Del fracaso de dos diálogos, el de Santo Domingo y el de Barbados, hay que sacar algunas consecuencias. Una es que ambos fueron aceptados por un régimen que excluye el diálogo. Pues la política para regímenes como el de Maduro no es sino la continuación de la guerra con los mismos medios. En ese sentido cuando Maduro va a un diálogo lo hace como una estratagema. Su objetivo es destruir al enemigo, no pactar, sobre todo cuando ese enemigo no se encuentra en condiciones de imponer nada. Por eso Maduro elige los momentos de diálogo. Y lo hace bien.

La oposición, siguiendo la lógica de toda dictadura, debe encontrarse en un estado pasivo para dialogar, dividida, y sobre todo, sin una política definida. El último componente ha sido determinante en el fracaso de los diálogos señalados.

De Santo Domingo a Barbados

A Santo Domingo la oposición acudió a dialogar después de que el régimen -con la colaboración del extremismo opositor- lograra imponer un sello militar a los enfrentamientos callejeros. Peor aún: fue a dialogar sobre elecciones presidenciales sin haber llegado a un acuerdo previo de candidatura unitaria. Maduro hizo entonces lo que desde su estrategia correspondía: adelantó la fecha de las elecciones tal como lo había propuesto anteriormente la misma oposición. Así logró que esa oposición pisara ingenuamente la trampa abstencionista. Entonces hay que decirlo: Maduro es presidente por obra y gracia de la oposición venezolana.

La historia volvería a repetirse con el diálogo de Barbados. Después del 23 de enero, gracias a la recuperación de la unidad, estaban dada todas las condiciones para desatar una lucha masiva por elecciones libres -tuvieran lugar o no- y de este modo arrinconar a Maduro. Era el momento preciso para exigir negociar con un régimen nacional e internacionalmente aislado. La oposición en cambio se dejó llevar por visiones extremistas, adoptando una línea insurreccional (fin de la usurpación) que exigía el mágico derrocamiento de Maduro como condición previa para luchar por elecciones libres. El resultado no pudo ser peor.

Después de la debacle del 30-A la oposición ha vuelto a a quedar tan paralizada como después de la abstención del 20-M. Al no acertar a redefinir una línea de acción optó por convertir a la persona de Guaidó en “la línea”. Más aún: incapaz de crear una alternativa, regredió hacia los estadios más primarios, allí donde el líder no representa una política sino él es la política. Bajo esas condiciones, Guaidó fue convertido en una especie de Moisés. Pero – qué desgracia- sin Tierra Prometida.

Al no politizar la acción del líder, la oposición, o sus cuatro partidos dícense “grandes”, terminaron por abandonar al líder a su suerte. Hoy, un desolado Guaidó, llama a ejercer presión sin que nadie sepa el objetivo de esa presión. Peor todavía: sin conducción interna, la oposición venezolana ha terminado por convertirse en objeto de la lucha electoral norteamericana, dándose así todas las condiciones para que Maduro aparezca ante sus huestes, sobre todo las uniformadas, como defensor de “la patria amenazada”. Esa misma oposición que hace algunos meses lo tuvo todo, hoy no tiene casi nada. Y bien, sobre esa base tan precaria nació la negociación de Barbados.

El diálogo y sus tres posibilidades

Cuando una fuerza democrática enfrenta a un régimen antidemocrático, solo hay tres posibilidades de negociación: 1. Si la oposición es política y militarmente más fuerte, el objetivo es imponer condiciones para la capitulación del régimen 2. Si la oposición es políticamente más fuerte y el régimen militarmente más fuerte, el objetivo será intentar mover al régimen hacia el espacio político el que siempre, en primera y última instancia, será electoral 3. Si la oposición es política y militarmente más débil, el objetivo no puede ser otro que intentar preservar los espacios ganados en gestas anteriores.

Equivocar los términos de la negociación puede ser fatal. Así sucedió en Barbados. La oposición, ante la falta de alternativas propias, ante la evidencia de que ninguna potencia extranjera estaba dispuesta a invadir Venezuela, ante el fracaso del golpe militar redentor, ante el evidente descenso del movimiento de masas nacido en enero, se encontraba en agosto- septiembre situada en la posición 3. Sin embargo, de acuerdo a todas las informaciones de que disponemos -hay que tener en cuenta que fue una reunión secreta- la delegación fue a Barbados a imponer exigencias que solo se justificaban si hubiera estado situada en la posición 1. Eso era precisamente lo que esperaba Maduro para dinamitar el diálogo.

Las conversaciones de la Casa Amarilla

Hacia mediados de septiembre comenzó a ser forjado otro diálogo. Una fracción minoritaria de la oposición formada por algunos de sus partidos más pequeños, estableció conversaciones con Maduro y con un sector del PSUV. En la crónica histórica serán conocidas como “las conversaciones de La Casa Amarilla”.

A diferencias de la delegación de Barbados, el grupo que acudió al diálogo, consciente de su inferioridad numérica, partió desde la posición 3. De ahí que sus exigencias, a diferencias de las del grupo Barbados que eran maximalistas, fueron minimalistas.

Entre otros, sus objetivos eran lograr la liberación de algunos presos políticos, solicitar que el grupo de parlamentarios del PSUV volviera a la AN, iniciar conversaciones en torno a la conformación del CNE de cara a las elecciones parlamentarias que tendrán lugar el año 2020 y, no por último, crear una mesa de consulta de carácter permanente.

El tiempo y nada más dirá si esos objetivos, o por lo menos parte de ellos, fueron alcanzados. En todo caso ninguno de ellos atenta en contra de la integridad del resto de los partidos de oposición ni mucho menos en contra del -cada vez más debilitado- liderazgo de Guaidó. Hecho que contrasta con la violencia verbal y las agresiones mal contenidas de la que hicieron gala algunos dirigentes de los partidos autodenominados grandes (nadie sabe si todavía lo son).

Puede ser que el grupo que asistió a las conversaciones haya cometido errores. Algunos de sus representantes parecen tener una confianza excesiva en el efecto de los diálogos. Otros dan por sentado que los diálogos determinan la acción política y no esta última a los diálogos. Pero esos errores, supuestos o reales, no justifican bajo ningún motivo la reacción histérica de representantes de la oposición, incluyendo las de algunos que en el pasado reciente habían dado muestras de compostura.

El grupo que asistió al diálogo ha sido calificado de traidor por sectores del resto opositor. La pregunta obvia es ¿traición a qué? ¿A alguna estrategia común? ¿A alguna línea política? ¿A alguna organización unitaria que obligue a actuar conjuntamente? Todo el mundo sabe que nada de eso existe. No puede haber traición cuando no hay nada que traicionar.

El grupo que asistió al diálogo ha sido acusado de romper la unidad. La pregunta obvia es, ¿cuál unidad? ¿La unidad en torno a un programa de acción inexistente? ¿O simplemente la unidad anti-política en torno al nombre de un hombre? Sí lo último es cierto, estaríamos presenciando un retorno a los escalones más bajos del mundo pre-político.

El grupo que asistió al diálogo ha sido acusado de no representar al conjunto de la oposición. La pregunta obvia es si existe acaso una organización unitaria que reúna al conjunto de la oposición. Distinto sería si ese grupo hubiese cometido desacato a acuerdos tomados en un frente común. Pero todo el mundo sabe que uno de los grandes “éxitos” de la abstención del 20-M fue destruir a la MUD, la organización unitaria más exitosa que se ha dado la oposición en toda su historia.

Teniendo en cuenta la inexistencia de razones para vituperar de modo brutal a quienes fueron a dialogar con Maduro y su grupo, solo cabe deducir que la cantidad de exabruptos caídos sobre ellos obedecen a razones que no tienen mucho que ver con la política real sino solo con la política simbólica. Pues, por el solo hecho de existir, los dialogantes de La Casa Amarilla demostraron que la oposición no es un todo monolítico y, por lo mismo, que no todas las acciones pasan por las dirigencias establecidas. Hay un “resto” que evidentemente escapa al control de los partidos de la oposición. Ese “resto” parece ser mucho más grande que el número de militantes de los partidos que asistieron al diálogo. Ahí justamente reside el peligro de un potencial re-alineamiento: a un lado quienes siguen a una dirigencia sin política. Al otro, sectores existentes al interior de todos los partidos cuyo objetivo es recuperar la ruta democrática y electoral abandonada desde el 20-M.

Si tomamos en cuenta que en las redes no pocas personas se manifestaron, no a favor del temario de los opositores disidentes, pero sí a favor del derecho de todo ciudadano a realizar acciones políticas cuando estas no lesionan lealtades, programas ni estrategias de las cuales no son copartícipes, el peligro de la gestación de una nueva unidad democrática parece aterrar a quienes imaginan mantener el monopolio opositor.

Una voz clama en el desierto

Importante en la nueva constelación fue la posición asumida por COPEI a través de su líder Mercedes Malavé. Por razones que tienen que ver con la renovación estratégica del partido, COPEI decidió no acudir a la Casa Amarilla, lo que no impidió manifestar su pleno apoyo a quienes actuaron de acuerdo a sus principios, a sus valores y a sus opciones. Con claridad meridiana y combativas palabras, Mercedes Malavé explicaría en un notable artículo titulado “Políticos sin señal”, por qué partidos conductores de muchas derrotas carecen de solvencia moral para dictar normas a otros partidos y grupos, por mas pequeños que sean. Sus palabras todavía resuenan: “Aunque no fuimos a la Casa Amarilla, ya el big data, el foto montaje, los complejos algoritmos y los programadores que suman, restan y multiplican, para dividirnos, estaban listos. Ésa ha sido la treta comunicacional de La Salida Ya, la Salidota Yaaa y la Recontra-Salida Yaaaaaaaa! Del “falta poco” y casi “lo estamos logrando”.

Exigir unidad por la unidad cuando se carece de objetivos, puede llegar a ser un gran chantaje.

23 de septiembre 2019

Polis

https://polisfmires.blogspot.com/2019/09/fernando-mires-entre-dialogos-y...(POLIS)

No es la lucha de clases, ni la mano invisible del mercado, ni menos aún la historia de los grandes líderes y batallas lo que mueve el mundo, sino las ideas, según el economista francés Thomas Piketty. Y el aleph que a casi todo da sentido, la llave de la evolución de las sociedades es la propiedad privada. Quién posee qué y en nombre de qué.

Las desigualdades crecientes de ingresos y patrimonio, que Piketty diseccionó en una obra anterior, el superventas El capital en el siglo XXI (Fondo de Cultura Económica, 2014), son producto de una ideología. Cada momento tiene su justificación, un argumento que lo sostiene, y transformar el mundo obliga a cambiar de ideas. “Dar un sentido a las desigualdades, y justificar la posición de los ganadores, es una cuestión de importancia vital. La desigualdad es ante todo ideológica”, escribe en Capital e ideología, recién publicado en Francia y que lanzará Deusto en castellano.

El nuevo libro es ambicioso. Empezando por las dimensiones: 1.200 páginas. Abarca siglos, desde la Edad Media hasta hoy. Se extiende por cuatro continentes. Desborda las disciplinas académicas: de la economía a la historia, de la ciencia política a la teoría de la justicia y a la literatura. Las novelas de Jane Austen, Balzac o Carlos Fuentes ofrecen tanta o más información que una batería de gráficos y tablas, unas 170, sobre la historia de la propiedad privada y su efecto en las desigualdades.

“Hoy afrontamos una lógica de acumulación sin límite y de sacralización del derecho del propietario”, dijo esta semana Piketty en un encuentro con corresponsales en la Paris School of Economics, donde codirige el Laboratorio Mundial de la Desigualdad. “Y olvidamos que los grandes éxitos del siglo XX en la reducción de las desigualdades, pero también en el crecimiento económico, se obtuvieron re-equilibrando los derechos del propietario con los del asalariado, el consumidor. Se hizo circular la propiedad”.

Capital e ideología contiene tres libros en uno. El primero y más extenso —las 800 primeras páginas— es una historia detallada de lo que el autor llama los “regímenes desigualitarios” o “de desigualdad”. Comienza por el Antiguo Régimen y la desigualdad “trifuncional” de las sociedades divididas en el clero, la nobleza y el tercer estado. Si aquel sistema perduró durante siglos, fue porque una ideología lo sostenía, disfrutaba de una legitimidad: se justificaba por la necesidad de seguridad, que debía garantizar la casta guerrera, y de sentido, del que se encargaba la casta sacerdotal.

De la ideología “trifuncional”, Piketty pasa a la “sociedad de propietarios”. La Revolución francesa de 1789 abolió los privilegios, pero no la propiedad privada, que podía incluir a los esclavos. Entre 1800 y 1914, las desigualdades se disparan y superan los niveles del Antiguo Régimen. “El argumento de la época era que, si se cuestiona el derecho de propiedad, adquirido en un marco legal, nunca sabremos dónde parar, y el caos se impondrá”, explica Piketty.

El periodo de entreguerra en el siglo XX es una transición entre el “propietarismo” desigualitario y no regulado del siglo XIX, y la era socialdemócrata de la posguerra mundial. Estados Unidos y Europa adoptan entonces fiscalidad progresiva con tipos impositivos que superaron el 80%, sistemas de protección social avanzados y el acceso a la educación. Deja paso a partir de los ochenta, con la revolución reaganiana y la caída del bloque soviético, a lo que Piketty denomina el “hipercapitalismo”. La ideología desigualitaria, lo que en este periodo, que es el nuestro, legitima el statu quo, sería la meritocracia, “la necesidad de justificar las diferencias sociales apelando a capacidades individuales”.

La “izquierda brahmán”

Aquí termina el primero de los tres libros. El segundo, que ocupa las 300 páginas siguientes, es un estudio sobre la evolución del sistema de partidos en Europa y Estados Unidos. En unos años los socialdemócratas han pasado de ser el partido de la clase trabajadora al de la élite con diplomas universitarios, y han abrazado las ideologías de la desigualdad. Son los cómplices necesarios del “hipercapitalismo”, según Piketty, que acuña el término de “izquierda brahmán” (por el nombre de la casta sacerdotal hindú). Esta domina la élite política junto a la “derecha mercader” (las élites económicas y empresariales). Es un eco de la sociedad “trifuncional” del Antiguo Régimen que deja a las clases populares en la intemperie política y a la merced de los mensajes nacionalistas y racistas.

El tercer y último libro dentro de Capital e ideología es el más breve, menos de cien páginas, pero el más debatido en Francia. En este capítulo, Piketty lanza su programa de “socialismo participativo” para “superar el capitalismo y la propiedad privada”. El objetivo es convertir la propiedad en “temporal” y “organizar una circulación permanente de los bienes y la fortuna”. Defiende una integración federal de la Unión Europea. Y aboga por un impuesto sobre el patrimonio con un tipo máximo del 90% para los supermillonarios, por una cogestión de las empresas en las que los trabajadores compartan el poder, y por una especie de herencia para todo joven de 25 años de 120.000 euros.

“El hipercapitalismo del siglo XIX, previo a 1914, se estrelló contra la competencia muy fuerte entre países, que eran potencias coloniales. De tanto acumular activos en otras partes del mundo, acabaron destruyéndose mutuamente”, concluyó Piketty en la citada conversación. “Hoy no ocurrirá lo mismo. Pero lo que puede ocurrir es que este divorcio con las clases populares conduzca a una explosión de la Unión Europea y a un repliegue en las identidades nacionales”.

El capital en el siglo XXI, publicado en 2013 en francés, vendió más de dos millones de ejemplares y marcó en Europa y Estados Unidos el debate sobre las desigualdades. Thomas Piketty, de 48 años, es el último ejemplar del intelectual totalizador. La novedad es que ahora el intelectual ya no es un filósofo, ni un sociólogo ni un novelista, sino un economista. Y no construye sus propuestas en el aire sino que se apoya en un andamiaje sólido en el que el big data tiene un papel central. El economista Branko Milanovic llama a este método, en un artículo en Le Monde, “turbo-Annales”, en alusión a la llamada escuela de la revista Annales, corriente histórica multidisciplinar y empírica de historiadores fundada a finales de los años veinte.

Piketty no es, como tantos en el paisaje intelectual francés, un declinólogo abonado a la retórica apocalíptica. “Soy fundamentalmente optimista”, declara. Y se refiere a su nuevo libro: “Capital e ideología parte de una constatación: ha habido una mejora prodigiosa de los niveles de educación y de salud. Y termina con otra constatación optimista: hay un aprendizaje de la justicia en la historia. Hay fases de regresión terrible, pero creo en una historia de progreso: no solo técnico, sino humano, por medio de la educación y la sanidad, y con una organización social que sea más igualitaria en el sentido de que permita acceder a la educación, a la cultura, a la riqueza”. Si un rasgo de la izquierda fue la fe en el progreso humano, Piketty la conserva.

El País

https://elpais.com/cultura/2019/09/21/actualidad/1569078725_248388.html

Después de meditar la estrategia militar de Bolívar y su contribución a una Venezuela y un hemisferio libre en la que prefirió morir que no ser libre, creo que un acuerdo con el régimen de Maduro sin incluir nuevas elecciones presidenciales es el peor desenlace. Sin libertad ningún ciudadano puede desarrollarse plenamente. Sin democracia se frenan las ideas y las iniciativas, los intercambios entre millones de ciudadanos y solo para garantizar permanencia en el poder y la riqueza a unos pocos que restan valor a la sociedad. La libertad y las instituciones democráticas lo valen todo. Sin estas no hay sociedad sino zombis o esclavos. Algún acuerdo menor a que haya plena libertad para los venezolanos para elegir a sus autoridades es una ofensa a cada ciudadano y especialmente al formidable ciudadano Bolívar y tantos próceres históricos y presentes que sacrificaron y sacrifican sus vidas por mantener las bases de una nación libre. El desarrollo económico solo depende de la confianza para invertir en una nación. Y la confianza trae creatividad, intercambio e inversión de todos los ciudadanos locales y del mundo. La confianza en una sociedad solo depende del respeto al voto del pueblo para que pueda elegir a sus autoridades de turno y buscar a los mejores administradores de los asuntos públicos fluidamente y sin guerras o conflictos permanentes. Las únicas economías que prosperan en el mundo son las que se basan en sistemas realmente democráticos y de respeto a la propiedad lo que es lo mismo que respeto y oportunidad al que trabaja. En esos países democráticos los habitantes logran ingresos per cápita 10 ó mas veces superiores a los comparables a las mejores economías donde no hay alternabilidad política producto de elecciones manipuladas. Aún los ciudadanos chinos y rusos, que tienen las mas eficientes dictaduras y que respetan la propiedad privada en un mayor grado, hacen todo tipo de vericuetos por parir sus hijos e invertir sus ahorros en Europa y en Norteamérica donde sí hay libertad de elegir democráticamente.

Si el acuerdo entre Mujica, Zambrano y Fermín y el régimen de Maduro busca evitar conflictos y llegar a acuerdos que le convienen a una minoría y no a una mayoría, sería un grave error. Si los acuerdos entre esos opositores minoritarios con el régimen de Maduro no pasan por un referéndum o un consulta limpia al pueblo y sin presos políticos y con un CNE nombrado como exige la Constitución Nacional, entonces esas iniciativas minoritarias nos convierten en un país tribal de mil cabezas bajo políticos primitivos repartiéndose lo que otros ciudadanos produjeron y ya no podrán producir. Esa iniciativa minoritaria no elevará la inversión ni rescatara la economía, sino lo contrario. Ni la ANC, ni las elección presidencial del 20 de mayo del 2018 resolvieron la crisis económica del país, sino que la complicó. Tampoco esta apertura de una mesa de negociación paralela para tomar el control de la AN, va a traer nuevas inversiones ni emprendimientos y espíritu de innovación que devolverán la prosperidad a nuestra nación. El plan alimento por petróleo es realmente una propuesta deprimente y no incluye plan de inversiones.

Zambrano y Fermín antes de desafiar a la AN y abrir una vía o mesa de acuerdo paralela, debieron acordar con el régimen algo concreto en pro de la democracia, como un referéndum consultivo sobre si hacer o no elecciones presidenciales de nuevo. No debieron intentar socavar la estrategia de la AN sino mas bien sumar una alternativa real que permita desentrabar las negociaciones de la AN y al pueblo elegir. Este grupo político minoritario puede ser fragmentario y desleal al esfuerzo de intermediación de Noruega (que es apoyada por toda Europa, EEUU, Naciones Unidas, Rusia, China y Cuba), y al pueblo venezolano que eligió a la AN.

@alejandrojsucre

http://www.eluniversal.com/el-universal/51190/un-mal-acuerdo

Frederik de Klerk, expresidente de Sudáfrica y Nobel de la Paz, se encontró la noche del jueves con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador en Mérida (Yucatán), pero no tuvo “una buena comunicación con él porque no habla inglés”. De esa manera respondió el político —laureado con el Nobel de la Paz en 1993 por su contribución para poner fin al régimen racista del apartheid— a los periodistas mexicanos que no escondían su curiosidad por conocer qué ideas habían intercambiado ambos líderes. “Aprecio el reconocimiento que me brindó”, zanjó el sudafricano.

De lo que sí estuvo dispuesto a hablar es de la crisis de Venezuela, un país profundamente polarizado, con una economía ahogada por una pésima gestión y con una población que sufre una grave crisis humanitaria, mientras la oposición liderada por Juan Guaidó y el Gobierno del presidente Nicolás Maduro dan vueltas a las negociaciones y no han logrado encontrar una salida al laberinto en el que se hallan. En muchos aspectos la situación recuerda a Sudáfrica, aunque Venezuela no sufra aquellos niveles de racismo. “Es una tragedia”, afirma Frederik de Klerk (Johannesburgo, 1936) tras ser preguntado por EL PAÍS sobre posibles salidas a la crisis venezolana.

El político echa mano de su experiencia cuando fue vicepresidente de Sudáfrica para analizar lo que pasa en Venezuela. Afirma que la salida es un “diálogo contundente y significativo” entre los actores que intervienen en la crisis. “Deben hacer lo que mi partido hizo, que es llevar a cabo soluciones significativas, tratar las causas [de la crisis] de raíz. En nuestro caso era el apartheid, la discriminación racial. Es una situación difícil la de Venezuela. Los líderes necesitan sentarse en una mesa sin demasiadas precondiciones y decirse: ‘tenemos que salvar a nuestra población, cambiar nuestra Constitución y así poder avanzar’. Deben de identificar el potencial de Venezuela, que ahora ha sido destruido”.

Si alguien sabe de manejar crisis profundas en una sociedad muy dividida y políticamente polarizada ese es De Klerk. Asumió la presidencia de un país que era una caldera, pero pronto impulsó acciones para enterrar la herencia de segregación racial, entre ellas derogar las viejas leyes racistas y liberar a los líderes negros encarcelados, entre quienes se encontraba Nelson Mandela, que se convertiría en presidente del país, con De Klerk como su vicepresidente.

Ambos lograron un acto de reconciliación que fue muy difícil, pero cuyo éxito es admirado aún en todo el mundo. “Vivir bajo el régimen segregacionista beneficiaba a los blancos y dañó los intereses de los negros. Fue una situación poco natural en la que una minoría reinaba contra una mayoría. Cambiamos eso hasta que aceptamos que el apartheid estaba equivocado, cuando admitimos que era incorrecto, que nos colocó en un sitio que moralmente no podemos defender. Ese modelo fracasó. Necesitamos en ese tiempo comenzar a pensar en ser inclusivos, entender que todos tenemos que tener los mismos derechos para votar y aprobar una fuerte constitución que previniera que un solo grupo domine sobre los demás; que no haya discriminación nuevamente. Mandela entendió nuestra posición y gracias a un proceso de toma y daca llegamos a un acuerdo que concluyó con una nueva constitución, una de las fuertes del mundo”. Y ese tipo de negociaciones, donde ambas partes deben ceder, es lo que recomienda para Venezuela, porque teme que si no se logra un acuerdo pronto, la “tragedia” pueda terminar de forma catastrófica. “Tomando en cuenta nuestra historia, la lección más importante es que si deseas evitar una catástrofe, la violencia y que las personas mueran, debes sentarse a negociar, tener un diálogo contundente y significativo”.

El político sudafricano aterrizó en la península de Yucatán en el marco de la XVII Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz que se celebra en la pintoresca ciudad de Mérida, el oasis de paz mexicano. La mañana del viernes participó en un encuentro con medios de comunicación mexicanos y extranjeros —entre ellos EL PAÍS— y dedicó parte de sus reflexiones al populismo que amenaza las democracias de Europa y América Latina. “El mundo se encuentra en un lugar muy negativo, la democracia se está desmoronando. Hay motivos para estar preocupado por lo que está pasando en muchas partes del mundo”, dijo.

Para De Klerk la humanidad se enfrenta a tres grandes problemas que amenazan su supervivencia: el racismo —que él combatió con contundencia—, la pobreza y el cambio climático. Sin pretenderlo De Klerk coincidió con los Nobel de la Paz que desde el jueves discuten las crisis globales en esta ciudad y que hicieron un llamado para erradicar la desigualdad y lograr un mundo más pacífico. “El racismo es un serio problema. En mi país lo combatimos tras lograr un acuerdo con mi equipo y el de Mandela, con una nueva Constitución que en términos contundentes prohíbe el racismo, pero ha regresado y es un grave problema en Sudáfrica. El racismo tiene que ser uno de los puntos principales de la agenda de todos los líderes. El racismo tiene que ser erradicado”. ¿Pero cómo? El político responde con una palabra: reconciliación. “Es parte de la solución de los problemas que tenemos. Sudáfrica ha mostrado el camino, y particularmente Nelson Mandela. Pero no es solo reconciliación a nivel nacional, sino de raíz, porque tenemos que aprender a vivir entendiendo que somos distintos. La reconciliación es parte de la solución para hacer que este mundo sea un lugar mejor”.

Al ser cuestionado sobre si se puede lograr esa reconciliación con el auge del populismo, con partidos extremistas ocupando importantes cuotas de poder, el político admite que la situación actual es un “problema” que se recrudece con la llegada de migrantes que huyen de la miseria y la violencia desde África o Latinoamérica y que buscan refugio en Estados Unidos y Europa.

Sobre la migración también es contundente. Europa deberá asimilar a los migrantes, afirma, sobre todo porque la población europea se reduce y esa reducción golpeará la economía del continente. En lo que muchos pueden discrepar en la visión que De Klerk tiene de esa integración. “Tenemos que tener políticas para los migrantes, pero también tenemos que poner adelante los intereses del país. Necesitamos migrantes con capacidades específicas, que puedan ocupar puestos de trabajo”. Para él, afirma, se trata de tener una política humanista, pero también pragmática. “Cientos de miles de africanos buscan Europa escapando de situaciones peligrosas y ese es un problema que Europa debe asimilar para evitar que se convierta en algo peor”.

21 de septiembre 2019

El País

https://elpais.com/internacional/2019/09/20/actualidad/1569003782_829122...

Desde sus comienzos en la educación secundaria, la joven iraní Sahar Khodaryari tuvo una preferencia muy especial con las actividades deportivas. Cuando se levantó la prohibición del gobierno de Irán, de no permitir que las niñas jugaran futbol en las escuelas, Sahar fue una de las mas entusiastas practicantes de dicho deporte. A partir de ese momento hizo del futbol su centro de atención.

Cuando el equipo de su país logró la clasificación para el mundial de 1988, tras derrotar a los Estados Unidos, la joven Sahar fue una de las cinco mil mujeres que invadieron el Estadio “Azadi” para recibir a la selección nacional. A partir de ese momento, su afición por el futbol se consiguió con las barreras de la intolerancia gubernamental que le impedían participar libremente en las actividades deportivas ya que Irán es el único país del mundo que les prohíbe a las mujeres el acceso como espectadoras.

Aunque no hay una ley al respecto, los dirigentes de la República Islámica asumen el argumento de los ultraconservadores de que hay que protegerlas de “la atmósfera masculina” y “la visión de hombres medio desnudos”.

Dicha prohibición se puso en práctica desde la Revolución de los Ayatolas en 1979. Solo a partir de 1997, bajo la presidencia del reformista Mohamed Jatami se levantó parcialmente esta prohibición, permitiéndose solamente que las niñas pudieran jugar en las escuelas; pero se mantuvo la limitación de no permitirles la entrada a los estadios. Durante el mandato del populista Mahmud Ahmadineyad (2005-2013) de ideología islamista conservadora, se anunció que iban a poder hacerlo en zonas separadas de los hombres, pero la propuesta fue desautorizada por los Ayatolas.

Sin embargo, lejos de amilanarse por las prohibiciones del régimen teocrático, la joven Sahar, siguió con su entusiasmo, ahora acompañado de sentimiento rebelde y se reincorporó a la fanaticada de su equipo favorito “El Esteghlal F C ” de Teherán logrando entrar a los estadios burlando los controles de la policía ¡¡¡disfrazándose de hombre!!!Era conocida como “La Chica Azul” por el color que identificaba el uniforme del equipo.

A mediados del mes de septiembre de este año fue descubierta en uno de sus intentos y detenida por la policía que le abrió un expediente acusándola de “aparecer en público sin un Hijab (velo islámico)”. Como era de esperarse, las autoridades se ensañaron contra la joven por haber violado las leyes de la moral “revolucionarias” al estar presente en un juego de hombres medios desnudos y los fiscales acusadores solicitaban seis meses de cárcel para la acusada, lo que dió paso a la tragedia: Sahar Khodayari se suicidó inmolándose como un bonzo frente al juzgado.

La indignación mundial no se ha hecho esperar. El repudio al régimen teocrático de Irán y sus aberrantes leyes discriminatorias han tenido el rechazo tanto del pueblo iraní, a pesar de la represión de los Guardias Rojos, como del mundo entero. Hoy se eleva el reclamo mundial a la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) para que prohíba la participación de Irán en las competencias internacionales.

Ante el discriminatorio arresto, encarcelamiento y el trágico suicidio de Sahar, Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) exigen al organismo rector del futbol mundial que cumpla con sus propios estatutos que establecen como principio rector “La NO discriminación” y pongan fin a la prohibición de que las mujeres asistan a eventos deportivos.

Hoy todos los seres humanos vestimos de AZUL como un homenaje a la CHICA iraní Sahar Khodayari.

El neologismo “boliburguesía” es usado para describir a un segmento de la sociedad venezolana que prospera económicamente bajo el auspicio de la “Revolución Bolivariana”, dedicándose a prácticas capitalistas –lícitas e ilícitas– de las que han sacado provecho los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, los grandes promotores del “socialismo del siglo XXI” en América Latina y el Caribe. Pero entre los beneficiarios más prominentes de esa simbiosis no sólo hay venezolanos: el pasado 25 de julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a los empresarios colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido por su presunta implicación en una red de corrupción para obtener contratos del estamento chavista. La medida también fue aplicada contra algunos de sus familiares.

Según Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, Saab y dos de sus hijos (Isham y Shadi), Pulido y uno de los suyos (Emmanuel), un funcionario chavista (José Vielma Mora, exministro de Comercio Exterior y exgobernador del estado andino de Táchira), tres hijastros de Maduro y la pareja de uno de ellos (Walter Gavidia Flores, Yoswai Gavidia Flores, Yosser Gavidia Flores y su esposa Mariana Staudinger) fueron castigados por haberse enriquecido ilegalmente mediante contratos sobrevalorados vinculados con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa social de reparto de alimentos subvencionados iniciado en 2016. Trece empresas fueron señaladas de contribuir a orquestar el fraude desde diferentes países. Este martes (17.9.2019), otros parientes cercanos de Saab y Pulido fueron blanco de sanciones similares.

La OFAC penalizó a dos hermanos de Saab (Amir Luis y Luis Alberto), a otro hijo de Pulido (David Enrique) y a dieciséis compañías que han actuado directa e indirectamente en su nombre. Sus activos han sido congelados en Estados Unidos y cualquier transacción financiera con ciudadanos o entidades estadounidenses les ha quedado prohibida. El Departamento de Justicia de Estados Unidos asegura que Saab y Pulido vienen incurriendo sistemáticamente en fechorías de grandes magnitudes desde 2011, cuando debutaron como contratistas del Ejecutivo venezolano; Chávez les encargó el levantamiento de casas prefabricadas para la población de bajos ingresos. Se alega que, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, dichos empresarios se confabularon para lucrarse con el control de cambio vigente en Venezuela.

Se les acusa de haber adquirido dólares a una tasa favorable para comprar materiales de construcción, presentado facturas de importación falsas relacionadas con mercancía que nunca llegó a Venezuela, sobornado a funcionarios gubernamentales para que aprobaran los documentos en cuestión y transferido aproximadamente 350 millones de dólares desde Venezuela hacia Estados Unidos y otros países. A partir de 2013, tras la muerte de Chávez, Maduro favoreció a Saab y a su mano derecha con concesiones diversas que incluyeron contratos con la empresa estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA). Ellos también han sido vinculados con operaciones ilegales en el marco de la explotación de oro en el Arco Minero del Orinoco. En su Colombia natal, Saab, de 47 años, y Pulido, de 55, se cuidaron de mantener un perfil bajo.

Sus nombres atrajeron la atención de la prensa por primera vez en 2017, cuando ArmandoInfo –el buró de investigación que desveló el capítulo venezolano de los “Papeles de Panamá”– constató su involucramiento en una red de compañías fantasma creada alrededor de los CLAP. Poco después, Luisa Ortega Díaz, otrora Fiscal General de Venezuela, acusó a Saab de ser testaferro de Maduro. ArmandoInfo también reveló que Álvaro Pulido había cambiado de identidad –su nombre verdadero es Germán Rubio– con miras a borrar sus nexos con el narcotráfico. “Las actividades de Saab y Pulido no han pasado inadvertidas en Colombia; la Fiscalía General de la Nación las está investigando porque algunas de sus operaciones se desarrollaron en territorio colombiano”, dice Andrés Hernández, director ejecutivo de la oficina de Transparencia Internacional en Bogotá.

“En Venezuela abundan los casos de corrupción de grandes proporciones. De ellos, unos cincuenta están siendo investigados por la Justicia de otros Estados porque su impacto trasciende las fronteras venezolanas. De entre todos esos delitos sobresalen los atribuidos a Saab y Pulido por el volumen de los montos en juego –se habla de miles de millones de dólares–, por el rango de sus presuntos cómplices, por las evidencias del perjuicio que los fraudes mencionados le causaron a los venezolanos de a pie y por los indicios de que una gran red internacional de empresas estuvo implicada en los mismos”, comenta, por su parte, Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de la dependencia de Transparencia Internacional en Caracas. A sus ojos, la posibilidad de que personas cercanas al chavismo sean procesadas por corrupción fuera de Venezuela inquieta a Maduro.

El sociólogo Héctor Briceño, profesor del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES), con sede en Caracas, comparte la opinión de De Freitas sólo parcialmente. “La cúpula del Gobierno está formada por una serie de círculos concéntricos. En torno al núcleo de poder hay varios anillos integrados por grupos de interés. Pero el respaldo de estos grupos de interés es prescindible. Cuando un aliado del chavismo es buscado y detenido por organismos internacionales o sancionado por autoridades estadounidenses, Maduro puede remplazarlo. Lo mismo aplica cuando un grupo de interés se muestra desleal. Por ejemplo, los principales conspiradores detrás de la fallida rebelión militar del pasado 30 de abril eran testaferros de la élite chavista y grupos económicos que la habían apoyado hasta ese momento”, arguye Briceño.

“Eso nos lleva a concluir que la presión ejercida por Washington sobre los socios del chavismo sí surte efectos tangibles. Pero, insisto, los testaferros son sustituibles. Algo similar puede verse a otra escala: cuando ciertas empresas de un país se niegan a hacer negocios con la Revolución Bolivariana, aparecen otras dispuestas a hacerlo. Esa es la nueva realidad político-económica internacional: hay sistemas financieros, económicos y comerciales alternativos, no occidentales, donde el establishment chavista puede obtener lo que necesita para subsistir”, añade el experto del CENDES, actualmente de paso por la Universidad de Rostock. Si Estados Unidos les pone el guante, Saab y Pulido pueden terminar siendo condenados a hasta veinte años de prisión por los crímenes que se les imputa. Si ese escenario se consuma, sus vacantes en Caracas seguramente serán ocupadas por otros.

19 de septiembre 2019

DW

https://www.dw.com/es/venezuela-cuál-es-el-efecto-de-la-presión-de-washington-sobre-los-boliburgueses/a-50496178

La crisis venezolana conducirá, eventualmente, a un significativo cambio político. El actual orden desaparecerá y un nuevo orden surgirá. Este cambio, como sucede con los procesos históricos, tendrá un carácter contingente y no dará forma, necesariamente, a un orden social determinado.

Es cierto que la mayoría de los venezolanos rechaza el conflicto político, el control económico o la corrupción e ineficiencia estatales, pero de ello no se deriva que esa mayoría coincida, automáticamente, en los principios que deberán sustentar un nuevo orden social. En realidad, una gama de posibilidades, que van desde la restauración de antiguas dinámicas políticas hasta la reinvención de nuestras instituciones, se abre ante los venezolanos. Cuál de ellas predominará dependerá de una «constelación» de factores: la manera en la que el régimen socialista acabe, las decisiones que los agentes transformadores adopten, la nueva estructura de poder que se conforme, la influencia que la movilización social y la opinión pública alcancen, entre otros (Urbaneja, 2018). En esta encrucijada histórica tendrán especial relevancia las ideas que, sobre la economía y la política, posean quienes deban adoptar decisiones en los altos niveles del Estado y de la sociedad.

En este breve ensayo presento un esquema conceptual y un conjunto de ideas que, tal vez, sean de utilidad en el debate que, sobre un nuevo orden social, los venezolanos debemos sostener. Al estar inmersos en la lucha por recuperar la libertad y la democracia, ese debate ha tenido poca relevancia. Podría argumentarse que tal hecho resulta conveniente pues una prematura discusión pública sobre la forma del porvenir haría aflorar, desde ahora, antagonismos entre sectores que hoy están alineados frente a la tiranía socialista.

Pienso, por el contrario, que hay que dedicar tiempo, en el exigente presente que hoy vivimos, a debatir sobre los principios ordenadores de la sociedad que tendremos que reconstruir. De no ser así podrá ocurrir que, ante el previsible fin del orden socialista, actores que debaten poco pero que actúan resuelta y estratégicamente vayan tomando control de procesos decisorios clave y acaben así configurando un orden social alejado de las esperanzas de libertad, bienestar y justicia que muchos hoy tenemos. No sería la primera vez que, en la historia latinoamericana, algo así aconteciese.

I

Sobre instituciones

Las instituciones son, de acuerdo a una concepción ampliamente compartida, las reglas que limitan ciertas conductas y promueven o habilitan otras. Las instituciones se manifiestan así en patrones estables y predecibles de comportamiento, simplificándonos la realidad en la que debemos actuar y disminuyéndonos a todos el costo asociado a la incertidumbre en nuestras relaciones sociales, políticas y económicas. Sin instituciones, entendidas de esta manera, una sociedad humana es simplemente imposible.

La presencia de las instituciones en cualquier sociedad es amplia y diversa. Pueden tener una expresión formal, como una ley o una política pública, pero también pueden manifestarse de manera informal en numerosas normas sociales. El conjunto de instituciones que existe en una sociedad, en un momento dado, es en realidad un complejo producto histórico y está lejos de conformar un sistema coherente. Las instituciones de una sociedad se solapan entre sí, se refuerzan mutuamente, compiten entre ellas, se contradicen. Decía Tocqueville, por ejemplo, que «las leyes son siempre vacilantes en tanto no se apoyan en las costumbres; las costumbres forman el único poder resistente y duradero del pueblo» (Gomá, 2016). Por esta y otras razones no es sino arrogancia suponer que un grupo pueda construir un orden institucional perfectamente funcional.

Algunas instituciones pueden favorecer el interés general (varios autores las denominan «inclusivas», aunque quizás baste con calificarlas como justas). Otras instituciones, por el contrario, benefician a algunos sectores en perjuicio de otros y se les ha dado en llamar instituciones «extractivas» (Acemoglu y Robinson, 2012). Estas últimas son denominadas así en alusión a la conducta orientada a extraer rentas, esto es, beneficios particulares derivados de la capacidad para influir en centros decisorios estatales. Me parece mejor, sin embargo, hablar de instituciones «excluyentes» como concepto general y considerar a las instituciones «extractivas» como la expresión de aquéllas en la dinámica económica.

En el ámbito económico el respeto a los derechos de propiedad, la libertad de contratos o la promoción de la competencia, por ejemplo, son instituciones «inclusivas» que no solo protegen la libertad individual sino que, además, han demostrado su capacidad para incentivar las conductas que explican el desarrollo, es decir, el emprendimiento, la productividad, la innovación. En ese mismo ámbito son reglas «excluyentes» las políticas proteccionistas, los privilegios fiscales o la creación de monopolios, reglas que benefician a determinados grupos o sectores y perjudican, directa o indirectamente, al resto de los ciudadanos. En la esfera política, de modo equivalente, los derechos al voto, a la participación o a ser electos a cargos de representación pública son instituciones «inclusivas» mientras el voto censitario, las limitaciones a la libertad de expresión o ciertas formas de cabildeo son instituciones «excluyentes».

En términos muy esquemáticos podemos caracterizar a los sistemas políticos y económicos con base en el predominio en ellos de instituciones «inclusivas» o «excluyentes». Así, la democracia es un sistema político basado en instituciones «inclusivas» y el autoritarismo un sistema político constituido por instituciones «excluyentes». De modo semejante, una economía competitiva o la competencia, a secas, es un sistema económico que opera en el marco de instituciones «inclusivas» mientras el rentismo lo hace en el de instituciones «excluyentes».

II

Cuatro modelos «puros»

Para fines analíticos resulta interesante, a partir de las nociones presentadas, imaginar cuatro órdenes económico-políticos «puros»:

1. La coexistencia de un sistema político plural y una economía basada en la competencia son dos de los rasgos que definirían, por ejemplo, a la economía social de mercado (Casanova, 2016).

2. El pluralismo, asociado a una dinámica en la cual el poder político y el poder económico, en búsqueda de beneficios grupales, se potencian mutuamente, caracterizaría a una democracia rentista (modelo que se correspondería, en parte, con el hoy llamado «crony» capitalism).

3. El autoritarismo orientado a garantizar la existencia de una economía de mercado libre y competitivo daría forma a una suerte de «liberalismo» autoritario. Vale advertir que las comillas son importantes pues el liberalismo, en un sentido amplio, incluye las libertades políticas.

4. El autoritarismo y un Estado intervencionista constituirían las bases de regímenes patrimonialistas, un tipo de orden que tendría en el socialismo burocrático y dictatorial una de sus manifestaciones extremas.

Hay buenos argumentos para afirmar que, teóricamente, dos de estos órdenes tienden a ser estables y otros dos, no (Acemoglu y Robinson, 2012). El pluralismo, en la medida en que dificulta la concentración del poder político, obstaculiza también que éste sea utilizado por los actores económicos para eludir la competencia mediante el logro de privilegios; visto de otro modo: la competencia impide la concentración del poder económico y disminuye el riesgo de que grupos de interés influyan en el proceso político. En tal sentido, la economía social de mercado supone el mutuo reforzamiento entre competencia y pluralismo y la activación de un «círculo virtuoso» de desarrollo. Tal modelo es doblemente opuesto al patrimonialismo.

En efecto, la concentración del poder político y su ejercicio autoritario por parte de una élite le permite a ésta influir en el proceso económico y otorgarse a sí misma ⎯y a grupos aliados⎯ privilegios generadores de rentas; la concentración de poder económico que esta dinámica supone hace más fuerte la posición de la élite que ejerce el poder político. Estamos así ante un régimen patrimonialista en el cual quienes detentan el poder no sólo utilizan activos bajo su mando en su favor sino también las instituciones y políticas públicas que puedan crear. Autoritarismo y rentismo se potencian uno al otro, generando un «círculo vicioso» de atraso y corrupción.

Los otros dos modelos resultan incoherentes en algún sentido y, por tanto, tienden a evolucionar hacia alguna de las dos formas estables descritas. En la democracia rentista el pluralismo político hace difícil que sólo unos pocos grupos consigan sesgar a su favor las instituciones y las políticas públicas, sin desencadenar reacciones negativas por parte de otros grupos o de la ciudadanía en general. Esta situación se resuelve bien sea por el avance hacia la competencia (lo cual lleva al sistema hacia la economía social de mercado) o por la pérdida del pluralismo (empujando al régimen hacia el patrimonialismo). La inestabilidad de la democracia rentista podría atenuarse durante algún tiempo si ocurriese, como en el caso venezolano, que la abundancia de recursos fiscales provenientes de una fuente diferente a los impuestos permitiese la democratización, por así decirlo, de la captura de renta.

En el caso del liberalismo autoritario, la concentración del poder político genera fuertes incentivos para alterar la dinámica de la competencia en favor de algunos grupos poderosos. La estabilización de este orden pasa por su evolución hacia un esquema pluralista (esto es, mutando hacia una economía social de mercado) o, alternativamente, hacia la destrucción de la competencia (lo que implica su transformación en un régimen patrimonialista).

Se trata, insisto, de una clasificación conceptual muy simple. Aunque puede ser útil como herramienta heurística, generadora de conjeturas razonables para explicar situaciones reales. En la práctica, lo más probable es que nos encontremos con casos híbridos, en los cuales algunos o todos los modelos están presentes en diversos grados, interactuando de distintas formas.

No está demás decir que este ensayo es un alegato en favor de una economía social de mercado, basada en la competencia y el pluralismo. Este es un modelo que, en mi opinión, lograría enrumbarnos hacia el desarrollo integral, con libertad e inclusión social. Sobre ello he escrito en otras ocasiones, por ejemplo: «Una visión de centro para la reconstrucción».

III

El desafío de la reconstrucción

La reconstrucción de la sociedad venezolana será compleja. El colapso del sistema económico, la destrucción de las instituciones democráticas y liberales, las apremiantes demandas sociales, la persistencia de ciertos modelos mentales, el reacomodo en las estructuras de poder y de las relaciones internacionales, entre otros factores, conformarán un enmarañado marco para el proceso decisorio. La creación de un orden institucional capaz de garantizar la libertad, el bienestar y la justicia será un gran desafío a la inteligencia colectiva de los venezolanos.

Una parte importante de los problemas a resolver es evidente, en un sentido general. Se trata de reconstruir instituciones que cualquier sociedad moderna da hoy por sentadas, como también lo hacía la venezolana hasta hace dos décadas. Entre ellas, el Estado de derecho como sistema de reglas, el sistema electoral, la administración de justicia, el monopolio estatal del uso de la fuerza, la autonomía del Banco Central o la unidad del Tesoro. En estos asuntos contamos con una Constitución que, a pesar de los cuestionamientos que puedan hacérsele, define los parámetros básicos para esta parte de la tarea reconstructora.

Pero esa tarea abarca muchos otros temas. Los Poderes Públicos, en particular el Ejecutivo Nacional, deberán responder a una formidable cantidad y variedad de problemas. Un listado incompleto pero ilustrativo de tales problemas incluye: el levantamiento de controles de todo tipo, la concreción de un nuevo paradigma de política social, el diseño de adecuadas políticas industrial y agrícola, la creación de una moderna regulación para el sistema financiero, el desarrollo de eficaces políticas educativas y de salud, la implementación de un sistema sostenible de seguridad social, la ejecución de planes para recuperar y mejorar las infraestructuras, la privatización de numerosas empresas estatales, la definición de una política tributaria justa, la renegociación de la deuda externa y la reinvención de la Administración Pública. En todos estos asuntos deberán diseñarse reglas frente a las cuales la Constitución, por su propia naturaleza, solo puede ofrecer lineamientos generales.

Es alto el riesgo de que en la toma de decisiones se incurra en desviaciones que, incluso sin proponérselo los agentes sociales, conduzcan a la restauración del modelo democrático rentista. Las altas expectativas de diversos sectores con respecto a la rápida mejora de sus condiciones de vida serán una fuente constante de presión sobre los decisores, obligándoles a conciliar posiciones y establecer prioridades en un incierto manejo de intereses y tiempos. Si a ello se agrega que los restos del régimen revolucionario configurarán, seguramente, una oposición desleal, el contexto de acción del gobierno de reconstrucción se entrevé aún más complicado.

No sería sorprendente, entonces, que, ante la necesidad de alcanzar éxitos tempranos, predomine una perspectiva cortoplacista. No sería raro tampoco que uno de los vicios del presidencialismo, la discrecionalidad ejecutiva, se intensifique en un contexto en el cual el análisis y la concertación impondrían lapsos que los decisores considerarían inmanejables. En este entorno es previsible, además, la aparición de nuevos centros extra-institucionales de poder y el desarrollo, por parte de diversos grupos, de estrategias de cabildeo para defender y promover sus intereses. De hecho, es probable que eso ya esté sucediendo. Debe tomarse nota, como referencia, que estos fenómenos ⎯cortoplacismo, discrecionalidad, «decretismo»⎯ estuvieron presentes, por razones semejantes a las mencionadas, en varias experiencias poscomunistas, a fines del siglo pasado. Aprender de ellas es fundamental.

La reconstrucción requiere contar con ciertos principios, reglas y mecanismos capaces de: crear una estrategia de desarrollo y adecuados planes de acción, minimizar los riesgos de una nueva captura del Estado, garantizar la transparencia y la participación democráticas y promover el necesario aprendizaje social sobre la experiencia vivida. Al respecto, la noción de gobernanza puede resultar útil.

IV

La gobernanza de la reconstrucción

La noción de gobernanza ha sido utilizada de diversas formas por distintos autores. Aquí la entenderé como el «arte» de concertar y respetar principios, reglas y mecanismos que sirvan para que gobiernos, sociedad civil, empresa privada y ciudadanos en general puedan tomar decisiones sobre asuntos públicos clave, de manera democrática, transparente y responsable. En este sentido, la gobernanza de la reconstrucción deberá incluir, al menos: a) la definición de los principios y reglas a seguir en la creación del nuevo orden institucional; b) el diseño de una estrategia nacional de desarrollo, y c) la creación de un sistema de diálogo democrático.

Entro ahora, para finalizar, en terreno propiamente normativo, proponiendo algunas ideas para conformar la gobernanza de la reconstrucción venezolana.

1. Principios ordenadores

Un nuevo orden social debe tener como uno de sus principios cardinales el logro y mantenimiento del apoyo popular a un genuino sistema de libertades. Sostengo que tal sistema de libertades tiene que ser popular o no será.

En consonancia con ese principio, la regla general que debe guiar la toma de decisiones debe consistir en crear, en todos los casos posibles, oportunidades para todos sin conceder privilegios a nadie. Ello significa, fundamentalmente, depurar nuestro sistema jurídico para garantizar la existencia de leyes auténticas –generales y abstractas– y la supresión de leyes espurias, meros instrumentos al servicio de grupos o sectores específicos.

2. Estrategia nacional de desarrollo

La reconstrucción venezolana requerirá el diseño y ejecución de planes en diferentes esferas y planos. Estos planes tienen que ser concebidos como expresiones de una estrategia de desarrollo más amplia, que defina las grandes metas y los ejes de acción de la transformación que la nación deberá experimentar. Esa estrategia, en conjunto con los principios y reglas antes comentados, permitirá evaluar la pertinencia de los diferentes planes particulares así como sus procesos de ejecución.

El llamado Plan País, dado a conocer hace unos meses, es un significativo avance pues supone el acuerdo entre especialistas y políticos con respecto a un conjunto de medidas y políticas para enfrentar la emergencia humanitaria, estabilizar la economía y comenzar algunos cambios estructurales (Asamblea Nacional, 2019). La ampliación y profundización de ese plan continúa, pero está pendiente, sin embargo, el diseño de la referida estrategia de desarrollo. Esa estrategia no puede ser la simple sumatoria de los numerosos planes particulares, si se quieren evitar la incoherencia del proceso de reconstrucción y la generación de resquicios a través de los cuales diferentes grupos de intereses puedan penetrarlo.

3. Sistema de diálogo democrático

El logro de un gran acuerdo político y social en torno a los principios del nuevo orden y a la estrategia de desarrollo será imprescindible. Dicho acuerdo, en consonancia con el sistema de libertades que se aspira a crear, deberá basarse en un diálogo capaz de convocar a la mayor parte de los sectores del país. Aquí sólo me referiré, brevemente, a cuatro iniciativas para materializar dicho diálogo:

1. Crear, considerando la experiencia de la Comisión para la Reforma del Estado (COPRE) y otras iniciativas internacionales, la Comisión Nacional para la Reconstrucción Venezolana. Tal organización se dedicaría a estudiar, proponer y concertar proyectos de gran alcance y estaría integrada por un grupo plural de prestigiosos venezolanos.

2. Desarrollar los mecanismos digitales para organizar el debate público en torno a proyectos de leyes y propuestas de políticas públicas y, de resultar aprobadas, para evaluar su desempeño.

3. Convocar a Asambleas de Ciudadanos para debatir sobre cada proyecto de ley o propuesta de política pública; estas Asambleas estarían conformadas por, digamos, cien ciudadanos seleccionados al azar del Registro Electoral Permanente y sesionarían durante varios días con el debido apoyo financiero y técnico. Estas instancias no tendrían, desde luego, carácter vinculante, pero serían un mecanismo para hacer transparente y para validar importantes decisiones estatales.

4. Solicitar regularmente a centros de investigación y organizaciones civiles, evaluaciones económicas, sociales y jurídicas de proyectos de leyes y de propuestas de políticas públicas.

V

Una sociedad inteligente

Estos planteamientos, pienso, podrían ser compartidos por diversos actores políticos moderados, ubicados a lo largo del espectro doctrinario. En este sentido, el nuevo orden social implicaría la reconstrucción del centro político, es decir, esa «zona» de valores y principios compartidos por los actores políticos y sociales relevantes.

Nuestro reto es crear una sociedad inteligente, una sociedad capaz de comprender sus problemas, evaluar sus opciones y decidir colectivamente por la mejor de ellas. Es vital entender que la reconstrucción abrirá para Venezuela una oportunidad histórica. Podría ser un tiempo de cambios profundos y benéficos, impulsados por la esperanza y el esfuerzo de muchos venezolanos, dentro y fuera del país, apoyados por ciudadanos de otros lugares «compelidos a participar de esa extraordinaria experiencia del siglo XXI que puede ser la reconstrucción de Venezuela» (Torres, 2019).

El saldo de esos años de movilización creadora podría ser, entonces, un nuevo orden institucional dentro del cual los venezolanos podamos, libre y responsablemente, desarrollar nuestras capacidades para vivir de acuerdo con nuestros particulares proyectos de vida.

Bibliografía

Acemoglu, Daron and James Robinson. Why nations fail: the origins of power, prosperity and power. New York, USA: Crown Publishing Group, 2012.

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Casanova, Roberto. Libertad, emprendimiento y solidaridad. 10 lecciones sobre economía social de mercado. Madrid, España: Unión Editorial, 2017.

Elster, Jon; Claus Offe, and Ulrich K. Preuss. Institutional Design in Post-communist Societies. Rebuilding the Ship at Sea. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 1998.

Gomá L., Javier. Libre y con compromiso [en línea] El País, 22 de febrero de 2016. Disponible en: https://elpais.com/elpais/2016/02/19/opinion/1455892924_603940.html [Consulta: 12/05/19]

Hayek, Friedrich. Derecho, legislación y libertad (volumen 1). Madrid, España: Unión Editorial, 1985.

Tang, Shiping. A general theory of institutional change. New York: USA, Routledge, 2011.

Torres, Gerver. El andamiaje emocional de la reconstrucción [en línea] Prodavinci, 23 de marzo de 2019. Disponible en: https://prodavinci.com/el-andamiaje-emocional-de-la-reconstruccion/ [Consulta: 11/04/19]

Urbaneja, Diego Bautista. “Para una historia de la toma de decisiones en Venezuela”. En: Fernando Spirito (coord.), Decisiones de Gobierno en Venezuela: apuntes para su comprensión histórica y de políticas públicas. Caracas, Venezuela: Editorial Alfa, 2018, pp. 45-63.

https://prodavinci.com/las-reglas-de-la-reconstruccion/