A pocos días de las elecciones de gobernadores, diputados nacionales y regionales, previstas para el 25 de mayo, el proceso electoral venezolano sigue marcado por graves irregularidades, falta de transparencia y ausencia de garantías mínimas.

Las recientes decisiones de las Salas de Casación Civil y Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela han vuelto a poner en el centro del debate judicial la figura del concubinato como forma de unión estable de hecho.

Casi 2 años después de ser publicada en Gaceta Oficial y de entrar en vigor oficialmente, la Ley Orgánica de Extinción de Dominio fue aplicada por primera vez por la justicia venezolana el 10 de febrero de 2025.

El crecimiento económico de Venezuela enfrenta dos peligros en el horizonte: la guerra arancelaria que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado contra el resto del mundo y las nuevas sanciones que Washington ha impuesto a la industria petrolera venezolana y a quienes compren el crudo que produce.

El máximo juzgado ha ratificado su criterio de que los medios telemáticos como la aplicación de mensajería WhatsApp se pueden utilizar en los procesos judiciales, esta vez para que los ciudadanos deleguen en sus abogados la potestad de representarlos sin necesidad de acudir personalmente a un juzgado.

La situación de los derechos humanos en Venezuela no para de agravarse. Así lo denunció la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

Tras intervenir e imponerle nuevas autoridades a una decena de partidos políticos, algunos sindicatos y organizaciones humanitarias en los últimos años, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha admitido que medidas de esta naturaleza representan una violación al derecho fundamental a la asociación.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) parece no haber tomado en cuenta que las normas contenidas en los artículos 1 del Código Civil, 7 de la Ley de Publicaciones Oficiales y 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública) exigen la publicación en la Gaceta Oficial de todo acto de efectos generales para considerarlo vigente .....

Al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no parecen importarle los informes de organismos internacionales que ponen en duda su independencia o que lo acusan de ser instrumento de la represión del Gobierno.