Hace 100 años, un pequeño grupo de rebeldes chinos, inspirados en la revolución bolchevique que acabó con el imperio zarista en la vecina Rusia, formaron en secreto el Partido Comunista de China (PCCh).

Al igual que el comunismo soviético, que se centró en la clase obrera, los primeros seguidores del PCCh fueron trabajadores de las grandes ciudades.

Pero, en medio de la persecución que empezaron a sufrir por parte de los nacionalistas del Kuomintang (KMT, en el poder), uno de los líderes del Partido Comunista, Mao Zedong, se alejó del enfoque marxista tradicional e impulsó una insurrección rural para movilizar al vasto campesinado de China.

La estrategia fue exitosa y el PCCh se fue consolidando, convirtiéndose en pocos años en el principal rival del gobernante KMT.

Tras más de dos décadas de guerra civil intermitente, los comunistas se impusieron y el 1 de octubre de 1949, Mao instauró la República Popular de China (RPC), sobre la base de las teorías de Marx y Lenin.

Un siglo después de su creación, el PCCh sigue manteniendo el poder absoluto en China.

Muchos consideran a su actual líder, el presidente Xi Jinping, como el gobernante chino más poderoso desde Mao, ya que controla el partido, el Estado y el Ejército, lo que algunos llaman la "santísima trinidad comunista".

Sin embargo, la China actual parece completamente diferente -algunos dirían, casi opuesta- al país comunista que concibieron Mao y los fundadores del PCCh.

Superpotencia económica

Mientras que el Gran Timonel colectivizó el trabajo, centralizó la economía y persiguió a los partidarios del "capitalismo" con su Revolución Cultural —uno de los periodos más convulsos bajo su liderazgo, en un intento subyacente de minar el bando liberal del partido—, hoy China es el segundo país del mundo con más multimillonarios.

626 chinos tienen fortunas por encima de los US$1.000 millones, según la última lista compilada en abril de 2021 por la revista Forbes.

239 de esos multimillonarios accedieron al club de los más ricos en el último año.

Y solo Estados Unidos tiene una cantidad mayor de superricos: 724.

Pero el gigante asiático le gana en el ranking de empresas: 124 compañías chinas integran el listado de las 500 corporaciones más grandes del mundo, publicado en 2020 por la revista Fortune.

EE.UU., el subcampeón, tiene 121 empresas en el Fortune Global 500.

En términos de Producto Interno Bruto (PIB) la nación americana sigue siendo la principal economía del mundo, aunque si se mide en términos de paridad del poder adquisitivo, China es la nación más rica, según los datos de 2021 del Fondo Monetario Internacional (FMI).

También tiene el sector bancario más acaudalado y la entidad con mayores activos: el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC).

¿Cómo se explica, entonces, que el país comunista más grande del mundo tenga este nivel de riqueza y se encamine -según algunos analistas- a convertirse en la principal superpotencia económica del planeta?

"Socialismo con características chinas"

La respuesta está en los cambios que introdujo a partir de 1978 —dos años después de la muerte de Mao— Deng Xiaoping, quien impulsó un programa económico que se conoció como Reforma y Apertura.

Deng hizo todo lo contrario a lo que pregonaba Mao: liberalizó la economía, permitiendo el resurgimiento del sector privado y descentralizó el poder, dejando la toma de decisiones en manos de las autoridades locales.

Desmanteló progresivamente las comunas y les empezó a dar mayores libertades a los campesinos para que pudieran administrar las tierras que cultivaban y vender los productos que cosechaban.

También se abrió al exterior: viajó a EE.UU. y selló los lazos con Washington, tras el histórico primer paso que dio Richard Nixon al visitar China en los últimos años de Mao, en plena Guerra Fría.

Así, empezaron los contratos comerciales entre la República Popular China y Occidente, dando paso a la entrada en la economía del país asiático de inversiones extranjeras y multinacionales icónicas del capitalismo, como Coca-Cola, Boeing o McDonald's.

El modelo económico introducido por Deng, basado en una economía de mercado, se bautizó oficialmente "Socialismo con características chinas".

Fue una fórmula exitosa que permitió que la RPC empezara a crecer a niveles récord y sostenidamente, durante tres décadas.

Los líderes posteriores —Jiang Zemin, Hu Jintao y el actual mandatario, Xi Jinping— mantuvieron el modelo.

China se convirtió en el principal gigante comercial del globo, produciendo y exportando más que nadie.

Hoy el país asiático domina la fabricación de ropa, textiles y artefactos eléctricos.

Y varias empresas privadas chinas son líderes en el mercado tecnológico, como la fabricante de computadoras personales Lenovo y la plataforma de comercio online Alibaba.

También la empresa privada más grande de China, Huawei, es la líder en el desarrollo de tecnología 5G y una de las mayores fabricantes de teléfonos celulares del mundo.

Muchos de los multimillonarios chinos que integran la lista de Forbes son fundadores de estas y otras empresas privadas exitosas.

Con todo, cabe preguntarse: ¿podemos seguir llamando a China un país comunista?

Poder absoluto

Desde el punto de vista político, la respuesta es: definitivamente, sí.

Un siglo después de su creación, el PCCh sigue siendo la única fuerza política en China y gobierna de forma vertical y jerárquica, con dirigentes en cada ciudad y región del país.

La estructura del partido es piramidal y en su base hay más de 95 millones de miembros.

El presidente de China es elegido por la Asamblea Popular Nacional -el Parlamento-, que está controlado por el PCCh.

Y el partido controla a todos los altos funcionarios del gobierno, los líderes de las empresas estatales, las escuelas, los hospitales y los grupos sociales.

"El PCCh no es un partido político tal como entendemos este tipo de organización en una democracia multipartidista. Es un Partido-Estado", explicó en un reciente artículo en la revista Política Exterior Jean-Pierre Cabestan, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Baptista de Hong Kong y uno de los mayores expertos en China.

Este Partido-Estado presta mucha atención al control de su ideología: no existe la libertad de prensa y, con excepción de unos pocos medios escritos privados, el sector mediático está bajo control estatal.

Según el organismo de derechos humanos Human Rights Watch, el gobierno chino "mantiene un estricto control sobre internet, los medios masivos y la academia".

También "persigue a comunidades religiosas" y "detiene de forma arbitraria a los defensores de los derechos humanos".

Pero si se analiza al país desde una perspectiva económica, ahí la historia es otra.

"La pesada mano"

"Económicamente China hoy está más cerca del capitalismo que del comunismo", señala a BBC Mundo la analista internacional, experta en Asia, Kelsey Broderick.

"Es una sociedad de consumo, lo que es totalmente opuesto al comunismo", destaca.

Sin embargo, Broderick advierte que, aunque a primera vista la economía china parece completamente capitalista, "si remueves la primera capa, puedes sentir la pesada mano del partido".

La "mano invisible" del PCCh está en todos los aspectos de la economía.

Aunque las capas más bajas funcionan de manera más cercana al capitalismo, el control es definitivamente más visible en lo alto de la pirámide económica: el Estado determina, por ejemplo, el precio del yuan y quién puede comprar divisas.

Y es el que controla las empresas más grandes del país, que manejan los recursos naturales.

De hecho, 84 de las 124 empresas chinas en la lista Fortune Global 500 son compañías estatales, es decir, casi el 70%.

El PCCh también es oficialmente el dueño de toda la tierra en China, aunque en la práctica las personas pueden poseer propiedades privadas por un determinado número de años.

Y controla el sistema bancario, por lo que decide a quién se le otorga préstamos.

Incluso las empresas privadas chinas deben someterse a inspecciones estatales y tienen "comités partidarios que pueden influenciar la toma de decisiones", cuenta Broderick.

Esto último también ocurre con algunas firmas extranjeras, en el caso de que tengan tres o más miembros del PCCh empleados (una situación no poco común teniendo en cuenta los 92 millones de miembros).

Este borroso límite entre lo privado y lo estatal está detrás de la controversia que ha afectado en los últimos años a Huawei, luego de que EE.UU. acusara a la empresa privada más grande de China de ser un frente para el espionaje estatal (algo que la compañía niega).

"Capitalismo estatal"

Estos rasgos socialistas que aún persisten en el modelo económico chino, y que han llevado a que muchos analistas lo tilden de "capitalismo estatal", también han exacerbado la guerra comercial entre China y EE.UU.

Si bien el conflicto se centra en la balanza comercial, muy inclinada a favor de Pekín, Washington y otros socios comerciales de China reclaman por las enormes ayudas estatales que reciben las empresas privadas chinas, y que las ponen en ventaja con respecto a sus rivales internacionales.

"Las empresas privadas chinas tienen una doble ventaja: toman créditos de bancos públicos y reciben subsidios energéticos de las empresas estatales que controlan toda la producción de energía del país", señala el periodista y analista internacional Diego Laje.

Laje, quien fue presentador en la Televisión Central de China (CCTV) en Pekín y corresponsal para Asia de la cadena estadounidense CNN, considera que China "no se puede llamar capitalista porque no cumple con los requisitos y compromisos de la Organización Mundial del Comercio (OMC)", a la que se adhirió en 2001 y que aún no lo reconoce como "economía de mercado".

No obstante, el periodista destaca que "en el día a día la intervención del Estado no se siente, lo que da una sensación de libertad" que hace que en muchos sentidos la economía china opere como un sistema capitalista.

Xiao Lin coincide. La intérprete originaria del sureste de China, que emigró a Pekín para estudiar y trabajar, le contó a BBC Mundo que en su experiencia "China es cada vez más capitalista".

Donde ella más lo ve es en el mercado inmobiliario: "Las casas son cada vez más caras y solo los ricos pueden comprarlas. Los profesionales jóvenes como yo no podemos acceder a tener nuestra propia vivienda y dependemos de nuestros padres o abuelos", cuenta.

La inequidad es otra de las consecuencias que ha traído la liberalización de la economía.

La mayoría de los chinos dependen del sistema de salud público, pero los más ricos acuden a hospitales privados.

Se nota también en los servicios de salud: la mayoría de los chinos dependen del sistema público, muchas veces abarrotado, pero los más ricos acuden a hospitales privados.

La educación china también ha sufrido cambios. Sigue siendo estatal pero ya no es completamente gratuita. "Hay 9 años que son obligatorios y no se pagan. Pero para ir al secundario y la universidad hay que pagar", señala la joven.

Donde ella más siente la presencia del Estado en su vida es en términos de seguridad y libertad de expresión.

Lo primero lo festeja: "China es el país más seguro que hay, el gobierno garantiza nuestra seguridad". En cambio, lamenta las restricciones que enfrenta cuando quiere navegar en internet o usar redes sociales.

¿Contradicción?

A 100 años de su creación, ¿cómo explica el PCCh, que en el pasado persiguió a quienes creían en el "capitalismo", el éxito de su "capitalismo estatal" que ha llevado a China a convertirse en la segunda economía más grande del mundo?

Según Anthony Saich, director del Ash Center de la Universidad de Harvard y autor del libro From Rebel to Ruler: 100 Years of the Chinese Communist Party ("De rebelde a dirigente: 100 años del PCCh"), la dirigencia del partido simplemente cambió el relato.

"Los actuales líderes de China han reescrito la historia de una manera que borra este aspecto de la historia oficial", le dijo a BBC Mundo.

"Si bien admiten que Mao pudo haber cometido algunos errores, ignoran el ataque a los 'seguidores de la vía capitalista' y explican la Revolución Cultural como un experimento del cual el partido aprendió. Enfatizan que fue un ataque a la corrupción, al burocratismo, etc.".

Xi Jinping lidera el Estado, el PCCh y el Ejército -"la santísima trinidad comunista", afirma Laje- y muchos lo consideran el gobernante chino más poderoso desde Mao.

"Xi Jinping, en lugar de ver la era pos-1949 dividida en dos historias (una bajo Mao y otra bajo reformas) lo considera una línea ininterrumpida de experimentación que ha resultado en lo que el partido es hoy", señaló.

Saich, al igual que muchos otros expertos, resalta que, bajo Xi, China "se ha alejado de las influencias más liberales del mercado que se experimentaron anteriormente".

Por su parte, Laje observa que también se ha endurecido. "Están aumentando los niveles de represión y control y se ha perfeccionado la tecnología para que hoy China sea un Estado policial perfecto".

Para Broderick, el líder chino "está convencido de que la desintegración de la Unión Soviética se dio porque dejaron de lado sus raíces comunistas y no quiere que eso ocurra en su país".

En qué se diferencia el comunismo de China del que hubo en la Unión Soviética (y cuánto influyó en América Latina)

Sin embargo, consultado sobre si la China de Xi se está haciendo más capitalista o más comunista, Saich opina que ninguna de las dos opciones es acertada: "Es más estatista".

3 julio 2021

BBC News Mundo

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57689347

En el libro “Alex Saab, la verdad” publicado por el periodista investigador y director de Unívisión, Gerardo Reyes. me llamó la atención la gran cantidad de documentos que le sirvieron al autor para dar a conocer el intrincado camino de corruptelas que recorrió el empresario colombiano, desde una empresa de textiles, hasta alcanzar el rango de Super Ministro en el régimen chavista.

El tránsito por el camino del enriquecimiento ilícito, según el autor, “comienza con la protección que le brinda Piedad Córdoba, quien se encarga de promocionar la figura del empresario colombiano entre las figuras mas emblemáticas del régimen Tareck El Aissami y William Amaro secretario personal de Maduro. A partir de ese momento, comienza su meteórica carrera en los negocios fraudulentos de las Bolsa o Cajas CLAP y la construcción de viviendas en Venezuela y Colombia a través de una empresa llamada Fondo Global de Construcción que le generaron ganancias calculadas en miles de millones de dólares”.

Como era de esperarse, “el Superministro, no podía quedarse de brazos cruzados ante el floreciente negocio del narcotráfico y se asocia con un personaje de doble identidad que se presentaba como Álvaro Pulido, siendo su verdadero nombre Germán Enrique Rubio Salas, para su ingreso en la red internacional de cocaína que operaba en Alemania, Holanda, Polonia y Checoslovaquia”.

También, en el libro se describen las múltiples reuniones de la congresista Piedad Córdoba con Chávez y Maduro. En particular, la descripción de una de esas reuniones fue la que me motivó a escribir este artículo. Y es aquella, en la cual, “Maduro envió a Córdoba con sus escoltas a una consulta con “La Gran Yolba”, la espiritista oficial del régimen venezolano, quien vivía en La Pastora barrio caraqueño y oficialmente era la interlocutora del Libertador Simón Bolivar y del Comandante Eterno Hugo Chávez”.

Leyendo, estas páginas del libro, me detuve a pensar que los milicianos encargados de la custodia de ese santuario, viendo el cambio estructural del interlocutor espiritista, de pajarito a una gran mujer, comenzaran a llamarla entre ellos como “La Paloma de Nicolás”. Me imagino, que habría pensado Piedad cuando Maduro la citó para ver a su paloma. Supongo, que debe como mínimo, haberse sonrojado. Pero, a lo mejor pensó que era una equivocación de Maduro. Pero, cuando esté insistió en que se fuera a la cita con los escoltas, pensó que la cosa iba en serio y el planteamiento tenía otras implicaciones. Sin embargo, no se amilanó y decidió seguirle el juego.

Al llegar a la casa de La Gran Yolba, pienso Yo, que Piedad, debe haberle preguntado sobre el por qué la llamaban “Paloma” y seguro debe haber escuchado como respuesta: Es que el camarada Maduro sigue queriendo comunicarse con el Difunto Eterno a través del pajarito con el que tuvo el primer contacto. Pero, como ahora yo, La Gran Yolba, soy la única autorizada para hablar con el Difunto, y como su pajarito es muy pequeño, pasé a ser nombrada como “La Paloma de Nicolás”

Dejando mis especulaciones a un lado, volví al texto, y me consigo que el autor describe que en el encuentro, “Yolba encendió un tabaco y empezó a hablar con una voz diferente y dijo que era “El Libertador”. Luego, en la lectura de los caracoles vio y dijo que Piedad llegaría a la presidencia de Colombia”. Finalmente, invocando a Obbatalá, Shango, Yemayá, Oshún y Elegguá decapitaron a varias gallinas para beberse su sangre mezclada con ron y dio por terminada la sesión.

A partir de ese momento, señala Gerardo Reyes, “Piedad Córdoba se convirtió en la consentida del régimen y le daban lo que pidiera”....y pidió que jode para repartir la cochina con su protegido Alex Saab, gracias a la Paloma de Nicolás.

El 24 de junio de 2021 se conmemoró el bicentenario de la Batalla de Carabobo, lamentablemente el régimen desde sus inicios pretende convertir todo lo que significó la lucha de los venezolanos de la época por lograr la Independencia, en algo similar a lo que ellos han dado en llamar “la revolución del siglo 21”. En tal sentido lo primero que han hecho es convertir la figura del Libertador, modificando su rostro y tratando de ignorar el verdadero, tal como se refleja en numerosos retratos de él elaborados, entre otros el de José Gil de Castro, del cual Bolívar señaló que era el retrato suyo con la más grande exactitud y semejanza y que no se parece en lo más mínimo al que aparece ahora en murales por todo el país y hasta en el papel moneda cuyo valor tanto han depreciado.

Pero no sólo han depreciado a la moneda nuestra, han despreciado al pueblo a quien tanto adularon y por si fuera poco han sumido en el caos a todo el país. Venezuela que durante muchos años fue ejemplo para Latinoamérica de ser una nación de progreso y libertad, ahora la vemos convertida en una de las más pobres de la región, en la que una inmensa cantidad de sus habitantes se han visto obligados a emigrar en busca de un proyecto de vida que les permita subsistir con dignidad y en el que ellos y sus hijos puedan lograr lo que a ellos se les niega en la Venezuela actual.

Luego de una década en la que el régimen recibió ingresos inconmensurables que le hubieran permitido lograr un país del primer mundo en muchos aspectos, vale decir en educación, salud, infraestructura y buen manejo de esos recursos, prefirieron convertirlo en ejemplo de lo que no debe ser: corrupción, narcotráfico, complicidad con terroristas, arbitrariedad, estímulo a la delincuencia y persecución a quienes se oponen a tan oprobioso régimen.

Como señala la Conferencia Episcopal Venezolana “Hoy como es bien sabido, atravesamos por una profunda crisis que crea desconsuelo y desaliento. Se comprueba el gran deterioro de los servicios públicos…La paulatina implantación de un sistema totalitario como “Estado comunal” busca poner al margen el protagonismo del pueblo verdadero…Este 24 de junio pedimos que en todos los templos del país repiquen las campanas”.Y ese repique, digo yo, debe ser a rebato porque la situación del país es de una tragedia tal que requiere la presencia de todos para salvarlo y lograr su libertad.

Luego de año y medio de evolución de la pandemia, existe un gran consenso en considerar a América Latina como la región más afectada del mundo. Con 8% de la población, América Latina ha registrado el 20% de los casos y el 32% de las muertes a escala global. Al día de hoy, el 45% de las muertes diarias por covid-19 ocurren en la región.

Mientras solo dos países de la Unión Europea tienen una tasa de mortalidad diaria por covid-19 superior a una muerte por millón de habitantes, en América Latina 15 países (de 20) superan ese nivel. En los cinco países restantes hay varios con altos niveles de subregistro de mortalidad. Estos efectos tienden a aumentar porque las perspectivas de control de la pandemia en la región indican que no se producirá rápidamente.

Al ritmo de vacunación que se ha registrado en los últimos 15 días, solo tres países pueden alcanzar la cobertura meta en 2021 (Chile, Uruguay, y República Dominicana).

De mantener el ritmo actual, ocho países (Bolivia, Cuba, Colombia, México, Costa Rica, Perú, El Salvador, y Panamá) podrían alcanzar la cobertura meta en 2022. En el resto de los países (nueve) se alcanzaría en 2023 o después. Es decir, los efectos de la pandemia se podrían prolongar por al menos cuatro años.

A este inmenso impacto en términos de personas que han contraído la enfermedad, y han fallecido, se debe agregar el devastador efecto social y económico, expresado en el aumento de la pobreza, pérdida de días de actividad educativa y productiva, desempleo, e inestabilidad institucional.

En este contexto es conveniente analizar las posibles causas que han condicionado este bajo desempeño de la región para enfrentar la pandemia. Múltiples factores abarcan desde la capacidad de diseño e implementación de políticas públicas de los gobiernos, pasando por las restricciones económicas, y las debilidades estructurales de los mercados de trabajo. Pero es indudable que uno de los factores específicos es el desempeño de los sistemas de salud, tanto por su función directa en las políticas de control y tratamiento, como por las vinculaciones con las otras áreas de políticas públicas.

La pandemia ha demostrado en la práctica la importancia de la premisa básica para la organización de los sistemas de salud. Esto es, contar con los recursos y procesos para identificar riesgos individuales y colectivos.

El hecho de que la pandemia se exprese de manera diferente en áreas locales y en familias indica la importancia que tiene contar con una institucionalidad que sea capaz de discriminar estos riesgos y enfrentarlos. Como estos riesgos son individuales, la situación ideal es que todas las personas, sin excepción, tengan acceso a la protección financiera de salud y a los servicios que se requieren.

Para garantizar que cada persona esté cubierta, tanto en la protección financiera, como en los servicios, los sistemas de salud han evolucionado, en general, en dos modalidades. En la primera modalidad están los países que financian los servicios de salud con impuestos generales (el modelo inicialmente desarrollado en el Reino Unido y posteriormente seguido por Dinamarca, España, Portugal, Italia, entre otros). En la segunda modalidad están los países que financian los servicios de salud con contribuciones derivadas de la relación laboral (tanto de las empresas como de los trabajadores). Entre los países con esta modalidad se puede señalar a Alemania y Francia. En la gran mayoría de los países se ha optado por alguna de estas modalidades, sin prejuicio de las características específicas que han configurado.

En ambas modalidades el objetivo fundamental es facilitar que todas las familias tengan acceso a la protección financiera sin comprometer los ingresos regulares. Es por ello que dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030, se establece que todas las personas deberán tener protección financiera de salud, es decir, que ninguna familia deberá sufragar directamente gastos de salud superiores al 10% de los ingresos mensuales. Este gasto se denomina de bolsillo para expresar que proviene directamente de las familias. Cuando el gasto de bolsillo de las familias para salud supera el 10% del ingreso mensual se denomina gasto catastrófico para indicar justamente el impacto negativo que tiene en el bienestar. En otras palabras, en 2030 ninguna persona del planeta deberá estar en situación de gasto catastrófico en salud.

Lamentablemente, en América Latina las mediciones del gasto catastrófico, para las cuales se requieren encuestas por muestreo, no son regulares. Por lo tanto, se debe acudir a mediciones indirectas de la protección financiera. Una de ellas es el porcentaje de gasto de bolsillo que se dedica en los países para financiar los gastos totales en salud. A mayor porcentaje de gasto de bolsillo es posible inferir que existe mayor proporción de población sin acceso a protección financiera. La base de datos de la OMS sobre gasto en salud (Global Health Expenditure Database) permite comparar los países en este aspecto. Los últimos datos disponibles corresponden al año 2018.

De acuerdo con estos datos, solo tres países de América Latina tenían en 2018 menos de 20% de gasto de bolsillo con respecto al total de gastos de salud (Cuba, Colombia, y Uruguay). Esto contrasta con la Unión Europea en la cual la mayoría de los países (15) tenían menos de 20% de gasto de bolsillo.

El porcentaje promedio de gasto de bolsillo en los países de América Latina era 32,9, mientras en la Unión Europea era 21,7. Entre 2000 y 2018, el promedio de gasto de bolsillo en los países de América Latina solo se ha reducido en 7% y solamente un país ha pasado al grupo con menos de 20% de gasto de bolsillo (Uruguay). La magnitud del gasto de bolsillo superaba en 2018 el 35% en ocho países de América Latina (Venezuela, Ecuador, México, Haití, República Dominicana, Paraguay, Honduras, y Guatemala). En los dos últimos países el gasto de bolsillo es superior al 50% del gasto total en salud.

El gran porcentaje del gasto de bolsillo en los países de América Latina expresa en la práctica que la protección de la salud es una situación individual, no colectiva. Esto es, que cada persona y familia debe velar por su propia protección financiera. Por supuesto esto contradice todos los principios, no solo en la garantía de la protección sino en las premisas de salud pública, por cuanto los riesgos son mayores justamente en las personas con menor protección financiera. Esta es la razón por la cual la gran proporción de personas que laboran en el mercado informal en la región no están protegidas tampoco. De allí que al riesgo a la salud, especialmente en situaciones como la pandemia, estas personas deben agregar la necesidad de salir de las viviendas para conseguir el sustento diario. Ambos riesgos se potencian y explican la inefectividad de los confinamientos y la prolongación de la pandemia en la región.

No solo la protección financiera es clave para incorporar a las personas al sistema de salud, también es fundamental para permitir al sistema de salud la vinculación directa con los servicios. Esta es la razón que puede explicar las dificultades de los sistemas de salud de la región para la detección de casos cuando no se tiene información sobre las familias, y para vacunar con rapidez a la alta cantidad de personas que lo requieren.

La pandemia ha dejado en evidencia que la protección financiera de la salud en la región requiere una transformación significativa.

De sistemas en los cuales no se puede identificar riesgos individuales, familiares y colectivos, se debe pasar a sistemas de amplia incorporación y seguimiento. Y eso supone modificar los criterios de financiamiento y de organización de los servicios de salud. Es bastante claro, por los efectos que ha tenido la pandemia, que muchos países de la región deben considerar en profundidad la modalidad de financiamiento a predominio fiscal con el objeto de incorporar toda la población a los beneficios de un sistema de salud inclusivo.

marinojgonzalez@gmail.com

Marino J. González es PhD en Políticas Públicas, profesor en la USB. Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Nacional de Medicina.

Aunque la negociación no ha sido el signo de los gobiernos Chávez-Maduro, cabe visualizar un Escenario de Negociación, como está planteado, en la medida que se cumplan dos condiciones: Que la oposición sea fuerte porque tenga algo que el gobierno no tiene y necesita; por ejemplo, la paz interna o flexibilizar las sanciones; o porque tenga la capacidad de castigar al gobierno por sus faltas y errores mediante protestas. En segundo lugar, la oposición y sus aliados necesitan dejar abierta una puerta que le permita al oficialismo cambiar sus políticas represivas y ruinosas o salir del gobierno sin mayores penas. De lo contario, no cambia sus políticas ni sale del gobierno. Sobre estas dos opciones cabe destacar que entre los desafectos al gobierno hay dos posiciones: Para unos no habrá cambio de políticas ni resultados si no cambia el gobierno; mientras que, para otros, cabe que el gobierno cambie sus políticas para recuperar el nivel de vida, sea quien sea quien gobierne. Esta diferencia debilita a la oposición.

No basta que el descontento de la población supere el 85% en varios indicadores. Esto es sólo el telón de fondo, pero una masa desorganizada no tiene la capacidad de cumplir con las dos condiciones anteriores para inducir una negociación a favor de un cambio de políticas o de gobierno; como lo atestiguan los casi 20 años de descontento y de protestas sin solución. Las protestas sociales, espontáneas, muy numerosas, pero aisladas, momentáneas y no sostenidas no suplen a las protestas políticas, organizadas por los partidos, menos numerosas pero coincidentes en varias ciudades, por la misma causa y duraderas en el tiempo que han desestabilizado al gobierno.

Recientemente Juan Guaidó señaló que era necesario acompañar la tramitación del Acuerdo de Salvación Nacional que está promoviendo con la protesta de calle. Tiene razón. Pero, por ahora, la protesta se diluyó en apatía, sobrevivencia individual cotidiana y emigración. La capacidad de castigo de la oposición no dependa de sí misma sino de las sanciones impuestas por países extranjeros.

Afortunadamente para los intereses de la oposición, la crisis económica creada por las pésimas políticas económicas oficiales es tan grave que el gobierno necesita flexibilizar o evadir las sanciones para poder rescatar la calidad de vida de la ciudadanía y algunos representantes de la oposición que se encuentran en buenos términos con los gobiernos de los países sancionadores pueden intermediar en la tramitación de esa flexibilización. De allí la misión dirigida por Gerardo Blyde que está por reunirse con los representantes de esos gobiernos haya declarado que las sanciones están incluidas en su agenda.

Pero, ¿flexibilizar sanciones a cambio de qué?

En las negociaciones en curso, los puntos en que ha cedido el gobierno son aquellos en los que tiene necesidades o tiene un Plan B. El gobierno aceptó el Programa de Alimentos “cediendo” que la coordinación fuese compartida con la ONU; que el programa de vacunación fuese coordinado con la COVAX; le dieron casa por cárcel a los ex directivos de CITGO que estaban presos; y aceptó cambiar los Rectores del CNE. En algunos de estos casos sólo ha cedido en aspectos que nunca han debido ser condición; por ejemplo, no tiene sentido que el gobierno haya querido que le dieran los alimentos y las vacunas y administrarlos sin la participación de los donantes. En el único tema en que puede parecer que ha cedido algo es en el cambio de los Rectores. Sin embargo, el ceder en este aspecto puede ser una posición táctica, momentánea, y no estratégica porque las discusiones en marcha en la Asamblea Nacional sobre las Leyes del Poder Comunal (inconstitucional) apuntan a que las gobernaciones y alcaldías serían vaciadas de funciones y presupuestos que pasarían a las Ciudades Comunales y las autoridades de estas ciudades serían electas por un sistema de elección (inconstitucional) indirecta, a mano alzada y vigiladas. Entonces, la misión de Blyde no sólo necesita atender el punto de la flexibilización de las sanciones sino también a cambio de qué se flexibilizarían. Es más, es posible que el oficialismo manifieste que busca negociar la flexibilización de las sanciones pero que, en realidad, su objetivo sea seguir consiguiendo arreglos con sus aliados geopolíticos internacionales para evadirlas, como está ocurriendo.

@joseagilyepes

Una mirada a las recientes encuestas de opinión del país – Datanálisis y Varianzas- evidencia la profunda transformación que ha ocurrido dentro de nuestra sociedad.

Los números dan cuenta de una situación que se caracteriza por el peor momento de penuria económica que afecta transversalmente a todos los segmentos sociales. 91% de los venezolanos ve la situación del país como mala o muy mala y dos tercios de nuestros compatriotas le atribuyen al costo de la vida y al mal manejo de la economía su crítica situación.

Al mismo tiempo, paradójicamente se ha estado configurando una desconexión generalizada del país entero de la suerte que nos deparan los meses que vienen. Prevalece la inercia y la resignación frente a un destino que casi todos ven como ineluctable. Como si el desmadre, las carencias y las estrecheces de cada familia nada tuvieran que ver con la conducción del país. Menos de la mitad de la población muestra interés por pronunciarse con un voto en las elecciones regionales de noviembre.

La ciudadanía se está deliberadamente colocando al margen de lo público, de lo gubernamental, de las acciones tanto del régimen de oprobio como de la oposición blandengue por cansancio, por agotamiento, por la imperiosa necesidad de dedicar lo mejor del tiempo de cada quien a fraguarse un ingreso mínimo vital, un espacio de supervivencia que cada día se vuelve más exiguo y por tanto más limitante .

Una especia de inercia maluca se ha apoderado de los individuos que hoy no pueden más que prestarle atención a sobrevivir. Una bien armada estrategia de esclavización del colectivo ha conseguido surtir el efecto esperado: cuánto mayor la pobreza, más efectiva la mordaza que representan los programas de dádivas sociales, los que ni quitan el hambre ni resuelven las carencias pero que esperanzan al receptor en cuanto a su próxima entrega. Ello unido a la represión consigue inmovilizar a las masas y ponerle sordina al descontento.

Ni las tesis del gobierno ni las de la oposición movilizan hoy a la ciudadanía porque ni los adeptos de unos ni los seguidores de los otros encuentran un asidero para justificar entusiasmo frente a la intervención de un cambio en el pavoroso estado de las cosas. Las toldas que adversan al régimen le han fallado al país tanto como las promesas del chavismo. A la gestión catastrófica del gobierno reconocida por los venezolanos – Maduro alcanza apenas a conseguir 11% de simpatizantes- viene a sumarse la desilusión por los objetivos no alcanzados por los líderes de los movimientos prodemocráticos -apenas de 1 de cada cinco le apuestan a la oposición.

¿Cómo hacer para mirar el futuro con espíritu y actitud constructiva cuando es necesario moverse dentro de un ambiente donde lo que reina es el desapego? Es preciso, antes que nada, despertar en el ciudadano de la calle el ánimo de recomponer las cosas y terminar con el estado de sumisión que aletarga a la ciudadanía. No vale solo que los eventuales candidatos opositores hagan causa solidaria e irreductible para enfrentar al poder aplastante del régimen. Sin duda que ello es una condición imperativa de cualquier negociación que pueda emprenderse de la mano de actores internacionales. Pero más decisivo es concitar al conglomerado de individuos inquietos y descontentos a acciones proactivas que sean demostrativas de la fortaleza de la determinación al cambio. No en balde, 68,8 % de nuestros compatriotas consideran que Maduro debe irse este año de 2021.

La antesala de una lucha electoral es propicia para reposicionar el tema del caótico rumbo económico e institucional que debe lleva el país. La apertura de un procedimiento de referendo revocatorio del mandato presidencial a Nicolás Maduro Moros que ya se encuentra en desarrollo también debe contribuir a crear un ambiente que canalice los descontentos. Tomemos en cuenta que en los estratos C y D más del 80% de sus componentes avalúan como negativa la gestión del mandatario. Las mismas elecciones primarias dentro del PSUV pueden ser útiles para hacer aflorar en las filas oficiales y para ponerle volumen a las múltiples inconformidades que se manifiestan en torno al manejo económico del país y, particularmente, en lo relativo al trato de la pandemia que sigue azotándonos a pesar de que el mundo ya se ordena en torno a una recuperación.

En síntesis, una negociación con el gobierno desde una posición de debilidad del liderazgo y de atonía política del conglomerado no conduce a otra cosa que no sea la permanencia del régimen.

La hora es nona.

Circula un modelo de contratación colectiva (IV-CCU) destinada a liquidar a las universidades. No fue suficiente ahogarlas económicamente, ni propiciar la fuga de talento o por parsimonia en la vacunación acabar con la vida universitaria y reducir la matrícula. Ahora el odio hacia el talento, la investigación y la formación de recursos humanos propicia un nuevo instrumento que, entre otros dislates, pretende (Cláusula 51) que el 75% de los trabajadores universitarios, profesores, empleados y obreros, sean designados por el sindicato oficialista, el único que participa, es decir por un partido político.

Con dolor y desazón, esto me ha hecho pensar en aquellos años cuando el poder nazi penetró y controló a las universidades alemanas, persiguiendo a los profesores, liberales, judíos, marxistas o aquellos simplemente en desacuerdo con las ideas de Hitler. No más concursos de oposición, ni estudios de postgrado o cualquier cosa que tenga aroma a meritocracia y libertad de opinión, que es la esencia de la universidad. Fuera la libertad de cátedra, ahora 7 de cada 10 profesores e investigadores serán seleccionados por un sindicato en una brutal expresión del populismo y del clientelismo político. Tanto es así, que se pretende crear un “Consejo de Participación Protagónica de los Trabajadores y Trabajadoras en el modelo de gestión socialista universitaria”.

Pero eso no es todo, el documento también pretende la creación, en el seno de una institución que debe ser laica y civil, de una fuerza militar supuestamente dirigida a defender a la patria. Imaginen apreciados lectores, a estudiantes y profesores con un uniforme similar al de los milicianos, alineados y luego entrando a las aulas a paso redoblado y probablemente cantando un himno evocador de la revolución bolivariana ya que la cláusula 10 establece, aunque parezca increíble cosas como “la creación y consolidación de cuerpos de combatientes…asimilados como ejército universitario con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”…”y la infraestructura física y tecnológica serán puestas a la disposición del Consejo Nacional Universitario de Defensa de la Patria a ser creado como órgano de control...”

No creo que este desafuero pudiera haber pasado por la mente de Bolívar y de José María Vargas cuando redactaron los estatutos republicanos de la Universidad Central de Venezuela y mucho menos en la de los redactores de la Ley de Universidades de 1958.

Un contrato colectivo no sólo violador del artículo 109 de la Constitución, sino también de los valores y los derechos fundamentales que además pretende lanzar a la basura 300 años de tradición. Me resulta muy difícil creer que esta bizarra idea sea compartida por los profesores universitarios que abrazaron la ideología del proyecto bolivariano y ocuparon cargos ministeriales. Confío que no desearán ser juzgados por la historia.

Si esta contratación colectiva se ejecuta, ningún título universitario venezolano tendrá valor ante el mundo occidental, nuestras casas de estudio serán clasificadas entre las peores del mundo, ningún profesor podrá portar con orgullo el haber ingresado por méritos y gracias a ellos, a forjar nuevos profesionales o aumentar el acervo de conocimientos del país.

Egresados, profesores, empleados y obreros universitarios deben elevar su voz de protesta y rechazo a esta contratación colectiva.