Figuera recibió un diagnóstico elaborado por el presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, sobre el derecho a la libertad de expresión
La delegación opositora que participa en el proceso de negociación impulsado por Estados Unidos en Venezuela prevé abordar la próxima semana las garantías políticas y civiles, así como la libertad de expresión, cuando se reanuden las conversaciones con el chavismo.
Dinorah Figuera, jefa de la representación opositora, adelantó el contenido de la próxima etapa durante un encuentro virtual con abogados del estado Mérida. Según explicó, está previsto instalar “la mesa de libertades o garantías políticas y civiles y, por supuesto, la libertad de expresión”.
El dirigente Sergio Vergara señaló que las discusiones se concentrarán en el marco legal e institucional relacionado con la represión. La intención, dijo, es revisar normas que, a su juicio, fueron diseñadas “con la sola intención” de limitar las libertades.
Figuera también informó que recibió un diagnóstico elaborado por el presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, sobre la situación de este derecho en Venezuela, documento que será considerado en las discusiones.
Revisión de leyes y mecanismos de represión
Vergara mencionó entre las normas que podrían ser examinadas la Ley contra el Odio, utilizada para procesar a personas por mensajes publicados en redes sociales; la legislación sobre fiscalización y control de las organizaciones no gubernamentales; y la Ley Simón Bolívar, aprobada en 2024.
Esta última contempla penas de hasta 30 años de prisión, multas millonarias e inhabilitaciones políticas de hasta 60 años para quienes promuevan sanciones contra el gobierno o funcionarios públicos.
El opositor sostuvo que el objetivo será adaptar ese marco legal a un esquema más “ajustado” a los derechos humanos.
Jorge Millán, también integrante de la delegación, expresó su expectativa ante la nueva fase de conversaciones y aseguró que el próximo ciclo “le va a dar buenas noticias al país”.
Acuerdos del primer ciclo
El nuevo encuentro dará continuidad a las conversaciones que el chavismo y un sector de la oposición —sin participación de María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia— cerraron el pasado 12 de agosto, después de una semana de reuniones.
En esa primera etapa, las partes acordaron avanzar en la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyos magistrados son señalados por sus críticos de actuar a favor del gobierno, y gestionar la recuperación de activos venezolanos depositados en el Banco de Inglaterra para destinarlos a la atención de las víctimas de los terremotos de junio.
Como parte de ese acuerdo, la Asamblea Nacional, reformó un artículo de la ley del TSJ para ampliar la participación de la sociedad civil en el comité encargado de postular a los nuevos magistrados. Los opositores consideran que ese cambio puede favorecer una mayor independencia en las designaciones.
El proceso para renovar el Supremo
El opositor Juan Miguel Matheus explicó este jueves que la evaluación y postulación de los nuevos jueces podría extenderse hasta 90 días, conforme a los plazos establecidos en la legislación.
El Parlamento ya había iniciado en abril un procedimiento para sustituir a parte de los magistrados del Supremo, pero el proceso quedó interrumpido tras los terremotos registrados en junio.
La reanudación de las conversaciones plantea ahora una nueva fase de discusión sobre las garantías políticas y civiles, en paralelo con los compromisos institucionales asumidos durante el primer ciclo.
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