se retomará todo el Sistema de los Juegos Deportivos Nacionales”.

Diez años consecutivos de suspensión de los juegos nacionales 2011-2021, han sido la peor pesadilla que ha tenido el deporte venezolano. Ahora, el delirio gubernamental, pretende hacer creer que lo no resuelto en una década va a resolverse en tres meses. En este momento ¡¡¡ningún estado del país tiene recursos económicos para asistir a unos juegos. Los entrenadores tienen salarios de hambre. Las instalaciones están deterioradas. Los atletas carecen de asistencia social. A todo esto, hay que sumarle la crisis de combustible, transporte, alimentación, salud e hiperinflación.

Se hace evidente por demás, que el sueño de los deportistas venezolanos por alcanzar niveles de superación y representar al país en eventos internacionales, se transforma en una pesadilla por la incapacidad gubernamental para resolver los problemas que afectan al deporte.