Esta breve nota la dedico a nuestras(os) estimadas(os) maestras(os), en el marco de su semana aniversario que recién se inicia; con énfasis especial, por su loable labor intelectual y vocación de servicio prestadas a través del tiempo a la comunidad de San Mateo, estado Aragua.

En este sentido, en nuestro quehacer como Investigador de la Historia, que modestamente efectuamos sobre la localidad sanmateana, he tenido la oportunidad de indagar la prensa caraqueña, en esta ocasión, El Nuevo Diario, al cual aprovecho para socializar un interesante hecho socio-educativo e histórico reseñado en febrero de 1919, como lo es, la creación de una escuela mixta para nuestra citada población; a saber:

“Maracay 22- En la labor progresista del gobierno del Estado, la instrucción ocupa puesto de presencia. Consecuente con ese civilizador programa, ha creado últimamente dos escuelas mixtas: una en Ocumare de la Costa y la otra para el Municipio San Mateo.

Para la Dirección de estos nuevos planteles se han nombrado a la señora Belén de Fonseca y señorita Blanca H Hurtado, respectivamente”. Ver: “Noticias de la República”, El Nuevo Diario, Caracas, 23 de febrero de 1919, p 7. En: Hemeroteca de la Academia Nacional de la Historia.

Este dato hemerográfico, me permitió corroborarlo a través de la Memoria y Cuenta de Instrucción Pública del año 1919, arrojando el siguiente resultado. Veamos:

“Nómina de nombramientos hechos en el Departamento de Instrucción Pública en el año 1919.

Escuelas Federales primarias de un solo maestro situadas en el Estado Aragua:

N° Dptos. Parroquia Nombres Asignación Fecha de nombramientos

18 Ricaurte San Mateo Micaela C de Dolande Bs. 90 8 de febrero de 1919

19 “ El Consejo María Teodora Medina “ “ 17 de enero de 1919

22 “ Las Tejerías Isabel María Cisneros “ “ 25 de mayo de 1919”.

Ver: Ministerio de Educación Nacional, Memoria que el Ministerio de Instrucción Pública presenta al Congreso Nacional en sus sesiones de 1920, contiene la actuación del Despacho en el año civil de 1919, p 887. En: Biblioteca Nacional, sección: Publicaciones Oficiales.

Ambas piezas documentales tributan informaciones interesantes para comentar; como, nos proporciona los nombres y apellidos de las maestras, sus respectivos cargos académicos-administrativos, el establecimiento de sus nombramientos y nueva escuela mixta-federal en febrero de 1919, que en pocos días se cumplirá un siglo de fundada; entre otros.

Al concluir esta modesta nota, no me queda más que felicitar a las maestras y maestros por su Día Nacional. Asimismo, recordarle al gobierno Nacional, Regional y Local, sus responsabilidades de cumplir, respetar y mejorar la contratación colectiva, que es ley entre las partes (Estado-gremios), de éste importante sector educativo, cultural y socio-laboral de la República Bolivariana de Venezuela. Y de esta manera, contribuir a formar nueva ciudadana-ciudadano republicano a través de la educación de calidad en igualdad de condiciones, para todas y todos, como lo establecen los artículos 102 y 103 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

San Mateo, 14 de enero de 2019

«Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución».

Asamblea Nacional Constituyente (Francia), 26 de agosto de 1789.

I

El tema de los deberes y derechos, el del principio de legalidad y de todo el conjunto de leyes y reglamentos que lo acompañan, debiera ser letra clara y llana a los ojos y mentes de los ciudadanos. Esto, por una simple razón: porque se trata del contrato social que nos ilustró Jean-Jacques Rousseau, en su visión por explicar el origen y el propósito del Estado y de los derechos humanos. Cuyo espíritu es, proporcionar a los seres humanos el poder de convivir en sociedad y, el de evitar hacerlo, cada quien en su libre estado natural. Obteniéndose de esa manera, unos beneficios mayores inmanentes al intercambio social.

Al respecto, cabe recordar aquí, el acto sucedido hace diecinueve años en el hemiciclo de una Asamblea Nacional Constituyente, cuando se elaboró un nuevo pacto social que firmaron sólo unos cuántos venezolanos con su voto. Pero que su marco legal, rige para todos sus conciudadanos indistintamente, a lo largo y ancho del país. Todo ello, dentro de aquel tránsito quimérico que se ofertó, después que se invocara su propósito: “fin supremo de refundar la República...”

Revisando el entramado de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se observa en el Título V, Capítulo II: Del poder Ejecutivo Nacional, Sección Primera; todo lo relativo al Presidente o Presidenta de la República. Diez artículos que versan sobre quiénes lo ejercen; acerca de que el Presidente, es el jefe del Estado y del Ejecutivo Nacional; de los requisitos para llegar a ser Presidente; de su elección; de quién no puede serlo; de la duración del período presidencial y su reelección; de cuándo debe tomar posición; de su responsabilidad; de las faltas absoluta que puedan presentarse durante el ejercicio del mandato; sobre una nueva elección como consecuencia de haber habido una falta absoluta; de quiénes pueden estar encargado de la presidencia, al producirse la situación de falta absoluta o temporal y; finalmente, la autorización por parte de la Asamblea Nacional para que el Presidente pueda salir del país.

II

Allí se puede apreciar el orden sistemático que dieron los constituyentes a la norma que regiría la figura del Presidente. Ahora bien, dentro de ese conjunto de articulados, llama la atención el polémico, tergiversado e invocado artículo 233, luego que se diera el acto írrito y nulo del 10 de enero pasado. Pero, qué particularidad se halla en ese citado artículo, que llama a toda una sociedad a interpretar que el Presidente de la Asamblea Nacional deba tomar el cargo como Presidente de la República encargado; pues, veamos el segundo parágrafo, a saber:

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.

En este orden de ideas, nótese que el párrafo dice: “Presidente electo o Presidenta electa”. Y aquí se tiene entendido, o mejor dicho, se parte del hecho que no se tiene ningún Presidente legalmente elegido y reconocido, por cuanto no tuvo un origen legal. Por otro lado, si se hace un ejercicio de sustraer ese parágrafo del artículo 233, queda definido perfectamente en su estructura, todo lo relativo a lo que son las faltas absolutas del Presidente (en ejercicio); de aquellos órganos como el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional que, jurídicamente pueden decretar, evaluar y aprobar la existencia de dichas faltas y; por último, el deber que tiene el Vicepresidente de asumir el cargo mientras se llevan a cabo nuevas elecciones, dentro de los lapsos correspondientes.

En concordancia, qué llevó a los constituyentes a insertar ese texto y no colocarlo en otro aparte, a los efectos fuera el Presidente de la Asamblea Nacional el que respondiera ante un específico caso. Cuál es esa falta absoluta (en singular) que alude el párrafo. No sería que ellos, percibieron igualmente, el fallecimiento intempestivo del candidato recién electo; su renuncia hipotética al cargo y; el que se haya determinado de pronto, una incapacidad física o mental. Todo ello, cumplido el lapso breve, entre la elección presidencial y el día de la toma de posesión (Art. 231). No aplicándose, obviamente, lo que concierne a la destitución, abandono o revocación, por tratarse de un candidato electo Presidente.

III

Lo anterior, hace inferir que, presentadas esas faltas específicas, se procedería a que el Presidente saliente entregara el mandato al Presidente de la Asamblea Nacional para que éste convoque a una nueva elección. Pero ese no es el caso que nos ocupa aquí, puesto que eso no fue lo que los venezolanos y la comunidad internacional presenciaron, luego que la Constitución fuera nuevamente transgredida. Además, que de presentarse esos hipotéticos escenarios, éstos se darían en unas condiciones de normalidad constitucional.

Finalmente, mientras se despeja la bruma que está haciendo ver e interpretar posibles imperfecciones dentro de la norma, se debe buscar la ayuda de expertos juristas que aclaren las dudas. A la vez, de tomar una senda distinta (Art. 333 Y 350) que lleve a la solución de este momento coyuntural; la cual pasa como lo afirmó el abogado José Ignacio Hernández: “por diseñar una estrategia que, basada en el citado artículo 333, permita restaurar el orden constitucional, incluyendo la interpretación del artículo 233 para aplicarlo a la actual crisis, con los necesarios ajustes del caso, los cuales deben ser implementado por la Asamblea Nacional como representante del pueblo, en quien reside la soberanía, según señala el artículo 5”.

MSc. Arichuna Silva Romero.

@asiromantis

Si Maduro continúa en el poder la debacle económica se prolongará. La contracción económica se mantendrá en el tiempo así como la hiperinflación. Venezuela continuará su involución hasta ubicarse entre los países más pobres de América Latina. El deterioro de la capacidad de compra y el incremento de las carencias alimentarias forzará a más venezolanos a emigrar, agudizando la crítica situación de las empresas públicas y privadas por carencia de personal especializado. La crisis de servicios empeorará así como las deficiencias de nuestros servicios de salud, tanto públicos como privados. La recuperación económica pasa por un cambio político y la normalización de nuestras relaciones con la comunidad internacional.

Si Maduro continua en el poder la debacle económica se prolongará. En los últimos años se ha producido un fuerte deterioro del tejido productivo del país, que se refleja en la caída de la producción la cual puede medirse a través del Producto Interno Bruto (PIB). Éste se define como el valor monetario de la masa total de bienes y servicios que se produce en un país. Durante el gobierno de Maduro el PIB descendió 35%, constituyendo la crisis más aguda que se haya vivido en América Latina en los últimos 40 años. El PIB en el año 2017 retrocedió a los niveles de 1955. Ello nos ha llevado a ubicarnos como la séptima economía de América Latina, cuando en años previos ocupábamos la cuarta posición, detrás de los países de elevada dimensión territorial como México, Brasil y Argentina (Rodríguez R. José. 2018a; 2018b).

De continuar Maduro la contracción económica proseguirá, de acuerdo a estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta institución hizo una proyección de la economía venezolana para el año 2023, asumiendo un escenario en el cual se continúe con las políticas económicas instrumentadas por Maduro. En este contexto el Producto Interno Bruto de Venezuela descendería a un nivel que representaría el 68% del PIB del año 2013, lo cual ubicaría a Venezuela como la decimocuarta economía de América Latina. En términos de PIB per cápita, nos ubicaríamos a nivel de países centroamericanos pobres como Nicaragua y Honduras.

Si bien con Chávez se agudizó la inflación, fue en el año 2017 cuando pasó a la categoría de hiperinflación, es decir la hiperinflación es de manufactura madurista. Las perspectivas del FMI es que esta se agudizará en el 2019 cuando llegará a 10.000.000%. El FMI espera que la hiperinflación empeore rápidamente impulsado por el financiamiento monetario de grandes déficits fiscales. Es decir, se espera que el gobierno continúe con su política de aumentos salariales indiscriminados, financiando los mismos con emisión de dinero por el Banco Central de Venezuela (BCV). La hiperinflación ha ocasionado una destrucción de los salarios y de la capacidad de compra, lo que ha generado un empobrecimiento generalizado de la población, que se estima involucra a 87% de la misma, según el Estudio de Condiciones de Vida del año 2017 realizado por las principales universidades.

La destrucción de los salarios ha generado una estampida de los trabajadores hacia otros países, en busca de un mejor futuro. Según las Naciones Unidas, hasta finales del año pasado cerca de tres millones de venezolanos habían emigrado hacia otros países. Ello ha generado una situación que ha demandado una agenda especial en los países receptores, como Colombia, para atender las necesidades de los emigrantes. De continuar Maduro en el poder la emigración continuará. La Institución Brookings, un centro de análisis en políticas públicas con sede en Washington, estima que la emigración llegara a 8,2 millones de venezolanos, lo que representará un 25, 8% de la población venezolana del año 2018.

La emigración de la fuerza de trabajo calificada es uno de los factores que está detrás del colapso de la producción petrolera y de PDVSA, debido a la fuga de ingenieros y otros profesionales que han abandonado la empresa por los bajos salarios. También está detrás de la crisis de las empresas públicas como Corpoelec y de los servicios que presta. La emigración ha agudizado el deterioro de los servicios de asistencia médica públicos y privados, por la fuga de médicos y enfermeras. Esta situación continuará si se prolonga la hiperinflación y el deterioro de los salarios.

El año pasado el gobierno proclamó un cambio de rumbo pero la emisión de dinero sin control alguno se aceleró, así como la hiperinflación y el deslizamiento del dólar paralelo, que cada día que pasa incrementa su valor. Hubo una retorica de corrección de las políticas económicas que no se tradujo en un viraje real. Cualquier plan de recuperación económica requiere una reestructuración de la deuda externa, como punto de partida, y la obtención de dinero fresco, como lo plantea el Plan País, elaborado por la Asamblea Nacional. Ello pasa por un acuerdo con el FMI y el levantamiento de las sanciones internacionales. El régimen de Maduro, en lugar de recorrer este camino ha optado por el aislamiento y el enfrentamiento con la comunidad internacional. En consecuencia un plan de recuperación económica plantea un cambio político como lo han señalado los industriales aglutinados en Conindustria.

En síntesis, con Maduro continuará la contracción económica, la hiperinflación, el empobrecimiento, la fuga de fuerza de trabajo calificada, el colapso de las empresas públicas como PDVSA y la caída de la producción petrolera. También la crisis de las empresas de servicios como la de electricidad y agua potable, así como de los servicios de salud públicos y privados. Cualquier plan de recuperación económica pasa por un entendimiento con la comunidad internacional, lo cual requiere un cambio político, como lo han planteado el Plan País y los industriales venezolanos aglutinados en Conindustria.

Profesor UCV

Referencias:

Rodríguez R., José 2018a. El chavismo: un proyecto destructivo. Dígalo Ahí. 25 de julio.

Rodríguez R., José. 2018b. La involución de la economía venezolana. Dígalo Ahí. 30 de julio

Legitimidad e ilegitimidad

Ya sabemos qué pasó, y podemos y debemos pensar en lo que va a pasar. Este 10 de enero Nicolás Maduro fue juramentado por un presidente del Tribunal Supremo de Justicia oficialista que lució un tanto inseguro y bastante desmemoriado, y Maduro en su actitud habitual, con un detalle: juró con la mano izquierda en alto enfrentada a la mano derecha del magistrado.

En la calle, frente a instalaciones de las Naciones Unidas, Juan Guaidó, presidente por este año de la Asamblea Nacional, demostró que no es orador pero sí capaz de nuevos aires por aquello de la juventud, frente a una multitud entusiasmada y al lado de los dos vicepresidentes de la AN con caras de aburridos –por no decir resignados y escépticos.

Juan Guaidó dió por ilegítimo al Presidente Maduro y en consecuencia “asumió” la presidencia temporal, aunque no juró -¿ante quién va a jurar si considera ilegítimo también al TSJ juramentador del también ilegítimo Maduro? Algunos constitucionalistas dicen que debió jurar claramente su cargo, otros señalan que no era necesario, que sólo estaba cumpliendo el mandato de la Constitución como presidente del único poder legítimamente electo –nadie que no sea chavista disciplinado considera legítima a la Asamblea Nacional Constituyente que, de paso, ni está prevista en la Constitución de 1999, ni tiene en cualquier caso atribuciones sobre el tema.

De manera que desde este 10 de enero de 2019 el país no sólo tiene dos poderes legislativos y dos poderes judiciales, sino además dos Presidentes. Del 10 al 23 de enero de 2019 estamos en el limbo, sólo que es un limbo muy activo que debe ser analizado día tras día.

Presidente más o menos, corrida la arruga hasta el 23 de enero

Menos legitimista, pero política y socialmente más importante, fue la convocatoria que hizo Juan Guaidó a una manifestación popular, que espera nacionalmente masiva, el próximo 23 de enero. Fecha simbólica, sin duda alguna, y muy emotiva. Si las oposiciones partidista y ciudadana logran realmente un 23 de enero de verdad masivo, cualquier cosa puede pasar, incluso dentro de los cuarteles. Creo que la concurrencia de Nicolás Maduro, el mismo 10 de enero, a Fuerte Tiuna, a jurar ante los militares y a aclararles que cuenta con ellos, es llamativo, la primera vez que un Presidente venezolano hace tal espectáculo. El 23 de enero próximo habrá dos grandes ocupantes de las calles venezolanas: la ciudadanía opositora, y los uniformados militares y policiales. Tendremos que estar pendientes, será un día clave.

Vivir aislado puede ser complicado, y más con los bolsillos vacíos

Con muy contadas excepciones, numerosos gobiernos del planeta han advertido que no reconocen a Nicolás Maduro como Presidente de Venezuela desde este 10 de enero, y alguno incluso ni siquiera le permitirá entrar en su territorio. Y la Asamblea Nacional, y unos cuantos voceros oficiales del mundo, han dejado claro que tampoco reconocen a la Asamblea Nacional Constituyente como poder legislativo de Venezuela. Hasta el gobernante e izquierdoso Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha señalado oficialmente que la investidura de Nicolás Maduro “carece de legitimidad al ser electo sin garantías democráticas”, y que “se apegan al mensaje de la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior”, Federica Mogherini. También, es inevitable, recomiendan “un diálogo sincero que desemboque en ‘elecciones libres’ ”. Mogherini, también en un tuit, había señalado que “The EU deeply regrets that President Maduro is today starting a new mandate on the basis of non democratic elections”. Más claro, agua.

El Secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo ha reiterado que “el Gobierno de Maduro es ilegítimo”, el Asesor de Seguridad del Gobierno estadounidense John Bolton advirtió que “es hora de que Maduro se haga a un lado y permita elecciones libres en Venezuela”. Brasil y Chile, para sólo citar a dos gobiernos suramericanos, han confirmado su reconocimiento a la Asamblea Nacional, Paraguay rompió relaciones diplomáticas, Perú se ha mostrado duro e intransigente y ni siquiera dejará entrar en su territorio a Nicolás Maduro y, según La Patilla.com, “varias embajadas suramericanas ubicadas en Caracas estarían dispuestas a acoger al presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó y su familia si éste se juramenta como mandatario de Venezuela frente al parlamento”, citando a CNN.

Las fuentes de esta cadena habrían señalado también que “hay personajes en la oposición venezolana que se encuentran negociando con funcionarios del Gobierno” –aunque hay que recordar que cada vez que la oposición ha “negociado” con el madurismo, ha salido trasquilada. Las conversaciones estarían siendo adelantadas con los dos hermanos Rodríguez.

Aparte del problema de Maduro, cuya respuesta prepotente y creo que contraproducente fue darles un plazo de 48 horas (que este fin de semana prorrogaron ¿generosa o inevitablemente?) para que cambien de opinión, está el gravísimo tema económico, que tiene al Gobierno contra la pared. No sólo la indetenible hiperinflación –en realidad ya es más que “hiper”-, sino los precios de todos los productos sin excepción que suben permanentemente, sin etapas y, en consecuencia, la creciente angustia de una ciudadanía que cada vez menos puede comprar lo mínimo para alimentarse y curarse –fíjense que ni siquiera menciono “bienestar”.

Los jefes de las grandes industrias del Estado –vale decir, petróleo y minería- no sólo no han logrado rescatar el aceleramiento de la caída de las empresas y sectores a su cargo, sino que lo han agravado, el ejemplo más sencillo es PDVSA. La Venezuela controlada por Nicolás Maduro, sus adheridos y el alto mando militar, ya no es un productor y comercializador relevante en el mundo petrolero.

Con las arcas vacías, el Gobierno necesita dinero fresco porque encabeza un Estado exageradamente inflado y abrumadoramente incapaz que ni siquiera logra cumplir adecuadamente con los bonos y ayudas populares, y en quien ningún empresario nacional o internacional confía.

La angustia es a quién pedirle dinero fresco.

Los países con capacidad económica para prestar han dejado claro que no reconocen a Nicolás Maduro como Presidente de Venezuela, los organismos internacionales con la misma capacidad y objetivos mantienen posiciones similares y, en consecuencia, las grandes compañías multinacionales no sólo no vienen ya a Venezuela, sino que han estado yéndose.

El gigante con capacidad y posible interés en meter dinero en Venezuela –China, para Rusia no es negocio más allá de vender armas cuyos pagos exigen al contado y oportunidad para una estrategia geopolítica de sostener un amigo en las narices de Estados Unidos- están exigiendo que se les pague la billonada que se les debe y que se les den ventajas especialísimas antes de meter un dólar –yuang- adicional.

India anda en sus propios planes de expansión, Brasil ha virado por completo del socialismo cómplice de un Lula Da Silva ahora encarcelado a la derecha anticomunista de Jair Bolsonaro, Turquía no cuenta, su Gobierno sólo hace aspavientos porque son una potencia menor que además no puede arriesgar sus propias relaciones con quienes desconocen al Gobierno venezolano, los países asiáticos no son esperanza y hasta Japón ha dejado claro que tampoco reconoce a Nicolás Maduro.

La caída económica de Venezuela desde 2013 ha sido de poco más de un 50%, del cual una contracción del 12 % -que es bestial, insostenible- en 2018, la inflación escapa a todo cálculo, el bolívar sigue valiendo menos que el papel de sus billetes, ya los billetes de 2 bolívares ni siquiera son fácilmente aceptados y se habla de la desaparición de los de 5 y de 10 soberanos. ¿Cómo puede afirmar Nicolás Maduro –como ha hecho varias veces en las últimas semanas- que 2019 será “el año de la recuperación económica”? Alardes de quien sólo sabe hablar y necesita reprimir para que siquiera lo escuchen. Sólo que escuchar no significa creer.

Quizás sea bueno recordar –como alguien hizo recientemente- que el derrumbe de la Unión Soviética se produjo finalmente cuando Moscú se vió en dificultades para pagar los sueldos militares. Soy de los que cree que este Gobierno se soporta cada vez más sobre las bayonetas y cada vez menos sobre la opinión popular, pero es difícil creer que todos los militares venezolanos estén felices, contentos, motivados y bien pagados –aparte de los corruptos que se “redondean”, que van desde guardias en alcabalas hasta la absurda proliferación de generales y almirantes. Si son los menos o los más, no lo sé. Pero que cada día más el pueblo vea a los militares como cómplices y sostenedores del desastre es asunto que debería preocupar a todos los integrantes de ese hoy muy cuestionado sector.

Claro, también hay que reconocer que algo bueno han hecho el chavismo y especialmente el madurismo: convencer cada día más a los venezolanos de que los militares nunca arreglan nada, al contrario. Si quieren más detalles, pregúntenles a los argentinos, uruguayos, paraguayos, chilenos, peruanos, panameños y hasta a los brasileños cuyo nuevo Presidente es un militar, pero hace años retirado y activo en la vida civil.

Gigantes empresariales venezolanos están en estado de emergencia, cada día menos gigantes aunque sean estratégicamente fundamentales, y son más los despidos que deciden que las inversiones para producir y mantener cadenas de distribución. Los burócratas maduristas puede que tengan extensas caravanas de vehículos nuevos, blindados y limpios, pero la mayoría ciudadana sólo tiene autobuses y por puestos, y las humillantes y peligrosas “perreras”. O los pies.

Un detalle a tomar en cuenta, y que debería preocupar al Gobierno de Maduro, es que ya hay tenedores de bonos que no sólo están demandando a Venezuela por intereses impagos, sino que se niegan a discutir condiciones con el Gobierno, basados en que para ellos el organismo constitucionalmente adecuado es la Asamblea Nacional.

De ilusiones también se vive, pero igualmente se puede morir.

Pongan atención a La Pastora

Vamos a estar claros en la cuestión religiosa. Una cosa hace el Vaticano como estado, y otra la iglesia que pone la cara en esta Venezuela, la de los obispos –y sus párrocos- de la Conferencia Episcopal Venezolana, clara y permanente crítica y opositora al Gobierno madurista extensión del chavista. La diferencia importante es que el chavismo, que comenzó el desastre, tenía dinero para repartir y cubrir errores, al madurismo ese dinero le queda día tras día más corto.

Pero el asunto no es tan sencillo.

En la juramentación de Nicolás Maduro este 10 de enero pasado no estuvo presente el representante nato del Estado Vaticano, el Nuncio Apostólico, sino un obispo enviado para mantener la presencia de las sotanas. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que el Estado Vaticano lleva meses sin aceptar al escogido por Nicolás Maduro como embajador de Venezuela, Roy Chaderton, hoy en dia un embajador sin embajada.

Este lunes 14 se celebra en Barquisimeto la fiesta de la Virgen de La Pastora, un evento que tradicionalmente reúne a centenares de miles de devotos. Hay que estar pendientes, no tanto a lo que pase que posiblemente –ojo, digo “posiblemente”- no pase nada, sino a los sermones. Que no son necesariamente exaltaciones a la virtud y la aplicación del verdadero cristianismo, sino las expresiones de la Conferencia Episcopal. Es decir, la posición de la Iglesia católica venezolana.

Atención, Guaidó: ahora vienen las amenazas e intimidaciones, pero también algo que puede ser peor: los consejeros

Lo mejor de Juan Guaidó, por encima de las expresiones de aburrimiento y la sequedad de las caras de los dos vicepresidentes de la Asamblea Nacional que representan a sus partidos, es que es un ejemplo de algo que podría estar pasando en este país.

Ya ha pasado tiempo desde que muchos ciudadanos se han hartado de las idas y venidas, diálogos públicos y acuerdos secretos, de la oposición partidista. La aparente insurgencia de una juventud con muchas menos trabas es una señal de que podría estarse produciendo un cambio muy profundo, histórico.

En Venezuela la juventud ha sido siempre protagonista de la historia. La mayoría de los próceres de la independencia fueron muy jóvenes, se hicieron adultos maduros combatiendo en esos entre once y catorce años –según lo mida usted entre el 19 de abril de 1810 y las dos batallas definitivas, la de Carabobo en 1821 y la naval del Lago de Maracaibo en 1824- de guerra feroz. Los caudillos y caudillitos que ensangrentaron y frenaron al país desde la muerte de Bolívar hasta la llegada de Castro y Gómez, no eran, salvo excepciones, jóvenes.

En el trascendental 1928 fue la juventud estudiantil la que se enfrentó a la brutalidad gomecista poniendo en el campo su libertad y sus vidas. Durante la década de los años 50, fue una juventud militar, ésta ya en sus treinta o cuarenta años, la que aún con fuerza dictatorial, transformó la Venezuela pequeña y semirural en una nación pujante y moderna.

Los mismos jóvenes que habían enarbolado la democracia en 1928 llegaron al poder en 1958 apoyados por la organización política eficaz que habían forjado y por la fuerza popular y la nueva juventud militar; en 1992 fue una juventud militar la que aunque fuese con mentiras y gran incompetencia en su especialidad la que se levantó contra el bipartidismo; en 2014 y 2017 –para no entrar en detalles de eventos anteriores- fue la juventud la que salió a las calles venezolanas a enfrentarse a los gases lacrimógenos y a unos uniformados ideologizados e implacables. Y son muchos los jóvenes hoy engarfiados en cárceles y sótanos del régimen, y exiliados. O asilados, como Freddy Guevara.

Llama la atención Juan Guaidó porque es un profesional universitario que a sus treinta y pocos años es dirigente del partido de un joven como Leopoldo López, y este 10 de enero también llamó la atención una joven, mujer, además, que fascinó con su apasionado discurso, Rafaela Requesens, hermana de otro joven dirigente ya con brillo y sacrificio propios.

Para ratificar que siguen sin aprender, los maduristas respondieron a los jóvenes con el aparente -¿y poco sincero?- desprecio de Nicolás Maduro, y la tosca amenaza de Iris Varela, que no podía dejar escapar esta oportunidad para ratificar lo que es la filosofía del régimen de cuyo Gobierno forma parte, advirtiendo públicamente al presidente de la Asamblea Nacional que ya le tiene lista su celda y su uniforme de preso. Mala señal para los venezolanos dentro y fuera de su país, y para la comunidad internacional.

Juan Guaidó debería recordar –investigar, preguntar- cómo trataron de enredar a Ramón Velásquez cuando fue nombrado por el Congreso Presidente provisional de la República después que adecos y el Fiscal General de entonces sacaron a Carlos Andrés Pérez del Gobierno, y nombraron a Velásquez tras prometerle que lo apoyarían en todo. Para detalles más completos sugiero a Juan Guaidó conseguir y leer el libro “La Paz Ramónica” de Edgar C. Otálvora.

La crisis de los aguacates

Tal vez la decisión del nuevo y promadurista y procastrista Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de intervenir la red de distribución petrolera de Petróleos de México, PEMEX, en vista de los numerosos robos de combustible directamente de las tuberías, haya sido necesaria.

Pero como López Obrador es, por lo visto hasta ahora, de karma similar al madurismo, la decisión se le ha convertido en una bomba social peligrosa con una crisis de gasolina y largas colas por varios días en las estaciones de servicio mexicanas. Pero también, como consecuencia, en un problema económico –pérdidas de tiempo, retrasos en entregas, afectación del transporte público, por ejemplo- que alcanza también a un sector productor y exportador que en México es de capital importancia.

Los aguacates, no sólo la “persea gratissima” que exaltó Linneo, sino el fruto que forma parte de la dieta habitual de los mexicanos de todos los sectores socioeconómicos, el guacamole, y que significa para ese país ingresos en divisas por exportación si no más jugosos, al menos tan importantes como el petróleo y otras exportaciones mexicanas.

Un detalle revelador es que para el 24 de este mes los productores mexicanos deberían haber exportado a su vecino estadounidense unas 100.000 toneladas de aguacates, previsión sólo para enero, mientras la producción aguacatera del vecino norteño está estacionalmente detenida hasta marzo. De las previstas 100.000 toneladas hasta ahora sólo han logrado enviar unas 30.000, y se les viene encima una fecha trascendental, el Super Bowl, el juego que no sólo lleva miles de fanáticos al estadio en cuestión, sino que es el evento televisado de mayor importancia –me atrevería a decir, a pesar de ser fanático de los Yankees de Nueva York, los Cubs de Chicago y los gloriosos Leones del Caracas- que incluso la transmisión de la Serie Mundial de béisbol.

La fecha del 24 de enero tiene que ver con que el Super Bowl se celebrará el 4 de febrero; el lapso entre ambas fechas es para ventas y distribución, porque resulta que el platillo favorito de los fanáticos del fútbol americano es precisamente el guacamole. Y la crisis de la gasolina tiene a los transportistas y a los cosechadores de aguacates mexicanos angustiados, pues de las tres semanas de intensa exportación ya se han consumido dos.

¿Cómo les suena “Mister President Castro”?

El Secretario (ministro) de Vivienda del ya expresidente Barack Obama es un estadounidense de origen mexicano llamado Julián Castro, que este sábado pasado informó públicamente, en inglés y en español, que se lanza como candidato presidencial demócrata para las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020. Castro es nacido en Estados Unidos y segunda generación de inmigrantes mexicanos, y uno de sus hermanos, Joaquín Castro, es actualmente representante de Texas en el Congreso.

No es por ahora el único candidato. Los otros demócratas que entran en competencia por la candidatura de su partido son los congresistas Elizabeth Warren, “una de las figuras más populares y progresistas del Partido Demócrata”, Jhon Delaney, de Maryland y Tulsi Gabbard de Hawai. Nuestro heart is con you, Julian Castro!

También se está hablando, aunque sin confirmación oficial, de la posibilidad de una candidatura de quien fuera Vicepresidente de Obama, Joe Biden, quien no ha confirmado nada aunque “se ha mostrado escéptico sobre las opciones que tienen otros demócratas con el ojo puesto en la Casa Blanca de batir finalmente al actual Presidente Donald Trump”. Es antihistórico que el Presidente estadounidense en ejercicio sea derrotado en su aspiración a un segundo mandato, pero ha sucedido, recuerden a Jimmy Carter. A Trump le quedan dos años para recomponer su imagen algo deteriorada, ya veremos.

Caracas, noches del 11 al 13 de enero de 2018

Principales fuentes: La Patilla.com, Konzapata.com, Venepress.com, El Universal.com, CNN.

Para el día después, que será el primer día de un nuevo período democrático para Venezuela, se debe tener un plan de acción para recuperar los sectores productivos del país. Uno de ellos es la agricultura, donde hay que considerar muchos aspectos, y en esta oportunidad trataremos el tema de qué cultivos y cuánta superficie debemos sembrar de cada uno de ellos, para iniciar la recuperación de la agricultura venezolana post socialismo del siglo XXI.

Todos los venezolanos estamos en conocimiento de las limitaciones tan severas que hay en el suministro de suficientes y oportunos alimentos para la población, debido, en gran parte, a la destrucción de la agricultura, lo cual ha estado ocurriendo progresivamente durante estos veinte años de régimen socialista del siglo XXI. Ante la ineficiencia y la maldad del régimen, que por el rumbo que lleva se considera es insostenible en el corto plazo, en el país hay diversos grupos de especialistas y colaboradores en las distintas disciplinas, que están trabajando arduamente en la preparación de opciones para iniciar la recuperación de la agricultura bajo un gobierno democrático. Considerando que los anaqueles están vacíos de alimentos, en una primera instancia es prioritario importar una cierta cantidad de alimentos para eliminar esa profunda escasez, y paralelamente, iniciar programas agrícolas, bien orientados, que lleven a cubrir la cantidad de alimentos que demanda anualmente la población venezolana.

Para cerrar la brecha entre la actual hambruna y un adecuado suministro de alimentos, además de la importación de emergencia que se debe hacer, es preciso comenzar con programas agrícolas bien claros en cuanto a qué cultivos sembrar y cuánto sembrar de cada uno de ellos. Sobre la base de consumos aproximados a los estimados por el Instituto Nacional de Estadística para el año 2011, y los rendimientos históricos de la mayoría de los cultivos importantes del país, hemos llegado a los siguientes valores de superficie a sembrar de un buen número de cultivos, sin incluir forrajes que deben cubrir extensas superficies:

Cultivo Requerimiento (ton.) Superficie (ha) Rendimiento (kg/ha)

-Arroz 1.000.000 250.000 4.000

-Sorgo granífero 600.000 200.000 3.000

-Maiz amarillo 2.607.500 745.000 3.500

-Maiz blanco 1.400.000 400.000 3.500

-Soya 1.400.000 800.000 1.750

-Caña de azúcar 10.000.000 200.000 50.000 (5%)

-Caraotas negras 220.000 180.000 1.200

-Frijol 72.000 96.000 750

-Papa 560.000 28.000 20.000

-Yuca 318.000 26.500 12.000

-Auyama 240.000 17.000 14.000

-Melón 320.000 16.000 20.000

-Patilla 300.000 15.000 20.000

-Plátano 547.500 36.500 15.000

-Cambur 392.000 28.000 14.000

-Café 110.000 180.000 600

-Cebolla 250.000 10.000 25.000

-Pimentón 120.000 6.000 20.000

-Tomate 300.000 10.000 30.000

-Zanahoria 250.000 10.000 25.000

-Guayaba 240.000 15.000 16.000

-Lechosa 418.000 22.000 19.000

-Mango 117.000 9.000 13.000

-Naranja 270.000 18.000 15.000

-Limón 110.000 10.000 11.000

-Mandarina 99.000 9.000 11.000

-Piña 231.000 11.000 21.000

Total 3.348.000 hectáreas

Esos datos, con todas las imprecisiones que puedan tener, sirven de orientación en relación a la superficie que debe estar disponible en los diferentes sistemas suelo-planta-clima que existen en las regiones agrícolas del país. Ese conocimiento, permitirá ubicar cada cultivo en el ambiente más favorable para su desarrollo y producción, a la vez que se pueden establecer las fechas de siembra y el manejo general más adecuado para cada uno de los sistemas considerados.

Estas cifras también facilitan las estimaciones de recursos que se requieren para llevar adelante probables programas de siembra, tanto de maquinarias y equipos, como del resto de insumos aplicables a cada caso. En este sentido, es muy importante poder estimar las cantidades y tipos de semillas, de fertilizantes y de plaguicidas, de tal manera que se pueda programar su importación con suficiente tiempo para que lleguen a las unidades de producción de manera oportuna. Por supuesto, en los casos de insumos que puedan ser producidos en el país, como es el caso de ciertos fertilizantes y semillas certificadas de algunas especies, programar con suficiente anticipación las cantidades requeridas y organizar su distribución en el territorio nacional.

En el caso de algunos cultivos permanentes como la mayoría de los frutales, hacer inventario de las áreas ya establecidas y revisar las condiciones de manejo, especialmente en lo referente a riego, para hacer las correcciones a que haya lugar que permitan asegurar un buen manejo de las plantaciones y mejorar su productividad.

En el caso de las hortalizas, definir las áreas que se pueden producir con ambientes controlados como en invernaderos, porque los insumos requeridos pueden variar en relación a las siembras a cielo abierto con riego convencional, particularmente en lo referente a los fertilizantes. En invernaderos es prácticamente obligatorio aplicar fertirrigación, para lo cual se requieren fertilizantes hidrosolubles.

Con estas informaciones se puede llegar a cifras más reales de los requerimientos en divisas, al menos para una primera etapa de la recuperación de la agricultura venezolana post socialismo del siglo XXI.

Enero de 2019.

pedroraulsolorzano@yahoo.com

www.pedroraulsolorzanoperaza.blogspot.com

Sexto año consecutivo de contracción económica

2018 registra el peor desempeño de la economía venezolana en muchos aspectos. La economía se redujo en 18% según el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), fue del 15%. Ha sido el sexto año consecutivo de contracción, arrojando una caída del ingreso por habitante en torno al 50%, el peor desempeño conocido para un país no incurso en una guerra. El hecho de corresponder con el período íntegro de gobierno de Nicolás Maduro no es coincidencia, sino resultado de perpetuar un conjunto de políticas adversas al bienestar de la población, cuyos efectos negativos se hicieron aún más visibles una vez retrocedieran los precios internacionales del crudo desde los niveles extraordinarios alcanzados entre 2008 y 2014. Estas políticas han desatado una pavorosa hiperinflación que ha devastado el tejido económico, arruinando a la inmensa mayoría de los perceptores de ingreso. En consecuencia, han producido un empobrecimiento acelerado de los venezolanos, con sus trágicas secuelas de hambre, enfermedades y muertes.

A lo largo de este período, la ANCE, por su cuenta o acompañada por las otras Academias Nacionales, ha hecho numerosas recomendaciones al gobierno, instándolo a rectificar y a instrumentar un conjunto de acciones y medidas para superar el grave deterioro en las condiciones de vida de la población. Asimismo, calificados economistas han reiterado tales señalamientos en presentaciones diversas y entrevistas. El gobierno, no obstante, ha insistido en mantener sus políticas, lo que lleva a concluir que persigue deliberadamente objetivos contrarios al bienestar de los sectores mayoritarios de la población.

La hiperinflación

El problema crucial que hoy aqueja a los venezolanos en lo económico es el de la hiperinflación. El año que culmina registra un alza general de precios de casi 1.700.000 % según la Asamblea Nacional, único órgano oficial que publica cifras al respecto. Ello es resultado del desequilibrio abismal entre una demanda por bienes y servicios producida por políticas fiscales y monetarias que multiplicaron los dineros del público varios centenares de veces durante el año1, y una oferta que caía estrepitosamente2. Además, al entrar la economía en hiperinflación en noviembre de 2017, desapareció toda confianza en el bolívar: la urgencia por gastarlo cuanto antes multiplicó su velocidad de circulación, impulsando aún más la vorágine de los precios en ascenso y retroalimentando las expectativas hiperinflacionarias.

Trágicamente, el gobierno se limitó sólo a quitarle cinco ceros a la moneda para conformar, a comienzos de septiembre, una nueva unidad monetaria. Al no rectificar sus políticas, la hiperinflación venezolana se convirtió en una de las más prolongadas, magnificando sus estragos sobre la población y reduciendo la capacidad de compra de la nueva moneda al cerrar el año a apenas un 2% de cuando se emitió. Desde que el país entró en hiperinflación, el salario mínimo, incluyendo bono de alimentación, vio contraer su poder adquisitivo en más de 96%, a pesar de haberse incrementado en cinco oportunidades.

1 Hasta el 28 12 2018, la liquidez monetaria se había incrementado 650 veces, la base monetaria 423,7 veces.

2 Las importaciones se mantuvieron estancadas en niveles inferiores a la quinta parte de las del año 2012.

Una gestión pública violatoria del ordenamiento constitucional

En la génesis de tal disrupción se encuentra una gestión pública caracterizada por gastos muy por encima de los ingresos, arrojando déficits superiores al 20% del PIB. Por el lado de los ingresos, la hiperinflación desatada redujo significativamente el valor real de la recaudación tributaria (efecto Olivera- Tanzi). A ello se añade la exoneración por decreto a PdVSA y las demás empresas mixtas3 del pago del impuesto sobre la renta para el ejercicio fiscal 2018. La brecha entre los disminuidos ingresos y un gasto en expansión se cubrió con financiamiento monetario –el llamado dinero “inorgánico”. Éste aumentó más de 9.000 veces durante el año con la complicidad de un Banco Central que violó abiertamente su objetivo fundamental, establecido en el artículo 318 de la Constitución Nacional, que se expresa en “lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria.”4

Tampoco la gestión presupuestaria nacional observo el ordenamiento jurídico que debía regirla. El presupuesto para 2018, al igual que el del año anterior, no fue sometido a la consideración de la Asamblea Nacional, como pauta el numeral 6 del artículo 187 y el artículo 313 de la Constitución5. Los créditos adicionales, inflados por la hiperinflación, tampoco fueron aprobados por el órgano legislativo, como contempla igualmente el artículo 187. Alegando un “estado de excepción”, el Ejecutivo aprobó un decreto de emergencia económica, sin la autorización de la Asamblea Nacional estipulada en el artículo 339 de la Carta Magna, que ha prolongado indefinidamente, en desapego a la limitación que impone su artículo 3386. Arbitrariamente se arrogó la potestad de ejecutar gastos al margen de los mecanismos constitucionales de control y supervisión, sin rendir cuentas y en ausencia total de transparencia, práctica que se ha prestado a todo tipo de irregularidades en contra de los intereses de la Nación.

Un artilugio que retroalimenta la hiperinflación

El desconocimiento de las atribuciones de la Asamblea Nacional rompe con el equilibrio de poderes, consustancial a la República. El Ejecutivo se arroga potestades legislativas, conformando para sí una especie de “ley habilitante” permanente que ampara gastos sin control ni freno alguno, apoyándose a

veces en una “asamblea constituyente” írrita y/o en un Tribunal Supremo viciado. Durante 2018 fue imposible disponer de información clara y oportuna de la ejecución presupuestaria, ni conocer las bases

de su formulación para 2019. En tal contexto, el Ejecutivo asumió compromisos sin plan ni concierto ante el agravamiento de las penalidades de la población causado por sus políticas. Multiplicó dádivas, bonos y transferencias en especies a través de un programa discrecional de reparto sujeto a la posesión de

una tarjeta de racionamiento llamada “carnet de la patria”, un sistema de control social --clientelar en

extremo— que busca evitar protestas ante la disminución estrepitosa de la remuneración real de los venezolanos. Se instituyó así un círculo vicioso en el que el mayor gasto del gobierno no puede sino financiarse con la emisión de dinero sin respaldo, alimentando aún más la dinámica hiperinflacionaria.

La asfixia de las fuerzas productivas

A la par que el gobierno avivó el alza general de precios en 2018, continuó con sus políticas de acoso al sector privado a través de controles de precio y con normativas que regulan y restringen la producción y comercialización de bienes y servicios. El empeño en perpetuar precios controlados en hiperinflación es absolutamente inviable, aun flexibilizándolo a través de precios supuestamente “acordados” con el 3 Decreto 3.569, Gaceta Oficial N° 41.452 del 2 08 2018.

4 El aumento del salario mínimo más de 34 veces y el “bono de adaptación” al nuevo cono monetario que se introducía

decretados el 17 de agosto, multiplicó por 15, en una sola semana, la emisión de dinero sin respaldo por parte del BCV.

5 El Tribunal Supremo de Justicia se arrogó la aprobación del presupuesto de 2017. El de 2018 fue aprobado por una asamblea constituyente írrita.

6 Su duración será de sesenta días, prorrogable una sola vez por igual lapso con aprobación del cuerpo legislativo nacional. sector empresarial, e incide en una mayor escasez. Además, sujetar el margen de beneficio en 30%, como dicta la Ley Orgánica de Precios Justos, incentiva la inflación artificial de costos para justificar mayores ganancias. Asimismo, políticas de control y regulación inhiben la inversión y la iniciativa privada, rezagando mejoras en el aparato productivo en detrimento de la calidad de vida de los venezolanos. A ello es menester añadir el efecto pernicioso de haber congelado durante años el decreto de estabilidad laboral, que ha socavado la capacidad de respuesta empresarial ante las oportunidades y desafíos que pudieran presentarse, impidiendo posibilidades de generar empleo productivo mejor pagado. En contraste, políticas que hubieran promovido la competencia y liberado a las fuerzas productivas habrían contribuido a contener los precios y a promover empleos cada vez mejor remunerados.

Por otro lado, el dominio que ejerce la Fuerza Armada sobre sectores crecientes de la economía va acorralando a la iniciativa privada, en desmedro de la eficiencia y la reactivación económica. Que este sector monopolice la importación de alimentos, medicamentos y otros artículos, y domine de manera excluyente todo lo concerniente a la explotación de recursos minerales del subsuelo, no contribuye al bienestar de la sociedad. Las FANB están al frente de las llamadas “empresas básicas” del estado, incluyendo PdVSA, y controlan servicios públicos, amén de puertos, aeropuertos, fronteras y carreteras. Ello ha facilitado su intervención en actividades comerciales, que suele derivar en prácticas de extorsión y otras corruptelas. Su presencia en la gestión de empresas de servicios públicos tampoco ha sido conveniente. Muy por el contrario, hoy más que nunca se precisa trasladar esas responsabilidades a manos civiles, profesionales y competentes. Todo esto lleva a concluir que la preponderancia militar en la economía responde a objetivos encontrados con criterios de eficiencia o de solvencia técnica.

La crisis de la industria petrolera

Desafortunadamente, la ausencia de transparencia y de rendición de cuentas del sector público venezolano se traslada también a la empresa principal del país, Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), que no publica informes de sus actividades desde 2016. Fuentes secundarias recogidas por la OPEP señalan que para noviembre la producción había disminuido más de 500 mil barriles diarios desde comienzos del año, para colocarse en sólo 1 millón 137 mil b/d. Cifras del gobierno presentan una caída menor. Aunque el precio del barril de crudo venezolano en los mercados externos subió con relación a 2017, para finales de año se encontraba en descenso. Según el Ministerio de Petróleo y Minas, promedió unos $63. Al sustraer el consumo doméstico, puede estimarse ingresos por exportación petrolera entre 23,5 y 26,3 millardos de dólares para 2018. Pero de haber persistido reembolsos a China con petróleo y entregas a los países miembros de PetroCaribe similares a los existentes en 2016, los ingresos efectivos podrían haber descendido a la mitad. Cabe señalar, además, que PdVSA debió importar crudo liviano y refinados debido a la reducción de su capacidad productiva local, por lo que los ingresos netos, disponibles para atender los compromisos externos del país, habrían sido aún menores.

Lo anterior refleja una muy desacertada conducción de la industria petrolera, fuente casi única de divisas de que dispone Venezuela. Ello es tanto más grave por la dependencia excesiva que había adquirido el país de las importaciones, dada la destrucción de capacidades productivas domésticas de bienes transables, así como por los compromisos de pago de la deuda pública externa, concentrados entre los años 2017 y 2027. Cabe señalar que desde hace más de un año ocupa la presidencia de PdVSA el general de la Guardia Nacional, Manuel Quevedo, sin experiencia previa en la industria, quien ha venido colocando cuadros militares en posiciones de mando en la empresa. En atención a los resultados mostrados, preocupan las amplias facultades que le han sido otorgadas para reorganizarla.

La precariedad del sector externo

Ante la reducción en las divisas provenientes del petróleo, el gobierno ha ofrecido a países considerados amigos recursos del llamado Arco Minero del Orinoco, bajo control de la Compañía Anónima Militar de Minería, Petróleo, Energía y Gas (CAMIMPEG). Afianza así el modelo extractivista, con una minera rudimentaria del oro, coltán, diamantes y de otros minerales del subsuelo guayanés, que amenaza con provocar grave daños ecológicos en tan importante reserva natural.

Las consecuencias de una menor capacidad de obtener divisas exportando crudo se agravan por el cierre de los mercados financieros internacionales, tanto para la República como para PdVSA. Tampoco China ni Rusia, tenidos por el gobierno como países amigos, parecen dispuestos a otorgar más dinero. Según algunos analistas, la deuda externa venezolana habría superado los $155 millardos para finales de año, sin incluir los litigios contra el país por incumplimiento de contrato o por confiscación de activos, ni las deudas comerciales pendientes. Este monto representa una cifra más de seis veces superior a las exportaciones totales del año. PdVSA y la República debieron pagar en 2018 más de 8 millardos de dólares por servicio de su deuda externa. No obstante, salvo la cuota del bono PdVSA 2020, que buscó proteger la propiedad sobre CITGO, nada fue cancelado. El país, incluyendo a la empresa petrolera, está de hecho en situación de impago, ante lo cual sus acreedores principales ponderan acciones a emprender para recuperar sus inversiones. En previsión de escenarios que podrían significar la confiscación de activos, el Ejecutivo debería negociar cuanto antes la restructuración de tan cuantiosa deuda, preferiblemente con auxilio de organismos financieros multilaterales. Así aliviaría los compromisos concentrados en los próximos años y liberaría divisas para importar y para reinsertar a Venezuela en los mercados financieros mundiales. Pero salvo un anuncio unilateral al respecto por parte de Maduro a finales de 2017, nada se ha avanzado en este sentido.

La hiperinflación ha impulsado la devaluación acelerada del tipo de cambio, tanto en el mercado oficial como en el llamado mercado paralelo. Cabe recordar que la cotización oficial la determina las asignaciones a través del sistema DICOM (divisas complementarias). El 5 de febrero de 2018 ésta fue devaluada significativamente, pasando de BsF. 3.345/$ a BsF. 25.054/$, tasa que se fue deslizando progresivamente hasta alcanzar 248.832 BsF/$ (2,5 BsS) para mediados de agosto. Con la introducción del nuevo cono monetario se aplicó una fuerte devaluación, llevando el precio oficial del dólar a BsS. 60. Esta cotización se fue devaluando aceleradamente hasta terminar el año en BsS. 638,8/$, cercano al precio registrado en el llamado mercado paralelo. En total, desde comienzos de febrero el precio oficial de la divisa se encareció en 254.621,8% y, en el mercado paralelo, en 65.447,9%.

Es menester señalar que la devaluación en ambos mercados ha sido significativamente menor a la inflación, por lo que se ha apreciado en términos reales la moneda nacional. Un eventual programa de transición que estabilice las variables macroeconómicas, entre éstas, el tipo de cambio, unificándolo en un mercado de libre concurrencia, implicaría su devaluación, incluso desde su cotización en el mercado paralelo. Su efecto sobre los precios (pass-through) será adverso, obligando a instrumentar mecanismos de compensación a los sectores más vulnerables ante tal ajuste. A comienzos de año se estimaba más bien la posibilidad de apreciar el bolívar en el mercado paralelo, que hubiera evitado tal impacto negativo.

La precariedad del sector externo acarrea fuertes restricciones a la importación, tanto de bienes de consumo final, como de insumos, maquinaria y equipos para la actividad productiva. Repercute muy desfavorablemente en el bienestar de los venezolanos. Lamentablemente, las políticas oficiales nada han contribuido para revertir esta situación. Al contrario, llama la atención el monto tan bajo de divisas canalizadas a través del sistema DICOM para importar. Sólo fueron adjudicados durante el año $192,8 millones, poco más del 60% de éstos al sector empresarial. Esto significa que el grueso de las importaciones hechas por el sector privado fue realizada a la tasa paralela, bastante superior durante buena parte del año, lo que tuvo un impacto alcista sobre los precios internos. Adicionalmente, obliga a indagar sobre el uso dado por el gobierno a las divisas restantes por concepto de exportación petrolera. Si no fueron a pagar el servicio de la deuda que vencía este año, ni tampoco se destinaron al pago de importaciones, y con reservas internacionales que variaron muy poco, ¿a dónde fueron a parar? Se trata de una cifra que probablemente superó los $ 10 millardos. La opacidad y falta de rendición de cuentas de la gestión pública en nada contribuyen a disipar temores acerca de su aprovechamiento indebido.

Deterioro del bienestar del venezolano

Los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2018 (ENCOVI), realizada entre investigadores de las universidades Católica Andrés Bello, Central de Venezuela y Simón Bolívar, complementan el cuadro de deterioro en el bienestar de los venezolanos que se recoge en este balance económico del año. La pobreza, medida por ingresos, se incrementó a 94% de los hogares encuestados, desde un 87% correspondiente a 2017. En el primer año que se efectuó la ENCOVI (2014), su nivel era del 48,4% de los hogares. La encuesta recoge, asimismo, datos que revelan un incremento en la precariedad de la protección social como en la prestación de servicios: 25% de los hogares declararon que el servicio eléctrico se interrumpía diariamente por varias horas, 14% que llegaba el agua a su casa una vez por semana y otro 14% una vez cada dos semanas. En materia de educación, disminuyó la asistencia escolar de la población entre 3 y 24 años a sólo 70%, fundamentalmente entre jóvenes de 18 a 24 años. Entre los factores que explican la inasistencia a clase de la juventud escolarizada, en un 28% fue por fallas en el servicio de agua (19% en 2017); 22% por falta de comida en el hogar (12% en 2017); 13% por falta de comida en el plantel (7% en 2017); y 11% por inasistencia del personal (4% en 2017). La encuesta registra, a su vez, una disminución de la población económicamente activa (PEA), particularmente por el incremento de personas jubiladas y pensionadas. El desempleo aumenta en uno por ciento para llegar a 10% de la PEA, a pesar de los decretos de estabilidad laboral. Finalmente, la ENCOVI registra, con base en estimaciones de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) un aumento de los migrantes venezolanos fuera del país a 2,3 millones. En 2017 era de 1,622 millones.

Por otro lado, se registra un aumento de hogares receptores de las misiones sociales, fundamentalmente de los alimentos repartidos por el sistema CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción). Según datos ofrecidos por el gobierno, pasó de 6,7 millones en 2017 a 7,3 millones. El número de hogares con algún miembro poseedor del “carnet de la patria”, aumentó también de 5,8 millones a 6,9 millones. Todo esto es síntoma de una precarización económica continuada de los hogares venezolanos.

Comentarios finales

No se exagera al afirmar que 2018 fue un año terrible para la gran mayoría de los venezolanos. Es una obligación encontrar vías para superar perentoriamente los estragos causados. Es reprobable que las autoridades públicas, cobijándose en una retórica primitiva, pretendan escabullir sus responsabilidades inventando enemigos a quienes echar la culpa en vez de tomar cuanto antes las medidas exigidas. Esta postura ha fomentado el quebrantamiento del orden institucional propio de una economía mercantil sana, competida, capaz de dinamizar el desarrollo en beneficio de las grandes mayorías. Ampara, por el contrario, una economía de expoliación, en la cual la ausencia de mecanismos de control y de rendición de cuentas permite a quienes ocupan posiciones de mando en la jerarquía de poder aumentar su usufructo de la renta y de la riqueza social que todavía logra generarse. Ha dado lugar a la constitución de una nueva oligarquía que parasita de los esfuerzos, esperanzas y aptitudes de los venezolanos. Los programas de control social a través del reparto buscan legitimar este proceder.

La ANCE se ve compelida, por tanto, a reiterar los señalamientos hechos en anteriores oportunidades sobre la necesidad ineludible de implantar un programa de estabilización que liquide, cuanto antes, la devastación producida por la hiperinflación. Para ello es imperativo sustituir el financiamiento monetario por financiamiento internacional, sanear las cuentas públicas, rendir cuentas de la gestión fiscal y monetaria, y estabilizar un mercado cambiario único y funcional. Tal programa requerirá de un generoso financiamiento de los organismos multilaterales, un programa de atracción de inversiones productivas y el levantamiento de los controles y medidas punitivas que aplastan la iniciativa privada e impiden la competencia y la mejora en la productividad. Al liberarse las fuerzas productivas y aprovecharse la enorme capacidad no utilizada de las empresas, podrá abatirse el desabastecimiento, aumentar el empleo y mejorar su remuneración.

El año 2018 fue el último año del período constitucional de Nicolás Maduro. En condiciones normales, los ciudadanos, en ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos, hubieran elegido un nuevo gobierno que instrumentara rápidamente las soluciones a los terribles problemas que padece. Desgraciadamente, quienes usufructúan el poder pretenden, por artimañas violatorias de la constitución y de los derechos legítimos de los venezolanos, perpetuarse más allá de la fecha del 10 de enero cuando les toca entregar el mando. Esto es inadmisible, tanto por razones de orden constitucional y republicano, como humanitarias. Condenará a la población a privaciones y penurias aún mayores. Oponerse a ello y luchar por restablecer las garantías del orden constitucional democrático es, por tanto, un compromiso ineludible.

En Caracas, a los ocho días del mes de enero de 2019,

Humberto García Larralde Sary Levy Carciente

Presidente Secretaria

Al terminar 2018 todo parecía marchar sobre ruedas para Viktor Orbán. Las consignas i-liberales (i-liberales, termino de su autoría) han sido hecha suyas por todos los movimientos xenófobos que asolan Europa. El elitista, tecnocrático pero muy democrático Macron, se encuentra acosado por el fuerte movimiento social de los “chalecos amarillos” de Francia, donde, usando los más demagógicos medios, Marine Le Pen intenta poner pie, y al parecer con buenos resultados. La internacional de los ultranacionalistas de la cual Orbán fue su iniciador, se apresta a asaltar electoralmente a los bastiones de la UE y no pocos auguran que la UE puede llegar a ser la unión europea de los anti-europeos.

En la ceremonia brasileña de toma de posesión, Orbán fue recibido por Jair Bolsonaro como un hermano en la lucha por la misma causa. Políticamente lo son: ambos comparten el mismo ideal de “república cristiana” (precursada por el generalísimo español) Ambos son partidarios de un estado confesional. Ambos son “anti progres”, antiliberales, antiparlamentaristas. Ambos son partidarios de una sociedad culturalmente uniforme y económicamente deforme. Ambos son “ultras” (ultra-conservadores en todo lo que tenga que ver con la cultura, con el sexo y con la política y ultraliberales en todo lo que tenga que ver con la economía) Y no por último, ambos son admiradores de Trump y del trumpismo. La leve diferencia es que Orbán mantiene, además, una relación directa con su aliado Putin y Bolsonaro (todavía) no.

Por eso, cuando regresó desde la festiva Brasilia a la bella Budapest, Orbán debe haber dejado de entender el mundo. En su propio país y en sus propias calles había surgido un movimiento nacional popular y democrático en contra de la primera autocracia europea post-guerra fría de nuestro tiempo.

La verdad, el movimiento ya había comenzado en 2018, principalmente en contra de la por los opositores llamada “ley de la esclavitud”. La novedad del 2019 fue que Orbán no solo se encontró con un movimiento social reivindicativo como son los “chalecos amarillos” en la Francia de Macron- sino con uno social y político a la vez, es decir con uno en donde las demandas socioeconómicas se articulan perfectamente con las demandas democráticas. Expliquémonos:

La “ley de la esclavitud” fue el detonante. El gobierno la denomina “ley de flexibilización del trabajo”. La verdad, no es ninguna de las dos cosas. Es simplemente una ley laboral anti-social equivalente a los tiempos originarios del capitalismo. Bajo el eufemismo “flexibilización” la jornada de trabajo extra anual será elevada de 250 a 400 horas. Por cierto, arguyen los orbanistas, se trata de un tiempo de trabajo flexible y voluntario. Pero los dirigentes sindicales (Hungría, desde los tiempos del comunismo es uno de los países europeos con mayor experiencia sindical) entendieron de inmediato el sentido y la lógica de la ley. Su objetivo es aumentar la jornada de trabajo y al mismo tiempo dividir al sector laboral entre los capacitados físicamente para alcanzar las 400 horas extras y los trabajadores más débiles, declarados desde ya como trabajadores discapacitados. A ellos se suman los que están obligados por diversas razones a trabajar menos horas extras, la mayor parte mujeres. En fin, una ley darvinista y sexista a la vez.

¿Cuál es la razón que llevó a Orbán quien fuera durante el periodo comunista un declarado defensor de los derechos de los trabajadores? La razón económica es evidente: al igual que en el resto de los países de Europa, Hungría sufre de una disminución cuantitativa de la masa de trabajo, entre otras razones debido a la baja de la tasa de natalidad, también similar a la mayoría de los países de Europa. Problema grave si se tiene en cuenta que, a diferencia de otros países europeos, Hungría es exportador y no importador de fuerza de trabajo. El 5% de la población húngara en condición de trabajar lo hace fuera de las fronteras del país.

¿Y cuál es la solución al problema? Pues, la misma que tomaron los países occidentales en el periodo de post-guerra: importar fuerza de trabajo extracontinental, sobre todo de Turquía y del mundo árabe. Gracias a esa opción tuvo lugar el llamado “milagro alemán” en los años cincuenta (hecho que los historiadores conservadores atribuyen solo a la disciplina de los alemanes)

El aporte de los trabajadores extranjeros a la productividad europea occidental sigue siendo enorme, razón por la cual el sector empresarial, particularmente el de la construcción, se pronuncia en contra de las leyes anti-migratorias propuestas por los ultra-nacionalistas. Y bien, esa solución tan obvia es la que no puede aceptar Orbán.

¿Y cuáles son las razones de Orbán? No son económicas. Son puramente políticas. Y la razón de las razones es que Orbán ha llegado a constituirse en líder, no solo húngaro sino europeo, de una radical doctrina anti-migratoria. Si abandona esa doctrina, Orbán se desinflaría como un muñeco de plástico. Perdería su elan, su carisma, su identidad política e ideológica. Dejaría, en fin, de ser lo que es o ha llegado a ser: la versión católica del islámico Erdogan y del judío Netanyahu (los tres, deformadores estatistas de las -para el autor de estas líneas- muy valoradas tres religiones abrahámicas) Para conservar esa imagen ha optado incluso por aplicar medidas económicas correspondientes a los periodos originarios del capitalismo. Y, naturalmente, en esa empresa debía chocar, irremediablemente, con el movimiento sindical.

El problema -y eso debe haberlo advertido Orbán- es que desde enero el movimiento ya no es solamente sindical sino, además, político. “Nuestro objetivo es recuperar el Estado de derecho” dijo Bernardett Sziel ex presidente del partido ecologista (LMP) Entre esos derechos se cuentan la libertad de opinión y de prensa, la pluralidad partidaria y sobre todo -como ha declarado Czaba Molnár, presidente del partido liberal (DK)- la invalidación de la reforma judicial que pondría fin a la división de poderes. Así, el primer estado autocrático antiliberal de la Europa post-comunista está siendo social y políticamente confrontado por la mayoría de los partidos democráticos de la nación, incluyendo incluso algunas personalidades del Fidesz (el partido de Orbán)

En el hecho estamos en presencia de un movimiento formado por tres vertientes: la de los sindicatos obreros, la de los partidos y -hecho muy importante- el de las nuevas generaciones estudiantiles agrupadas en un nuevo partido llamado Momentum, todos opuestos radicalmente a la misoginia, homofobia y confesionalismo del régimen. Los jóvenes húngaros quieren ser europeos, pero del siglo XXl y no del siglo XlX.

Interesante es constatar la vocación primeriza de Hungría. Fue en ese país donde comenzaron a aparecer las primeras milicias de resistencia anti-nazi. Ahí mismo, 1956, ocurrió la primera revolución anticomunista del siglo XX, aplastada a sangre y fuego. Fue también el primer país en donde fueron aplicadas medidas modernizadoras anti-socialistas, antes aún de que fuera derribado el muro de Berlín. También -nobody is perfect- fue el primer país en donde fueron construidos muros para detener a los movimientos migratorios. Trump, en ese punto, es solo un imitador de Orbán. Y hoy Hungría es el primer país europeo en donde ha emergido un fuerte movimiento de protesta democrática en contra de una autocracia post-moderna, la primera de Europa.

Será difícil para Orbán enfrentar al nuevo movimiento. La articulación entre lo social, lo político y lo cultural-generacional – lo sabe el mismo desde los días del Solidarnosc polaco- suele ser fatal para los regímenes que la enfrentan. Si Orbán hace concesiones aparecerá como lo que no quiere ser: un gobernante débil. Si no las hace, el movimiento continuará avanzando y sumando. Tanto más dificultoso para Orbán si se considera que 2019 iba a ser para él un año decisivo. En primavera tienen lugar las elecciones europeas a las cuales Orbán ha conferido un carácter nacional. En otoño, diversas elecciones regionales y comunales. Si los rebeldes de “las tres vertientes” continúan su lucha, los proyectos electorales anti-UE del autócrata anti-UE se vendrán al suelo. El dirigente sindical Lázlo Kordán anunció que ya están teniendo lugar los preparativos para una gran huelga general. Esperemos.

La historia de Hungría siempre estará dispuesta a ofrecernos sorpresas.

Polis

10 de enero de 2019

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