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Opinión

Grupo Orinoco

INTRODUCCIÓN

El Grupo Orinoco de Energía y Ambiente (GO) ha sido promotor desde su creación, en el 2012, de la idea de que Venezuela debía prepararse activamente para dejar de ser una economía petrolera. Múltiples razones se han expuesto al respecto: la conveniencia de diversificar nuestra economía para dejar de depender de un solo producto sujeto a la volatilidad de los precios de los hidrocarburos; la demostración de que el modelo de economía petrolera estaba agotado para continuar dinamizando el crecimiento económico de Venezuela; la necesidad de generar mayor cantidad de empleos para una población rápidamente creciente, y, más recientemente, la constatación de que el mundo se encuentra en una transición energética orientada a depender cada vez más de fuentes renovables de energía.

Entre nuestros compañeros del GO, el académico César Quintini Rosales ha sido un ferviente promotor del enfoque antes esbozado. Ha hecho mucho énfasis sobre la necesidad de establecer nuevas empresas productivas susceptibles de generar mayor número de empleos, independientes de las actividades extractivas de hidrocarburos y capaces de incrementar el ingreso de divisas.

Con ello en mente, propuso dentro del GO un proyecto dirigido a estimular la formulación de ideas sobre iniciativas productivas que pudiesen satisfacer los objetivos anteriores. Con el respaldo de la Fundación Konrad Adenauer se abrió un concurso interno con tal sentido y se seleccionó un número de propuestas para ser desarrolladas.

En esta publicación se recogen las 10 ideas que resultaron favorecidas. Constituyen la conceptualización de otros tantos proyectos productivos capaces en diferente medida de contribuir al objetivo de diversificar nuestra economía, aportando nuevas oportunidades de empleo y el aumento de nuestras exportaciones. Se ha considerado conveniente su divulgación en el empeño de estimular la ejecución de este tipo de ejercicios, contribuyendo así a la conformación de una corriente de pensamiento y enfoque acorde con las transformaciones que se consideran apropiadas para el desarrollo sostenible futuro de Venezuela.

La publicación contiene, en primer lugar, un trabajo del ingeniero Eduardo Buroz sobre el desarrollo de una aproximación metodológica para generar propuestas de actividades productivas no rentistas, catalogarlas y jerarquizarlas, en lo que denomina la fase 1. En una segunda fase, desarrolla, con mayor grado de detalle, una de las actividades clasificadas como prioritarias en la primera fase. Se trata de la Agroforestería, acerca de la cual se exponen sus potencialidades en Venezuela, apreciación del mercado, generación de empleo, inversión requerida y posibles fuentes de financiamiento, entre otros aspectos principales.

Un segundo trabajo fue preparado por e ingeniero Aníbal Rosales sobre el desarrollo de la producción de uvas y vinos de exportación en la región de Altagracia, Carora, estado Lara. Se trata de promover en un período de más o menos 15 años el desarrollo de una industria vitivinícola en la región de Carora, a través del establecimiento de unas 15 empresas emprendedoras, con propósitos de producción de vinos de calidad para la exportación, que puedan competir en el mercado internacional y que aprovechen la experiencia acumulada por las Bodegas Pomar de las Empresas Polar.

En la siguiente idea expuesta, la socióloga María Teresa Buroz hace una estimación preliminar del potencial económico de Venezuela bajo una economía verde y plantea los campos que considera relevantes: el sector recursos naturales, con seis rubros específicos; el sector de economía de conocimiento y servicios asociados; el potencial económico de Venezuela bajo la economía verde; las posibles fuentes de financiamiento; y los principales logros tempranos que pueden esperarse.

Un cuarto trabajo elaborado por la ingeniera Debbie Méndez de Carrera, con la colaboración del economista Julio Quintini, expone una metodología simple para el cultivo agrícola urbano en los edificios, utilizando espacios sin uso, con la finalidad de generar huertos comunitarios de producción y distribución de alimentos sanos y organizar un centro de reciclaje de residuos sólidos biodegradables.

En un quinto trabajo, el ingeniero Jesús Gómez expone el diseño de una planta solar fotovoltaica de 100 MW conectada a la red. Se presenta el potencial solar venezolano para emplazar este tipo de plantas y se propone específicamente su localización en un sitio al norte de Valle de la Pascua, en el estado Guárico. Además, se estima su costo, empleo generado, tiempo de ejecución, disminución de emisiones de CO2 y ahorro de divisas, entre otras características.

En el sexto lugar de ideas, el ingeniero Julio González Aguirre aborda el tema de las llamadas empresas B, a partir de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Se definen las empresas B como un tipo de ente que utiliza el poder del mercado para dar soluciones concretas a problemas sociales y ambientales, privilegiando en este caso la generación de empleo estable y de calidad. Se exponen ejemplos de políticas públicas o iniciativas orientadas a promover la creación de empresas con estos objetivos. Pasando además a considerar un modelo de negocios que integra sus beneficios financieros, con el impacto en la sociedad y en el medio ambiente de un modo medible, verificable y escalable.

Luego, en un séptimo capítulo, el ingeniero Pedro García Montero aborda el aprovechamiento agrícola sustentable de las tierras lacustres de la región hidrográfica del lago de Valencia. Su propósito es proponer la reincorporación de tierras de alta potencialidad agrícola en la depresión de la cuenca del lago al pro

En el octavo capítulo, la comunicadora social Ángela Incerti y el especialista en ciencias políticas Nicolás Rubio Borrero, tratan la promoción de empresas de outsourcing o de exteriorización, o tercerizadas, como también se les denomina, dedicadas principalmente a adelantar procesos de negocios (Business Process Outsourcing, BPO), procesos de conocimiento (Knowledge Process Outsourcing, KPO) o de servicios de tecnología de la información (Information Technology Outsourcing, ITO). Se plantea que para la reconstrucción de la economía venezolana este tipo de empresas puede ofrecer buenas oportunidades que permitan incrementar el empleo formal y la exportación de servicios. Se exponen los éxitos alcanzados por Colombia en su política de favorecer estos emprendimientos.

En el noveno lugar, la ingeniera Laila Iskandar propone el desarrollo del cultivo de café de alta calidad, bajo sombra, en la Zona Protectora del Área Metropolitana de Caracas, con beneficios en cuanto a productividad y constituir sistemas conservacionistas de los suelos, el agua y la diversidad biológica. En el plano productivo, se busca crear una ventaja competitiva, al considerar como objetivo un café de alta calidad, certificado en mercados internacionales, donde la demanda de café gourmet sigue aumentando, alcanzando un precio mucho mayor al del café convencional.

Para cerrar el conjunto de ideas sobre proyectos que estimulen la generación de empleos e incrementen el ingreso de divisas, en el capítulo décimo, el ingeniero Juan Andara presenta sus ideas sobre un proyecto de desarrollo forestal sostenible, como elemento importante para la diversificación económica. Destaca su triple beneficio, en cuanto al alto potencial económico, significativo impacto social a través de generación de empleo y beneficios ambientales indiscutibles.

El Grupo Orinoco al auspiciar este tipo de iniciativas, que no llegan a constituir propiamente proyectos, pero sí sus indiscutibles semillas, desea ser consecuente con su enfoque de desarrollo sostenible del país, que tiene entre sus objetivos prioritarios la diversificación económica, la lucha contra la pobreza y la elevación de la calidad de vida de la gente. La Venezuela post petrolera próspera que soñamos será aquella donde florezcan miles de proyectos con un perfil similar a los que aquí se muestran.

Arnoldo José Gabaldón

Coordinador del Grupo Orinoco

Ver texto completo en el anexo

 5 min


​José E. Rodríguez Rojas

Las políticas del “socialismo del siglo XXI” instrumentadas por Chávez, destruyeron las bases del progreso económico del país. Su continuación por el régimen de Maduro ha provocado un colapso de la economía venezolana. La producción de bienes y servicios (PIB) de este año equivale a una quinta parte de la generada en el año 2013, y nos ubica entre los países más pobres de la región, como Bolivia y Haití.

En un escrito previo expusimos las tesis de Dani Rodrik quien señala que la iniciativa privada es la clave del progreso económico. Los sistemas de mercados son los que mejor canalizan las iniciativas individuales hacia el progreso material de la sociedad. Sin embargo el sistema de mercados requiere un entorno de estabilidad macroeconómica (control de la inflación), respeto a los derechos de propiedad y seguridad personal. Las instituciones públicas son las que proveen este entorno para que los sistemas de mercado funcionen y los emprendedores privados se sientan motivados a invertir. Esta es la experiencia de los países industrializados más avanzados, incluido China (1).

En el escrito mencionado argumentamos que el “socialismo del siglo XXI” implicó, a diferencia del socialismo chino, la creación de un marco institucional hostil a la iniciativa privada, en un contexto de derroche, corrupción e ineficiencia sin parangón, lo que destruyó los fundamentos del progreso económico del país. Esto no tuvo mayores consecuencias durante el régimen de Chávez, debido a los altos precios del petróleo y el elevado ingreso de divisas que permitió incrementar las importaciones e instrumentar programas de subsidio al consumo, lo que compensó el efecto de las presiones inflacionarias en los sectores de más bajos ingresos.

Sin embargo una vez que los precios del petróleo colapsaron, después del 2014, afloró en toda su crudeza el descalabro que había sufrido la iniciativa privada. En ese momento ha debido producirse un cambio de rumbo. Rodrigo Cabezas, Ministro de Economía de Chávez, consciente de los desequilibrios que se habían generado, planteó la conveniencia de una rectificación de la política económica. Esto lo hizo en una comunicación a Nicolás Maduro en el 2015 y luego en una reunión con la directiva del partido de gobierno (PSUV) en el año 2016. Señala Cabezas, en una entrevista en el diario El País en el año 2018, que lo que recibió como respuesta fueron descalificaciones e improperios por parte de los dirigentes del PSUV. A pesar de las advertencias el régimen de Maduro prolongó las desacertadas políticas del “socialismo del siglo XXI”, lo que profundizó la destrucción de la actividad productiva. El mismo Cabezas expone, en el año 2019, el dramático deterioro de la infraestructura productiva y los traumáticos efectos de la inflación sobre la capacidad de compra de la población: “estamos en el colapso económico, hay un crack económico en Venezuela, haber perdido casi dos tercios de la economía en seis años, una economía de 320 mil millones de dólares que fue el último año del presidente Chávez en el 2012…y ver reducido eso a 120 mil millones de dólares que es el actual tamaño de la economía, es un crack económico increíble para un país petrolero como nosotros”(2). Estas cifras señaladas por Cabezas parecen provenir de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que presenta estadísticas similares en su base de datos. Según los datos de la CEPAL, Venezuela, que era la cuarta economía de América Latina con un tamaño similar al de Colombia, pasó al octavo puesto en el 2019, mientras nuestro vecino país se ubicó como la quinta economía de nuestra región.

La contracción de la actividad económica se profundizó este año, a pesar de que el régimen ha modificado algunos aspectos del “socialismo del siglo XXI”. En un reportaje en el periódico Tal Cual, Ahiana Figueroa entrevista a dos economistas que ofrecen luces adicionales al respecto (3). Según el reportaje, el tamaño de la economía venezolana se ubicaría actualmente entre 48.610 millones y 60.000 millones de dólares, lo que representa menos de la mitad del tamaño que tenía en el año 2019 y la quinta parte del PIB generado en el año 2013, cuando Maduro inició su gestión.

La contracción del tamaño de la economía per se no refleja totalmente la tragedia de nuestro país, tenemos que tener en cuenta la dimensión de la población; cuando lo hacemos obtenemos el PIB por habitante que refleja nuestra capacidad de generación de riqueza per cápita. El PIB por habitante de Venezuela representó, para el 2019, la mitad del promedio de América Latina, si bien en el 2013 lo superaba, ubicándose a la cola de los llamados países bolivarianos que integraban el ALBA y por debajo de Cuba (según datos de la CEPAL). Si asumimos para el 2020 un PIB de 60 mil millones, ello representaría un PIB por habitante de 2.100 dólares, lo que nos ubicaría con un per cápita similar al de Bolivia, uno de los países más pobres de la región. Esta idea es confirmada por el economista y director de la empresa consultora Econométrica Francisco Ibarra, quien plantea, en el reportaje de Figueroa, que “una economía de 60.000 millones de dólares nos ubica como los países más pobres del hemisferio, quizás al lado de Haití y del noreste de Brasil, que es una zona muy pobre”.

(1) Rodríguez R, J.E. 2020. La clave del progreso económico. Dígalo Ahí. número 2, noviembre 7.

(3)Los Andes. 2019. Rodrigo Cabezas: Estamos en el colapso, hay un crack económico en Venezuela. 16 de mayo.

(3)Figueroa, A. 2020. Venezuela cayó estrepitosamente en un agujero de pobreza. Tal Cual. 16 de noviembre.

Profesor UCV

 4 min


Mariza Bafile

La democracia peruana languidece. Su enfermedad comenzó en los años ’90 del siglo pasado. Años oscuros que no conocieron de justicia ni de honestidad. El dictador Alberto Fujimori y su mano derecha Vladimiro Montesinos, implementaron un régimen basado en la corrupción y en la amenaza. Destruyeron desde dentro toda regla democrática. Tras su miserable salida de escena, el legado quedó en manos de sus simpatizantes y de los hijos de Fujimori.

A lo largo de los años el cáncer inoculado por el fujimorismo ha hecho metástasis. Ética y responsabilidad se han ido diluyendo entre olas de corrupción que han invadido cada partido y cada espacio institucional. En particular el Congreso, símbolo de las democracias, transformado en un mercado de influencias y de poder.

De poco sirvieron los esfuerzos realizados por algunos magistrados de intachable honestidad, y las denuncias repetidas de una prensa que no se deja comprar. La “primavera” peruana durante la cual pareció posible reconstruir un país curando las heridas del pasado y transformándolas en oportunidades para el futuro, fue tristemente breve.

La mayoría de los políticos no cambió su modus vivendi y el escándalo Lava Jato destapó una cloaca de corrupción que parecía sin fondo y que involucraba a congresistas de todos los partidos y movimientos.

Se abrió una vorágine que, en un primer momento, pareció engullir lo peor de la corrupción y una vez más afloró la esperanza de una nueva clase política más honesta. La realidad ha resultado muy diferente y los escándalos y acusaciones de corrupción han erosionado todavía más la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo. Las tensiones, derivadas en una verdadera guerra sin exclusiones de golpes, han generado un terremoto que comportó la destitución de cuatro Presidentes en cuatro años, tres de ellos en poco más de una semana.

El primer Presidente en dimitir fue Pedro Pablo Kuczynski, envuelto en acusaciones de corrupción, en 2018. Le sucedió Martín Vizcarra, un Jefe de Estado quien no contaba con apoyos en el Congreso y además tenía que lidiar con la oposición dura de los fujimoristas. Los congresistas de esa bancada no perdonaron a Vizcarra la aparente apertura hacia ellos, anterior a su elección, y luego su posterior oposición a la liberación de Alberto Fujimori y de su hija Keiko. El primero está acusado de crímenes contra la humanidad y la segunda de lavado de dinero durante la campaña presidencial de 2011. Según la Fiscalía habría recibido un millón de dólares de la constructora Odebrecht.

Sin embargo, los fujimoristas no son los únicos en luchar por intereses propios. Prácticamente todos los congresistas siguen aferrados a sus intereses económicos y políticos y son reacios a perder su cuota de poder.

Cuando finalmente lograron destituir a Vizcarra, tras acusarle de supuestos sobornos mientras era gobernador de Moquenga, en el sur del país, y entronizar al Presidente del Congreso Manuel Merino pensaron que habían sometido definitivamente al poder ejecutivo y que estarían libres de legislar sin frenos según sus intereses.

No contaron con la reacción de la población y sobre todo de los jóvenes.

La indignación explotó y llenó las plazas. Fue la reacción desesperada de una población agobiada tras meses de acusaciones de corrupción, de crisis económica con consecuente deterioro del sector de las pequeñas y medianas empresas, de un constante aumento del desempleo y del trabajo informal, y, sobre todo, tras la expansión del Covid-19 que ha contagiado a casi 950mil personas y ocasionado la muerte de más de 35mil. Crear una crisis política en un momento en el cual la población necesita un guía serio, coherente y confiable fue un error imperdonable.

Millones de personas se han volcado a las calles en manifestaciones pacíficas a lo largo y ancho del país. Los jóvenes tomaron la batuta y mostraron una gran capacidad de organización.

Frente a una participación tan oceánica como inesperada, el neo Presidente, presa del pánico, reaccionó de manera brutal. La policía con un despliegue de fuerza tan excesivo como inútil reprimió las protestas con violencia. El saldo fue de dos jóvenes asesinados, más de cien heridos y varios desaparecidos.

La indignación, lejos de disminuir, siguió creciendo, la población no se alejó de las calles y finalmente logró que Manuel Merino dimitiera al igual que varios otros parlamentarios.

Una afanosa negociación siguió día y noche para evitar el peligroso vacío de poder que había dejado la salida de Merino.

Finalmente se llegó a un acuerdo y asumió la presidencia Francisco Sagasti, ingeniero y profesor universitario. Sagasti había estado alejado de la vida política, hasta las últimas elecciones durante las cuales aceptó presentar su candidatura como vicepresidente al lado del economista Julio Guzmán, leader de Morado un partido de centro, quien corría para la Presidencia.

Las elecciones de Sagasti antes a la Presidencia del Congreso y luego a la Presidencia del país, y la de Mirtha Vázquez, del Frente Amplio, a la Vicepresidencia, han devuelto la calma a Perú y evitado la destrucción total de la democracia.

Ahora Sagasti deberá dirigir el país hasta las próximas elecciones de abril. No serán meses fáciles. Y no lo serán para ningún Presidente si no cambiarán las reglas ocultas que mueven el poder en Perú.

@MBAFILE

23 de noviembre 2020

ViceVersa

https://www.viceversa-mag.com/la-lenta-agonia-de-la-democracia-en-peru/?...

 4 min


Analítica.com

Editorial

A los venezolanos se nos está pidiendo participar en dos eventos electorales que tendrán lugar en la primera quincena del mes de diciembre. La primera convocatoria, cargada de ventajismo, la hace el régimen para unas elecciones Parlamentarias el día 6 de diciembre. La segunda convocatoria la hace la Asamblea Nacional con el objeto de consultar al soberano sus verdaderos deseos ante la grave situación que confronta Venezuela. Esta Consulta Popular tendrá lugar entre el 6 y el 12 de diciembre.

La deslegitimación del régimen es hoy en día claramente percibida por la comunidad internacional. Por eso están desesperados por elegir una nueva Asamblea Nacional y a la vez terminar con la presidencia interina de Guaidó reconocida por unos 60 países. El problema es que, como se saben minoría, no quieren correr riesgos. Por ello en lugar de permitir que la Asamblea Nacional designe a los rectores del CNE, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros como lo exige la Constitución en su Art. 296, optaron por poner en manos de un TSJ teñido de ilegitimidad, la elección de los rectores del CNE.

El CNE es el árbitro en los procesos electorales y, para garantizar su imparcialidad, la Constitución establece una serie de complejos mecanismos de selección que se saltaron a la torera. En el argot deportivo se diría que el “árbitro” está comprado.

Con ese as bajo la manga, el régimen pretendió lavarse la cara invitando a la Unión Europea a enviar observadores.

Como era de esperar, la Unión Europea rechazó la invitación al no estar dadas las condiciones para garantizar un proceso electoral limpio y transparente. No participa la Unión Europea, a menos que haya podido estar presente con 6 meses de anticipación para verificar la organización del proceso en todas sus etapas.

Al no haber un árbitro electoral independiente y no contar con una observación internacional imparcial, si de algo podemos estar seguros es de que en esas elecciones del 6 de diciembre el régimen decidirá por nosotros quienes serán los integrantes de esa Asamblea Nacional que nacerá de un fangal de ilegitimidades.

Ya 27 partidos venezolanos han manifestado su rechazo; y, a nivel internacional, la OEA, la Unión Europea, el Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto encabezado por Uruguay, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH a cargo de Michelle Bachelet, los EEUU, España y muchas otras naciones a título individual han expresado rechazo a la convocatoria de unas elecciones parlamentarias sin condiciones libres ni justas.

A la vez, entre el 6 y el 12 de diciembre tendrá lugar la Consulta Popular organizada por la oposición. Tal Consulta es perfectamente Constitucional porque como lo establece el Art. 5 de nuestra Carta Magna: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley”.

Se trata pues de consultar al pueblo, ajustándose a los mecanismos previstos en el Art 70 de la misma Constitución que estipula que la Consulta Popular es un mecanismos de “participación y protagonismo del pueblo en el ejercicio de su soberanía”.

Existen sólidos argumentos, muchas veces expuestos, de por qué debemos participar en la Consulta. Queremos en esta oportunidad insistir en uno solo. Como todos sabemos, EEUU está saliendo de una disputada elección presidencial. Se han presentado objeciones a los resultados, pero pareciera mantenerse la diferencia de 306 votos contra 230 electorales. Por ahora los tribunales y el recuento favorecen a Biden.

En todo caso con respecto a Venezuela existe un sólida posición bipartidista en favor del restablecimiento de la democracia. Ahora bien, a no dudarlo puede haber una diferencia de tácticas y de acento con respecto a la forma de abordar el problema.

El apoyo de los EEUU, al igual que el del resto de la comunidad internacional es vital para el logro de una salida en Venezuela. Ese apoyo será entre otras cosas determinante para enviar una señal a los propios partidarios del régimen. Un apoyo decidido a una salida, sin duda creará fracturas internas que facilitarán el objetivo.

Nuevos elementos pueden contribuir a esa fractura. La declaración de la saliente fiscal de la Corte Penal Internacional de que las acusaciones presentadas contra las autoridades venezolanas por parte de seis presidentes latinoanericanos caen dentro de la jurisdicción de la Corte de la Haya, representa una espada de Damocles a la que muchos no querrán exponer su cuello.

En todo caso y, a no dudarlo, el régimen recurrirá a resultados abultados para construir una imagen ficticia de un supuesto apoyo popular. Eso es lo que Maduro quiere presentarle tanto a quien resulte ganador en los EEUU como a la Unión Europea. Con eso aspira lograr un segundo aire que le permita mantenerse.

La Consulta Popular es el antídoto contra ese veneno. Una consulta que será verificada por la OEA y por muchos otros países con representación diplomática en Venezuela, servirá no sólo para que el soberano manifieste su opinión con respecto a las preguntas, sino también para contraponer sus verdaderos resultados frente a las cifras trucadas que el régimen ofrecerá.

Se percibe en sectores de la población venezolana una suerte de desesperanza hábilmente alimentada por el régimen. Por el contrario, las circunstancias planteadas pudieran más bien constituir un punto de quiebre al régimen para que se produzca un cambio.

José Toro Hardy, director adjunto de Analítica

 4 min


Eddie A. Ramírez S.

Tal día como hoy, 24 de noviembre hace 72 años, Venezuela cayó en manos de una dictadura militar. Cabe preguntar qué factores precipitaron ese hecho y cuáles hicieron posible que esa dictadura fuese posteriormente derrocada. ¿Por qué unas veces nuestros militares dan un golpe de estado a un presidente constitucional y otras derriban a un tirano? Guardando las distancias, quizá algunas lecciones de esos sucesos puedan ayudarnos a salir del totalitarismo rojo.

Recordemos que después del derrocamiento del General Medina, en octubre de 1945, se estableció la Junta Revolucionaria de Gobierno integrada por cuatro militantes del partido Acción Democrática (AD), un independiente muy cercano a ese partido, y dos militares. Ese trienio 1945-1948 fue de mucha confrontación por inmadurez política y por imposición de una transición manejada por un solo partido político. Una primera lección es que las transiciones deben ser con inclusión de diferentes toldas políticas y con independientes.

Al finalizar el mandato de esa Junta, que tuvo muchos logros, pero también muchos yerros, Don Rómulo Gallegos asumió en febrero 1948 como presidente constitucional, pero fue derrocado nueve meses después. ¿Qué factores influyeron en su defenestración? Del lado del partido de gobierno un primer error fue haber seleccionado como candidato al distinguido autor de Doña Bárbara, quien no era apropiado para sortear las dificultades heredadas. Un segundo factor fue que, inexplicablemente, hubo distanciamiento entre él y Rómulo Betancourt. El tercer factor fue que muchos de sus compañeros de partido eran novatos en la política y pecaban de jacobinos. La lección que podemos extraer es que dentro de los demócratas tenemos que estar unidos, apartar el fanatismo y tender puentes con quienes piensan diferente, pero no son corruptos.

Del lado de Copei y URD, integrantes de la oposición a Acción Democrática y a Gallegos, sin duda que no midieron las consecuencias de sus ataques despiadados a un gobierno recientemente electo. Ni el gobierno, ni la oposición se percataron que ambos estaban de lado de la democracia y no fueron capaces de convivir. La lección debe ser que se pueden tener diferencias en cuanto a cómo poner fin a la usurpación, pero el enemigo es Maduro. Desde luego, descartamos a los dirigentes que apoyan la farsa electoral del 6D, por ser cómplices del totalitarismo.

Por falta de tolerancia entre los demócratas, los militares intervinieron en 1948 basados en el errado concepto de que ellos son los llamados a enderezar entuertos. Inicialmente, mientras Delgado Chalbaud presidió la Junta Militar, hubo una dictablanda, si es que eso existe. Después de su asesinato, en noviembre de 1950, se impuso Pérez Jiménez y su barbarie.

Salir de la dictadura costó diez años, con saldo de numerosos demócratas asesinados, cientos de ciudadanos torturados, encarcelados o exiliados. El derrocamiento del tirano se produjo cuando las Fuerzas Armadas percibieron que los partidos políticos, intelectuales, fuerzas vivas y trabajadores en general estaban unidos. Debemos tener claro que los militares no deben insurgir contra gobiernos democráticos, pero sí tienen la obligación de intervenir para poner fin a un régimen que viola los derechos humanos y otros derechos constitucionales.

La dictadura de Chávez-Maduro surgió por malos gobiernos anteriores y por errores y apaciguamiento de la dirigencia opositora. Ahora, la Consulta vinculante es una opción para cohesionarnos en contra del régimen. Argumentos tales como que ya se realizó una consulta exitosa el 16 de julio del 2017, es un razonamiento inmaduro. Hemos participado en numerosas protestas masivas y el usurpador sigue en Miraflores ¿Acaso debemos suspender las protestas? ¡ Claro que no! Algunos evaden su responsabilidad ciudadana alegando que esa Consulta es para apoyar a un grupo de políticos corruptos. Esta afirmación no solo es injusta, sino que no toma en cuenta que el enemigo es Maduro. Un tercer grupo lo integran los eternos inconformes que critican cualquier acción que proponga nuestra dirigencia. Por último los que alegan que esa Consulta vinculante no surtirá efecto porque Maduro no acatará su resultado. Evidentemente que esto es cierto, pero es una herramienta más de protesta y presión nacional e internacional para contribuir a la caída de la dictadura.

Los demócratas tenemos la obligación de apoyarla. Evidentemente no será fácil. El régimen pondrá mil y un obstáculos para que fracase. Quien se oponga es un indolente, tiene otros intereses non sanctos o está con la narcodictadura.

Como (había) en botica:

Los demócratas deberíamos establecer un Día del Recuerdo y erigir un monumento sencillo en homenaje a los caídos en la lucha en contra de las dictaduras del Siglo XX y lo que va del XXI.

Lamentamos el fallecimiento de nuestro amigo Ciro Padrón, compañero de Gente del Petróleo y de Unapetrol.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

 3 min


Luis Ugalde

Me preguntan si voy a participar en la Consulta Popular constitucional (art.70) organizada por nuestra oposición democrática del 07 al 12 de diciembre, inmediatamente después de la farsa electoral del 6D montada por la dictadura.

Hasta ahora no he querido manifestarme e incluso he evadido invitaciones a programas de radio porque consideraba que como sacerdote no debía recomendar opciones partidistas. Pero cada día que pasa veo que no es parcializarme, sino apoyar el fundamental derecho a la vida de los venezolanos gritando contra el crimen institucionalizado que está matando al país.

Dramática necesidad de cambio

Raro es el venezolano que no esté sufriendo esta pobreza generalizada y que no sienta el cambio como una necesidad vital para recuperar la esperanza.

Cambio de esta destrucción nacional. Solo una pequeña cúpula de lo que queda del chavismo degradado en madurismo está empeñada en perpetuarse con represión dictatorial y propaganda de éxitos imaginarios. Destaca el desprecio total a lo que sensatamente dicen y aconsejan las universidades, academias e iglesias y a lo que sufren trabajadores, familias, empresarios, jóvenes, presos políticos, exiliados, desempleados y los que sobreviven con las escuálidas cajas CLAP.

Pasan los meses y avanza la pobreza, se deterioran los servicios públicos vitales, se expande el hambre, se envilecen los pocos bolívares que quedan, mueren las instituciones, mientras la dictadura se va apoderando de todo, y se va endeudando por completo. Destrozada la industria petrolera y sus derivados -fuente casi exclusiva de divisas- todo aumento en bolívares se hace con “dinero inorgánico”, combustible para el fuego de la inflación. Es el círculo infernal del empobrecimiento del país, sin trabajo, sin producción, sin alimentos y sin ética para eliminar el “matraqueo” y el abuso. Todo el sector público, incluidos los Generales, están sometidos a salarios de hambre. No hay gasolina para transportar alimentos, ni comida en los cuarteles, ni ingresos para cientos de miles de educadores en pobreza. Necesitamos un cambio urgente y paso a la transición democrática.

La burla de las parlamentarias precocidas

Pues bien, la dictadura está haciendo todo lo contario de lo que necesitamos y se atrinchera para resistir, reprimir y anular el poder ciudadano. Eliminó la Constitución, eliminó la elección presidencial legítima, inventó una Asamblea Nacional Constituyente, no para hacer una nueva Constitución sino para someter la que tenemos y anular cuando les convenga todo poder constituido y toda acción y decisión de la Asamblea Nacional legítima. El Poder Judicial, arrodillado ante el Ejecutivo, elimina toda decisión de la Asamblea Nacional. Esta prolífica creatividad dictatorial recientemente ha inventado una ley constitucional “antibloqueo”, también supraconstitucional para deshacer y hacer lo que quiera la dictadura arbitrariamente sin información ni autorización, a escondidas del “pueblo soberano”.

La votación del 6D tiene como objetivo eliminar el último reducto de poder legítimo, hacer desaparecer al molesto Guaidó, mundialmente reconocido como Presidente encargado “mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente” (art. 233).

El régimen ha organizado el 6D para reforzar ese cuadro y cerrarlo contra todo cambio democrático.

En su locura hasta puede querer dar pasos funestos para inventar el “Estado Comunal”, también anticonstitucional. La dictadura está haciendo todo lo posible para obligar con amenazas a votar el 6D. Con lo cual el hambre y la miseria serán mayores en Navidad y el 2021 no será “año nuevo vida nueva”.

Consulta y mandato ciudadano

Nuestra consulta no es para averiguar el ya conocido rechazo al régimen. Es para que el mundo y nosotros mismos nos escuchemos en un sí rotundo y unitario al cambio.

Estas son las preguntas:

1) ¿Exige usted el cese de la usurpación de la Presidencia de parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables?

2) ¿Rechaza usted el evento del 6 de Diciembre organizado por el régimen de Nicolás Maduro y solicita a la comunidad internacional su desconocimiento?

3) ¿Ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de Lesa Humanidad?

Sin duda mi respuesta es sí, sí y sí. Cerca de 20 millones (dentro y fuera del país) darían la misma respuesta si hubiera libertad. Pero la dictadura hará lo posible para impedirla con control comunicacional, desinformación y amenazas con perder bolsa, trabajo y Carnet de la Patria. No seamos ingenuos discutiendo como si estuviéramos en democracia libre. Los partidos están perseguidos con muchos dirigentes en el exilio, en la cárcel o escondidos de la persecución; y la sociedad civil está agobiada y dispersa. Pero aun así vale la pena organizarse y responder dentro y fuera del país y que decenas de ciudades en el mundo sientan vibrar a los venezolanos por su libertad y democracia. Un buen porcentaje de ese inmenso pueblo doliente logrará vencer los obstáculos y responder a la consulta con un rotundo SÍ.

Por eso es un triunfo lograr la suficiente información, unidad y organización para responder a la Consulta Popular y decir al mundo y a nosotros mismos lo que significa la farsa del 6D. Ya la Unión Europea, el Grupo de Lima y el Gobierno saliente y entrante de EE.UU. se han manifestado frente a la farsa. Ahora los venezolanos unidos tenemos que decir que la esperanza de Venezuela está en elecciones libres y en la inevitable negociación-transición para que renazca la vida con reconstrucción productiva y democracia reconciliada abierta a todos.

23de noviembre 2020

La Patilla

https://www.lapatilla.com/2020/11/23/consulta-popular-por-luis-ugalde/

 4 min


Moisés Naím

En las recientes elecciones de Estados Unidos votó el mayor número de personas en 120 años. Casi 80 millones votaron por Joe Biden y más de 74 millones por Donald Trump. Son los dos políticos más votados en la historia de ese país.

Se suponía que la pandemia y la campaña del presidente Trump pronosticando un fraude electoral aumentarían la abstención. No fue así. 67% de los inscritos votó en persona o por correo.

La otra sorpresa fueron los 74 millones de personas que votaron por Trump —10 millones más de cuantos le votaron en 2016—. Sorprendieron por lo que no les importó, así como como por lo que si les importa.

No les importó, por ejemplo, votar por un presidente que miente de manera constante y fácilmente verificable. ¿Mentir compulsiva y comprobadamente no debería ser suficiente para ser derrotado en las urnas? 74 millones de estadounidenses piensan que no. No creen que Trump sea un mentiroso, o no les importa, o tienen necesidades y esperanzas que les resultan más importantes que la honestidad del presidente.

¿Que 26 mujeres se atrevan a identificarse públicamente y denunciar a Trump por violencia sexual, y que algunas lo acusen de haberlas violado, no debería haberle hecho perder el voto femenino? ¿No basta el video del programa Access Hollywood donde Trump le dice al presentador Billy Bush que “ser famoso te permite hacer lo que quieras con las mujeres, incluyendo el agarrarlas por los genitales”? Pues no. Cerca de la mitad de las mujeres blancas votaron por Trump.

Pero si a los 74 millones no les importan las múltiples denuncias de acoso sexual contra el presidente ¿no debería importarle la salud del planeta? Parece que no.

Trump ha denunciado la lucha contra el calentamiento global como una trampa de China para debilitar la economía estadounidense. Las decisiones del presidente Trump han sido devastadoras para el medio ambiente. Y muy lucrativas para las empresas más contaminantes–y los lobistas que las representan. ¿Importa a los votantes de Trump que el haya nombrado en los principales cargos que se ocupan de regular las industrias contaminantes a los lobistas que representan a esas mismas industrias? Obviamente no.

¿Les importa que el gobierno de Trump sea caótico e inepto y que haya manejado tan mal la pandemia? No parece. A los 74 millones tampoco les importa que dos importantes documentos sigan siendo secretos: la declaración de impuestos de Donald Trump y su política sanitaria. ¿Que hay en los impuestos de Trump como para que el presidente haya hecho tantos esfuerzos para mantenerlos fuera del escrutinio público? ¿No deberían los votantes saber que compromisos financieros tiene el presidente y con quién? ¿No debería saberse si el presidente es un evasor de impuestos?

El otro documento que no aparece es el plan de Trump con respecto a la salud. El presidente se ha dedicado a desmontar la política sanitaria de Barack Obama. Trump ha prometido reiteradamente que la reemplazará por “algo mucho mejor”. Los operadores políticos del presidente han ofrecido una montaña de confusos documentos, pero hasta ahora no han revelado los detalles de lo que es ese “algo mejor”. Lo que esta claro es que eliminar la reforma sanitaria de Obama sin tener con que reemplazarla le hará mucho daño a la gente, incluyendo por supuesto, a los 74 millones que votaron por él. O no lo saben, o no lo creen o no les importa.

La lista de razones por las cuales no había que votar por Trump es larga. Su renuencia a denunciar con firmeza a los odiosos supremacistas blancos. Su desinterés por enfrentar el racismo institucionalizado. Sus menguados logros en política exterior y el haberle cedido espacios de poder a China y Rusia. Sus extensos conflictos de interés. Sus derivas autoritarias y la manera como ha socavado la democracia estadounidense. Nada de eso parece importarles a los 74 millones.

Pero entonces ¿qué les importa? ¿Qué los mueve a apoyar tan incondicionalmente a Trump? Muchas cosas. Van desde lo muy concreto (“no me suban los impuestos”) a lo espiritual (“Trump entiende lo que siento”). De lo positivo (Hagamos América grande de nuevo) a lo negativo (“Si gana Biden, los afroamericanos invadirán los suburbios). De la defensa de derechos (el libre porte de armas) a la defensa de valores (“estoy en contra del aborto”). De repudiar la inmigración ilegal (“viva el muro con México”) al oponerse a la globalización económica (“quiero fábricas y empleos aquí, no en China”).

La demografía de los 74 millones es diversa y confusa. Incluye a significativos porcentajes de hispanos, de la población rural, de hombres blancos sin estudios universitarios, de grupos evangélicos, empresarios, obreros y muchas otras categorías. Los condados donde ganó Biden, por ejemplo, generan el 70% de la actividad económica de Estados Unidos, mientras que los que votaron mayoritariamente por Trump generan el 30%.

El hecho de que las empresas encuestadoras no hayan anticipado la conducta de los 174 millones confirma que no sabemos lo que realmente determina su incondicional apoyo a Donald Trump.

Tenemos cuatro años para averiguarlo.

@moisesnaim

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