Quisiera aprovechar el anuncio del Presidente de la República sobre las bases comiciales para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente para analizar las implicaciones tanto del diseño como del funcionamiento del sistema electoral utilizado para la elección de este órgano, que por su carácter originario, en la práctica, no solo va a tener la responsabilidad de escribir un nuevo texto constitucional, sino también de regular e incluso suspender el funcionamiento del resto de los poderes públicos. Me gustaría resumir mis comentarios sobre dichas bases comiciales en tres bloques diferentes. Cada una de las implicaciones de estos distintos bloques tiene consecuencias normativas, jurídicas (pero sobre todo políticas) muy diferentes; implicaciones que los expertos constitucionalistas y los partidos políticos, así como la sociedad civil, tendrán que sopesar para tomar la decisión sobre si participan o no en este proceso. No me corresponde y tampoco quisiera adelantar una recomendación, pero la misma me parece evidente. Me corresponde aquí tan solo apuntar de manera muy general algunas consideraciones que pueden ser relevantes ahora que contamos con mayores detalles sobre las reglas y el sistema electoral que plantea el Ejecutivo Nacional para convocar directamente la elección de un poder constituyente.

El primer elemento es que las bases comiciales excluyen tanto la realización de un referéndum consultivo para activar la convocatoria, así como la necesidad de realizar un referéndum para aprobar una futura Carta Magna. En ningún momento las bases comiciales incluyen la consulta a la población como cuerpo soberano, en el que reside la voluntad popular, para secundar la iniciación del proceso constituyente en los términos que propone el Ejecutivo Nacional y tampoco lo hace obligatorio para validar el nuevo texto constitucional. Este factor contrasta con el proceso constituyente anterior, en el año 1999, que no solo conllevó al chavismo a legitimar popularmente con el 72% de aprobación el actual entramado constitucional, sino que también contradice abiertamente las consideraciones establecidas en la Constitución vigente para su modificación. En el fondo, estas bases comiciales le permitan al presidente tener el poder para iniciar el proceso constituyente y también lo faculta para fijar los términos de la convocatoria sin ningún tipo de consultas democráticas (algo que está expresamente prohibido por el texto constitucional actual diseñado por el mismo chavismo). Según las bases comiciales, en principio, la nueva Carta Magna no tendría que ser sujeta a la aprobación popular, sino que la misma Asamblea Constituyente definirá ese requisito a su propia discreción una vez que haya terminado sus funciones. En otras palabras, las bases comiciales aprobadas por el presidente Maduro abren la posibilidad de que el proceso constituyente no cuente con ningún tipo de controles democráticos más allá de la simple elección de sus representantes.

El segundo bloque de comentarios está referido al sistema electoral para escoger los 540 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Un número de 312 miembros serán electos a través de un sistema mayoritario en cada uno de los municipios existentes del país. Estos asambleístas serán escogidos por mayoría simple en cada una de los territorios municipales. Es así como todos los municipios, indistintamente de su tamaño poblacional, terminan siendo igualados con un representante por cada entidad. Este sistema electoral es un esquema que sobrerrepresenta a las unidades territoriales independientemente de su tamaño poblacional. En Venezuela, los municipios menos poblados suelen ser rurales y los más poblados tienden a ser urbanos. También es cierto que los municipios menos poblados tienden a ser los más pobres. En el fondo, este sistema electoral implica que aun perdiendo la votación nacional, un partido político con presencia mayoritaria en los municipios más pequeños puede llegar a obtener una representación significativamente más alta que su apoyo electoral a nivel nacional. Este tipo de esquemas permiten direccionar el gasto clientelar de manera muy eficiente pues ayuda a garantizar un rédito político muy alto en función de la baja población del municipio y también del bajo nivel de ingreso que hace que este tipo de estrategia sea particularmente efectiva. En el caso del Distrito Capital (Chacao, El Hatillo, Sucre y Baruta) y los otros 23 estados del país, el sistema electoral es modificado para garantizar un sistema proporcional de 2 puestos por cada entidad. En principio, la adopción de este sistema proporcional con un tamaño de dos puestos por estado federal implica que los dos candidatos más votados, aún siendo de partidos diferentes, tendrán una probabilidad muy alta de ser seleccionados. Tanto el chavismo como la oposición (en caso que ambos coordinen sus candidatos adecuadamente) se repartirán con una probabilidad muy alta equitativamente estos puestos de representación, al menos que la oposición logre en algunos estados más que duplicar la votación del chavismo o viceversa. En cuanto al municipio Libertador, el número de representantes aumenta a 7 puestos, los cuales también serán seleccionados a través de un sistema de representación proporcional.

En términos generales, el sistema electoral descrito en las bases comiciales implica que para poder ganar la mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente, tanto el gobierno como la oposición, van a tener que ser muy competitivos en los municipios menos poblados del país. Los incentivos creados por el sistema electoral son muy claros: dada la sobrerrepresentación que tienen estos municipios serán estas pequeñas entidades las que hagan la diferencia. Esto amerita una buen simulación para estimar el efecto de este sesgo. Por otro lado, el haber fijado en 2 puestos por estado el tamaño de los distritos con un sistema proporcional, le asegura al gobierno que aun sin ganar la elección mayoritaria en las distintas entidades federales tendrá garantizado por lo menos la mitad de los curules. Tan sólo si la oposición dobla su votación puede mitigar este otro sesgo, algo que quizás logre en estados como Táchira o Zulia, pues en estos casos se llevaría ambos puestos a pesar de la proporcionalidad.

El resto de la Asamblea Nacional (prácticamente un tercio) será seleccionado a través de un sistema corporativista sectorial. El sistema electoral es por lista, pero queda por definir si el sistema es uno en el que se seleccionan los más votados individualmente o por planchas presentadas por grupos diferentes. Lo más sorprendente de este sistema es que adopta un esquema de representación sectorial (la circunscripción territorial tan solo se mantiene para la elección de los indígenas) e introduce un registro electoral para cada uno de los sectores (que no es un registro que está en manos del Consejo Nacional Electoral). La definición de los electores para cada uno de los sectores probablemente dependa de otros registros distintos al padrón existente: un registro que está en control de otras instancias gubernamentales y sociales (como por ejemplo el seguro social, inces, cámaras, gremios, etc). Por lo tanto, estos registros no han sido auditados por la autoridad electoral y se asumen como perfectamente representativos del sector seleccionado. Sorprende igualmente la arbitrariedad en la escogencia de los sectores (estudiantes, empresarios, pescadores y campesinos, discapacitados, comunas, trabajadores y pensionados) pues se excluyen otros que tanto por su tamaño como por su pertinencia social son igualmente importantes (academia, trabajadores informales, microempresarios, amas de casas y comunidad LGBT). La implementación de este sistema va a ser un dolor de cabeza para el Consejo Nacional Electoral, pues su adopción es cuestionable tanto por la integridad de la base electoral como por su representatividad. Este sistema es tan absurdo que en un país que se hace llamar socialista los empresarios van a tener más votos que un LGBT o una ama de casa. Todo esto sin mencionar el carácter corporativista y por lo tanto antidemocrático de semejante esquema de representación política.

El tercer bloque de comentarios se refiere a la inclusión en la base comicial del estatuto de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 como las reglas que deben en principio regir provisionalmente el funcionamiento de la nueva constituyente. Este estatuto establece claramente que todos los poderes públicos que están en funcionamiento quedan sujetos a esta instancia por lo que pueden ser suspendidos mientras culmina el proceso de redacción y la entrada en vigencia del nuevo texto constitucional, tal como ocurrió con el Congreso de la República que fue electo en 1998 y que luego fue sustituido por la nueva Asamblea Nacional electa en el año 2000. Aunque las bases comiciales no establecen la fecha de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, tanto el Presidente como la Presidenta del Consejo Nacional Electoral han dicho que se realizará a finales de julio. Ambas autoridades también han hecho saber su intención de aceptar la convocatoria de las elecciones para gobernadores a finales de este mismo año. Esta decisión seguramente planteará un dilema para la oposición sobre si participa o no en este proceso (ya algunos líderes partidistas han anunciado su decisión de no avalarlo), pues sería percibido como contradictorio renunciar a participar en la Asamblea Nacional Constituyente y aceptar simultáneamente competir en las elecciones regionales de diciembre. Esto implica una gran disyuntiva política para la oposición y la decisión marcará sin duda un antes y un después.

El principal desafío del gobierno es demostrar internacionalmente pero también dentro de las mismas filas del chavismo, sobre todo entre los grupos insatisfechos, que una constituyente sin controles democráticos ex-ante y ex-post es verdaderamente legítimo; pero sobre todo que es perfectamente chavista y protectora del “legado del comandante”. La oposición enfrenta otro tipo de desafío, más ahora que el gobierno propone un cronograma electoral tanto para la constituyente como para las regionales. Este desafío es el que debe poder comunicar con eficacia y coherencia tanto en el exterior como en sus bases de apoyo ciudadano —independientemente de su decisión sobre su participación—, el quiebre del funcionamiento de la democracia y el Estado de derecho en el país.

No es la viuda negra, ni la viuda blanca, ni catira ni morena; es La Viuda Roja, esa cuyo padre legítimo sometió a las más viles y aberrantes torturas exhibiéndola ante todo el mundo como la única, la mejor, la originaria, la insuperable, la inmejorable, la vergataria, la milenaria, la bicha, la que estaría más allá de su vida y de su muerte por los siglos de los siglos…

Fue vejada, violada y ultrajada al derecho y al revés, pa’rriba y pa’bajo. La manosearon y la babosearon; fue obligada a manosearlos, a babosearlos y acompañarlos a cuanto acto había para que le gente la viera y la sintiera, se relamiera con sus encantos, con sus medidas, con su atractiva figura. Fue entregada a los traficantes de constituciones de Cuba, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Honduras… Fue presentada y prestada a los pornogobernantes del África y del Oriente Medio como la única que faltaba en sus harenes.

Con ella y dentro de ella, todo; sin ella y fuera de ella, nada. Se fue deteriorando, ajando, marchitando, más por los abusos a los que fue sometida que por el uso que le dieron su padre, sus hermanos, sus tíos y sobrinos. La invocaban como los malandros que gobiernan invocan a Dios para cometer sus fechorías y atropellos de expropiación y confiscación de bienes mientras propagan los males y el hambre por toda la nación.

Ella era la Sra Constitución (Vda) de Chávez, la inigualable, que fue legada a su padrastro y hermanastros que después de sacarle y gastarle, dilapidarle, su inmensa fortuna ya no les sirve para nada y tratan de matarla para borrar todo vestigio de su breve pasado y triste historia. Ya la Sra Constitución de Chávez debe morir porque no se adapta ni se ajusta a los intereses de la pandilla que la heredó.

Incluso aquellos que la ponderaron, la alabaron, la elogiaron y hasta le adularon hoy se ponen del lado de los verdugos como una manera de contribuir a su deceso y salvar el pellejo, quizá, con la asamblea nacional prostituyente, aunque no creemos que alguien del Pueblo Soberano (otro que ya no vale) pudiera prestarse a contribuir con este constitucionicidio propuesto vilmente por el aberrado padrastro que no quiso, no pudo y no supo hacer el mandado y ahora culpa a La Viuda Roja rojita de todos los males que padece y sufre la república creyendo que podría escapar de la justicia divina o terrenal y salirse con la suya…

Nos veremos en las urnas…

Coño, lo que nos faltaba, una maldición indígena expresaba muy molesto Nicolás. El oligarca de Guarulla con los indígenas de Amazonas haciendo sonar sus maracas, invocan a sus ancestros para despertar el “hechizo Dabucurí” contra el mal que rodea y somete al país.

Tranquilo mi jefe, dijo Jaua, que el Dabucurí es un ritual en la selva amazónica, practicado para la integración de las distintas etnias que habitan la zona y el mismo sido propuesto como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO.

Si pendejo, le ripostó Nicolás, pero no te olvides que “Las victimas de esa maldición pierden todas sus riquezas y su vida se llena de dolor”…..o sea que vamos a perder toda la fortuna que hemos acumulado en estos 18 años.

¿Todos nosotros o la maldición es unipersonal en su contra camarada?, preguntaron casi al unísono los miembros del gabinete ejecutivo.

- En ese momento, entró la secretaria ejecutiva del despacho presidencial, para informar que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció que congelaría los activos de ocho funcionarios del Tribunal Supremo con el fin de apoyar al pueblo venezolano “en su empeño por proteger y hacer progresar la gobernabilidad democrática”. Los sancionados serían, Luis Damiani, Arcadio Delgado, Gladys Gutiérrez, Juan Mendoza, Maikel Moreno, Calixto Ortega, Lourdes Suárez y Carmen Zuleta.

Ahí tienen la respuesta, gritó Nicolás, Dabucurí nos va a joder a todos nosotros….y al mejor estilo del Chavo se puso a llorar y decir “Ahora quien podrá defendernos”

Que no cunda el pánico, fue la inmediata expresión del Jefe del G-2 cubano, Nuestros Babalaos con sus tabacos, ron y los caracoles le harán la contra a esa maldición y se las devolverá a los golpistas de la derecha. Acto seguido ordenó que se hicieran presentes los Sacerdotes de Orula para dar inicio al ritual de santería.

Luego de varias horas, entre humo y ron, el Orisha de la sabiduría que opera a través del sistema adivinatorio de Ifá, le indicó a los presentes que había entrado en comunicación con Orunmila, deidad conocedora del pasado presente y futuro.

¿Qué te dijo? preguntaron todos.

- Que el Dabacurí es una maldición indígena, en la cual el poder de la santería queda anulado, debido a las raíces indígenas ancestrales que la conforman.

-Coño nos jodimos, fue la expresión que se oyó en el salón.

Calma, calma dijo el Babalao principal, en mi lectura de los caracoles creo haber conseguido la contra que necesitamos para superar la maldición de Guarulla. Acto seguido, lanzó al aire los 21 caracoles invocando a Eleguá. La respuesta, no se hizo esperar: Baile y maracas son las partes necesarias para el ritual de contra que debe ser ejecutado por el actor principal a quien fue dirigida la maldición.

Después de un largo momento de tensión, apareció el camarada Nicolás bailando salsa con unas alpargatas que llevaban cosidas un par de maracas que con su sonido característico acompañaban el ritmo salsoso con el que bailaba Nicolás:

Échale semilla a la maraca pa que suene / cha cu cha curucucha curucucha

La alegría no se hizo esperar entre los enchufados ministros que ya sentían conjurada la maldición de Dabacurí…..y le pidieron a Nicolás que hiciera el conjuro dancístico en cadena nacional, para así conocer la opinión del pueblo mesmo….así lo hizo.

Al día siguiente, Oscar Schemel de la encuestadora Hinterlaces fue el encargado de presentar los resultados de la consulta nacional:

-100% opina que el baile del presidente con alpargatas y maracas es una burda o mala copia de Ismael Ochoa “El Sabanero Porteño” quién se distinguió en su vida artística por la forma genuina de bailar joropo, con alpargatas que al zapatear hacían sonar las maracas que llevaban adheridas a estas cotizas.

- 100% opina que Nicolás parece “Una mariposa cuando danza”

- 100% de los encuestados interpretan que el mensaje que quiso trasmitir Nicolás se recoge el la frase que hizo famosa Luis Herrera Campins “A ponerse alpargata que lo que viene es joropo”

Abatido y acongojado por esos números, Nicolás solo se limitó a decir “Carajo, no pego una”…..que maldición tan arrecha me cayó encima.

Venezuela ostenta una larga tradición militarista-caudillista, reforzada por el predominio de regímenes de acentuado presidencialismo, que ha tomado vida en el imaginario popular, con la consecuencia de relegar a un plano secundario a nuestros próceres civiles, en evidente capitisdiminutio.

Entre otras cosas, esta concepción ha condicionado la legislación militar, la cual ha permanecido inalterada, a pesar del avance en esta materia que, en definitiva, se orienta hacia el carácter civilista y ciudadano que domina en el concierto de las naciones, en el contexto del respeto al derecho a la democracia y bajo el signo de los tiempos de la protección absoluta a los derechos humanos.

Nuestro Código de Justicia Militar, cuya última reforma parcial de 1999 solo introdujo la remisión a las normas del COPP, sin afectar la estructura fundamental del instrumento en su orientación, estructura y principios, data de 1938 y contiene disposiciones de un todo ajenas a las exigencias de nuestra Constitución vigente, golpeada, pero no derogada.

Esta legislación penal militar mantiene dispositivos que respaldan la obediencia ciega y admite la sujeción a órdenes superiores ilegales bajo la simple condición de una advertencia que exculparía al subordinado, aunque la orden se dirija notoriamente a la comisión de un delito; se afinca en la teoría de que lo militar absorbe a lo civil; considera delito militar cualquier hecho punible cometido en instalaciones militares; le da carácter militar a hechos atribuidos a civiles que afectan intereses o bienes militares; refuerza con sanciones penales las ofensas a la dignidad militar, como si fuera distinta a la dignidad humana; y conserva como tipo delictivo que puede ser cometido por civiles las amenazas o ultrajes al “centinela”, figura que nada tiene que ver con un militar en funciones de seguridad ciudadana o de resguardo del “orden público”.

Esta concepción recogida en las normas mencionadas aparece en franca contradicción con lo dispuesto en el artículo 261 de la Constitución, el cual, de manera terminante, establece que “la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”.

Sin duda alguna, queda entonces en claro que los tribunales militares no pueden conocer hechos atribuidos a civiles, por la sencilla e inequívoca razón de que estos no pueden cometer “delitos de naturaleza militar”, esto es, aquellas infracciones que atentan contra los deberes militares, tal como lo dejaron sentado decisiones de 2001 y 2004 de la Sala de Casación Penal, deberes que solo incumben a los efectivos de la organización castrense y que se concretan en la obediencia, subordinación y disciplina.

Triste y lamentablemente, la situación actual de crisis institucional, una vez más, ha recurrido a la “justicia militar”, a cargo de quienes forman parte de una organización jerárquica y obediente, a los fines de facilitar el procesamiento expedito de civiles, por el simple hecho de adversar al gobierno y sustraerlos así de las garantías de un proceso ordinario y de sus jueces naturales, para someterlos a un derecho penal de guerra o derecho penal del enemigo.

Militares y civiles por delitos que les sean imputados solo deben ser juzgados por jueces ordinarios, árbitros imparciales a quienes corresponde administrar justicia, nota distintiva de la Venezuela del futuro.

El Nacional

22 de mayo de 2017

aas@arteagasanchez.com

Se tiene la idea de que la voluntad de los poderosos está hoy y ha estado siempre por encima de la ley. En una república a medias ha predominado la arbitrariedad, es decir, la preferencia que los asuntos públicos han dado a los representantes o a un representante del Ejecutivo frente a la disposición de las regulaciones codificadas, se ha sostenido hasta la fatiga. En consecuencia, cuando observamos o padecemos la influencia de una decisión personal, de una imposición cuyo origen es lo que un solo individuo poderoso considere porque le da la gana, o porque conviene a sus intereses, carecemos de motivos para preocuparnos más de la cuenta. Si así ha sucedido antes, desde cuando Venezuela es Venezuela, ¿por que rasgarnos las vestiduras? ¿No son situaciones habituales, violaciones que, debido a su reiteración, forman parte de nuestra vida y, por lo tanto, dejan de ser violaciones?

La sensación se refuerza a través del recuerdo de imposiciones personales que se han hecho célebres, hasta el extremo de alimentar una memoria de prepotencias sin las cuales no pareciera posible una explicación de la vida venezolana. En las reminiscencias más socorridas ocupan lugar de preferencia las petulancias de Guzmán Blanco, capaces de sellar la sensibilidad de tres décadas de evolución social; el miedo provocado por lo que pudiera decidir en una mala noche el Taita de la Guerra; peor todavía, el silencio de Gómez a través del cual se resolvía el destino de la nación sin necesidad de que mediaran las palabras. Hablamos de más de medio siglo de evolución, susceptible, no sólo de asegurar la existencia de una deformación recurrente de los negocios públicos, sino también de aconsejarnos cordura ante un entendimiento del gobierno que necesariamente pasa por esas trabas, o las permite sin alarma, o las busca para no perder hábitos ancestrales.

En esa presencia de las voluntades personales, a través de las cuales se puede sostener la idea de la existencia de un pueblo inepto que depende necesariamente de una voluntad superior e indiscutible; o, en el mejor de los casos, de un selecto grupo de personas que rodean con su consejo a los hombres fuertes, encuentra fundamento la teoría del gendarme necesario. Laureano Vallenilla, comunicador de la necesidad de un Cesarismo democrático capaz de encarrilar a las masas incompetentes que en el futuro se harán cargo de su destino después de que el César haga la pedagogía correspondiente, es el teórico de las mandonerías que hemos padecido, o a las cuales nos hemos venido acostumbrando hasta estimarlas como piezas imprescindibles de nuestro desenvolvimiento como sociedad.

El autor no parte de endeble base, debido a que busca y encuentra en las realidades del pasado las evidencias capaces de avalar su punto de vista; es decir, un repertorio de gamonales ante los cuales se ha rendido la colectividad a través del tiempo. De allí que otro teórico del positivismo puesto al servicio del gomecismo, Pedro Manuel Arcaya, hablara de la existencia de una “sociedad suicida” que no pasó a un cementerio profundo y ancho debido a la influencia de los caudillos que fueron capaces de controlar su instinto de muerte.

El imperio de las voluntades personales encuentra así una especie de apoyo “científico”, por si algo les faltara para que se las considerase como eje y médula de la marcha de unos hombrecitos ineptos y pusilánimes. Estamos ante interpretaciones dignas de atención, debido a que solo se detienen en un rasgo de la sociedad hasta el punto de permitir que la cubra con espesa cortina. Su peligro estriba en que no solo procuraron la legitimación de una dictadura como la de Juan Vicente Gómez, sino también en el hecho de ofrecer como rasgo predominante la sumisión de los venezolanos a los caprichos de sucesivos mandones para quienes no existía la legalidad. En consecuencia, la república no se concreta porque la sociedad prefiere otros escudos, otros salvavidas, otros alivios, se desprende o se puede desprender de tales argumentos. Ciertamente se ocupan de la valoración de una característica colectiva que no se puede subestimar, pero niegan la existencia de una parte esencial de la realidad que demuestra exactamente lo contrario.

Niegan, en primer lugar, la existencia de un pensamiento de cuño republicano que se remonta a 1810 y que no deja de divulgar el mensaje del civilismo frente al personalismo. Ignoran, por lo tanto, la presencia y la insistencia del influjo de mentes imprescindibles para el entendimiento de los negocios del poder en Venezuela: Roscio, Sanz, Yanes, Toro, Acosta, González, Guzmán el viejo, Lander, Larrazábal, Becerra, Riera Aguinagalde, Briceño Iragory, Mijares, Adriani, Picón Salas, Liscano y muchos otros que marcan con su luz un itinerario triunfal que recorre los siglos XIX y XX. Pero en especial, desprecian el experimento cabal de república que se lleva a cabo entre 1830 y 1848, en el cual se establece un sistema de frenos y contrapesos que impide la hegemonía de unos guerreros tan significados como Páez y Soublette, mientras se aclimata una sensibilidad liberal y laica que nos separa de los hábitos coloniales y de la sangre de la Independencia para la fragua de una civilización morigerada de orientación moderna. Un lapso prolongado de construcción en el cual se siembra una semilla cuyo cuidado procuramos en nuestros días, pero que los adoradores del personalismo califican como capítulo trivial y pasajero.

La subestimación de ese tramo de historia convenía a los teóricos del positivismo, y ahora conviene a los plumarios del actual personalismo de origen militar. De allí la necesidad de confirmar su existencia, ante los intereses de los adoradores de las autocracias y ante la ignorancia de una gran masa de destinatarios a quienes se ha escamoteado un conocimiento fundamental para que el presente tope con el aliciente de lo más enaltecedor del pasado. Para que nadie relacione las luchas de nuestros días con la superficialidad de un conglomerado que da palos de ciego porque nadie le ofreció una brújula. Para que sintamos cómo ahora nos apegamos a una vieja iluminación que no cesa de conducirnos. Para tener conciencia de que peleamos contra una anomalía.

http://prodavinci.com/blogs/los-caprichos-de-los-mandones-por-elias-pino...

Los jóvenes del PSUV y de la Misión Jóvenes de la Patria son los llamados por el gobierno a promover la idea de una Constituyente en los estados Trujillo[1], Guárico y Apure[2]; en el caso de Mérida[3], la labor fue encomendada al Instituto de la Juventud de Mérida.

Para Elías Jaua, la Constituyente persigue defender los derechos de los jóvenes[4] y en tal sentido, Pedro Infante, del Instituto Nacional del Deporte, invitó a la Juventud a defender y ampliar sus derechos a través de la Asamblea Nacional Constituyente.[5]

¿A qué derechos se refieren Jaua e Infante?

Desde el año 2009 está vigente la Ley Orgánica del Poder Popular para la Juventud, en cuyo texto se garantiza a la juventud el derecho al primer empleo, a una protección especial para la joven embarazada, a una salud integral, a disfrutar de un régimen especial para trabajar y atender los estudios al mismo tiempo, a disfrutar de los beneficios del seguro social, entre otros derechos.

La Ley mencionada expresamente reconoce que son los órganos que ejercen el Poder Público los responsables de diseñar medidas legislativas, judiciales y administrativas que garanticen a los jóvenes el pleno e integral disfrute de sus derechos humanos, políticos, laborales, sociales, económicos, civiles, colectivos, científicos, tecnológicos y culturales. Defender y ampliar los derechos exige que el gobierno reconozca a los jóvenes como sujetos activos del proceso de desarrollo, tal y como lo señala la Constitución vigente o como actores del desarrollo nacional, según la Ley respectiva del 2009.

Para el régimen, atendiendo a la hoja de ruta llamada Plan de la Patria 2013-2019, los jóvenes son reconocidos como sujetos de un proceso de formación para la ética socialista y para una cultura económica productiva socialista. En consecuencia, ha diseñado espacios que sólo pretenden ejercer control político y social sobre los jóvenes por parte del Ejecutivo Nacional.

Si el gobierno tuviera el interés de facilitar a los jóvenes los espacios legalmente establecidos para el ejercicio efectivo del derecho a la participación y así ser actores protagónicos de la política nacional, como señala la Ley respectiva, simplemente hubiera impulsado el Sistema Nacional de Juventud.

En el Plan de la Patria 2013-2019, el régimen se había comprometido a fortalecer los Consejos Populares de Juventud en el ámbito comunal, parroquial, municipal y estadal, que son parte del Sistema Nacional de Juventud; pero en lugar de ello, lo que hizo fue impulsar una Misión Jóvenes de la Patria, creada en 2013, reimpulsada en 2014 y posteriormente en 2015 e inventar, desde el Ejecutivo, un Consejo Presidencial para la Juventud y los Estudiantes.

Hoy los jóvenes, para defender y ampliar sus derechos, deben partir porque reconocen que están formalmente excluidos de todo espacio institucional para la toma de decisiones en los asuntos públicos, es decir, el Estado no les ha garantizado los espacios para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones legales.

Una invitación a ampliar y defender los derechos a través de una Constituyente representa un gran engaño para los jóvenes, pero además, un gran abuso por parte del régimen que, aprovechándose de la juventud, pretende hacerles creer que agregando normas en una nueva Constitución van a mejorar sus condiciones de vida porque serán más reconocidos.

Ser más reconocidos exige de una institucionalidad que facilite, legalice y legitime su participación en los asuntos públicos, de manera permanente y además responsable. Ello exige que se cumpla con la Ley de 2009 o en su defecto que se reforme la Ley, para lo cual sólo se requiere que la Asamblea Nacional cumpla su función de legislar y en la actualidad, exige que tal labor sea reconocida por los poderes Ejecutivo y el Judicial.

Esos jóvenes del PSUV, que a través de espacios institucionales pretenden impulsar una propuesta que es engañosa, pues sólo persigue imponer un modelo político centralizado y autoritario, deberían asumir la invitación de Elías Jaua y Pedro Infante, a partir de un ejercicio de contraloría social al régimen sobre las políticas juveniles y como sujetos activos del desarrollo promover la reflexión sobre las palabras que el propio Presidente Maduro, les dijo el 5 de junio de 2013 en el marco del lanzamiento de la Misión Jóvenes de la Patria, a saber:

“La juventud tiene que ser rebelde contra lo que está mal hecho, tiene que ser crítica contra lo que está mal hecho, tiene que enfrentar la corrupción, señalarla con el dedo, buscarla, desnudarla”[6].

Los jóvenes venezolanos, sin discriminación política, son llamados a ser actores protagónicos del desarrollo nacional. Unos y otros tienen el derecho de disfrutar de su juventud, como lo hacen otros jóvenes del mundo en un ambiente seguro, sano, equilibrado y con las garantías mínimas de protección del Estado.

No hay justificación alguna y menos aún palabras que puedan explicar por qué el Estado no ha podido garantizar la vida de aquellos jóvenes que han muerto en las últimas semanas, por asumir la participación a través de la protesta pacífica, exigiendo condiciones políticas para defender y ampliar sus derechos.

Nuevamente, cuando Jaua e Infante invitan a los jóvenes del PSUV a promover la Constituyente como vía para defender y ampliar sus propios derecho, ¿A cuáles derechos se refieren? ¿A los mismos que han sido desconocidos por el régimen, previstos en la Ley Orgánica del Poder Popular para la Juventud de 2009?

[1] AVN. Jóvenes trujillanos impulsan espacios para debates sobre constituyente. 12 de mayo de 2017. Online en: http://www.avn.info.ve/contenido/j%C3%B3venes-trujillanos-impulsan-espac...

[2] AVN. Jóvenes bolivarianos discutirán sobre la constituyente en Guárico. 05 de mayo de 2017. Online en: http://avn.info.ve/contenido/j%C3%B3venes-bolivarianos-discutir%C3%A1n-s...

[3] Seguridad y Paz Mérida. Juventud revolucionaria merideña impulsa acciones en pro del proceso constituyente. 11 de mayo. Online en:

http://seguridadypaz.merida.gob.ve/wordpress/jovenes-revolucionarios-act...

[4] El pitazo. Elias Jaua invitó a los jóvenes a participar en la constituyente. 17 de mayo de 2017. Online en: https://elpitazo.com/politica/elias-jaua-invito-los-jovenes-participar-l...

[5] Correo del Orinoco. Pedro Infante: La juventud tiene que asumir como suya la constituyente para defender y ampliar sus derechos. 3 de mayo de 2017. Online en: http://www.correodelorinoco.gob.ve/pedro-infante-la-juventud-tiene-que-a...

[6] Noticias24.com. Maduro lanza Misión jovenes de la patria: “La juventud tiene que enfrentar la corrupción”. 5 de junio 2013. Online en: http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/172368/maduro-anuncia-que-la...

Artículo escrito para PolitiKa UCAB mayo 19, 2017

Venezuela se aproxima, aceleradamente, hacia otro parteaguas histórico, distinto de los que ha conocido casi siempre pasada una generación y desde su aurora republicana.

Esta vez trata que su lucha agonal – con costos de vidas, heridos y encarcelados – le permita renacer como nación, como sociedad con textura y más allá de sus partes, comprometida con prácticas políticas ajustadas a la moral, a las leyes universales de la decencia, desaparecidas a lo largo de los últimos 17 años; pero arrebatadas tales leyes y sus frenos desde el instante mismo en que una logia narco-terrorista se apropia del andamiaje del Estado. Impedir la prórroga de ésta y que se frustre la empresa de libertad que guían jóvenes y hasta niños con admiración de sus mayores – la he llamado “revolución de los pantalones cortos” – es un deber inaplazable.

Toda duda, toda omisión, toda falsa discreción o prudencia, incluida la de gobiernos extranjeros que se neutralizan alegando no querer darle aliento a una “guerra civil” en ciernes e imaginaria, pues es, antes bien, represión abierta y criminal – casi genocida – por parte de militares y paramilitares contra ciudadanos quienes protestan en paz al régimen de Nicolás Maduro, expresa complicidad con éste, responsabilidad compartida por los crímenes que a diario se le suman.

No exagero. El milagro de la tecnología digital hoy impide la censura, el ocultamiento dictatorial y la desfiguración de realidades crudas como las señaladas. Nadie puede decirse ajeno o ignorante. Quien no reacciona con indignación ante el oprobio es socio y cooperador activo o pasivo con la vesania que se fragua desde los laboratorios del Palacio de Miraflores y sus ministerios de defensa y del interior; éste último, bajo la dirección de una suerte de Pablo Escobar acusado de ser la cabeza de uno de los cárteles de la droga que ha secuestrado al país.

Los disparos, las torturas, las patadas de guardias nacionales y colectivos criminales organizados por el propio Maduro para sostenerse en pie por sobre el dolor de un pueblo inerme pero corajudo, son verdades palmarias que aceleran los latidos de todas las opiniones públicas en el mundo.

Cada día son más quienes se deslindan del régimen, con valentía que cabe admirar en la hora, pues es más fácil el alineamiento de quienes a él se oponen como víctimas sufrientes que el de otros, como la Fiscal General de la República, que han convivido con la dictadura y mezclado con sus tuétanos, y ahora la abandonan vomitando intoxicados ante los propios y escamados frente a los ajenos.

La responsabilidad de quienes tienen en sus manos las riendas para administrar y ordenar las protestas – es el caso de la Asamblea Nacional, depositaria de la única legitimidad democrática que resta en medio de la total desarticulación del país – y, sobre todo, de darles su propósito final, es más exigentes que nunca. Se requieren acciones concretas, decisiones incluso simbólicas que anuden al conjunto en su rechazo a lo insostenible, a la presencia de Maduro y su mafia criminal en el poder de facto que a todos intenta dominar. Y ello impone un diálogo, pero no con el crimen, jamás con los criminales, sino con ese resto de actores propios y ajenos, sean nacionales o internacionales, quienes desde sus distintas y no pocas veces antagónicas o diferentes posturas puedan darle una pronta salida al mal absoluto que lucha por sobreponerse de forma definitiva, para salvar sus pellejos incluso sobre un río de sangre inocente que va inundando el suelo de la patria doliente.

La Conferencia Episcopal Venezolana y su presidente, monseñor Diego Padrón, han sido contestes al respecto. Si de conversar se trata bien, pero sólo para que se le devuelva al pueblo el ejercicio cabal de su soberanía, se respeten las competencias de la Asamblea, se liberen a los presos políticos, y la ayuda humanitaria restañe las heridas vitales que causan la hambruna y la falta colectiva de medicinas.

El hemisferio y el mundo, a través de sus organismos más calificados – la OEA y la ONU, y la OEA en primer término como lo ha dicho la ONU – ya marca rumbos, pero ellos son, al fin y al cabo, el público o audiencia que ha de estar presente en el teatro de nuestra reconstrucción democrática. Es a los actores, a los venezolanos, con sus narrativas oportunas y ordenadas, como dueños de la trama y su desenlace, a quienes corresponde salir a la escena y llevarla hasta su clímax antes de que cierre con el éxito que todos esperamos. Vivimos un drama. Hemos de evitar que derive en tragedia.

Apenas falta que los ejecutores materiales de la violencia, los soldados, bajen sus armas y adquieran conciencia de que son igual carne de cañón por obra de un gobierno criminal y los generales que los mandan; para que se sumen – como ocurriera en la Alemania comunista – a quienes se esfuerzan en derrumbar los muros de la vergüenza, las paredes que a todos nos han separado siendo hermanos.

Las horas cuentan, las horas pasan.

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