Los expertos Aníbal Sánchez y Jesús Castellanos coinciden en que la renovación del Poder Electoral y la actualización y depuración del Registro Electoral son pasos técnicos fundamentales antes de una nueva convocatoria electoral. Ambos expertos también subrayan la necesidad de legalizar organizaciones políticas y realizar auditorías exhaustivas al sistema

La captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero configuró una nueva realidad política para Venezuela, que ahora puede considerarse como un «Estado tutelado» por Estados Unidos. Bajo esta figura, el gobierno estadounidense marcó una hoja de ruta dividida en tres fases: estabilización, recuperación y transición. Aunque la encargada de la administración de Venezuela, Delcy Rodríguez, muestra ser dócil en la gestión de recursos económicos y apertura de inversiones, para algunos analistas aplica tácticas de dilación en el plano político para ganar tiempo mientras que la oposición insiste en su llamado a condiciones para elecciones libres, con acciones como una gira nacional anunciada recientemente por el dirigente Juan Pablo Guanipa

Ante la ventana de oportunidad que representa esta coyuntura para la consolidación de una transición política en el país, la posibilidad de una nueva elección presidencial con condiciones y garantías requiere de una serie de pasos técnicos y políticos previos que, según los analistas Aníbal Sánchez y Jesús Castellanos, pasan por una negociación política que abarque una nueva legislación en materia electoral y el nombramiento de nuevas autoridades electorales, entre otros puntos.

El consultor electoral Aníbal Sánchez aclara que las únicas elecciones pautadas en Venezuela, hasta el momento, son los comicios locales de 2028, cuando se vence el período de los alcaldes. El experto explica que cualquier proceso previo a esa fecha sería consecuencia de un «hecho sobrevenido».

En conversación telefónica con El Pitazo, explicó que, en el caso de la captura de Nicolás Maduro y la posterior proclamación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, los supuestos constitucionales de ausencia absoluta, como muerte o renuncia, no ocurrieron de forma taxativa. En ese sentido, Sánchez destaca que «no ocurre esa convocatoria en los 30 días por ausencia absoluta» porque no se cumplen los requisitos de la Constitución.

Ante el dilema institucional, el Tribunal Supremo de Justicia realizó una interpretación que creó la figura de la «ausencia forzada». Esta figura otorga legitimidad a Delcy Rodríguez, quien asumió la gestión de recursos bajo la tutela de Estados Unidos.

Sánchez advierte que la transición real no tiene tiempos fijos y las fases de estabilización y recuperación pueden durar entre 6 y 24 meses cada una antes de la reestructuración institucional. Castellanos, en tanto, considera que es posible cumplir con todos los pasos que se requieren para unas elecciones libres, siempre que exista voluntad política y comience «ya» el proceso de designación de nuevas autoridades electorales.

Acuerdos políticos

Las normas internacionales ISO/TS 17582 y 54001 definen la forma de llegar a una resolución de los conflictos electorales como base para certificar un proceso. Este punto establece que el sistema debe resolver disputas con transparencia para asegurar la paz institucional.

Ante el reclamo por el resultado de la elección presidencial de 2024 anunciado por las autoridades electorales y los hechos del pasado 3 de enero, la transición política en Venezuela debe ser el resultado de un proceso de negociación de alto nivel. Aníbal Sánchez afirma que «las transiciones políticas en estas condiciones son producto de acuerdos y negociación», en este caso, con la mediación de Estados Unidos como guía del proceso.

Para el experto, la fase de estabilización que propone el gobierno estadounidense busca que cada órgano del Estado opere de forma efectiva, mientras que la fase de recuperación debe enfocarse en el restablecimiento de los servicios públicos y la infraestructura nacional. Luego de estos procesos es que Estados Unidos contempla la transición.

Cambio de autoridades

El estándar ISO establece la necesidad de una planificación y organización de la logística electoral que asegure la participación. Un organismo certificado requiere una estructura que garantice que todos los recursos humanos y técnicos estén listos para el sufragio.

El primer paso institucional es el nombramiento de un nuevo Poder Electoral. Jesús Castellanos, también consultado por El Pitazo, sostiene que es imperativa la designación de un «nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) Ad hoc, que organice la elección presidencial y del parlamento nacional». Señala que este proceso debe ser previo a la publicación de cualquier cronograma y bajo los tiempos que define la ley.

Aníbal Sánchez destaca que el rescate de la institucionalidad depende de quiénes dirijan el organismo. «Es muy importante quién está dirigiendo el proceso, ya sea a nivel de la Junta Nacional Electoral conformada por rectores o del directorio del poder electoral», enfatizó. El experto afirma que las autoridades necesitan conocimientos técnicos profundos sobre el sistema automatizado.

Código electoral

Las normas ISO exigen facilitar un instrumento eficaz para que el votante ejerza su derecho «pleno» y pueda obtener evidencias documentadas. Este principio busca que la ley electoral sea clara y proteja la voluntad del elector.

Para Sánchez, la creación de un nuevo código electoral limita la discrecionalidad de los rectores. Sánchez define este instrumento como una «camisa de fuerza» que determine períodos constitucionales y fechas fijas ante los vacíos que existen en la legislación actual. El consultor electoral destaca que hay una deuda de 25 años con la Ley de Referéndum y denuncia que, ante ese vacío, los rectores «rigen el proceso a través de unas resoluciones que ellos mismos hacen» con requisitos arbitrarios.

Sánchez hizo hincapié en un punto que considera fundamental: «Necesitamos, primero, las autoridades en el Poder Legislativo que tengan iniciativa e intención, y segundo que las personas que estén trabajando ahí conozcan del tema». El experto insiste en la necesidad de que el personal que trabaje en esta área conozca los aspectos técnicos para poder adecuar las leyes a la realidad del voto electrónico. También sugiere eliminar la reelección indefinida.

Legitimidad a los partidos

La certificación ISO incluye el registro de organizaciones con fines políticos y de los candidatos como una base fundamental. También establece la fiscalización del financiamiento de las campañas electorales.

La reconstrucción democrática exige la legalización de las organizaciones políticas. Jesús Castellanos incluye un lapso para legalizar nuevas organizaciones, como Vente Venezuela. Sobre este punto, Aníbal Sánchez aclara que Vente Venezuela no figura como una organización con fines políticos ante el CNE, debido a que nunca ha podido presentar candidatos en un tarjetón electoral.

Sánchez sostiene que los partidos deben legitimarse desde sus bases para ganar músculo político en los 335 municipios. Propone revisar el artículo 67 de la Constitución para restablecer el financiamiento público a organizaciones con al menos el 10 % de los votos. El consultor afirma que la falta de recursos oficiales fomenta la corrupción y el ventajismo electoral.

Revisión del archivo de cedulación

De acuerdo con la norma ISO, la base del proceso es un Registro Electoral o de votantes integrado por un archivo en el que queden identificados todos los ciudadanos habilitados. El sistema de identificación es la base de la confianza en el sufragio.

Aníbal Sánchez afirma que «la columna vertebral de cualquier proceso electoral es el sistema de identificación». En el caso venezolano, señala, el punto de partida es el Archivo Venezolano Cedulado (AVC), que el experto califica como corrupto debido a irregularidades históricas y fallas en la base de datos.

El consultor insiste en auditar el AVC antes de cualquier jornada de actualización del registro electoral. Señala que los problemas de ciudadanos con cédulas de 22 y 23 millones para actualizar datos evidencian que el sistema requiere depuración técnica inmediata. El experto resalta la necesidad de personal especializado en dactiloscopia para esta tarea.

Actualización del registro electoral

El estándar ISO define al registro como el instrumento de identificación y subraya la importancia de la educación electoral. Esta etapa incluye información, sensibilización y capacitación de los votantes.

La depuración del padrón electoral exige una jornada masiva. Castellanos propone un despliegue dentro y fuera de Venezuela para atender a millones de ciudadanos. Sánchez sugiere una jornada nacional de cinco o seis semanas en sitios de alta concurrencia como plazas y estaciones de metro. «Vamos a hacer una jornada nacional de actualización del registro electoral donde todos tengamos que ir a poner nuestras huellas y a tener un nuevo padrón electoral», propone el consultor.

Un obstáculo para la diáspora es el artículo 124 de la ley electoral. Esta norma exige un estatus de residencia legal para inscribirse en el exterior. Sánchez recalca que la universalidad del voto solo se garantiza si el registro permite la inscripción de todos los mayores de 18 años sin las trabas que afectan a los venezolanos fuera del país.

Página web y estructura técnica

La normativa ISO estipula que el mecanismo debe permitir recuento y constatación de resultados. Toda la plataforma tecnológica y los sistemas de transmisión de datos deben ser auditables y transparentes para los actores y ciudadanos.

La operatividad del CNE depende de la Junta Nacional Electoral, la Oficina de Registro y la Comisión de Participación Política y Financiamiento (Copafi). Sánchez reitera que estos órganos requieren rectores capacitados en la técnica del voto automatizado.

El experto resalta la necesidad de recuperar la oficina de fiscalización de cedulación, una instancia que dejó de existir. Esta oficina permitía un control estricto sobre el ingreso de nuevos electores. Sánchez menciona que fallas operativas, como el mal funcionamiento de la página web del CNE, reflejan la debilidad institucional. El manejo técnico debe cumplir estándares internacionales que aseguren la integridad de cada fase.

Los plazos

La planificación según las normas ISO requiere cronogramas que aseguren la participación y el cumplimiento de cada etapa desde la convocatoria hasta la resolución de conflictos. Los tiempos deben ser suficientes para la ejecución con rigor técnico.

Aníbal Sánchez detalla que el desarrollo de un cronograma electoral estándar toma aproximadamente 165 días. Esto equivale a unos cinco meses de trabajo para cumplir con 99 actividades previas al día de la votación. El consultor aclara que procesos más cortos en el pasado respondieron a hechos sobrevenidos que no existen hoy.

Jesús Castellanos afirma que es posible cumplir con las tareas pendientes y el cronograma en menos de nueve meses si la designación del nuevo CNE inicia de inmediato e incluye entre las tareas básicas del nuevo CNE las «invitaciones a la observación electoral internacional y acreditación de la observación electoral nacional». El analista considera que este acompañamiento es parte de la rigurosidad necesaria para una elección de transición

Sánchez concluye que la transición involucra fases de estabilización sin tiempos fijos, por lo que el proceso requiere un acuerdo político sólido que priorice la institucionalidad. Explica que la figura de la «ausencia forzada» con la que se le dio legitimidad a la administración encargada de Delcy podría extenderse hasta el final del periodo constitucional si la Asamblea Nacional así lo decide. 

Ante esta realidad, propone aprovechar el tiempo de «veda electoral» —periodo donde no hay una convocatoria activa— para realizar las reformas técnicas y legales de fondo, entre ellas la definición de fechas fijas, con el fin de evitar convocatorias que dependan de la voluntad política y asegurar que el proceso se realice bajo condiciones de competitividad real.

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