Existen dos Venezuela conviviendo en nuestro país. La más grande de las dos cree que “Venezuela es rica porque tiene petróleo” y que el rol del gobierno es distribuir esa inmensa riqueza. Esa es la Venezuela que se hunde en el “excremento del diablo”, como diría Juan Pablo Pérez Alfonzo, el ilustre venezolano cofundador de la OPEP. Por otro lado, también hay una Venezuela más pequeña que comprende que el petróleo, por sí solo, no hace “ricos” a los venezolanos. Esta segunda Venezuela percibe que el desafío consiste en poner el petróleo y otros recursos a trabajar, como diría Arturo Uslar Pietri: “hay que sembrar el petróleo”.

La mentalidad de la primera Venezuela destruye la autoestima pues la gente piensa que “no hay nada que un individuo pueda hacer para remediar la situación”. Esa mentalidad aniquila la ética del trabajo y también explica por qué tantos venezolanos siguen buscando en el Estado una solución a sus problemas, a pesar del fracaso que han tenido las políticas socialistas e intervencionistas, tanto en Venezuela como en el resto del mundo. En pocas palabras, se trata de una mentalidad que produce pobreza, frustración y odio.
Promover iniciativas
Por su lado, la segunda Venezuela está dispuesta a abrazar estrategias económicas de mercado, diseñadas para integrar a Venezuela en la economía global, para promover iniciativas individuales y colectivas que generan riqueza. Es la Venezuela que favorece el cambio y el progreso económico dentro de un mundo globalizado. En pocas palabras, considera que Venezuela puede moldear su propio destino y alcanzar la prosperidad a través de políticas competitivas con el trabajo de los ciudadanos.

Debido a las políticas erróneas actuales seguimos hundiéndonos más en el excremento del diablo. Las políticas chavistas eluden la racionalidad económica y van en contra de la modernidad. Mientras la mayor parte del mundo sigue avanzando, Venezuela continúa retrocediendo. ¿Hasta cuándo seguiremos en este laberinto anacrónico?

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En la primera página de Últimas Noticias del 8 de junio de 2015 aparece una promesa de las tantas incumplidas por el régimen del autócrata Maduro. Decía el titular que “en dos meses estará resuelto el abastecimiento”. El anuncio lo hacía el general Carlos Osorio como ministro de Alimentación, el mismo que aparece vinculado a denuncias sobre corrupción en la importación de alimentos por su relación con cuestionados proveedores, entre ellos, Naman Wakil.

No sólo no se ha cumplido lo ofrecido sino que dos años después se cuentan en decenas las muertes por desnutrición, sobre todo infantil, y se multiplican las desgarradoras imágenes de venezolanos buscando comida en basureros.

Actualmente el general Carlos Osorio, sin dar respuesta a las gravísimas denuncias en su contra, desempeña el cargo de Inspector General de la FANB y, para colmo, suena como próximo ministro de la Defensa impuesto por Maduro, quien así busca tener un mayor control de la FANB y utilizarla como brazo armado para satisfacer sus ambiciones desmedidas de poder.

Esta semana hemos sabido que el Ministerio Público ha intensificado la investigación sobre Naman Wakil y sus oscuros negocios con altos funcionarios del régimen como proveedor de alimentos. Se trata del mismo seudo empresario denunciado por nosotros en el libro El Gran Saqueo por presuntos sobreprecios y sobornos en la importación a través de empresas de maletín.

En el expediente No. 318350-2016 de la investigación que adelanta el Ministerio Público, figura una lista de empresas utilizadas para las supuestas negociaciones fraudulentas que habrían causado un grave daño al patrimonio público: Dicom de Venezuela C.A., Atlas Systems Canda Ins C.A., Atlas Systems International Inc. C.A., Frigorífico Quatro Marcos C.A., Syronics de Venezuela C.A., Kelviana Group International C.A., All Food Universal Corp C.A., Michi Foods C.A., Doux Frangosul Agro Avicola C.A.

Del mismo modo, hay evidencias contundentes de que Naman Wakil hizo transferencias por casi seis millones de dólares a una cuenta en un banco suizo de los cuñados del general Carlos Osorio durante su gestión al frente del ministerio de Alimentación y CASA, de lo cual este alto funcionario, a pesar de estar obligado a rendir cuentas, se ha negado a dar explicaciones.

En vez de aprovechar la interpelación acordada por la Asamblea Nacional – a la cual no asistió, violando la Ley – para dar a conocer su versión de los hechos, Osorio inició una campaña de terrorismo judicial contra los diputados Ismael García, Carlos Berrizbeitia y mi persona.

En la actualidad hay un mandamiento de conducción (orden de captura) en mi contra que se ha manifestado con una hostilidad que pone en evidencia la verdadera intención que no es otra que la de amedrentar para evitar la investigación de las irregularidades en la importación de alimentos y que nuevamente queden impunes los graves delitos que se han cometido contra las finanzas públicas, así como contra la salud y la calidad de vida de millones de venezolanos.

Debido a que, como he sostenido, en Venezuela el Estado de Derecho ha sido sustituido por un Estado delincuente y algunos jueces actúan como sicarios judiciales, he decidido no entregarme a los carceleros al servicio de los altos funcionarios del debilitado y cuestionado poder madurista, a pesar de tener todas las pruebas que sustentan mis denuncias, las cuales entregué al Ministerio Público hace un año.

Una vez que se restablezca la legalidad en Venezuela, me haré parte del juicio que debe realizarse contra los responsables del saqueo que ha sufrido el pueblo venezolano.

www.carlostablante.com

@TablanteOficial

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Lo que está sucediendo en Venezuela es francamente telúrico. Cada vez son más lapidarias las evidencias de que el actual gobierno no atina al camino del bienestar de los venezolanos y, muy por el contrario, parece muy eficaz en coleccionar calamidades para la gente.

No asombra por ello, que las voces que señalan esta incuestionable realidad se multipliquen, sumando incluso unas cuantas que hasta ahora los acompañaban o se mantenían en la discreción, lo cual -para nosotros- es una muestra de que la ciudadanía avanza por el camino correcto en el tenaz reclamo de sus derechos.

Una de esas voces que ha sorprendido en los últimos días es la de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Su actuación de tono técnico e institucional ante la acción de los cuerpos de seguridad, ha sido seguida por la opinión pública con marcado interés.

Todo comenzó con una esperada e inesperada rueda de prensa ofrecida el pasado 24 de mayo, en la cual la funcionaria detalló una serie de casos de excesos en la fuerza pública durante las más recientes demostraciones de calle, escenificadas en varios centros urbanos del país desde el día 6 de abril.

Y en el marco de este evento, las posiciones respecto a la actuación del Ministerio Público se modificaron, ya que las declaraciones de su cabeza sentaron un precedente, en medio de la crisis actual de nuestra nación.

“No es momento para instrumentalizar las muertes. Hago un llamado a todos los grupos políticos para que dejen de hacer hipótesis que se divulgan como rumores, que solo generan más zozobra”, fue una de las frases más impactantes del encuentro. Con ella, queda claro que la institución estaba cumpliendo su rol tan necesario de equilibrio en medio de la vorágine. Algo que deseábamos todos los venezolanos.

Posteriormente ofreció un balance de los 54 días de protestas que iban hasta ese día 24 de mayo. Precisó que el Ministerio Público contabilizaba 55 fallecidos, 52 de los cuales son civiles y 3 funcionarios policiales o militares; 1.000 lesionados, 771 de los cuales son civiles y 229 funcionarios. Adicionalmente, detalló que había 346 bienes inmuebles públicos o privados quemados o saqueados.

Mención aparte merece la discrepancia entre la funcionaria y el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol, respecto a la causa de la muerte del joven Juan Pernalete. La divergencia entre dos poderes es algo normal en todas las democracias del mundo; pero en Venezuela aparece como una noticia, porque no es lo usual. Sin embargo, no hay que hilar muy fino para ver que eso es un avance y una situación no solamente necesaria, sino bienvenida, en medio de la complicada fase de nuestra historia que hoy atravesamos.

Por si fuera poco, Ortega presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad contra la convocatoria de Maduro de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución y reformar el Estado.

Al igual que quienes adversan al gobierno, critica que no haya un referendo previo para consultar si la población la desea o no. También critica las bases de elección, que será territorial y sectorial, sistema igualmente censurado por la oposición.

Se trata de otro matiz entre las voces que se alzan para mostrar su desacuerdo con el rumbo que lleva el país, y eso es sumamente valioso. Quienes claman por una rectificación del rumbo, son cada vez más variopintos, lo cual reafirma la legitimidad de los reclamos.

Derechos irrenunciables

Y es que tenemos una vez más que reconocer nuestros logros como una colectividad que lucha por derechos irrenunciables. La lista de personajes públicos y de funcionarios de rango que se apegan a lo que dice la ley y el derecho, sigue creciendo.

Desde las declaraciones del ministro de la Defensa Vladimir Padrino López -quien condenó los excesos de la fuerza pública- hasta los pronunciamientos y las acciones de Luisa Ortega Díaz, podemos ver cómo desde abajo, desde la masa, desde el pueblo, se está presionando a quienes tienen responsabilidades dentro del poder a tomar posición. Y eso es ganancia. Porque las posiciones son a favor de los más desamparados e indefensos en este duro pulso que se libra en el país.

También -y ya lo sabemos- se alzan cada vez más voces disidentes dentro del oficialismo, contra una Asamblea Nacional Constituyente que no cumple los supuestos que están especificados en la misma Carta Magna a la cual pretenden derogar. Porque es eso lo que se quiere, aunque se disfrace con palabras suaves y se utilice el truco de los “caramelos de cianuro”, como se ha dicho en ocasiones anteriores.

Hay quienes afirman que toda voz de disidencia es bienvenida, y estamos de acuerdo, pero, más allá de eso, la acción institucional de un poder, es una ganancia de un valor incalculable en el momento actual.

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http://www.eluniversal.com/noticias/opinion/una-fiscal-polemica_657008

Del hecho al dicho

El poeta Jaime Sabines dice que puesto que la realidad es superior a los sueños, frente a ella no habría que pedir "déjame soñar, sino decir déjame mirar". Pero el proceder político extremista, que todo lo piensa al revés, acostumbra sustituir lo que es por sus más exaltados deseos.

Ellos no admiten que exista una contradicción prácticamente insuperable entre chavistas y maduristas, entre vigencia de la Constitución y golpe de Estado, entre democracia y dictadura.

Esa distinción fundamental, que está mutando de astillamiento a fractura, es otro resultado de la casi unánime resistencia de la sociedad a las pretensiones dictatoriales de Maduro. Se está cumpliendo la predicción que pocos creían: el giro del proceso hacia su fase totalitaria, su abandono de la Constitución y el intento de sustituirla por una constitución para alargarle la vida a Maduro y su pequeña cúpula de saqueadores de la renta está recibiendo el rechazo de sus propios partidarios, poniendo fin a la hegemonía de Maduro y acabando con el monolitismo del PSUV. La astilla, desconcertante y dolorosa, proviene del mismo palo oficialista.

Aquellos que prefieren sustituir la realidad por sus deseos le reprochan a la Fiscal y al creciente chavismo crítico que defiendan lo que ellos consideran el legado del fundador del movimiento. No permiten que un venezolano pueda ser chavista y defender el Estado de Derecho y menos aún que se produzca una alianza entre ellos y las fuerzas que han estado durante años en la oposición. No le otorgan su valor simbólico y su validez, para abrir pacíficamente los cambios, a la valiente y ejemplar actitud adoptada por la Fiscal General de la República.

Las mentes patas arriba traen facturas, arrojan sombras sobre su intención, piden definiciones improcedentes y chillan porque la Fiscal no brincó la talanquera. Paradójicamente y sin proponérselo, ese tipo de visiones lleva agua al molino de Maduro.

La experiencia histórica indica que para que ocurra exitosamente una transición es necesario que se produzca un acuerdo entre los sectores moderados de los campos en pugna.

También nos enseña que la fractura en el bloque de poder tiende a ocurrir primero en el ámbito civil y luego se traslada al militar.

Los agentes de la transición, venciendo los prejuicios adquiridos en su larga confrontación, tienen que dialogar y definir los acuerdos mínimos para formar y sostener un gobierno centrado en la recuperación productiva del país, en la solidaridad social no populista, en el relanzamiento de la democracia y en la afirmación de una nueva cultura cívica. Son objetivos para volver a vivir con dignidad, en convivencia y aliando la igualdad de oportunidades básicas con la libertad y el avance progresista de la sociedad.

El golpe de Estado está hundiéndose en el fracaso. Los acontecimientos prueban que en el seno del chavismo y del gobierno quedan personas con decencia y conciencia. Donde están faltando estos tres atributos anteriores es en el madurismo.

Por eso Maduro está más solo y repudiado que el diablo.

@garciasim

Sería ingenuidad o miopía ver una acción meramente jurídica en el recurso contra la constituyente de Maduro presentado por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. En un país donde no hay Estado de Derecho, el recurso de la fiscal tiene un efecto absolutamente inocuo. Es en el escabroso ámbito de la lucha por el poder donde la iniciativa de la fiscal adquiere todo su significado. Por eso, más que una simbólica acción legal dentro del podrido sistema judicial venezolano, lo que acaba de hacer la fiscal hay que verlo como una impecable jugada política, cuyo alcance aún es muy temprano determinar.

Todo comenzó en diciembre de 2015 con el derrumbe electoral del chavismo. Frente a esa derrota, el PSUV y el alto mando civil y militar del régimen optaron por meter la cabeza en la tierra y desconocer la realidad. La dirigencia oficialista nunca quiso debatir las causas de la derrota y los signos evidentes del derrumbe del movimiento chavista. La mayoría de los operadores oficialistas se refugiaron en la retórica defensiva para atribuir su fracaso a la guerra económica y negarse a cambiar sus políticas.

Desde ese momento era evidente que la estrategia del gobierno sería usar la Sala Constitucional del TSJ –la cual fue plagada con militantes del PSUV– para bloquear a la nueva Asamblea Nacional y darle un barniz legal a las decisiones ilegales e inconstitucionales que emanaran del gobierno.

Por el contrario, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, intachable representante del chavismo originario, iniciaría uno de los ejercicios políticos más brillantes en la historia política venezolana. En su posición de representante del Ministerio Público y sin necesidad de renegar de su pública filiación chavista, la fiscal Ortega Díaz desarrolló una política de reconocer a la AN como poder público constituido. La presentación de su informe anual ante la Asamblea Nacional en enero de 2016 y sus reiterados contactos institucionales, evidenciaban un viraje del funcionario que meses antes había convalidado el cuestionable papel instrumental de fiscales del Ministerio Público en la condena de cientos de presos políticos, siendo algunos de los más emblemáticos Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos.

Luego vendrían las acciones que marcarían el deslinde definitivo entre el madurismo y el chavismo originario. Dos sentencias apuradas y mal redactadas del TSJ desconociendo a la Asamblea Nacional, le permitieron a la fiscal Ortega Díaz declarar que el hilo constitucional se había roto en Venezuela. Semanas más tarde, la fiscal se encargaría de demoler los argumentos del presidente de la República y su CNE para convocar una asamblea nacional constituyente en fraude a la Constitución.

¿Por qué la fiscal convalida con esta acción de nulidad un TSJ ilegítimo e ilegal? ¿Por qué intenta este recurso a sabiendas de que será negado por el TSJ? Seguramente porque la fiscal entiende, más que nadie, que el grave conflicto interno que vive Venezuela solo se podrá resolver por vías políticas, no jurídicas. Por eso la fiscal, aun sabiendo que su petición será negada, oculta la verdadera potencia de su arma, cuando en la misma acción de nulidad llama a los venezolanos a invocar el ejercicio de los artículos 333 y 350 de la Constitución vigente.

A diferencia de las juntas directivas de la AN en 2016 y 2017, la fiscal Luisa Ortega Díaz no se detuvo a preguntarse cómo hacer valer el ejercicio de sus atribuciones. Tampoco la fiscal se puso a averiguar cuántos generales chavistas la acompañarían en esta jugada. Simplemente evaluó sus atribuciones legales y constitucionales y las ejerció, sin pedirle permiso y sin negociar con nadie.

La Asamblea Nacional también tuvo no una, sino mil oportunidades de ejercer a plenitud sus atribuciones legales y constitucionales desde enero de 2016 y hasta la fecha para destituir al TSJ, renovar el CNE e invocar el 333 y el 350. Con diferentes excusas nunca lo hicieron. Luisa Ortega Díaz solo tuvo una oportunidad, y la aprovechó.

La falta de una visión estratégica de la lucha política por parte de la MUD los ha llevado a ver en la jugada de la fiscal el recurso final para enfrentar al régimen de Maduro. De la noche a la mañana toda la organización y logística de los partidos de la MUD están al servicio de pedir firmas para adherirse al recurso de la fiscal. En forma irreflexiva e irresponsable, la MUD está poniendo todo un capital político de luchas y sacrificio en manos de un representante del chavismo, si admitimos que la naturaleza real de su acción es política, no jurídica.

Esto nos lleva a la parte más perversa y perniciosa de la jugada de la fiscal. Su misión es proteger el legado de Chávez, promover una transición política que signifique un cambio de gobierno, pero que deje intacto el modelo de Estado chavista, y que eventualmente permita el regreso al poder de un chavismo más atemperado, pero chavismo, al fin y al cabo. Luisa Ortega Díaz jamás ha ocultado sus intenciones. Independientemente de lo que pase de aquí al 30 de julio, no hay duda de que la salvación del chavismo como movimiento político está hoy en las manos de Luisa Ortega Díaz.

Si la jugada política de la fiscal logra sumar decisivos apoyos del chavismo en el seno de las FANB, se darían las condiciones para hacer retroceder a Nicolás Maduro con su constituyente. Este evento podría provocar el inicio de una transición de gobierno, del madurismo hacia uno de “salvación nacional”, con el apoyo de la MUD y el chavismo originario, aislando a factores “radicales” de ambos polos. Luisa Ortega Díaz estaría en la posición única de recibir el respaldo y la confianza de ambos bloques para asegurar que los acuerdos de convivencia sean respetados, incluyendo el modelo perverso de Estado chavista que hoy nos ha traído al borde de la disolución de la república.

¿Leí bien?, es lo primero que me pregunté. Desde el máximo tribunal se dice que “Chacao es un territorio sin ley”. Es que Venezuela parece ya una obra de Ionesco, qué curioso, qué extraño, qué coincidencia. ¿Un territorio sin ley? Eso dicho desde la “cima” del derecho, que es el cráter del volcán más profundo del continente, resuena demasiado. Es lo que llaman los expertos disonancia cognoscitiva. Como que el carpintero diga: “hay que meter presos a los que talan árboles”; como que el carnicero diga: “por qué sacrifican a los animales, hay que ser vegetarianos”. Por qué olvidamos con tanta frecuencia la parábola de la paja en el ojo ajeno. Para comenzar, los profesores que hacen ciencia ficción en las escuelas de Derecho, definen ley como: “norma jurídica dictada por un cuerpo legislador”. El TSJ suprimió el cuerpo legislador que los venezolanos votamos, elegimos y designamos. Es decir, no hay ley porque no hay órgano legislativo, ni división de poderes, ni justicia, ni bien común, ni seguridad jurídica, ni pirámide de Kelsen, ni constitución. Pero más allá, no hay eso que los antiguos llamaban sindéresis, sentido de la historia, respeto por el ineludible juicio eterno, dicho más claramente: lo que no hay es vergüenza, eso que le enseñaron a uno en la casa cuando le explicaban que no se podía andar corriendo desnudo por ahí. No hay ley en Chacao, ni en el resto de Venezuela.

Es que como diría Charles Louis, las leyes tienen espíritu, como el cantar, que tiene sentido, entendimiento y razón. Es decir las leyes tienen lógica: suspender elecciones que establece el ordenamiento jurídico en nombre de la democracia, por ejemplo, va contra eso que llaman los andaluces el sentío comú. El tío Montesquieu nos enseñó algo que los venezolanos de este tiempo hemos entendido a cabalidad con mucha muerte, dolor y sacrificio: sin división de poderes el hombre pierde la libertad y se convierte en un esclavo del déspota de turno. La ley, como fundamento del estado de derecho requiere que quien las aplica, lo haga teniendo la justicia como norte. Ser eso que llaman el fiel de la balanza, no el contrapeso. La idea de representar a la Justicia como una dama ciega es porque ella no ve a quien condena o absuelve. No sabe si es pobre o rico, humilde o poderoso.

No hay nada más amenazante para la convivencia humana que aquel que lleva en sus manos la espada de la justicia tuerza el sentido de una norma con su interpretación de tal modo que termine haciendo con ella exactamente lo contrario de lo que la norma buscaba. Es verdad que un juez puede equivocarse y una cosa es el error, propio de los hombres, pero armar el rompecabezas del derecho para conseguir un propósito preestablecido en beneficio de alguien, que además ha hecho daño o delito, es ruin. Por eso se dice “que Dios y la Patria os lo premien, si no que os lo demanden”, porque en esto está el Supremo Autor de por medio, aunque se le llame principios, conciencia moral o, si quieren, escrúpulos.

A las frases del chavismo les ha dado últimamente por rebelarse también en contra de sus dueños, los nuevos “escuálidos” han hecho que la constitución se vuelva una “moribunda”, la devoran sus padres; la “podredumbre”, eso que llaman las “cúpulas podridas”, la “oligarquía leguleya”, pues –que viene a ser el gobierno de unos pocos–, lleva el rumbo de la nación.

¿Un territorio sin ley?

Sí señor, escasea también eso por acá. Y hay varios millones de ciudadanos en cola, esperando a ver si llega.

A la vista de todos, dentro y fuera del país, continúa la arremetida totalitaria del gobierno. El objetivo es elegir el próximo 30 de julio una Asamblea Constituyente que asuma todos los poderes y coloque al país bajo la tutela de un régimen asambleario, con desaparición de los fundamentos de una democracia. Es decir, la instalación de dicho régimen conllevará la anulación de la Asamblea Nacional y de toda instancia que se oponga a sus objetivos. Ese escenario está a la vuelta de la esquina, en apenas seis semanas.

Una lectura de esta situación indicaría que el gobierno, a pesar del mayoritario rechazo, tiene la suficiente capacidad para imponer su proyecto totalitario. Justamente esta es la situación que la sociedad democrática debe impedir. Desde otra perspectiva, es bastante evidente que lo que se observa es un gobierno completamente desarticulado, en fase de derrumbe, que apela a sus últimas cuotas de poder para sobrevivir.

En efecto, a lo largo de estos casi diecinueve años, se ha producido una sistemática disminución de las capacidades del gobierno para tener un desempeño democrático con impacto en la calidad de vida de los ciudadanos. Lo primero que perdió este gobierno fue el fundamento de la Constitución.

La misma que el gobierno había propuesto a principios de 1999. Apenas una semana después del referendo aprobatorio de la Constitución, fueron violadas las normas para el nombramiento de los Poderes Públicos. En la práctica, se impuso a los funcionarios que luego habrían de refrendar todas las decisiones del Poder Ejecutivo. Lo que estamos viviendo en estas semanas es el efecto de la desaparición del equilibrio de poderes consumada en diciembre de 1999.

Amparado en el control de los Poderes Públicos, el gobierno del presidente Chávez procedió a partir de 2000 a avanzar en las primeras etapas de la hegemonía política que tenía en mente. Es decir, la hegemonía necesaria para controlar al Estado, y dentro de esa estrategia, el control de la Fuerza Armada y de la economía no petrolera.

Esos fueron los acontecimientos que condujeron a la crisis política de 2002, la cual trajo a su vez como consecuencia que se resquebrajara enormemente la institucionalidad militar y de la industria petrolera. El resultado de todo ese proceso fue la pérdida por parte del gobierno de toda posibilidad de ser un actor político creíble, con capacidad de construir consensos. A partir de ese momento, quedó mucho más claro el carácter excluyente y sectario del gobierno.

La coyuntura del boom petrolero iniciado en 2004 y la ola populista respaldada por la implementación de las Misiones, colocó al gobierno en la posibilidad de literalmente apropiarse de vastos sectores productivos. Y es por ello que a partir de 2005 comienza la secuencia de estatizaciones que culminaron en la expropiación de miles de empresas, violaciones a los derechos de propiedad, invasiones, y el cese de las inversiones nacionales e internacionales. Al final de ese proceso, el gobierno había perdido la capacidad de incidir en la producción del país. La consecuencia fue obvia, el agravamiento de la escasez y el desabastecimiento, que han traído el empobrecimiento masivo de la población, con el auge de la pobreza y la desnutrición como nunca se había visto en el país.

Las consecuencias de este monumental fracaso eran evidentes en 2013. El gobierno evitó reiteradamente tomar las decisiones que colocaran al país en otra dirección. No era posible, ahora se ve más claro, porque esa no es la orientación del gobierno. Se trata de controlar a la sociedad en toda su extensión.

Lo que el gobierno no había estimado era el profundo descontento que ya avanzaba en el país, manifestado completamente en las elecciones de la Asamblea Nacional de diciembre de 2015. Esa es la razón para que el gobierno acuda a la eliminación de las elecciones, tanto las regionales y municipales, como del referendo revocatorio del año pasado. Para evitar a todo trance otra expresión de la voluntad popular. Y paralelamente, también intenta, por intermedio del TSJ, la anulación de la Asamblea Nacional, producto justamente del ejercicio de la soberanía popular.

Ante todas esas acciones, la reacción de la sociedad democrática en los últimos dos meses ha ocasionado que el gobierno opte por el único camino que le queda. Esto es, cambiar las reglas con el intento de aprobación de otra Constitución. Para lo cual requiere la desaparición de la consulta popular como medio para convocar la Asamblea. De esa manera, el gobierno ya no tiene el fundamento constitucional, ni la capacidad política y económica, y mucho menos las opciones de legitimidad electoral.

El gobierno se ha quedado solo con la fuerza. Con ella arremete contra los manifestantes, encarcela a sus adversarios sin el debido proceso, utiliza métodos de control de las protestas que han ocasionado muertes de personas solamente por expresar su opinión. El gobierno ya no tiene ningún argumento, solo la fuerza bruta. Todo indica que esa demostración de fuerza lo que hará es aumentar la lucha democrática de los venezolanos.