EDITORIAL

Las designaciones del Fiscal General y del Defensor del Pueblo vuelven a evidenciar el incumplimiento de los requisitos constitucionales que garantizan su independencia frente al Poder Ejecutivo.

La Constitución es clara: el Fiscal debe ser un jurista de reconocida competencia, con al menos quince años de ejercicio o docencia jurídica, y formación de postgrado. El Defensor del Pueblo, por su parte, debe acreditar trayectoria en derechos humanos y una probada solvencia ética y moral.

Pero el problema no es solo de credenciales. El proceso de selección exige un Comité de Evaluación plural, con participación real de la sociedad, precisamente para evitar designaciones subordinadas al poder político.

Nada de eso se ha cumplido de forma convincente.

Cuando se ignoran los requisitos y se simulan los procedimientos, la consecuencia es inevitable: instituciones dependientes y un Estado cada vez más frágil.

Sin independencia institucional, no hay equilibrio.
Y sin equilibrio, no hay República

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