A la memoria de Asdrúbal Baptista

La relación de la economía de Venezuela con el petróleo parece bastante obvia. Pero el sentido profundo de esta asociación lo comprendió, quizás mejor que nadie, Asdrúbal Baptista, insigne economista de origen merideño, profesor del IESA y de la ULA, lamentablemente fallecido hace poco más de un año. La Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE), de la cual era Individuo de Número y llegó a ejercer su presidencia, le rindió un merecido homenaje la semana pasada, In Memoriam. Valga la ocasión para recordarles a los venezolanos algunos de sus valiosísimos aportes sobre el tema.

Con su pasión por la filosofía y la historia, y su dominio del derecho –tenía un grado, también, en esta profesión—, Asdrúbal Baptista se propuso desentrañar la verdadera naturaleza de la actividad petrolera y de sus efectos sobre el desarrollo del país. Aclaró, para empezar, que Venezuela no “produce” petróleo. Éste es un producto natural acabado que se extrae de nuestro subsuelo. Por tanto, tiene dos formas en que impacta la economía: 1) los gastos incurridos en extraerlo –exploración, perforación, bombeo, etc.--, que remuneran a los factores, trabajo y capital, y 2), la captación de un excedente, por encima de este monto, que depende del precio a que se vende el crudo en los mercados internacionales. Este excedente no tiene contraparte productiva alguna; constituye una remuneración al propietario del recurso, que es la nación venezolana. Se trata de una renta, en la acepción de la economía política clásica. En virtud de una interpretación particular del Decreto de Minas del Libertador de 1829, en Quito, siempre se entendió que su administración correspondía al Estado. Esta acepción hizo que el usufructo de esa renta se convirtiese en el problema político central de la Venezuela petrolera.

La Venezuela pre-petrolera de 1920, como insistió mucho el profesor Baptista, tenía una economía estancada y con grandes carencias, una de las más pobres de América Latina. La irrupción de la explotación petrolera dotó al país de los recursos para su modernización, haciendo que su economía se asentase en relaciones mercantiles. Pero, a su juicio, la manera en que se abordó el proceso terminaría por revelar, con el tiempo, su inviabilidad e insuficiencias.

Como se recordará, Arturo Uslar Pietri, en el célebre editorial del diario Ahora, del 14 de julio de 1936, alertaba sobre el efecto adverso de la exportación petrolera en la agricultura venezolana, al sobrevaluar el bolívar. Asemejando la producción de crudo a una especie de “fiebre del oro” pasajera, al agotarse dejaría al país peor de lo que se encontraba antes. Para que no fuera así, este “capital natural” que se liquidaba – opinión de Uslar—debía ser invertido en actividades productivas duraderas, en primer lugar, la agricultura. De ahí, su famosa frase de “sembrar el petróleo”. Progresivamente, ello abarcaría también a la industria incipiente y los servicios. Rómulo Betancourt, como presidente de la Junta Revolucionaria de gobierno (1945-47), enfatizó que, paralelamente, era menester incorporar a las vastas mayorías de la población, económicamente postergadas, a la modernización. Promovió la organización sindical y de ligas campesinas, y se invirtió en servicios públicos, educación, salud e infraestructura, a la par de ampliar, asimismo, los canales de financiamiento a actividades productivas del sector privado.

La “siembra del petróleo” fue, probablemente, la frase más afortunada del siglo XX. Sirvió de inspiración a la estrategia perseguida, sin mayores variantes, por gobiernos sucesivos. Tuvo mucho éxito, durante buen tiempo, catapultando a Venezuela a la cabeza del desarrollo de América Latina, con modernas autopistas, servicios públicos que llegaban a los distintos rincones del país, una educación y una salud públicas de vocación universal, una industria cada vez más diversificada y niveles de vida crecientes para la población. Pero, como lo advirtió Asdrúbal Baptista, no se trataba de liquidar un “capital natural” (no se reproducía por cuenta propia, como todo capital), sino de una renta internacional captada por el Estado. La prosperidad se edificaba sobre “pies de barro”.

La pujanza económica exhibida por el país en los 50 años transcurridos entre 1930 y 1980 descansó en la transferencia de montos crecientes de renta, desde el Estado, para su inversión, pública y privada, y para elevar los niveles de consumo de la población. Pero estos montos no derivaban de una actividad productiva autóctona, sostenida, sino de circunstancias externas, determinantes de los precios del crudo en los mercados internacionales. Al multiplicarse en los años ’70, luego del embargo árabe a los países occidentales que habían apoyado a Israel en la guerra de Yom Kippur, el gobierno en ejercicio –el primero de Carlos Andrés Pérez—buscó invertir la enorme renta captada para arribar a una “Gran Venezuela” que entraría, así, al club de las economías avanzadas. Sin embargo, pronto se reveló que el país no tenía capacidad para aprovechar debidamente este enorme caudal de dinero. Los servicios y la infraestructura no se daban abasto, para muchos emprendimientos se carecía del personal especializado, el tejido industrial y de servicios era muy endeble para sustentarlos, y el mercado doméstico resultó demasiado pequeño para absorber la producción planeada. Junto a la sobrevaluación del bolívar, dificultaron, asimismo, la exportación de lo producido. El país se indigestó con enormes inversiones, sobredimensionadas con respecto a la demanda nacional y con rendimientos deficientes.

De manera que el modelo del capitalismo rentístico, término que acuñó Asdrúbal Baptista en referencia a sus hallazgos, no entró en crisis –como creen muchos—al disminuir la renta. En sus palabras, ocurrió más bien su colapso en el momento que ésta alcanzó su máximo nivel. Al hacerse el mayor esfuerzo conocido por “sembrar el petróleo”, el país demostró estar incapacitado para hacerlo productivamente. Se sobrecalentó la economía –en 1975, la inflación superó el 10% anual por primera vez-- y cayó la inversión privada, dados los bajos rendimientos resultantes. La política de “enfriar” la economía del gobierno siguiente (Luis Herrera Campins), manteniendo el tipo de cambio libre y fijo (Bs. 4,30/USD), ahuyentó parte significativa de la renta a cuentas privadas afuera. Junto a la crisis de la deuda, que estalló con el default mexicano en 1983, Venezuela se sumió en un largo período de estancamiento. Sus intentos de superación durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, echando las bases de una economía competitiva, fueron enfrentados por quienes querían preservar las oportunidades de usufructuar la renta petrolera disfrutadas en el pasado, instrumentadas para “sembrar el petróleo”.

Lo demás es historia conocida y resultó en el triunfo electoral de Chávez y su promesa de “refundar la Patria”. Aspecto central de ello fue cambiar la función del petróleo. Bajo la consigna “Ahora PdVSA es nuestra”, los ingresos petroleros se gastaron para ampliar su apoyo político. Entre 2003 y 2016, la empresa repartió más de USD 250 millardos en misiones y fondos diversos de “interés social”, dejándola exangüe, con una producción, hoy, de apenas la quinta parte de hace 20 años. Con este populismo, tan exacerbado, se buscaba reemplazar la actividad económica privada, precipitando la ruina más absoluta.

En resumen, los dos periodos de mayor captación de rentas, 1974 – 81, cuando se la quiso invertir, y 2005 – 2014, cuando se repartió, muestran la inviabilidad de una economía rentística y obligan a repensar el papel del Estado venezolano. Ahora que se comienza a cerrar la ventana para aprovechar los enormes yacimientos de nuestro subsuelo, en virtud de los acuerdos para acabar con el uso de combustibles fósiles, Venezuela enfrenta el enorme reto de superar las insuficiencias del pasado y construir una economía competitiva, no dependiente de la renta petrolera. Paradójicamente, el mayor recurso con que cuenta para ello es el petróleo. Cuando logremos conquistar las condiciones para emprender las reformas profundas que le devuelvan al país sus posibilidades de desarrollo, en el marco de un Estado de Derecho que garantice las libertades ciudadanas y con el apoyo de la comunidad internacional, la perspicacia profunda de pensadores como Asdrúbal Baptista deben servir de luz para no cometer de nuevo los errores del pasado. Enseñanzas que no deben ser olvidadas.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com

La sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que es uno de los siete dones que otorga el Espíritu Santo.

Recientemente, los acontecimientos que se han producido en la Cota 905 de Caracas han sido tan impactantes que han obligado a la Conferencia Episcopal Venezolana a presentar un Comunicado Frente a la violencia suscitada en Caracas y otros lugares del País. En el mismo, los Obispos señalan que, “una vez más nos toca alzar la voz ante la violencia, ante la muerte.” “El miedo, la barbarie, el atropello, el odio, se apoderan de las calles de nuestro país, de nuestras ciudades, de nuestras zonas populares.”

Con gran coraje señala que ello es el resultado de dos décadas en las que se ha blandido la violencia desde el poder como arma política, a diestra y siniestra, de palabra y obra, como amenaza y como hecho consumado. Si quienes detentan el poder no tienen otro medio para imponer su ideología trasnochada que el de la fuerza y la violencia, no hace falta esperar demasiado para observar una respuesta igualmente violenta.

Continúa el Comunicado afirmando que “este estallido es además la demostración más evidente del fracaso de un modelo social y productivo. Si el régimen ha hecho todo cuanto ha podido para hacer imposible que los ciudadanos puedan ganarse la vida de una manera digna y suficiente, tampoco sorprende que haya quienes busquen ganarse la vida por medios delictivos.”

Y por si lo anterior fuera poco, continúa así: “Es además un fracaso del Estado como garante de la seguridad y de la paz.... “no pocos miembros de los cuerpos de seguridad han dejado de ser garantes de la seguridad y la convivencia pacífica y en muchos casos han abandonado por completo vastas regiones del país, especialmente las zonas rurales y populares. El habitual respeto a la autoridad se ha transformado en desconfianza y temor a la autoridad, en vista de la distorsión de las irregulares funciones que hoy cumplen, incluyendo la extorsión y el soborno.”

Como se desprende de todo lo citado, un país en el que impere el terror y la violencia, ambas producto del régimen que le gobierna, que se ha empeñado en que sus habitantes no tengan posibilidad de vivir dignamente y mucho menos de tener un proyecto de vida, es un país prácticamente fallido. Un país en manos de la delincuencia es inviable.

Ante esta situación resulta imperativo lograr la UNIDAD de las fuerzas gallardas, decentes y honestas que indudablemente existen aún y a través de esa unidad, lograr que se reviertan las catastróficas situaciones que hoy se viven en el país. Los venezolanos y todos quienes la habitan merecemos otra Venezuela.

El petróleo y el gas seguirán siendo de vital importancia para Venezuela en las próximas décadas. Visualizar el futuro amerita evaluar la actuación de Pdvsa, empresa que está próxima a cumplir 46 años. Sobre la misma se han dicho verdades, medias verdades y mentiras, casi siempre dependiendo de la inclinación política de quienes las predican. En este artículo nos referiremos solo al período 1976-2002.

Apreciaciones negativas: 1- Pdvsa se convirtió en un Estado dentro del Estado o en un meta estado, en una caja negra que no rendía cuentas y determinaba la política petrolera pasando por encima del Ministerio respectivo. 2- La adquisición de refinerías en el exterior fue una estafa a la nación, no se alimentaban con petróleo venezolano y cuando se enviaba nuestro crudo se hacía con descuento; además que esos recursos se han debido invertir en Venezuela. 3- Los convenios operativos, mediante los cuales se otorgaron contratos a empresas privadas fueron otra estafa, ya que los costos de producción eran mucho más altos que los de Pdvsa. 4- La empresa no se preocupó por realizar aportes al desarrollo nacional. 5- Los costos de la empresa eran altos y había exceso de personal.6- La meritocracia es un mito, los ejecutivos de Pdvsa actuaban al servicio del capital petrolero internacional y de sus propios intereses. 7- El paro petrolero de abril 2002 y el cívico de diciembre de ese mismo año fueron promovidos por el capital petrolero internacional y los interese de Estados Unidos. 8- Los trabajadores que participaron en los paros lo hicieron por motivos políticos y en el de diciembre 2002 desaparecieron activos valiosos, destruyeron infraestructura y base de datos.

Apreciaciones positivas: 1- Los planes y resultados de Pdvsa fueron aprobados por el accionista, representado por Ministerio de Energía y Minas, los presidentes de la empresa fueron designados por mérito, pero con cierta afinidad con el presidente de la república y había algún que otro director cercano al partido de gobierno. La Contraloría General de la República tenía una Oficina delegada en Pdvsa. Además, el Congreso Nacional y, posteriormente, la Asamblea Nacional, interpelaban a las autoridades de la empresa. Esta presentaba puntualmente un Informe Anual de Gestión. 2- La política de adquirir refinerías en el exterior, estrictamente comprar mercados, fue aprobada por el accionista. La misma fue diseñada para colocar nuestros crudos pesados cuando aumentara la producción. Lamentablemente, esta estuvo restringida por las cuotas fijadas en la OPEP para favorecer precios altos. Por contar con grandes reservas, nuestra política debió ser aumentar producción, lo cual favorecía el desarrollo de la población alrededor de las áreas petroleras.3- Efectivamente, los convenios operativos tenían costos de producción más elevados. Algunos dicen que era por la naturaleza de los campos, los cuales no eran el lomito. Este es un punto que debe dilucidarse. 4- El objetivo de Pdvsa es generar recursos para el fisco. Sin embargo, como cualquier empresa, tenía programas de responsabilidad social poco publicitados, apoyando la educación, salud, cultura, agricultura, ambiente e infraestructura general. Quizá el CIED y el Intevep han podido tener menor dimensión y apoyarse más en nuestras universidades. 5- Efectivamente, con la fusión de las filiales verticalmente integradas había personal sobrante. Gradualmente se estaba reduciendo.

Apreciaciones políticas: Los puntos 6, 7 y 8 son evidentemente políticos. En los mismos influye, lamentablemente, el fanatismo propio del socialismo siglo XXI. Discutir con fanáticos es quizá perder el tiempo. Sin embargo, hay que dejar testimonios para la presente y futuras generaciones.

El paro petrolero de abril 2002 surgió espontáneamente como reacción a la intención del presidente Hugo Chávez de utilizar a Pdvsa como soporte de su proyecto político. En febrero del 2002 designó a Gastón Parra como presidente de Pdvsa, distinguido profesor universitario, pero sin conocimientos gerenciales, ni petroleros y militante de la extrema izquierda. Sin embargo, no fue protestado por los trabajadores. El 26 de febrero fueron nombrados siete directores internos y tres externos. Solo objetamos a cinco de los internos, compañeros con buena hoja de servicio, pero sin credenciales suficientes para ser directores. Se realizaron gestiones infructuosas para evitar el conflicto. A Gastón Parra se le solicitó que revirtiera los nombramientos y a los objetados a que renunciaran para evitar el conflicto, pero esas gestiones fracasaron.

De los 63 altos ejecutivos de Pdvsa y filiales solo nueve, incluidos los cinco directores objetados, no se sumaron a la protesta. En todas las áreas el personal se organizó para defender la meritocracia, eligiendo a 74 delegados. Ningún político, ni extrabajador de Pdvsa, mucho menos intereses foráneos influyeron en las protestas. El paro se inició el 4 de abril y culminó con la gran marcha del 11 de abril, la masacre y la renuncia de Chávez a petición de la Fuerza Armada.

Cuando regresó al poder pidió perdón y reincorporó a los siete despedidos y a los jubilados. Designó a Alí Rodríguez, antiguo guerrillero castro- comunista, y se inició una persecución en contra de los principales actores de abril. Los partidos políticos, la CTV y Fedecámaras convocaron un paro cívico el 2 de diciembre. Ese día se sumaron al paro, por decisión individual, principalmente los trabajadores administrativos. Al terminar el día era evidente que la huelga no tenía el éxito esperado y, probablemente, se hubiese suspendido. El gobierno agredió a los petroleros en una pequeña concentración en Chuao, los capitanes de buques de Pdv Marina se sumaron al paro, Alí rodríguez convocó a los paramilitares rojos a las instalaciones de la empresa y destituyó a los gerentes generales de las áreas que estaban en sus puestos dentro del Plan de Contingencia, todo lo cual intensificó el paro. Las instalaciones fueron entregadas al gobierno en perfecto estado, lo cual le permitió reactivar rápidamente la producción y refinación, lo que demuestra que son falsas las acusaciones de sabotaje. A partir del 2003, los despidos masivos, la designación de presidentes, directores y gerentes ineptos, falta de inversión y corrupción quebraron a Pdvsa.

Como (había) en botica:

El gobierno interino debe investigar las denuncias sobre Monómeros Colombo-Venezolanos y exigir a su directiva que aclare la situación.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Pareciera ser que la comunidad internacional está avanzando hacia lo que muchos consideran un acuerdo histórico para fijar una tasa de impuesto mínimo global a las corporaciones multinacionales (CMN). Era hora de que sucediera –pero tal vez no sea suficiente.

Con las reglas existentes, las empresas pueden eludir pagar su porción justa de impuestos si registran sus ingresos en jurisdicciones con bajos impuestos. En algunos casos, si la ley no les permite simular que una parte suficiente de sus ingresos se origina en algún paraíso fiscal, han trasladado algunas partes de sus operaciones a estas jurisdicciones.

Apple se convirtió en el paradigma de la evasión fiscal al registrar ganancias generadas en sus operaciones europeas en Irlanda y luego utilizar otro vacío legal para evadir gran parte de la notoria tasa impositiva del 12,5% de Irlanda. Pero Apple no fue la única empresa en convertir la genialidad detrás de productos que amamos en una evasión fiscal sobre las ganancias obtenidas gracias a vendérnoslos. La compañía, con razón, dijo que pagaba cada dólar que debía; simplemente estaba sacando plena ventaja de lo que el sistema le ofrecía.

Desde esta perspectiva, un acuerdo para establecer un impuesto mínimo global de por lo menos el 15% es un paso importante hacia adelante. Pero el diablo está en los detalles. La tasa oficial promedio actual es considerablemente más alta. Es posible entonces, y hasta probable, que el mínimo global se convierta en la tasa máxima. Una iniciativa que comenzó como un intento por obligar a las multinacionales a aportar su cuota justa de impuestos podría representar un ingreso adicional muy limitado, mucho más bajo que los 240.000 millones de dólares que no se pagan anualmente. Y algunas estimaciones sugieren que los países en desarrollo y los mercados emergentes también verían una pequeña fracción de este ingreso.

Impedir este desenlace depende no sólo de evitar una convergencia global a la baja, sino también de garantizar una definición amplia e integral de las ganancias corporativas -una que limite, por ejemplo, la deducción por costos relacionados con gastos de capital más interés más pérdidas previas a la entrada más… Probablemente lo mejor sería acordar sobre una contabilidad estándar para que las nuevas técnicas de evasión impositiva no reemplacen a las viejas.

Lo que resulta particularmente problemático en las propuestas presentadas por la OCDE es Pilar Uno, cuyo objetivo es abordar la potestad tributaria y aplicarla exclusivamente a las empresas globales muy grandes. El viejo sistema de precios de transferencia claramente no estaba a la altura de los desafíos de la globalización del siglo XXI; las multinacionales habían aprendido a manipular el sistema para registrar ganancias en jurisdicciones de bajos impuestos. Es por eso que Estados Unidos ha adoptado una estrategia por la cual las ganancias se asignan entre los estados mediante una fórmula que tiene en cuenta las ventas, el empleo y el capital.

Los países en desarrollo y desarrollados pueden verse afectados de manera diferente dependiendo de qué formula se utilice: un énfasis en las ventas afectará a los países en desarrollo que producen bienes manufacturados, pero puede ayudar a resolver algunas de las desigualdades asociadas con los gigantes digitales. Y para las Grandes Tecnológicas, el valor de las ventas debe reflejar el valor de los datos que recaban, algo crucial para su modelo de negocios. La misma fórmula tal vez no funcione en todas las industrias.

Aun así, hay que reconocer los avances hechos en las propuestas actuales, incluida la eliminación de la prueba de “presencia física” para imponer impuestos –algo que no tiene ningún sentido en la era digital.

Algunos consideran que Pilar Uno es un respaldo del impuesto mínimo y, por ende, no sienten pruritos respecto de la ausencia de principios económicos que guíen su construcción. Sólo una pequeña fracción de las ganancias por encima de un cierto umbral serán asignadas –lo que implica que el porcentaje total de ganancias a ser asignadas es por cierto pequeño-. Pero si a las empresas se les permite deducir todos los insumos de producción, incluido el capital, el impuesto a las ganancias corporativas es realmente un impuesto a las rentas o a las ganancias puras, y todas esas ganancias puras deberían estar disponibles para ser asignadas. En consecuencia, la demanda por parte de algunos países en desarrollo de que un porcentaje mayor de las ganancias corporativas sea objeto de una reasignación es más que razonable.

Existen otros aspectos problemáticos de las propuestas, hasta donde se puede determinar (ha habido menos transparencia, menos discusión pública de los detalles de la que uno habría esperado). Un aspecto tiene que ver con la resolución de disputas, que claramente no se puede llevar a cabo utilizando los tipos de arbitraje que hoy prevalecen en los acuerdos de inversión; tampoco debería dejarse en manos del país “de origen” de una corporación (especialmente frente a corporaciones sin ataduras que buscan hogares favorables). La respuesta correcta es un tribunal fiscal global, con la transparencia, estándares y procedimientos que se esperan de un proceso judicial del siglo XXI.

Otra de las características problemáticas de las reformas propuestas tiene que ver con la prohibición de “medidas unilaterales”, algo aparentemente destinado a frenar la propagación de impuestos digitales. Pero el umbral propuesto de 20.000 millones de dólares deja a muchas grandes compañías multinacionales fuera del radar de Pilar Uno. ¿Y quién sabe qué vacíos legales encontrarán abogados tributarios inteligentes? Dados los riesgos para la base imponible de un país –y en vista de la dificultad de concluir acuerdos internacionales y del poder de las CMN-, los responsables de las políticas tal vez tengan que recurrir a medidas unilaterales.

No tiene sentido que los países renuncien a su potestad tributaria por un Pilar Uno limitado y arbitrario. Los compromisos exigidos no son proporcionales a los beneficios otorgados.

Los líderes del G20 harán bien en llegar a un acuerdo sobre un impuesto mínimo global de por lo menos el 15%. Más allá de la tasa final que fije el piso para los 139 países que actualmente negocian esta reforma, sería mejor si al menos unos pocos países introdujeran una tasa más alta, unilateralmente o como grupo. Estados Unidos, por ejemplo, está planeando una tasa del 21%.

Es crucial abordar el conjunto de cuestiones detalladas que son necesarias para un acuerdo fiscal global, y resulta especialmente importante interactuar con los países en desarrollo y los mercados emergentes, cuya voz no siempre ha sido escuchada tan claro como se debería.

Por sobre todas las cosas, será esencial revisar la cuestión en cinco años, no siete, como se propone actualmente. Si los ingresos impositivos no aumentan, como se promete, y si

los mercados en desarrollo y emergentes no obtienen un porcentaje mayor de esos ingresos, el impuesto mínimo tendrá que ser aumentado y las fórmulas para asignar los “derechos fiscales”, revisadas.

Jul 6, 2021

Project Syndicate

https://www.project-syndicate.org/commentary/problems-with-global-tax-re...

Venezuela vive en estado de aguda tensión que, por cierto, tiende a extremarse por causa de recientes iniciativas adoptadas por las esquinas del conflicto nacional. De especial importancia vuelven a ser las postuladas por la comunidad internacional para celebrar elecciones libres en el marco de una integral democratización de Venezuela.

Cualquier nuevo pronunciamiento de los factores mencionados debe ser analizado con el detenimiento del caso, especialmente coincidentes con un reciente discurso del presidente Joe Biden, quien no por casualidad dedica frases especialmente elogiosas a Juan Guaidó. Sería ese el camino confiable para dejar atrás la oscura tragedia que sepulta a nuestro país y se expande a todos los ámbitos de la administración, la economía, el deterioro acelerado de los servicios y los más peligrosos índices de hambre y miseria.

El problema se agrava porque el oficialismo insiste en predicar que los comicios que celebrarán en noviembre son inobjetables, enfrentando el criterio adverso de la comunidad internacional, que se viene uniendo alrededor de la advertencia de que esos muy cuestionados comicios no serán reconocidos como válidos y, por tanto, de persistir en realizarlos contra viento y marea, la crisis se profundizará y las sanciones continuarán y hasta se agudizarán.

Lo sorprendente es que si se cumplieran las condiciones que normalizaran democráticamente la realidad nacional, la tragedia comenzaría a desaparecer como por arte de magia.

Primero, porque la comunidad internacional –como lo revela la desmilitarización de Afganistán– prefiere la paz a la guerra; así los fervientes partidarios de que los malos de la partida sean los otros, en tanto que los buenos, por supuesto, son ellos. Pero la realidad es que los países que han dictado sanciones lo han hecho contra violaciones aviesas de los derechos humanos y más bien grotescos incumplimientos de las más elementales normas electorales.

Sin esas profundas irregularidades por parte del oficialismo tanto las sanciones como el claro reconocimiento de las elecciones se convertirían en realidades automáticamente aceptadas, como por lo demás lo fueron consecutivamente desde 1958 hasta 1998, los célebres 40 años de democracia, fructíferos, que ha sido calificados como «la edad de oro de la historia nacional» y también «la revolución democrática de la república civil». Sin extenderme en consideraciones económicas, es evidente que el impetuoso crecimiento del país fue digno de admiración universal.

Como bien afirmara el economista Ángel Alvarado Rangel, es la calidad de la moneda, su resistencia al desorden inflacionario, uno de los indicadores por excelencia de la estabilidad y prosperidad de los países. El caso es –insiste el profesor Alvarado Rangel– «que entre la década de los 40 y principios de los 70, el bolívar aparecía en el ranking internacional como una de las tres mejores monedas del mundo. Era un periodo de sostenido crecimiento económico y estabilidad política» (¿Por qué no llegamos a fin de mes? La inflación y sus males en Venezuela. Fundación FORMA. Caracas s/f)

El elogio brindado por Biden a Guaidó no es ocasional ni menos incomprensible, puesto que en enérgica declaración oficial EE. UU., Canadá y la Unión Europea trazaron una política de fuerte respaldo a su interinato.

Los contornos del documento conjunto no podían dejar nada importante fuera de foco. Y realmente nada quedó en el aire. Lo primero, salirle al paso a la lógica de sanciones integradas como el mármol, y beneficiarse gradualmente de la posible división de la comunidad internacional. El documento único no lo permitió porque rechazó las concesiones al detal. Maduro debía democratizarlo todo a cambio de la derogación de todas las sanciones. Y en lo concerniente a las condiciones para el sufragio libre de veras, se incluye la plenitud de lo consagrado en las Constituciones de las democracias occidentales, como base inamovible del reconocimiento universal a sus resultados. La negociación entre las partes se haría cargo de los pormenores enojosos que, dejados sin respuesta, podrían llevarse en los cuernos el mejor de los diálogos. Se incluyen el tratamiento que recibiría Maduro al dejar el mando. Digamos que se decidiera considerarlo expresidente, con el trato usual que se otorga a los expresidentes en democracias. A cambio de tan generosa concesión, la victoria que lo desplace del poder sería nacional e internacionalmente reconocida.

La enorme importancia de acuerdos de semejante rango se mediría al romper en una fuerte consolidación de la democracia y el surgimiento de la convivencia, base para una granítica consolidación institucional que enviaría a un prehistórico pasado los momentos más ignominiosos que, por más de 20 años, atormentaron a nuestro país, por el manejo más disparatado, ligero y reprochable de una nación que merecía mejor suerte.

El mal paso, darlo rápido, dicen que dijo la reina Victoria. Si esa alusión se refiere al diálogo, la negociación y las elecciones libres, transparentes, iguales y protegidas por el mundo entero, creo que bien valdría la pena entrar en el proceso de purificación democrática bajo los emblemas flameantes de la libertad, la democracia, la justicia, la convivencia civilizada y la más acelerada y merecida prosperidad económico-social.

Twitter: @AmericoMartin

Américo Martín es abogado y escritor.

La llamada “negociación” se abre camino, continúa, y es por tanto importante no errar en el análisis del régimen que tenemos enfrente y en comprender su estrategia y objetivos; o más simplemente, en el análisis de por qué hace lo que hace y en consecuencia, en el análisis de nuestra propia fuerza y estrategia.

Temas sobre la mesa

Solemos batirnos en algunos temas sin reparar en que, a lo mejor, se trata de uno de esos famosos “trapos rojos”, término que nosotros mismos hemos acuñado para describir las cosas que hace el régimen, que atribuimos a estratagemas para distraernos, atemorizarnos, ver hacia otro lado y sobre todo para que nos enzarcemos en discusiones estériles que lo que sirven es para dividirnos y debilitarnos más y más – su verdadero objetivo.

Por ejemplo, ahora nos debatimos con varios, entre ellos los de “ganar tiempo, la “debilidad” del régimen y las ciudades comunales o ley de las comunas. No pretendo polemizar o ir contra corriente en estos temas. Solamente quiero llamar la atención para que les dediquemos un segundo pensamiento, una reflexión desde otro ángulo, que nos abramos a la posibilidad de que estemos tomando el rábano por las hojas o planificando con base a mitos o temores que no son tan ciertos. Veamos

Ganar tiempo

Con respecto al “tiempo” o atribuir lo que hace el gobierno a su intento de “ganar tiempo”, siempre me he preguntado; ¿Quién está apurando al gobierno?, ¿Quién lo amenaza tan seriamente con desalojarlo del poder, como para que esté interesado en “ganar tiempo”?

Creo que cometemos un error en ese análisis. El régimen tiene todo el tiempo que necesita, nadie lo está apurando, nadie −que represente una amenaza real− lo está empujando para que se vaya; y si alguien lo hiciera a nivel interno, que representara una sombra de amenaza. Cuenta el régimen con la fuerza armada −más bien el régimen es la Fuerza Armada−, con los mecanismos de represión del Estado y con el sistema de justicia para someter hasta el más mínimo y tibio alzamiento o desorden, que vaya más allá de las diarias protesta por todo tipo de carencias que tiene la población; protestas justificadas, numerosas, importantes, pero desarticuladas de contexto y eficacia política. Creo que confundirse en ese análisis y pensar que “ganar tiempo” es el objetivo del régimen es alimentar la fantasía del fin inmanente e inminente, en la que hemos caído varias veces.

Más bien creo que somos nosotros, en la oposición, los que estamos interesados en “ganar tiempo”. En efecto, nosotros necesitamos “tiempo”: para dirimir nuestras diferencias y alcanzar la tan ansiada unidad; para limar las asperezas y librarnos de las discusiones estériles en las que nos envolvemos y nos consumen; necesitamos tiempo −que ya no queda mucho, por cierto− para decidir si vamos o no a participar en las elecciones regionales; tiempo para que, en caso que decidamos participar, encontrar los candidatos apropiados, esos que despierten la atención y el entusiasmo de votar de una población amodorrada y ensimismada −con toda razón− en resolver su pesada cotidianidad; tiempo para que podamos organizar unas primarias, si esa va a ser la fórmula para escoger los candidatos, o para decidir por “consenso” quienes serán, opción que por cierto consume mucho más tiempo; o simplemente, necesitamos tiempo para organizarnos, en caso de que la decisión sea la de no participar, para dar una respuesta alternativa, que nos distinga de la abstención indiferente que desde 1998 se instaló en casi un tercio de la población votante del país. De manera que, no creo que sea precisamente el régimen el interesado en “ganar tiempo”.

La debilidad del régimen

Otro tema que fácilmente aflora en las discusiones es el de la “debilidad” del régimen. Uno de los argumentos hace alusión a que el gobierno ya “no tiene recursos”, como los que tuvo años atrás −cosa que, por lo demás, es cierta− debido al despilfarro, la destrucción de la economía, la corrupción y −desde luego− las sanciones internacionales.

Pero, también me pregunto, ¿Quién ha dicho que este gobierno se sustenta en “recursos”? Esa fase del populismo que necesitaba recursos para repartir dádivas y ganar procesos electorales que lo “legitimaran” ya quedó atrás. Ahora al régimen le basta con la fuerza y la represión que ejercen aquellos para quienes los recursos que existen sí son suficientes: los jerarcas del régimen, sus aliados internacionales y quienes los mantienen en el poder −fundamentalmente militares− que no están tratando de resolver los problemas del país, pues ese no es su objetivo, para lo que sí se necesitarían recursos. Además, el régimen tampoco sufre por la falta de recursos, pues tienen suficientes para ellos: no sufren por la falta de gasolina o diésel, no tienen escasez de gas o de alimentos, seguramente están vacunados contra el coronavirus −y seguramente también, con dos dosis− de manera que la pandemia les afecta menos; ¿Cuál es entonces la debilidad del régimen?

Por supuesto que quieren mejorar su imagen internacional y lograr que les levanten las sanciones −que les permitiría acceso a mayores riquezas que continuar expoliando− y por ello se avienen a “negociar” y hacen algunas “concesiones” que desde luego no comprometen ni ponen en riesgo su poder. Creo que ese tema de la “debilidad” del régimen no debe ser una conclusión axiomática y, sobre todo, no la debemos confundir con nuestros deseos, o lo que es más grave, con nuestra propia debilidad.

Comunas y ciudades comunales

Pero lo que menos me cuadra es eso de que al régimen y a quienes lo sostienen no les preocupa el resultado electoral o que, por ejemplo, están eliminando la figura de los “protectores” porque su “plan B” es la ley de las comunas, que acabará con gobernadores, alcaldes y municipios.

No hay ninguna duda acerca del carácter inconstitucional de todo lo que gira en torno a las comunas, poder comunal o ciudades comunales. No pongo en duda los exhaustivos, prolijos, profundos y bien fundados análisis que han hecho muchas personas, connotados juristas y analistas políticos. Mucho menos desestimo la pertinencia y adecuada argumentación esgrimida para alertar al país de este nuevo despropósito de inspiración totalitaria. Solamente digo que debemos dar a este tema, como a los anteriores, un segundo pensamiento, “fuera de la caja”, como dicen los anglosajones, para evitar que con un análisis ligero, una vez más, nos dejemos llevar por una falsa interpretación, enfatizada en algunos casos por un anticomunismo enfermizo, que nos haga ver fantasmas detrás de cada árbol y nos impida ver el bosque.

Estamos enfrentando un gobierno que ha hecho todo tipo de esfuerzos por debilitar la democracia; acabó con la descentralización y creó, precisamente, la figura de los “protectores” (aunque ahora, cumplido su propósito, los elimine… pero ojo, que en cualquier momento, máxime controlando todos los poderes del Estado, los puede volver a poner, con ese, u otro nombre), para quitarle poder y recursos a los gobernadores y alcaldes en los lugares en los que perdió las elecciones; y lo hizo porque consideraba que esos gobernadores y alcaldes atentaban contra el poder omnímodo que el régimen quiere mantener a toda costa.

Por otra parte, la FFAA −que es el “poder” real que tiene por detrás el régimen− es jerárquica, militar, autoritaria, para nada democrática y es la que sostiene a un gobierno que se ha esforzado en centralizar y controlar, hasta el punto de nombrar autoridades políticas, judiciales, electorales y académicas a dedo, o en todos aquellos lugares y procesos en los que no logra ganar o hacer trampa.

Ante esos dos elementos surge mi duda: ese régimen, sostenido por una fuerza militar que se ha aprovechado del poder, ¿va a tolerar que se cree una estructura −como las ciudades comunales− que le pudiera a la larga minar o competir por su poder? ¿Va a transferir recursos y competencias, a unas autoridades que −aunque no electas por el voto universal, libre y secreto, sino designadas verticalmente−, se pueden terminar convirtiendo en unos reyezuelos locales, que serán difíciles de controlar en el tiempo?

Dicho de otra manera, un régimen que con Hugo Chávez Frías intentó tomar el poder por las armas en 1992, que lo “conquistó” luego a base de engaños en 1998 y lo mantuvo con trampas y repartiendo recursos a troche y moche, abusando del poder, persiguiendo y encarcelando a sus enemigos, acabando con la expresión de la democracia −los partidos políticos−, acosando a la sociedad civil, etc. … que designó después un heredero, y ese “heredero”, después de 21 años en total de régimen autoritario, ¿va a acabar con ese proyecto de centralización del poder, creando una estructura de caciques o tiranuelos locales, difícil de manejar, con la que a la larga él también perderá el poder de designar a dedo autoridades regionales y locales? Me parece que eso va contra toda la lógica totalitaria del régimen.

Por último, desde 2006 el régimen está tratando de reacomodar el territorio y los esquemas de poder; para ello creó consejos comunales, habiendo fracasado en modificar la constitución en 2007, decretó entonces una ley en el año 2010; creó zonas de paz en el año 2013, etc. y en estos días −de manera brutal, especialmente para los que viven en el oeste de Caracas, pero antes en el interior del país− estamos viendo en lo que han acabado esos “experimentos”. El Koki, el Vampi, el Conejo, el Garbis, el Willeisy y todos los demás, están acabando con el “sueño” del poder comunal y las comunas del régimen. Si los diputados de su dócil Asamblea Nacional, espuriamente electa en 2020, tienen dos dedos de frente, creo que se cuidarán muy bien de continuar ese experimento de crear estructuras que una vez “empoderadas” pueden resultar en una tragedia incontrolable de violencia como la que estamos viviendo en estos días.

Es probable que me equivoque con estos temas −lo de “ganar tiempo”, el de la supuesta debilidad del régimen y el de su “estrategia” con las comunas o ciudades comunales−, pero invito a todos a que le demos un segundo pensamiento, a que por lo menos sean tema de conversación y no una suerte de dogma o anti anatema. No proyectemos en el régimen lo que podrían ser algunas de nuestras fallas y redoblemos el esfuerzo de presentar una opción que unifique al país.

Politólogo

https://ismaelperezvigil.wordpress.com/

Lo imagino carcajeándose al enterarse que en cierto país del Nuevo Mundo descubierto por su paisano Cristóbal Colón, un grupo opositor con 70% de apoyo, el gobierno abrumado por 80% de rechazo popular y la hostilidad de “casi 60 países”, decidió que “no había condiciones para votar”. Murió hace veinte días y 494 años (junio 21, 1427 y le debíamos un comentario). Hay por decenas corrientes de amantes y odiantes de Nicolás Maquiavelo. Hegel lo consagró como “uno de los mayores talentos y corajes de la historia” y para Bertrand Russell, El Príncipe era “un manual de pandilleros”. En la literatura victoriana incluido Shakespeare, aparecen más de 400 juicios terribles sobre su “maldad”. Aquél funcionario honorable, trabajador, después de dirigir por 15 años la defensa, relaciones interiores y exteriores de su país, preso y torturado por el gobierno, cortó y vendió leña para vivir exilado y muere de peritonitis en la pobreza en brazos de su mujer, sus siete hijos y sus amigos. Años después de morir se publicaron sus dos obras principales.
El crimen fue describir cómo funciona exactamente el poder autoritario y sacar el debate de la falsificación propagandística. Pese a que lo declaran fundador de la ciencia política, no creo que sea una obra científica, porque los métodos de investigación y exposición de la ciencia inductivo experimental, surgirán en el siglo siguiente con Galilei, pero es empírico, no metafísico y basado en la observación. Habían pasado mil años de horrorosos desafueros de gobernantes laicos y eclesiásticos, retratados a la perfección, paradójicamente por Shakespeare y otros gigantes de la literatura. Aunque está a años luz de promover la inmoralidad, El Príncipe desnuda lo mismo que Macbeth y Ricardo III, que la moralidad del poder es otra distinta a la doméstica, y desató una reacción en cadena.

El advenimiento de la democracia limita la arbitrariedad de quienes mandan porque los somete a la Constitución y con frecuencia terminan en desgracia por violentarla, pero, aunque disminuida, la iniquidad permanece. Stalin, Mao, Castro, Hitler, Videla, Somoza, Franco, demuestran que ayer como hoy se cumple el axioma de Ashley: “el poder corrompe: el poder absoluto corrompe absolutamente”. La absolución de Maquiavelo, aunque Ud. no lo crea, se la dan grandes pensadores eclesiásticos, comenzando por los padres del liberalismo, que no son ingleses ni franceses de la Ilustración, sino curas dominicos y jesuitas de la Escuela de Salamanca en los siglos XVI y XVII. Maquiavelo niega que, en un mundo perverso, los mandatarios deban decir la verdad, ser bondadosos, justos, cristianos, respetuosos de la palabra dada y amados por sus pueblos.
La virtú en política no tiene que ver con la virtud de los griegos. Es la razón de Estado: el arte de conquistar el poder y no dejarse derrocar. Los teólogos jesuitas españoles comprenden el planteamiento y con rodeos terminan por aceptarlo, se maquiavelizan. El primero de ellos en analizarlo, Pedro de Rivadeneira, lo rechaza, pero comienza la evolución. En 1595 publica El príncipe cristiano, y su reacción es convencional: la razón de Estado hace del mandatario, que debe ser moralmente superior, un tirano, un criminal, un mentiroso y no puede ser cristiano. Luego Francisco Suárez da un gran viraje en De las leyes y el Dios legislador.
Dice que Maquiavelo creó una teoría del poder y una nueva moral política, pero que no puede articular las dos repúblicas: temporal y no temporal, la razón de Estado con los valores cristianos, y esa es la tarea. El príncipe debe garantizar el poder porque lo desempeña para proteger la comunidad que lo legitima. Pero Suárez flexibiliza el uso de la verdad: “hay que pasar del Dios engañoso del absolutismo, al Dios indescifrable… El Príncipe debe serlo… y hablar en claves cuando sea necesario”. Juan de Mariana avanza aún más en la maquiavelización jesuita. La justicia y la política nacen de dos reflexiones que no se cruzan. ¿Qué hacer cuando el poder está en juego y con él, el bien común? No hay que mentir, pero si ocultar, disimular, no se puede decir la verdad.
Baltazar Gracián fue confesor de un Virrey y vivió en la corte, no un diletante. Afirma que el hombre tiene que ser misterioso en la política porque Dios lo es: “sin mentir… no decir toda la verdad… hay que saber jugar con la verdad … no todas las verdades se pueden decir porque unas me afectan a mí (el Príncipe) y otras a los demás (la comunidad)”. En El Héroe y en El Criticón sostiene, como Maquiavelo, que “las cosas no pasan por lo que son sino por lo que parecen” y “la plebe carece del arte y no puede descifrar”. Gracián recomienda “hacer uso próximo de la mentira para llevar al pueblo por el buen camino” y defiende de las puyas de Maquiavelo a “Fernando de Aragón por ser el oráculo mayor de la razón de Estado”. Con la aceptación de la razón de Estado, el círculo de la vindicación maquiavélica por los jesuitas se cierra. Diego de Saavedra Fajardo escribe que “las palabras indiferentes y equívocas imitan al gran Creador. Quien no sabe disimular no sabe reinar... Decir la verdad sería de peligrosa sencillez”.

@CarlosRaulHer