Casi todas las historias del tipo “vienen los robots” siguen un patrón similar. “Shop Direct pone en riesgo 2.000 empleos en el Reino Unido”, grita un titular típico. Luego, citando informes respaldados por institutos y centros de estudio de prestigio, el artículo en cuestión suele alarmar a los lectores con extravagantes estimaciones de “trabajos en riesgo”, es decir, porcentajes de trabajadores cuyos sustentos se ven amenazados por la automatización de alta tecnología. Para citar otro ejemplo representativo: “Un nuevo informe sugiere que la unión entre [la inteligencia artificial] y la robótica reemplazaría tantos trabajos que la era del empleo de masas podría llegar a su fin.”

Algunas veces estas sombrías perspectivas se suavizan con la distinción entre “trabajos” y “tareas”. Se plantea que solo se reemplazarán las partes rutinarias de los trabajos. En estas evaluaciones más optimistas del “futuro del trabajo”, los seres humanos complementarán a las máquinas sin competir con ellas.

Este alegre escenario se basa en parte en lo que ha ocurrido en el pasado: con el tiempo, la mecanización ha creado más trabajos con salarios más altos que los que ha destruido. También se basa en evaluaciones más sobrias sobre lo que hoy hacen los robots (aunque hay desacuerdo sobre lo que acabarán siendo capaces de hacer). Es más: algunos optimistas creen que la automatización elevará el nivel promedio de la inteligencia humana. Y una población más rica y madura necesitará crecientes cantidades de cuidadores, enfermeros, limpiadores, entrenadores y terapeutas.

Pero hay una advertencia importante para todo esto: si se dejan a merced de las fuerzas del mercado, los dueños de las compañías tecnológicas y los altamente formados “trabajadores del conocimiento” serán quienes disfruten las ventajas de la automatización, dejando al resto de la población en el desempleo o la servidumbre física e intelectual. (La necesidad de abogados especializados, consultores, contables, psiquiatras y expertos en relaciones humanas será mayor que nunca.)

Así, nos advierte la narrativa predominante, es necesario calibrar cuidadosamente el proceso de automatización para evitar despidos masivos y/o que se amplíen las desigualdades del ingreso. Por lo general el análisis concluye con la resonante afirmación de que nos esperan más trabajos “creativos” y fascinantes productos nuevos como los coches sin conductor. Siempre que aprendamos a medida que trabajemos, a todos nos espera una utopía de trabajo satisfactorio y prosperidad.

De no ser así, las extasiadas profecías se oscurecen: las profesiones o los países que no abracen la automatización con el suficiente entusiasmo se enfrentan a la extinción económica y cultural. En pocas palabras, si bien la automatización es una amenaza para el trabajo, esta se puede y debe superar dentro del actual marco del trabajo asalariado.

En esta narrativa hay pocos ecos de la visión anterior de que las máquinas ofrecen la emancipación del trabajo, abriendo un panorama de ocio activo, en un tema que se remonta a los antiguos griegos. Aristóteles entrevió un futuro en que “esclavos mecánicos” hicieran el trabajo de los esclavos verdaderos, dejando tiempo para que los ciudadanos emprendieran metas más altas. John Stuart Mill, Karl Marx y John Maynard Keynes acariciaron a sus lectores con el pensamiento de que el capitalismo, al generar los ingresos y la riqueza necesarios para abolir la pobreza, se aboliría a sí mismo, liberando a la humanidad, como lo expresara Keynes, para vivir “sabia y cómodamente, en buenas condiciones”.

De modo similar, Oscar Wilde señaló en su ensayo “El alma del hombre bajo el socialismo” que, con las máquinas encargadas de hacer todo “el trabajo desagradable, miserable y aburrido”, los seres humanos disfrutarán de un “deleitoso tiempo de ocio para idear cosas maravillosas y placenteras para su disfrute propio y de todos los demás”. Y Bertrand Russell detalló los beneficios de ampliar el ocio desde la aristocracia a toda la población.

Ninguna de estas musas del Nirvana despreciaba el trabajo. Por el contrario, todos ellos eran trabajólicos. Lo que objetaban era el “trabajar por un salario”. Pero “trabajar para vivir” se ha llegado a ver en la actualidad como el destino moral de la humanidad, mientras que el ocio se vincula implícitamente al hacer nada. La ética del trabajo protestante todavía nos tiene en sus garras (y no solo en Occidente).

La actitud de los economistas siempre ha sido ambivalente. Por una parte, ven el trabajo asalariado como un coste para el consumo. Las máquinas reducen el coste del trabajo. A medida que las personas se vuelven más productivas y, por ende, más prósperas, trabajarán menos. Más precisamente, tendrán la opción de trabajar menos por el mismo ingreso o de hacerlo tanto como antes por un mayor ingreso. El patrón histórico es que se acaba “equilibrando” tiempo y dinero, de modo que las horas trabajadas han bajado a medida que se eleva el ingreso.

Pero el concepto de la creciente abundancia, articulado por Keynes y otros, ha sido reemplazado por el compromiso de los economistas con la escasez inherente. Plantean que los deseos de las personas son insaciables, por lo que nunca tendrán suficiente. La oferta siempre estará por detrás de la demanda, obligando a mejorar continuamente la eficiencia y la tecnología. Esto valdrá incluso si hay suficiente producción para alimentar, vestir y dar vivienda a toda la humanidad. En el dilema entre la profusión de sus deseos y la escasez de sus medios, los humanos no tienen más opción que continuar “trabajando por un salario” en cualquier empleo que ofrezca el mercado. Nunca llegará el día de la abundancia, cuando puedan escoger entre trabajo y ocio. Están obligados a “competir con las máquinas” por toda la eternidad.

Hay una salida a esta trampa, pero solo si hacemos dos distinciones cruciales: entre necesidades y deseos, y entre medios y fines.

La distinción entre necesidades y deseos era central para los pensadores de antaño. Pero en la economía contemporánea, las preferencias se toman como un “hecho”, por lo que no están sujetas a mayores escrutinios sobre su valor o fuente. Los pensadores del pasado distinguían entre las “necesidades del cuerpo” y las “necesidades de la imaginación”, recalcando el carácter irreductible de las primeras y la maleabilidad de las segundas. Si se nos induce a desear cualquier cosa que los publicistas pongan delante de nuestros ojos (y ahora en línea), nunca tendremos suficiente.

Los viejos pensadores también distinguían entre medios y fines. Los productos de las máquinas son lo que el economista Alfred Marshall llamaba “los requisitos materiales del bienestar”. El bienestar humano es el fin. Inventamos máquinas para lograrlo. Pero para controlar estos inventos, necesitamos fines más atractivos que el mero desear más y más productos y servicios. Sin una definición inteligente de bienestar, simplemente crearemos más y más monstruos que se alimenten de nuestra humanidad.

16 de abril de 2019

Traducido del inglés por David Meléndez Tormen

Project Syndicate

https://www.project-syndicate.org/commentary/managing-automation-intelli...

I

La farsa electoral del 20 de mayo de 2018 y su pretensión de continuar en la presidencia como factor de la usurpación del Poder Ejecutivo por Nicolás Maduro.

Al iniciarse el 10 de enero de 2019, día en el que debía juramentarse un nuevo Presidente electo, Nicolás Maduro, quien mediante el falso proceso electoral del 20 de mayo de 2018, ocupaba de hecho la presidencia, pretendió continuar usurpando el cargo de Presidente de la República. Proceso electoral este, que propuso el gobierno en República Dominicana se celebrara en el segundo semestre de 2018, y que la oposición democrática se negó a aceptar: y que fue fijado por una Asamblea Constituyente, cuya convocatoria los venezolanos habíamos rechazado en el referendo del 16 de julio de 2017. Proceso electoral, además que fue deslegitimado por la abstención de la mayoría de los venezolanos, que en el mencionado referendo igualmente se habían pronunciado a favor de la renovación de los poderes públicos, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y por la realización de elecciones libres y transparentes, así como por la conformación de un Gobierno de unidad nacional para restituir el orden constitucional. Fue, entonces, este simulado proceso electoral, en donde los electores no pudimos ejercer libremente el voto, el hecho determinante de la presente usurpación del Poder Ejecutivo por Nicolás Maduro, contra la cual se manifestó el pueblo venezolano, como ya señaló.

II

La condición de régimen de facto del régimen de Nicolás Maduro y el cese de la usurpación

En concreto, la usurpación del Poder Ejecutivo impidió e impide el ejercicio pleno de la soberanía popular, que ha manifestado que no quiere que Nicolás Maduro continúe usurpando el gobierno, y, por ende, obstaculiza la constitución de un gobierno de unidad nacional y la realización de elecciones libres para restituir el orden constitucional. Esta manifestación de la soberanía popular fue expresada mediante el referendo del 16 de julio de 2017, que fue recogida en el Estatuto que rige la Transición a la Democracia para Restablecer la vigencia de la Constitución, que aprobó la Asamblea Nacional el 5 de enero de 2019, con base a los artículos 333 y 350, y, por tanto, con jerarquía constitucional. El desconocimiento de Nicolás Maduro de la soberanía popular de no continuar en el Poder Ejecutivo; determina la condición de régimen de facto de su gobierno, así como de cualesquiera funcionarios o personeros de dicho régimen (artículo 8º, del Estatuto, en concordancia con el artículo 138, de la Constitución). Por tanto, la terminación de la usurpación consiste en la liberación de tal régimen dictatorial, que ocurre con el cese de los poderes de facto que ejerce Nicolás Maduro y demás personeros del régimen de facto (artículos 7º.1; 9º). Así, se desprende de dicho Estatuto, que la transición democrática consiste en tres fases progresivas: de cese de la usurpación, la instalación de un Gobierno provisional y la realización de lecciones libre (artículo 3º).

III

El proceso de transición, los plazos y competencias de la Asamblea Nacional.

Por otro lado, del mismo Estatuto, se desprende también, que en cada una de las fases del proceso de transición, la Asamblea Nacional ejercerá competencias, también progresivamente, hasta lograr la transición democrática y restablecer el orden constitucional, que es propiamente la manifestación de voluntad expresada por el pueblo venezolano, que como titular del Poder Público, deslegitimó el simulado proceso electoral del 20 de mayo de 2017 y la elección de Nicolás Maduro, a quien consideró un usurpador. Por otra parte, es verdad, que la tercera fase, de las elecciones libres, supone que se hayan cumplido las anteriores de cesación de la usurpación y de conformación del Gobierno provisional de unidad nacional, razón por la cual, el Estatuto, en comento, no señala fecha alguna para su realización´, sino plazos, uno de treinta (30) días, y otro, residual, de hasta doce (12), meses. Es decir, jurídicamente, no se trata de términos, que se refieren a un momento determinado; ni tampoco de plazos preclusivos, sino inclusivos; y, además, que cada una las fases se componen de actividades establecidas de antemano, que constituyen un trámite previo que debe cumplirse para que se pueda iniciar la fase posterior. En otras palabras, para que exista el “dies a quo”, o el inicio del plazo para la realización de las elecciones libres, en treinta (30) días o de hasta doce (12) meses, depende de que haya cesado la usurpación y se hubiere conformado un Gobierno de unidad nacional; para lo cual se requiere que en se hayan cumplido las actividades o el trámite de estas fases, por parte de la Asamblea Nacional, como se advirtió precedentemente.

Es decir, que el cese de la autoridad usurpada por Nicolás Maduro y la conformación de un Gobierno de unidad nacional constituyen los elementos concurrentes que configuran la liberación del régimen calificado jurídicamente de facto y autocrático (artículos 2º y 25, del Estatuto). En otras palabras, que dies a quo para el inicio de los plazos para la realización de elecciones libres, una vez cesada la usurpación de Nicolás Maduro y demás personeros del régimen de facto, es la fecha de la conformación del Gobierno provisorio de unidad nacional (artículos 25 y 26, ibidem). Por otro lado, mientras ocurre el cese de la usurpación y, se designe el Presidente provisional, la Asamblea Nacional, como se expreso, continúa ejerciendo sus funciones, y, particularmente, las atinentes a sus competencias para cumplir el trámite necesario para que se pueda cumplir con el cese de la usurpación y la conformación de un Gobierno de unidad nacional y la realización de elecciones libres. Es decir, que en cada una de dichas fases, la Asamblea Nacional ejercerá competencias, también progresivamente, hasta lograr la transición democrática y restablecer el orden constitucional, que es propiamente la manifestación de voluntad expresada por el pueblo venezolano, que como titular del Poder Público, deslegitimó el simulado proceso electoral del 20 de mayo de 2017 y la elección de Nicolás Maduro, a quien consideró un usurpador, como ya he asentado.

III

La no cesación de las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional

Asimismo, durante el proceso de transición, es decir, en el trascurso de sus fases, la Asamblea Nacional continúa ejerciendo las atribuciones que le corresponden según el artículo 333, de la Constitución, las normas constitucionales referentes sus competencias previstas en el artículo 187, de la misma Constitución, las leyes de la República y el Estatuto de Transición. Ello según el artículo 16, numeral 7, del citado acuerdo normativo estatutario. En este mismo orden de ideas, dentro cada fase y durante el proceso de transición democrática, la Asamblea Nacional puede adoptar todas las decisiones, acuerdos y leyes necesarias para la implementación del Estatuto, a los fines de permitir el restablecimiento efectivo de la Constitución y el cese de la usurpación, como se establece en el artículo 33, estatutario. En virtud de lo dispuesto en el Estatuto, conforme se dice en su Exposición de Motivos, en su tercer capítulo se “especifica la actuación de la Asamblea nacional y su presidente mientras permanezca la usurpación”, una de las cuales son los “lineamientos que guiarán la transición política y económica” (Página 3), tal como se consagra en el artículo 18, del Estatuto, en comento. Así como en lo atinente a la reinstitucionalización de los órganos del Poder Ciudadano, del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral (Capítulo IV). Con fundamento en esa competencias, la Asamblea Nacional puede determinar la oportunidad de efectuar total o parcialmente los trámites necesarios con el objeto de recuperar la legitimidad de los Poderes Públicos, como, por ejemplo, designar o ratificar los titulares de los Poderes Públicos: Poder Ciudadano, Rectores del Consejo Nacional Electoral y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Y para ello, el Estatuto, en comento, le permite modificar los lapsos y requisitos legales (artículo 20). Por ello, la Asamblea Nacional puede ejercer para la legitimación del Consejo Nacional Electoral sus competencias contempladas en el artículo 295 de la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Electoral para designar o ratificar de los Rectores del Consejo Nacional Electoral: lo cual constituye materia prioritaria, para que con la mayor celeridad la renovación de este Consejo favorezca la realización de elecciones libres y competitivas, una vez cesada la usurpación y conformado el Gobierno de provisional de unidad nacional, para permitir la consolidación de la democracia (artículo 23, del Estatuto).

IV

La conformación del Gobierno provisional y del plazo para las elecciones presidenciales y la procedencia del establecimiento de una hoja de ruta por la Asamblea Nacional.

Por otra parte, el artículo 25, del Estatuto citado, establece que una vez cesada la usurpación de la Presidencia por parte de Nicolás Maduro y demás personeros del régimen, el Presidente de la Asamblea Nacional, ejercerá durante treinta (30) días continuos como Presidente encargado a los efectos de conducir el proceso que lleve a la conformación de un Gobierno provisional de unidad nacional y a la adopción de medidas que sean necesarias para la realización de elecciones presidenciales libres y competitivas. Igualmente, según el artículo 26, del Estatuto en comento, en caso de imposibilidad técnica para convocar y realizar elecciones libres y competitivas dentro de los treinta (30) días continuos establecidos en el artículo 233, constitucional, la Asamblea Nacional podrá ratificar al Presidente encargado como Presidente provisional, con la finalidad que éste conforme un Gobierno de unidad nacional. Para ello, la Asamblea Nacional puede adoptar las medidas que rescaten las condiciones de integridad electoral, la libre postulación y el fortalecimiento de las organizaciones con fines políticos, que permitan la realización de una elección presidencial correspondiente al término del periodo presidencial Una de esas medidas, según el artículo 32, estatutario, es la del fortalecimiento de las organizaciones con fines políticos, de conformidad con el artículo 67, de la Constitución. Por supuesto que dentro de las medidas que permitan la realización de las elecciones con integridad, están las referentes a la regulación de la organización de procesos electorales, como las relativas a las garantías del derecho del sufragio y la participación política, como la ampliación, actualización y depuración del registro electoral, distribución de los centros de inscripción y votación, y auditorias del sistema electoral.

De modo que para cumplir con el trámite de cesación de la usurpación y de la renovación del Poder Ciudadano, por cuanto debe postular un candidato para Rector; y la renovación del Consejo Nacional Electoral, mediante la ratificación o designación de sus Rectores; al igual que para adoptar las medidas de integridad electoral; la Asamblea Nacional, de conformidad con los artículos 20, 21, 30 y 31, estatutarios, que definen su competencia en materia de los lineamientos para la transición política, antes señalados; puede crear, conforme su Reglamento Interior y de Debates (artículo 42), una Comisión especial para la preparación de la fase de realización de las elecciones libres, para que con base a las consultas que realice y las asesorías que solicite a expertos electorales, prepare una hoja de ruta para la realización de las elecciones libres, que además de la renovación del Consejo Nacional Electoral, de actualización, ampliación y depuración del registro electoral permanente, las auditorias necesarias del proceso electoral, así como también, prever un plazo inclusivo estimado para la realización de la elección presidencial, sin adelantar fecha alguna. Todo ello de haberse cumplido las fases de cesación de la usurpación y la conformación de un Gobierno de unidad nacional. Durante ese trámite previo, la Asamblea Nacional puede realizar reformas a la Ley Orgánica de Procesos Electorales, de modo que no puedan modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los seis (6) meses inmediatamente anteriores a la misma, según el principio contenido en el artículo 298, constitucional.

Por todo lo expuesto, resulta conforme con la normativa estatutaria, y, con el proceso de transición mismo, el balance presentado por el Presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de los Procesos Electorales, de la Asamblea Nacional, sobre de los que se ha adelantado para el cumplimiento de la tercera etapa del proceso de transición y para que el Presidente encargado, o el Presidente provisional, en su caso, pueda convocar unas elecciones libres, de acuerdo con los artículos 25 y 26, estatutarios, de haberse conformado el Gobierno provisional de unidad nacional. En ese orden de ideas, la propuesta estratégica o de cronograma electoral, a que se refirió el diputado Presidente de dicha Comisión, Stalin Gonzalez, para crear las condiciones de un proceso electoral limpio, justo, trasparente, creíble y con observación internacional para lograr elecciones libres como parte de ese proceso de transición, así como acortar los lapsos electorales, y proponer un plazo inclusivo de tres (3) a seis (6), estimado para su realización, esta dentro del marco jurídico y político del referido proceso de transición. Ello se adecúa al precepto normativo estatutario, contenido en el artículo 26, de que “a todo evento, las elecciones presidenciales deberán realizarse en el menor tiempo posible, tan pronto como las condiciones técnicas lo permitan dentro de un plazo máximo de doce (12) meses”, en concordancia con el artículo 22, del mismo Estatuto.

V

Vigencia del período de la Asamblea Nacional, periodo transitorio de los Poderes relegitimados, culminación del mandato del Presidente encargado y del Gobierno provisorio, juramentación y período presidencial del nuevo Presidente electo en elecciones libres y competitivas.

Según el artículo 13, del Estatuto que he venido comentando, la presente Asamblea Nacional, electa el 6 de diciembre de 2015, ejercerá sus funciones hasta el 4 de enero de 2021, cuando se instale la nueva Legislatura, a cuyo efecto se celebrarán elecciones parlamentarias durante el último trimestre del año 2020, según lo establecido en las normas constitucionales y en las leyes electorales. Mientras que los Poderes Públicos legitimados por la Asamblea Nacional, de conformidad con dicho Estatuto, ejercerán sus funciones hasta el primer semestre del año 2021; y de acuerdo con el artículo 24, estatutario, a la Asamblea Nacional electa en el último trimestre del año 2010, como se ha señalado, le corresponde designar o ratificar los titulares de los órganos del Poder Ciudadano, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y Rectores del Consejo Nacional Electoral, los cuales ejercerán los períodos constitucionales completos. Y, el Presidente encargado que ha venido ejerciendo la Presidencia durante la usurpación, continuará como tal, durante treinta (30) días continuos, a los efectos de conducir el proceso que conlleve a la conformación de un Gobierno provisorio de unidad nacional y a la adopción de medidas que sean necesarias para la realización de elecciones presidenciales libres y competitivas. Y, en el supuesto que por imposibilidad técnica las elecciones no puedan ser convocadas o realizarse, durante este último plazo, la Asamblea Nacional podrá ratificar al Presidente encargado como Presidente provisorio, quien conformará dicho Gobierno, cuyo mandato culminará con la juramentación ante la Asamblea Nacional del nuevo Presidente electo en estas elecciones, con lo que culminará el período presidencial 2019-2025. Esto último, según los artículos 25 y 26, del Estatuto, en comento.

Coordinador Nacional

Caracas, 27 de abril de 2019

INTRODUCCION

Venezuela se encuentra a las puertas de un proceso de transición, el pueblo ha dado nuevamente y de manera renovada claras demostraciones de espíritu de lucha por un cambio, hoy bajo la dirección de la Asamblea Nacional y el presidente (E) Juan Guaido se ha trazado la ruta, para lograr, en primer lugar, el cese la usurpación que permita abrir la posibilidad real de un cambio político en el país. En este contexto actualmente se desarrolla un debate acerca de los cambios que requiere la nación los cuales deben ser implementados de manera inmediata por un eventual gobierno de transición que enfrente las dificultades heredadas de la catástrofe que ha significado el actual régimen en el poder, este periodo de transición debe llevar hacia a un proceso electoral transparente, para retomar el hilo constitucional roto por el gobierno del usurpador Nicolás Maduro; en tal sentido los trabajadores no pueden pasar inadvertidos ante este proceso político y se hace necesario fijar posición acerca del futuro de nuestro país, en el entendido que solo con la participación de la sociedad en su conjunto se podrá garantizar la gobernabilidad y el éxito de un proyecto que permita el rescate de la nación, con visión de futuro, que garantice el progreso, bienestar y justicia social para los venezolanos.

Los trabajadores se hacen eco y convierten en bandera la necesidad de alcanzar un gobierno de unidad nacional, donde todos los sectores se vean representados, no solo de nombre, si no con la fortaleza de un proyecto de nación donde la voz de los trabajadores se haga sentir, por lo que se recibe con beneplácito la propuesta de Plan País, que sirve como elemento base para el debate y los trabajadores nos incorporamos a la discusión con un conjunto de consideraciones y propuestas que van en sentido de dar un aporte para la construcción de una propuesta que ayude a la recuperación del país y establezca líneas claras para el desarrollo de la nación.

EL TRABAJO COMO BASE FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO

1. El trabajo debe ser considerado el eje fundamental para el desarrollo de la nación, por lo tanto debe ser reivindicado y promovido como valor esencial para la sociedad, por ello se debe promover la creación trabajos decentes (concepto señalado por la OIT en función de los Objetivos del Desarrollo Sostenible) y estables, así como realizar campañas para generar un cambio en la actitud de la población, incentivando el valor y la importancia del trabajo como palanca para el desarrollo individual y colectivo, promover la educación para el trabajo y la formación dentro de este sector.
2. El gobierno de Unidad nacional debe reinstalar la comisión y el dialogo tripartito para la discusión sobre los aspectos salariales, restitución de los derechos laborales conculcados y de políticas que generen una reactivación del aparato productivo del país.
3. El nuevo Gobierno de Unidad Nacional, deberá contemplar un plan especial de protección y promoción de la producción nacional, que permita generar fuentes de empleo debidamente remuneradas, transferencia técnica y científica y formación acorde para la trasformación.
4. Incorporar los representantes laborales de los trabajadores organizados como actores directos en la planificación y toma de decisiones, para que asuman su rol de vanguardia en la recuperación productiva del aparato industrial y de servicios, revisión de las políticas de cogestión.
5. Se requiere un plan inmediato para recuperar el poder adquisitivo del Salario Real, en vías a cumplir con lo establecido en el Artículo 91 de la constitución que establece que el salario mínimo debe garantizar la adquisición de la canasta básica alimentaria.
6. Lograr un trabajo estable y digno parte de la necesidad de la formación del capital humano, para ello se requiere la recuperación del INCE, devolviéndolo a los trabajadores en su carácter tripartito, así como las demás escuelas de capacitación que fueron desmanteladas en el pasado.
7. Recuperar los fondos de pensión, que fueron saqueados por funcionarios corruptos, para que cumplan el espíritu y la razón de para los cuales fueron creados, de igual manera rescatar el rol de los trabajadores, su participación y vigilancia dentro de los mismos.
8. Respeto hacia los pensionados y jubilados reconociendo el trabajo que desarrollaron por el país, en tal sentido exigimos respeto a los logros alcanzados y promover un debate que permita avanzar en políticas de atención integral de este sector especialmente para la atención médica, alimentación, recreación, servicio funerario y otros derechos que han sido vulnerados.

UN MARCO LEGAL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS HACIA LOS TRABAJADORES

1. La llegada de capital financiero internacional , y el desarrollo de políticas económicas que incentiven producción no debe conllevar a iniciativas que se flexibilicen aún más las relaciones laborales en prejuicio del trabajador, por ello el gobierno de unidad nacional deberá garantizar el cumplimiento de un conjunto de aspectos legales existentes hoy día
2. La estabilidad laboral Art. 89 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), en el marco de la reorganización del estado, quien es hoy el principal empleador; en este proceso se hace conveniente establecer en conjunto con los trabajadores los mecanismos para llevar a cabo los procesos de reestructuración del estado para evitar atropellos.

Por otra parte se debe exigir a los empleadores privados garantizar la estabilidad laboral y creación de trabajos decentes y estables cumpliendo con los parámetros establecidos por la OIT.

1. Defender los avances que en materia de la tercerización alcanzaron los trabajadores Art. 85 de la LOT.
2. El cumplimiento de La jornada laboral Art 167 de la LOT.
3. Respeto a las contrataciones colectivas Art 431 de la LOT y a la libertad sindical Art 353 de la LOT.
4. La protección de la maternidad Art 331 de la LOT.
5. La incorporación de los trabajadores discapacitados Art. 291 de la LOT.
6. Las prestaciones sociales Art 142 de la LOT.
7. El cumplimiento de la ley de Alimentación para los trabajadores y su revisión para incorporar a los jubilados y pensionados a este beneficio.
8. Respeto y aplicación del FAOV, exigimos el cumplimiento de la Ley de Política Habitacional en el marco del dialogo tripartito.Los elementos antes señalados plantea la necesidad de debatir el marco jurídico que ampara las relaciones laborales, donde partimos del carácter progresivo de las leyes, la discusión y adecuación de otras, y la eliminación de aquellas que han permitido el atropello a los sectores laborales y sus derecho, el gobierno de unidad nacional debe cerrar el capítulo de las persecuciones y acoso a la dirigencia sindical y de los trabajadores, exigimos el respeto al derecho a la huelga y la no criminalización de la protesta; se requiere promover la organización de este sector y su incorporación al debate sobre las políticas de estado.

Los trabajadores exigimos imprimir un cambio radical a lo impuesto desde hace veinte años a los conceptos y principios de la seguridad social, convertido por el régimen en un conjunto de medidas incoherentes, dadivosas, conformada por ejecuciones populistas de limosnas dispendiosas, clientelares y corruptas.

Para ello, debe plantearse devolverle al Sistema marco de Seguridad Social su carácter científico y principista donde juegue un papel decisivo la triada trabajador-empresario-gobierno. Exigimos la puesta en vigencia la ley con los tres subsistemas que lo conforman, la cual fue paralizada y sometida a un vacatio-legis por el régimen que se negó a culminar el proceso de discusión y su ejecútese.

En este contexto señalamos la desviación de recursos provenientes de la cancelación del seguro de paro forzoso, derogado por la reforma chavista del año 2002, se requiere igualmente reformular su aplicabilidad dirigida hacia los ciudadanos que viven situación de desempleo temporal.

En este periodo de reformas y discusión para sentar una nueva base jurídica del estado venezolano y la aplicación de medidas económicas que de una u otra forma afecten a los trabajadores deben ser discutidas con los sectores representativos de los mismos, se debe cerrar el capítulo de la imposición y aplicación de medidas inconsultas que caracterizaron el régimen que gobernó este país por más de 20 años.

POLITICAS SOCIALES PARA AFRONTAR LA CRISIS Y PROMOVER EL DESARROLLO

1. Los trabajadores planteamos la necesidad que se desarrollen políticas hacia los sectores sociales más desfavorecidos que fueron víctimas de la estela de desolación que dejo este régimen, por ello se plantea la necesidad de una reingeniería de los programas sociales, para convertirlos en planes sostenibles, incluyentes, participativos y democráticos. Execrar el clientelismo, el populismo, la manipulación y la exclusión, que sirven sólo para incrementan la pobreza, la implementación de programas sociales debe ser desarrollado fundamentalmente por el personal que labora en el país.
2. Declarar la salud pública en emergencia; lograr un servicio de calidad, implica buena atención, dotación de medicamentos, de equipos e insumos médicos y óptimos condiciones laborales; se debe llegar al nivel donde, “tu estado de salud, no dependa de tu estado de cuenta”; descongestionar, zonificar e integrar todos los servicios de salud; es fundamental iniciar el proceso de recuperación del Seguro Social, bajo los principios para los cuales fue creados, en el marco del dialogo tripartito.
3. Recuperar el sistema educativo venezolano, mejorar las condiciones laborales de los educadores, reivindicando el rol del docente y su importancia para el país, de igual manera desarrollar un programa de formación que contemple la construcción de ciudadanía, para reforzar la ética como eje transversal en el accionar político del nuevo gobierno, respeto a la Autonomía Universitaria y dotar de un presupuesto adecuado para el funcionamiento de las instituciones educativas, para garantizar la calidad educativa.

POLITICAS DE ESTADO A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO.

1. El desarrollo de políticas publicas incide en los trabajadores y el pueblo en general por ello como sector social, tenemos el derecho de opinar sobre un conjunto de elementos que incidirán en la implementación y desarrollo del Plan País afectando a a la población, por lo tanto consideramos que este plan debe abordar un conjunto de elementos políticos que favorezcan el proceso de transición y sienten las bases para la recuperación de la democracia y conseguir un estado de bienestar para la sociedad.
2. En el marco de un nuevo pacto social y teniendo como base la Constitución Nacional, debe contemplarse: un programa dirigido al desarrollo sostenible de la nación, a reindustrializar el País, a diversificar la economía para, gradualmente, ir suprimiendo el rentismo petrolero y la economía extractivista.
3. Se plantea la necesidad de una reforma tributaria integral orientada a reactivar el aparato productivo nacional y a proteger y abaratar el consumo, la aplicación de una política tributaria debe partir por tener un carácter progresivo, reducir el IVA a los productos nacionales y básicos, así como eliminarlo para medicinas y nutrientes destinados a salvar vidas, esta medida ayudará a reducir la inflación.
4. Sobre PDVSA, la CVG y demás empresas del Estado, las mismas deben ser intervenidas y reestructuradas, para sanearlas, rescatarlas y reformular sus políticas para asegurar su viabilidad productiva y financiera, en este proceso se debe incorporar a los trabajadores.

En este acápite el gobierno de Unidad nacional, debe fijar los mecanismos legales y financieros para reconocer los derechos de todos los trabajadores que fueron despedidos o vulnerados como parte de la persecución política y de los atropellos durante el régimen gobernante, el pago de sus deudas y demás pasivos laborales.

1. Lograr la autonomía del Banco Central de Venezuela, que deje de financiar las empresas del Estado; que se impida la creación de dinero electrónico o virtual que no esté soportado por el trabajo y la producción.
2. Profundizar la descentralización y desconcentración de poderes del Estado. Incluir en ello, la administración de las instituciones que manejan los servicios públicos, para recuperar la calidad de los servicios, agua, electricidad, aseo urbano, transporte y vialidad, es fundamental mejorar la prestación de servicios para las comunidades.
3. Se requiere la reinstitucionalización de los diversos organismos que conforman el estado Venezolano, renovación del CNE, EL TSJ y demás poderes públicos para liberarlos del control político partidista que ha hegemonizado este periodo pervirtiendo su funcionamiento.
4. Reestructuración de las FANB, haciendo cumplir lo establecido en la Constitución de la Republica que establece los principios y normas que rigen este cuerpo, así como su conformación.
5. Realizar campañas orientadas a revalorizar de forma integral el sentido de la vida, a sembrar nuevos valores asociados a la convivencia social y la solidaridad, al fomento del trabajo y el estudio, a la honradez y la honestidad. Corresponde al Estado velar por una seguridad ciudadana integral, proteger a quienes denuncian conductas delictuales y criminales de los organismos de seguridad del Estado, como las OLP; requerimos de ciudadanos formados en la defensa de los derechos humanos, exigimos la eliminación de los escuadrones de la muerte en los que se ha convertido organismos del estado como el FAES.
6. Enaltecer la promoción de la participación y organización de las comunidades, institucionalizar los cabildos y asambleas populares, para lograr la retroalimentación permanente entre el pueblo y el estado, además de garantizar la plena autonomía de las organizaciones sociales, como parte de un proceso ascendente de democratización de la sociedad.
7. Revisión y auditoria de la deuda externa para la reestructuración de los pagos y discusión sobre nuevas condiciones y plazos para los pagos correspondientes, solicitar condonación de deuda para algunos casos; de igual manera se debe desarrollar un plan para la recuperación de los dineros y demás activos que fueron robados durante este periodo para reinvertirlos en programas, bienes y servicios que favorezcan la recuperación del país.

Este conjunto de elementos que presentamos para el debate, son parte de las propuestas que el sector de los trabajadores ha ido elaborando en el entendido que este proceso comienza con el gobierno de unidad nacional que debe dirigir la transición, pero consideramos abre un interesante debate acerca de la necesidad de lograr cambios de mediano y largo plazo que sustenten un nuevo pacto republicano, que cierre las puertas a las intenciones de imponer nuevos gobiernos autoritarios, por ello se requiere discutir por ejemplo la reforma constitucional que disminuya el presidencialismo y vaya hacia un régimen parlamentario y por otra parte abre la oportunidad de un proceso de relegitimación y reorganización de todos los sectores de la vida nacional para afrontar la construcción de un paísadaptado a las exigencias de los nuevos tiempos, se requiere nuevas formas de hacer política y ciudadanos más activos y atentos al comportamiento de los liderazgos y funcionarios públicos, por esto los trabajadores respaldaremos y acompañaremos las acciones que vayan en pro de la recuperación de la patria pero estaremos atentos ante cualquier intencióno acción que vaya en prejuicio de nuestro pueblo.

CONSIDERACIONES FINALES

1. La emergencia social y económica de una Venezuela arruinada y en colapso indetenible de sus servicios básicos, requiere de una urgente ejecución de políticas que frenen el descalabro nacional.
2. “Los fines de la transición democrática son el pleno restablecimiento del orden constitucional, el rescate de la soberanía popular a través de elecciones libres y la reversión de la emergencia humanitaria compleja, con el propósito de rescatar el sistema de libertades, garantías constitucionales y los derechos humanos”.
3. El Articulo 27 del Estatuto que señala: “La Asamblea Nacional, previa consulta con la sociedad civil y con las organizaciones con fines políticos, aprobará mediante acuerdo parlamentario las reglas de gobernabilidad y las directrices del programa mínimo que, dentro de los principios de la economía social de mercado, ejecutará el Gobierno provisional. A tal efecto se tendrán en consideración los lineamientos para la transición política y los lineamientos para la transición económica derivados de lo establecidos en los artículos 17 y 18 del presente Estatuto. El mencionado programa mínimo respetará los principios del régimen socioeconómico y de la función del Estado en la economía que están establecidos en el artículo 299 de la Constitución”.
4. Artículo 28 del Estatuto que señala: “El Gobierno provisional de unidad nacional tramitará la cooperación financiera internacional de organismos multilaterales y países del mundo libre a los fines de iniciar el proceso de transición económica y de proseguir la reversión de la emergencia humanitaria. También solicitará la presencia permanente de organismos internacionales especializados en la garantía y defensa de los derechos humanos a los fines de acompañar el proceso de transición democrática e informar a la comunidad internacional de la situación de dichos derechos en Venezuela”.

Por lo tanto los miembros de la Plataforma de conflicto de Aragua y demás sectores sociales que hacen vida en el estado quieren dejar su voz, en el marco del estatuto que rige la transición, con la certeza de que Venezuela resurgirá con el esfuerzo de todos, de esta catástrofe económica, política y social a donde nos han llevado años de autoritarismo, intolerancia, corrupción y expoliación de nuestros recursos naturales y económicos por una minoría que en mala hora tomaron el poder en Venezuela; queremos dejar en claro que acompañamos las medidas que favorezcan a los trabajadores y sectores sociales más desfavorecidos y que encaminen al país por la senda de la recuperación del crecimiento económico y el desarrollo social y no daremos un cheque en blanco, aspiramos nuestra voz sea escuchada y propiciar los espacios de diálogo y entendimiento que requiere la nación, tal como lo señala el estatuto antes mencionado, en un proceso de reunificación, reencuentro y reconciliación que contribuya en la recuperación de nuestro país.

La grave crisis socioeconómica que está sufriendo el pueblo venezolano, la manifiesta conducta solidaria de una Joven Indígena amamantando a un pequeño animal en estado de orfandad y haber leído la leyenda Maya del Colibrí, me sirvieron como marco de referencia para estructurar un proyecto de país que presumo pudiera permitir el surgimiento de una nueva forma de gobierno para Venezuela. Este proyecto, que he calificado como SOLIDARIDARISMO, se sustenta sobre diez bases fundamentales y veinte objetivos específicos que trataremos de explicar a continuación.
-BASES DEL PROYECTO-

1). La solidaridad, por constituir un valor moral que ha sido muy útil para el género humano; pues, gracias a ella la especie humana no sólo ha alcanzado los más altos grados de civilización y desarrollo tecnológico a lo largo de su historia, sino que ha logrado sobrevivir y salir adelante luego de las más terribles guerras, pestes, incendios, terremotos, inundaciones, crisis sociales, políticas, económicas, militares y morales.

2). La vieja enseñanza de la etnia Surafricana de los Xhosa, cuyo principio filosófico propone: “Yo soy porque nosotros somos; es decir, yo soy porque nosotros somos y dado que somos, entonces soy”, el cual podemos resumir en la siguiente síntesis ética: “Yo soy porque nosotros somos”.

3). La distribución equitativa del talento para producir riqueza, a través de la educación eficiente y el trabajo creador.

4). La persuasión o el convencer a todos los venezolanos que solamente reconciliados y unidos seremos capaces de construir una nación agrícola, pecuaria, petrolera, minera e industrialmente desarrollada, a través de la educación eficiente, el trabajo creador, la solidaridad ética, la responsabilidad militante, la tolerancia política, el respeto al derecho del otro y la moral pública.

5). La creación de la Universidad Autónoma, Agropecuaria, Técnica e Industrial de Venezuela, para que de ella egresen los jóvenes obreros, peritos, técnicos y tecnólogos que el país vaya necesitando en base a un instrumento de planificación ascendente que previamente haya programado el desarrollo armónico y proporcional de la nación venezolana.

6). La integración en una sola Institución, salvo la Universidad Agropecuaria, Técnica e Industrial de Venezuela, a todos los entes que imparten educación superior y proyectarla como Universidad Regional hacia cada Capital de Estado y como Universidad Local en todos los municipios de la República. A esta nueva institución, la denominaríamos: Universidad Central y Autónoma de Venezuela. (UCAV).
7). La fundación de la Universidad Central de las Fuerzas Armadas, de donde egresarán los jóvenes oficiales y suboficiales que posteriormente se incorporarán al Ejército Libertador Venezolano, el cual estará conformado por tres componentes: Ejercito Terrestre, Ejercito Naval y Ejercito del Aire.

8). La educación ética; es decir, aquella que es capaz de generar jóvenes con sus propias escalas de valores, sus particulares maneras de filosofar y de acertar positivamente en la mayoría de las decisiones que asuman ante la vida.
9). La implementación de un modelo económico que denominaríamos capitalismo ético: cogestión entre empresarios y trabajadores para producir mercancías cuya plusvalía al ser comercializada, será equitativamente distribuida entre los trabajadores y empresarios.

10). La lucha constante contra la corrupción, la mediocridad, el populismo, la picardía, el bochinche, el disimulo, la retórica bélica, la traición camuflageada, el culto a la personalidad, los mercaderes de la trapisonda, los aduladores de oficio, los filósofos de la confabulación y los enreda pueblo de profesión.

-OBJETIVOS DEL PROYECTO-

-Delegar en el Banco Central de Venezuela la recepción y distribución de todas las divisas que genera la industria petrolera.

-Eliminar el nombre de Bolívar de nuestro signo monetario y sustituirlo por el de "Peso Venezolano".

-Modernizar la totalidad del sistema hidroeléctrico del Gurí.

-Crear Aerolíneas Internacionales Venezolanas y la Compañía Venezolana de Navegación.

-Comenzar a planificar El Gran Ferrocarril de Venezuela, construyendo un troncal de distribución nacional en Villa de Cura.

-Reducir el Poder Ejecutivo a quince ministerios.

-Reincorporar Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones e incorporarla a la Alianza del Pacifico.

-Fundamentar la salud a dispensársele al pueblo sobre tres principios éticos: no dañar, prevenir para no curar y suministrar calidad de vida.
-Crear el Servicio Único de Salud.

-Promover una poderosa clase media que ayude a sacar de la pobreza a todo aquel venezolano que la padezca, pero mientras esto no se logre a ese sector de la población habrá que saciar su hambre, curar sus enfermedades, proteger de la intemperie y garantizarle que el futuro que lo aguarda, será mejor
-Defender la soberanía e Independencia de la República de cualquier potencia hambrienta de energía petrolera.

-Transferir el 51% de las acciones de PDVSA, a empresarios, trabajadores y jóvenes profesionales venezolanos.

-Decretar que el ámbito operacional de PDVSA debe limitarse a lo que en términos petroleros se conoce como aguas arriba y aguas abajo.
-Concientizar para que el pedazo de pan que cada venezolano lleve a su casa, debe ser del tamaño de su capacidad de producción y no el de la generosidad del gobernante de turno.

-Atacar el problema penitenciario creando tribunales de emergencia dentro de las cárceles para que trabajen las 24 horas del día a razón de tres turnos de 8 horas cada uno, hasta que no quede ni un solo individuo privado de libertad sin sentencia firme y definitiva; luego, negociar con el preso dos años de su sentencia por un año de intachable conducta.

-Cimentar la libertad de expresión sobre el siguiente aforismo: “no estoy de acuerdo con lo que dices pero daría mi vida por defender el derecho que tienes a decirlo”.
-Aplicar la hipótesis de la línea media al problema limítrofe que tenemos con la hermana República de Guyana.

-Desactivar el argumento que propone: “A los pueblos indígenas hay que mantenerlos dentro de su hábitat natural para evitar que el hombre blanco los contamine”.
-Enfrentar la problemática campesina a través de programas rurales que no solo sirvan para evitar el éxodo permanente del hombre del campo hacia las grandes ciudades, sino que a vez estimulen el regreso de aquellos que abandonaron sus tierras después que un demagogo e irresponsable enreda pueblo, les dijo: "Vayámonos pa Caracas que allá hay trabajo por coñazo" y ahora andan saltando de rancho en rancho y brincando de cerro en cerro sobre el cordón de miseria que rodea la Capital de la República.

-Proscribir todo tipo de explotación minera en el frágil ecosistema de Guayana.
-Incorporar sustancialmente la mujer venezolana a la planificación, ejecución, supervisión y evaluación de políticas públicas trascendentales.

-Restablecer las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos en un ambiente de respeto mutuo y sin complejos latinoamericanos ni tercermundistas.

-Incentivar el regreso a la Patria de aquellos venezolanos que por diferentes razones, tomaron la dolorosa decisión de atravesar sus fronteras.

-Rechazar la injerencia de cualquier país en nuestros asuntos internos, independientemente de que sea o no una potencia militar.

-Reducir el periodo presidencial a cuatro años con una sola reelección y establecer que el rol como Primer Maestro de la Nación Venezolana, que le corresponde ejercer al Primer Mandatario, debe estar por encima de sus condiciones de Presidente de la República, Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Comandante en Jefe del Ejército Libertador Venezolano.

-Aceptar que Venezuela con sus virtudes, defectos, problemas, alegrías y tristezas, es nuestro país. En consecuencia, debemos darle lo mejor de nosotros sin esperar nada a cambio y de acuerdo a la capacidad laboral, técnica e intelectual de cada venezolano: los empresarios produciendo bienes, servicios y mercancías capaces de satisfacer las necesidades básicas de cada quien, el gobierno garantizándole al pueblo buena salud, buena educación, buenos servicios públicos e impecable seguridad social, los sacerdotes y pastores de las diferentes iglesias convenciendo al pueblo que lo trascendente es no hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros, los militares haciendo respetar la soberanía, la independencia, la integridad territorial y las leyes de la República, los educadores sembrando de luces el pensamiento de la población y el pueblo estudiando, trabajando, luchando y obedeciendo las leyes, siempre y cuando estas sean legales, éticas y morales.

Ahora bien, cuando esto ocurra, Venezuela será el país más desarrollado de la América latina: sin deuda externa, con la mejor educación, con los mejores servicios públicos, con la mejor salud, con niveles de pobreza en franca decadencia y oportunidades ciertas de un mejor futuro, por cuanto la educación eficiente, el trabajo creador, la inteligencia de la mujer y el crecimiento económico sostenido, le proporcionará a cada venezolano un destino útil y placentero.

-Y finalmente, designar un Consejo Nacional Electoral conformado por cinco venezolanos de comprobado talento y probidad, convocar a elecciones generales, actualizar el patrón electoral, garantizarle su derecho al sufragio al venezolano en diáspora, implementar el ejercicio al voto a través del correo y promulgar una ley general de amnistía.

Para concluir, me es obligante reconocer lo pedagógicamente irrefutable de la clase magistral de solidaridarismo impartida por esta joven indígena. En consecuencia, Dios me la bendiga y favorezca en cualquier ribera del Orinoco donde se encuentre luchando por sus muchachos y por la integridad biológica de la naturaleza.....
Villa de Cura, sábado 27 de abril del 2019.

En 2017, se publicaron varios estudios de larga duración que compartían la misma (inquietante) certidumbre: en los últimos 30 años ha desaparecido hasta el 75 por ciento de la población mundial de insectos. El alcance de esta extinción de especies es de tal magnitud que algunos científicos temen que haga peligrar el ciclo global de la vida. No sólo la disminución de la población de abejas, sino la extinción masiva de insectos tiene graves consecuencias para los habitantes de la Tierra. ¿Cuáles? Científicos de peso de todo el mundo dan respuestas alarmantes. La extinción de insectos es mucho más amplia y sustancial de lo esperado. Son, por ejemplo, el alimento, de muchos animales superiores. También ayudan a transformar el tejido muerto en suelos ricos en nutrientes. Además, incluso se regulan entre sí. Especies consideradas por los seres humanos como plagas, a menudo son la dieta preferida de predadores útiles. Sin embargo, la intervención humana ha llevado el equilibrio funcional en el mundo de los insectos a un desorden peligroso. Los agrotóxicos, la desaparición de la cubierta vegetal de los suelos y el uso generalizado de fertilizantes afecta a la clase animal más rica en especies del mundo. Este reportaje proporciona información sobre estudios actuales y explica dónde se padece y dónde existe una necesidad más urgente de acción. Aún hay esperanza. Aunque muchas especies se han perdido irreversiblemente, aún podría detenerse la extinción masiva. Pero, solo, si el hombre comienza a reaccionar de una vez por todas. El tiempo se acaba.

DW

Er el video en https://www.dw.com/es/el-ocaso-de-los-insectos/av-48345338

Tanto Ricardo Hausmann como el Banco Mundial han declarado que el establecimiento de la dolarización plena en Venezuela no es viable y que otras opciones de estabilización de la economía venezolana estarían planteadas. La gran pregunta: ¿En las condiciones que está la economía del país es realmente viable y con alta probabilidad de éxito un programa o plan como lo plantea Hausmann y el Banco Mundial en su propuesta?

A que se enfrenta el Plan Hausmann y BM.

La economía venezolana atraviesa la mayor contracción económica registrada en la historia de América Latina. Durante los últimos 5 años, el producto interno bruto per cápita cayó masivamente en 36% y la proyección para 2019 es de una caída de más de 18%, 28 puntos más que la contracción sufrida por los Estados Unidos durante la Gran Depresión. A esto se le ha sumado la tragedia de la hiperinflación, que ha destruido completamente el poder de compra del bolívar y del nivel de vida de los venezolanos. Como es habitual en periodos de alta inflación, los precios locales han pasado a ser dictados en gran medida por el dólar, mientras que nuestros salarios siguen estando en bolívares que cada día pierden más su valor.

Hay múltiples causas que explican el colapso económico de Venezuela, pero ciertamente entre las más relevantes están sus enormes déficits fiscales. Por 6 años consecutivos, el sector público consolidado ha gastado más dinero del que le ingresa. Este déficit alcanzó el año pasado un 21% de Producto Interno Bruto (PIB) de la nación. Al no encontrar otras formas de financiamiento, el gobierno venezolano ha recurrido continuamente a una impresión de dinero descontrolada para financiar su brecha fiscal y emisión de deuda externa.

Rescatar a Venezuela comienza por frenar en seco la hiperinflación. Este es uno de los motivos por los que un plan para recuperar a nuestro país debe partir de un plan sólido para frenar en seco la hiperinflación. Rescatar los salarios, permitir la planificación económica, cerrar la brecha entre ingresos y gastos del Estado; y reestructurar la deuda, estas son las prioridades más urgentes que debe tener un gobierno de transición.

La viabilidad de un programa de estabilización, como el que se propone Hausmann y BM, esencialmente depende de la credibilidad de la promesa del gobierno de mantener el gasto bajo control, abatir la hiperinflación rápidamente y mantener un mercado de cambio confiable. En un país que no ha visto inflación de un dígito en 33 años y un mercado cambiario estrambótico, estos compromisos son difíciles de vender al mercado y sus agentes.

¿Por qué algunas estabilizaciones funcionan y otras no? Usualmente, las expectativas juegan un rol crucial. Para que los agentes económicos a cargo de la fijación de precios dejen de incrementarlos, tienen que confiar en que la senda de crecimiento de la oferta monetaria será estable en el futuro. Si bien esto es lo que prometen todos los gobiernos que intentan estabilizar, esa garantía no siempre es vista como creíble por los fijadores de precios.

Los gobiernos que se enfrentan a un problema de credibilidad imperfecta terminan adoptando políticas monetarias y fiscales restrictivas, no porque ello sea óptimo para la economía, sino porque es la única forma que tienen de hacer creíble la promesa de bajar la inflación y estable la moneda. Y es el costo social y político asociado con esas políticas el que termina minando la viabilidad del ajuste, dándole razón a los que ponían en duda su credibilidad. En otras palabras, el costo de la credibilidad imperfecta durante un proceso de estabilización es atravesar una recesión que podría llegar a ser profunda. No creemos que Venezuela pueda soportar un período prolongado de dolorosa austeridad en las circunstancias de crisis humanitaria en las que se encuentra. Por ello, la principal característica de un plan para frenar la hiperinflación debe ser generar credibilidad ante los agentes económicos.

A pesar de que hay estrategias para lograr la estabilización de la economía como la que presenta Hausmann y el BM, la dolarización es la única que permite al Estado garantizar de forma completamente creíble la eliminación de la impresión descontrolada de dinero, que dio origen a la hiperinflación, sin implementar medidas ortodoxas. El establecimiento de un esquema de tipo de cambio flexible como lo plantea Hausmann y el BM en un escenario de hiperinflación como el de Venezuela, es de alto riesgo de fallo, y su implementación costosa en términos de recursos y de generación de credibilidad y confianza en el bolívar. No podemos darnos el lujo de intentar y fracasar. Cada estabilización exitosa en la historia de América Latina lleva tras de sí una larga historia de políticas fallidas. Países que han vivido episodios de crisis similares al nuestro han tardado en promedio 9 años en contener su inflación por debajo del 100% anual, de los cuales 3 años fueron de inflaciones por encima del 1.000%. Además, estos episodios estuvieron marcados por varios intentos fallidos de estabilización. Venezuela lleva 2 años con inflaciones anuales de 5 dígitos. Esto significa que la crisis que enfrentamos podría todavía durar 6 años más si no detenemos la hiperinflación en seco. Con los niveles de pobreza que sufre Venezuela, ¿hay alguien que piense que podemos sobrevivir 6 años en estas condiciones?

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Vale sospechar que cuando algún personaje emprende campañas moralizadoras, estamos más bien ante un redomado bribón con fines distintos al bien público, como lo vivimos con los notables en Venezuela y los gobiernos antipolíticos desde 1993. Las cruzadas éticas recuerdan demasiado la turbidez de la inquisición. Los jueces se quedaban con las propiedades de las enjuiciadas por brujas y se ha analizado la perversidad sexual en los procesos y las sesiones de tortura. En Perú hoy ha aparecido un tribunal de inquisición que confiesa “No nos enfrentamos solo al poder del dinero, sino… a la clase política peruana” (El País, 21/04/19). Prepárese que viene la revolución.

La ofensiva de terrorismo judicial es mucho peor que la que tuvimos aquí hace 28 años. El Torquemada de turno, el fiscal Rafael Vela, explica claramente su plan. Lo mismo planteaban Escovar Salom, Uslar Pietri, Maíz Vallenilla y otros de aquellos repúblicos que demolieron el prestigio del liderazgo, a los que debemos la destrucción de la democracia y el ascenso del chavismo. Cuenta el Santo Oficio del Virreinato Perú con la esencia del procedimiento inquisitorial, anterior al derecho acusatorio moderno: la prisión preventiva, nada menos que por tres años, es decir, una sentencia previa por sospecha, sin juicio y sin derecho a la defensa.

Así están presos el expresidente PPK, enfermo cardíaco, a sus 82 años una condena a muerte, y su anterior rival, Keiko Fujimori, también hasta ahora sin pruebas. Estuvo año y medio en la cárcel el matrimonio Humala Heredia. Pensaban hacer lo mismo con el expresidente Alan García, pero ocurrió lo imprevisible. El kamikase blandió como arma blanca su muerte y se las clavo en la garganta. Tal vez el escándalo mundial amaine ese terrible peligro de un país donde los presidentes desde Fujimori a nuestros días, todos los de los últimos 27 años están acorralados por el sistema judicial, menos el que voló sobre el nido del cucú.

Los tribunales del odio

El terrorismo judicial logró que Fujimori siga preso para que se muera, después de pagar larga pena y recibir un indulto legítimo. La carta de Alan García estremece, sobre todo porque la escribió semanas antes, y su decisión y serenidad recuerdan a Getulio Vargas cuando hizo lo mismo en 1954. También Salvador Allende se suicidó en la ruina política, la destrucción y curiosamente varios Allende lo hicieron: su hermana y una de sus hijas. La diferencia es que García reivindica con razón su triunfo, en el segundo periodo tal vez el mejor presidente que tuvo Perú.

Clava una frase de bronce, shakespereana, en su testamento. Dejo mi cadáver en señal de desprecio. El fiscal Rafael Vela se queja de no haber podido encerrar más indiciados porque tienen dinero y pueden contratar buenos abogados, un contratiempo. Dice el héroe que “estamos enfrentando no solamente a toda la clase política del país (toda) sino… espaldas financieras muy grandes… personas de alto perfil tienen mucho dinero para pagar defensas técnicas muy calificadas” (idem).

Si el fiscal es capaz de decir que toda la clase política es corrupta, ya sabemos de qué se trata. En la misma página de semejante testimonio apareció el artículo habitual de Vargas Llosa, quien tan merecidamente tiene ganado respeto universal y por eso esperamos de él sensatez y sentimiento. Pero esta vez Don Mario se olvidó del Premio Nobel, se bajó del caballo y declaró como un peruano sacudido por la política de su país, del que sabemos que nunca ocultó su ojeriza a García. Por eso afirma cosas que no cuadran con las dimensiones del escritor.

Voto de pobreza

La estructura subyacente del artículo es esta: ciertamente al sospechoso, pese al alud de investigaciones, no le han podido comprobar nada… pero intuyo su culpa, porque no es como Belaúnde que salió más pobre de la Presidencia que al entrar. Don Mario despoja el acto final de García de cualquier dignidad y lo atribuye al remordimiento o la culpa. Otelo y no Antonio. Es incomprensible que alguien como él, un cultor de Tirante el blanco la novela de caballería de Joanot Martorell, y de Don Quijote, reste importancia al sacrificio supremo, caballeresco de dar la vida por una causa, por la honra.

Entregar el físico no es cualquier cosa como sabemos todos, pero nadie mejor que Don Mario que ha leído todas las novelas y dramas. Desconcierta que un liberal moderno y culto acepte que hay culpables sin pruebas. Tanto como exigir voto de pobreza a un político exitoso con cincuenta años de carrera y dos veces Presidente de la República. Tal vez los peruanos, y su Premio Nobel, deberían comenzar a preocuparse por el destino de esta marcha de la locura judicial y por el rumbo del país impulsado por la Vela del fiscal.

Una experiencia memorable y que debiera servir de ejemplo, en la que un juez en la lucha contra la corrupción se sintió ungido y quiso cambiar el mundo fue la de Antonio Di Pietro, el mani puliti, protagonista de la razzia contra dirigentes políticos y empresariales a comienzos de los 90 en Italia que se llamó la tangentópolis. El resultado no fue un nuevo sistema político de manos limpias sino la liquidación de los partidos históricos y el advenimiento de la antipolítica, que tomó cuerpo nada menos que en Berlusconi.

@CarlosRaulHe