Al coronavirus le debemos el regreso a una vieja discusión sobre el Producto Interno Bruto (el PIB), como herramienta para estimar la temperatura del desarrollo de un país, mediante el cálculo del valor de mercado de todos los bienes y servicios producidos por una sociedad. Fue creada hace alrededor de 90 años por Simon Kuznets, convirtiéndose en el indicador más usado por gobiernos y organismos internacionales.

“La vida más allá del PIB”

Cada vez hay más coincidencia en torno a la idea de que el PIB no expresa fielmente el estado de una sociedad y esconde las limitaciones de un modelo de desarrollo que gotea por muchos lados. Cierto, pues, que pondera el crecimiento económico de las sociedades, pero no expresa el bienestar de su población, opinión que llegó a asomar el propio Kuznetz, relativizando un tanto la importancia de la herramienta que había inventado, argumentando que no tomaba debida cuenta de las diferencias entre cantidad y calidad del crecimiento y que “.… no refleja, por ejemplo, la desigualdad ni los daños ambientales, no distingue entre la producción de alimentos o de armas y no considera si un país vive en democracia o no …”. En pocas palabras señaló que “… la vida va más allá del PIB…”, afirmación suya que, va en la línea de una expresión algo desmesurada de Robert Kennedy, quien en 1968 declaró que el PIB “mide todo… excepto lo que hace que la vida valga la pena”.

Dentro de este marco de apreciaciones, hace pocos meses el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, declaró que la pandemia del coronavirus puso nuevamente de manifiesto “… que la economía mundial funciona sin red de seguridad…” y abogó, por sustituir el PIB por mejores indicadores, al tiempo que subrayó la necesidad de medir las consecuencias de pandemia echando mano de códigos que trasciendan la recesión económica.

Termómetros más sofisticados

Así las cosas, han proliferado iniciativas que apuntan a dimensionar el desarrollo incluyendo otros aspectos, más allá del crecimiento. El Gobierno de Francia publica un índice de felicidad desde el año 2008 con indicadores diseñados por dos premios Nobel de Economía: Amartya Sen y Joseph Stiglitz. Estados Unidos comisionó, entre otros investigadores, al sicólogo Daniel Kahneman, también Premio Nobel de Economía, para el diseño de indicadores de felicidad. Debe destacarse, igualmente, el surgimiento de otros informes como el Índice de Bienestar Económico y Social, en 1989; el Índice de Desarrollo Humano, en 1990; el PIB Verde, en el 2004; el Índice de Planeta Feliz, en el 2006, el Índice de Progreso Social, en el 2010; el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas; el Informe de la Felicidad Mundial, que se publica anualmente desde el 2012; o el Índice Global de Felicidad, dirigido por Jeffrey Sachs, Richard Layard y John Heliwell, además de otros más que no logré ubicar, igualmente influenciados por el pensamiento de Amartya Sen y de Joseph Stiglitz, como fundamento importante para la construcción de criterios dirigidos a ensanchar la concepción del desarrollo social.

Ahora se trabaja en la elaboración de criterios y métodos que apuntan a evaluar otros planos por los que también se desliza la existencia humana, con la pretensión, incluso, de calibrar la felicidad per cápìta. Menuda tarea ésta, pues la felicidad no es cuestión sencilla, depende de numerosos imponderables y está sujeta a múltiples significados que, además, varían con el tiempo. Pero lo importante es que se ha avanzado en su tratamiento conceptual y político, lo que resulta esencial para un mundo que trata de repensar los fundamentos que lo gobiernan.

El tema se abre hueco en los ambientes académicos, ocupa un lugar en la agenda de las preocupaciones colectivas e incluso se habla de la “economía de la felicidad”, un tema en el que concurren los científicos trabajando de manera transdisciplinaria, a fin de ampliar el abanico de pautas que permitan calibrar la situación de los países.

¿Una crisis civilizatoria?

Se trata, así pues, de investigaciones promisorias, que encajan con reflexiones de fondo, según las cuales lo crucial estriba en plantear un nuevo modelo socio-económico que transforme en su esencia las relaciones de poder, las instituciones sociales, la convivencia colectiva, las reglas éticas, las actitudes hacia el entorno natural, y, en última instancia, nuestra conciencia como humanidad.

Se lleva un cierto camino andado, hay más termómetros disponibles y la validez del PIB tiende a decaer. Pero hay que apretar el paso, nos encontramos en medio de una crisis civilizatoria. Algunos ¿exagerados? como el Profesor Jeremy Rifkin, sostienen que si no cambiamos de rumbo el ser humano podría considerarse una “especie en extinción”.

El Nacional 23 de septiembre de 2020

Sabemos que el fin está cerca cuando lo único que tienen en la calle son militares

(Nelson Mandela)

Son palabras emanadas de quien las honraba con su sobrio valor, pero en alguna forma guardan cierta familiaridad con el drama venezolano. La confrontación en nuestro caso no es una guerra civil, ni del apoyo de la cúpula militar a Miraflores, puede deducirse que nos acercamos a un duelo de esa naturaleza. No quisiera reducir a dimensiones simplistas un drama de alcance trágico como el que nos envuelve, sobre todo después de leer con atención y escándalo el crudo informe de la Misión del CDH/ONU.

El madurismo encuentra resistencias naturales en casi todos los escenarios.

El objetivo estratégico por excelencia que se ha trazado el sistema madurista es copar el parlamento con gente suya o con diputados ajenos a la mayoría leal a Guaidó. Las detenciones arbitrarias agotan sus posibilidades, a pesar de dar el paso de paquidermo de dividir partidos opositores con medios nunca practicados en democracia. Imponiendo una minoría írrita en la Asamblea, espera el oficialismo someter a la oposición y con la fuerza extrema hacerla entrar por el aro.

En ese caso, supongo que la situación sí que podría desbordarse y lo primero que parece salirse de madre es la paciencia mundial que no está dispuesta a dejarse abofetear por un régimen al que ha descubierto en su naturaleza y su vocación de perpetuidad.

No obstante, así como ofrece un solidario respaldo cuyos perfiles no quieren ser atenuados por terquedades oficialistas, insiste en que se apliquen los mecanismos del diálogo y la negociación para garantizar salidas políticas, pacíficas y electorales libres y viables. Su posición en torno a las parlamentarias del 6D ha quedado bien clara en el informe de la Misión enviada por las Naciones Unidas debido a la ausencia evidente de garantías de transparencia.

La UE resolvió medir la consistencia de la tesis extremista. Habida cuenta de que continúen las sanciones, probablemente ampliadas con el flujo de nuevos países irritados por las evidencias del informe y de la limpia aclaratoria de la presidente de la Misión, Marta Valiñas, en el sentido de que no hicieron estudio in situ solamente porque el gobierno de Maduro les prohibió la entrada dejando sin respuesta las seis comunicaciones que le envió. Tampoco valoró la importante oferta de enviarle el Informe antes de su publicación, para permitirle al gobierno investigado aclaraciones de última hora.

Entiendo que la UE propuso aplazar las elecciones y aprovechar para completar garantías y favorecer la negociación. Es una fórmula interesante dado que la suspensión con esos fines ha sido presentada desde la oposición por miles de personas en ejercicio de un Recurso de Amparo, y por el movimiento civil emergente y profesionalmente capacitado “Universitarios por Venezuela”.

Desde predios opositores me hicieron tres preguntas:

Primera, ¿crees que el gobierno radiografiado en el Informe de Naciones Unidas esté interesado en negociar?

Segunda, ¿devolverá los partidos de los que se apropió?

Tercero, ¿cumplirá las condiciones de transparencia que se le exigen?

No puedo responder por ellos ni creo que las eventuales negociaciones se reduzcan a uno o dos asuntos. Se puede dudar de la apertura de la puerta pero si le pesan las sanciones, podrían reclamar su levantamiento. En cualquier caso, la suspensión de las parlamentarias está en la palestra.

Recordemos que la negociación es un instrumento democrático, al igual que el diálogo y las elecciones. Por lo tanto cada vez que asome la nariz, la alternativa democrática debe inclinarse por la afirmativa. Si la autocracia se va por la negativa, no muestra interés o no responde, es un problema suyo. El planeta todo es el tercero, el factor que decide posiciones conforme a su contenido y el estilo gárrulo o civilizado de sus autores. Rechazar negociaciones que impidan la paz y promuevan la democratización causa costos que no pueden eludirse.

La alternativa democrática y un vasto número de países han intensificado su pleno respaldo a elecciones generales libérrimas. Es en ese punto donde se ha situado la disyuntiva oficialismo vs democracia. Ya el problema no es solo la escogencia por consenso de la directiva del Consejo Nacional Electoral sino la capacidad para realizar elecciones automatizadas, como manda la ley, o manuales por vía excepcional.

Los técnicos en la materia saben perfectamente que no es posible resolver el asunto sacando de la manga unos comicios manuales, pues implicaría la construcción de un nuevo modelo con las reformas técnico-legales en un tiempo en el cual están pendientes acuerdos para la nueva directiva del Poder Electoral, la revisión de la escuálida burocracia del CNE y la generación de toda la infraestructura para un proceso manual, desde el Registro Electoral hasta la adjudicación y proclamación de los cargos electos por votación popular.

Resulta cuesta arriba fijar un cronograma que cumpla con estas exigencias. Sencillamente no hay condiciones que conjuguen tiempo, experticia y capacidad para rearmar el proceso.

Necesitamos unir a los amantes de la democracia y la libertad, dondequiera que se encuentren, alrededor de metas programáticas aptas para conducirnos a la prosperidad que Venezuela en mala hora perdiera y merece recobrar como en pocos momentos de su historia de luces y sombras.

Twitter: @AmericoMartin

Las utopías son invulnerables a la realidad. Desde Platón, llevan dos mil años de trizas y se levantan, se sacuden el polvo y reintentan. Marcuse en El final de la Utopía, desarrolla una idea de Marx: que el kapitalismo “realizará” la utopía, porque su producción de riqueza es tal que, al expropiarla y repartirla, la escasez será un mal recuerdo burgués. Inspirado por el Manifiesto comunista, un panfleto zafio pero fulgurante, el mundo asumió la barbarie.

Se desmarcaron los socialdemócratas, aunque muchos siguieron llamándose socialistas democráticos. Pero pese a que el Presidente Rómulo Betancourt detuvo la guerrilla de los años 60, diez años después de la caída del Muro de Berlín, nuestro gran aporte al mundo fue, como Juana la Loca, exhumar y entronizar el cadáver que, esta vez sí sería amable. Un gran marxista disidente, Lucio Coletti, escribió que “un socialismo de rostro humano era como un rinoceronte de rostro humano”.

Los fans dicen que “todo ha sido un error, porque el verdadero socialismo hasta ahora no ha existido, sino un capitalismo de Estado”. La teoría y la práctica de dos siglos demuestran que socialismo es solo capitalismo de Estado, “control de los medios de producción”, con autoritarismo político variable si los ejecutores son dictadores del proletariado o socialdemócratas. Doquiera se acosó a los “explotadores”, los productores de riqueza, se recaló en la depauperación absoluta o, en el mejor de los casos, relativa.

Algunos acuden al burladero de un “socialismo sueco”, paradójicamente país situado en el top los veinte con economías de menor intervención estatal, junto a Canadá, Hong Kong, Nueva Zelanda, Holanda, Chile, Suiza, Irlanda, Reino Unido, Singapur, Australia y otros. Para más señales, Suecia decidió desde el siglo XX la aterradora herejía de no tener ley del trabajo ni salario mínimo, y se norman por contratos colectivos y diálogo tripartito. Y ¿casualidad? es sexto en el Índice de Progreso Social del mundo.

¡Unidos jamás serán vencidos!
Toman las decisiones sociales y laborales, entre socialdemócratas, el movimiento obrero, liberales, conservadores y la organización empresarial. Son parte del Estado de bienestar europeo, pero principalmente de la economía social de mercado alemana. Asumir que tener empresas poderosas es objetivo de todos los suecos, burgueses y proletarios, permitió el milagro de Electrolux, Ikea, Saab, Ericcson, Volvo (vendida a China, por decisión colectiva).

Desmedraron (desmadraron) la lucha de clases, las políticas económicas y sociales son de consenso y el Estado no las impone. En los 70 llegaron a ser la segunda economía mundial, cometieron errores “de época”, universalizaron la seguridad social gratuita al cien por ciento de la población: educación, empleo, transporte, salud, desde la cuna hasta la tumba. Esta utopía comenzó a naufragar en los 70 con la crisis petrolera mundial y el alza de los precios de la energía.

Nació una rama torcida llamada “cultura del bienestar”: desestímulo al trabajo, la producción y la superación de los individuos, que vivían del Estado. Pese a tener una de las poblaciones más saludables del mundo, Suecia presentaba los niveles más asombrosos de permisos por enfermedad, y desempleo. Para mantener el Estado de bienestar, siguieron el tobogán europeo: incrementar impuestos, lo que reduce la inversión y el empleo, y el modelo declinó.

Pero los grupos de poder mantuvieron la mirada en las tendencias mundiales y en el arranque de la globalización en los 90. Para modernizar el Estado de bienestar modelo del mundo, lejos de enquistarse, se involucraron en las herejías “neoliberales” de la globalización. Lo que llama Mauricio Rojas Reinventar el Estado de bienestar (Edit. Gota a gota: 2010) Crear fondos privados de pensiones y jubilaciones (también lo hizo Chile), flexibilizar la estabilidad laboral para que el trabajador valore su plaza.

Uno ve lo que quiere
Como altos impuestos desestimulan la inversión, con el consecuente freno del producto interno y de la oferta de empleos, ante el reto de la inmigración y la vagancia juvenil, el “socialismo sueco” estremece a los paladines antineoliberales del planeta: privatiza la dispensa de servicios esenciales, nada menos que salud, educación, energía, aguas blancas, a empresas privadas que garantizan mayores eficacia y eficiencia, naturalmente financiados por la seguridad social. La tercerización.

Esta mala palabra, tercerización o subcontratación, hizo eficiente el gasto social. Un médico sueco atendía 3.5 pacientes diarios mientras que en el resto de Europa era más del doble. Las reformas modernizadoras cambiaron radicalmente y pese a los problemas que sobreviven, el sistema se recuperó. Por eso se callan, la izquierda que desconfía de las reformas al mercado laboral, eufemísticamente flexiestabilidad, y mucho más de la privatización de los servicios, y la derecha que cuestiona al Estado.

Esta maravilla de la ingeniería social fragmentaria se debe a la pareja de economistas Gunnar y Alva Myrdal, ambos Premio Nobel (por separado) y militantes socialdemócratas, que la concibieron en los lejanos años 30. Ojalá quienes gobiernan y gobernarán en Venezuela leyeran El reto de la sociedad opulenta, un libro muy despreciado por reformista cuando yo era estudiante. Y alguien se ocupe de enterrar el olisco cadáver socialista de Felipe, ya no el Hermoso, sino el exterminador.

@CarlosRaulHer

Desconozco lo que están haciendo internamente los partidos por desarrollar sus estrategias y por tratar de renovarse o mantenerse a flote en esta difícil contingencia que estamos atravesando –en cualquier caso, este tampoco sería el espacio para ventilar esa actividad– por lo tanto en el análisis del despliegue de la estrategia de la llamada oposición democrática me limitaré a lo que cualquier ciudadano común puede observar por los signos externos y la actuación de los principales líderes opositores.

Me referiré a la oposición democrática, la que se desgrana o desangra en tres fracciones –encabezadas por Juan Guido, Henrique Capriles y M.C. Machado, respectivamente– y que solo a efectos de este análisis las consideraré en “pie de igualdad”, cosa que dista mucho de ser cierta, a tenor de encuestas y resultados electorales; como es evidente excluyo de mi análisis a la llamada “mesita” –que no considero realmente una opción opositora que busque la salida del régimen– y excluyo también a los chavistas no maduristas, que se han diseminado en algunas de las opciones señaladas.

Comienzo por la opción que encabeza Henrique Capriles Radonsky, que en esencia plantea aplazar el proceso electoral, pero participando en el mismo, luchando por lograr mejores condiciones y dejando abierta la posibilidad de retirar sus candidatos y no concurrir a la votación el 6D sí no se logra un cambio en las condiciones electorales.

Esta es la estrategia opositora más fácil de desarrollar, pues la mecánica electoral es algo bien conocido –sobre todo por los partidos políticos– y sobre la que hay vasta experiencia, de éxitos y fracasos, en más de 35 procesos electorales durante estos 21 oprobiosos años. La tarea, aunque no trivial, es: escoger los candidatos, inscribirlos, organizar los comandos de campaña, recorrer el país con los candidatos, organizar los testigos para cubrir –por lo menos– el 90 o 95% de las mesas, garantizar que todos los testigos acudan a todo lo largo del proceso de votación, hasta que los resultados se envíen a los comandos y a los centros de totalización del CNE, y esperar los resultados de la auditorias en el cincuenta y pico por ciento de las mesas, para asegurar la fidelidad de esos resultados.

La mecánica política, sin embargo, ya no es tan simple. Aunque se “participe” en el proceso y no se vote el 6D, lo que está planteado con esta estrategia es movilizar a la gente, de una manera segura, para hacer planteamientos políticos, críticas y ofertas; entre los planteamientos estarían los de solicitar un proceso con unas condiciones electorales mínimas –por ejemplo: transparencia, habilitación de todos los partidos y candidatos, observación nacional e internacional, no utilización de recursos del estado en la campaña y otras similares– que, de no darse, de no lograrse para una fecha determinada, se denunciaría el proceso y se retirarían los candidatos. Se habría logrado así el efecto de participación y movilización y la decisión de retirar los candidatos serviría para denunciar internacionalmente el proceso una vez más y tratar de recuperar posiciones para una negociación política. De llegar al final, al día de la votación, esperemos que exista alguna opción –que no tiene por qué revelarse ahora a viva voz– para resolver el eterno dilema: ¿Qué hacer si el régimen hace fraude o peor aún, sin hacerlo, desconoce el resultado electoral y busca cualquier estratagema jurídica para ello, apoyada naturalmente en su fuerza militar?

Por su parte, la estrategia liderizada por Maria Corina Machado (MCM), plantea que la solución a la crisis provendrá, dicho más o menos en sus palabras, de la intervención de una fuerza extranjera, multifacética, conformada por una coalición internacional que despliegue una Operación de Paz y Estabilización en Venezuela (OPE); habla igualmente de invocar el artículo 187, numeral 11 de la Constitución que permite “…el empleo de misiones militares … extranjeras en el país”; de invocar el principio de la “Responsabilidad para Proteger (R2P)” suscrito por las Naciones Unidas y en la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, (TIAR); todo ello para lograr “… salir de Maduro y su régimen en el plazo más corto posible a través de una operación nacional e internacional que lo logre…”.

Aparte de otras consideraciones, que ya he expuesto y no repetiré, (https://ismaelperezvigil.wordpress.com/2020/09/12/la-carta-de-maria-corina-machado/), siempre me ha parecido que la propuesta de MCM tiene dos debilidades intrínsecas. Una, es que no nos dice mucho de la vía interna, de cómo lograr esa parte de lo que denomina la “operación nacional”; y dos, que su estrategia descansa excesivamente en terceros, no en la acción que ella o los venezolanos podamos desplegar.

Invocar el artículo 187, numeral 11 de la Constitución, que dependería de la AN y no de las fuerzas que moviliza MCM, no es lo único que se necesita para la creación de una fuerza extranjera multilateral, y esto último no es algo que se resuelve levantando el teléfono y llamando al presidente de los Estados Unidos o de alguno de los países vecinos. Invocar el principio R2P, tampoco es algo simple –como veremos en detalle cuando hablemos de la estrategia de Guaidó– o que dependa de los esfuerzos que podamos hacer en el país; lo mismo podemos decir de invocar el TIAR, con el agravante de que ya se ha intentado esa vía y ha sido negada en la última reunión de la OEA en diciembre de 2019 y rechazada por la mayoría de los países de América Latina.

En síntesis, la estrategia de MCM depende excesivamente de factores o decisiones que ni ella ni nadie en el país controla, por más que se alegue que el trabajo político consiste en hacer “intentos o gestiones” para lograr esa fuerza extranjera multilateral, con base en el TIAR o en el R2P.

Veamos por último la estrategia de la fracción que se congrega en torno a Juan Guaidó, la Asamblea Nacional y el G4, que la dejamos para el final por el insospechado giro que ha tenido la última semana. Como es sabido la estrategia de este grupo se bifurca en dos vías; en lo interno la no participación electoral el 6D y la organización de una consulta popular; en lo internacional, que creo que es su carta fundamental y más fuerte, pretende continuar el proceso para que la comunidad internacional mantenga la presión sobre el régimen venezolano que lo obligue a una negociación de una salida política a la crisis.

La vía interna, debemos decirlo, no ha tenido mayores avances tras la propuesta de Juan Guaidó hace un par de semanas. Nada se ha dicho acerca de qué hacer para evitar esa mortífera inmovilidad que acompaña a todas las abstenciones –aunque no la llamen de esa manera– y hasta ahora la única propuesta de acción inmediata se concreta en realizar una “consulta popular” que se pretende tenga carácter vinculante, con base en los artículos 70 y 71 de la Constitución Nacional, y sobre la cual tampoco se ha dicho mucho.

La vía internacional, también prácticamente adormecida, sin nuevas ideas ni propuestas de acción, recibió sin embargo un impulso inesperado con la publicación del informe sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela que dio a conocer la Misión Internacional Independiente designada por las Naciones Unidas y que se refuerza esta semana que concluye, con la presentación oral del informe de Michelle Bachelet sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Tras el anuncio de la referida Misión, el presidente Juan Guaidó ha renovado los esfuerzos sobre la comunidad internacional, para que esta a su vez mantenga la presión sobre el régimen venezolano, que lo lleve a suspender o aplazar el proceso electoral y buscar una vía de negociación, que abra la posibilidad de un Gobierno Transitorio y un nuevo proceso electoral, que incluya elecciones amplias y libres, observadas internacionalmente, en un periodo corto de tiempo.

En ese contexto, el presidente Guaidó, con base en el mencionado informe de la Misión Internacional Independiente, en una intervención dirigida a la Asamblea General de la ONU, solicitó “…alinear los esfuerzos de asistencia internacional para restablecer la soberanía efectiva en Venezuela, y proteger a la población civil desarmada, ante la comisión sistemática y reiterada de crímenes de lesa humanidad a manos del régimen dictatorial que usurpa la presidencia de Venezuela”. Naturalmente, sin que el presidente Guaidó lo dijera expresamente, a todos nos saltó de manera inmediata, la idea de que se trataba de una invocación al principio de responsabilidad de proteger (R2P) de la ONU; sí esa era la intención, no lo sé, pero así fue recogido en las redes sociales y en muchos medios de comunicación.

Ahora es sano advertir, antes de que se generen falsas expectativas, que hasta el momento la decisión de aplicar el R2P ha dependido del Consejo de Seguridad, en donde tienen capacidad de veto Rusia y China –aunque algunos señalan que, al ser una solicitud directa del representante de un gobierno legítimo, no se sometería al referido Consejo–. Además, también hay que considerar que hasta el momento los países –tanto de la ONU, como del TIAR– que podrían formar parte de una “fuerza interventora” que actué en Venezuela, han declarado que no apoyan esa opción. En todo caso, se puede decir que se cumplió el “tramite” que algunos solicitaban de invocar el R2P, que dudo que pase a una fase de acción. Si nada ocurre no faltara quienes digan que se invocó “muy tarde”.

Estas son las opciones que nos presenta una oposición dividida, que sin que hagamos un fetiche de la unidad, ninguna de las tres fracciones pareciera estar haciendo nada por lograrla; la unidad —y mantenerla— dada la naturaleza del régimen que enfrentamos, creo que es un valor estratégico, no un mero instrumento y, aun como instrumento, creo que es más importante que los demás que están sobre el tapete: votar, abstenerse o una consulta popular. El de la “unidad” es un tema pendiente, por encarar más a fondo.

https://www.noticierodigital.com/2020/09/estrategias-opositoras-en-desarrollo/ y también en: https://ismaelperezvigil.wordpress.com/2020/09/26/estrategias-opositoras-en-desarrollo/

Este estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), constituye un documento de mucha relevancia para los venezolanos de bien, que somos la mayoría, y aunque se titula una “Una Mirada al Futuro”, abarca el desastre ocurrido en el pasado reciente, incluyendo el supuesto periodo “rosa” de Chávez, así como el angustiante presente y el incierto, pero lleno de esperanzas, futuro.

El esfuerzo realizado durante 2019 y 2020, es un insumo de trabajo, una brújula para los ciudadanos y las organizaciones que van a participar, y las que se requerirán, para la reconstrucción del país en el mediano plazo. No obstante, es necesario tener en cuenta que siendo un estudio elaborado por una institución financiera para determinar “la naturaleza y la escala de las intervenciones necesarias para atender la emergencia” mediante la participación de las instituciones multilaterales de crédito, “cuando la situación político-institucional lo permita”, establece una serie de condiciones, entre ellas de política de estado, que necesariamente pasaran por la modificación de leyes, para lograr que se pueda concretar esa “ayuda internacional”, y que sea realmente efectiva para mejorar la condiciones de la población y reactivar el aparato económico del país, de manera que pueda “honrar” los compromisos financieros adquiridos.

Pero a diferencia de la opacidad con la que el chavismo siempre ha actuado, en esta ocasión se realizaron consultas con miembros del Gobierno Interino que preside Juan Guaidó, y de la Asamblea Nacional, así como también con representantes de organizaciones de la sociedad civil y del sector privado. Igualmente, debido a que la crisis humanitaria que padece Venezuela, tiene consecuencias más allá de nuestras fronteras, también la comunidad internacional fue consultada al respecto, especialmente nuestros vecinos.

Además, el documento hace énfasis en las condiciones de estabilidad política y de seguridad requeridas, así como también la comunicación constante y efectiva a la población de que el proceso de recuperación es de mediano alcance. No crear falsas expectativas que todo va mejorar tras la caída del régimen.

No se trata entonces de un mamotreto de medianoche, de una jugada a escondidas, es un proyecto país, y aunque duela y de algo de pena decirlo, ha sido concebido fuera de nuestro territorio y por un agente extranjero. ¿Es eso consecuencia de la incapacidad de nuestra dirigencia política para ponernos de acuerdo puertas adentro?

Por fortuna, no fue hecho en Cuba ni en China ni Rusia, pero no tengo dudas que estos últimos están al tanto de este estudio pues una parte importante de la deuda les corresponde a ellos.

Es importante tener en cuenta que a partir del 1ro de octubre, Mauricio Claver-Carone, actual director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, asumirá la presidencia del BID por un periodo de cinco años con posibilidad de reelección, siendo la primera vez en la historia que el BID no será presidido por un latinoamericano.

Varios puntos de este documento merecen especial consideración.

1. El apalancamiento de los sectores petróleo, gas y minería como fuentes para el pago de los compromisos para la reconstrucción.

Para ello se tomaron en cuenta las conclusiones del informe “Reviving Venezuela’s Oil Sector: The Role of Western Oil Majors”, el cual se basa en las opiniones de ocho grandes compañías petroleras occidentales, incluyendo algunas que todavía operan en Venezuela, en relación a las condiciones que determinarán cuán rápido y hasta qué punto, estas compañías reanudarían o incrementarían sus operaciones en Venezuela en caso de una transición política, los desafíos y barreras a la inversión que tendrán que ser superados y el nuevo y difícil contexto competitivo internacional para Venezuela como productor de petróleo. (https://www.thedialogue.org/analysis/reviving-venezuelas-oil-sector-the-...)

Como consecuencia, el modelo de desarrollo también revive las inequidades territoriales ya conocidas, lo cual conduce a la necesidad de un proyecto adicional para el desarrollo territorial diferente al actualmente planteado, pues continuaríamos con las desigualdades que tanto lodo han traído a esta orilla.

2. Dada la magnitud de la crisis venezolana, la propuesta del BID es principalmente asistencialista, lo que denominan “intervenciones” en razón de la crisis de alimentos, salud y servicios. Destaca la enorme consideración que se reserva al sector salud, no solo por efectos del COVID-19, sino por el lamentable, y diríase hasta criminal, estado del sistema de salud venezolano, donde uno de las carencias más difíciles de suplir será el capital humano que ha emigrado.

3. Mucho me temo que por un tiempo más, el PIB agrícola continuará deprimido y será necesario recurrir a importación de alimentos y materias primas provenientes de la agricultura. Sin embargo, especial atención se dedicará a la pequeña agricultura, no solo como vía de alivio a la pobreza sino también como suministro de alimentos más nutritivos para los centros poblados cercanos (Región Centro-Norte Costera).

En mediano plazo la agricultura empresarial pudiera aprovechar las mejoras programadas en el sistema de transporte y en la operatividad de puertos y aeropuertos, así como en la eficiencia de los pasos fronterizos, para la exportación de rubros competitivos. También se abriría la ventana de oportunidades para los desarrollos de las áreas rurales desde una perspectiva bioeconómica con opciones modernas para la creación de empleos de calidad y nuevas cadenas de valor.

Comparto porque considero que mi grupo, Aragua sin Miedo, al igual que muchas otras organizaciones de la sociedad civil, debería transformarse para servir a la nueva realidad venezolana.

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Una-mirada-a...

Editorial

El miércoles 23 de septiembre ocurrió un hecho insólito en la historia de las Naciones Unidas. El mismo día, en la sede de la ONU hubo dos discursos por parte de dos Presidentes de un mismo país. Uno, ante la Asamblea General pronunciado por Nicolas Maduro, a quien más de 60 países no reconocen como el legítimo Presidente de Venezuela, pero que debido a las circunstancias aún conserva el sitial en la organización; y luego, en una sala virtual, las palabras de Juan Guaidó, Presidente encargado, con base en lo dispuesto en la Constitución venezolana.

El discurso de Maduro fue extenso y farragoso, superando por mucho el lapso de 15 minutos asignado a cada Jefe de Estado de los 193 que participan en esta Septuagésima Quinta Asamblea General de Naciones Unidas. No faltó la retórica antiimperialista de hechura cubana, el supuesto excepcional manejo de la pandemia, calificado por el cómo el mejor de América Latina, y su decisión de llevar adelante, el 6 de diciembre, su peculiar e ilegal elección parlamentaria.

A las siete de la noche habló Guaidó, ante una significativa presencia de delegaciones de 35 países, que representaban una muestra importante de países con regímenes políticos democráticos.

El discurso del joven Presidente encargado fue conciso y breve, dentro de los lapsos previstos en esta excepcional ocasión, y denunció las perennes violaciones a los DDHH que sigue cometiendo Maduro en contra de cualquiera que lo adverse políticamente, haciendo hincapié en el reciente informe del grupo de expertos independientes designados por la comisión de derechos humanos de la ONU. Reiteró la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos por la cúpula del régimen que estaría usurpando el poder en Venezuela y se dirigió a los países presentes pidiéndoles que apoyaran a nuestro país exigiendo la aplicación de un R2P, para salvar a Venezuela de la catástrofe humanitaria en ciernes.

¿Qué va a ocurrir? nadie lo sabe. Para que se lleve a cabo una acción humanitaria de responsabilidad para proteger se requiere la aprobación del Consejo de Seguridad y allí eso es sólo posible si no ejercen el veto China y Rusia. Pero Guaidó hizo la solicitud reseñando de manera clara y diáfana las circunstancias que la hacen necesaria para paliar la gravísima situación que sufre actualmente la inmensa mayoría de la población venezolana.

¿Qué prevalecerá? ¿El juego geopolítico mundial o la responsabilidad de las naciones de socorrer a una población que vive en una situación desesperada controlada por una represion cada día más aguda por parte de los cuerpos policiales?

Mientras eso se resuelve, la única respuesta viable está dentro de Venezuela y que no es otra que la unidad de esfuerzo de todos los venezolanos que desean vivir en libertad y democracia y luchar juntos para derribar el muro de la dictadura que nos aísla del progreso y de la vida civilizada.

https://www.analitica.com/el-editorial/los-dos-discursos-en-la-onu/

Los avances contra la corrupción pueden lograrse incluso en las condiciones más adversas, de acuerdo con lo que indica un nuevo informe del Banco Mundial. En un momento en que se han movilizado niveles sin precedentes de fondos de emergencia para responder a la pandemia de COVID-19, el informe ofrece una mirada renovada a algunos de los enfoques y herramientas más eficaces para mejorar la rendición de cuentas de los Gobiernos.

En Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Against Corruption (Mejorar la eficacia y la transparencia de los Gobiernos: La lucha contra la corrupción) se hace hincapié en distintas maneras de ampliar la eficacia de las estrategias anticorrupción en los sectores más afectados. Este informe actúa como una guía de referencia para los encargados de la formulación de políticas y los promotores de la lucha contra la corrupción, ya que se necesita continuar trabajando para ajustar la aplicación de las herramientas tradicionales.

“La pandemia de COVID-19 ha provocado que los gobiernos usen sus gastos de emergencia a gran escala y velocidad con la intención de reactivar la economía y proteger a la población más vulnerable y pobre que sufre de manera desproporcionada. Al tiempo que los países emprenden el camino hacia una recuperación más resiliente e inclusiva, el uso prudente de los recursos escasos de manera transparente es fundamental ", dijo la directora gerente del Banco Mundial, Mari Pangestu,"el progreso es posible en todos los entornos y estamos comprometidos a trabajar en estrecha colaboración con nuestros socios en el gobierno, la sociedad civil y el sector privado y abordar su impacto corrosivo”.

La pandemia de COVID-19 ha traído aparejados enormes gastos de emergencia para los Gobiernos, que a veces no se han sometido a los sistemas de control habituales. Si bien la celeridad es comprensible, la falta de una supervisión adecuada expone a los Gobiernos a una serie de riesgos de corrupción que pueden poner en peligro la eficacia de sus respuestas. Para fomentar una mayor rendición de cuentas, en el informe se insta a los Gobiernos a explicitar las medidas que adoptan, hacer cumplir las reglas, abordar los incumplimientos y solucionar problemas lo más rápido posible y con transparencia.

El informe abarca cinco áreas temáticas clave: adquisiciones públicas, infraestructura, empresas estatales, administración de aduanas y prestación de servicios, y temas intersectoriales tales como las iniciativas de gobierno abierto y GovTech, con ejemplos de estudios de casos de diferentes partes del mundo. El informe ayudará a equipar a los empleados del sector público y a la sociedad civil con un conjunto modular de enfoques y herramientas que pueden utilizarse y adaptarse a los contextos nacionales específicos.

Los estudios de casos del informe muestran que las medidas para frenar la corrupción a menudo son oportunas y abordan esferas de vulnerabilidad específicas, cuando así lo permite el espacio político. Pero incluso cuando las medidas parecen tener un impacto aparentemente limitado, pueden constituir una base importante para avances futuros.

En Bangladesh, la implementación de adquisiciones mediante gobierno electrónico, combinada con un aumento de la transparencia y la participación ciudadana, redujeron a la mitad la cantidad de licitaciones con un solo oferente, lo que mejoró la competencia significativamente, incrementó la cantidad de contratos adjudicados a empresas no pertenecientes al ámbito local y condujo a la obtención de mejores precios de los licitantes seleccionados.

Colombia actualizó su sistema de adquisiciones electrónicas a fin de publicar datos de libre acceso, siguiendo los estándares internacionales. En consecuencia, la cantidad de licitaciones con un solo oferente del organismo de caminos públicos, INVIAS, bajó del 30 % al 22 %, mientras que ciudades como Cali vieron un aumento de los procesos competitivos del 31 % al 56 % en aproximadamente dos años.

En Ucrania, los ciudadanos y la comunidad internacional reconocieron la importancia de que las autoridades públicas den a conocer sus declaraciones de bienes como herramienta clave en la lucha contra la corrupción. Los últimos datos muestran que cerca de 5,3 millones de documentos del sistema de declaraciones electrónicas están disponibles para el público. Hasta mediados de 2020, el Alto Tribunal de Lucha contra la Corrupción de Ucrania manejaba 19 casos contra autoridades acusadas de presentar información falsa en el sistema de declaraciones electrónicas o de no presentar una declaración intencionalmente.

En Afganistán, el departamento de aduanas ha implementado progresivamente la informatización a nivel nacional en las operaciones de despacho. Si bien aún existen vulnerabilidades considerables y las pérdidas de ingresos en las fronteras continúan siendo un desafío considerable, los ingresos recaudados por la aduana se han multiplicado por siete entre 2004 y 2019, y el tiempo de despacho y la transparencia de las operaciones comerciales han mejorado notablemente.

El programa de reforma de la tierra de Rwanda contribuyó a manejar los conflictos en torno a este tema y condujo a un aumento de la eficiencia, la transparencia, la participación ciudadana y la creación de instituciones viables de gestión de la tierra. La automatización de los registros de tierras redujo los sobornos que se pagaban a los empleados de la oficina de registro, ya que la información pasó a ser de dominio público.

“Las instituciones son increíblemente importantes a la hora de aplicar las políticas públicas, hacer participar a la sociedad civil y garantizar una mayor transparencia en las operaciones del Gobierno”, dijo Ed Olowo-Okere, director de Prácticas Mundiales de Buen Gobierno del Banco Mundial. “En el informe se destaca la importancia de complementar los métodos tradicionales de lucha contra la corrupción con mecanismos avanzados, como GovTech y las adquisiciones electrónicas, incluso en los entornos más adversos y frágiles”.

23 de septiembre 2020

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/09/23/curbing-co...