RECUPERACIÓN DE LA AGRICULTURA VENEZOLANA POSTSOCIALISMO DEL SIGLO XXI

Comienzo este capítulo señalando que la agricultura es una actividad muy compleja, porque estoy seguro que muchos lectores no se imaginan la cantidad de factores adversos que actúan hasta que una planta cultivada llegue a producir rendimientos favorables de alimentos de buena calidad.

La agricultura no es tirar las semillas al campo y luego ir a recolectar la cosecha y venderla, ya que durante el proceso productivo se debe luchar contra esos factores adversos como insectos, hongos, bacterias, virus, malezas, excesos de lluvia, escasez de lluvia, vientos huracanados, cambios bruscos de condiciones climáticas especialmente en zonas templadas, exceso de oferta en el mercado que baje los precios de los productos cosechados hasta niveles antieconómicos, malas políticas agrícolas, incendios forestales, inundaciones por desborde de ríos y quebradas, obstrucción de la vialidad agrícola por efectos del clima y por falta de mantenimiento, escasez de maquinaria agrícola, escasez de insumos agrícolas en los momentos más oportunos, desconocimiento de las condiciones de los sistemas suelo-clima y otros.

Teniendo claro que la producción agrícola es un proceso bastante complejo, que depende de muchos factores y es necesario aplicar conocimientos derivados de diversas ciencias como física, química, matemáticas, biología, ciencias económicas, geología, bioquímica, etc., los cuales se concentran en la Agronomía; es lógico que las personas que apoyan a los productores del campo, tienen que cultivar estos conocimientos. Quiere decir, que esas personas tienen que instruirse en las instituciones que existen para tal fin, las cuales van desde las escuelas prácticas de agricultura hasta las universidades.

Se puede decir que la historia de la educación agrícola formal en el país comienza a principios de 1930 con la fundación de la Escuela de Prácticos Agropecuarios, que a partir del 5/12/1936 se denomina Escuela Práctica de Agricultura y Centro de Demostración del estado Aragua, ubicada en la Hacienda La Providencia entre Turmero y Maracay, otorgando a sus egresados el título de Perito Agropecuario. Posteriormente se fundaron otras escuelas de este tipo, siendo quizás las más importantes las ubicadas en Agua Blanca, estado Portuguesa y en Maturín, estado Monagas.

Otras instituciones para la educación agrícola en el país son:

En 1938, se funda la primera Escuela Normal Rural del país, específicamente en El Mácaro, estado Aragua. Recibe, en 1947, la Escuela de Demostradoras del Hogar Campesino, que inicialmente se fundó en Caracas en 1939 como Escuela de Agentes de Demostración del Hogar. La Escuela Normal Rural se funda para la formación de los maestros que atenderían, principalmente, la inmensa población rural que existía en Venezuela para la época; mientras que las egresadas de la Escuela de Demostradoras del Hogar Campesino, fungirían como extensionistas para ayudar a mejorar los hogares y las familias campesinas.

A nivel privado, tomemos el ejemplo de la Escuela Agronómica Salesiana, que desde hace muchos años existió en la ciudad de Valencia y otorga títulos de Peritos Agropecuarios. Debido al crecimiento de la ciudad tuvo que ser trasladada cerca de la ciudad de Barinas, en una extensa zona donde ha continuado su actividad docente, liberando profesionales para contribuir con la agricultura venezolana.

En el año 1937 se crean la Facultad de Agronomía y la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Central de Venezuela, que se inician en Caracas pero al breve tiempo se mudan a Maracay. Posteriormente se crean otras facultades de veterinaria en algunas universidades y facultades de agronomía en La Universidad del Zulia, en la Universidad de Oriente, en la Universidad del Táchira, en la Universidad Lisandro Alvarado, en la Universidad Francisco de Miranda, en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora. También se comienzan a crear Institutos Tecnológicos Universitarios en diversas regiones del país, incluyendo en la mayoría de ellos la educación para la producción agrícola. Hoy en día, las universidades, además de la enseñanza de pregrado, también ofrecen cursos de posgrado, a nivel de maestrías, doctorados y diplomados en las diversas áreas de la Agronomía.

Es decir, muy temprano en el siglo XX a la educación agrícola se le dio la importancia que requería un país en franco crecimiento, con necesidad de alimentar a una población que se incrementaba aceleradamente.

El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), ligado al Ministerio de Agricultura y Tierras -primero Centro de Investigaciones Agropecuarias (CIA), luego Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias (FONAIAP)- además de investigación realiza una importante labor divulgativa y de extensión que contribuye con la educación agrícola del país. También, por medio de la Escuela Socialista de Agricultura Tropical (ESAT), ofrece cursos de doctorado, maestria, diplomados, cursos de ampliación, talleres, etc.

Otras organizaciones dedicadas a la educación agrícola, por años han contribuido con el desarrollo agrícola del país, pero han tenido que enfrentar grandes obstáculos para lograr sus objetivos. Algunas tienden a desaparecer como es el caso de la reciente invasión del Colegio del Mundo Unido en Barinas, el cual tiene alcance internacional en la formación de técnicos agrícolas ya que ha visto desfilar por sus instalaciones a estudiantes de todas partes del mundo.

El deterioro de nuestra educación agrícola es progresivo y actualmente ha llegado a niveles inesperados, ya que los gobernantes del socialismo del siglo XXI le tienen aversión a todo lo que trata sobre educación, instrucción o academia.

ALGUNAS SOLUCIONES

La educación agrícola en Venezuela ha ido desmejorando por varias razones. Una ha sido el abandono del apoyo material oficial que es indispensable cuando se imparte una educación gratuita. Esto ha afectado la calidad de la infraestructura y las dotaciones de material de apoyo como son sillas, pupitres, escritorios, papelería, bibliotecas, laboratorios, artículos deportivos y otros. También ha afectado el salario de los docentes motivando, especialmente a nivel universitario, el éxodo de profesores e investigadores.

Además, ha ocurrido un saqueo de algunas instituciones. Es el caso de invasiones y en algunos casos confiscaciones, de estaciones experimentales de las facultades de Agronomía y Veterinaria de la U.C.V.; de las instalaciones y campos experimentales y de trabajo del Colegio del Mundo Unido y de la amenaza sobre la Escuela Agronómica Salesiana de Barinas. Estas propiedades tienen que ser devueltas a las diversas instituciones para que continúen cumpliendo sus funciones docentes y de investigación, tan necesarias en el área agrícola.

Los presupuestos solicitados anualmente al gobierno nacional por las escuelas que intervienen en la educación agrícola venezolana deben ser aceptados y cubiertos una vez que se evalúe su contenido, para asegurar su cabal funcionamiento.

Los sueldos y salarios del personal que labora en estas organizaciones tienen que revisarse y ajustarse con la frecuencia que dicte el movimiento económico del país, para evitar la renuncia de esas personas y promover su retorno, ya que tienen una sólida formación académica.

Otra razón de mucho peso en la pérdida de calidad en la educación agrícola es referida a los contenidos programáticos. Es urgente revisarlos, a todos los niveles, para orientarlos hacia las necesidades de una agricultura actual y moderna.

El INIA, como institución oficial, debe volver a ser líder nacional en la investigación agrícola y en las otras actividades para lo cual fue creado. Sus instalaciones recuperadas, sus laboratorios equipados, su personal satisfecho con el trabajo que pueden realizar y por el trato que reciben, tanto en lo personal como en lo institucional.

En fin, todas las organizaciones dedicadas a la educación y la investigación agrícola en Venezuela y su personal, deben recuperar su tradicional categoría y su prestigio para que sean importantes en el desarrollo agrícola nacional, tan necesario ante tanta escasez de alimentos y tanta pobreza que ha retornado a la vida campesina del país.

Septiembre de 2016

pedroraulsolorzano@yahoo.com

pedroraulsolorzanoperaza.blogspot.com

«Por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza».

Simón Bolívar

En una oportunidad oí a Er Conde del Guácharo decir algo parecido a esto: A mí no me arrecha cuando creen que uno es pendejo; lo que me arrecha es cuando están seguros. Este recuerdo se disparó cuando escuché a Chúo Torrealba y a otros «opositores» tratando de explicar el secretismo de las reuniones entre el régimen y el G4 de la MUD, calificándolas como prediálogo, neologismo que da cabida a otros como pretraición, preengaño y prefalsedad.

Desde hace bastante tiempo hemos observado extrañas conductas de la MUD y, sobre todo, su paciente y silente aceptación de las imposiciones inconstitucionales e ilegales de un régimen manifiestamente decidido a perpetuarse en el poder a la usanza cubana. La MUD ha utilizado el antichavismo como mercancía de su propiedad, altamente cotizada en el mercado electoral y por cuyo apaciguamiento el régimen estaría dispuesto a pagar caro; eso lo saben los miembros del G4, como saben también que sin chavismo no hay futuro para ellos, pues quedarían como anaquel de supermercado venezolano.

Según fuentes serias que merecen nuestra confianza, la MUD no se reúne desde enero; las decisiones son tomadas por el G4 y los demás partidos se enteran de ellas por la prensa o por algún infidente. Fue ese grupo quien le negó al País elecciones primarias previas a las legislativas y quien distribuyó diputaciones de acuerdo a sus propios intereses y, con ello, provocó la debilidad política de la Asamblea Nacional, hoy llena de activistas desconocidos. Son esos cuatro jinetes de nuestro apocalipsis los que silencian la vigente Ley de Nacionalidad y Ciudadanía (1), que muy útil podría ser para precisar la nacionalidad de Maduro, mientras se hacen los inocentes de haber convertido la inmensa manifestación popular del 1° de septiembre en una marcha más, solamente provechosa para mostrar su capacidad de movilización.

El prediálogo con el cual Chúo Torrealba ofende nuestra inteligencia, se convirtió en un alborotador de recuerdos y en un concatenador de conductas que por separado lucen erráticas e inconexas. Veamos:

- En un artículo denominado «El cambio depende de ti, de todos» (2), aparecido en visionvenezuela.com.ve y fechado el 20 de marzo de este año, Henrique Capriles plantea el revocatorio como la única vía para salir de Maduro y su régimen, degradando las otras opciones, especialmente la referente a la prueba de nacionalidad. Pregunto: ¿Pudo el excandidato olvidar que cualquier revocatorio sería administrado por un CNE chavista hasta el tuétano? ¿Por qué mintió afirmando que forjar una partida de nacimiento es de extrema sencillez? (3)

- Una vez desviadas todas las aguas hacia el molino del revocatorio, la gente fue convocada para solicitarlo firmando en cantidad no inferior al 1% del padrón electoral, cuando en verdad tal requisito tuvo como objeto convertir a la MUD en un grupo de electores, que según la inconstitucional Resolución del CNE N° 070906-2770 de fecha 6 de septiembre de 2007(4), era trámite previo para solicitar la revocación. Las trabas que opuso el CNE a tal 1%, son historia reciente;

- El G4 de la MUD aceptó pasivamente la inversión del universal principio de buena fe, por lo que las firmas se presumieron inválidas hasta que fueron validadas. Con esta pirueta jurídica, el régimen ganó tiempo y se acercó a su codiciado RR2017;

- Al G4 se le ven las costuras cuando acepta que sea el CNE y no el peticionario quien determine el momento para realizar la petición de revocación del mandato presidencial. De esta manera, la simbiosis régimen/MUD deroga de hecho el artículo 51 de la Constitución, el cual establece que «Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta…» Así, es notorio que el chavismo y algunos partidos que dicen oponérsele nos llevan mansamente a la cámara de gas del RR2017.

El G4 de la MUD no podrá excusarse con la falta de idoneidad de nuestros tribunales, pues con su silencio y omisiones a propósito se hizo cómplice antes que víctima y como tal deberá responder ante la historia.

Los meses pasan y nos acercamos inexorablemente al 10 de enero de 2017, fecha en la cual se caerán las máscaras trituradas por el martillo de la verdad. De los mismos autores del prediálogo, del 1%, de la fecha para el 20% y de otras marramuncias de similar catadura, recibiremos un rosario de excusas, ninguna de las cuales los eximirá del duro castigo que merecen por haber engañado a un pueblo que vio en ellos el liderazgo necesario para recuperar la libertad. Pero no todo será pérdida, pues ese día «conoceréis la verdad y la verdad os hará libres» (Juan 8:32).

turmero_2009@hotmail.com

@DulceMTostaR

http://www.dulcemariatosta.com

(1) Ley de Nacionalidad y Ciudadanía: http://www.dulcemariatosta.com/index.php/ley-de-nacionalidad-y-ciudadania

(2) El cambio depende de ti, de todos: http://dulcemariatosta.com/index.php/de-otras-firmas?layout=default&id=7...

(3) Al respecto leer mi artículo «Carta a Henrique Capriles Radonski»: http://dulcemariatosta.com/index.php/de-dulce-maria-tosta?layout=default...

(4) Resolución del CNE N° 070906-2770: http://dulcemariatosta.com/index.php/resolucion-n-070906-2770-del-cne

El semanario Quinto día tituló en su primera página: “Ni diálogo ni revocatorio en este país. El conflicto se agrava en estos días. El diálogo no tiene ya ningún sentido”. En Efecto Cocuyo, el politólogo Luis Salamanca destaca que “la última jugada del CNE barrió por completo el tema del diálogo, en estas condiciones sería un masoquismo por parte de la oposición. La propuesta del gobierno nunca fue sincera, el chavismo no quiere dialogar sino sacar del juego a la MUD, derrotarla con juegos inconstitucionales y arrebatarles las vías institucionales”.

Y para ello se han prestado las cuatro rectoras. De ellas se ha dicho ya de todo. Hoy el Nacional es feroz desde el título del editorial: “Nido de ratas”. Dice de estas mujeres: “Serán recordadas por este hediondo último acto que, por obra y gracia de sus titiriteros, han acometido no solo contra la democracia, sino contra el mismo proyecto que su querido jefe Chávez les dejó en herencia. Estas señoras patearon la Constitución Bolivariana de Venezuela, la Ley Electoral y a los militantes chavistas críticos o decepcionados por el incumplimiento del proyecto que debían ayudar a desarrollar y que hoy sepultan, a medianoche, como asaltantes de camino que esconden su botín”.

Pero, como decíamos ayer, qué sentido tiene seguir insultando a estas cuatro mujeres si, en definitiva, el ladrón no dejará de robar porque le digan ladrón. Dichas las cosas de frente, la decisión que han tomado es el equivalente al palo a la lámpara. Nos han dejado en la más completa oscuridad. Diálogo no existe. Probabilidad de salida constitucional, tampoco. Cómo va a ser posible si lo que primero se desconoce es precisamente la Constitución, que, como bien definió ayer Chúo Torrealba, es el pacto social de convivencia entre los venezolanos. Si usted vuelve añicos dicho pacto, usted está convocando abiertamente a la conflictividad social. Y, en función de esa conflictividad, el régimen aprieta aún más la violencia y la represión.

Regreso al semanario Quinto día: “La lista es larga. El Sebin busca golpistas hasta en la sopa. El plan es allanar primero y averiguar después. Dirigentes de Voluntad Popular y Primero Justicia están en la mira. Desde el gobierno advierten que el golpe sigue”.

Es un gobierno que está en pánico, por eso los alaridos y la camorra. Las bravuconadas y fanfarronadas solo sirven para disimular ese pánico. Que Diosdado Cabello haya dicho que le pareció suave la decisión del CNE, que ha debido darles apenas dos horitas para que recogieran las firmas, o que ahora Jorge Rodríguez venga y escupa en el desconcierto de los dirigentes opositores bufando que el referéndum es improbable ni siquiera el año que viene, son tretas, chillidos de una misma estrategia: olvídense de que hay referéndum, olvídense de que hay Constitución es lo único quieren decir.

Apunta bien Rafael Poleo en El Nuevo País: “El miedo es lo que cohesiona a la cúpula del PSUV. El miedo a salir, a perder el poder. Y aunque en estos momentos de polvareda parezca que está muy lejos esa salida del poder, es exactamente lo contrario. De allí la desesperación. El régimen ha evidenciado, con esta decisión del CNE, que le urge borrar por completo cualquier posibilidad de convivencia democrática en el país, y, ya que carece de escrúpulos y de principios democráticos, no se detendrá ante nada para imponer sus arrebatos.

De lo que se trata, como decíamos, es de la sobrevivencia; de que este señor Maduro permanezca en el poder. Maduro, el presidente de un país que alguna vez dijeron era rico, ahora es presidente de un país que recibe a sus recién nacidos en caja de cartón. Nada más frágil, nada más hermoso, nada más esperanzador que una criatura que recién llega a la vida. Es luz para un mundo de esperanzas inmensas. Y cuando usted reduce ese mundo a una caja de cartón, usted no merece ni consideración ni respeto. Usted no es digno de nuestro gentilicio porque sencillamente avergüenza a los venezolanos. La foto de los recién nacidos ya le da la vuelta al mundo. Entre tantos otros, hoy cubre la primera página del diario La Razón, en Madrid.

Esa es la pelea. La pelea por un porvenir verdaderamente digno del siglo XXI y no por uno reducido a la miseria de las cajas de cartón. Eso es lo que está en juego en la Venezuela de hoy, lo irrenunciable, lo que no podemos perder de vista en ningún momento.

PS: Avanzada la mañana, me informan que el régimen busca desesperadamente al fotógrafo de los recién nacidos. La angustia es apresar al periodista, que la verdad no se sepa. La angustia, en ningún momento, es buscar las cunas idóneas para esas frágiles criaturas de escaso y triste porvenir.

http://www.el-nacional.com/cesar_miguel_rondon/venezolanos-verguenza-carton_0_926907384.html

24 de septiembre 2016 - 12:00 am

El bienestar institucional de un país se mide por la capacidad que tengan sus dirigentes y funcionarios de promover relaciones incluyentes que busquen soluciones inspiradas en el bien común. Y, en nuestro caso, nos estamos acostumbrando a vivir con pesadez y sin esperanza, deshumanizándonos día a día, con instituciones públicas que no están atentas a los signos de estos tiempos en la Venezuela de hoy.

En situaciones como la nuestra se afianzan los procesos de deshumanización, que van desde el ámbito personal y psicológico, hasta el institucional que afecta a toda la vida pública. El problema es que no sólo se afectan los modos como vivimos la cotidianidad, sino también como pensamos y discernimos la presencia del otro en nuestras vidas, cómo lo valoramos y tratamos, cómo le hablamos y consideramos. A tal punto que vemos cómo crece la indolencia institucional frente al hambre del otro y a las urgentes necesidades de su salud, aun cuando está en riesgo su vida. Indolencia que ya no puede ser considerada como mera indiferencia, sino como complicidad, por acción u omisión, frente al deterioro sostenido de toda una nación. Y es que se trata de la pérdida de toda moralidad, cuando absolutizamos a la ideología, el poder y el dinero, y ya no vemos al otro, a la persona que está muriendo a nuestro alrededor.

La deshumanización es un proceso psicosocial por medio del cual se llega a percibir a otro ser humano como un mero objeto carente de dignidad. Esto acontece entre personas e ideologías que descartan al otro sólo por pensar de forma distinta –social, política o religiosamente– asumiendo actitudes xenofóbicas, discriminatorias y excluyentes. Se trata de una actitud que induce al aislamiento individual hasta el punto de no poder ya ver nada positivo ni racional en el comportamiento de las otras personas o grupos sociales a causa de la absolutización de las propias formas de entender la realidad. Esto es posible cuando se pierde todo criterio de vida compartida.

Falta recuperar el sentido del «bien común» a la hora de discernir y actuar. Para ello, urge no considerar a las propias posiciones como absolutas para entender que las cosas tienen que cambiar por el bien de todos. Francisco aporta dos criterios que pueden ser útiles hoy en día. Primero, debemos preocuparnos por lo que sucede y no vivir con indiferencia ya que «un pueblo que no mantiene viva sus preocupaciones, un pueblo que vive en la inercia de la aceptación pasiva, es un pueblo muerto». Segundo, es necesario valorar al otro, pero a partir de su mundo de vida, de sus necesidades y problemas, porque «para buscar efectivamente el bien del otro, lo primero es tener una verdadera preocupación por su persona, valorarlos en su bondad propia. Pero una valoración real exige estar dispuestos a aprender de ellos» y estar dispuestos a cambiar.

Pensar desde el bien común es lo que permitirá recuperar la moralidad perdida de muchos que lideran hoy al país. El Papa aporta tres criterios. Primero, el deber de la solidaridad, que exige poner los dones propios al servicio de los otros. Segundo, el deber de la justicia social, que requiere corregir las relaciones de inequidad socioeconómica por el bienestar de todos. Tercero, el deber de la caridad social, que aspira institucionalizar el sentido de la responsabilidad para con los más pobres, los hambrientos y enfermos hoy, a nuestro alrededor. Esto significaría aceptar la ayuda humanitaria internacional ante la crisis que vivimos. Como lo recordó una vez Nelson Mandela: «no se trata de pasar la página, sino de volver a leerla, pero esta vez juntos».

Doctor en Teología
rlteologiahoy@gmail.com
@rafluciani

Obtenido de: http://www.eluniversal.com/noticias/opinion/deshumanizacion-instituciona...

En diciembre del año pasado escribí un artículo intitulado “Golpe de Estado en progreso” y en él argumentaba que la reacción del régimen a los resultados de los comicios parlamentarios del 6D podían ser el inicio de la etapa final del nunca disimulado objetivo del chavismo de implantar un sistema político no democrático iniciado por Chávez en 1999; acorde con su vocación totalitario-dictatorial consecuencia de su ideario político, mezcla indigesta de militarismo, castrismo y populismo.

Los sucesores de Chávez – ayunos de respaldo popular, de recursos económicos, alienados a su atraso ideológico y con cuentas con la justicia – han decidido atornillarse en el Poder, aún a costa de cargarse lo poco que quedaba de democracia.

Me permitiré a continuación glosar algunos de los actos cometidos por los “mandantes de turno” desde el 6D pasado porque puestos y mirados en conjunto nos permiten ver la gravedad de los pasos dados y de cómo la vocación dictatorial se ha materializado en actos abierta y claramente despóticos.

Designación ilegal de miembros del TSJ; anulación de la representación del estado Amazonas en la AN sin que el CNE arbitre formula alguna para reponer esa representación; desconocimiento de las competencias de legislación y control de la AN por la vía del desacato a sus decisiones; promoción de un continuado enfrentamiento entre los poderes del Estado en vez de propiciar la colaboración entre los mismos, reforzamiento de la concentración del poder en la Presidencia de la República por la vía de acabar definitivamente con la autonomía de los poderes del Estado; incremento de la militarización del Estado que configura una situación de tutela castrense del gobierno; vigencia de facto y continuada del Estado de Excepción y de la Emergencia Económica (que le permite al gobierno actuar de manera arbitraria y discrecional) sin la debida autorización de la AN; solicitud de ilegalización de la MUD introducida por voceros del oficialismo ante el TSJ; aumento significativo de la represión e intimidación a sectores disidentes y opositores; criminalización de todo acto legítimo de oposición.

He dejado, ex profesamente, aparte lo referente a la conducta del régimen con relación a la materia electoral porque el chavismo siempre alegaba el cumplimiento del calendario electoral como una prueba de su condición democrática. Pues ya esa hoja de Parra se marchitó y cayó.

El CNE decidió – sin dar explicación alguna- saltarse el calendario electoral de este año cuando suspendió los comicios regionales que debían realizase en diciembre del 2016.

En relación a la solicitud de parte de MUD de activar el Referéndum Revocatorio Presidencial la actitud del CNE ha sido la de sabotear abiertamente la posibilidad de que los solicitantes puedan cumplir con los requisitos para lograr su realización. El saboteo – conducta que no se corresponde con las competencias y funciones del organismo electoral del Estado – se ha expresado por la vía del advenimiento de una profusión de normas sobrevenidas, el uso discrecional del calendario, la negativa de proveer las facilidades logísticas adecuadas y de otras acciones en la misma dirección y objetivo. Queda pendiente, al momento que escribo, lo referente a las normas y la logística para la recolección del 20% de las firmas para acceder a la etapa definitiva, cual es el acto de votación.

De la conducta del CNE y de lo dicho por distintos voceros del régimen es pertinente concluir que su intención es no permitir ninguna consulta electoral, incluso circula la información no desmentida hasta el momento de una decisión – para variar, también arbitraria - del MINPOPOCOMUNAS de suspender todas las elecciones comunales.

Creo que todo lo glosado demuestra que de la no democracia existente estamos entrando en los terrenos de la Dictadura. El asunto de los requisitos para el 20% nos dirá si el chavismo decidió dar el paso que su vocación le exige o decidió darse un respiro en su camino al suicido político.

Caracas, 20 de septiembre de 2016

Apreciación de la situación - 80

La reciente decisión de las señoras que rigen al poder electoral hace difícil reconocerles como rectoras, ya que, en definitiva, el título les queda grande, especialmente cuando incurren en la ligereza de remitir su arbitraria decisión de las condiciones para la recolección del 20% de las firmas para habilitar el RR, a la oficina de prensa del propio ente rector. Debió dar la cara el único rector electoral quien, de manera informal, ofreció declaraciones a los medios de comunicación presentes relacionadas con la decisión de las señoras.

La arbitrariedad de las condiciones impuestas es de tal nivel, que ninguna de ellas, que tienen experticias en aparecer delante las cámaras con caras de que se la están comiendo, se sintió con el suficiente valor para entrar en escena. Esta actitud por parte de ellas, no puede ser otra que la demostración del poco respeto que sienten por los ciudadanos, a los que desde hace tiempo han menospreciados para el cumplimiento de sus funciones electorales. Vale decir, finalmente se quitaron la careta, en consecuencia, la oposición democrática debe prepararse para recibir, de ahora en adelante, cualquier tipo de desplante por unas personas que perdieron toda vergüenza y prácticamente lo que les falta es presentar su credencial de activistas del PSUV oficialmente.

Por otra parte, y a riesgo de parecer justificar lo injustificable, creo que los dirigentes de la oposición deberían cuidar en sus mensajes algunas palabras o frases que en el corto plazo pueden complicarle su actuación pública e inducen a creencias que crean falsas expectativas a sus seguidores. Dos palabras a las que se le ha dado un uso frecuente, y hasta abusivo últimamente, son “inconstitucionales” e “inaceptables”. Ahora casi todo, según la oposición, es inconstitucional y en otras condiciones inaceptable, pero cuando investigamos un poquito en el texto constitucional resulta que si están previstas y en consecuencia pueden ser aceptables aunque de hechos sea arbitrarias.

Si revisamos lo ateniente al poder electoral y sus funciones, en relación a sus últimas decisiones tomadas, encontramos solo dos parágrafos incisos en el artículo 293:

1. Reglamentar las leyes electorales y resolver las dudas y vacíos que éstas susciten o contengan.

5. La organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos.

De estos dos artículos se puede inferir que el CNE tiene plena facultades constitucionales para hacer lo que está haciendo, así no nos guste. Al no prever la Constitución Nacional (CN) algún tipo de mecanismo que pueda objetar las decisiones que el directorio adopte, el mismo, como se dice en criollo, cobran y se dan el vuelto y en las condiciones de mayoría numérica en el directorio actual, difícilmente sus decisiones se pueden calificar inconstitucionales e inaceptables, excepción hecha a lo referente al 20% de recolección por estado, lo que sin duda puede ser inaceptable para la lógica electoral y de jurisprudencia, pero a la luz del parágrafo 1 del art. 293 referido, el ente electoral puede resolverlo a su manera, no podemos olvidar que estas señoras son partícipes activas de un régimen dictatorial. Igual ocurre con los lapsos de tiempo interpretados a su conveniencia o lo que diga el jefe de régimen.

Por supuesto, la CN es profusa en términos como la soberanía popular, la voluntad popular, la eficiencia administrativa, la celeridad procesal, la igualdad popular y un largo etcétera que deberían, en un gobierno democrático, suponer que se debe favorecer al pueblo en cualquier acto administrativo que involucre al estado y sus instituciones. Pero esto no es un gobierno ni Estado democrático y mucho menos de derecho.

La reflexión final tiene que ver con que el uso indiscriminado de los términos inconstitucional e inaceptable especialmente cuando no están bien sustentados, puede inducir a las mayorías, pero principalmente a dirigentes políticos, a adoptar posiciones de “no hay vuelta atrás” que cierran las puertas a otras opciones que en situaciones políticas de transición, como es nuestro caso, normalmente no solo son posibles sino hasta necesarias.

Lester L López O 23/09/16

lesterllopezo@gmail.com / @lesterllopezo

Contra toda nuestra tradición civilista, contra la esencia del sistema democrático, contra la progresividad de la participación ciudadana, contra los atropellos del pasado, contra los procedimientos de regímenes autoritarios, contra los abusos del Ejecutivo que se dieron, en otra época, contra disidentes de la izquierda, alzados en armas contra el sistema, el gobierno se ha propuesto reeditar la línea de tiempos superados, habiendo cambiado la correlación de fuerzas en el Parlamento.

En ese pasado oscuro se desconoció la inmunidad parlamentaria de opositores al régimen, exigiéndose la incorporación efectiva de los proclamados al Congreso en sus funciones; se inventó la infausta tesis de la autonomía del delito militar para no ampararlos por la inmunidad y apresar a los dirigentes del Partido Comunista o de la izquierda radical y se pretendió liquidar el espacio mínimo de la disidencia golpista alzada contra el sistema democrático recién instaurado.

Ahora, paradójicamente, los perseguidos de antes se han embarcado en una lucha contra el Parlamento por la única y simple razón de que se trata de una Asamblea de mayoría opositora al gobierno.

Precisamente, debe recordarse que las prerrogativas parlamentarias nacieron para proteger la representación del pueblo ante el monarca en Inglaterra en 1397 y se han mantenido en los sistemas democráticos.

En Venezuela también, superadas etapas autoritarias, se fortaleció el Congreso y se afirmó la posición de sus integrantes para garantizar la estabilidad del sistema y contrarrestar los excesos en los que fácilmente puede caer el Ejecutivo por el peso de la tradición presidencialista.

Por ello, dos prerrogativas de los diputados, restringidas en constituciones como la de 1936 y 1953 y la inequívoca consagración de privilegios funcionales, que solo corresponden a los parlamentarios y que les son ajenos al presidente y a otros altos funcionarios, como lo son la inviolabilidad y la inmunidad.

En razón de la inviolabilidad, consagrada en el artículo 199 de la Constitución, los diputados no son responsables por votos y opiniones emitidos en ejercicio de sus funciones. Esto significa la absoluta y total impunidad o exención de la aplicación de la ley penal por conductas castigadas si son cometidas por un ciudadano común, por lo cual, delitos que se llevan a cabo con el uso de expresiones, orales o escritas, como difamación, injuria, calumnia, creación de zozobra, instigación a la insurrección, vilipendio u otros, sencillamente, no son punibles si son cometidas por un diputado, ya se trate de intervenciones en el seno de la Cámara o fuera de ella, en territorio venezolano o en el exterior, actuando en su condición de parlamentarios. Se trata, sin duda, de un privilegio excepcional, propio de los soberanos de antes y ahora del soberano de hoy, el pueblo. Por ello, en 1789, en Francia, la Asamblea decretó: “La persona de cada uno de los diputados es inviolable”.

Pero además, en razón de la inmunidad (art. 200 de la Constitución), los diputados no pueden ser coartados en el ejercicio de sus funciones, con limitaciones, ya que solo se da desde el momento de la proclamación, cuando se conoce el nombre del parlamentario, hasta el cese de las funciones y puede ser levantada o allanada por la Asamblea, por mayoría simple, previa a la declaración del TSJ de que hay mérito para el enjuiciamiento. La inmunidad impide que un diputado sea detenido, requisado o allanado en su domicilio, y no puede, mientras la tenga, ser sometido a juicio por ningún delito, así se trate de la investigación de un homicidio, hurto, secuestro o cualquier hecho punible, requiriéndose para su procesamiento un antejuicio de mérito ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y que la Asamblea allane la inmunidad, lo que puede o no hacer, ya que se trata de una decisión política.

Por otra parte, cualquier violación de la inmunidad por hechos consagrados en el Código Penal como la privación de libertad o el allanamiento ilegal del domicilio de un diputado, serán sancionados como delitos, aunque no está consagrado la agravante que debería aplicarse por la concreta condición del agraviado y la ofensa al fuero acordado por el pueblo.

Interesa por lo demás aclarar que tampoco en caso de flagranciacabe prescindir de todo el procedimiento anterior, ya que la flagrancia solo autoriza para una custodia preventiva domiciliaria, mientras se dan los restantes pasos antes descritos.

Conclusión de lo dicho es que, en este momento, ante los atropellos a la inmunidad llevados a cabo y anunciados, ello debe tener el más enérgico rechazo de todo demócrata apegado a la Constitución y, a manera de respuesta práctica, enjuiciar a los diputados por un pretendido desacato a una decisión judicial es un disparate, en primer lugar, porque no hay un delito de desacato genérico; en segundo lugar, porque actos nulos son ineficaces, incluyendo decisiones judiciales; y, en tercer lugar, porque si el TSJ declara que hay mérito, la Asamblea la negará, con razón, por mayoría simple y el desacato, en todo caso, tiene una pena leve de arresto que no justifica desconocer la inmunidad.

Finalmente, me remito, en este tema, a lecciones impartidas sobre esta materia por el profesor Jorge Sosa Chacín, entre otros, notable penalista venezolano; por Rafael Simón Jiménez, estudioso del tema, con una reciente publicación sobre inmunidad parlamentaria, destacando exabruptos cometidos; y la nota precisa y acertada de Manuel Isidro Molina, incuestionable periodista que resumió lo dicho antes en su columna de La Razón.

Sin duda, si se da el paso hacia la limitación inconstitucional de la inviolabilidad y la inmunidad parlamentarias, se habrá asestado uno de los golpes más severos a la democracia y al Estado de Derecho. El respeto a la inmunidad de los parlamentarios es el termómetro que mide el grado de respeto a la voluntad popular, ya vapuleada en este asunto con el atropello a otros diputados y el desconocimiento del Poder Legislativo por el órgano político de la Sala Constitucional.

aas@arteagasanchez.com

El Nacional. 19 de septiembre 2016