La gobernanza global es el mantra de la élite moderna. El argumento es que el incremento de flujos transfronterizos de bienes, servicios, capital e información (derivado de la innovación tecnológica y la liberalización de los mercados) generó demasiada interconexión entre los países del mundo como para que cada uno de ellos por separado pueda resolver sus problemas económicos solo. Necesitamos reglas globales, acuerdos globales, instituciones globales.
Esta afirmación goza de tanta aceptación que cuestionarla puede parecer como sostener que el Sol gira alrededor de la Tierra. Pero lo que puede ser verdad en el caso de problemas realmente globales como el cambio climático o las pandemias no es aplicable a la mayor parte de los problemas económicos. Contra lo que oímos a menudo, la economía mundial no es un bien común global. La gobernanza global ayudará muy poco, y a veces ocasionará un perjuicio.
Lo que hace que, por ejemplo, el cambio climático sea un problema que demanda cooperación internacional es el hecho de que el planeta tiene un único sistema climático. Como da lo mismo dónde se emitan gases de efecto invernadero, imponer restricciones a las emisiones sólo en el nivel nacional generaría escaso o nulo beneficio al país que lo hiciera.
En cambio, las buenas políticas económicas (entre ellas la apertura) benefician ante todo a la economía local; y es allí también donde se paga la mayor parte del costo de las malas políticas económicas. Las perspectivas económicas de cada país dependen mucho más de lo que suceda allí que del extranjero. Cuando la apertura económica es deseable, es porque esa política beneficia al país que la aplica, no porque beneficie a otros. La apertura y otras políticas acertadas que contribuyen a la estabilidad económica internacional se basan en el interés propio, no en un espíritu global.
A veces, un país logra una ventaja económica en detrimento de otros; es el caso de las políticas de “empobrecer al vecino”. El mejor ejemplo es cuando el proveedor dominante de un recurso natural (como el petróleo) restringe la oferta en los mercados mundiales para aumentar el precio. Lo que gana el exportador es lo que pierde el resto del mundo.
Un mecanismo similar está en la base de los “aranceles óptimos”, por los que un país grande manipula sus condiciones de intercambio restringiendo las importaciones. En esos casos, hay buenas razones para instituir normas globales que limiten o prohíban el uso de esas políticas.
Pero la inmensa mayoría de las cuestiones de comercio y finanzas internacionales que ocupan la atención de los funcionarios no son así. Pensemos por ejemplo en los subsidios agrícolas y la veda de organismos transgénicos en Europa, el abuso de las normas antidumping en Estados Unidos o la inadecuada protección de los derechos de los inversores en los países en desarrollo. Son, en esencia, políticas de “empobrecerse uno mismo”. Sus costos económicos caen sobre todo en el país que las aplica, aun cuando también puedan perjudicar a otros.
Por ejemplo, los economistas suelen coincidir en que los subsidios agrícolas son ineficientes, y que sus beneficios para los agricultores europeos suponen un alto costo para el resto de la gente en Europa, en la forma de aumento de precios, aumento de impuestos o ambas cosas. Esas políticas se implementan no para sacar provecho a costa de otros países, sino porque otros objetivos internos concurrentes (de tipo distributivo, administrativo o sanitario) se imponen a las consideraciones económicas.
Lo mismo vale para las deficiencias en regulación bancaria o política macroeconómica que agravan el ciclo económico y generan inestabilidad financiera. Como demostró la crisis financiera global de 2008, lo que suceda dentro de un país puede tener enormes consecuencias fuera. Pero si las autoridades regulatorias en Estados Unidos no cumplieron su tarea, no fue porque así su país saliera beneficiado a costa de los demás: la economía estadounidense fue una de las que más sufrió.
Tal vez el mayor fracaso de las políticas actuales sea la incapacidad de los gobiernos de las democracias avanzadas para hacer frente al aumento de la desigualdad. Esto también es una cuestión de política interna, originada en el control, por parte de élites financieras y empresariales, del proceso de definición de políticas, y en los discursos que han elaborado en relación con los límites de las políticas redistributivas.
Los paraísos fiscales son un ejemplo indudable de políticas de empobrecer al vecino. Pero países poderosos como Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea podrían haber hecho mucho más de su parte para poner coto a la evasión fiscal (y a la competencia feroz en reducción de impuestos corporativos) si lo hubieran querido.
De modo que los problemas actuales poco tienen que ver con una falta de cooperación global. Son de naturaleza local y no se pueden corregir mediante normas dictadas por instituciones internacionales, que fácilmente pueden caer presa de los mismos intereses creados que debilitan la política nacional. Muy a menudo, la gobernanza global es sinónimo de implementar la agenda global de esos intereses; por eso casi siempre termina promoviendo mayor globalización y armonización de las políticas económicas locales.
Una agenda alternativa para la gobernanza global se centraría en mejorar el funcionamiento local de las democracias, sin prejuzgar cuáles deban ser las políticas elegidas luego. Sería un modelo de gobernanza global dirigido a mejorar la democracia en vez de la globalización.
Lo que tengo en mente es la creación de normas y requisitos procedimentales globales pensados para mejorar la calidad de los procesos decisorios nacionales. Por ejemplo, reglas globales relativas a (entre otras cuestiones) la transparencia, la representatividad, la rendición de cuentas y el uso de evidencia científica o económica en los procedimientos de decisión locales, sin condicionar el resultado final.
Las instituciones globales ya usan esta clase de normas, hasta cierto punto. Por ejemplo, el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo SPS) de la Organización Mundial del Comercio exige explícitamente el uso de evidencia científica cuando se planteen dudas sobre la seguridad sanitaria de bienes importados. Podrían usarse normas procedimentales similares, con mucho más alcance y efectividad, para mejorar los procesos de toma de decisiones en el nivel nacional.
Las normas antidumping también podrían mejorarse exigiendo que los procedimientos nacionales tengan en cuenta los intereses de consumidores y productores que resultarían perjudicados por la aplicación de aranceles a las importaciones. Las normas sobre subsidios se podrían mejorar exigiendo análisis económicos de costo beneficio que incorporen las posibles consecuencias en materia de eficiencia estática y dinámica.
Los problemas derivados de fallos en el proceso nacional de deliberación solamente pueden resolverse mejorando la toma democrática de decisiones. En esto la gobernanza global sólo puede hacer un aporte muy limitado, y sólo en la medida en que apunte a mejorar la toma interna de decisiones en vez de condicionarla. Fuera de eso, la búsqueda de gobernanza global encarna un anhelo de soluciones tecnocráticas que anulan y debilitan la deliberación pública.
Profesor de Economía Política Internacional en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.
Traducción: Esteban Flamini
https://www.project-syndicate.org/commentary/global-governance-false-eco...

Terminan los juegos y comienza la cacería de brujas y los que están al frente a justificar lo injustificable, los juegos son el resultado no el proceso, son la culminación de acciones iniciadas en las escuelas y centros de iniciación deportiva, que van decantando y excluyendo aquellos no aptos para finalizar con éxito dicho ciclo o proceso, las exigencias competitivas internacionales de alto nivel no permiten administrar por crisis, cosa normal en nuestro país.
Se ve que se hacen esfuerzos por demostrar que somos una potencia deportiva, cosa que los resultados obtenidos niegan, las universidades venezolanas dedicadas al saber científico técnico del mundo del deporte tienen bastante trabajo por delante. Estar con niveles competitivos internacionales requiere (opinión personal) apoyos que van desde el estado, las instituciones públicas y privadas, convenios nacionales e internacionales con instituciones reconocidas por su prestigio de ellas y del personal que labora en las mismas, Trabajo de equipo multidisciplinario y por sobre todo base o sustentabilidad económica aunada a planificación estratégica apoyada en análisis de resultados verificables.
Otros factores que pueden ayudar es mejorar en todas las universidades la calidad del servicio que prestan las mismas a los atletas, incluidos tutores académicos, las becas o subsidios hacen ver al atleta como pobrecito que hay que ayudar y no como un ciudadano dedicado a una labor que se ve en muchos casos como improductiva, si gana hasta reunión con el rector para demostrar que es parte de la universidad, la cual en muchos casos no invierte nada en él, entender de una vez por toda dentro de las instituciones universitarias que el personal dedicado a estos menesteres, ojo la ley del deporte la actividad física y educación física lo establece, deben ser docentes con niveles mínimos de especialización sobre el tema, lo que requiere escalafón académico, investigadores, para que su gestión pueda ser considerada exitosa.
Sólo he tocado el tema desde la perspectiva del atleta de alto rendimiento que se atreve a estudiar en nuestras universidades convirtiéndose en estudiante - atleta y no atleta. estudiante, la poca valía que se le da hasta el momento que es exitoso y da rédito a la institución; al igual que las instituciones universitarias dedicadas o no al tema que han hecho del deporte sólo un hecho político gobiernero y no de política de Estado”.

En la lucha sin descanso que tiene lugar en Venezuela entre la libertad y el despotismo, el oficialismo ha decidido evitar, por todos los medios, cualquier medición electoral. Buscan dirimir la crisis política por vías extra democráticas provocando una especie de bloqueo político que difícilmente tenga largo recorrido por lo insostenible de la situación, por el calado de las tensiones existentes y el por el mayoritario deseo de cambio que une a la ciudadanía.
El alargamiento del nefasto bloqueo oficialista solo puede ser resuelto por la vía de una enorme y decidida presión nacional de la mayoría partidaria del cambio. Mayoría en la cual hay que incluir a sectores descontentos del chavismo enfrentados a la cúpula enquistada en el Poder. Por tanto es importante registrar que una suerte de unidad nacional se viene gestando por la base al calor de las penurias y de la terquedad de quienes gobiernan, solo preocupados en proteger sus intereses.
Las fuerzas democráticas han escogido el Referéndum Revocatorio Presidencial como la vía constitucional y democrática para sustituir al Gobierno, pero también al Sistema. Desde marzo se viene luchando contra los innumerables y sobrevenidos obstáculos instrumentados por el CNE para impedir la celebración del rr en el 2016 o quizás para que no se efectué en ningún caso. Sin embargo, se ha venido avanzando en el proceso de activación de la consulta.
Faltan todavía dos pasos para su concreción: la recolección del 20% de las firmas del padrón electoral para solicitarlo y una vez cumplido el requisito la convocatoria al acto de votación.
En el proceso para materializar los siguientes pasos del RR es necesario superar el boicot impuesto por el régimen.
Es aquí donde adquiere pertinencia la jornada del 1 de septiembre como manifestación clara de la voluntad de los venezolanos de que el RR se realice.
Una jornada nacional, unitaria, masiva, contundente y combativa, que paralice el país demostrando la decisión ciudadana de luchar por la realización de la consulta refrendaría puede torcerle las manos al oficialismo y por tanto acercar la siguiente estación del proceso, cual es la recolección del 20% de las firmas, además incidiría en la obtención de las condiciones técnicas y logísticas apropiadas para esa etapa.
Una jornada de recolección de firmas en la cual millones de ciudadanos – muchos más de los necesarios para cumplir con el requisito - se vuelquen a las calles y centros de recolección puede generar muchas consecuencias positivas para el cambio.
En todo esto tanto la dirigencia democrática como la ciudadanía tenemos responsabilidades ineludibles.
Los primeros en dirigir con responsabilidad y astucia lo que viene, para ello la unidad de propósitos y en la acción es indispensable, el discurso convocatorio debe conjugar lo político con lo social y estimular y facilitar la presencia de la disidencia chavista en los eventos por consumar. También denunciar y desbaratar las maniobras del gobierno para impedir las movilizaciones y provocar la violencia.
Los ciudadanos debemos comprender la necesidad vital y decisiva de que nuestra participación masiva y contundente es imprescindible para torcerle la mano al régimen y acercar los tiempos del cambio. Nadie va a hacer por nosotros lo que debemos. Todos tenemos que contribuir.
Convirtamos el 1/9 y el firmazo en jornadas épicas e históricas en pro de un país libre, próspero, justo y seguro.
Caracas, 23 de agosto de 2016

Una mirada por la región latinoamericana, nos lleva a Panamá en donde el Gobierno ha logrado aprobar un Plan Nacional de Seguridad Hídrica, el cual, según nota de prensa[1], ha sido el producto de 12 consultas públicas y cuyo contenido es presentado como el instrumento de planificación para definir políticas públicas que busquen mejorar el suministro de agua en cantidad y calidad aceptable para los panameños.
Ese Plan Nacional, se prevé no sólo la creación de una institucionalidad que logre desarrollar e implementar el Plan en un marco de cooperación interinstitucional, sino que además, prevé la reducción de riesgos asociados con eventos como las sequías e inundaciones.
En Venezuela en noviembre 2013, Miguel Leonardo Rodríguez, entonces Ministro de Ambiente, luego fue Presidente de Hidroven y actualmente diputado suspendido por el TSJ por Amazonas, anunció como algo real la presentación de un Plan Nacional de Agua, con un costo de 16 mil millones de bolívares y cuya misión era mejorar, reforzar y establecer el suministro de agua, especialmente en comunidades populares[2].
Tres años más tarde el Plan no es un documento público al cual se pueda acceder vía la página web de Hidroven y menos vía la página web de Hidrocapital, al menos para el 24 de agosto de 2016; ahora bien, según nota de prensa del 8 de mayo del 2014, ese Plan Nacional de Aguas, sirvió de justificación para que la Asamblea Nacional aprobara la cantidad de 2 mil 210 millones de bolívares, que según Ramón Lobo, entonces vicepresidente de la Subcomisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, sería destinado para el Plan Nacional de Agua en el marco del Plan de la Patria.[3]
Según Manuel Briceño, entonces Presidente de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la AN, en mayo 2014, afirmó que el Plan Nacional de Agua fortalecería la rehabilitación de las infraestructuras importantes para abastecer de agua potable a toda la población; la dinámica, particularmente en Caracas, advierte con mucha claridad que tal misión no se logró, lo que pone en evidencia el fracaso de ese Plan y su inexistencia en el mundo virtual.
Mientras Naciones Unidas a través de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030 y el Vaticano a través de la Encíclica Laudato Si abordan el problema de la cantidad y calidad del agua como uno de los grandes desafíos del presente que exige diálogo y acuerdos, el Gobierno de Nicolás Maduro, no asume el debate, mantiene silencio, crea más y más incertidumbre en la población en la medida que no facilita información alguna sobre la crisis hídrica y lo que si deja claramente establecido es que el racionamiento es indefinido, el deterioro del servicio público irreversible y en consecuencia el Socialismo del Siglo XXI se convierte en la principal causa del deterioro de la calidad de vida de los venezolanos
Para el Socialismo del Siglo XXI, presidido por Nicolás Maduro, la Ley de Aguas como la Ley Orgánica de Prestación del Servicio del Agua Potable y Saneamiento, se convierten en instrumentos jurídicos nominales y formales, ignorados e inútiles en la práctica por el propio Estado. Las ruinas institucionales y jurídicas que soportan al régimen, lo convierten en el promotor de la privatización de la prestación del servicio de agua, pero además, lo hace responsable del pago doble por el servicio de agua, sin la debida garantía de calidad; ello ocurre cuando el ciudadano compra cisternas porque pasan días que no llega agua, o porque no se cumple el horario de racionamiento, el servicio especial que exige un pago considerable a un actor privado, representa un pago adicional al pago ordinario que se hace a empresas como Hidrocapital.
Para la Laudato Si, el tema del agua debe ser asumido como un asunto de primera importancia, pero la ausencia de información por parte del gobierno nacional y el informe de la Asamblea Nacional sobre la Crisis del Agua aprobado en abril 2016, ponen en evidencia que en Venezuela el tema no es de primera importancia.
Para valorar la actuación del Gobierno, es importante iniciar el análisis con los compromisos asumidos a través del Plan de la Patria 2013-2019, que según los representantes del oficialismo, tiene valor y fuerza de ley, esos compromisos previstos en el Objetivo 3.4 que plantea la profundización de una nueva geopolítica nacional, fueron:
Fortalecer y mejorar los sistemas de agua potable a lo largo del territorio nacional.
Mantener e incrementar la continuidad del servicio de agua potable a 250 litros por persona, tanto en zonas urbanas como rurales en todo el territorio.
Construir 100 acueductos a nivel nacional para garantizar la producción de 4.000 millones de metros cúbicos de agua potable, para satisfacer la demanda de 32.000.000 de habitantes para el 2019.
Culminar la construcción de Tuy 4, que beneficiaría el área metropolitana con 21.000 litros/segundo de agua. Acueducto Luisa Cáceres de Arismendi, beneficiando Nueva Esparta y Sucre con 2.700 litros/segundo. Ampliación de Sistema Regional del Centro, que beneficiaria el estado Carabobo, Aragua, aumentando producción de 7.300 a 9.000 litros/segundo. Acueducto Barcelona-Guanta-Lecherías, para beneficiar habitantes de esas poblaciones aumentando producción de 3.000 a 6.000 litros/segundo.
Continuar la construcción de distribución de agua potable y saneamiento de aguas servidas en asentamientos que aún presenta carencia del servicio.
Ese Plan de la Patria va quedando moribundo con el pasar del tiempo y esos compromisos facilitan el análisis para valorar el fracaso del Socialismo del Siglo XXI y del Gobierno de Nicolás Maduro en garantizar a los venezolanos agua limpia, segura y permanente.
La Asamblea Nacional como Poder autónomo y constitucionalmente llamado a ejercer un control político sobre el Poder Ejecutivo, con la legitimidad que posee, asumió la responsabilidad de evaluar la crisis del agua y es así como en abril 2016, aprueba en plenaria, el Primer Informe sobre la Crisis de Agua en Venezuela, presentado por una Comisión Mixta[4] y cuyo contenido resulta importante para ser analizado y debatido en asambleas de ciudadanos para comprender mejor las causas del racionamiento de agua en nuestras comunidades.
En ese informe, disponible en la página web de la Asamblea Nacional, se advierte de la contaminación “irreversible” de las fuentes de agua potable que surten a Caracas y a la conurbación de Maracay-Valencia; destaca el incumplimiento del Estado en ejecutar las grandes obras propuestas y su irresponsabilidad en ejecutar obras que hoy no tienen utilidad práctica; además reclama que el Estado no cumple su obligación de informar sobre la calidad del agua y cuestiona que las empresas de servicio se han convertido en instrumentos políticos.
Concluye la Asamblea Nacional afirmando que el Niño no es la causa principal de la crisis hídrica, identificando en consecuencia que la causa directa se encuentra en la implementación de un modelo político y económico, que la Asamblea advierte se caracteriza por el mal manejo de políticas públicas, falta de planificación, ineficiencia y abrupta corrupción de los recursos públicos.
El Gobierno no puede responder simplemente con un racionamiento y menos aún se puede permitir que el mismo sea asumido como indefinido, es urgente, el reclamo pacífico, cívico y contundente, organizado y sistemático de los ciudadanos porque en esa Constitución aprobada vía referendo, expresamente se reconoce que el Estado es responsable, y en consecuencia, los riesgos a los que expone el gobierno a la sociedad con la escasez y las ausencia de garantías sobre la calidad del agua no pueden ser ignorados.
25 de agosto 2016
[1]HolaCiudad.com. Gobierno Panamá adopta Plan Nacional de Seguridad Hídrica. 24 de agosto 2016. Online em:http://www.holaciudad.com/noticias/Gobierno-Panama-Nacional-Seguridad-Hi...
[2]Confirmado.com Ministro de Ambiente anuncia lanzamiento de Plan Nacional de Agua. 8 de noviembre 2013. Online en:http://confirmado.com.ve/ministro-de-ambiente-anuncia-lanzamiento-de-pla...
[3]VTV. AN autoriza recursos para ejecutar Plan Nacional de Aguas. 8 de mayo de 2014. Online en: http://www.vtv.gob.ve/articulos/2014/05/07/ana-autoriza-recursos-para-ej...
[4] Asamblea Nacional. Primer Informe Problemática del Agua en Venzuela. Abril 2016. Online en: http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_a97a5452d6b0b0...

El 1° de septiembre de 2016, independientemente de los resultados de la llamada «Gran Toma de Caracas», tiene visos de adquirir importancia para el análisis político y el registro histórico.
Por razones que desconocemos, la movilización de la población nacional hacia la capital de la República se fijó para el primer día de septiembre; para muchos, esta fecha le concedió al régimen veintitrés días de sosiego en un País cuyas circunstancias hacen prever un estallido social impulsado por el hambre y la desesperanza. Pero la fecha en si resulta irrelevante, ante el cúmulo de fallas y peligros que se ciernen sobre la convocatoria a un pueblo cuya mochila está tan vacía de bienes como llena de suspicacia.
Esta desconfianza es lógica, pues son muchas las actitudes criminales de algunos políticos «opositores»: haber planteado el referendo revocatorio como el único camino viable hacia la libertad y haber transigido, a la vez, con el régimen en aspectos electorales que convirtieron al CNE en el poder electoral real, es decir, en quien determina vencedores y derrotados, de espaldas al voto popular; haber convertido a la MUD en coto de caza de AD, PJ y UNT y en instrumento para potenciar trasnochadas aspiraciones presidenciales, que estorban el espíritu unitario requerido por la brega para la recuperación de la libertad; haber convertido los términos «Oposición» y «Unidad» en suerte de marcas registradas o franquicias y haberlas usado para fustigar la disensión interna, que es consustancial con la democracia; haber convertido a partidos como Alianza Bravo Pueblo y Vente Venezuela en rehenes de una mayoría parlamentaria construida por «el dedo» y afincada sobre la falacia de la votación del 6D, que en realidad fue una explosión de rechazo al régimen y una expresión masiva de quienes asistieron a las mesas de votación con los ojos cerrados y el pañuelo en la nariz.
Estas circunstancias, que cada día son de mayor dominio público, debilitan «La Toma» y acrecientan la incertidumbre de un conglomerado que ve su nevera vacía y el caudal menguado y que, sobre todo, reza pasando las cuentas de un rosario de fracasos que tuvieron su origen en la fragilidad testicular de los dirigentes «opositores».
Nadie, grupo o persona, debe tratar de apropiarse de la jornada del primero de septiembre. Ella será construida por ciudadanos del más variado estrato social y de las más disímiles posturas políticas, hermanados por el hartazgo producido por un régimen que ha irrespetado las libertades básicas, destruido el aparato productivo y manchado el honor nacional; la gente saldrá a la calle en una operación de autodefensa, aguijoneada por el hambre, la inseguridad y el desconcierto que producen horrores inéditos, insospechados hace apenas tres lustros.
La gente estará en la calle en busca de la libertad y en defensa de sus intereses básicos; no marchará animada por intereses parciales ni en apoyo a ambiciones personales. Su esfuerzo y objetivos serán mucho más trascendentes, mil veces más hermosos e infinitamente más valiosos: pan, libertad, justicia, seguridad y trabajo. La gente marchará pensando en la Venezuela que quiere para sus hijos y recordando el País que alguna vez tuvimos, que luce brillante (sin serlo) al ser contrastado con el desastre actual, o como dijeran algunos partidos y diputados de la MUD en documento fechado el 21 de agosto, por cuanto «… Hoy en Venezuela no hay Estado de Derecho, no hay gobierno democrático, no hay respeto a la separación de poderes, no se respeta el pluralismo político, no se respetan los derechos humanos, no hay transparencia ni probidad en el manejo de los recursos públicos».
La «Gran Toma de Caracas» se realizará bajo una doble acechanza: la del régimen, dispuesto a todo para impedirla, para no quedar desnudo de pueblo ante propios y extraños y, también, por los intereses subalternos que se mueven dentro de la MUD, entre los que destacan las candidaturas presidenciales, a gobernaciones de estado y al posicionamiento de partidos políticos a cuya dirigencia parece importarles poco la suerte de la República.
Mientras que la carta de Luis Almagro a Leopoldo López atizó nuestras esperanzas, así como el documento suscrito por algunos miembros de la MUD (21/08/2016), el firmado por Jesús Torrealba nos llenó de incertidumbre, pues contrariamente a lo que afirma Chuo, en el documento «Objetivos políticos y plan operativo de la jornada del 1ro de septiembre 2016», los marchantes estarán allí sin ningún interés en «la necesaria foto unitaria», rechazando la «sentada», sin ningún interés por las palabras de los representantes del antidemocrático «G4» y de los gobernadores, ni como ratones de laboratorio para que se experimente «la capacidad de conducción y liderazgo de las direcciones partidistas y de la MUD como conjunto».
El pueblo irá a marchar, pero no a favor de la MUD, ni de los partidos que la lideran hegemónicamente, ni en apoyo a los trasnochados candidatos presidenciales. Lo hará en rechazo al régimen genocida que destroza al País, en un legítimo ejercicio de supervivenciay en busca de un mejor futuro para todos, al cobijo de una sola bandera: la tricolor de siete estrellas.
Turmero_2009@hotmail.com
@DulceMTostaR
http://www.dulcemariatosta.com

No es fácil que cuarenta obispos se pongan de acuerdo rápidamente para presentar la realidad con toda su crudeza. Siempre parece más fácil y prudente expresarse en principios cristianos generales. Pero cuando la situación es de extrema gravedad y la sordera del poder aterradora, los obispos se sienten obligados a enviar un comunicado tan veraz y desgarrado como es la dura Exhortación episcopal de este mes de julio. Quiero publicar la mayor parte de ella en el espacio disponible para mi artículo con la esperanza de que los lectores encuentren en ella la dura verdad de la actual muerte venezolana y el camino hacia la libertad y vida.
“La escasez y carestía de alimentos, medicinas e insumos hospitalarios nos están llevando al borde de una crisis de seguridad alimentaria y sanitaria, con consecuencias sociales impredecibles. En la vida pública, crecen la inseguridad, la impunidad y la represión militar” (…).
“El discurso belicista y agresivo de la dirigencia oficial hace cada día más difícil la vida. La prédica constante de odio, la criminalización y castigo a toda disidencia afectan a la familia y a las relaciones sociales. Frente a esta situación, el acrecentamiento del poder militar es una amenaza a la tranquilidad y a la paz” (…).
“El auge de la delincuencia y de la impunidad entorpece el ordinario quehacer de la gente y provocan, en ciudades o poblaciones grandes o pequeñas, verdaderos toques de queda”.
“Vivimos prácticamente al arbitrio de las autoridades y de los funcionarios públicos, quienes tienden a convertirse en los censores de la vida, del pensamiento y de la actuación de los ciudadanos. Tales actitudes y procedimientos son inaceptables” (…).
“El diálogo sincero y constructivo, el ejercicio de la política en su concepción más noble, como búsqueda del bien común, por más difíciles que parezcan, han de seguir siendo los caminos que debemos transitar. No se puede dialogar si no se reconoce en primer lugar la existencia y la igualdad del otro. Ignorarlo o descalificarlo como interlocutor, cierra toda posibilidad de superar el conflicto”.
“La crisis moral es mayor que la crisis económica y política, porque afecta a toda la población en sus normas de comportamiento. La verdad cede su puesto a la mentira, la transparencia a la corrupción, el diálogo a la intolerancia y la convivencia a la anarquía. La corrupción se ha incrementado en los organismos del Estado y la descomposición moral ha invadido a muchas personas integrantes de instituciones privadas y públicas, civiles y militares, así como a amplios componentes de la sociedad. Un exponente de esta degradación moral es la reventa especulativa de productos, llamada popularmente “bachaqueo”.
“Desconocer la autoridad legítima de la Asamblea Nacional, deslegitima a quienes así actúan, porque contradice la voluntad soberana expresada en el voto popular. La división, autonomía y colaboración entre los Poderes es un principio democrático irrenunciable” (…).
“La raíz de los problemas está en la implantación de un proyecto político totalitario, empobrecedor, rentista y centralizador que el Gobierno se empeña en mantener”.
“El Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de cuidar el proceso del referéndum revocatorio para que se realice este año. Es un camino democrático, un derecho político contemplado en la Constitución. Impedirlo o retrasarlo con múltiples trabas es una medida absurda, pues pone en peligro la estabilidad política y social del país, con fatales consecuencias para personas, instituciones y bienes”.
“Es de urgente prioridad que el Ejecutivo permita la entrada de medicamentos al país, dada su gran escasez. Para su recepción y distribución, la Iglesia ofrece los servicios e infraestructura de Cáritas, y de otras instancias eclesiales abiertas a la cooperación de otras confesiones religiosas e instituciones privadas. Este servicio no es la solución definitiva, pero sí es una ayuda significativa”.
“Es una necesidad que se abra de manera permanente la frontera colombo-venezolana” (…).
“Aumenta el número de ciudadanos venezolanos recluidos en las cárceles y en distintos lugares de jurisdicción policial, injustamente privados de libertad, muchos de ellos por razones políticas. La gran mayoría se encuentra en condiciones inhumanas y carece del debido proceso. Estas personas, siendo inocentes, deben salir en libertad plena o al menos, deben ser juzgadas en libertad, tal como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal”.
“Las angustias y esperanzas del pueblo venezolano son compartidas en estos momentos por numerosas instancias nacionales e internacionales. El gobierno no debe declararlas ajenas a nuestros derechos ni culpar a quienes acuden a ellas legítimamente, denunciando injerencias y aduciendo soberanía e independencia, ya que vivimos en un mundo interconectado y globalizado”(…).
“En el nombre de Jesús que nos manda “amarnos unos a otros” (Jn.13, 34) hacemos un llamado a las autoridades para que frenen el deterioro de la vida de los venezolanos, cualquiera que sea su preferencia política, y para que se detenga la actual espiral de violencia, odio y muerte. Movidos exclusivamente por el bien y la paz de todos los venezolanos, reiteramos el ofrecimiento de nuestros buenos oficios para facilitar el encuentro entre los contrarios y el entendimiento en la búsqueda de soluciones efectivas”.
Los obispos como los médicos no pueden ser neutrales entre la vida y la muerte y menos cometer el error de confundir lo uno con lo otro. La liberación y vida de Venezuela necesita reconocer la verdad del dolor generalizado que vivimos los venezolanos.

¡La ciudadanía está desesperada y sometida a una situación extrema! La inseguridad, muertes producto del hampa, hambre, desabastecimiento de alimentos, alto costo de la vida, enfermedades, escasez de medicamentos, son parte de la terrible realidad que exige a los políticos guiar, para lograr una salida de esta crisis brutal, por la que estamos atravesando los venezolanos. ¡La Unidad Nacional es vital!
Es un deber trabajar unidos con inclusión y amplitud, reafirmando la transparencia y la valentía, con salidas enmarcadas en la Constitución Nacional. Las recientes declaraciones de la presidenta del Poder Electoral, lejos de solventar la crisis institucional imperante en el país, pretenden profundizar el desconcierto y la frustración, en los ciudadanos que impulsamos la revocatoria del mandato del Presidente de la República, como respuesta a su incompetencia e incapacidad para generar soluciones.
Si cedemos o renunciamos a nuestros derechos, estaremos enfrentados a la historia, juez implacable cuya memoria permanece en el tiempo, aprendamos de los errores y reivindiquemos el sacrificio de tantos compatriotas. Cada una de las victorias y derrotas han sido enfrentadas con un espíritu unitario, capaz de distribuir las cargas y responsabilidades, donde sin duda el aporte de todos ha sido fundamental.
La Unidad es más que una coalición electoral de partidos políticos, se ha convertido en la aspiración ciudadana para generar las transformaciones sociales y políticas para el país.
¡La Unidad es fortaleza! Un referente ético y moral, solo cuando reconoce y valora el innegable aporte de los estudiantes, trabajadores, sindicatos, gremios, obreros, sociedad civil organizada, voluntarios, profesores, amas de casa, empresarios, empleados públicos, dirigentes políticos, militares y religiosos, en fin todo aquel ciudadano que centra sus esperanzas en el rescate de la República. ¡Unidos nada es imposible!
Hoy es irrenunciable apegarnos a la institucionalidad en la toma de decisiones, garantizándoles a todos los actores los espacios de debate y conducción política. La pluralidad es la naturaleza de toda coalición democrática, y sus principios deben promover el debate respetuoso de las diferentes posiciones tácticas para cohesionar una estrategia en común, consagrada al propósito superior: Remover democráticamente al régimen lo antes posible y articular un Gobierno sustentable de Unidad Nacional capaz de reconstruir moral, social, institucional y económicamente a nuestra Nación.
Promover reglas claras, termina siendo la mayor garantía para alcanzar rápidos entendimientos; la participación y la validación de compromisos es la verdadera Unidad. Esta nos blinda de cualquier inaceptable acción que pretenda imponer una hegemonía de pocos, sobre todo cuando luchamos contra la exclusión de un régimen corrupto y mafioso.
Enfrentamos el totalitarismo del régimen y a sus vicios, como expresión elevada de dignidad, donde amparados en la virtud y el honor, proponemos un proyecto alterno, reivindicativo y democrático dispuesto a modelar desde el ejemplo.
Los principios y derechos no pueden ser sometidos a ninguna negociación y estamos llamados a defender el mandato constituyente, expresado a través del voto en representación de la innegable mayoría de la Asamblea Nacional. Ningún diálogo es capaz de prosperar sin dos características previas: la igualdad de condiciones entre las partes y la disposición a conversar para buscar soluciones. Ambas se ven atacadas en las acciones de un régimen que mantiene como prisioneros de conciencia a compañeros estudiantes, militantes y líderes fundamentales de la Unidad.
Es oportuna la prevención que hace ante la crisis actual, la Conferencia Episcopal:
“El diálogo, del cual habla el gobierno, comienza por el reconocimiento de la gravedad de la situación en todos los órdenes y la manifestación de la voluntad mediante signos visibles, de querer cambiar positivamente o transformar la situación. El incremento del poder militar no solucionará los problemas éticos y sociales. Un diálogo político sin metas precisas, sin fases definidas y sin resultados previstos es inútil”.
Aprovechemos todo el respaldo y atención de la comunidad internacional, para una estrategia en favor del cambio democrático y oportuno, tal como lo expresó el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro:
“La democracia requiere diálogo. Para que este diálogo sea eficaz, debe ir acompañado de acciones. La democracia no tiene nacionalidad. La democracia es más que una elección, es libertad. Libertad de expresión, de asociación, de reunión. Es una ciudadanía empoderada. Una judicatura independiente. Una estructura de seguridad que tenga la confianza de la gente, del pueblo y que le rinda cuentas. Es el ejercicio legítimo del poder dentro del Estado de Derecho”.
Hoy en Venezuela no hay Estado de Derecho, no hay gobierno democrático, no hay respeto a la separación de poderes, no se respeta el pluralismo político, no se respetan los derechos humanos, no hay transparencia ni probidad en el manejo de los recursos públicos.
El diálogo demandado es nacional y para serlo hay que escuchar al pueblo, y el pueblo lo que pide es respeto a la Constitución, vale decir, acatamiento de su decisión de ir a un innegociable referendo revocatorio a celebrarse este año 2.016.
Por otra parte, cumplir la promesa electoral recogida en los acuerdos políticos suscritos por la Unidad, en el documento del 25 de noviembre de 2.015 es una obligación de cara al mandato recibido por millones de venezolanos.
Debemos dar prioridad al Proyecto de País, antes que al líder llamado a conducirlo, el reto consiste precisamente en promover un liderazgo colectivo fiel a este proyecto.
Por esta razón consideramos fundamental y alentamos a participar en la manifestación ciudadana del próximo 1ero de Septiembre: “Gran toma de Caracas”, no sólo para exigir fecha al CNE, además es la oportunidad de manifestar de forma no violenta, pero con irreverencia y fuerza, el derecho contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos: 5, 333, 347, 348, 349 y 350. La soberanía y el poder constituyente residen en el pueblo y es nuestro deber restituir la democracia en defensa de la República. Alertamos a los miembros de la FAN la obligación que tienen de cumplir lo establecido en el artículo 328 de la Carta Magna, igualmente, lo señalado en el artículo 68 y como venezolanos, la responsabilidad que le establece el artículo 25 de la Constitución sobre la responsabilidad civil, penal y militar, sin que puedan alegar “cumplimiento de ordenes superiores”.
La Unidad debe ser con todos, para todos, sin exclusiones y de proceder transparente, a la altura de las demandas ciudadanas y consciente de la trascendencia de nuestra misión.
Suscriben las Organizaciones Políticas integrantes de la MUD
Carlos Blanco – Alianza Bravo Pueblo
Haydee Deutsch – Fuerza Liberal
Fernando Álvarez Paz – Gente Emergente
Gustavo Mujica – Izquierda Democrática
Jorge Valverde – Moverse
Julio Albarrán – Movimiento Republicano
Luis Velásquez – Progreso Social
Dip. Deyalitza Aray – Proyecto Carabobo
Dip. Carlos Eduardo Berrizbeitia – Proyecto Venezuela
Cjal. Jesús Gutiérrez – Unidos Para Venezuela
Irma López – Unidad Noe
Iván López – Unidad Visión Venezuela
Gral. Enrique Prieto Silva – Vamos Adelante
Henry Alviárez – Vente Venezuela
Diputados por la MUD
Richard Blanco, Juan Pablo García, José Gregorio Aparicio, Edwing Luzardo, José Gregorio Hernández, Juan Vilera, Juan Carlos Bolívar, Alexis Lamazares, Elías Bessis, Freddy Castellano, María Verónica Rengifo, Nafir Morales, Lucia Castillo, Aura Hernández, Magalvi Estaba, Gina Rodríguez, María Aular, Adela Otaiza, Andrea Leger, Ana Morales, Carmen Serrada, Carlos Pinelly, Mary Ruiz, Andreina López, Edmundo Prieto, Belkis Ulacio, Cristina Minerva Ortega, Noé Mujica, Aranza Cordero, Carlos Bastardo, Omar González, Luis Barragán, Winston Flores, Franco Casella, Omar Ávila.
Caracas, 21 de agosto de 2016