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Opinión

Eddie A. Ramírez S.

¿Cuál ha sido la relación entre los empresarios y la política en los últimos tiempos? ¿Debería haber una relación o es preferible que sean como agua y aceite? ¿Quiénes son mejores presidentes, los empresarios o los políticos? En Venezuela no hemos tenido empresarios que hayan sido presidentes de la república. Lo más parecido fue cuando Eugenio Mendoza estuvo pocos meses en la Junta de Gobierno de 1958, así como la fugaz presidencia de Pedro Carmona en el 2002. Sin embargo, si ha existido una relación estrecha de empresarios con presidentes y con actores políticos. Así mismo, han ocurrido confrontaciones.

Cipriano Castro encarceló a varios banqueros por no aprobar un préstamo a la nación. Los empresarios “reflexionaron” y cedieron. Uno de ellos, Manuel Antonio Matos, quedó reconcomiado e intentó derrocar al Cabito. A partir de 1927 aumentó gradualmente el ingreso petrolero, lo cual permitió al Estado incursionar como empresario, aunque generalmente fracasado. Frecuentemente estableció medidas de control a las importaciones de materia prima y de productos elaborados. Cuando se implementó el control de cambio, muchas veces se otorgaron divisas de acuerdo con la relación del empresario con el gobierno de turno.

El empresariado se vio obligado a contar con intermediarios con buenas relaciones con el sector gubernamental. Como era de esperar, esto fue un terreno abonado para la corrupción. A pesar de todo, siempre ha habido empresarios honestos. En el pasado, pocas veces los empresarios confrontaron con los gobiernos, porque estos respetaban la propiedad privada. Este escenario cambió cuando Hugo Chávez, en forma arbitraria aprobó 49 Decretos Leyes, muchos de ellos violatorios de la Constitución.

Ante esta circunstancia, ¿qué actitud debían asumir los empresarios y los ciudadanos en general? ¿Acatar sumisamente o intentar que el gobierno revirtiera esos Decretos? Los demócratas intentaron convencer al incipiente dictador de que ese no era el rumbo, pero Chávez requería debilitar al sector privado. En defensa de la democracia, Fedecámaras, organización que incluye las diferentes Cámaras de comercio y producción, confrontó al gobierno con paros cívicos y apoyando marchas de protesta. Como consecuencia, Pedro Carmona y Carlos Fernandes, presidentes de esa organización, fueron apresados y tuvieron que exiliarse.

Se iniciaron las expropiaciones de empresas y de fincas, sin compensación. Los casos más conocidos fueron los de Radio Caracas Televisión y Agroisleña. Otros empresarios, acosados, tuvieron que vender, como los propietarios de Globovisión, de Últimas Noticias, de El Universal y de varios bancos. El Nacional resiste los embates de Trucutú Cabello, quien quiere apoderarse de ese periódico. Ante estos atropellos, muchos empresarios han tenido que ceder, despidiendo a periodistas, cambiando directores y gerentes, así como autocensurándose. Recuerdo que, ante una protesta de Gente del Petróleo, un empresario contestó “qué quieren, ¿que nos inmolemos?”. Quizá tenía razón, ya que del empresariado dependen muchos trabajadores y, además, es preferible contar con un sector privado disminuido a que el régimen termine de apoderarse de todas las empresas.

El dilema para un empresario, como para cualquier ciudadano, es hasta qué punto ceder. Lo que es inaceptable es que se pliegue a la dictadura apoyándola o incurriendo en corrupción. Criticar que Fedecámaras se reúna con el gobierno usurpador no es justo. En un país donde el que detenta el poder es “dueño de vidas y haciendas”, no queda otra que acudir a una reunión cuando se es convocado. Lo censurable es que cedan en principios y valores, prestándose a sinvergüenzuras o que declaren su apoyo al usurpador. Afortunadamente, la mayoría de nuestros empresarios se mantienen lo más alejado posible del régimen.

Desde luego hay casos vergonzosos, como el de César Parra, presidente de la Cámara Petrolera del Zulia quien declaró que “el problema es que ellos (los petroleros) eran una élite con buenas viviendas y campos deportivos”. Pareciera que Parra, para congraciarse con el régimen, predica que hay que nivelar por abajo. Mientras el venezolano que vive en un rancho lucha para tener una mejor vivienda, canchas deportivas para sus hijos y centros culturales, Parra quiere que se mantengan los ranchos y que los jóvenes estén ociosos y sean captados por la delincuencia. También es inaceptable que empresarios se plieguen al oficialismo para conseguir contratos en condiciones que perjudican al país o que promuevan proyectos que solo son rentables con subsidios del Estado. Desde luego, también abundan las empresas de maletín.

Es frecuente escuchar que los políticos son malos gerentes porque no han manejado ni una cantina escolar. Sin embargo, cuesta identificar a empresarios que hayan sido buenos gobernantes. Todo lo contrario, abundan los que fracasaron. Lamentablemente, por lo general tampoco los políticos lo han hecho bien. En Hispanoamérica muy pocos gobernantes han sido exitosos. En Venezuela, en los últimos 120 años hemos tenido presidentes civiles y militares, demócratas y dictadores. Unos lo han hecho mejor que otros, pero seguimos dependiendo del petróleo y persiste la desigualdad social y la pobreza.

Nuestro país está destruido. Para su recuperación requiere, entre otras cosas, contar con un empresariado con firmes valores éticos, que se juzguen a sí mismos, como predica Víctor Guédez, cuyas publicaciones deben ser de consulta obligatoria.

Como (había) en botica:

El Pacto para el restablecimiento constitucional que promueve Enrique Colmenares es una buena iniciativa, pero para que tenga éxito debe ser una convocatoria en la que participe la unidad opositora.

La dictadura quiere exigir a las ONG que rindan cuentas ante la Oficina contra la Delincuencia y financiamiento al Terrorismo. El objetivo es intimidar a quienes las apoyan.

Ya se encuentra en Amazon el libro ¿Quién destruyó a Pdvsa?, balance de la gestión de Rafael Ramírez, promovido por Gustavo Coronel y artículos de varios autores.

Lamentamos el fallecimiento de Alex Cazorla, compañero de Gente del Petróleo y de Unapetrol ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

 4 min


Jesús Elorza G.

Muy agotado terminó Nicolás, su jornada de reuniones con la dirección nacional del partido. El tema de las vacunas aún seguía sin resolverse. No se podía permitir que la oposición se llevase la gloria de haber conseguido los acuerdos internacionales necesarios para la adquisición de las vacunas contra el COVID-19. Horas y horas pasaron sin lograr una solución revolucionaria al problema planteado.

Estamos enredados, vamos a ganar tiempo mientras logramos ver como salimos de este peo, dijo el camarada Nicolás. Se me ocurre que Delcy declare sobre la no aceptación de la vacuna AstraZeneca por los efectos secundarios que provoca y así dejamos colgados de la brocha a Guaidó y su combo.

Al ver que todos los presentes aprobaron su propuesta dió por terminada la reunión y se fue a acostar. Previamente, pasó por la cocina y recalentó un par de hallacas y dos arepas de chicharrón que acompañó con sendos tragos de whisky. Finalmente se acostó, sin dejar de pensar en el peo generado por las vacunas.

En su sueño, entre ronquido y ronquido, se repetía, a cada rato, necesito una solución final… cuando explotó ante el, una llamarada desde una gran paila, que lo puso a sudar copiosamente y vio aparecer el espíritu de su Líder Único, el Difunto Eterno, quien con voz de ultratumba le dijo:

Conversando con mi pana de paila, Adolf Eichmann, hemos analizado las diferentes vías para que superes el problema de las vacunas sin darle pie o cabida a la oposición contrarrevolucionaria.

¡Dime, dime, dime!

Coño, ya va. Presta atención a los pasos que debes seguir para alcanzar la victoria y derrotar al enemigo contrarrevolucionario.

¡Soy todo oídos Mi Líder Único!

En primer lugar, deja que la oposición busque los reales para pagar al COVAX. Una vez, cumplida esta formalidad presentas “El Plan Revolucionario de Vacunación” que será administrado en su totalidad por nuestro régimen Socialista, Bolivariano y Revolucionario del Siglo XXI:

¿Orden de aplicación?

Tú, Cilia y familiares de primero.

Miembros de la Dirección Nacional del Partido.

Ministros y enchufaos relevantes.

Personal cubano presentes en el país (médicos, entrenadores, militares etc, etc, )

Revolucionarios en Armas: FFAANN, FARC, ELN, Paramilitares, Milicianos, FAES, DGCIM.

Gobernadores y Alcaldes revolucionarios.

Consejos Comunales en manos nuestras

Trabajadores de la Salud inscritos en el partido.

¿Requisitos?

Sólo uno: estar inscrito en el PSUV y tener Carnet de la Patria.

¿Otra directriz?

Cúmplase Nicolás, fue la orden del Difunto Eterno…quien se retiró a su infernal paila gritando “Vacuna o Muerte”

Pensativo, en su sueño, quedo Nicolás. Si las encuestas señalan que mas del 85% de los venezolanos rechazan al gobierno, quiere decir entonces que aproximadamente 25 millones de personas estarían condenadas a muerte por no estar inscritas en el partido y…..

Despierta mi amor, despierta, gritaba la Primera Combatiente mientras sacudía a su esposito. Tienes una terrible pesadilla.

¿Pesadilla? Que va, estas equivocada mi reina. Te voy a responder con la frase de mi pana el negrito Luther King “Ay jave a dream”. Mi Comandante y Difunto Eterno me reveló en un sueño, el camino a seguir en la Solución Final de la oposición imperialista y contrarrevolucionaria, para hacer de Venezuela un territorio habitado solo por revolucionarios socialistas del Siglo XXI…

Al conocer el Plan (Endgültige Lösung der konterrevolutionären Opposition) los seguidores del régimen extendieron su brazo, y como buenos fascistas gritaron:

“HEIL MADURO”

 2 min


Moisés Naím

La desatención del Gobierno estadounidense hacia sus vecinos del sur ha sido la norma durante décadas

En Guatemala, El Salvador y Honduras viven cerca de 34 millones de personas. En Latinoamérica y el Caribe hay 658 millones de habitantes. Los problemas de estos países centroamericanos son enormes. Los del resto de América Latina son aún más graves.

Hasta ahora, Joe Biden y su equipo solo han tenido tiempo para atender la grave crisis migratoria producto de la oleada de centroamericanos que buscan refugio en Estados Unidos.

Biden conoce bien la situación de Centroamérica ya que, en 2014 el presidente Barack Obama lo encargó de manejar la crisis migratoria de ese momento. Eso llevó al entonces vicepresidente a investigar a fondo la situación.

Apenas Donald Trump llegó a la Casa Blanca revirtió los progresos —ciertamente magros— que había logrado Biden y se concentró en construir un muro entre México y EE UU.

Ahora, ya como presidente, Biden se enfrenta al mismo problema. Los costos políticos en Estados Unidos del caos fronterizo son significativos y, por lo tanto, contener la crisis es una prioridad que acapara la atención de la Casa Blanca.

¿Y para el resto de América Latina y el Caribe? ¿Cuál es la política de Estados Unidos? No sabemos.

Esta desatención del Gobierno estadounidense hacia sus vecinos del sur ha sido la norma durante décadas. Estados Unidos siempre tiene problemas más amenazantes y urgentes de los que vienen de América Latina. Pero en estos tiempos ignorar las crisis latinoamericanas puede resultar más oneroso de lo que fue en el pasado.

América Latina no está teniendo un buen siglo XXI. Los dos gigantes de la región —Brasil y México— están en manos de populistas enamorados de malas ideas. Practican con fruición la necrofilia ideológica, el amor ciego a ideas ya probadas que siempre fracasan.

A medida que los partidos políticos de la región se atrofian y las economías se hunden, la democracia peligra. En Perú, dos abominables candidatos, se enfrentarán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En Ecuador, un presidente electo que parece sensato enfrentará a un Congreso fragmentado y corrupto que le hará muy difícil gobernar. El Chile políticamente estable de las últimas décadas ya no lo es y Argentina sigue siendo Argentina, pero peor. Brasil se prepara para el choque de titanes populistas: Bolsonaro vs. Lula.

Mientras la política fracasa y los políticos se insultan, América Latina, con solo el 8% de la población del mundo, tiene el 28% de las muertes globales por coronavirus.

En otra época, en Estados Unidos, un Gobierno demócrata de centro habría intentado dinamizar las economías y buscar formas de proteger la democracia. Estimular el comercio entre América Latina y Estados Unidos, por ejemplo, es una idea valida que hoy ni siquiera se menciona. El ánimo antiglobalización imperante en el partido demócrata lo impide. Rompiendo con una tradición de tres décadas el presidente Biden ni siquiera ha solicitado al Congreso (controlado por su partido) que le dé la autoridad para negociar acuerdos comerciales con otros países. Un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Brasil, al cual podrían unírsele otros países, tendría un inmenso impacto positivo. Pero nadie cree que sea factible.

En Nicaragua y Venezuela, países donde la democracia ha dejado de existir, el equipo de Biden aún no ha ofrecido nuevas ideas.

La realidad es que Washington ha abandonado a Latinoamérica en la pandemia. Hasta sus aliados tradicionales se ven obligados a negociar vacunas rusas y chinas. Por su parte Moscú y Pekín están aprovechando al máximo la oportunidad que les abre el desinterés de Washington. El Gobierno de Biden se ha reducido a advertir a sus aliados regionales sobre lo inaceptable que es la adopción de la tecnología Huawei para el desarrollo de sus redes 5G. Mientras tanto, China coloca sus vacunas en millones de brazos en la región.

Las democracias latinoamericanas están siendo sometidas a duras pruebas. Líderes con tendencias antidemocráticas ahora dirigen no solo a Brasil y México, sino también Argentina, Bolivia y pronto también a Perú. En Colombia, a más de un año de las elecciones, un candidato de extrema izquierda lidera las encuestas. Así, el aliado más firme de Estados Unidos en la región podría dejar de serlo.

Esto debería alarmar a Washington. Después de todo, si el fracaso de tres pequeños Estados en el extremo norte de América Central puede generar tanto caos en su frontera sur, no es difícil imaginar lo que podría suceder si lo mismo ocurre en los países más grandes. Venezuela, con los casi seis millones de emigrantes que ya ha generado, debería servir de lección: las democracias grandes también pueden colapsar y desestabilizar al resto de la región.

La crisis de Centroamérica, sin duda, necesita ser atendida. Hay que reducir las fuerzas que llevan a familias enteras a abandonar a su país o a enviar solos a sus pequeños hijos en una travesía peligrosísima. Pero atender la crisis centroamericana no puede ser a expensas de ignorar la crisis latinoamericana.

@moisesnaim

17 de abril 2021

El País

https://elpais.com/opinion/2021-04-18/joe-biden-y-el-fracaso-de-america-...

 4 min


Rosa M. Rodríguez-Izquierdo

La democratización del acceso a las universidades es un asunto que concierne, en mayor o menor medida, a todos los países y sistemas de educación superior.

El número de estudiantes que comenzaron a acudir a las universidades a partir de los años 60 creció exponencialmente. Esto modificó la forma de entender esta institución.

Su razón de ser ya no se encontraba únicamente en una elite de estudiantes, sino que se deducía del papel que debía jugar en la construcción de las sociedades democráticas e inclusivas. Sobre todo, a partir de la reforma del Espacio de Educación Europeo (EEES).

Esta modificación dio lugar a que prácticamente en todas las universidades haya proliferado el desarrollo de políticas, oficinas y servicios para la atención a la diversidad.

Cambios en el sistema hacia universidades inclusivas

Los resultados han sido muy desiguales de unas universidades a otras, pero casi siempre han imperado las orientaciones normativas o de obligado cumplimiento relacionadas con el género y la atención a la diversidad funcional. Sin embargo, la pregunta permanece en el aire: ¿unidades especiales o cambios profundos del sistema?

El marco del sistema económico actual ha instalado una lógica cada vez más meritocrática y credencialista en las universidades. Los estudiantes se han convertido en clientes, el profesorado en recursos, los proyectos en productos y las horas de clase en créditos. En “el mercado de la inclusión” queda pendiente definir cuál es el papel de la Uiversidad.

Diversidad en los estudiantes

En general, imperan los relatos pragmáticos que instrumentalizan la diversidad y la necesidad imperiosa de colocarse en este o aquel ranking, olvidándonos de la gran pregunta: ¿Cuál es el papel que ocupan las universidades en sociedades inclusivas? ¿Hacia dónde deben cambiar las universidades para dar acogida a un estudiantado cada vez más diverso o para adaptarse a poblaciones tradicionalmente no convencionales, tales como estudiantes de origen migrante, de minorías étnicas o con distintas capacidades cognitivas?

En el trabajo de investigación Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva en la Universidad. Diagnóstico y Evaluación de Indicadores de Institucionalización (2018-2021) se apuesta por subrayar la función social de la educación superior y por la propuesta de una Universidad inclusiva. El estudio apunta a cambios profundos del sistema en su conjunto, del currículo, de las metodologías de enseñanza, de los modelos de gestión que, en un sentido amplio, van más allá de la respuesta pedagógica impregnando la cultura organizativa y la comunidad educativa en general.

Políticas inclusivas

Estos cambios han de traducirse en la implantación de políticas y prácticas inclusivas e integrales. De no ser así, el riesgo que corren las universidades representa una amenaza a las raíces mismas de la vida en común, la democracia auténtica, el progreso económico y social y, desde luego, la propia legitimidad del sistema universitario.

En el año 2007 el periódico The New York Times publicó la esquela sobre el fallecimiento de Martin Trow en la que recordaba que su mayor contribución al mundo académico fue su descripción de la transición de una educación universitaria desde el privilegio de élite a producto masivo.

Sin embargo, sigue existiendo un aire de melancolía de que los estudiantes antes eran mejores, cargando la exigencia adaptativa sobre el alumnado como sujeto con “necesidades específicas de aprendizaje”.

Con menor frecuencia se examinan los factores institucionales o los modelos de gestión que se implementan, pues a pesar de la imagen inclusiva que trata de proyectar la Universidad, sigue siendo bastante homogénea en términos de su profesorado o en los modelos de gobernanza.

Todo ello bajo la premisa de dejar intacta una estructura universitaria que se resiste a los cambios que le son naturales a las sociedades democráticas modernas.

No culpar al alumnado

Una Universidad que pretenda ser inclusiva debe basarse en otras formas de enmarcar el problema y de articular las actuaciones que vaya más allá de la culpabilización del alumnado, que llega a la Universidad como carente de nivel, de conocimientos previos, de competencias básicas para el aprendizaje, etc.

El concepto excelencia suele estar vinculado a la captación de talento, a la investigación o a servicios específicos y no al conjunto de los procesos generales de gestión universitaria.

Los cambios profundos deberán concretarse en múltiples niveles de política e institucionalización de un paradigma inclusivo en la Universidad para promulgar la “Universidad comprometida”, que combina el impacto social y el desarrollo humano, entre otros.

O la Universidad se transforma o ¿cómo puede transformar la sociedad que le rodea? Queda un largo camino en la construcción de universidades inclusivas que suponen la creación de oportunidades de aprendizaje para el conjunto del alumnado y la promoción de relaciones sociales y académicas significativas entre personas y actores sociales que vayan más allá de reformas parciales avanzando hacia un cambio sistémico y cultural.

18 de abril 2021

The Conversation

https://theconversation.com/cual-es-el-papel-de-la-la-universidad-en-la-...

 3 min


Américo Martín

Los empresarios tienen mala fama y han sido acusados, por cierto sin abundancia de pruebas, de cuantos delitos puedan ser imaginados. No pienso limpiarlos de todo pecado, pero me gustaría, en nombre de la coherencia, emitir juicios equilibrados sobre su papel en ciertos momentos históricos, como el actual.

Permítanme, antes de retomar la crónica de este problema, aludir a un interesante debate organizado por notables intelectuales venezolanos acerca del tema de cuál fue la personalidad del siglo XIX más determinante de los acontecimientos del siglo XX. Se escucharon nombres obvios, como Metternich o Talleyrand, pero quizás por afán de introducir una travesura, interpuse a Carlos Marx. Al fin y al cabo, la cuarta parte del mundo se había organizado bajo la bandera del marxismo y contaba este movimiento con una influencia escandalosa que se manifestó precisamente en el siglo XX.

Lo que debo aclarar es que cuando emití este juicio ya me había desasido completamente de la influencia marxista que durante varios años profesé. Había llegado a la conclusión de que el marxismo es un mito, una fábula inconsistente destinada a desaparecer.

Paradójicamente, esos defectos tan acusados le daban una inesperada fuerza a la travesura de haber propuesto a Marx, porque ya no podía alegarse que su doctrina terminaría obteniendo logros realmente inolvidables.

El caso es que Marx fue el crítico más duro contra el rol del empresariado y, su insistencia en estigmatizar al capitalismo, sembró las ideas más deplorables sobre la figura del empresario. No obstante, brillantes economistas y, en particular Marshall y Schumpeter, introdujeron una excelente variante cuando hablaron del papel emprendedor de los capitanes de la industria al cual debemos en buena parte la modernidad, el desarrollo de la tecnología y el resultado de todo ello, la globalización.

Insisto: no estoy interesado en glorificar a nadie, incluidos, por supuesto, esos líderes industriales, pero el progreso tiene muchos rostros que han sido distinguidos por sus aportes en diferentes áreas, de modo que no se debería dejar por fuera la moderna gerencia empresarial.

En medio de la situación catastrófica que vive Venezuela, Fedecámaras anunció su decisión de ayudar a resolver problemas conjuntamente con el gobierno de Maduro. La primera respuesta del oficialismo fue positiva, lo que despertó el interés colectivo y animó a no pocos dueños de empresas. Sin embargo, el entusiasmo duró poco, cuando de la manera más inesperada, en Miraflores se produjo un viraje sorprendente; llovieron acusaciones algo polvorientas, extraídas del viejo baúl de los malos recuerdos. Se acusó a Fedecámaras de urdir planes conspirativos a los que supuestamente nunca habría renunciado. Fue un mazazo que desconcertó a los defensores de la iniciativa de Fedecámaras y probablemente despertaría ácidas críticas en el seno del oficialismo contra el gobierno de Maduro. Quedamos pues, en el mismo lugar, sin avanzar ni retroceder, lo cual en las condiciones de Venezuela representa un peligro real.

Personalmente, considero que la iniciativa de Fedecámaras era necesaria y lamento que de nuevo estemos envueltos en incógnitas al respecto.

No sé si tan lamentable incidente le pone fin a este esfuerzo para que distintos sectores del país resuelvan problemas tangibles, pero si así fuere, el costo podría ser inmensurable, entre otras cosas porque desanimaría las iniciativas plausibles provenientes de otros sectores de la sociedad.

El oficio político siempre está en juego en ocasiones como la que aquí he comentado y, sin duda en todos los casos donde se ejerce con probidad, deja una enseñanza fundamental: no se puede tomar una iniciativa juzgada positiva para abandonarla ante los primeros obstáculos. Por eso, sería importante que siguieran surgiendo propuestas constructivas en función del bienestar, de la libertad, del progreso social y material de un pueblo colocado en niveles tan dramáticos como el nuestro. Por supuesto, todo en el marco de la democracia.

Uno de los más grandes políticos del siglo XIX, nuestro Libertador Simón Bolívar, sabía sacarle provecho a las confrontaciones más difíciles y a las declaraciones más comprometedoras, pocas de las cuales tan trágicas como el Decreto de Guerra a Muerte, dictado en la noche del 14 al 15 de junio de 1813 en un pueblo de los Andes de Venezuela, por un joven héroe de 30 años, para entonces general en jefe del Ejército patriota, a la orden del Congreso de Nueva Granada.

En estado febril, razonando consigo mismo, llegó a la conclusión de que él no podría responder con balidos de oveja a la brutal sed de sangre de los ejércitos del rey.

Como era de esperarse fue coreado y aplaudido por los jóvenes oficiales que lo acompañaban y, no obstante, el Libertador deslizó una variante que atenuaba en forma interesante el rigor del decreto. A los españoles y canarios que había prometido la muerte, ahora les brindaba la mejor manera de escapar a ella: «…Y se unan a nosotros; en una palabra, los españoles que hagan señalados servicios al Estado, serán reputados y tratados como americanos».

Con una claridad absoluta en un momento de exaltación tan crispante, Bolívar dejó claro que es la unidad de los maltratados —con la colaboración incluso de sus perseguidores dispuestos a unirse a la República— el camino posible para redimir a los pueblos en libertad, en democracia, en respeto a la dignidad; la única vía para volver a tener una patria libre, democrática y próspera. Tómense estas sabias palabras de un gran líder político para que en los momentos de extremas necesidades todos persistamos en los propósitos más elevados sin doblegarse, sin desanimarse y perseverando hasta el fin de la vida si fuere necesario.

Twitter: @AmericoMartin

 4 min


Carlos Raúl Hernández

En la Historia de Mayta (Vargas Llosa: 1983), un personaje hace jogging en Bogotá mientras la guerrilla asedia la ciudad, que fatalmente, piensa, caería. En la vida real las FARC llegaron a 30 kms. de la capital y se daba por sentado que eso ocurriría, pues controlaban 75% del territorio. Pero Álvaro Uribe las derrotó militarmente y expulso del centro a la periferia del país. Luego Juan Manuel Santos logró un exitoso acuerdo de paz, pese al boicot del uribismo celoso.

Desde que se creó la justicia transicional y la tecnología que mide la eficacia de estos acuerdos, el mejor evaluado es el de Santos. Pacificar 80% de combatientes, se valora positivo. En Colombia lo hicieron cerca de 90%, 13.000, y se mantuvieron renuentes 1.200. En cuanto al coeficiente de entrega de armas por número de irregulares, otro parámetro, el primer lugar se lo llevaba Afganistán con 76% y el último, Nepal con 1%, mientras lo hizo 100% de las FARC.

Iván Duque ha sido una calamidad para Colombia y parece iniciar una mala racha porque su posible sustituto, Gustavo Petro, carga en la cabeza demasiadas cucarachas revolucionarias. Antes de los acuerdos de paz, la guerrilla tenía presencia en 700 municipios del total de 1200. Cuando Duque asume la presidencia quedaban apenas 58 municipios conflictuados, y vendría una progresión para pacificar también al ELN y los disidentes de FARC.

Es que me da una flojera…
Pero Duque anuncia en la campaña mano dura y algo tan grave como que su gobierno modificaría los acuerdos, lo que dispara las alarmas y el reagrupamiento. Persiguen a Iván Márquez y Jesús Santrich para extraditarlos, quienes en respuesta fundaron el frente Nueva Marquetalia. Colombia tiene el ejército más fuerte de Suramérica después de Brasil, una infantería curtida en setenta años de guerra, con aviones tácticos Tucanes y Supertucanes, pero no combate.

Dos años de meros desplantes contraproducentes y radicaloides, hunden al gobierno, y las encuestas prevén su derrota electoral. El número de municipios en guerra sube a 186. Pero ahora con criterio comercial, ELN ejerce para sus negocios soberanía en 70% de las fronteras donde no existe Estado. La prensa colombiana contó que el ELN paró el tráfico por varias horas a siete minutos de distancia de una base militar en el Cauca y nadie se sintió aludido.

Luego de la incursión en la Victoria -Apure, el Alto Mando colombiano anuncia movilizar dos mil hombres… en julio. La prisa es plebeya. A 20 años del Plan Colombia y con siete bases norteamericanas en el país, la exportación de cocaína escaló el año pasado su pico histórico, y 70% de la producción mundial sale por sus costas del Pacífico.

¡No voy a mover un dedo!
Hay una guerra civil entre treinta facciones que se disputan el comercio de personas, vías para el narcotráfico, cobros de vacuna y extracción ilegal en el Arco Minero y el sur oeste colombiano. En tal región de Colombia hay gente que debe caminar hasta cinco horas para conseguir agua sin mercurio en medio del desastre ecológico. El año pasado hubo 4.000 desplazados en Nariño, 2.000 en Cauca, donde el Clan del Golfo se entretiene en la limpieza étnica de negros e indígenas.​

Despedazan los cuerpos con motosierras, que se agotaron en las ferreterías de la región. La guerra civil colombiana medraba en la frontera de monte y culebra, 2.200 kms. de selva con algunos puntos poblados, pero ahora los convierte en campo de batalla, lo que debe ser a cambio de algo muy importante y manos poderosas que desde Colombia ensayen crear una contra, al estilo nicaragüense de los 80, para poner jaque.

El medio fue hoy el “Frente Gentil Duarte”, pequeño pero aliado del ELN que domina las fronteras ¿Actuaron sin consultar a los elenos o con su aprobación? ¿La posible contra estará asociada al ELN? La dura acción de las FABV evidencia que lo ven como ensayo para instalar un foco permanente.

¿La contra contraataca?
A la misma fecha y hora, bandas desatan tiroteos en barrios de Caracas. Días después circula video de un comando encapuchado con armas largas, que amenaza a la GNB en el Arco Minero, donde está el ELN. Sigue con el ataque a comando rural de la GNB en Caripito, Monagas, y hay cinco funcionarios heridos.


La incomunicación y hostilidad entre los dos países crea el peligro de que cualquier error, un ataque equivocado, provoque choques entre los dos ejércitos regulares. Las FANB neutralizaron la ofensiva de La Victoria y los propulsores de la contra desarrollan, como suele ocurrir, una política comunicacional que polariza medios y Ongs, y la información viene turbia. El lugar común dice que en la guerra la primera baja es la verdad.

Sería demencial o tonto celebrar que mueran muchachos en combate o que se comprometa nuestro territorio, un drama para Venezuela y no para el gobierno. ¿Cuántos jóvenes deben morir para que sepamos qué es una guerra? Con frecuencia los conflictos internacionales dejan heridas incurables y cicatrices históricas, odios mellizales. Desde 1899 no nos libramos de las consecuencias del Laudo de París sobre Guyana, pese a que no empuñaron armas.

@CarlosRaulHer

 3 min


Ismael Pérez Vigil

La semana pasada celebramos, comentamos y criticamos el pronunciamiento en el cual los partidos políticos de la oposición democrática ratificaron su compromiso de lograr una alianza unitaria y su propósito de construir o ampliar su coalición a un mayor número de partidos e incorporar a la sociedad civil para lograr unas elecciones libres y la ayuda humanitaria que demanda el país.

Debo reconocer que me ha decepcionado algo el “frio” recibimiento que ha tenido el documento. Esperaba mayores reacciones, más numerosas y fuertes, a favor o en contra, que las que he visto “circular” en redes sociales o en los artículos de opinión de los hoy llamados “influencers”. Quizás lo debamos atribuir a esa situación de la cual habla el Padre Ugalde en su más reciente artículo (“La hora de José Gregorio”, El Nacional, 15 de abril de 2021) y que lo lleva a invocar al Santo para implorarle el milagro que necesitamos para sacudirnos de esa “parálisis que nos mata”.

Concluí mi artículo de la semana pasada señalando que nos queda ahora una tarea pendiente: llevar la discusión a todos los niveles, en partidos y organizaciones de la sociedad civil, de donde surgirán las propuestas de acciones concretas, sobre las cuales reconstruir la oposición. No es esa, claro está, la única tarea pendiente, ni la única dificultad que encontramos en la tarea de reconstruir a la oposición democrática; pero, llegado a este punto debo abandonar el tema y dejarlo aún “pendiente” para una próxima ocasión, pues ahora se ha presentado otro, cuya urgencia merece nuestra atención.

Ya he dicho en otras ocasiones que, la de arremeter en contra de los ciudadanos y sus organizaciones, siempre ha sido una de las estrategias del régimen. Se ha valido para ello del TSJ, que a través de varias sentencias ha venido moldeando, “rebanando” y restringiendo, considerablemente, el concepto de sociedad civil e “interpretando” a su “estilo” la constitución y las leyes, han venido disminuyendo, confiscando o menoscabando diversos derechos ciudadanos, especialmente −pero no solo, como ya dije− derechos electorales.

A principios de este año comentamos, y buena parte del país reaccionó, frente a la agresión de los cuerpos represivos del estado en contra de los comedores de Caracas Mi Convive −Alimenta la Solidaridad− en Miranda y Azul Positivo, en el Zulia, entre otras.

No se puede decir que se ha “conjurado” ese peligro −pues con este régimen nunca se “conjuran” sus desmanes−, pero al menos pasada esa emergencia, nos enfrentamos ahora a otra; esta vez revestida de Providencia Administrativa que pretende, o mejor dicho, establece la creación de un Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, todo ese largo nombre para indicar el organismo ante el cual deben registrarse las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro y consignar una serie de recaudos y documentos como: acta constitutiva, estatutos, un listado de las organizaciones, nacionales o extranjeras de las cuales reciban aportes o donaciones, además de identificar a los beneficiarios de la acción de las actividades de la organización y varios más.

Desde luego que lo establecido en esta norma, de carácter sub legal, como lo es una “providencia administrativa”, es completamente inconstitucional, pero demuestra una vez más y perfectamente, cual es la verdadera posición del régimen con relación a la sociedad civil.

No sabemos que alcances pueda tener este nuevo dislate gubernamental, pero, se nos ocurren dos hipótesis. Una es que, a lo mejor, está “Providencia”, que nada tiene de providencial, es desechada y su autor o autores −que pretendieron ganarse el cielo con esa locura− corren la misma suerte del alcalde de Yaracuy, aquel que marcó las casas de los contagiados de covid, como si se tratara de familias listas para ser conducidas a un campo de concentración; bajo la filosofía de “atajen a sus locos” los autores de esta pudieran enfrentar −al igual que el alcalde nazi− alguna acusación, de mentiritas, por supuesto, por parte de la Fiscalía ilegítimamente designada por la ANC.

La segunda hipótesis es que, como este régimen “no da puntada sin dedal” y acostumbra lanzar “globos de ensayo”, si no se producen reacciones, seguirá adelante con esta idea, que encaja perfectamente con su mentalidad de “control y represión”, de sembrar miedo con este nuevo intento de institucionalizar el “sapeo”, bien conocido por los venezolanos y al cual es muy aficionado este régimen.

Como quiera que no sabemos cuál de las hipótesis −sino ambas− resultará cierta, lo mejor es que no nos quedemos inertes frente a la situación y procedamos de inmediato, contra esta disposición. Se me ocurren tres vías:

– dar a conocer, difundir, nacional e internacionalmente esta nueva locura e intento de control y represión por parte del régimen, para que nadie quede desprevenido frente a esta posible o real amenaza;

– aunque la experiencia nos indique que acudir al TSJ del régimen a demandar y pedir justicia es inútil, creo que podría causar impacto que una buena cantidad de organizaciones de la sociedad civil, algunas de las cuales tienen buenas conexiones internacionales, acudan a esa instancia judicial a demandar por inconstitucional, por ilegal, la nulidad de esa Providencia Administrativa.

– de igual manera, la mayor cantidad posible de organizaciones de la sociedad civil debemos dirigirnos a la Oficina de las Naciones Unidas que encabeza Michelle Bachelet, y a otras organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos, para denunciar esta nueva violación de los derechos de los ciudadanos.

Aunque las apelaciones a esas instancias, me refiero al TSJ y algunos organismos internacionales, no surten mucho efecto, al menos contribuiremos al esfuerzo por recopilar, sistematizar y relatar, todo lo que se ha escrito y dicho, que ha sido mucho, acerca de cómo el llamado socialismo del siglo XXI ha ido destruyendo al país. Muchos se quejan que de la democracia iniciada en 1959, no quedó una buena historia escrita, una narrativa completa; no podemos permitir que lo mismo ocurra con las tropelías del régimen iniciado en 1999, que ha destruido el país.

De todo este desastre debe quedar una historia, una narrativa, una crónica, un buen relato de lo ocurrido.

Politólogo

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