La Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela pidió este miércoles el desmantelamiento de los colectivos armados del chavismo, a los que señaló por participar en protestas, operativos de seguridad y actos de represión política, con apoyo de fuerzas estatales, contra ciudadanos a los que consideran opositores.

María Eloísa Quintero, investigadora especializada y miembro de esa instancia de las Naciones Unidas, presentó un avance de los hallazgos contenidos en los informes que se presentarán este viernes, que incluyen información sobre violaciones de derechos humanos y libertades políticas y sociales durante el último año, con especial énfasis en el periodo posterior al operativo militar estadounidense del 3 de enero.

“Desarme, desmovilización y desmantelamiento”

Quintero señaló que la misión ha investigado la actuación de los colectivos armados del chavismo y sus vínculos con las autoridades, pero aclaró que no todos responden a los mismos intereses, no operan en los mismos territorios y tienen distintas estructuras y formas de organización.

“Recomendamos cesar el apoyo estatal a estos colectivos armados, recuperar el control legítimo sobre el uso de la fuerza y las armas, dejar de delegar funciones coercitivas a estructuras que son civiles y emprender un proceso progresivo, pacífico y basado en los derechos humanos para su desarme, desmovilización y desmantelamiento”, manifest“Estos grupos civiles armados son progubernamentales, han ejercido violencia y funciones de autoridad pública con distintos niveles de apoyo, coordinación o aquiescencia estatal. Un hallazgo central es que el papel de estos grupos armados va mucho más allá de intervenir como grupos de choque durante una manifestación”, dijo.

“Han apoyado la represión”

“La misión tiene motivos razonables para creer que han apoyado la represión mediante tareas de vigilancia e identificación de personas consideradas opositoras, así como mediante su participación en protestas, operativos de seguridad y acciones de represión política selectiva, frecuentemente en coordinación con fuerzas estatales”, añadió.

La experta aseguró que esos grupos tienen control de economías ilícitas y participan en actividades que encarnan la impunidad. Indicó que la presencia cotidiana en las comunidades les ha permitido a los colectivos ejercer otras formas de control, como la gestión o distribución de alimentos, combustibles, servicios y beneficios sociales en determinados sectores del país.

Afirmó que estos sujetos vigilan la actividad política y median en conflictos a través de la coacción. “Para una persona residente, expresar una crítica puede ser consecuencia y tener actividades respecto de su seguridad, sino también con un problema en el acceso a los recursos esenciales. Así se produce un clima de terror y de autocensura que restringe las libertades desde el ámbito comunitario”, añadió.

Vinculados con el Estado: equipamiento y financiamiento

La Misión Internacional de Determinación de los Hechos determinó que los colectivos armados del chavismo están vinculados con el Estado venezolano. Mencionó el respaldo público que reciben de las altas autoridades, el acceso a recursos, equipamiento y financiamiento.

También se detectó la incorporación de miembros de colectivos a instituciones públicas y cuerpos de seguridad, así como la presencia de funcionarios o exfuncionarios en esos grupos. Asimismo, en el documento se establece que existe una delegación expresa o implícita de funciones relacionadas con el orden público y el control territorial. 

Advirtió que la falta de investigaciones y de sanciones ha permitido que estas relaciones persistan. 

Sancionar y garantizar la reparación

Destacó que la misión encontró motivos razonables para creer que determinadas conductas de integrantes de colectivos son atribuibles al Estado, como cuando actuaron en operaciones bajo dirección o control estatal o en su condición formal de miembros de órganos estatales.

Aclaró que esos hallazgos no confirman que todos los colectivos considerados como grupos sean órganos del Estado. Sin embargo, indicó que, con independencia de la atribución de un acto concreto, las autoridades tienen la obligación de prevenir los abusos, de investigar los hechos, sancionar a los responsables y garantizar la reparación de las víctimas.

“El Estado no puede eludir su responsabilidad externalizando la violencia a actores nominalmente civiles. Una reforma de las instituciones formales por sí sola no bastaría para poner fin a estas prácticas. Es indispensable investigar tanto los abusos cometidos por sus integrantes como la participación o aquiescencia de funcionarios públicos”, expresó.

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