En recuerdo de Mercedes Pulido de Briceño

En una entrevista en Prodavinci realizada hace cinco años Mercedes comentaba que el problema político de mayor envergadura era la hegemonía militar, pero que no se enfrentaba.

Cuando se materializó el Golpe de Estado del 18 de Octubre de 1945, contra el gobierno del General Isaías Medina Angarita el historiador Manuel Caballero, en su libro sobre Rómulo Betancourt, destacó que en esa fecha los militares egresados de la Academia Militar, habían entrado como factor de decisión en la escena política, por primera vez en la historia en Venezuela. Ahora bien, a pesar de que Medina Angarita era militar egresado de la Academia Militar, su régimen de gobierno inicio un proceso de modernización política, al permitir la creación y organización de partidos políticos, incluso el comunista. Es necesario aclarar que ese gobierno, sin ser plenamente democrático, se caracterizó por la presencia mayoritaria de civiles, de honorables hombres en posiciones públicas, Ministros, Directores de Ministerios y demás instituciones del Estado. En concreto, no fue un gobierno militar ni militarista. Sin embargo no pudo superar el estigma de la hegemonía andina, ni la apertura a la elección directa del Presidente.

El golpe de 1945, denominado luego “Revolución de Octubre”, tuvo como objetivo desmontar la estructura política que surgió, luego de la muerte de Gómez y propiciar, la elección del Presidente de la República y de los miembros del Congreso Nacional, mediante el voto directo y secreto de todos los venezolanos. Y así fue; sin embargo, los militares con el liderazgo de Marcos Perez Jimenez ya en la escena como factor de poder político, apenas dejaron que Don Rómulo Gallegos, gobernara por menos de nueve meses al País.

A partir de su derrocamiento y hasta 1958, Venezuela tuvo un régimen político de militares. Y si tomamos en cuenta que, a pesar que la Junta Revolucionaria de Gobierno del 45, se mantuvo en el poder tres años, presidida por un civil, Rómulo Betancourt, lo cierto es que en su composición había militares en destacada función gubernamental, con Poder, por lo cual se puede indicar que fueron 13 años de presencia militar en tales gobiernos, desde 1945 y hasta 1958. Y luego del 23 de enero, aun cuando la Presidencia de la nueva Junta es ocupada por un Almirante, el régimen dictatorial es sustituido por un orden liberal democrático, dirigido, fundamentalmente, por civiles, mientras que las fuerzas armadas pasan a ocupar, por primera vez en su historia, una institución de soporte al régimen político naciente.

También es cierto que, las Fuerzas Armadas, fueron intervenidas, parcialmente, por los dirigentes de los Partidos Comunista, MIR y otros aupadores de las guerrillas y lograron promover, contra la democracia, los alzamientos de Carúpano y Puerto Cabello, intentonas fracasadas y apabulladas por el sector dominante de las Fuerzas Armadas, el cual estaba claramente consciente de su rol institucional en defensa de la democracia.

A lo largo del periodo democrático, las Fuerzas Armadas se fueron convenciendo de la conveniencia del predominio del poder civil sobre el militar, en cuanto a política y activismo político se refiere, así como en la conducción de los sucesivos gobiernos. Desde luego, el libre pensamiento y las eventuales tendencias políticas, existían, pero no formaban parte del contexto institucional. Un hecho importante fue acordar elevar a grado universitario a los egresados de las Academias Militares y para 1975, a los cadetes que aprobaban el curso final de sus estudios, les eran otorgados títulos de Licenciados en Ciencias y Artes Militares, relevando su participación social. Un hecho significativo fue la presencia de profesores civiles en varias cátedras del pensum de las Academias. No puede dejar de mencionarse que durante ese periodo democrático, existió una política de estado para que los oficiales y suboficiales, tuviesen la oportunidad de perfeccionarse profesionalmente en otras academias e instituciones militares de países amigos, así como tambien a estudiar en prestigiosas universidades del exterior. Muchos oficiales y sub oficiales tuvieron entonces la oportunidad de conocer los avances de las armas modernas y, de hecho, el país adquirió equipos y armamentos de última generación. Quizás el caso más emblemático fue la adquisición de los F-16, arma de uso exclusivo del Gobierno de los Estados Unidos, así como la construcción y operación de las fragatas de la industria bélica de Italia, también de tecnología de punta para ese entonces.

Se decidió crear el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, en donde concurrían militares y civiles para el análisis y consideración de los problemas del país con perspectiva nacional. Era un centro de discusión que mostraba el espiritu democrático dentro de un orden de convivencia entre lo civil y lo militar,

Convencidos de las bondades del sistema democrático, las Fuerzas Armadas actuaron como soporte institucional del Estado en la lucha y combate de las guerrillas, propiciadas por los Partidos Comunista y MIR en alianza con la Cuba de Fidel Castro. Fueron años muy duros de lucha armada, hasta que su derrota fue definitiva. Como una demostración fehaciente del respeto, por parte de la democracia, a los derechos humanos, se decidió, de inmediato, permitir la actividad política de quienes habían tomado los caminos de la subversión armada, habían entregado sus armas y habían depuesto su intención insurreccional. Muchos de esos dirigentes, la gran mayoría, acataron el orden del régimen democrático y al disponerse a participar en su concierto, pudieron ser electos al Congreso de La Republica y a otros órganos deliberantes, como las Asambleas Legislativas de los Estados y como ediles de los Concejos Municipales.

En sentido general, los gobiernos democráticos, sin perder nunca su carácter civil, dieron cabida relevante a oficiales activos de las FAN para el desempeño de algunas responsabilidades en la administración pública.

Sin embargo, para mediados de los 80, esa actitud de predominancia del poder civil sobre el militar, dentro del régimen jurídico institucional, fue cambiando progresivamente. Y de una manera taimada, sin sobresaltos, se fue construyendo una corriente de opinión de reasunción de la ideología del militarismo como factor de poder. La discusión anual y aprobación de los ascensos militares por el Senado, para los grados de Coronel y General, generaba incomodidad en la jerarquía militar, por cuanto se aducía que los Senadores no tenían la calificación suficiente y específica para evaluar los expedientes. Pero fue una realidad y, en verdad, esa disposición constitucional más bien les permitió, a los altos oficiales de las propias Fuerzas Armadas, esmerarse y cuidar bien las propuestas de ascenso, para que siempre fueran justificables. En muy raras ocasiones, alguna de las propuestas de ascenso fue objetada por el Senado.

Los sucesivos Altos Mandos militares de entonces estaban conscientes de la existencia de esas corrientes internas de opinión, pero quizás no tenían una dimensión exacta de la extensión e intensidad de estos movimientos ideológicos militaristas. Las Academias Militares empezaron a prescindir de profesores civiles; los planes de estudio, igualmente, empezaron a cambiarse, con el argumento de que había que reforzar la formación militar y la fortaleza de la institución, la cual se sentía débil ante el Poder Civil. A los jóvenes cadetes que se incorporaban a la Academias, les reprochaban, para desacreditarlos como personas, que se “parecían a un civil”; de este modo se fue creando un espíritu contrario al predominio del poder civil sobre el militar. Esta corriente de pensamiento militarista, acusaba y señalaba a la alta oficialidad, como “entreguista” al poder civil y, en particular, como subordinada a los dirigentes políticos, lo cual hacia que muchos oficiales de alta graduación se abstuvieran de actuar de modo disciplinario.

Estos movimientos fueron progresivamente tomando cuerpo en el seno de las FAN y a pesar de haberse cometido alguna que otra acción disciplinaria, éstas fueron más bien dilaciones para enfrentar la realidad en su verdadero contexto. Y es allí dónde y cuándo aparece en escena Hugo Chávez y otros oficiales, quienes utilizando inapropiadamente el nombre de Bolívar, luego de varias acciones tácticas, irrumpen con los golpes de estado de febrero y noviembre de 1992. Hecho que en verdad, sorprendió al establecimiento político civil y a la opinión pública, no lo fue así para el mundo militar, quien lo tomó como una primera acción reivindicadora de su “legítimo” y tradicional misión de “gobernar” a la Patria de Bolívar.

La elección de Hugo Chávez, cambió por completo el espectro político militar. Y a pesar de que fue electo mediante el voto popular, su convicción era que lo había sido principalmente por su condición militar y no por seguir las pautas de la política tradicional. La Constitución de 1999 tiene un evidente sesgo militarista. En un Foro realizado en IFEDEC, unos de los constituyentitas de mayor renombre, Herman Escarrá, indicaba, como crítica al proceso de la discusión de la Constitución, que Hugo Chávez había insistido, enfáticamente, en darle ese sesgo y otorgar privilegios a los miltares. Esa era y es la realidad.

A lo largo del régimen de Chávez, los militares fueron asumiendo cargos y posiciones, no solo en la Administración Pública, sino, además, en las empresas del Estado, incluyendo a PDVSA. Su intención siempre fue muy clara: ir tomando control, a través de militares, preferentemente activos, de todas las labores funcionales y operativas de la administración pública, de modo de dar por sentado que este era un régimen de inspiración militar.

Se ha llegado al extremo actual, en el cual la participacion militar, prácticamente ocupa todo el espectro de la administración pública y de las empresas del Estado; hoy, en nuestros días, tal participación incrementada, de manera súbita, por las expropiaciones y apropiaciones, las intervenciones indiscriminadas del régimen, se hace más evidente.

De modo que, en la práctica, el Gobierno de Maduro, es un gobierno de militares. Y con una concepción ideológica sobre la preponderancia del Estado sobre los medios de producción y distribución de bienes, que viene de las relaciones funcionales con el régimen cubano, quien al parecer tiene las riendas del poder en Venezuela. De un modo insólito, a espaldas de la institucionalidad, se han creado empresas militares para el desarrollo de los negocios petrolero y minero. Con ello, se rompe la exclusividad que tiene PDVSA y no es de extrañar que, en un próximo paso, PDVSA sea una empresa administrada bajo la égida militar. Igual sucede con el arco minero, portador de recursos de última hora que le permitirán al gobierno, mediante concesiones mineras, hacerse de unos fondos para intentar superar la crisis económica. Y todo esto estará bajo la administración de los militares. La gran excusa:

¡ellos son los verdaderos defensores de los intereses nacionales y de la soberanía! Una verdad aparente, transfigurada por una realidad, el poder político de los militares. Quizás se estan dando las bases de poder, para que en el caso de un cambio de Gobierno, ya las Fuerzas Armadas tengan en sus manos el petróleo y las minas y sea esta peculiaridad, una enorme restricción para quienes serían gobierno en los próximos años, puesto que sería muy cuesta arriba despojar a las Fuerzas Armadas de ese poder.

Hoy, sin vergüenza alguna, las Fuerzas Armadas se declaran revolucionarias y chavistas. Pero la desgracia de su fracaso está socavando, intensamente, el apoyo popular, ya que según apuntan las últimas encuestas, alrededor del 90% de los venezolanos, rechaza a este régimen. Y no se puede olvidar como factor de rechazo, la presunta vinculación de altos oficiales con el tráfico de drogas. Pese a ello y como en un postrer recurso de desesperación, se pretende militarizar y entregarles toda la distribución de alimentos a los militares, como si la causa de la escasez pueda ser enfrentada bélicamente, a través de acciones militares.

Y, téngase por seguro, lo que efectivamente harán es agravar aún más el tema de la escasez y la anarquía en general. Asi como la inflación. Los militares no pueden parar y sostener la indignación nacional y algún día, mucho más pronto que tarde, el régimen y todos sus integrantes, sucumbirá, dejarán el poder y, desde luego, nos entregarán a Venezuela hundida en la peor crisis de su historia. Pero, si el problema militar no se enfrenta política e institucionalmente sobrevivirá el militarismo con poder político, aun con un nuevo Presidente.

La hegemonía militar sea quizás el gran escollo político de mayor relevancia nacional para la superación de la crisis nacional, por cuanto se ha destruido el entramado social civil que sostenía al régimen democrático durante el periodo 58/98. Este asunto se evade de ser tratado públicamente tanto por los dirigentes de la oposición, con la excepción de Ramos Allup, como por quienes emiten opinión en la prensa escrito y en los medios sociales. El temor inunda subliminalmente a los dirigentes políticos y cometen un gran error. Este tema debe ser discutido públicamente, tanto en la Asamblea Nacional, como en otros foros de discusión. Asi como la política económica estatista centralizada es necesario su discusión pública, del mismo modo el problema militar.

¿Entendemos o no, el orden de los riesgos que impunemente se corren, cuando se entrega el Poder a una hegemonía militar?

Alena es de Bielorrusia. Orlando era de Aragua. Alena se graduó en la universidad estatal de su país. Omar estudió en la universidad de la vida. Alena fue contratada por las Naciones Unidas como Relatora Independiente para investigar el efecto de las sanciones sobre los Derechos Humanos. Orlando era uno de los millones de venezolanos que han tenido que huir de su país en busca del diario sustento y de seguridad personal.

¿Qué credenciales tiene Alena para ser contratada pro bono por la ONU? Hay que reconocer que tiene un doctorado y se puede asumir que en Bielorrusia los profesores universitarios están muy bien pagados, no como en Venezuela. Por eso, supuestamente pudo aceptar venir sin remuneración.

Orlando nació en un país que ofrecía muchas oportunidades. Un “país potencia”, escuchó decir al presidente. Un país con las mayores reservas petroleras del mundo, con gas, oro, diamantes, con gran potencial hidroeléctrico, mucha tierra para la agricultura y poca gente. Sin embargo, Orlando no percibió, ni disfrutó, esa potencia. A pesar de lo que escuchaba pregonar a sujetos con camisa roja, tenía dificultades para conseguir alimento. Cuando se enfermaba encontraba las farmacias vacías. Tenía dificultades para obtener el diario sustento. El bolívar que conocía cuando era pequeño ya no existía, sino uno llamado soberano al que le habían quitado cinco ceros. No pudo más. Decidió emigrar.

Alena despertó sospechas desde un principio. Algunos se preguntaron si en su país había denunciado las violaciones a los derechos humanos del dictador Lukashenko, quien tiene 26 años en el poder. Otros se mostraron extrañados de que Maduro aceptara sin chistar su presencia en Venezuela. ¿O acaso fue él quien propició con su compinche de Bielorrusia y otros izquierdosos que ella fuese la Relatora designada?

Orlando llegó a Perú. Desconocemos si atravesando a pie Colombia y Ecuador. Allí fue vilmente asesinado por un malandro conocido como “Cara cortada”. Desconocemos las circunstancias. Solo el aterrador video en donde aparece cómo fue acribillado ante la presencia indiferente de unos clientes del negocio. Alena no podrá interrogarlo para indagar las causas que lo llevaron a emigrar y si las mismas tenían algo que ver con las sanciones. De todos modos, de acuerdo a sus declaraciones, ella no pareciera tener interés en investigar a fondo. Lo suyo era acordar con Maduro y Arreaza lo que debía relatar.

Alena enfatizó en lo perjudicial que había sido para Venezuela las sanciones al petróleo, al oro y a la explotación de diamantes, así como la escasez de agua y de electricidad. ¿Acaso no se informó que la producción de petróleo ha venido cayendo año tras año desde mucho antes de las sanciones? Así, según la Opep, en el año 2000 producíamos 2.897.000 barriles por día (b/d), cifra que bajó a 2.365.000 b/d en el 2015, o sea una pérdida de 532.000 b/d, sin ninguna sanción. A enero de este año la producción fue de solo 487.000 b/d. El régimen dirá que la causa es que no puede importar diluentes para mezclar con el petróleo pesado, pero la realidad es que descuidó la producción de crudos livianos. No tiene prohibición de exportar a China y a la India. Cierto que ha tenido inconvenientes para conseguir barcos, pero el problema fundamental es que tiene muy poco petróleo para exportar. Importa gasolina de Irán porque no invirtieron en nuestras refinerías.

Alena también recalcó las sanciones a la producción de oro y diamante, pero la realidad es que se siguen extrayendo por las mismas mafias, inclusive militares, que no lo entregan al Banco Central. Alena debería interrogar a los “bolichicos” para que le digan cómo se enriquecieron con la estafa de las plantas eléctricas. El último escándalo de corrupción es el de Pdvsa Gas Comunal y su presidente Jacob Grey. También debe informarse de la demora en la construcción de la hidroeléctrica de Tocoma, que debía estar terminada en el 2012. Además, descuidaron el mantenimiento de las existentes y de los sistemas de transmisión y distribución. La escasez de agua se debe a la no construcción de nuevos embalses, así como las fallas de distribución. Las empresas del hierro, del aluminio y las cementeras están destruidas hace tiempo. La escasez de alimentos se debe a la expropiación de fincas en producción, control de precios por debajo del costo, numerosas alcabalas donde los agricultores deben pagar peaje, así como la expropiación de Agroisleña y agroindustrias de la leche, azúcar, aceite y café.

Alena, no es nada personal, pero usted no realizó a conciencia el trabajo que le asignaron. ¿Razones? Ojalá, antes de presentar su informe final se anime a conversar con algunos de los millones de venezolanos que, como Orlando, tuvieron que emigrar de un país que tradicionalmente atraía inmigrantes. Si lo hace, quizá pueda convertirse en la persona “feliz por conocer las causas de las cosas”, como decía el inmortal Virgilio.

Como (había) en botica:

Horacio Medina, presidente ad hoc de Pdvsa, dejó claro: Citgo no se ha endeudado desde que Guaidó es presidente interino. Tuvo que renegociar la deuda de Maduro por 650 millones de dólares para diferir el pago hasta el 2026. Acatando leyes de Estados Unidos esos nuevos bonos solo pueden ser adquiridos por inversionistas institucionales y especializados.

Debemos reconocer que en los países que han acogido a nuestros emigrantes el trato ha sido bueno. Como en todas partes, hay excepciones. Hay que entender que son millones los que han tenido que ser recibidos en países hermanos que hoy también tienen dificultades económicas. Así mismo, que deben cumplir con sus leyes de inmigración. Cuando Venezuela aceptó inmigrantes fue porque los necesitó y nuestra economía estaba boyante. Esa inmigración contribuyó a nuestro desarrollo. Estamos seguros de que nuestros emigrantes contribuirán a los países que los acogen.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

La Fuerza Armada está entrando en un punto de inflexión histórica por razones económicas, políticas, sociales y militares, enfatiza Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano. En entrevista para TalCual, la abogada expresa que la merma del ingreso ha significado una orfandad para el país y ha tenido una repercusión brutal en la FAN

El seguimiento a las nuevas estructuras de la Fuerza Armada Nacional (FAN), en los últimos 24 meses, evidencia el objetivo del gobierno de Nicolás Maduro de reforzar el orden interno. Esto es parte de los hallazgos de uno de los recientes estudios de Control Ciudadano, Organización No Gubernamental (ONG) con experticia sobre la seguridad y defensa del país.

Sin embargo, en entrevista para TalCual, la abogada Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano, indica que la creación y activación de unidades militares es menor, y «hay una brecha brutal» con lo registrado hace tres años. Atribuye esta situación a muchas razones, entre ellas el impacto de la crisis petrolera sobre la organización castrense.

Puntualiza que el mayor número de unidades creadas, desde 2019, es en la Guardia Nacional, componente que tiene 10 nuevos destacamentos: «Eso obedece a muchas razones. No solo porque también es lo más barato de instalar, también no requiere mayor inversión en logística, ni en la adquisición de sistemas de armas».

San Miguel advierte que la veintena de empresas militares que el gobierno de Nicolás Maduro creó, a partir de 2013, «están en el suelo». En ese contexto resalta que no son suficientes las corporaciones que le han sido entregadas a los militares para sustentarlas, además de ser incapaces de cubrir las demandas estructurales de la FAN.

– ¿Cómo se encuentra la estructura actual de la Fuerza Armada Nacional?

– La Fuerza Armada está entrando en un punto de inflexión histórica por razones económicas, políticas, sociales y militares. Ese tránsito entre el año 2020 y el 2021 pone un acento definitivo en este cuadro de inflexión histórica. La merma del ingreso petrolero ha significado una orfandad para el país en general y para la revolución bolivariana en términos de la maquinaria de inyectar dinero y de la burocracia del Estado, pero esto ha tenido una repercusión brutal en la FAN. En otros ministerios no te das cuenta por la baja presencia que tienen para el país, pero en el sector Fuerza Armada Nacional es clave.

Basta ver el análisis de la activación y creación de unidades hace tres años y como es el funcionamiento actual, basta ver la presencia de militares en otros ministerios donde había recursos económicos y posibilidades de participar en el desarrollo nacional como se ha mermado, ha pasado de 46 a un 25% de participación militar en ministerios desde 2020.

– El gobierno de Maduro, en reiteradas ocasiones, ha dicho que las empresas de la FAN han sido creadas para su mantenimiento

-No bastan las corporaciones que le han sido entregadas a los militares para sustentarlas. La principal de ellas, Camimpeg (Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas), está alimentando los intereses del madurismo en el poder, pero no a la FAN como institución. La Zona Económica Militar Especial de Desarrollo Forestal, activada en diciembre de 2020, para satisfacer las necesidades logísticas de la Fuerza Armada no es ninguna garantía de que vaya a resolver los enormes problemas estructurales que ya tenía la institución. Y en general todo.

Otras empresas que se están reinventando en estos últimos meses no llegan para satisfacer las profundas demandas de la FAN. Se trata de demandas estructurales que vienen arrastradas desde la época de la bonanza, cuando se tuvieron que hacer grandes inversiones en materia de seguridad social, en materia de bienestar de toda la plantilla y de personal y de las instalaciones. Pero no se hicieron y eso se está notando en estos momentos, amén de todo la propia inversión en logística, en entrenamiento de la Fuerza Armada.

-Muchos militares salieron de la industria petrolera para el sector minero

– Hay militares que están el consejo directivo, forman parte de la plana mayor. Pero el dinero no está siendo orientado para las necesidades de la FAN sino para los intereses del madurismo en el poder. Y esto termina por ser evidente ante la merma de la operatividad y de la capacidad de la FAN, pero también a los problemas estructurales.

– ¿La merma en la FAN incluye la compra de armas?

-Sobre la compra de armas, hay varias etapas: Las grandes compras desde 2005 al 2012, luego la llegada de Maduro al poder hasta 2017 donde se adquirió pertrecho militar para control del orden público en China y se terminaron de completar algunos contratos que estaban pendientes con Rusia, el centro de mantenimiento de helicópteros, por ejemplo, y algunos otros contratos que se cerraron, completaron con Navantia. Yo diría que, desde 2017, en adelante es nula la adquisición de sistemas de armas para Venezuela.

-Mientras el discurso presidencial y del Alto Mando parecieran vender la idea de que hay más armamento

– Tuvimos dos años con la existencia de ejercicios militares, especialmente esos años que tienen que ver con el 2018, con el 2019 y comienzos de 2020, cuando los ejercicios militares estaban a la orden del día. A partir del covid-19, pero también por la falta de presupuesto, ya no se realizan prácticamente, son mínimos los ejercicios militares. La Fuerza Armada ha dejado de ser respetada por sus adversarios geopolíticos, es decir, cuando en 2020 permites que se hunda un buque de vigilancia litoral por un buque de pasajero, eso equivale a una derrota militar. No solo en términos de un sistema costosísimo para el país, sino también una derrota psicológica.

Y yo añadiría: La consolidación de la guerrilla en Venezuela también significa ese punto de inflexión histórica para la FAN. Es decir, en los últimos 40 años, ha existido la guerrilla en el país, la guerrilla histórica, la que traspasó cuando se firmaron los acuerdos de paz, pero hay un momento clave que es la ruptura de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y cuando la disidencia de las FARC se separa del acuerdo político y claramente echa raíces en Venezuela.

Ya Guyana no respeta a Venezuela, la Fuerza Armada de Colombia ha perdido el respeto por las de Venezuela, Brasil también que han sido las hipótesis tradicionales de conflicto para cualquier escuela de guerra de los cuatros componentes ha perdido el respeto a la FAN.

– ¿Eso significa que hay un proceso de creciente desmoralización a lo interno de la institución castrense?

– Entrar en tema del decaimiento es como superficial. Es mucho más profundo hablar de una inflexión histórica que tiene una connotación militar, una económica y política y social. En lo político ha quedado claro para los efectivos de la Fuerza Armada Nacional que todavía siguen en la institución que, sin alternativa real del poder o la posibilidad de alternabilidad política, la FAN parece condenada a seguir como pilar de la revolución, y eso tiene efectos internos muy poderosos.

Hay un proceso de selección natural que termina por echar todos los rasgos institucionales que estén dentro, vamos a ver cada vez más perversiones de las que ya habíamos visto de una Fuerza Armada politizada, partidista, la vigencia de una Ley Constitucional de la FAN que rompe todo sustento precisamente constitucional. Es decir, eso es un carácter político muy poderoso.

-También estaría allí el fortalecimiento que el gobierno le ha querido dar a la milicia

-Todo eso en conjunto. La milicia no termina de arrancar por falta de recursos y yo creo, incluso, que por resistencias internas que han existido en la FAN. Pero la milicia esta cumpliendo una labor de burocracia del Estado muy importante este último año. La milicia cumple las funciones del Ministerio de infraestructura, pero también presta seguridad en las empresas básicas, pero hace cosas peligrosas, eso de repartir alimentos y de ser el soporte armado de las visitas que hace el Seniat es muy perverso, se ha convertido en un brazo armado de la administración pública, con muy cuestionadas características de profesionalismo.

– ¿Cómo ha impactado a la FAN el informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU?

-Si bien las organizaciones sabíamos de las violaciones a los derechos humanos, que lo diga las Naciones Unidas tiene un impacto demoledor y esto ha divorciado a la Fuerza Armada Nacional de la sociedad, hasta tanto no sea posible establecer mecanismos de justicia o de reparación, no va a superada esa zanja tan profunda que ha quedado allí como herida abierta para el país.

-El Estado pareciera no acusar recibo de las denuncias que se hacen sobre torturas en instalaciones militares

– Lo más grave es que el Estado no ha investigado. El fiscal Tarek William Saab ha presentado un informe a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que no conoce el país, él tiene obligación de informarle al país, pero que es un informe que no se compadece con la realidad. No ha existido ni un solo mando militar investigado por las violaciones a los derechos humanos. Hasta que esto no ocurra no será creíble ninguna investigación real e imparcial en Venezuela.

De los mandos militares están las investigaciones que hace la Corte Penal Internacional (CPI) del control de las protestas de 2017, ninguno de los mandos militares donde ocurrieron asesinatos contra civiles ha sido investigado. Por el contrario, en su mayoría han sido ascendidos en la estructura militar. Luego están los casos de las torturas en las dos instituciones de inteligencia, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), dirigidas por militares, donde tampoco ha habido investigación contra los mandos militares en el momento en que ocurrieron estos hechos.

El Estado no quiere o no puede juzgar y cuando el Estado no puede o no quiere investigar o juzgar, ¿Qué sucede, de acuerdo con el Estatuto de Roma? Entra la Corte Penal Internacional a abrir casos contra las personas que cometieron delitos de lesa humanidad.

–Pero esos procesos en la CPI son más largos

– Yo creo que sí, pero no podemos depositar la justicia en su totalidad a la Corte Penal Internacional. Creo que eso es un error. Aspirar al que país tenga justicia o reparación de las víctimas es una esperanza deformada por varias razones. Porque primero es una justicia muy lenta, quien se encarga de los casos más graves y de los más responsables, deja sin mirar las llamadas responsabilidades intermedias o casos que no configuran delitos de lesa humanidad, pero son graves.

En Venezuela, hay que construir un plan, una propuesta y establecer un diálogo de negociaciones creíbles, allí aparece la justicia transicional que tiene que construirse. Todos estos elementos tienen que trabajarse y trabajarse seriamente, sino irremediablemente la sociedad en ciclos histórico aparece irrepetiblemente frustrada que es lo que ha venido ocurriendo en Venezuela históricamente en los últimos 60 años.

– ¿Hasta cuándo puede extenderse el atornillamiento de Padrino López ?

-Hay un relevo importante en la Fuerza Armada Nacional por la salida de la promoción del 87. Las promociones del 88 y la del 89 muy pronto van a coronar la cúspide. Es cuestión de tiempo para que Padrino salga, probablemente, el principal problema ya no es buscar un sustituto, que los hay. El problema del relevo de de Padrino viene el tema de donde ponerlo .

– ¿Cuál es el alcance del registro que hizo Control Ciudadano sobre las brigadas del Ejército?

-Hicimos una infografía con la estructura de las brigadas del Ejército. Esto es importante para transparentar los grandes comandos de Venezuela, es una labor para reconocer el alcance y funcionamiento de la FAN, establecer cuáles son y quiénes las dirigen. En los últimos años está ocurriendo la invisibilización de las autoridades diferentes a los jefes de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI) y del Estado Mayor superior de la FAN. Cuando nos conoces los jefes de las unidades no hay reconocimiento ni responsabilidad de esas unidades, se ha ido desdibujando esto en el quehacer del país, pero además ex profeso.

En algunos casos, hemos visto comandantes que buscan invisibilizarse en sus cargos y también hemos visto los contrario. El comandante de la GN, Fabio Zavarse Pabón, hace un par de años estaba estruendoso en declaraciones y de corte político partidista, hoy en día está comedido. Ese cambio de comportamiento es real, ya los comandantes no se expresan con el mismo fervor político, no hay que olvidarse que hay la vigilancia internacional sobre Venezuela, hay una Misión de Determinación de los hechos sobre Venezuela, hay una Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Venezuela instalada, hay 52 militares sancionados militarmente, todo eso tiene su efecto en el comportamiento militar.

https://talcualdigital.com/la-fan-parece-condenada-a-seguir-como-pilar-d...

Supongamos que el régimen anuncie, en algún momento, que está de acuerdo con cambiar a la totalidad de los miembros del Consejo Nacional Electoral, para hacer posible la realización de unas elecciones regionales libres y transparentes. Eso significaría, es lógico suponer, que la facción del régimen encabezada por Jorge Rodríguez designaría a dos representantes; que la oposición democrática designaría a otros dos; y, por último, que sería necesario buscar una aguja en un pajar: un ciudadano venezolano libre de sospechas políticas. Es decir, alguien que no haya mostrado ninguna afinidad pública, conocido por su integridad a toda prueba, quien tendrá que recibir la bendición del gobierno interino de Juan Guaidó y del promotor de la válvula electoral en la estructura del régimen, el mencionado Rodríguez.

Antes de llegar a ese hipotético momento, los líderes de los partidos políticos de la oposición tendrán que salvar otro escollo: acordar entre ellos sobre quiénes serán las cuatro personas más idóneas -dos titulares y dos suplentes- para asumir una responsabilidad semejante. Ojalá que nos ahorren el lamentable espectáculo de las luchas internas, y los que ahora mismo practican un doble juego -como el de tener un cargo en el gobierno interino y atacarlo por mecanismos interpuestos- enfoquen sus baterías en el verdadero objetivo de la lucha, que no es otro que cambiar al régimen de Maduro.

Sostengo que el cambio de la directiva actual del Consejo Nacional Electoral es apenas el primero de los requisitos que sería obligatorio adelantar, para que las elecciones sean posibles, tal como proclaman sus promotores. Inmediatamente después de cambiar la directiva, habría que someter a toda la estructura del organismo a una revisión profunda, porque cualquier proceso electoral continuará siendo inviable si las oficinas y los funcionarios con poder de decisión, directamente involucrados en la facilitación y conteo de los votos, e incluyo en ello a los responsables regionales, continúan siendo los mismos que han operativizado las trampas y manipulaciones que han tenido lugar en los procesos anteriores. Quiero decir: no basta con cambiar a los cinco titulares. La reestructuración debe ir aguas abajo.

Luego está un aspecto simplemente fundamental: ¿qué partidos políticos podrán participar, si ahora mismo el régimen ha empujado a la ilegalidad o ha robado el nombre, los símbolos, las sedes y otros bienes a los partidos Acción Democrática, Copei, Voluntad Popular, Patria para Todos, Primero Justicia, Tupamaro, Bandera Roja, Movimiento Electoral del Pueblo, MIN Unidad y Podemos? ¿O es que el régimen pretende organizar otra farsa electoral como la del pasado diciembre, un torneo de ellos contra ellos mismos, es decir, del PSUV confrontado a su comparsa de alacranes? Por lo tanto, para que haya elecciones regionales hay que devolver la legalidad de los partidos a sus verdaderos dirigentes de inmediato, para que puedan reconstruir sus organizaciones, elegir candidatos y preparar las respectivas campañas. Pregunto: ¿el régimen que la semana pasada todavía perseguía a dirigentes de Acción Democrática en el estado Bolívar, tiene verdadera intención de participar en unas elecciones regionales?

Como parte de esos mínimos requisitos indispensables, ¿no es acaso imperativo liberar a todos los presos sin excepción, militares y civiles, enjuiciados o no, estén en cárceles o bajo regímenes de casa por cárcel? ¿No es fundamental dar por terminadas las persecuciones, las acusaciones, los juicios, las investigaciones y todo el conjunto de medidas que el régimen ha puesto en marcha y que mantienen a miles de demócratas venezolanos en el exilio, a los que se ha obligado a huir del país? Participar en una competencia electoral, con un ambiente adecuado y mínimas condiciones, ¿no exigiría garantizar que el activismo político podrá realizarse con total libertad de expresión y de información, sin que los esbirros que operan en todo el país, uniformados o no, amenacen a candidatos, activistas, militantes y demás?

¿Y qué decir del derecho a la información, a la libertad de expresión y del ejercicio del periodismo? ¿El poder levantará el bloqueo a medios de comunicación y portales informativos? ¿Permitirá que reporteros y equipos técnicos puedan hacer su trabajo? ¿Liberará de una vez por todas a Roland Carreño, periodista secuestrado por el régimen, a pesar de su inocencia?

Un capítulo destacado de las exigencias mínimas indispensables, se refiere nada menos que al derecho al voto, establecido claramente en el artículo 63 de la Constitución Nacional. Basta con asomarse a la cuestión del registro electoral para alarmarse: en los últimos años se ha ejecutado un sistema de trampas que ha impedido la inscripción de alrededor de 1,5 millones de nuevos votantes; se ejecutaron más de 1,8 millones de reubicaciones ilegales e injustificadas, y se impidió que más de 4 millones de electores que viven fuera de Venezuela puedan ejercer el derecho al voto. Por ejemplo: ¿los cientos de miles de personas que fueron reubicadas en circunscripciones distintas a las de su lugar de residencia, serán devueltos para que puedan votar por los candidatos que realmente les corresponden?

Hay muchas otras preguntas que todavía tenemos que formularnos. Por ejemplo: referidas al sistema de cedulación; a las máquinas de votación; a las fallas de Internet; a las fallas de la red eléctrica; a las garantías relativas a la integridad física de los votantes; a la participación politizada de la FANB en el proceso electoral a través del Plan República; al control sobre los colectivos, el ELN y las ex FARC como fuerzas de choque del régimen.

Dicho todo esto, le pregunto al lector demócrata: ¿son o no son requisitos indispensables?

Aquellos que llegaron al poder con la promesa de librarnos de las “cúpulas podridas” se chorearon —para decirlo a la manera criolla— cerca de 300.000 millones de dólares. Escrito con todos sus ceros sería (espero escribirlo bien): 300.000.000.000,00 de dólares. ¿Que de dónde saco esta cifra? Buena pregunta. Son las estimaciones de Héctor Navarro y Jorge Giordani, ambos exministros de Chávez. Sin embargo, otro exministro, Rafael Ramírez, habla de un desfalco de 210.000.000.000,00 de dólares. (sin incluir –naturalmente– los 11.000.000.000,00 de dólares que la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional le atribuye a él). Es decir, que por este lado serían 221 millones de dólares. Suma y sigue.

Más allá de las propias estimaciones que ofrecen las autoridades anteriores del régimen, se ha investigado el tema en Venezuela con el Corruptómetro, una herramienta interactiva de datos verificados desarrollada por Transparencia Venezuela, la plataforma Connectas y la Alianza Rebelde Investiga (ARI) formada por Runrun.es, El Pitazo y TalCual.

El Corruptómetro, como trabaja con hechos absolutamente comprobables, ofrece cifras mucho más conservadoras que los propios chavistas: entre 1999 y 2020 se identifican 236 casos, pero solo se conocen las cifras de lo choreado en 114 de ellos.

Estamos hablando de 52.098.420.753,00 dólares (no hay información de céntimos). Para brindar una mejor comprensión de esta cantidad, aunque con la inflación reinante ya uno maneja con facilidad cantidades de hasta 20 ceros, mejor descomponemos la cifra en el máximo común múltiplo educativo: con esa cantidad se podrían construir 194.000 escuelas de educación básica. Sacando la raíz cuadrada sanitaria: se habrían podido construir 593 hospitales tipo 4. Por último, elevando la cifra a la potencia eléctrica: 21 represas hidroeléctricas como la de Caruachi.

Dicho esto, surge la pregunta que hace ya tanto tiempo hizo el Dr. Luis Herrera Campíns: “¿Dónde están los reales?”. En distintos lugares, pero, buena parte de ellos, se encuentran en Estados Unidos.

Surge entonces una nueva interrogante: ¿por qué una gente robolucionaria, que detesta al imperialismo que representan los norteamericanos, guarda allí los fondos producto de su rapiña? La respuesta tiene varias facetas: i) los que hunden la economía de un país, destruyendo sus reglas y violando el ordenamiento jurídico que le sirve de base, buscan para sus fondos sustraídos exactamente lo contrario: una economía segura, estable y con garantías de que sus bienes no sean expropiados por el capricho de un tirano; ii) los que acaban con la seguridad personal de un país, demoliendo su sanidad pública y su sistema educativo, guardan los capitales birlados en un país en el que su familia pueda gozar de la seguridad personal, la salud y la educación que ellos han arrebatado a sus conciudadanos (por ello no llevan su dinero a Cuba, Irán o Turquía) y iii) los constructores de dictaduras, prefieren vivir con sus dineros robados en sociedades libres y democráticas, donde puedan disfrutar, a la hora de las chiquitas, de respeto a sus derechos humanos, de cárceles seguras, si fuera el caso y de posibilidades de negociar con las autoridades.

Una última pregunta que ya los lectores se estarán haciendo: ¿es posible recuperar la totalidad o parte de esos fondos? La respuesta es sí. Afortunadamente, el hecho de que esta gente haya escogido un país serio con leyes y Estado de Derecho para esconder su botín, favorece de alguna manera a la colectividad venezolana.

Para conseguirlo, es menester la presión ciudadana a objeto de que los dineros incautados por Estados Unidos a los corruptos venezolanos vayan a algún fondo protegido de acreedores para su rescate cuando retornemos a la democracia y que haya una lista pública de dichos bienes para el escrutinio colectivo.

En las próximas semanas se estará haciendo una campaña #UnFondoPorVenezuela para invitar a los venezolanos residentes en Estados Unidos a contactar a los representantes legislativos de sus lugares de residencia y hacerles la petición para la creación del citado fondo, así que oído al tambor.

Partiremos de un principio: no existen los conceptos perfectos. Ninguno puede dar cuenta de la realidad total del objeto definido. Siempre quedará un resto, una sombra, un detalle que escapa a la observación. Por eso las discusiones nominalistas carecen muchas veces de sentido. Sucede sobre todo en disciplinas que no apuntan a la definición de sustancias sino a fenómenos cambiantes, a procesos sometidos a múltiples interacciones en diferentes condiciones de tiempo y lugar. De ahí que los conceptos que usamos para definir a realidades sociales o políticas sean de por sí insuficientes.

Conceptos como socialismo, nacionalismo, fascismo, no son cosas en sí y, mucho menos, separadas entre sí. Podemos detectar fácilmente características del uno en el otro e, incluso, terminar diciendo —si confundimos analogías con homologías— que lo uno es lo otro. No obstante, de algún modo tenemos que nombrarlos. De lo que sí podemos escapar es a la tentación de otorgar a los conceptos una validez universal.

Por lo demás, el establecimiento de un concepto en la vida pública no resulta de discusiones epistemológicas. No pocas veces aparecen a través de la comunicación colectiva. Conceptos considerados como intransferibles han surgido simplemente del azar, entre ellos los de derecha e izquierda, sin los cuales para muchos la vida política sería imposible.

¿Qué hubiese pasado si los jacobinos se hubiesen sentado al lado derecho en los inicios de la Convención francesa? Nada menos que esto: la izquierda de hoy se llamaría derecha y la derecha, izquierda. La contingencia, dicho de modo paradójico, suele ser la ley de la vida.

Otros conceptos radicalmente locales han terminado por adquirir un carácter universal. Pensemos en uno de los más usados: fascismo, cuyo origen es más italiano que una pizza. Viene de la palabra fascio (haz, fasces) y esta del latín fascium, que alude al símbolo de autoridad entre los emperadores romanos. Símbolo que, usado por Mussolini, quería significar: recuperar la grandeza de la antigua Roma (o algo parecido).

El tipo de dominación mussoliniano coincidió con la aparición de diversos movimientos nacionalistas, racistas y antidemocráticos emergidos durante el crítico decenio de los 30 a los cuales los políticos denominaron fascistas. Hoy muchos lo aplican para designar a cualquiera dictadura.

Pensemos en el término socialismo, nacido de querellas interreligiosas durante el siglo XVII, utilizado después por los utópicos Owen, Proudhom, Saint-Simon y Leroux; luego, por los partidos obreros europeos en los siglos XIX y XX. Hoy, en tiempos poscomunistas, es usado de modo indiscriminado para designar a antípodas como son los socialistas europeos y los norcoreanos. O pensemos en el concepto populismo, que hoy sirve para descalificar a los autócratas latinoamericanos, a los racistas europeos, a los demagogos de cualquiera latitud.

La mayoría de los conceptos sociológicos y politológicos son imprecisos y elusivos. Sin partir de esa premisa no nos vamos a entender.

A estas conclusiones he llegado observando la competencia que ha tenido lugar para designar a movimientos y gobiernos aparecidos originariamente en Europa, perfectamente reconocibles por sus características. Entre otros, Demócratas de Suecia, Partido Popular en Dinamarca, Partido por la Libertad en Holanda, Ley y Justicia en Polonia, Agrupación Nacional en Francia, Alternativa para Alemania, Partido por la Libertad en Austria, Liga Norte en Italia, Amanecer Dorado en Grecia, Justicia y Desarrollo en Turquía, Partido Nacional de los Derechos en Croacia, Fidesz y Jobbik en Hungría, Vox en España, Chega en Portugal y varios más.

Los títulos más recurrentes para designar a estas nuevas “apariciones” son ultraderecha, derecha-populista, neofascismo, posfascismo y, más recientemente, nacional-populismo. En estas líneas, tomaré partido por la última designación: nacional-populismo. Afirmaré, sí, que las otras denominaciones no son falsas, pero sí insuficientes.

¿Ultraderecha? Es cierto: muchos de esos partidos provienen de los extremos de los partidos de derecha e intentan recabar para sí las tradiciones del conservadurismo patrimonial. ¿Derecha populista? Es cierto, no solo aluden al pueblo sino además son seguidos por multitudes de sectores que en tiempos pretéritos siguieron a los partidos de las izquierdas más rancias. ¿Neofascismo? Es cierto, gran parte de su patrimonio ideológico proviene de los antiguos fascismos, entre ellos, la homofobia, la xenofobia, el caudillismo y la creencia en un Estado fuerte y autoritario (sin parlamento) ¿Fascismo? Es cierto, ideológica y socialmente hablando, sus similitudes con los fascismos clásicos son inocultables.

Uno de los defensores de otra denominación, la de posfascismo, ha sido el destacado politólogo italiano Enzo Traverso. En su libro-entrevista, Las nuevas caras de la derecha, escrito bajo los influjos de las elecciones que llevaron a Donald Trump al gobierno, se pronuncia en contra del concepto nacional-populista, afirmando que el término populista ha sido aplicado a experiencias muy diferentes entre sí. ¿Pero no sucede lo mismo con el concepto de fascismo sea este neo o pos?

Traverso, de acuerdo a su orientación izquierdista, argumenta que el concepto de fascismo se refiere a movimientos y gobiernos que levantan banderas homofóbicas, xenofóbicas y hoy islamofóbicas. Tiene razón. Pero también podríamos afirmar al revés, que el concepto de populismo, al ser más amplio, permite incluir a movimientos y gobiernos cuya matriz ideológica es de izquierda y no de derecha. Es decir, cubre un espacio que va más allá de las autodefiniciones ideológicas.

Como hemos dicho en otras ocasiones, todo fascismo es populista, pero no todo populismo es fascista.

Es evidente, tanto en su versión de “derecha” como en la de “izquierda”, los populismos de hoy deducen su aparecimiento de una razón similar: la crisis de la democracia liberal en el periodo que marca la transición del modo de producción industrial al modo de producción digital. Que en Europa sean predominantes los que provienen de una tradición de derecha y en América Latina (todavía) los que provienen de una de izquierda, no juega ningún papel decisivo.

Por lo demás, el término posfascismo es engañoso. El prefijo post da a entender una relación de filiación directa con el fascismo originario, la que no es verificable. Entre el fascismo del siglo XX y los movimientos fascistoides del siglo XXI no hay una relación de continuidad directa, como por ejemplo entre modernidad y posmodernidad. Para decirlo en un lenguaje ya convertido en familiar, el por Traverso denominado posfascismo no es un mutante del fascismo. Es otro bicho.

No estamos en los años 30. El mundo de hoy es política —y no solo económicamente— global. Por lo mismo, necesitamos de conceptos globales. Ya Hannah Arendt, escandalizando a derechistas e izquierdistas, entendió que el fascismo hitleriano y el comunismo estalinista podían ser entendidos bajo una sola definición global. Esa definición se llama totalitarismo.

Cada populismo se alimenta de las tradiciones de donde emerge. Algunas son fascistas y otras no. Así, hay populismos que provienen de una tradición de izquierda y otros de una de derecha. Identidades que solo juegan un papel en los momentos originarios, pero que terminan por diluirse en la medida en que los populistas alcanzan el poder. Ahí dejan de ser de izquierda o de derecha. Pues alguna vez hemos de entender que tanto izquierda como derecha son definiciones interparlamentarias y esas no las podemos aplicar a movimientos populistas, fascistas o no, que no solo son extra sino, además, antiparlamentarios.

Sin parlamento no hay autocracias ni dictaduras de izquierda o de derecha, hay simplemente autocracias y dictaduras. Denominar a los movimientos políticos de acuerdo a sus autodefiniciones ideológicas es lo mismo que juzgar a una persona por lo que ella piensa de sí misma. Un gran error.

No obstante, Traverso tiene razón cuando opina que populismo es un concepto hiperinflacionado, algo así como una dama para todo servicio. También la tiene cuando propone que, si lo vamos a usar, lo hagamos como adjetivo. De acuerdo. Eso es precisamente lo que estamos haciendo. No estamos hablando de populismo a secas sino de nacional-populismo.

La palabra populismo como adjetivo del sustantivo nacional significa la subordinación de lo populista a lo nacional.

Los nacional-populistas entienden por nacional no al amor patrio sino a un nacionalismo muy similar al de los fascismos pretéritos: un nacionalismo identitario, deducido de una raza, de una etnia, de un color de piel, de un sexo, en fin, un nacionalismo de tipo facho-trumpista muy diferente al patriotismo constitucional propuesto por Dolf Sternberger y popularizado por Jürgen Habermas. Para ambos autores, según recuerdo, la adscripción a la nación se da a través del reconocimiento ciudadano a un sistema de derechos y deberes que constituyen jurídica y políticamente a esa nación.

Ahora bien, si analizamos con detención la práctica de los nacional-populistas europeos, podremos comprobar que mantienen un discurso doble: uno extremadamente conservador y otro extremadamente plebeyo. Una hidra de dos cabezas (El trumpismo incluso tiene tres, pues al discurso conservador y al plebeyo agrega un tercero: uno económico, radicalmente neoliberal) Mediante el discurso conservador intentan representar lo que ellos quieren vender como ideales nacionalistas: el retorno a una patria usurpada por una izquierda cosmopolita que desprecia el rol de las madres en la crianza de sus hijos, el respeto a la autoridad de los padres, que impone la relativización de los sexos y el aborto a “nuestras” mujeres para ceder el espacio geográfico a los emigrantes sucios y bárbaros que llegan a invadirnos desde el tercer mundo (Trump lo ha dicho mejor que yo).

Mediante el discurso plebeyo, en cambio, el nacional-populismo llama a las clases populares a rebelarse en contra de los intelectuales y políticos del establishment (la “casta” de Pablo Iglesia o “las cúpulas podridas” de Chávez en su versión de izquierda), de los musulmanes que nos quieren quitar puestos de trabajo, de una Unión Europea inoperante y burocrática y de una globalidad que hace a todas las naciones dependientes de capitales foráneos.

Suele suceder, entonces, que en algunas ocasiones los nacional-populistas se convierten en su otra cara: en populistas-nacionales. No, no es un juego de palabras. Esa es la principal diferencia entre los que algunos autores llaman populismo de derecha y populismo de izquierda.

En América Latina, por ejemplo, el populismo-nacional de tipo peronista, chavista o indigenista, prima todavía por sobre el nacional-populismo de tipo trumpista y/o putinista. Sin embargo, no podemos desconocer que este último ha ido ganando terreno en los últimos tiempos.

El Brasil de Bolsonaro, El Salvador de Bukele, el todavía fuerte “uribismo” colombiano, los republicanos del chileno José Antonio Kast, los ideales que representó en Bolivia el candidato Luis Camacho, prueban que el nacional-populismo no solo es propio a las naciones prósperas de Europa y a los EE. UU. A la inversa, el populismo-nacional europeo —representado por el Podemos de Pablo Iglesias en España, por el socialismo nostálgico de Izquierda Socialista en Francia, por el Syriza griego, por la Linke alemana— parece haber encontrado sus límites de crecimiento. Razón que permite afirmar por el momento que el principal enemigo de la democracia occidental está constituido por el avance del nacional-populismo, en todas sus diversas formas y colores. ¿Cómo enfrentarlo? Ese deberá ser un tema para otro artículo.

Por ahora, valga un simple enunciado: el nacional-populismo no ha surgido de la nada sino de problemas reales, objetivos y, sobre todo, verdaderos.

Lo mismo ocurrió con el fascismo del siglo XX. En todas sus variantes (nazi, religiosa, mussoliniana) los fascismos emergieron como alternativa frente al avance del comunismo estalinista en un periodo marcado por una profunda crisis económica de la sociedad industrial y por ende de la democracia liberal. La amenaza comunista no la inventó Hitler ni Mussolini ni Franco. Estaba ahí. Era existente y real.

Hoy, el nacional populismo surge en un periodo marcado por la crisis de la sociedad posindustrial, en pleno nacimiento de la sociedad digital y enfrentando la posibilidad de que China (y sus satélites sudasiáticos) pase de ser un competidor económico para transformarse —si es que llegara a reconstituirse la alianza chino-rusa— en un enemigo político e incluso militar.

Los avances del nacional-populismo trumpista no sucedieron gracias al carisma que nunca tuvo Trump. Sucedieron simplemente porque Trump, como Hitler ayer, nombró problemas reales pero ofreciendo soluciones falsas. ¿Cuáles son las soluciones reales? Es un tema largo y complicado. Lo único que podemos decir por ahora es que nunca un problema podrá ser solucionado si se lo desconoce. Reconocer los problemas como tales, sin esconder las cabezas en la arena, ese es el desafío que hoy enfrentan las democracias de nuestro tiempo.

Twitter: @FernandoMiresOl

Una vez más, esta con más furia que nunca, arremete Nicolás Maduro contra sus propios seguidores en el PSUV y el gobierno. Alude a los factores que lo mantienen en la cima del poder, cosa que tiene aire suicida dado que no usa frases ambiguas o indirectas, las suyas en esta ocasión han sido inequívocas, transparentes, portadoras de un discurso diáfano, razón por la cual no admiten una interpretación distinta a la literal.

Ser que zurrar a su propia dirigencia y, puesto que no distingue nombres, víctima de los varazos maduristas es la masa de militantes, sin distingo de jerarquías, privilegios u honores de esos que proporcionan “inmunidad”. Y, ciertamente, es así como suenan, los disparados por el heredero de Hugo Chávez. Su malestar es intimidante. “la chupa le cae a todos”, unos encontrarán formas inmediatas de responder y otros se tomarán su tiempo con el fin de esperar con su carga crítica, el que consideren el mejor momento. Quizá decidan no vaciar su busaca, pero si no responden, lo que tampoco podrán evitar es el aumento de la pólvora en su alma.

No estoy hablando de desenlaces fatales. El incidente podría olvidarse o Maduro pudiese tomar medidas que encaren y reduzcan la magnitud de la tormentosa megacrisis, que dejada a sí misma podría reventar con energía volcánica regando de lava ardiente vastos territorios que recuerden el destino final de la vida, conforme a las coplas a la muerte de su padre, del gran poeta Jorge Manrique:

Nuestras vidas son los ríos

que van a dar a la mar,

que es el morir;

Así van los señoríos

derechos a se acabar

y sucumbir.

Pero dejado el problema a su sola voluntad es probable que la tensión más bien se intensifique en dos evidentes fronteras, con la oposición dirigida por Juan Guaidó y las muy numerosas voluntades que lo acompañan en ejercicio de la más vasta red solidaria que se recuerde en toda la región. Y la otra frontera es la interna, esa misma que desconcierta y resiste al líder del chavo-madurismo y que lleva tiempo creciendo de más en más. Pelear en una de esas fronteras ya resulta muy duro y de desenlace impredecible, pero hacerlo en los dos al mismo tiempo no da para anticipar pronósticos, especialmente si las dos fronteras pueden unirse total o parcialmente.

Como se aprecia sin dificultad, en esa unión puede confluir la culebra, morderse la cola y así exhibir una fuerza dotada de potencialidad de cambio si sabe manejarse en unidad –que no unanimidad– para llevar al otro a hablar muy en serio, sin zancadillas ni ánimo de irrespetar acuerdos nonatos.

Si en algo esencial ha mejorado la puntería de la oposición y, seguramente, también de una mayoría aún silenciosa del oficialismo, es en la determinación de cuál sería el contenido del programa del cambio que beneficie a la totalidad del país. Sería lógicamente un texto de “mínimos”, susceptible de incorporar los grandes emblemas democráticos, porque así parece autorizarlo la compleja y tensa situación actual. Mencionaría cuando menos tres, alrededor de los cuales se concentran diferencias y crecientes coincidencias, a saber: 1) superación urgente de la tragedia social, 2) la superación encuentra de la cada vez más profunda crisis política, mediante elecciones libres viables y creíbles y 3) el restablecimiento de la paz que necesita y merece nuestra atormentada Venezuela

No podríamos prescindir de un liderazgo imaginativo hábil para sacarle provecho a las realidades que se presenten por el pulso de ellas. Concluiré con un incidente que apareció de la nada y no sé si siga a la mano. Vino en las alas del coronavirus que parece decidido a extinguir la especie humana, pese al contrataque de nuestra especie desde la artillería de las vacunas, diseñado para domesticarla en algún momento.

Juan Guaidó abrió la posibilidad de impulsar la vacunación masiva utilizando el oro venezolano atesorado en el Banco de Inglaterra. Maduro presiona para que el Reino Unido se lo devuelva a nuestro país, pero puesto que la isla solo reconoce como presidente interino a Guaidó, sería el interinato de este el beneficiario de la medida. La puja sigue porque Maduro mantiene su reclamo. Y, precisamente, el diferendo pudiera dar lugar a un acuerdo salvador que multiplicara el manto de la inmunidad contra la amenazante pandemia.

Con solo una parte de ese oro, según entiendo, podría programarse la vacunación de, al menos, 25 millones de pobladores nacidos y no nacidos en el país.

La operación sería compleja, lenta y las condiciones de transportar las vacunas exigirían seguramente gran experticia y encaminar hacia esos vitales problemas la colosal y generosa solidaridad que el mundo le brinda a nuestra atormentada y a la vez agradecida nación. Todo muy difícil, desde luego. No obstante, con los medios de pago en mano, no habrá Himalaya que no pueda escalarse.

Con una victoria de tan colosal significación pintada en el horizonte no creo que pueda hablarse de imposibles y derrotas.