Se habla del estancamiento de la aspiración a una recuperación económica en el país. Pareciera que este proceso se topa con límites asociados a la insuficiencia de las medidas adoptadas en el ámbito político-institucional, las cuales podrían ir sentando fundamentos para la seguridad jurídica necesaria en el campo económico y para despejar un horizonte de democratización indispensable a fin de apuntalar los cambios que se impulsan en la esfera económica.
Uno de los asuntos que debe ser tratado para avanzar en la dirección de la recuperación económica en un marco de reinstitucionalización democrática es el de las garantías de participación política que deben ofrecerse a todos los actores de la vida nacional, las cuales comprenden tres fases: la preelectoral, la referida a las elecciones y la postelectoral.
En lo preelectoral, debe darse reconocimiento a organizaciones políticas que operan en el país y que aún no han podido inscribirse ante el CNE, esto aunado a la resolución de las disputas sobre el uso de los símbolos y el ejercicio de funciones directivas en determinadas organizaciones.
Ello ha de tratarse desde el postulado del favorecimiento del pluralismo y de la más amplia participación política que consagra nuestra Constitución. Por otra parte, deben quedar sin efecto las inhabilitaciones políticas impuestas por la Contraloría General de la República.
Ha de facilitarse, además, el retorno de exiliados políticos y otorgarse libertad plena a actores políticos y sociales que aún están sometidos a procedimientos penales o medidas de coerción personal.
Las primeras decisiones apuntadas presuponen la completa renovación del CNE, para que esos pasos sean dados por un órgano rector del Poder Electoral que reúna condiciones de imparcialidad y confiabilidad.
En lo concerniente a las garantías de participación en las elecciones, ha de auditarse y depurarse el Registro Electoral y deben organizarse jornadas especiales de actualización de ese registro, en forma articulada con las organizaciones políticas, y hay que realizar procesos similares en el exterior para la inscripción y actualización de electores.
Algunos han planteado que, para llevar a cabo esta inscripción y actualización en el exterior, habría que reformar la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en principio limitativa en cuanto al alcance de los venezolanos que habitan fuera de Venezuela y pueden incorporarse al RE con su actual dirección en el extranjero.
Pero esto podría resolverse mediante una interpretación adecuada de esa ley y de su reglamento, orientada por la Constitución y los instrumentos de derechos humanos.
Adicionalmente, han de definirse las reglas y concertarse los convenios requeridos para la veeduría o acompañamiento internacional de las elecciones. Igualmente, las pautas de financiamiento de campañas y publicidad electoral, evitando ventajismos.
Otras garantías se refieren al proceso electoral mismo, a la libertad del sufragio, las auditorías previas y posteriores a las votaciones y al escrutinio, las actas e instrumentos y medios de verificación y, en general, la transparencia y confiabilidad de la elección y sus resultados.
Estas garantías deben extenderse a mecanismos para hacer valer la voluntad popular y descartar desafueros provenientes de órganos aparentemente jurisdiccionales que pretendan desconocerla.
Las garantías postelectorales son esenciales y han sido poco consideradas. En la actual situación venezolana son primordiales y abarcan el rechazo a cualquier forma de exclusión política o negación de las posibilidades de participación en contra de determinada fuerza o corriente política, pero van más allá, pues incluyen la búsqueda de fórmulas institucionales o de gobierno que favorezcan la participación e influencia de quienes sean derrotados en los comicios y de distintas voces.
El Consejo de Estado y el Consejo Federal de Gobierno son instancias constitucionales que pueden ser aprovechadas para dar cabida a personalidades ligadas a factores diversos del ámbito político y social, en el primer caso, o para incluir a ONG y otras organizaciones de la sociedad civil, en el segundo.
La creación del Senado mediante reforma constitucional puede ser una solución que confiera a los estados el peso que en un Estado federal deben tener en el parlamento o congreso como instancia colegisladora y que propugne la incidencia de fuerzas no mayoritarias en la toma de decisiones.
La clave está en un espíritu, marco institucional, acción y discurso político que promuevan la participación de las minorías en el proceso democrático.
Las minorías no solo deben ser respetadas, al igual que la posibilidad de que pasen a ser mayorías, si el pueblo lo determina, en virtud de la alternabilidad, sino que son pilar fundamental de la gobernabilidad democrática y en el contexto venezolano cobra especial significación la apertura de espacios de inclusión política.
Esperemos que se aprecie la importancia de comenzar a trabajar en estas tres fases.
Jesús María Casal es Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho Constitucional y ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).