La Asamblea Nacional el día 15 de enero 2019, ha aprobado un Acuerdo mediante el cual se autoriza la ayuda humanitaria para atender la crisis social que sufre la sociedad venezolana.

El contenido del Acuerdo se desarrolla en 10 considerando y 11 acuerdos.

I.- Algunos antecedentes el Acuerdo.

En el pasado reciente, la Asamblea Nacional ha actuado en materia de salud y seguridad alimentaria, y además, el Acuerdo recuerda que en septiembre del 2018 el Consejo de Derechos Humanos de la Organizaciones de las Naciones Unidas aprobó una Resolución mediante la cual se reconoce la crisis humanitaria en Venezuela.

Actuación de la Asamblea Nacional en dos temas relacionados con la crisis humanitaria:

En el caso de la Salud, la Asamblea Nacional logró aprobar la Ley Especial para atender la Crisis Nacional de Salud en fecha 28 de abril de 2016, así como también, ha aprobado diversos acuerdos relativos a la crisis hospitalaria, la epidemia de malaria y la reaparición de enfermedades como tuberculosis y difteria.

En materia de alimentación, ha aprobado 3 Acuerdos previos en los cuales ha desarrollado el tema seguridad humanitaria, específicamente abordando el tema de la seguridad alimentaria, a saber:

El 11 de febrero de 2016 con el título Acuerdo mediante el cual se declara crisis humanitaria e inexistencia de Seguridad Alimentaria de la Población Venezolana.

En ese Acuerdo la Asamblea Nacional, acordó exigir a distintos actores que respondieran al país atendiendo a sus atribuciones:

-Al presidente le solicitaron un Plan de Seguridad Alimentaria.

-Al BCV la publicación de los datos estadísticos sobre la escasez de alimentos.

-Al INE y al INN la publicación de datos estadísticos sobre la pobreza, la desnutrición, etc...

-A la FAO y a UNICEF que enviara una comisión de expertos a evaluar la realidad en Venezuela.

-A la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberania e Integración, que solicitara informes sobre el estado de acuerdos relacionados con el tema de la seguridad alimentaria.

-A la Comisión Permanente de Administración y Servicio, la elaboración de un informe sobre la situación del Corporación Venezolana de Alimentos y sobre los distintos actores relacionados con el tema agroalimentario.

El 21 de julio de 2016 con el Acuerdo de condena de la represión política y de la violación de los derechos humanos, a propósito del ejercicio del derecho constitucional a la protesta por el hambre y la escasez de alimentos.

El 14 de marzo de 2017 aprueba una Declaratoria de crisis humanitaria en materia alimentaria en el país; en ese Acuerdo la Asamblea Nacional recordó que según el artículo 305 de la Constitución Nacional el Estado está obligado a garantizar la seguridad alimentaria de la población.

En ese mismo texto la Asamblea Nacional había exhortado a los órganos del Poder Público a adoptar, atendiendo a sus atribuciones respectivas, medidas urgentes para combatir el hambre. Igualmente hizo un llamado para que se activen todos los mecanismos institucionales viables para enfrentar la problemática conjuntamente con la sociedad organizada.

En aquél momento se creó una Comisión para definir la participación de los distintos sectores en una consulta nacional para definir las acciones que debían emprenderse para impedir que se agravara la crisis alimentaria.

Así mismo, la Comisión estaba comprometida a identificar la cooperación internacional para combatir el hambre.

Por último la Asamblea Nacional se había comprometido en marzo de 2017 a aprobar una Ley sobre la crisis humanitaria en materia alimentaria.

II.- El papel de los organismos multilaterales actores claves en este Acuerdo

En este nuevo Acuerdo que autoriza la ayuda humanitaria para atender la crisis social que sufre el pueblo venezolano, permite interpretar, que los organismos multilaterales tendrán una enorme responsabilidad para que el Acuerdo del 15 de enero 2019 se pueda efectuar de manera efectiva.

En tal sentido la Asamblea Nacional mediante el texto del Acuerdo ha exhortado a los organismos multilaterales a:

-No permitir que el Estado monopolice la administración y orientación de la ayuda humanitaria.

-Apoyar a distintas iglesias, organizaciones no gubernamentales y las redes médicas para hacer contraloría, veeduría y acompañamiento de los programas de ayuda.

-No permitir que la ayuda humanitaria sea utilizada por el régimen que usurpa el poder en Venezuela para los fines de control social y propaganda política.

Así mismo, acordó exigir a los organismos de cooperación que la ayuda humanitaria que canalice, se administre en forma consistente con los criterios de universalidad, humanitarismo, neutralidad, imparcialidad y rendición de cuentas establecidos en la Norma Humanitaria Esencial, en la Carta Humanitaria Internacional y en los mandatos y códigos de conducta de sus agencias.

III.- Medidas para lograr una efectiva ayuda humanitaria.

Financieras.

-Aprobación de fondos de organismos bilaterales o de agencias de cooperación sobre la asignación de subsidios directos a los hogares más vulnerables.

Dotación de material.

-Dotación de material médico quirúrgico, así como la entrada de medicamentos para enfermedades crónicas y/o de alto costo, así como los medicamentos de alta rotación, todos incluidos en el listado de medicamentos esenciales de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) así como en el listado del Fondo Estratégico de la misma organización.

-Dotación de los puestos del nivel primario de salud con suplementos nutricionales, alimentos terapéuticos y esquemas suplementarios de embarazadas.

Vacunación.

-Que se permita la entrada al país de vacunas para subir nuestro actual nivel de cobertura de 25% y llevarlo al estándar internacional de 98% a nivel nacional, para de esta manera atender las epidemias de sarampión y difteria, así como tratamiento para atender la Malaria.

Alimentación

-Exhortar y gestionar la producción e importación extraordinaria de alimentos de la canasta básica para abastecer al país.

Contraloría Social.

-Exigir a los organismos de cooperación internacional, incluyendo las agencias ONU que se apeguen a sus mandatos de incentivar el papel de los parlamentos y la sociedad civil en la contraloría ciudadana de esta ayuda.

IV.- Diagnóstico de la realidad venezolana:

El Acuerdo del 15 de enero, hace una revisión de la realidad y advierte lo siguiente:

1.- Según la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (ENCOVI):

-El 87% de los venezolanos está en situación de pobreza;

-Más de 8 millones de venezolanos ingieren solo 2 o menos comidas por día y que 6 de cada 10 venezolanos han perdido 11 kilos de peso en promedio en el último año;

2.- Según Caritas Venezuela se ha duplicación los niveles de desnutrición aguda en niños y embarazadas, el colapso de las estrategias de sobrevivencia familiar entre las familias más pobres, el ascenso a más de 30% de la prevalencia de retardo del crecimiento ya irreversible incluso entre los niños recuperados de la desnutrición y el daño perdurable sobre sus vidas y sobre el capital humano del país.

3.- Según la última Encuesta Nacional de Hospitales (ENH 2018), avalada por la Organización Médicos por la Salud y presentada por la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional:

-El 88% de los hospitales del país presentan fallas de medicamentos e insumos;

-El 100% de sus laboratorios prestan un servicio intermitente a los pacientes;

-EL 96% de los servicios de nutrición hospitalaria no están activos;

-El 66% de los servicios pediátricos no cuentan con fórmulas para recién nacidos;

-El 59% de las camas de los hospitales no están operativas;

-El 53% de los pabellones de los centros de salud públicos del país no funcionan y

-El 79% de ellos no tienen servicio de agua, entre otras irregularidades;

Además, el Acuerdo alerta que han muerto muchos venezolanos y otros corren el riesgo de morir ante la indolencia del régimen que hoy usurpa el poder en Venezuela para atender la grave crisis humanitaria que padece el pueblo venezolano.

V.- La responsabilidad de la crisis humanitaria.

El Acuerdo en sus considerandos es muy categórico al afirmar que el régimen de Nicolás Maduro es el responsable de la peor crisis humanitaria de la historia de Venezuela, la cual se ha traducido en hambre, hiperinflación, escasez de medicinas y de alimentos, entre otras penurias que sufre el pueblo venezolano.

La Asamblea Nacional también denuncia que los principales elementos de esa crisis son la corrupción y el saqueo de los recursos públicos por parte del régimen que usurpa el poder en Venezuela; así como también el uso de la alimentación y la salud como estrategias de dominación social y mantenimiento del poder, todo ello en el marco de un modelo social económico y político que, afirman, se ha instaurado en el país.

VI.- La viabilidad del Acuerdo.

Este es un Acuerdo que pone en la balanza la crisis política del momento actual, pues por un lado está el poder real del régimen y el poder legítimo de la Asamblea Nacional, en consecuencia, para cumplir con este Acuerdo, ¿qué lado de la balanza se inclinará más?

Y por último, el mismo depende de la efectiva negociación de los organismos multilaterales y de la disposición del régimen de permitir la entrada de alimentos y medicinas al país.

16 de enero 2019

Maduro presentó una Memoria y Cuenta inválida del año 2018, y el Plan de la Patria para el período 2019-2025, ante un organismo ilegítimo como es la ANC. A pesar que eso no tiene ninguna trascendencia por su ilegitimidad, vale la pena comentarlo para que aquellos que aún se creen las mentiras del régimen, entiendan que hemos tenido veinte años sumergidos en engaños y burlas. Para el área de la agricultura indicó: se aprobaron 1.037 millones de euros para garantizar la siembra de 3 millones 235 hectáreas (3.235.000 ha). Ya no se habla, como en años anteriores de sembrar 200.000 ha o hasta 800.000 ha, sino que han sobrepasado los 3 millones de hectáreas. Si con superficies relativamente modestas no han cumplido ni siquiera en un 10% lo planificado para impresionar a los ciudadanos, mucho menos lo harán este 2019 con tan extensa superficie. Veamos.

Para comenzar, asumamos que en los momentos actuales sembrar una hectárea de cultivos, en promedio porque cada cultivo tiene sus propios costos, requiere unos 700 euros. Entonces esa cantidad de dinero aprobada para la agricultura solo alcanzaría para la siembra de 1.481.428 hectáreas. Ya comenzamos mal, con un déficit de 1.753.572 hectáreas, que no se podrán sembrar porque los recursos no alcanzan.

Ahora bien, la siembra de los cultivos no se garantiza con millones de euros sino con los insumos básicos como son maquinarias y equipos agrícolas, semillas, fertilizantes, plaguicidas, en cantidades suficientes y oportunas. Nos podemos preguntar, ¿dónde están esos insumos? Sabemos que Agropatria no tiene capacidad, no tiene organización, no tiene personal, digamos que no tiene nada que ofrecer en esta situación. Otra cosa sería si estuviera Agroisleña, C.A., que cada año por esta época ya tenía contratados los insumos en el exterior, listos los barcos para traerlos a puerto seguro, listos los permisos y todos los requerimientos legales, listas las gandolas para la distribución de esos insumos hacia las regiones agrícolas, y listo el personal capacitado para el manejo eficiente de todo ese gran volumen de productos.

Trabajando con cifras promedio para los diferentes sistemas suelo-planta-clima de nuestras regiones agrícolas, podemos considerar que aproximadamente, para más de 3 millones de hectáreas como plantea el régimen, se requiere cerca de un millón de toneladas de fertilizantes (1.000.000 de toneladas de fertilizantes), más de 60.000 toneladas de semillas y más de 15.000.000 de unidades de plaguicidas. Para tener idea de la logística que se requiere para ello, tomemos el ejemplo de los fertilizantes:

Los fertilizantes llegan al puerto, generalmente a granel. Supongamos que la mitad se importa en sacos y la mitad a granel, se requerirían 10.000.000 de sacos con capacidad de 50 kilogramos cada uno para ensacar 500.000 toneladas de producto. ¿Dónde están esos sacos? ¿Dónde está la materia prima para su fabricación? Si vamos a importar los sacos, ¿quién en el corto plazo puede suministrar tal cantidad? Además de los sacos se requiere una programación de los muelles en los posibles puertos de entrada, se requiere también el suministro de máquinas para la descarga y el ensacado al lado de los buques, o el traslado a granel. ¿Dónde están esos equipos? Para movilizar 1.000.000 de toneladas de fertilizantes, por todo el territorio nacional, se requerirían 33.333 gandolas con capacidad para el máximo de carga permitida que son 30 toneladas. Si durante el período de movilización de los fertilizantes, con una gran eficiencia cada gandola lograra hacer 10 viajes, se necesitarían 3.333 gandolas en buenas condiciones, solamente para los fertilizantes. ¿Dónde están esas gandolas?

Se supone que el grueso de esos insumos se necesita para el ciclo de secano, cuya siembra se inicia a mediados de abril en el occidente del estado Barinas. El período de siembra se puede extender hasta finales de julio. Quiere decir que por esas fechas debe ocurrir el suministro de los insumos a las fincas. En lo personal estoy seguro que aún con una administración seria y responsable, estando a mediados del mes de enero, es casi imposible que esos insumos, cuya adquisición debe comenzar por su negociación en el mercado internacional desde ahora, se puedan colocar a tiempo en la mayor parte de las unidades de producción.

Entonces, estamos ante una nueva mentira del régimen. Sin embargo, quizás lo único que pudiera ser cierto, es el aporte de más de mil millones de euros para la agricultura, que como siempre no serían invertidos en los programas agrícolas, si no que por el contrario, pudieran ir a seguir engrosando las cuentas de algunos funcionarios del régimen. El Plan de la Patria seguirá siendo solo palabras. El campo seguirá abandonado y el hambre seguirá incrementándose en la población venezolana.

Enero de 2019

pedroraulsolorzano@yahoo.com

www.pedroraulsolorzanoperaza.blogspot.com

El 10 de enero se anunció el inicio del segundo mandato de Nicolás Maduro. En ese día el Presidente del TSJ, Mikel Moreno, visiblemente nervioso, como si en el fondo se supiera envuelto en una equivocación, le tomo el juramento, cerrando así un episodio objetado, tanto dentro como fuera del país.

No hubo “fair play”

Objetado, digo, porque los comicios presidenciales efectuados el año pasado transcurrieron, desde el momento mismo en que fueron convocados, en abierta contradicción con las normas legales vigentes en Venezuela, reflejo del manual universal que rige las elecciones democráticas. En suma, estuvo ausente el “fair play” y por tanto las elecciones no fueron tales, según puede verse, por ejemplo, en el informe elaborado por el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), disponible en su página web.

Por otro lado, no obstante haberse tratado de un proceso claramente diseñado a la medida del interés gubernamental, las cifras anunciadas por el CNE mostraron un respaldo minoritario para la re-elección de Maduro, dejando ver que siete de cada 10 venezolanos con derecho a sufragar no sufragaron por él, a la par de que se registraba la más alta abstención en varias décadas para unos comicios presidenciales (54%).

Como consecuencia de lo anterior, Nicolás Maduro no sólo resultó ilegítimamente nombrado como Presidente, sino que encima obtuvo un apoyo político precario que obviamente multiplica el peso del sector militar en lo que se refiere a su permanencia en el poder.

Un discurso que borró la crisis

Haciendo caso omiso de lo anterior, Maduro acudió a la ANC presento su Memoria y Cuenta, armada en torno a un relato difícil de creer. Resalta en este sentido el haber escondido la crisis que afecta la esencia de nuestro andamiaje como sociedad. Apenas la rozó en su discurso y fue sólo para lavarse las manos y culpar de la misma a los “enemigos de la revolución bolivariana”, según el consabido cliché con el que se despachan todos los problemas. Ignoró, en suma, las irrefutables evidencias que perfilan a un país cada vez más desestructurado, consecuencia de una gestión política y administrativa desatinada y muy poco honesta.

Pero, casi más grave que lo anterior, fue el hecho de que en su alocución Nicolás Maduro haya propuesto un programa de gobierno delirante, concebido desde la magia, con sombrerito y conejo, cuyo dibujo final es un futuro irrealizable, plasmado en un conjunto de insólitos objetivos, salpicados de frivolidad ideológica, varios de ellos, por cierto, barajitas repetidas desde el año 2104.

No queda duda después de su intervención en la ANC, que, por cierto, fue disciplinadamente aplaudida por los diputados, que el nuestro es una país que anda mal, en el que las angustias de la vida cotidiana asoman como destino probable para una cantidad cada vez mayor de sus ciudadanos.

¿Un país de mejor ánimo político?

Pareciera, ojala uno no esté equivocado, que lo ocurrido el 10 de enero hizo un click – un punto de inflexión, preferiría decir un experto - en la política nacional, dominada en los últimos tiempos por el escepticismo y el desánimo, propiciados, desde luego, por el desengaño con respecto al voto, pero aún más por la notable devaluación del proyecto chavista y el desdibujamiento de la alternativa representada por los sectores opositores. Luce que, a partir de ese día, pudiera estar comenzando el regreso a la política, al tiempo que se disipa gradualmente la sensación que se tiene de la sociedad como callejón sin salida. Luce, así pues, que gana terreno, la idea de construir, sin caudillos y sin esperar milagros, una ruta para ir sorteando los enormes obstáculos que se tienen y redefinir, elecciones mediante, el horizonte del país.

El Nacional, viernes 18 de enero del 2109

No es difícil adivinar. A escasos cinco días de su usurpación, Maduro ha ratificado su disposición a profundizar aún más la situación de miseria, hambre y muerte que ha urdido sobre los venezolanos, y a continuar reprimiendo sus derechos fundamentales para quedarse en el poder.

Empezando por lo último, es poco lo que se puede añadir al secuestro por parte de agentes del SEBIN del diputado Juan Guaidó, a quien le corresponde constitucionalmente encargarse de la Presidencia de la República por ausencia de un titular legítimamente electo. La alarma que suscitó internamente y la reacción inmediata de la comunidad internacional demandando su liberación inmediata, dan fe del nivel de torpeza a que llevó la desesperación fascista. Las absurdas explicaciones de Jorge Rodríguez, en las que no escasean las mentiras, son un reconocimiento de haber cruzado peligrosamente la raya.

Y, el 14 de enero, el usurpador le echó aún más gasolina al fuego hiperinflacionario aumentando el salario mínimo en más de 300% (incluyendo bono de alimentación) con una economía en ruinas y un sector externo asfixiado. Destruyó, además, toda pretensión de convertir el parapeto del Petro en ancla monetario, de precios, del tipo de cambio o de cualquier cosa, al decretar arbitrariamente que ahora vale, Bs. 36.000 en vez de Bs. 9,000. Lo que sí sirve es para lavar dólares.

Debe recordarse que, cuando aumentó el salario mínimo en más de 3000% el 17 de agosto del año pasado, el BCV se vio obligado a incrementar en más de 16 veces el dinero sin respaldo para financiarlo, esa misma semana. Ello no tardó en filtrarse a la liquidez en poder del público, que desde esa fecha se ha multiplicado unas 18 veces. Hace poco más de un mes, el dictador volvió con similar exabrupto: un aumento del 150% del salario mínimo y otro invento de bonos diversos para la plebe, que se tradujeron en una multiplicación adicional --más de cinco veces-- de dinero inorgánico. Semejante irresponsabilidad produjo una astronómica inflación anual de 1.690.000% en 2018, 650 veces superior a la ya insufrible del 2017. Tampoco extrañan los terribles estragos que causó sobre la actividad económica, que cayó en 2018 en un 18% --6° año de contracción—, y sobre las condiciones de vida de los venezolanos.

Tal destrucción de la capacidad de compra del bolívar ha hecho acelerar su velocidad de circulación en la economía, ya que la gente lo canjea cuanto antes por lo que sea. Esto retroalimenta la hiperinflación, que ha tomado una dinámica propia impulsada por la ausencia total de confianza en la moneda y en la gestión del dictador. Hoy el “nuevo” billete de BsS. 100, vale menos de 5 BsS de cuando se lanzó. Y el dólar realza su vuelo para alcanzar alturas insospechadas hace un mes: en los primeros quince días del año, el bolívar se ha depreciado en un 75% --el dólar ha aumentado cuatro veces su valor—, con lo que el sueldo mínimo incrementado ya vale menos, en dólares, que su nivel anterior el 31 de diciembre. El aumento del encaje legal para “secar” la demanda por divisas obviamente no funcionó, ni funcionará en este contexto. Lo que si hará es deprimir aún más la banca: su patrimonio total apenas superaba $600 millones para noviembre del año pasado.

El gran estafador vuelve a arrojar ahora una enorme masa de dinero sobre el país, exacerbando su pérdida de valor. Continúa en su empeño por destruir salarios y otras remuneraciones fijas y a matar todavía más gente de hambre, y por padecimientos asociados a la desnutrición y la falta de medicamentos.

El gráfico siguiente muestra la pérdida de capacidad adquisitiva del salario mínimo a partir de noviembre, 2017, mes en que la economía venezolana entró en hiperinflación. Si se supone una inflación para enero y febrero, 2019, similar a la de los últimos tres meses (entre 140 y 148%), el salario mínimo se habrá reducido a menos del 2% del de noviembre, 2017.

FUENTE: AN; Gacetas Oficiales; y cálculos propios

Maduro no rectifica por desconocer esto. Usurpó el poder para otra cosa: mantener hasta donde pueda el régimen de expoliación que ha destruido la economía, devastado las arcas públicas y arruinado a PdVSA. De ahí los terribles desequilibrios macroeconómicos, la hiperinflación, el cierre de empresas, el desempleo y la absoluta incapacidad de respuesta del Estado para hacer otra cosa que no sea servirle a una oligarquía mafiosa. Y para asegurarse de eso, reprime siguiendo órdenes cubanas, niega derechos en complicidad con jueces fascistas y miente descaradamente.

Por ello la necesidad inmediata de sacar al usurpador. Cada día que pasa son más atropellos, más hambre, más muertes. Es menester cerrar filas detrás de los esfuerzos que, hasta ahora con tino y pies de plomo, viene haciendo el equipo que acompaña a Guaidó. Las críticas, cuando habrá que hacerlas, deben contribuir a sumar fuerzas, no a dividirlas. Y, en tándem, debe blindarse con el apoyo de la comunidad democrática internacional, atenta, como lo mostró su condena ante el breve secuestro del presidente de la Asamblea Nacional, a concertar esfuerzos para asegurar el respeto al Estado de Derecho y la restitución de la democracia.

Finalmente, no se puede dejar de insistirle a los militares honestos que asuman valiente y decididamente un pronunciamiento sin ambages, demandando la salida del usurpador y de su camarilla de mafiosos. Hace tiempo ya que la degeneración del alto mando quebró toda razón profesional, legal y ética por obedecerlo. Sus integrantes son cómplices y partícipes activos del saqueo que arruina a la nación, como de la represión que tortura y asesina a venezolanos. Padrino López, Benavides Torres, Reverol, Zavarce, González López y sus secuaces, además de corruptos, son fascistas, principales culpables de que se mantenga, junto a la gerontocracia cubana, el régimen perverso que tanta destrucción ha causado y que augura, para cada día adicional que se perpetúa, mayores penalidades aún. Representan la oprobiosa tradición gorila que tanto daño hizo a Latinoamérica. Que se cobijen detrás de un discurso antiimperialista no engaña a nadie. “Chapita” Trujillo también lo hizo. ¿Hasta cuándo?

Economista, profesor de la UCV

humgarl@gmail.com

Es evidente que la Asamblea Nacional está asumiendo el restablecimiento de la plena vigencia de la Constitución de acuerdo al artículo 333 y lo está haciendo con amplitud, incluyendo a todos los actores sociales sin distingo de ideología o militancia partidista.

Es un llamado, el de la Asamblea, para detener la destrucción de Venezuela, no solo de las instituciones y del Estado de Derecho sino de la cohesión social, de la economía y para evitar que continúe el caos de la hiperinflación, la pérdida del poder adquisitivo y las calamidades que a diario padecemos por la falta de alimentos, medicinas, tratamientos médicos y por la violencia generalizada que, al igual que la corrupción y debido a la impunidad, se han adueñado del país.

El cierre de la vía electoral mediante el fraude sistemático y el intento de imponer una falsa Asamblea Constituyente, así como el boicot del TSJ, no han podido liquidar la auténtica soberanía popular expresada de manera plural por la Asamblea Nacional, que para su elección contó con el respaldo de mas de catorce millones de votos.

Ahora bien, sin entrar en la discusión jurídica sobre los alcances del artículo 233, 333 y 350, el hecho político es que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, está asumiendo con una poderosa fuerza de esperanza, sin desviaciones mesiánicas, el liderazgo de toda la nación para lograr el cambio político urgente que todos reclamamos y la salida de Miraflores del usurpador Maduro de la manera menos traumática para los venezolanos – víctimas de esta verdadera tragedia- convocando para ello a la realización de cabildos abiertos en todos los rincones del país y a la movilización general para el próximo 23 de enero.

Es un mensaje de unidad nacional que nos convoca a todos, incluso a aquellos que forman parte de la estructura institucional del régimen en los distintos poderes públicos. Con esto estaríamos ofreciendo garantías y amnistía para militares, policías, jueces, fiscales e incluso altos funcionarios que estén dispuestos a rectificar y a colaborar en el restablecimiento del orden constitucional cumpliendo con su deber de acuerdo al artículo 333.

Todo esto, por supuesto, sin impunidad para los responsables de graves violaciones de derechos humanos y de los profundos daños al patrimonio público ocasionados por la corrupción, delitos que no prescriben, de acuerdo a nuestra Constitución.

Con relación a estos últimos, la recién aprobada Ley de Recuperación de Activos Producto de la Corrupción establece mecanismos de cooperación y acuerdo para reparar el daño causado a los intereses de la nación.

Un Decreto de Amnistía y Reconciliación, aprobado por la Asamblea Nacional abarcaría también, sin duda, de manera amplia y plena, la totalidad de sanciones o acciones penales y disciplinarias relacionadas con la persecución por motivos políticos de la que han sido víctimas miles de venezolanos que, por pensar distinto, están en las cárceles o en el exilio.

Al redactar un decreto el Parlamento estaría escogiendo la vía más rápida y directa de acuerdo al artículo 187, numeral 5, que en los dramáticos momentos que estamos viviendo cobra mayor fuerza desde el punto de vista de los procedimientos legislativos y podría aprobarse en una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional que debe ser publicado luego como Acuerdo en el portal oficial del Poder Legislativo.

Estas acciones forman parte de la agenda de transición que, frente a la usurpación del Poder Ejecutivo, asume Juan Guaidó no solo como presidente de la Asamblea Nacional, sino también como Presidente encargado de la República, al ser reconocida la AN por la comunidad internacional como la institución legítima para abrir el cauce al cambio político por la vía de unas elecciones con verdaderas garantías democráticas, es decir, con un nuevo CNE, con un registro electoral auditado y depurado con la participación de todos los actores políticos, con todos los partidos políticos legalizados, sin presos políticos ni exiliados ni inhabilitados y con observadores internacionales independientes.

Para ello es indispensable mantener el esfuerzo unitario, la movilización popular y el apoyo internacional, a fin de alcanzar un gobierno de unidad nacional que pueda construir las alianzas necesarias en lo interno y externo, sacando así a Venezuela del abismo en el que se encuentra.

Twitter: @TablanteOficial

Facebook: Carlos Tablante

Web: www.carlostablante.com

El 13 de enero de 1898, Émile Zola publica, en el diario L'Aurore, el famoso alegato conocido con el nombre de J’accuse…!, testimonio a favor del capitán Alfred Dreyfus, en forma de carta abierta al presidente de Francia Félix Faure.

¿Por qué recordar el famoso escrito de Zola y revivir la discusión sobre el caso Dreyfus? Primero, hay que resumir brevemente lo que se puede leer en la profusa bibliografía existente sobre este acontecimiento que sacudió a Francia durante un largo período, sobre todo para aquellos que ignoran todo lo concerniente al famoso juicio. Imposible, por razones de espacio, citar cada fuente, pero en línea se pueden encontrar, por ejemplo, Débats de la Cour de Cassation en vue de la révision du procès Dreyfus y Décision de la Cour de Cassation en vue de la cassation sans renvoi du procès Dreyfus de 1899.

Terminaba el año 1894, cuando Alfred Dreyfus, un ingeniero politécnico de origen judío-alsaciano, capitán del ejército francés, fue incriminado como traidor a la patria por haber proporcionado a los alemanes legajos secretos. Juzgado por un alto tribunal militar, que le impuso la condena de cadena perpetua, fue enviado a cumplirla en la Isla del Diablo, situada en la Guayana francesa.

La sociedad francesa y la clase política, en general, estaban totalmente en contra de Dreyfus; tan solo su familia creía en su inocencia. Su hermano, Mathieu Dreyfus, encabezó la lucha por esclarecer la verdad y demostrar la inocencia del capitán. Además de las gestiones familiares, el jefe de contraespionaje francés, el coronel Marie-Georges Picquart, pudo comprobar que el traidor había sido el comandante Ferdinand Walsin Esterházy, al conseguir un telegrama que claramente dejaba ver que Dreyfus era inocente. Pero, el Estado Mayor francés desestimó lo averiguado por Picquart y lo sacó de Francia, enviándolo a Túnez.

Hubo una fuerte negativa por parte de los tribunales militares a revisar el caso Dreyfus e intentaron en vano ahogar el escándalo en la opinión pública sin lograrlo. Después de muchos escarceos, se logró que fuese revisado el caso, pero Esterházy fue absuelto. Dreyfus fue condenado de nuevo y, en el año 1906, la Corte de Casación anuló el juicio de 1899 y su inocencia fue admitida. Asimismo, se le rehabilitó y fue elevado al cargo de comandante en el ejército. Dreyfus falleció en 1935.

El papel que jugó el artículo de Émile Zola fue decisivo en la revisión del caso y en la posterior rehabilitación, pues puso sobre el tapete las irregularidades de todo el proceso que llevó a la cárcel a Dreyfus.

Con estilo de carta abierta, Zola dividió su alegato en tres partes; en la primera expuso las distintas etapas del proceso judicial; en la segunda muestra cómo se llega a descubrir al verdadero traidor, Ferdinand Esterházy; en la tercera parte revela la complicidad de los poderes públicos para absolver a Esterházy. Así, Zola afirma que han sido cometidos dos delitos: condena a un inocente y exculpación del verdadero culpable. Concluye con una letanía que comienza “Yo acuso” seguida de los nombres de diferentes cargos públicos.

Su artículo le valió rechazo en diversos medios tanto sociales como artísticos y políticos; fue juzgado, condenado y exiliado. Tuvo que enfrentar una campaña de desprestigio a su padre, François Zola, acusado de malversación de fondos. Zola demuele cada argumento y logra demostrar la falsedad de las acusaciones a su padre. Nunca se arrepintió de su acción para defender a Dreyfus; de esta manera, Zola le atribuyó una nueva misión a los escritores: defender la justicia y la verdad. Dejó escrito que: “Ma lettre ouverte [‘J'accuse…!’] est sortie comme un cri. Tout a été calculé par moi, je m'étais fait donner le texte de la loi, je savais ce que je risquais”. (“Mi carta abierta [‘¡Yo acuso...!’] Salió como un grito. Todo fue calculado por mí, me dieron el texto de la ley, sabía lo que estaba arriesgando”). Zola muere en extrañas circunstancias en 1902.

Hoy, 121 años después de la publicación de J’accuse, más allá de toda la controversia sobre el caso Dreyfus y la intervención de Zola, he estado pensando en los distintos casos que en nuestro país parecerían esconder esos dobles delitos. Inculpación de inocentes y exculpación de culpables.

Han salido del país magistrados, jueces que han dado información sobre casos emblemáticos y han revelado los vicios procesales que se cometieron. En este momento histórico que se comienza a abrir para el país, hay muchas tareas pendientes; pero, una de ellas es una misión de suma urgencia, y no es otra que la restitución y rehabilitación de todos aquellos que han sido juzgados y condenados en procesos nada claros, por decirlo de manera “elegante”, o aquellos que no han tenido tan siquiera un juicio, y mucho menos las audiencias requeridas.

@yorisvillasana

15 de enero de 2019

El Nacional

Con voz propia

Pueblo y Ejército unidos contra la usurpación, tituló la Junta Patriótica, “organismo sin banderías partidistas”, su primer boletín del año del rescate de la Democracia (1958). Le siguieron las consignas: Defensa de la Constitución Ultrajada; Respeto de los Derechos Ciudadanos, Amplia amnistía y liberación de presos; Contra el atropello, persecuciones y asesinatos, la Libertad se conquista, no se mendiga.

Tal JP marcó el inicio del derrocamiento de la dictadura castrense de Marcos Pérez Jiménez, quien como Teniente Coronel asumió el Poder por un Golpe de Estado, mediante un fraude, avalado por un acomodaticio Consejo Electoral y una espuria Asamblea Constituyente, igualmente producto de fraude. Cualquier parecido se determina en la historia.

Integraron dicha JP estimulada por la homilía del 1º de mayo 1957 del obispo de Caracas Rafael Arias Blanco: Fabricio Ojeda (URD), Guillermo García Ponce (PCV), Silvestre Bucarán, (AD) y Enrique Aristeguieta (Copei), el único sobreviviente en plena lucha contra el narco-corrupto régimen. Del sector militar coordinaron la acción el civil independiente Oscar Centeno Lusinchi y el teniente de la Aviación José Luis Fernández. No por casualidad la declaración de la Vicealmirante Carmen Meléndez, gobernadora de Lara, en la celebración de la Divina Pastora:

“Hoy como en los años anteriores la nota discordante los monseñores en sus respectivas homilías hicieron un discurso político, incitando al odio”

El 1º de enero de 1958 ocurrió la rebelión militar calificada como causa de la caída de MPJ.

En Maracay, principal plaza militar del país con todas las Fuerzas Armadas académicas para sustituir las improvisadas milicias, repercutió favorable alzamiento liderado por el Coronel Hugo Trejo, desde el Cuartel Urdaneta de Caracas. “Han sido vencidos los facciosos; el gobierno sigue con sus planes”, arengó. MPJ, frase repetida por el actual régimen. “El fracaso de un triunfo”, reflexionaría libro el Coronel Luis Enrique Sucre, uno de los actores.

La lucha por reconquistar la Democracia continuó y se afianzó el 21 de enero con el llamado “sin miedo a la huelga general”, en la cual la prensa no comprometida, y con una dirigencia digna, tuvo determinante acción. La Asociación Venezolana de Periodistas, génesis del Colegio Nacional, fue la única organización cuyos directivos suscribieron la Declaración de Intelectuales.De ellos hoy en trincheras opuestas: Eleazar Díaz Rangel, vocero del régimen totalitario y Omar Pérez, por la Democracia. Así llegó 23 de enero, con la huida del General MPJ.

Huido MPJ a República Dominicana, asumió el Poder inicialmente una Junta constituida por jefes militares. La presidió el Contralmirante Wolfgang Larrazábal, Comandante en Jefe de la Marina; y de ella formaban parte los Coroneles Roberto Casanova, Abel Romero Villate, Carlos Luis Araque y Pedro José Quevedo. En definitiva, salieron los Coroneles Romero y Casanova, sustituidos poco después por los civiles Eugenio Mendoza y Blas Lamberti, de sectores económicos.

El 14 de noviembre renuncia Larrazábal a la Presidencia de la Junta para dedicarse a una campaña electoral, de apenas 14 días. Le sustituyó Edgar Sanabria, quien en corto logró un gobierno de transición. Realizó entre otras gestiones, limpieza dentro de Administración Pública y las FAN. Aplicó plan de emergencia con que subsidio al desempleo. Legalizó partidos disueltos por la dictadura y regreso de exilados. Decretó la ocupación de los bienes de MPJ, sancionó altos funcionarios del régimen depuesto por peculado y otros delitos contra la cosa pública. Llamó a elecciones con Estatuto Electoral libre.

Al MARGEN

El capitán Pedro Carreño pidió que al Presidente de AN Juan Guaidó “le pongan los ganchos”; la ministra carcelera Iris Valera dijo “ya te acomodé la celda, con tu respectivo uniforme”. Pero según Nicolás Maduro es un "show mediático". ¿En qué quedamos?

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