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Opinión

La decidida valiente y ejemplar expresión de resistencia civil merideña, muestra categóricamente el rechazo y desprecio de la ciudadanía democrática venezolana mayoritaria hacia la tiranía madurista-militarista, cobarde y alevosa, que se empeña -mediante las bocas de fuego- imponer el socialismo marxista-militarista en contra de los Repúblicos. La resistencia civil merideña, llama al “Regreso de la Nación” y al retorno de la venezolanidad toda, como expresión de contra-violencia propia de una sociedad que entiende el valor de la “Resistencia Civil”, como método de lucha al régimen anacrónico y perverso vendido a la ideología marxista y al cubanismo.

Los Merideños y Mérida-estado, nos llaman a todos los demócratas como nación, actuar en contra del terrorismo y el carnaval cínico e inmoral de espalda al hombre y al desconsuelo de los venezolanos decentes, que saben que el uso de los medios políticos reforzara desde ya nuestra convicción para desplazar la barbarie. Mérida muestra a un liderazgo político emergente, a sus operadores políticos regionales y ante todo… a sus líderes políticos vecinales llenos de energía, conocimiento y fe para enviarle un mensaje a Venezuela: Desobedecer al Estado bestiario, ese es nuestro derecho. Accionemos como resistencia civil activando una lucha colectiva, que terminara paralizando esta farsa del militarismo cobarde que defiende a un gobierno de trúhanes.

Mérida, con su participación contendiente social, registra un liderazgo probo tan asertivo, que le ha “tocado diana a muchos operadores partidistas”, que todavía se escudan en el partidismo y olvidaron la virtud de la política como ciencia y arte. Política que llama a la Acción Colectiva Transformadora, movida por la venezolanidad y amparada por la Constitución y las leyes de la República, mostrando además, que no es la conspiración y menos la violencia, sino la civilidad, es decir, la capacidad política para profesar y defender los derechos civiles del ciudadano: conforme al derecho civil.

La participación política contendiente, más la Resistencia Civil, más la lucha política colectiva sin violencia auto-regulada como expresión de sociedad civil –nos dicen los Merideños- permitirán que retornemos a la nación. Nación civil, como forma democrática que impone sabiduría y paciencia civilista con rechazo a la fuerza, con control sobre las fuerzas políticas y muchos más al proceso desquiciado del militarismo. La nación habla de República, en una República existirá estamento militar -no y nunca partido político en armas como gobierno- si para que sirva de instrumento a la política internacional vinculada a la geopolítica. En consecuencia, el Retorno a la Nación impone desde ya la reconceptualización del estamento militar y su regreso a los cuarteles.

Mérida y su Resistencia Civil es expresión civilizada, igualmente es un reclamo al liderazgo político “fatuo” que desconoce el Ambiente Político Real Violento y sus graves consecuencias, que ya hacen insoportable la vida de miseria, agonía y descontento que sufre el ciudadano. Mérida, su Resistencia Civil y su liderazgo político han comprendido su delicado quehacer como Resistencia Civil, que no es otra cosa más que hacer política, política distinta al exhibicionismo en la mass media comunication de espalda a la nación. Lo que Mérida como sociedad excelsa dejó claro, es que es intolerable el régimen y ello obliga a la definición de una Transición Política Contendiente, que como cambio político del sistema nos aproxime a la Democracia.

Mérida nos ha recordado la virtud de la democracia y el retorno a la nación. Este será entonces el vector único de la Venezuela-Estado, cualquier otra acción y/o maniobra, será incomprensible por cuanto se retraería a un hecho pre-político, pre-político ya que la conflictividad articulada por el régimen y su partido político en armas son contrarios a la Constitución y a la mayoría de venezolanos que reclaman su cumplimiento. De cuanto se trata entonces, nos recuerda Mérida es generalizar y potenciar la Resistencia Civil, mediante la desobediencia para alcanzar, la Decencia Cívica, la cual es igual: acción política con ética y con acción transformadora social que nos permita el derecho de reponer la Ecuación Democrática.

¡La Resistencia Civil de los merideños! es una realidad que llama a la Nación, que motoriza a que el liderazgo político tome nota y proceda a construir una Resistencia Civil política organizada, entrenada y dispuesta a reponer una democracia tal como reza en la Constitución. La nación y su retorno a la política, a la venezolanidad de sus ciudadanos, sobrepasa un liderazgo fatuo y acomodaticio que todavía no siente lo que sufre y amarga a una mayoría de demócratas. Mayoría que hoy tiene claro la abulia e incapacidad de quienes todavía no asimilan el impacto que ha producido la ideologización marxista-militarista sobre el venezolano que rechaza y que reclama el “Regreso a la Nación” para como ser civilizado vivir según la Constitución y las leyes de un país en pleno siglo XXI.

Director Cátedra Simón Bolívar-CEPPRO

@JMachillandaP

Caracas, 26 de febrero de 2020

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Mariza Bafile

Roberto Saviano dijo una vez que una de las armas que usan las mafias contra sus detractores es el desprestigio. Denigrar, humillar, descalificar: verbos todos que han marcado y marcan la vida de miles de mujeres. Y el irrespeto se vuelve injusticia cuando, en las más altas esferas del poder, no aceptan que el asesinato de una mujer no es un asesinato cualquiera, sino un feminicidio, y que como tal debe ser sancionado.

Ningún hombre corre el riesgo de ser víctima de homicidio por el simple hecho de ser hombre. Una mujer, sí. Su identidad sexual es su gran “culpa”. Un sistema patriarcal que no conoce de diferencias sociales ni geográficas, la considera de “propiedad” de padre, hermanos, novios, esposos, amantes. Cualquier conato de rebelión puede ser causa de maltratos, violaciones y muerte. Por cada mujer que muere asesinada hay muchísimas otras que son víctimas de abusos. Es una realidad que las cifras de las estadísticas muestran con frialdad descarnada.

En América Latina se encuentran 14 de los 25 países con los índices más altos del mundo de crímenes por violencia de género, según una encuesta citada por ONU Mujeres en 2018.

En México, cada día, 10 mujeres mueren asesinadas. El año pasado se registraron 1.006 feminicidios, eso sin contar los que ocurren en estados que no consideran feminicidios los asesinatos de mujeres. Y, siempre según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), cada cuatro días la víctima es una menor. En los últimos cinco años los feminicidios contra menores han aumentado de un 96 por ciento. En la inmensa mayoría esos crímenes quedan impunes.

El país aún no se había recuperado de la indignación y dolor por la muerte de la joven Ingrid Escamilla de 25 años descuartizada por su pareja, como muestra un video en el cual el homicida confiesa sus atrocidades, cuando otro feminicidio llegó a sacudir la población. La pequeña Fátima, de tan solo 7 años, tras desaparecer a la salida del colegio, fue encontrada muerta en una bolsa de plástico. Su cuerpo desnudo mostraba señales de tortura.

Incapaz de dar una respuesta adecuada frente a la ola de protesta e indignación de la población que se volcó en las calles, Andrés Manuel López Obrador, intentó achacar el horrible crimen a la delincuencia creciente en México, al neoliberalismo etc. etc.

Al Presidente de México pareciera darle miedo llamar las cosas por su nombre y admitir que Ingrid, Fátima y otras miles de mujeres en México son víctimas de crímenes de odio, odio contra su sexualidad, odio contra sus cuerpos y mentes, odio contra su vitalidad y energía. Esos crímenes, señor Presidente, tienen un nombre: FEMINICIDIOS.

Y de nada servirá el “amor al prójimo”, como dijo a una periodista, para frenar la matanza sistemática de mujeres. Se necesita crear leyes justas, sensibilizar a los policías, ampliar las estructuras que puedan garantizar protección a las mujeres víctimas de violencia y educación, educación, educación. Hasta tanto no se combatirán los estereotipos machistas las mujeres seguirán siendo víctimas de violencia y asesinatos.

López Obrador no es el primer político, Jefe de Estado o de Gobierno, quien rehúsa la palabra feminicidio. Muchos más son aquellos que siguen humillando a las mujeres con insinuaciones machistas. Un ejemplo para todos: el del Presidente de Brasil Jair Bolsonaro quien, en estos días, ha ofendido con vulgaridad a una periodista que tiene la valentía de investigar y denunciar.

En Perú se necesitaron casi cuatro años para encontrar a los culpables de la muerte de la activista feminista Solsiret Rodríguez quien desapareció en agosto de 2016. Y fue posible únicamente por la persistente búsqueda de los padres y otras personas que lograron superar el muro de indiferencia de las autoridades y de la policía.

Las mujeres mueren por el simple hecho de ser mujer. Mueren solas, entre agonías y terror. A veces sus cuerpos y almas ya están marcados por cicatrices viejas dejadas por golpes y maltratos.

El peligro nos acecha a todas. Cualquier mujer puede ser la próxima víctima. Y entonces nos preguntamos: ¿Cuándo podremos vivir en un mundo con: #NiUnaMenos?

Photo by: luzencor ©

24 de febrero de 2020

ViceVersa

https://www.viceversa-mag.com/cuando-podremos-vivir-en-un-mundo-sinuname...

 3 min


Jesús Elorza G.

En el budismo japones, el “Manji", es un símbolo espiritual muy importante. Representa la interacción armoniosa de los opuestos, cielo y tierra, día y noche etc, etc. La esvástica, es su símbolo de paz, prosperidad y buena suerte para cerca de 2.300 millones de personas, un tercio de la población mundial. En el budismo japones, el “Manji", es un símbolo espiritual muy importante. Representa la interacción armoniosa de los opuestos, cielo y tierra, día y noche etc, etc. La esvástica, es su símbolo de paz, prosperidad y buena suerte para cerca de 2.300 millones de personas, un tercio de la población mundial. La mayoría de ellos se encuentra en Asia, donde es un emblema sagrado para el budismo, el hinduismo, el jainismo y el odinismo. Es probable que hayas visto alguna vez en un templo budista de Japón ciertas esvásticas. Estas esvásticas se llaman "Manji" en japonés y se dice que son un símbolo de la suerte. Antiguamente, el Manji repelía los malos espíritus. Luego, se extendió por toda Asia convirtiéndose en un símbolo de la vida asociado a la imagen de Buda, se puede apreciar en los mapas y en los templos budistas.​

Con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos 2020 en Tokio, el Comité Organizador de ese mundial evento, realizó una consulta al pueblo japones sobre la posibilidad de eliminar el uso de la esvástica "Menji" como un símbolo durante la celebración de los juegos. La consulta obedecía fundamentalmente a la relación del referido símbolo con el nazismo.

Adolf Hitler, la secuestró en 1920 para convertirla en la marca registrada del Tercer Reich, transformándola en la representación gráfica del antisemitismo, el odio y la superioridad racial. Mucho antes de que los nazis la adoptaran como emblema de su partido, las esvásticas tenían un significado realmente alejado y distanciado de la maldad y la crueldad que ahora las caracteriza. Este choque cultural fue precisamente tema de debate en Japón, donde el Manji (la esvástica nipona) se utiliza para situar en los mapas los templos budistas, religión que profesan unos 46 millones de personas en el país.​

Los resultados de la consulta, expresaron en amplia y significativa mayoría mantener la utilización pública del "Manji". Para el pueblo japones es un símbolo meramente sagrado. En todos los países de Asia este símbolo es conocido. Para ellos, este símbolo es realmente positivo, representa la salud, la buena suerte, la felicidad, la prosperidad.

Por lo tanto, en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tendremos que acostumbrarnos a la presencia de esvásticas en muchos sitios, pero, nada que ver con las Olimpiadas de 1936 en Berlín, que se desarrollaron en un escenario nazi. Los estadios fueron colmados con banderas representativas de la esvástica nazi y el saludo de los atletas alemanes era "Heil Hitler" mientras simultáneamente hacían sonar los tacones de sus zapatos como los miembros de las SS y la Gestapo.

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En un análisis reciente del grupo de trabajo para Venezuela del Inter-American Dialogue se examinan las dificultades que ha tenido desplazar la dictadura de Maduro, que mostró el año pasado una resiliencia inesperada frente a las presiones desplegadas para que se fuera. Descarta soluciones “mágicas” como la intervención armada por considerarlas improbables, para centrar la atención en forzar --con la presión de sanciones internacionales efectivas, como de la movilización interna-- ..... la negociación de un régimen de transición que pueda convocar elecciones confiables. De ahí surgiría un gobierno legítimo, con apoyo nacional e internacional, que sacaría al país del naufragio en que lo metió la “revolución”. En tal proceso deberían participar también otros actores claves, además de las delegaciones oficiales de Maduro y de las fuerzas democráticas, y se menciona particularmente a los militares.

Los militares son obviamente actores de primerísima importancia en la actual tragedia. Sin su apoyo, Maduro habría tenido que irse. Hay que dilucidar, empero, si su participación es la de una institución, es decir, de una agrupación con intereses, normas y puntos de vista propios a ser tomados en cuenta para llegar a acuerdos mutuamente satisfactorias, o como individuos, ya que la institución se desdibujó.

La participación de militares en una destrucción tan severa y en tan escaso tiempo como la producida por Maduro en Venezuela –la peor tragedia registrada para un país que no esté en guerra--, no se aviene a lo que debería ser su misión como institución, que es la defensa de la nación, independientemente de cómo sea formulada. Y he ahí el problema. La corrupción de miembros de la alta oficialidad para hacer de ellos cómplices de prácticas de expoliación que han acabado con la patria para asegurar, así, que sus armas estén al servicio de quienes las comandan, ha carcomido a la institución militar.

Los militares en América Latina tienen un historial vergonzoso de sometimiento de sus poblaciones a regímenes tiránicos. Han reprimido, asesinado y torturado a sus conciudadanos. Muchos aprovecharon, bajo las dictaduras, para enriquecerse. Pero no necesariamente dejaron de ser conscientes de sus intereses colectivos como institución, así fuese para conservar sus privilegios. En función de éstos, podrían ponderar los beneficios y costos de participar (o no) en una negociación que encontrase salidas a un conflicto político. Pero llevar adrede a su nación a la hecatombe–como han hecho en Venezuela-- y condenar con ello a sus compatriotas a los niveles de miseria y hambre que se evidencian hoy, no es una actuación congruente con una institución militar: al destruir a la nación, dejaría de existir como tal.

Lejos de enfrentar a la institución de la Fuerza Armada, nos enfrentamos a una extracción de sus peores integrantes, ascendidos deliberadamente por su total falta de escrúpulos, y de valores y sentimientos humanos para con sus compatriotas, que ponen sus armas al servicio del saqueo nacional. Se trata de una agrupación criminal a la cual se debe, junto a los esbirros de la contrainteligencia cubana, que Maduro siga en el poder. Son actores protagónicos de una mafia amalgamada en torno a la depredación de la riqueza social. Ahí están sus intereses, no en la preservación de una corporación militar.

Lo anterior no significa que no existan militares en la Fuerza Armada con quienes reconstruir la institución como tal. Muchos de éstos han sido detenidos, torturados e, incluso, asesinados, por oponerse al fascismo gobernante. Pero no será con ellos que se negociaría la salida de Maduro. Sería con la mafia de Padrino, Ceballos, Benavides, Rivero, Quevedo, con los del Cártel de los Soles, con gorilas como el mayor Lugo, que atropelló a Julio Borges cuando era presidente de la Asamblea Nacional, con quienes mandan a reprimir a mansalva a estudiantes, como el general Zavarce, con esbirros como Hernández Dala de la Contrainteligencia militar y González López del Sebin. ¿Compartirán estos seres intereses con el resto de los venezolanos como para comprometerlos en una salida que abra posibilidades de restituir un régimen de derechos y libertades, de paz, seguridad y bienestar creciente de la población?

Sospecho que no. De ser así, más que invocar en positivo esos intereses para conseguir su anuencia a una salida electoral, habría que insistir en el costo que representa para ellos no facilitar una negociación con esos fines. Descubrimos una vez más --claro está-- el agua tibia: sanciones que les duelan y amenazas muy creíbles de castigo futuro si no acceden a contribuir con una salida democrática. Para algunos esto es una verdad de Perogrullo, pero no está demás tenerla muy presente a la hora de pensar en opciones. Confío que, como tal, está asumido cabalmente por la dirigencia opositora.

Lo anterior debe asociarse con la necesidad de recuperar a la Fuerza Armada como institución y, con ello, poder rescatar a la nación de la anomia en que fue sumida por la beligerancia otorgada por Maduro y sus mafias a bandas armadas como el ELN, los colectivos, los cuerpos de exterminio de la FAES, y de las brigadas de esbirros del Sebin y de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar). A ello habría que agregar las megabandas controladas desde la cárcel.

Se socavó deliberadamente a la institución militar fomentando un ambiente para prácticas delictivas de todo tipo, pues tales bandas no tardan en imponer su propia ley sobre las circunstancias que las afectan. Como institución, la Fuerza Armada tendría que desarmar tales bandas para recuperar su monopolio de los medios de violencia y ponerlos al servicio del Estado de Derecho. En este orden, deben disolverse los “mil-ancianos” que penosamente han sido armados de chopos, uniformes y consignas para hacer el ridículo.

Es menester discutir ampliamente y a fondo, cómo debe ser una Fuerza Armada Nacional que responda a las necesidades de la Venezuela futura a que aspiramos. Obviamente, estaría deslastrada de mafias y del tráfico de drogas, y estaría sometida a la soberanía popular, es decir, al poder civil electo, no a la tóxica y maligna inteligencia cubana, que sería expulsada del país.

En este marco, podrán distinguirse sus funciones de resguardo del territorio nacional, de apoyo en emergencias, contra el tráfico de estupefacientes, así como de respaldo --solo en última instancia-- al desarme de bandas delictivas, asumido por la policía. Sus dimensiones se ajustarían a los acuerdos consensuados con otros países, de manera de conformar una fuerza reducida, altamente profesionalizada y bien equipada para las labores encomendadas. Sobre todo, debe revisarse su proceso de formación. Perversamente, éste ha sido envenenado con odios provenientes de una mitología épica cultivada por el fascismo bolivariano para convertirla en fuerza opresora. Deben formarse en valores de respeto y preservación de las libertades ciudadanas.

Una estrategia provechosa que involucre a los militares para sacar al usurpador Maduro tiene que separar la paja del trigo. Aislar a la escoria con una denuncia permanente e incisiva del gorilaje, de repercusión internacional, mientras se esbozan elementos definitorios de una Fuerza Armada para una Venezuela libre, soberana y próspera, como la que anhelan las mayorías. A aquellos militares que no sucumbieron a la corrupción y la maldad, debe devolvérseles una institución en la que puedan encontrar la dignidad, el sentido de propósito y de respeto que se supone motivaron su incorporación.

Por más que insistan en sus bravuconadas de que nunca se irán, la mafia sabe que tiene los días contados. El mundo se les ha puesto chiquito. En su desesperación recurre a la imbecilidad como arma de ataque. Cabello intenta intimidar a Guaidó apresando a su tío con el ridículo cargo de transportar explosivos en el vuelo TAP que lo trajo al país, suspendiendo incluso a esa línea por un tiempo para darle credibilidad a semejante sandez. Maduro, por su cuenta, incita a trabajadores de PdVSA a agredir al propio Guaidó y a los suyos, cual si fueran camisas pardas hitlerianas.

A la mafia le está pegando las sanciones. Podrán aguantar un rato más saqueando a Guayana y lo que queda de PdVSA, pero si se les cercenan los lazos con sus cómplices internacionales, con el paso del tiempo les irá peor. Los integrantes más descompuestos de la mafia militar quizás no tengan vuelta atrás, ¿Pero el resto está dispuesto a suicidarse eventualmente con ellos?

Economista, Profesor (J) de la UCV.

humgarl@gmail.com

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“Aquí tiene un revólver y la Constitución para que pueda mandar΅, le dijeron a Juan Vargas, el recién designado Presidente Municipal en la película la Ley de Herodes, del mexicano Luis Estrada. Como la Constitución le ponía límites, Vargas optó por ir arrancando las hojas a la misma. Así gobiernan los dictadores y, evidentemente, no puede esperarse que acepten realizar elecciones como exige la ley.

La elección del 30 de noviembre de 1952 para una Asamblea Constituyente debía realizarse bajo la dictadura de la Junta de Gobierno, cuyo presidente era el títere Germán Suárez Flamerich, pero quien ejercía el poder era Pérez Jiménez. En esas circunstancias, la oposición se enfrentó al mismo dilema actual de votar o abstenerse.

Con sólidos argumentos la directiva de Acción Democrática en el exilio acordó la abstención para no legitimar la dictadura. El partido Copei, se pronunció el 14 de setiembre condenando la existencia de los presos políticos y afirmando que el actual proceso electoral no se presenta en las condiciones mínimas de libertad, de garantías y de respeto a que los venezolanos tenemos derecho a aspirar. Por su parte URD emitió un comunicado el 27 de setiembre que decía, entre otras cosas, que un gigantesco fraude está en marcha. Si el fraude se cumple, como ya parece inevitable, el Estado de facto continuará.

Como es sabido, los ciudadanos votaron por URD y Pérez Jiménez cambió los resultados y descaradamente dirigió un telegrama a Jóvito y a Arcaya diciendo que La Institución Armada, tan escarnecida por ustedes, no está dispuesta a admitir que por acuerdos torvos se vaya a lesionar el prestigio de la nación, seriamente comprometido por el triunfo electoral de Acción Democrática y del Partido Comunista que URD ha propiciado. Desde luego el dictador además de tramposo era descarado. Cabe destacar que Vicente Grisanti, presidente del Consejo Electoral, y once de sus quince miembros renunciaron y fueron perseguidos.

Lo anterior y otros casos indican que los dictadores tienden a no permitir la realización de elecciones limpias, ni a reconocer resultados adversos. Sin embargo, hay otros ejemplos en los que, presionados por las circunstancias, se vieron obligados a reconocer la derrota. Por ello los dogmas no tienen cabida. Entendamos que el usurpador y dictador Maduro requiere realizar elecciones y, participen o no los partidos de oposición, contará con la colaboración de los integrantes de la nanomesa de diálogo.

Lo procedente es que nuestros dirigentes democráticos se enserien y dejen de hacer política por tuiters, declaraciones a los medios y artículos de prensa. Deben entender que con ello causan confusión y dan pie para que muchos tomen posiciones extremas sin medir las consecuencias, ni calibrar entre lo que es posible alcanzar y lo que son simples buenos deseos.

A puerta cerrada, y eso no es un delito, los dirigentes deben discutir y llegar a un acuerdo sobre las condiciones apropiadas para acudir a votar, entendiendo que una dictadura no va a conceder todas las garantías de una democracia, pero que tampoco podemos ser tan condescendientes para aceptar todas las reglas que nos quieran imponer. También debemos estar conscientes de que, aunque ganemos, el régimen intentará desconocer los resultados, sea abiertamente como Pérez Jiménez o creando un organismo paralelo o quitando funciones, como hizo con la Asamblea Nacional y con la Alcaldía Mayor.

En las elecciones del 2005 nos abstuvimos porque estábamos en el punto de mayor debilidad. Hoy estamos en el de mayor fortaleza por el descontento de la población y por el apoyo de las principales democracias del mundo, por las sanciones económicas y por los casos de corrupción detectados y castigados en el exterior en contra de personas relacionadas con el régimen, básicamente relacionados con Pdvsa. Es decir, debemos exigir, sin aspirar el oro y el moro, como pretendían algunos caballeros de Jerez en 1426, en tiempos de la Reconquista española. Por otra parte, las presidenciales de mayo pasado fueron una farsa, por lo que se impone presionar para que también podamos elegir al presidente de la república.

Al respecto nos permitimos sugerir los equilibrados artículos de Ismael Pérez Vigil y el último de Vladimiro Mujica. Unidos, con una sola tarjeta electoral, con condiciones básicas y en la calle protestando, como dice en su artículo Nicmer Evans, podemos lograr una nueva democracia.

Como (había) en botica:

El gran farsante sigue queriendo engañar con esa comisión presidida por Tarek El Aissami para recuperar la industria petrolera que destruyeron Chávez, él mismo y todos los presidentes de Pdvsa desde Alí Rodríguez a la fecha.

El estudioso economista agrícola Wilfredo Briceño sostiene que para recuperar en el 2027 el producto interno bruto agrícola que teníamos en el 2013, se requiere un crecimiento interanual de un 16,4%, algo muy distante de los registros históricos. Esa cifra de Briceño indica el gran deterioro de este vital sector de la economía al cual habrá que dedicarle atención prioritaria.

Las diferentes Agencias de la ONU reportan que en el período 2016- 2018 teníamos 6,8 millones de personas con hambre, cifra que debe haber aumentado.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

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Maxim Ross

Con la invasión de propaganda, de desinformación y, sobre todo, de opiniones y artículos sesgados de uno y otro lado, es muy difícil que el común de los mortales se forme una opinión consistente de este doloroso tema por el cual está pasando Venezuela. Y digo doloroso, porque es de verdad una tragedia que nuestro país tenga que pasar por ese expediente como medio, casi único, para reestablecer el ordenamiento democrático e institucional pactado en la Constitución vigente. Cuando se dice que es una “tragedia” porque se aplican de tal manera que afectan indiscriminadamente a culpables e inocentes y que, por ello, implica mayores sacrificios al pueblo venezolano se está en lo cierto, pero no se dice toda la verdad.

Esa verdad tiene que ponerse dentro de contexto. Y este va en dos direcciones: Indaguemos si son ellas las causantes del deterioro económico y social y, luego, en cuál es su origen. Las cifras que el mismo BCV ha publicado dan cuenta de la primera indagación, pues la caída del producto, la destrucción del aparato productivo, la hiperinflación, el aumento de la pobreza y la masiva emigración de venezolanos sí que es una verdadera tragedia y todas están presentes antes de su imposición, en especial desde 2013 en adelante[1]

Con respecto a su efecto principal, que es en el comercio exterior con los Estados Unidos, este inicia su acelerado descenso desde aquel año y las ventas petroleras ya son críticamente bajas desde 2008. En ese terreno no hay que olvidar dos hechos. Por un lado, la reiterada política del Gobierno de Venezuela, anterior y actual, de dejar de vender petróleo a los Estados Unidos y, por el otro, la puesta en práctica en este país de la política de “Independencia Energética”, la cual lo llevó a una sustantiva reducción de sus importaciones, incluyendo las de Venezuela. Detrás de ambos impactos, decisivos para el bienestar de los venezolanos, está la brutal destrucción de PDVSA y la consiguiente drástica reducción de la producción petrolera. Es allí donde se debe ubicar claramente el deterioro.

En relación al segundo tema, el de sus orígenes, no pueden olvidar quienes escriben y las atacan algunos “pequeños” detalles del ordenamiento democrático e institucional que me permito recordar:

  1. La cuestionada elección del actual presidente en 2013, basada en la tesis de la “Continuidad Administrativa”, lo cual le permitió no retirarse de la presidencia,
  2. La cuestionada elección de la Asamblea Nacional Constituyente y de las elecciones presidenciales de 2018,
  3. La indudable y reconocida elección de la actual Asamblea Nacional en 2015, atacada por el Gobierno y sus poderes asociados por todos los frentes antidemocráticos.

No cabe la menor duda de que su imposición tiene un efecto significativo en el bienestar de los venezolanos, en especial cuando comienzan a aplicarse directamente a operaciones comerciales y financieras, pero la pregunta principal que debemos hacernos es porque hemos quedado “varados” en el tema de las sanciones, cuando la verdadera tragedia consiste en la insuficiente presión interna para el cambio político en Venezuela, ya no por causas atinentes a los distintos liderazgos políticos, sino porque la sociedad venezolana entró en un peligroso letargo y un sosiego que lo dificulta y paraliza. Sin duda que en él está una definida conducta que oscila entre el “Bodegón”, el miedo, el “Clap” y la consiguiente desesperanza.

Pareciera así que las sanciones van quedando como el único recurso capaz de lograr el cambio deseado, más todavía si van en línea con el apoyo democrático internacional que se ha logrado construir. En este sentido, es interesante hacerles saber a los gobiernos que se han alineado con el actual, entre ellos principalmente el de Rusia, el de China y el de Cuba que no pueden dejar de lado sus orígenes y causas. La historia pedirá cuentas de quienes fueron los verdaderos amigos de Venezuela.

Recomendación que va también dirigida a aquellos que claman insistentemente por el “dialogo” y la “reconciliación” de los venezolanos, pero que tienen detrás todavía una buena factura petrolera que respalda su apoyo. Recomendación que también va para aquellos gobiernos que todavía se sitúan en el medio y repiten lo de la autodeterminación de los pueblos y el regreso a la normalidad democrática, como si esta permaneciera pudiera lograrse sin tocar las persecuciones políticas, las inhabilitaciones y los continuos asaltos a la legitima Asamblea Nacional. Agrego: me gustaría que algunos líderes políticos que critican las sanciones colocaran sus declaraciones en este contexto.

Finalmente, la experiencia histórica no deja una lección clara sobre si estas políticas logran cambios importantes en una sociedad, pues hay casos donde ello se logra y otros no, aun cuando crean campos de presión para lograr acuerdos. No sabemos si su aplicación tendrá o no un logro en el cambio político o, al menos en que Venezuela restaure su ordenamiento democrático e institucional y que se produzcan las deseadas elecciones que lo reestablezcan, pero lo que si sabemos es que con ese apoyo todavía queda una esperanza para que los verdaderos culpables se hagan a un lado y dejen que este país vuelva a ser lo que fue. Allí quedará definida su responsabilidad histórica, la de sus aliados y la de los nuestros. Solo así podrá terminar la verdadera tragedia que vive Venezuela.

[1] Las primeras sanciones a funcionarios las establece la Administración Obama en 2015Eb

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La sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictada el día 27 de agosto del año 2019, bajo el número 0324, mediante la cual el TSJ ordena, en especial y particularmente, a la Universidad Central de Venezuela, realizar elecciones de autoridades rectorales en un plazo de seis (6) meses, contado el lapso desde la fecha de publicación de la sentencia, bajo condiciones impuestas por el Tribunal, caso contrario, es decir, si la UCV decide no cumplir con lo ordenado por el sentenciador, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) procederá a designar autoridades rectorales interinas, lo que se traduce en abierta violación de la autonomía universitaria e intervención de la UCV por parte del gobierno nacional.

El tiempo se ha agotado. Estamos a escasos cuatro días para que se cumpla el lapso dado por el TSJ. No hay, como es evidente, en la UCV visos de un proceso electoral en puertas para cumplir con lo sentenciado. Aunque se diga lo contrario. Que estamos transitando una “ruta electoral” que nadie entiende ni conoce. Tampoco se conoce, lo que hará el TSJ, es decir, el gobierno nacional, al vencerse el lapso dado sin que se realicen elecciones universitarias. No hay tiempo para ello. Seguramente, surgirá los artificios de última hora. Una prórroga del lapso, una fecha distinta a partir de la cual debe contarse el inicio y terminación del lapso, una negociación, una promesa de la UCV de hacer elecciones en los términos establecidos en la sentencia 0324, vía reglamento electoral provisorio, ya en elaboración, con algún disfraz, oportuno, en carnaval, mediante el cual se cumple con lo sentenciado, pero, debidamente atenuado, mientras tanto, en la UCV seguirá reinando el discurso de la autonomía universitaria en el reino de un silencio y pasividad absolutos, mientras, se separa y divide a los actores universitarios en tres lotes: izquierda, derecha y centro, en otras palabras, los que sostienen la defensa de la autonomía y la Ley de Universidades vigente, un grupo importante de profesores, representado por la APUCV, que pide la realización de elecciones bajo las reglas de juego electoral existentes (izquierda); los empleados y obreros que exigen el cumplimiento de la sentencia 0324 (derecha); y, el centro, posiblemente, las autoridades universitarias actuales, o, parte de ellas, quienes no están dispuestas a “inmolarse” en defensa de la autonomía universitaria y, por consiguiente, se muestran favorables a hacer concesiones al gobierno en aras de ampliar la “democracia universitaria”.

Forzoso, es, entonces, llegar a una conclusión, a la que apunta la pregunta: ¿Cómo hacer elecciones universitarias sin menoscabar la Ley de Universidades vigente? De entrada, resulta imposible. Por cualquier vía que se explore.

La vía judicial intentada de suspender cautelarmente tres artículos de la Ley de Universidades (31, 32 y 65), referidos al voto para la elección de las autoridades rectorales (artículo 31), validez de la elección (artículo 32) y elección de los Decanos (artículo 65), no sirve para nada, por cuanto deja incólume la columna vertebral de la Ley. “La autonomía administrativa, para elegir y nombrar sus autoridades y designar su personal docente, de investigación y administrativo (…)” (artículo 9 de la LU).

La vía interna, nuevo reglamento electoral, tampoco sirve, por cuanto sí el mismo se realiza conforme a la sentencia 0324, siempre, se estará violando la LU. Importante aclarar, que no se trata de cuestionamiento a autoridad alguna por cuanto conocemos el actuar de las autoridades universitarias para oponerse a la LOE y a la sistemática suspensión de los procesos electorales programados por la Comisión Electoral de la UCV desde el año 2011 en adelante, lo que preocupa es que hemos llegado al límite en los mismos términos en los que nos encontrábamos en el año 2011 y, aún, antes.

De las aguas derramadas en el año 1992 y 1998 vienen los lodos que nos asfixian hoy, y, de esas aguas vertidas en esos años, los universitarios, uno más otros menos, por acción u omisión, tenemos una cuota de responsabilidad importante, más allá de las posiciones que mantengamos en la actualidad. Hemos tenido muchas oportunidades para haber modificado la legislación universitaria, sin embargo, nos ha resultado más cómodo regirnos por la legislación actual que, por su obsolescencia, violentamos permanentemente. Aun cuando sigue vigente. Lo definitivo, ahora, que estamos entrampados, es decir la verdad sin avergonzarnos, sin ambigüedades. Sí, queremos ir a elecciones bajo el amparo de la sentencia 0324, no había necesidad de esperar el término del lapso para actuar desesperadamente. Caso contrario, hemos debido proceder desde hace mucho tiempo, 2011, para enfrentar al gobierno y hacer valer el principio de autonomía, al menos, la autonomía administrativa, para darnos nuestra propia forma de gobierno. Lo demás es decorado.

En consecuencia, proponemos, como parte de un sector, el gremial profesoral, ignoramos si mayoritario, la conveniencia, con apoyo de la Asamblea Nacional, de realizar en lo inmediato un proceso electoral, un macro- proceso electoral, al estilo del realizado en el año 2008, que permita la elección de autoridades rectorales, decanales y de representantes profesorales al cogobierno universitario, en conformidad con lo establecido en la Ley de Universidades y la reglamentación electoral vigente. Puestos a derecho, proponer una nueva Ley de Universidades, por obsolescencia e incumplimiento voluntario de la actual, que actualice la vida universitaria a la luz de los tiempos actuales y el avance de la ciencia, tecnología y medios de comunicación e información, con lo cual la Asamblea Nacional superaría su negligencia y omisión en la que ha incurrido desde el año 2009 al no desarrollar legislativamente la Ley Orgánica de Educación, en la parte correspondiente al desarrollo, mediante ley especial, del Sub Sistema de Educación Universitaria. Y, el TSJ, por su parte, obviaría, también, la negligencia, lentitud y pesadez de la administración de justicia, actuando de conformidad con lo solicitado por los rectores de las Universidades Nacionales, es decir, la nulidad de la LOE por ser esta Ley inconstitucional e ilegal. La sentencia provisoria N° 0324, no fue lo requerido por los accionantes del recurso de nulidad, esta sentencia es utilitaria y complaciente de un sector interesado en ponerle la mano por vía judicial a la UCV y, por derivación, a toda la Universidad venezolana.

La Ley, según se enseña en las Escuelas de Derecho, es un todo único, coherente, no contradictorio, y, el ordenamiento jurídico, como su nombre lo indica, un orden que no admite vacíos ni contradicciones; por tanto, la ley y el orden jurídico, son como un castillo de naipes, sí se retira una de las cartas, el castillo se derrumba, cae al suelo.

Suspender cautelarmente 3 artículos de la LU, es decir, el Claustro y las Asambleas de Facultad, no resuelve en absoluto nada, pues queda vivo, por ejemplo, el artículo 1 de la Ley, que reza, así: “La Universidad es fundamentalmente una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre”. Esa es la noción de Universidad que importa. Eso es lo que hace a una Universidad. Esta es la Universidad que defendemos. “Amanecerá y veremos. Manos a la obra”, suele decirse en las montañas andinas.

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