El Tribunal Supremo de Justicia que legítimamente se encuentra instalado en el exilio (TSJ-Legítimo), sin realizar ninguna consideración de fondo sobre la culpabilidad de Nicolás Maduro en relación a los gravísimos hechos planteados en su denuncia por la Fiscal General de la República en el exilio, Abogada Luisa Ortega Díaz, habiendo declarado procedente el antejuicio de merito, ha procedido a pedirle a la Asamblea Nacional (AN) la autorización correspondiente –según la norma constitucional, art. 266.2- para continuar conociendo del juicio penal que por los delitos de corrupción propia y otros de extrema gravedad para cualquiera que se desempeñe en un cargo público, deberá sentenciar en su debida oportunidad en relación a hechos que vinculan directamente a Nicolás Maduro con la empresa NORBERTO ODEBRECHT, S.A., el mayor grupo delictivo organizado –según la Convención de Palermo- que según se ha demostrado en muchos países, ha esparcido sus tentáculos delictivos en toda la América, siendo considerado el mayor caso de corrupción continental que ha ocurrido hasta el presente.

Estos Magistrados fueron designados el viernes 21 de julio del 2017 por la AN, luego de un intenso y prolijo procedimiento parlamentario que, si bien fue apegado a las normas constitucionales y legales que regulan la materia, no estuvo exento de las amenazas y perturbaciones propias de un régimen autoritario que estaba en perfecto conocimiento de la trascendental decisión que tarde o temprano lo colocaría en la picota pública, nacional e internacionalmente, como efectivamente ha ocurrido. Ese día en consecuencia, fueron soberanamente designados 13 Magistrados Principales y 20 Suplentes, correspondientes a todas las 6 Salas del TSJ. Tres hechos fundamentales que permiten a cabalidad entender la legitimidad que rodea al actual TSJ-Legítimo ocurrieron posteriormente al 21 de julio:

El primero, LA DESCONSTITUCIÓN DEL TSJ VENEZOLANO, como máximo órgano que ejerce la dirección, gobierno y administración del poder judicial. La enconada cacería policial que contra los Magistrados titulares, recién designados y juramentrados por la AN emprendió el gobierno, y en concreto, la aprehensión manus-militaris de uno de ellos, el Magistrado de la Sala Político Admnistrativa Angel Zerpa, forzó a los 33 Magistrados juramentados, a huir tanto a sedes diplomáticas nacionales como al territorio extranjero, implorando la protección internacional a sus derechos humanos (DDHH) así como cobijo para sus familiares directos. Sin embargo, coetáneamente a la designación hecha formalmente por la AN, los 13 Magistrados llamados por la colectividad “exprés” que habían sido removidos de sus cargos públicamente, hicieron caso omiso al acto formal de la AN y las comunicaciones por esta enviadas, y continuaron inconstitucionalmente llevando a cabo sus actos con aparente normalidad, lo cual evidentemente infectaba de un grave vicio el funcionamiento normal de ese órgano, pues unos sujetos a quien el órgano legislativo les había anulado su nombramiento de funcionarios judiciales continuaron desarrollando sus actividades con falsas expectativas de legalidad.

Luego, ocurrió automáticamente a lo anterior, la consagración del segundo acto fraudulento del TSJ venezolano: los restantes 19 Magistrados existentes que no habían sido removidos en esta fase preliminar, al aceptar la evidente situación de vía de hecho fraudulenta que comenzó a cubrir los actos judiciales de sus 13 compañeros de sala que en franca usurpación de funciones que le habían removido previamente, se negaron a acatar la orden de remoción dada por el órgano constitucionalmente autorizado a hacerlo, provocando así la consolidación de la desconstitucionalización del TSJ, al ser cómplices de tal fraude y permitir el funcionamiento de un órgano integrado por funcionarios totalmente desautorizados para administrar justicia.

El tercer aspecto, la renuncia y desprendimiento de hecho de sus cargos judiciales. Pues, si lo anterior no fuera suficiente para entender la gravedad del vació institucional que rodea al máximo órgano judicial del país, el 15 de agosto del pasado año ocurrió el tercer hecho que mas que irregular jurídicamente, no puede sino catalogarse de grosero y bochornoso, cuando los actuales 32 ex-magistrados del TSJ inexistente de Venezuela, decidieron libérrimamente, poner sus cargos a la orden de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente convocada exclusivamente por el señor Maduro, al margen del pueblo venezolano. Si ya antes habían quedado vacios de contenido sus funciones, ese mismo día los 32 sujetos sedicentes magistrados, perdieron todo tipo de autoridad posible.

En consecuencia, al haber desaparecido el TSJ venezolano en lo interno del país, 32 de los Magistrados que se encuentran forzadamente en el exilio, reconocidos no solo por la OEA, el Parlamento Europeo sino el resto de los países que individualmente conforman la Comunidad Internacional Democrática, asumen su histórico papel de administrar la justicia en territorio extranjero, mediante el ejercicio de la justicia o jurisdicción universal, principalmente en lo atinente a la defensa de los derechos humanos del ciudadano venezolano que hoy por hoy, se encuentra desguarnecido internamente ante un poder judicial que es cómplice de un Estado fallido internamente, forajido internacionalmente, comandado por un sujeto declaro responsable político de la crisis humanitaria que padecemos y en abandono de sus funciones presidenciales.

Muchos disidentes cansados de las altas penurias que constantemente nos hace padecer el régimen de Maduro a diario, han manifestado reservas y escepticismo en cuanto a la efectividad del TSJ-Legítimo ubicado en el exilio, incluso algunos diputados opositores con mucho respeto nos han expresado sus temores ante lo que consideran pudieran ser “falsas expectativas” generadas por esta Justicia Universal, que acertadamente invoca la Convención de Palermo para juzgar a los integrantes del régimen en lo atinente al sonado caso de Odebrecht. Al respecto debo decirles que, no hay ningún tipo de exageración cuando afirmamos que lo que se vive actualmente en Venezuela es inédito: inédita la tragedia humanitaria provocada por una forma inédita de sometimiento a un régimen autoritario y dictatorial inédito; e inédita las salidas internacionales que si bien han existido desde principios del siglo XX, es ahora, cuando comienzan a verse las reales consecuencias que todo el andamiaje del Derecho Internacional Público creo en décadas de lucha a favor de los DDHH.

Como ese punto lo abordaré en una próxima entrega, baste hoy con recordarles a los amigos demócratas pero escépticos, lo ocurrido con el Dictador Pinochet en su oportunidad. Todos sabemos que fue el Juez español Baltasar Garzón quien ejecutó la medida de captura y posterior juzgamiento más efectiva contra este militar chileno en Londres. Pero pocos saben que el mérito de Garzón fue haber sido el primero en poner el funcionamiento de un poderoso entarimado de la Justicia Universal –la misma que hoy invoca el TSJ Legítimo en el exilio- sin el cual, no se hubiere ejercido nunca la presión que permitió el éxito de Garzón.

Pinochet cae preso porque –tal como ocurre actualmente con el régimen oprobioso venezolano- se activaron todos los procesos internacionales por violación de DDHH, abiertos por víctimas ubicadas en Francia, Alemania, Noruega y Bélgica, tal como hoy tristemente ocurre con la diáspora venezolana. A la par, en Suecia, su Procurador General exigió que la extradición de Pinochet a su país dependiera del pronunciamiento de un estado extranjero a Chile como el británico, sobre la solicitud de los tribunales españoles; en Italia, el ministro de Justicia por su parte, pidió al fiscal de la República de Milán abrir una investigación contra el ex gobernante chileno; en Suiza, las autoridades judiciales de Ginebra intentaron querella penal contra Pinochet por secuestro y asesinato del ciudadano chileno-suizo Alexis Jaccard; y, en Luxemburgo, el ministro de Relaciones Exteriores presentó varias demandas por violación a los derechos humanos. De la existencia de este legítimo cerco mundial se aprovecho Para Pinochet fue bastante aventurado abandonar territorio chileno. Recordemos que el TSJ Legitimo ubicado en el exilio, invoca la convención internacional de Palermo, el esfuerzo más acabado de las Naciones Unidas por fortalecer la cooperación entre los países para la lucha contra el crimen organizado.

Razones suficientes para que nuestra fe, se restablezca por primera vez de forma inédita.

@PerkinsRocha

perkrocha@gmail.com

El CNE con el TSJ le arrebataron a la Fracción Parlamentaria de la MUD las 2/3 partes del quórum que establece la CRBV para que la AN rija y resuelva entre otras materias los enjuiciamientos presidenciales.

El TSJ declara en Desacato a la AN. En consecuencia, todos sus actos serán nulos de nulidad absoluta.

La AN desacata la decisión de desacato del TSJ y declara la ausencia absoluta del cargo presidencial.

La AN desacatando la decisión de desacato del TSJ designa los Magistrados del nuevo TSJ.

El TSJ cesado en sus funciones por la AN declarada en desacato, desacata la decisión de la AN y sentencia la inexistencia del nuevo TSJ en desacato y ordena el encarcelamiento de todos los nuevos Magistrados designados por la desacatada AN.

El TSJ prófugo de la justicia impuesta por el TSJ cesado en sus funciones por la AN en desacato, sentenció en Bogotá que el presidente declarado en ausencia absoluta, fue encontrado culpable en los hechos de Corrupción vinculados a la empresa Odebrecht.

La Fiscal General destituida y con orden de captura emitido por el Fiscal General de la Republica designado por la ilegitima ANC ha solicitado el inmediato ante juicio de mérito presidencial.

Este martes la AN en desacato debatirá en primer término si existe el quorum de las 2/3 partes para autorizar el ante juicio de mérito en contra del ya declarado en ausencia absoluta.

En medio de tantos dislates, acatos y desacatos, pidámosle al santísimo, para que Venezuela tenga la cordura suficiente y no acate el llamado de abstención promovido por esa mayoría parlamentaria, y por el contrario, entren en desacato y salgan masivamente a quitarse de encima a Maduro y a estos Zabaladesatinados abstencionistas.

Arroz amargo es una película de 1949 que en ese entonces impresionó a mi amigo Antonio, quien pasó muchas noches de insomnio pensando en la despampanante Silvana Mangano. La trama versa sobre la explotación de los trabajadores contratados para el cultivo del arroz y la corrupción. Para los expertos no existe el petróleo amargo, sino el gas amargo, pero en el caso de Venezuela el llamado oro negro ha resultado amargo. No logró desarrollar al país, tampoco a la propia industria petrolera y en los últimos dieciséis años se derrumbó su producción y procesamiento y ha sido fuente de corrupción.

La historia del petróleo en Venezuela puede dividirse en cuatro etapas. La primera abarca desde 1878 con la creación de la Petrolia del Táchira, que operó hasta 1934. Posteriormente llegaron las grandes transnacionales, las cuales se aprovecharon del corrupto Juan Vicente Gómez y de su entorno para caribearnos. Esta etapa finalizó con la Ley de Hidrocarburos de 1943, que limitó los abusos de esas compañías.

La segunda etapa va desde 1944 hasta la estatización en 1975. Las compañías lograron colocar a nuestro país como el segundo productor mundial de petróleo y el primer exportador. El gobierno elevó los impuestos y para defender nuestros intereses, Venezuela fue promotor fundamental de la OPEP en 1960. En ese entonces nuestro aporte era el 36 % de la producción de esa organización. Venezuela tuvo un crecimiento espectacular, pero no logró diversificar su economía y un elevado porcentaje de la población permaneció en la pobreza.

La tercera etapa va desde 1976 fecha en la que los venezolanos asumieron la conducción de esta industria, hasta finales del 2002. Ante la inminente estatización, las trasnacionales, redujeron la inversión y el mantenimiento, pero formaron personal venezolano. Lógicamente, en esos primeros años declinó la producción. Ante las limitaciones para realizar las inversiones, Pdvsa creó, con la aprobación del Congreso Nacional, Convenios Operativos, Asociaciones Estratégicas e Inversión a Riesgo y Ganancias Compartidas, y con el concurso de empresas privadas logró producir 1.100.000 b/d adicionales, que de otra manera hubiesen permanecido bajo tierra.

La producción en el año 2001 fue de 3.094.000 b/d de crudo y 173.000 b/d de líquidos del gas natural y el número de trabajadores era de 69.284, de los cuales 40.955 propios y 28.329 contratados. Es decir que cada trabajador producía 47,1 b/d. La deuda financiera era de 7.500 millones de dólares. Para garantizar el mercado se adquirieron total o parcialmente 18 refinerías en el exterior. Pdvsa era dueña de una capacidad de procesamiento internacional de 1.952.000 b/d.

El gran error fue dilapidar los ingresos y limitar la producción, lo cual nos dejó rezagados y con amarguras.

La cuarta etapa se inició en el 2003, después del despido ilegal de casi 23.000 trabajadores, del ingreso de activistas políticos y de la designación de directores y gerentes sin méritos. Las cifras son elocuentes. La producción de crudo a marzo de este año, consignada en el Monthly Oil Market Report de la OPEP, fue de solo 1.488.000 b/d. O sea que apenas producimos el 4,6% del total de la OPEP y en latinoamérica estamos detrás de Brasil y México.

El número de trabajadores reportado en el último Informe Anual de Pdvsa del 2016, es de 164.370, de los cuales 133.327 laboran en actividades petroleras (110.648 propios y 22.679 contratados) y 31.043 están en actividades no petroleras. Es decir que cada trabajador está produciendo solo nueve barriles por día. Pdvsa explota a sus trabajadores al no velar por la seguridad de las operaciones, lo cual ha ocasionado gran número de accidentes. El propio expresidente Del Pino declaró que se había descuidado el mantenimiento.

En cuanto a refinación, Pdvsa decidió que era preferible vender 10 refinerías en Estados Unidos y en Europa y adquirir tres, en Cuba, Jamaica y República Dominicana. Hoy solo contamos con una capacidad de refinación de 869.000 b/d. Es decir que perdimos 1.085.000 b/d de capacidad de refinación, o sea de colocación de nuestros crudos en el exterior, además de la posibilidad de procesar mucho más si se lograba acuerdos con los socios. Recientemente Cuba se apoderó de nuestra participación en la refinería de Cienfuegos.

Según US Energy Information Administration, en el año 2017 Venezuela importó de Estados Unidos 28.259.000 barriles de productos refinados, de los cuales 6.322.000 barriles fueron de gasolina y 6.426.000 barriles de diesel. El resto fue de diferentes productos. No disponemos de cifras de importaciones de petróleo liviano, ni de combustibles procedentes de otros países. La deuda financiera de Pdvsa al 2016 era de 41 millones de dólares. Además, hay que agregar la deuda que tiene con el Banco Central y con proveedores. Por apropiarse de parte de la cosecha petrolera hay tres expresidentes y unos 60 gerentes indiciados por corrupción.

El petróleo pudo ser nuestro instrumento de desarrollo. Políticas equivocadas produjeron resultados amargos.

Como (había) en botica:

La Declaración de los principales 16 países de América afirmando que sin condiciones justas las elecciones “carecerán de legitimidad y credibilidad”, debería hacer rectificar a Henry Falcón. La Asamblea debe autorizar el juicio a Maduro.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

El 9 de enero de 2017[1], la Asamblea Nacional, atendiendo a los artículos 232 y 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CNRBV), declaró el abandono del cargo y de las funciones constitucionales por parte del presidente de la república, Nicolás Maduro.

En ese momento, la Asamblea Nacional dibujó muy claramente el abandono de funciones, pero no logró desarrollar la tesis del abandono de cargo. En consecuencia, las dudas generadas fueron debilitando esa acción política del parlamento que, con el tiempo, se fue perdiendo en el olvido y no despertó en ningún actor de la sociedad civil el interés por profundizar su alcance y sentido.

Para valorar los argumentos utilizados por la Asamblea Nacional para fundamentar el abandono de funciones del presidente Maduro es esencial revisar el acuerdo del 9 de enero 2017, en conjunto con los acuerdos dictados el 23 de octubre[2] y el 17 de noviembre de 2016[3], respectivamente. Este último fue en respuesta al Tribunal Supremo de Justicia que, como era de esperarse, cuestionó y prohibió a los diputados avanzar en el denominado “juicio político”.

En esos acuerdos políticos se dibujaron con mucha claridad y precisión las dimensiones políticas, sociales y económicas de la profunda crisis que hoy padecemos como sociedad. Una crisis que ha llevado al régimen de Nicolás Maduro a desconocer la autoridad del Poder Legislativo, ignorar la legitimidad de origen que ostenta dicho poder y, en consecuencia, a suprimir la separación de poderes como principio garantizado constitucionalmente.

La crisis institucional se agravará, sin duda alguna, como consecuencia de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio de declarar que existen méritos para enjuiciar al presidente Nicolás Maduro, pues cuando la decisión exhorta a la Asamblea Nacional a que en cumplimiento de la Constitución vigente proceda a valorar el contenido y los argumentos de esa decisión –a los fines de autorizar la continuación del juicio al Presidente Maduro– anticipa un nuevo enfrentamiento entre el régimen y el Poder Legislativo en el ejercicio de una de sus atribuciones constitucionales.

El comportamiento institucional de la República de Venezuela, en el marco de la Constitución de 1961 y en ocasión al antejuicio de mérito contra Carlos Andrés Pérez, se convierte en una referencia histórica para marcar cualitativamente la diferencia entre aquel modelo en el que se respetaba el orden constitucional y democrático y este modelo que, de manera reiterada y evidente, ha desconocido los valores, principios y normas de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.

Es oportuno recordar que estamos cerca de celebrar 25 años de aquel 20 de mayo de 1993[4], fecha en la cual la Corte Suprema de Justicia declaró que había méritos para enjuiciar al presidente Carlos Andrés Pérez y, seguidamente, el Congreso de la República procedió conforme a las normas constitucionales a autorizar el enjuiciamiento del Presidente Pérez.

En consecuencia, luego de un poco más de dos décadas, la posibilidad de enjuiciar a un Presidente en funciones vuelve a estar en la agenda del debate parlamentario en Venezuela. En aquel momento la causa del enjuiciamiento fue el uso de 250 millones de bolívares de la partida secreta, hoy es el caso Odebrecht por 13 contratos para obras que actualmente están inconclusas y que suman 30.000 millones de dólares a cambio de financiamiento para la campaña electoral de Nicolás Maduro en el año 2013.[5]

La Asamblea Nacional, aun sabiendo que no hay un orden constitucional y democrático que en principio pueda responder eficazmente a una eventual autorización para enjuiciar a Nicolás Maduro –como ocurrió en 1993 con Pérez– solo ha anunciado que espera por la notificación formal del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio para dar los siguientes pasos, que claramente tendrán consecuencia frente al régimen y frente a sus propios electores.

Obviamente, a diferencia de 1993, no podemos aspirar a que haya una decisión unánime para autorizar el enjuiciamiento de Maduro, pero sí es realista esperar que la Asamblea Nacional se reivindique como el espacio institucional por naturaleza para debate de los asuntos públicos y políticos de la nación. La Asamblea Nacional tiene un enorme desafío, así como también lo es la responsabilidad histórica en el marco de este proceso político que experimentamos como sociedad y que se presenta con altos niveles de complejidad.

Entre los desafíos de la AN está superar, en primer lugar, el desconocimiento que el régimen hace de manera sistemática de su autoridad como Poder Legislativo y, en segundo lugar, la naturaleza atípica de ese Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que además fue legítimamente electo por ellos mismos, pero que muchos cuestionan como poder efectivo para administrar justicia.

Por otro lado, la AN tiene el deber de orientar a la opinión pública a los fines de aclarar las expectativas creadas en algunos venezolanos que ven en esta acción la respuesta a los problemas inmediatos del país.

Nuestros diputados tienen el reto de abrir un debate político con un contenido de suficiente calidad y profundidad que logre presentar argumentos sólidos y convincentes para dar respuesta a las expectativas que el TSJ del exilio ha generado.

Un posible respaldo de los países que participan en la Cumbre de las Américas[6] al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio podría ser un elemento muy favorable para fortalecer el debate político de la Asamblea Nacional sobre la autorización para enjuiciar al presidente Maduro y que podría marcar el destino político de la nación.

Mientras la diputada Delsa Solórzano pide “urgencia” en el debate parlamentario y el partido Voluntad Popular se presenta como el único que rápidamente fijó posición en cuanto a la decisión del TSJ en el exilio, otros actores guardaron silencio durante las primeras 48 horas desde el anuncio de la decisión del TSJ en el exilio, entre ellos el candidato presidencial de un sector de la oposición, Henri Falcón, así como la propia Unidad Democrática, el Frente Amplio y las facultades de derecho del país, entre otros.

El compromiso que reiteradamente la Asamblea Nacional ha expresado en sus acuerdos por restaurar el orden constitucional y democrático del país encuentra en este desafío una posibilidad de concretarse.

Asimismo, este nuevo capítulo que se abre en este complejo proceso político exige de la sociedad civil organizada la debida comprensión de la situación compleja que este debate parlamentario supone para este proceso político y el reto de no permitir que tal situación distraiga el debate sobre las condiciones adecuadas para lograr un proceso electoral con las garantías suficientes que facilite la confianza del elector y, en consecuencia, su participación efectiva.

Son tiempos difíciles, complejos y duros, que exigen la mayor reflexión posible y la inteligencia necesaria para que con organización y estrategia podamos, como sociedad, asumir una hoja de ruta pacífica, sistemática y efectiva de defensa de la Constitución y del orden democrático. No podemos dejar solos a nuestros diputados, pero debemos reclamarles que asuman el desafío con la altura que el tiempo histórico les demanda.

@carome31

PolitiKa UCAB

abril 13, 2018

[1] Idem. Acuerdo sobre el abandono de funciones constitucionales de la Presidencia de la República en la que ha incurrido el ciudadano Nicolás Maduro Moros. 9 de enero 2017.

[2] Asamblea Nacional. Acuerdo para iniciar el procedimiento de Declaratoria y de responsabilidad política del Presidente de la República ante la grave ruptura del orden constitucional y democrático y la devastación de las bases económicas y sociales de la nación. 23 de octubre 2016.

[3] Asamblea Nacional. Acuerdo en defensa de los principios democráticos y republicanos con motivo de la sentencia No. 948 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 15 de noviembre de 2016. 17 de noviembre 2016

[4]Tal Cual Digital. Destitución de CAP es el único antecedente de “juicio político”. 2 de noviembre 2017.

[5] Efectococuyo.com Claves del antejuicio de mérito que puede terminar con la destitución de maduro. 3 de abril de 2018.

[6] El Nacional. Solicitaron respaldo al TSJ en el exilio en Cumbre de las Américas. 11 de abril 2018.

En este artículo reseñamos las previsiones de los expertos convocados por Venacham en su reunión anual. Prevén una hiperinflación mayor a la estimada por el FMI, por lo que la caída en el consumo se profundizará. Visualizan una sociedad dividida en dos por el tema de las remesas, coincidiendo así con las previsiones de Encovi 2017. El socialismo del siglo XXI ha profundizado la inequidad y la desigualdad en la sociedad venezolana.

En un artículo previo señalamos que Venacham, la cámara que agrupa a las empresas norteamericanas en Venezuela, realizó su reunión anual recientemente. El tema central fue las perspectivas económicas para el 2018. Los expertos convocados plantearon el tema de la emigración y de la fuga de talentos así como de la contracción del consumo, como dos aspectos que están estresando a las empresas. En el artículo mencionado nos concentramos en la fuga de talentos, las fuerzas que la impulsan y las implicaciones para las empresas y las instituciones universitarias de docencia e investigación (Ver: Dígalo Ahí, n°3, abril 10, 2018)

En este escrito nos concentraremos en otro de los problemas que abordaron en la reunión mencionada, el de la hiperinflación y los patrones de consumo. El tema de los cambios en los patrones de consumo fue presentado por Luis Maturen, director de la encuestadora Datos. Este es uno de los aspectos cruciales, debido a la reducción de la capacidad de compra de la población causada por la inflación desbordada. Según Maturen, la gran mayoría de las personas declaran que no les alcanza el dinero y compran menos de la mitad de lo que necesitan y están restringiendo su consumo en ropas y calzados, entretenimiento, bebidas alcohólicas y cuidado personal focalizándose en alimentos.

La caída en las compras de objetos de cuidado personal es un cambio dramático en un país como Venezuela donde cada joven se cree una potencial Miss Venezuela y gastan una enorme cantidad de dinero en maquillaje y peluquería. Esto aparentemente ya no es así, pues la prioridad son los alimentos. Además, la mayoría de los consumidores opina que no pueden adquirir todo lo que desean, lo que revela el deterioro de la capacidad de compra por la inflación. Esto fue evidente en la “Encuesta de Condiciones de Vida” del año 2017 (Encovi 2017) y se profundizará este año.

Ante esta situación, que el representante de la empresa Datos calificó como una “situación de sobrevivencia”, los expertos están recomendando a las empresas elaborar presentaciones más pequeñas y económicas de sus productos, cosa que algunas empresas ya vienen haciendo. Los medicamentos no se venden por cajas sino por pastillas. Los cubitos para dar sabor a las sopas no se venden por caja sino en forma individual. Los cigarrillos se venden también por unidades. El precio y la accesibilidad a los productos se convierten así en algo fundamental para las familias que no pueden darse el lujo de elegir en base a la calidad, ya que están en la más elemental situación de sobrevivencia.

Otro de los expertos que participó en las exposiciones fue la economista Tamara Herrera quien se centró en el tema de la inflación y las perspectivas de crecimiento económico para este año. Al ser consultada sobre el tema de la hiperinflación, la economista Tamara Herrera señaló que este proceso es de exclusiva responsabilidad del gobierno y se alargará hasta que el gobierno decida hacer algo al respecto. Sobre las perspectivas de la inflación para este año y las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que la ubican en 13.000%, la economista respondió que las cifras del FMI son muy optimistas y ella espera que la inflación supere las cifras estimadas por el organismo internacional. Ello es así porque no ve intenciones de rectificación en el gobierno. Por otro lado, la situación del sector externo es muy frágil. Si bien hay una ligera recuperación de los precios del petróleo, PDVSA está en proceso de colapso. Debido a ello prevé que vamos a tener una dolorosa hiperinflación cuya extensión será responsabilidad exclusiva del gobierno.

Ante la situación de hiperinflación dominante y que tenderá a profundizarse, una parte de la sociedad corre a refugiarse en el dólar libre, el cual ha adquirido un valor muy distorsionado según la economista Herrera. Las empresas ante la sequia de dólares oficiales también han recurrido al dólar libre, lo cual ha agudizado su distorsión. Una parte de los alimentos y medicamentos se están importando a dólar libre y sus precios reflejan el extraordinario valor que ha adquirido el innombrable. Según Maturen, de la empresa Datos, la sociedad se encuentra dividida en dos, una que recibe remesas de sus familiares en el exterior y logra sobrevivir con más éxito que la que no lo recibe. Para esta parte de la sociedad, el problema fundamental es el desabastecimiento y la disponibilidad de productos, los cuales adquieren al margen de su precio. La gran mayoría de la sociedad no acude a este mercado y depende de los productos regulados, es decir, de las bolsas CLAP. Como lo confirma la ENCOVI 2017 el socialismo del siglo XXI ha terminado por profundizar la inequidad y la desigualdad en la sociedad venezolana.

De ser cierto las previsiones de la economista Tamara Herrera para este año, las perspectivas son de una mayor contracción de la capacidad de compra y del consumo así como de un mayor crecimiento de los índices de pobreza. De tal modo que las cifras de Encovi para el año 2017 sobre estas variables se profundizarán.

Profesor UCV

josenri2@gmail.com

Así tituló el consagrado periodista venezolano Luis Evaristo Ramírez uno de sus acertados y útiles libros siempre orientados hacia el fortalecimiento y el adecentamiento del ejercicio del oficio periodístico, tomando en cuenta dos torrentosas aguas en las que navegaban y nadaban, antes, los hoy comunicadores sociales; es decir, entre el riesgo de los regímenes oprobiosos, represivos, y la tentación de invitaciones, atractivos y generosos regalos provenientes de distintos sectores de la sociedad interesados en inducir la información y la noticia, que, ojo, son cosas distintas.

En esa encrucijada se encuentra hoy día la población electoral de Venezuela, mirando la alternativa como la vería el torero en el callejón del circo de toros; o sea, entre la costa del público que burla desde la barrera y la casta del cornúpeta que bufa en la arena. Como el diestro que corre o se encarama están los electores acostumbrados a poner y quitar gobiernos mediante el Voto, pero que ahora no encuentran qué hacer porque algunos, que no tienen autoridad en la plaza, tratan de impedírselo.

Votar en las actuales condiciones, que son las mismas de hace unos 20 años, implica en verdad un serio riesgo; pero es el mismo riesgo que se corrió en anteriores ocasiones y que, en ocasiones también, la oposición triunfó. Muchos riesgos, inconvenientes, peligros y contratiempos se corren de aquí al 20 de mayo, pero ninguno tan grave como la desgracia de dejar a este nefasto régimen un día más en el gobierno.

En situaciones extremas hay que tomar decisiones extremas, hay que asumir riesgos y responsabilidades capaces de sacar al país del infierno donde lo han metido y revivir la esperanza en que sí se puede detener la destrucción y descapitalización humana de la nación; que toda la maldad que administra esta tiránica dictadura es peor que cualquiera de los riesgos que se podrían correr el 20 de mayo o la fecha que se le antoje al irresponsable régimen para la elección presidencial.

Quiere decir que caer en la tentación de no Votar sería aún más grave que los riesgos que se correrían para cumplir con el sagrado deber, el inalienable derecho o, en la situación que se vive, la impostergable obligación de Votar por la oportunidad que se nos presenta, pues pesarían sobre las conciencias los males que se potenciarían si, por irresponsabilidad ciudadana, esa gente se mantiene en el poder por el poder mismo como lo pretenden.

Mientras Votar es un grave riesgo por la falta de condiciones y la perversidad del régimen, la tentación de no Votar sería por no estar en condiciones de asumir la responsabilidad que impone el civismo y se caería, sin duda alguna, en el juego adelantado y perverso que los necios del gobierno ponen en el tablero para distraer a la audiencia que se lleva por los cantos de sirena y los trinos de pajarillos preñados de promesas incumplidas e incumplibles que vienen y van como las groseras cadenas de radio y tv donde aparecen los alimentos y los medicamentos que en la calle inútilmente busca la población.

Entre el riesgo de que nos roben el Voto y la tentación de no Votar hasta que haya mínimas condiciones de pulcritud antes, durante y después del acto de Votación es como decir a la venenosa serpiente que acecha: “un momento, espera aquí mientras busco un palo para aplastarte la cabeza”. No, señor; no se puede esperar pasivamente a que los que no oyen ni ven porque no quieren ver ni oír hagan lo que no quieren hacer mientras el pueblo activamente hace lo que debe y sabe hacer, que es Votar para cambiar o intentar cambiar el peor de los gobiernos y el peor de los caminos.

Desde que el camarada Nicolás, la designó como Directora Principal del Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, Delcy no dejaba de pavonearse por los pasillos de la ilegitima Asamblea Nacional Constituyente. Como una mala imitación de Fedora Alemán, sorprendía a todos los diputados entonando las notas musicales:

…… Do, re, mi, fa, sol, la, si, do

…… Re, mi, fa, sol, la, si, do, re

¿Qué le pasa a la camarada? era la pregunta que todos se hacían en el hemiciclo de reuniones.

-No le pasa nada, contesto uno de ellos. Se le subieron los humos a la cabeza y ahora se cree que es una soprano y anda para arriba y para abajo con su solfeo. Llegando al extremo de querer instalar las sesiones ordinarias de reunión al estilo del “Profesor Rui-Rua”

-¿Cómo así camarada?, explíqueme eso, dijo uno de los diputados recién enchufado.

Bueno, ella sube al estrado a ocupar su puesto de presidenta de la asamblea y lo hace cantando y repitiendo el mismo sonsonete: la, la, la, … la, la, la…. Y luego nos pide a todos que entonemos la siguiente estrofa:

…… Do, mi, la, sol, si, re, la

…… Si, re, la, sol, do, mi, sol

Te podrás imaginar ese circo con ese montón de desafinados diputados y cuando la interpretación del coro no le gusta, se arrecha y nos dice a grito pelao:

….. Así no es, me desgracié, vamos de nuevo otra vez

Y así pasamos toda la sesión, hasta que el coro suene bien en sus oídos. En ese momento, con una gran sonrisa nos dice:

……. Así es como es, muy bien esta vez, y aunque sudé, ahora cambiemos la lección.

¿Qué? Pasamos a cantar otra canción, no me jodas, dijo el recién enchufao.

-No vale, ahora comienza realmente la sesión.

Ahhhh, así sí. Yo No me voy a calar esa rockola de la camarada.

-Bueno, no te alegres mucho, porque debes coger un cursito rápido de teoría y solfeo para que puedas participar de las discusiones en la cámara.

¿Y eso por qué?

Por varias razones: Si vas a intervenir para proponer algo debes hacerlo a capela creando música únicamente a través de tu voz, generando los sonidos, el ritmo, la melodía y la armonía necesarias, sin necesidad de ningún instrumento musical.

No te lo puedo creer.

-Espérate, que no he terminado. Si vas a presentar o proponer un proyecto de ley debes hacerlo en forma de partitura para cada capítulo. Musicalmente hablando, los artículos contenidos, han de sonar simultáneamente. Tal ordenación permite conocer la intervención que cada parte tiene en el proyecto de ley.

-Déjame hacerte una pregunta obligada, le dijo el camarada al recién enchufao ¿Tú sabes lo que es una Redonda, una Blanca….

Claro vale, esa es una catira gorda….

-Coño no seas bruto, es lenguaje musical. ¿Sabes lo que es una negra, una corchea, semicorchea, una fusa y una semifusa?

No me jodas, de toda esa vaina que me preguntas, la única que conozco esa la fuca, porque siempre la cargo encima pa defenderme de los oligarcas golpistas.

-Coño camarada usted está jodido, si no sabes escribir en un pentagrama no podrás presentar ninguna moción. Lo que te queda es hacer el papel de foca.

¿Como?

-Vota y aplaude todo lo que diga la camarada Delcy Rui-Rua y cobra tus cheques quince y último.

El secretario de la asamblea da por terminada la agenda del día e informa a los presentes, que la presidenta solicitó un permiso de quince días para hacerse una cirugía de senos con el Doctor Ivo Pitanguy, mejor conocido como “El Miguel Ángel del Bisturí”

Y que tiene la camarada ¿Cáncer? preguntó el ahora diputado foca.

No vale, solo se va a aumentar las lolas para tener un mejor “DO de pecho revolucionario”.

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