El Comité de Derechos Humanos Para la Defensa de Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad rechazó las recientes detenciones de José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), y William Lizardo, presidente de la Federación de Trabajadores de la Construcción (Fetraconstrucción).
“El allanamiento de la vivienda del ciudadano Elías Torres, presidente encargado de la CTV, el 29 de noviembre, su desaparición forzada y la negación de información sobre su paradero, así como también la detención de Willian Lizardo, de 80 años de edad, el 28 de noviembre, presidente de FetraConstrucción, ambos miembros de la Comisión que participa en el Foro de Diálogo Social, constituyen un grave crimen de Estado que pone en riesgo la vida, la salud y la integridad física y mental de ambos”, dice el texto compartido por el Comité.
El Comité considera que las detenciones de Torres y Luzardo representan una violación a la libertad y autonomía sindical, y señalan que la nueva agresión se suma a la “sistemática persecución, encarcelamiento y hostigamiento contra dirigentes y trabajadores que ejercen los derechos que la Constitución garantiza”.
Acusan a la administración de Nicolás Maduro de responder con “más represión” a las legítimas exigencias de los trabajadores. “El Estado venezolano continúa desobedeciendo de manera abierta y desafiante las recomendaciones emitidas en relación con los Convenios 87, 98 y 26, violaciones que fueron ratificadas en la Asamblea del 24 de noviembre de 2025 del Consejo de Administración de la OIT. La falta de cumplimiento, acompañada de desapariciones forzadas y allanamientos ilegales contra dirigentes sindicales, exige medidas adicionales, urgentes y proporcionadas a la gravedad de estas violaciones persistentes”, agrega.
En ese sentido, exigen la libertad plena de José Elías Torres, así como del resto de los presos políticos y solicitan a la Organización Internacional del Trabajo que active los mecanismos de seguimiento reforzado establecidos para los casos de incumplimiento grave; y que emita una declaración pública urgente condenando la desaparición forzada de ambos dirigentes sindicales-También piden a esta instancia que exija al Estado venezolano la presentación inmediata de información verificable sobre sus paraderos y estados de salud; y que evalúe medidas adicionales acordes con la persistencia del desacato y el agravamiento de la represión sindical.
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