FUNDAHUMANOS solicita a la Fiscal General que demande la nulidad de la Resolución 9855, dictada por el Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, publicada en la gaceta No. 40.950 del 22/07/16. Alegan que la Fiscalía, como organismo del Poder Ciudadano, debe velar por la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado, según los artículos 273 y 274 de la Constitución. En su petición, FUNDAHUMANOS denuncia que esa Resolución establece un régimen laboral transitorio y obligatorio que dispone la transferencia o cesión de personas trabajadoras entre entidades de trabajo, sin su consentimiento, y que fue dictada en el marco del estado de excepción y emergencia económica.

La defensora de derechos laborales de FUNDAHUMANOS, Esperanza Hermida, señaló que la legalidad de los actos de cualquier Ministro deben ser revisados por el TSJ, razón por la cual esta ONG pide al Poder Ciudadano su intervención ante la gravedad de la situación, considerando que cuando un ciudadano u organización de la sociedad civil acude al TSJ, exigiendo justicia frente a un acto del Estado, se declara sin lugar sus demandas o no se pronuncia sobre su petición, dejando a la población en estado de indefensión frente al poder omnímodo de las autoridades del Ejecutivo Nacional. Para FUNDAHUMANOS, el grave precedente que significa la imposición del trabajo forzoso en Venezuela, requiere la acción de un organismo del Estado para hacer respetar la constitución y normas internacionales que preservan los derechos humanos.

Sobre la razón por la cual FUNDAHUMANOS acude en primer lugar a la Fiscalía General, Hermida señaló que lamentablemente el representante de la Defensoría del Pueblo, entidad llamada a velar por los derechos humanos, se colocó al lado del Ministro del Trabajo, solidariamente, convalidando la Resolución 9855. Ello, se traduce en una causal de inhibición para este funcionario en particular y por ello, remitirán una copia de la solicitud planteada a la Fiscalía, insistiendo que le llegó la hora al Poder Ciudadano, a fin de actuar como unidad institucional para que el TSJ anule el cuestionado acto del mencionado ente del Ejecutivo Nacional.

-La resolución 9855 fue dictada en ejercicio de un arbitrario abuso de poder del Estado, declaró Hermida, pues el Ministro del Trabajo impuso y extendió a todo el sector alimentario y agropecuario nacional un régimen sublegal que permite al gobierno disponer de las personas, como si fuesen mercancía, intercambiándolas sin su consentimiento, entre diferentes centros de trabajo, lo que equivale al trabajo forzoso, modalidad prohibida en el país y el planeta.

FUNDAHUMANOS acompaña las denuncias del sindicalismo sobre la pretensión de establecer el trabajo forzoso en Venezuela, pues viola la libertad de trabajo consagrada en las normas internacionales de protección a los derechos fundamentales, como el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, los artículos 23 y 87 de la Constitución Nacional, 30 y 75 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, y el artículo 32 del Reglamento de la Ley del Trabajo de 2006.

Con esta resolución Venezuela se coloca al margen del convenio Nº 29 de la Organización Internacional del Trabajo, instrumento que prohíbe expresamente el trabajo forzoso, el cual fue ratificado por nuestro país desde 1945. Adicionalmente, desconoce la declaración sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo, emanada de la OIT en 1998, que estableció el compromiso de eliminar toda forma de trabajo forzoso en los países miembros de este organismo de Naciones Unidas.

Esperanza Hermida, Defensora Laboral de Fundahumanos

Con voz propia

Al arribar este 4 de agosto al año que le lleva a ingresar a las ocho décadas de su creación por el General en Jefe (último rango de los 50 meritoriamente otorgados en el siglo XX) Eleazar López Contreras (ELC), la Guardia Nacional (GN), debe ser objeto de necesaria reflexión.

Instaurada para “contribuir en el mantenimiento de la paz y la tranquilidad ciudadana en todo el territorio”, en 1946 constituye las Fuerzas Armadas de Cooperación y en el actual régimen que deteriora su función, se le agrega el calificativo Bolivariana (GNB).

Hasta 1999 promocionaba que “además de mantenerse el control y la seguridad interna permanente”, garantizaba: “que la política partidista no los polarice; sólo estar al servicio del país y del gobierno legal y legítimamente constituido y que los intereses que se defienden siempre sean los intereses del estado”.

Es de recordar que la denominación GN tuvo antecedente en decisión del 10 de marzo 1810, cuando la Junta Suprema de Caracas recomendó establecerla “para la salva y custodia del Congreso”.

Tales principios al igual que la doctrina de su creador, quedaron sepultados en el régimen tal lo proclamó el actual comandante general, Néstor Reverol Torres: “es revolucionaria y mantendrá el legado de Hugo Chávez como doctrina política filosófica y militar”.

Lo hizo al adoptar posición política de camarada para refutar declaraciones del Presidente del Parlamento “de la derecha”, a quien definió “de un obstinado, prevaricador y desequilibrado instalado circunstancialmente en el Palacio Federal Legislativo y quien indignamente y con mucha vergüenza representa uno de los poderes públicos del país”.

Así se expresó, en transmisión del canal oficialista VTV, contra el Parlamento que se instauró con plenos poderes por dictamen de 8 millones de venezolanos y por cuya eliminación se pronuncia el régimen castrocomunista.

La afirmación “los manuales gringos ya no existen en los cuarteles”, es de suponer por su enfrentamiento al Imperio, pues se anuncia que contra él se procesa una acusación por narcotráfico en un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York.

Para ilustración del oficial declarante, cuando ELC fue a asumir Presidencia del que sería Gobierno de Transición de una larga dictadura castrense a la democracia, se presentó al Congreso vestido de civil.

“Yo creo que al Congreso no debe entrar un presidente vestido de militar”.

Es testimonio de Enrique Tejera quien fuera su ministro Sanidad y Asistencia Social, y de Educación. El eminente científico calificó a ELC de instaurador de la democracia en el país y quien además divulgó la posición del civilista general ante los dilectos dictatoriales que le propusieron disolver al Congreso.

“Prefiero que me maten antes de cometer la arbitrariedad de disolver el Parlamento” , fue la expresión del militar democrático.

Tanto respeto tenía el General en Jefe ELC por GN, que había solicitado a su esposa María Teresa Núñez Tovar que guardias nacionales rasos sacaran de la residencia su cadáver, porque “yo soy uno de ellos”. Y su honrosa voluntad fue cumplida.

Invocamos la reflexión sobre GN, en la conmemoración de los sus 79 años que ahora conmemora. No se trata de ocultar la criminalidad de la comprobada violación de derechos humanos, por lo cual deben responder los conductores de la institución.

La “GN con raíces históricas en la conciencia del pueblo”, debe recuperar el empañado lema que define a la “institución de naturaleza militar, con vocación esencialmente civil”: el honor es su divisa.

Al MARGEN. La protesta de la madre Elena por la muerte del hijo Aníbal Chávez, demuestra la inacción del régimen militar. Ni siquiera se conmovió por la crisis humanitaria; todo sigue igual. jordanalberto18@yahoo.com

¿Problema de la basura o estado de insalubridad?

Bastante se ha dicho y escrito sobre la grave y peligrosa situación existente en el municipio Mario Briceño Iragorry del estado Aragua; diversas han sido las maneras de referirse a ella, pero la más utilizada ha sido hasta ahora: “el problema de la basura”.

Para quien esto escribe, tal denominación se queda corta, permite ocultar el verdadero problema y evadir responsabilidades. El inadecuado manejo y disposición de los desechos sólidos constituye solo uno de los aspectos, ciertamente importante, de un conjunto de factores (aguas negras al aire libre, pésima calidad y suministro irregular de agua potable, obstrucción de canales y quebradas, zonas enmalezadas, proliferación de plagas, insuficiencia y/o carencia de planes de prevención y tratamiento de enfermedades, entre otros) que se suman e interrelacionan para producir unas circunstancias que inciden negativamente sobre el ambiente y terminan generando el grave ESTADO DE INSALUBRIDAD presente en esta entidad.

El ambiente es un conjunto de elementos naturales y sociales que se relacionan estrechamente; y en los cuales, se desarrolla la vida de los organismos. Está constituido por:

1. La flora, la fauna y los seres humanos representan los elementos biológicos.
2. El aire, el suelo, el agua y el clima que forman parte de físicos.

Al ser humano le corresponde por tanto, relacionarse con los otros elementos en términos de mutua dependencia y complementación, sin convertirse en único beneficiario de la naturaleza. Las personas tenemos una gran responsabilidad en cuanto al cuidado del entorno para la supervivencia de las generaciones futuras; es por ello, que debemos tener una clara noción sobre lo que debemos hacer para conservarlo.

Vamos a referirnos a la salud, como el estado de bienestar a nivel físico, mental y social de una persona (no es solo la carencia de afecciones o enfermedades). Evidentemente, esta condición no es la que predomina en nuestro municipio, donde los niveles de deterioro ambiental han ido incrementándose progresivamente, hasta llegar a conformar el actual estado de insalubridad; de manera tal, que el ambiente, la salud y la vida de los mariobricenses se encuentran en grave riesgo.

Una flagrante, descarada e impune violación de nuestros derechos humanos y constitucionales.

Según el Art. 127 de nuestra constitución vigente, es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho, individual y colectivamente, a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado; y es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación.

De igual manera, en los Art. 83 y 84, se considera a la salud como un derecho social fundamental que debe garantizar el Estado como parte del derecho a la vida, y le obliga a promover y desarrollar políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República. Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad. El sistema público nacional de salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado y no podrán ser privatizados. La comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la política específica en las instituciones públicas de salud.

Asimismo, nuestra constitución reconoce que el derecho a la vida es inviolable; y que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas (Art.43, 46 y 75).

Deberes y derechos del Estado y los ciudadanos.

De lo anteriormente señalado podemos concluir, que los factores fundamentalmente involucrados en el cumplimiento de la CRBV en cuanto a los aspectos mencionados son: el Estado y los ciudadanos. Aunque existen diversas interpretaciones de lo que es el Estado, utilizaremos aquella que lo define como una forma de organización cuyo significado es de naturaleza política. Se trata de una entidad con poder soberano para gobernar una nación dentro de una zona geográfica delimitada. Se usa como sinónimo la palabra Gobierno. En una nación, el Estado desempeña funciones políticas, sociales y económicas. La población, el territorio y el poder son los elementos que lo constituyen. En este trabajo nos referiremos a los ciudadanos como individuos sujetos de derechos políticos; es decir, aquellos que intervienen en la vida política de su país y de su comunidad, ejerciendo dichos derechos y cumpliendo deberes y obligaciones. También entenderemos como sociedad al sistema organizado de relaciones que se establecen entre grandes grupos humanos que se diferencian entre sí por su función social; y como política, la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los Estados.

Los órganos del Poder Público deben garantizar los derechos humanos.

El Estado venezolano está en el deber constitucional de garantizar a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen (Art. 19). Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV); que es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico en nuestro país (Art. 7).

La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público (Art. 5); el cual se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. La descentralización, como política nacional, debe profundizar la democracia, acercando el poder a la población y creando las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales (Art. 158).

La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos (Art, 141); y los funcionarios públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna (Art. 145). Los ciudadanos tienen derecho a ser informados oportuna y verazmente por la Administración Pública sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad (Art. 143).

El Estado está en la obligación de responder por sus errores.

El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley (Art. 139). El Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los o las particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública (Art. 140).

El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía (Art. 29). El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que le sean imputables, o a su derecho habiente, incluido el pago de daños y perjuicios. El Estado adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza para hacer efectivas las indemnizaciones establecidas en este artículo (Art. 30).

Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado (Art. 136)

Es de la competencia del Poder Público Nacional: el régimen de la administración de riesgos y emergencias; las políticas nacionales y la legislación en materia de sanidad, seguridad alimentaria, ambiente y aguas; las políticas y los servicios nacionales de salud; el régimen general de los servicios públicos domiciliarios y, en especial, electricidad, agua potable y gas (Art. 156-9, -23, -24, -29). Es de la competencia exclusiva del Poder Público Estadal: la creación, régimen y organización de los servicios públicos estadales (Art. 164-8).

El Consejo Federal de Gobierno es el órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios. Estará presidido por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva e integrado por los Ministros o Ministras, los Gobernadores o Gobernadoras, un Alcalde o Alcaldesa por cada Estado y representantes de la sociedad organizada, de acuerdo con la ley (Art. 185).

Los Municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional, gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de esta Constitución y de la ley. Las actuaciones del Municipio en el ámbito de sus competencias se cumplirán incorporando la participación ciudadana al proceso de definición y ejecución de la gestión pública y al control y evaluación de sus resultados, en forma efectiva, suficiente y oportuna, conforme a la ley (Art. 168).

El gobierno y la administración del Municipio corresponderán al Alcalde o Alcaldesa, quien será también la primera autoridad civil. La función legislativa del Municipio corresponde al Concejo Municipal, integrado por concejales. Corresponde a la Contraloría Municipal el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes municipales (Art. 174, 175, 176)

La participación de los ciudadanos: un derecho y un deber.

La participación de los ciudadanos en la vida pública es reconocida actualmente como un factor fundamental para lograr los cambios y transformaciones requeridos por sus respectivas sociedades. El término participación ciudadana hace referencia al conjunto de acciones o iniciativas que pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración de la comunidad al ejercicio de la política.

Se precisa en el Preámbulo de la CRBV, que uno de los objetivos de la refundación de la República es el establecimiento de una sociedad democrática, participativa y protagónica. Este documento, que es la ley fundamental que rige la organización del Estado venezolano, fue aprobado en primera instancia por una Asamblea Nacional Constituyente, cuyos integrantes fueron escogidos previamente por medio de un proceso electoral, y finalmente ratificada por el pueblo mediante un Referendo Aprobatorio en el mes de diciembre del año 1999. Ahora bien, detengámonos un momento a pensar en el significado de esta definición de nuestra sociedad. Democracia es una forma de gobierno en la que el pueblo ejerce el Poder: participativa y protagónica implica, que para ejercer ese Poder el pueblo no solo debe involucrarse en la gestión de gobierno; sino, que además, debe ocupar un papel principal en ese proceso. En el Art. 62 se reconoce que: “Todos los ciudadanos tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, sea directamente o por medio de sus representantes electos. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo”; y: “Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica”. Pero, así como la constitución reconoce este derecho, también exige a cada persona: “El deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social” (Art, 132).

Apuntes para la ponencia presentada por el concejal Héctor Sánchez en el Foro: ¡Por la Salud y la Vida en MBI! (14-07-2016).

Fraude, drogas y prostitución son los ingredientes de la película El Lobo de Wall Street, nominada a cinco premios Oscar en 2014 en la que Leonardo Di Caprio interpretó a un corrupto agente de bolsa involucrado en un fraude con bonos.

A veces la realidad supera a la ficción. Riza Aziz, el productor del film, fue acusado la semana pasada por el Departamento de Justicia de EEUU de haber robado y lavado por lo menos mil millones de dólares del Fondo de Desarrollo de Malasia bajo el control de su padrastro Najib Razak, primer ministro de ese país. Uno de los métodos usados fue precisamente el de los bonos estatales. El volumen de la corrupción de este caso supera con creces el relatado en la película que, paradójicamente, fue financiada con el dinero robado al pueblo de Malasia.

El perfil del hijastro del primer ministro de Malasia recuerda demasiado a individuos de nuestro propio patio: inescrupulosos, amantes del lujo, el exhibicionismo y los excesos, como los tesoreros de la nación Alejandro Andrade, Carlos Erik Malpica Flores y Diego Salazar, el operador de los seguros de Pdvsa – cómplice y testaferro de su primo Rafael Ramírez – por cierto, todos ellos también expertos en defraudar con bonos y títulos de la nación.

El Fondo de Desarrollo de Malasia, similar al Fonden de Venezuela, fue creado para promover inversiones y proyectos públicos, pero bajo el control directo del actual primer ministro, se convirtió en una vía para desviar más de 4.000 millones de dólares a las cuentas de familiares, amigos y a las suyas propias.

Ahora, la justicia estadounidense recuperará los bienes adquiridos en su territorio con los recursos malversados, que incluyen mansiones en Nueva York y Los Ángeles, obras de arte y también parte de las ganancias generadas por la película.

En este esfuerzo de incautación y recuperación han participado autoridades de diez países ya que el dinero robado se movió por varios bancos internacionales que ahora están bajo investigación. Aún no hay medidas directas contra el primer ministro de Malasia pero seguramente se producirán a medida que avance la indagatoria.

El anuncio lo realizó la Procuradora General de EEUU Loretta Lynch quien resaltó que se trata del mayor decomiso civil, la mayor acción individual en la historia de ese país, dentro de un programa que han denominado como Iniciativa para la Recuperación de Activos de la Cleptocracia.

La confiscación civil en los Estados Unidos equivale al decomiso autónomo civil sin condenas. Se trata de un proceso legal en el que las autoridades decomisan dinero y bienes de personas sospechosas de estar involucradas en actividades ilegales. El procedimiento civil puede ir paralelo al juicio penal pero no necesita que el mismo haya concluido en una condena definitiva para proceder a incautar el dinero y los bienes involucrados. Para conseguir de nuevo lo confiscado, los propietarios deben demostrar que no provienen del delito. El caso del Fondo de Desarrollo de Malasia, junto a otros que se han producido en los últimos meses a nivel global, demuestra que el mundo avanza en el tema de la colaboración internacional para recuperar el dinero robado a los países.

Otra evidencia más de que Venezuela también podrá recobrar los fondos que se apropió la casta cívico militar que desgobierna, a costa del hambre y el sufrimiento de los venezolanos.

Recuperaremos el país a través del Revocatorio y también recuperaremos el dinero robado. Se hará justicia.

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Apreciación de la situación # 72

Durante las dos últimas semanas se pudo ver por los medios televisivos norteamericanos las convenciones nacionales de los partidos republicanos y demócratas para la nominación definitiva de los candidatos a la presidencia de USA en el periodo correspondiente 2017-2021. Por el partido republicano ganó la nominación un empresario asociado a la publicidad y a la televisión, escritor, sin mayor trayectoria política, por lo que prácticamente se está iniciando en la misma en una especie de representante de la anti política o de la política tradicional norteamericana.

Por el partido demócrata logró la nominación una mujer que, contrario a su oponente, tiene una dilatada actuación pública, primera dama por ocho años, ex secretaria de Estado del actual presidente y senadora por el estado de New York.

La actuación, hasta ahora, del candidato republicano, se ha caracterizado por un discurso tremendista y populista, fundamentado en lo que una gran parte de la población de los estadounidenses que se consideran una suerte de raza autóctona en razón de sus orígenes inmigratorios desea escuchar. El eslogan del candidato es “Hacer a América grande otra vez” (Make America great again) y para ello ha expresado que el país se ha debilitado por la presencia de minorías étnicas –que ya no son tan minorías- que han desvirtuado la esencia del norteamericano original y en consecuencia hay que revertir estos procesos restringiendo la entrada de nuevos inmigrantes al país, incluyendo la construcción de un muro a lo largo de frontera común con México, sin quedarse muy atrás con otras minorías acusa a la población musulmana, que reside en el país, de ser sospechosos o tener nexos con los grupos islámicos fundamentalistas y terroristas que actualmente están en guerra contra la cultura occidental y, así mismo, acusa al ejército norteamericano de ser el culpable de derrotas militares en las últimas dos décadas por malas conducciones políticas o por debilidades políticas en la toma de decisiones.

En fin, un discurso populista cargado con muchas medias verdades y exaltaciones patrioteras que la mayoría de los líderes políticos del propio partido republicano han rechazado y que se pensaban superadas por la clase política norteamericana, pero que, para sorpresa de la misma, ha calado profundamente en el electorado, a tal punto, que las últimas mediciones sitúan al empresario, ligeramente por encima de su eventual contrincante femenino demócrata.

Los seguidores de la candidata y del partido demócrata, han calibrado la peligrosidad del discurso populista del empresario para la estabilidad política del país y del futuro del mismo y, en consecuencia, han optado por elaborar un discurso fundamentado en los valores y principios que dieron origen al país, pero también en los valores y principios de la democracia y las libertades civiles e individuales que han sido el baluarte histórico del desarrollo de esa nación.

Han planteado y desmentido que a USA no hay que hacerla grande otra vez, porque actualmente la nación norteamericana es la más grandes en logros tangible en el planeta, es la primera economía mundial, es la que está a la vanguardia de los cambios y desarrollos tecnológicos, que tiene las mejores universidades del planeta y los mejores científicos, que tiene el ejército más poderoso del planeta con un elevado grado de moral y profesionalismo y así con otros muchos temas, todo eso se ha logrado con los hijos de muchos inmigrantes que llegaron para quedarse, pero también reconocen que hay mucho por hacer y que existen grandes deficiencias en la atención de los problemas sociales de un buen porcentaje de la población y la solución no está dividiendo a la nación y a sus minorías étnicas, el problema del terrorismo mundial no se va resolver expulsando a los musulmanes de USA, etc.

En síntesis, al discurso demagógico, populista, segregacionista y patriotero del empresario, que hasta ahora le ha dado buenos resultado a decir de las encuestas, la oposición demócrata no cayó en la elaboración de un discurso similar para atraerse el voto de esos simpatizantes autóctonos, sino optó por la defensa de los valores fundacionales de la nación y de la defensa de los principios y libertades ciudadanas que, sin duda alguna, han hecho grande al país del norte.

Y ¿qué tiene que ver eso con nuestra situación actual? Puede que mucho. En primer término, si la oposición política de finales de los noventas no se hubiera dedicado a competir con el discurso populista y redentor del ahora difunto eterno, ofreciendo un discurso similar pero con voceros diferentes, sino hubiera apelado al rescate de los valores y principios de la democracia, señalando errores y deficiencias, pero también cuales sus soluciones, siempre dentro del marco constitucional, posiblemente tampoco hubiera ganado las elecciones, pero seguramente los liderazgos que se mantuvieron, y los que luego surgieron, hubieran tenido mayores y mejores argumentos para enfrentar al régimen

En segundo término, a pesar de la lección de calamidades que ha dejado el régimen a lo largo de estos 16 años de desafuero, apenas ahora, pareciera, que algunos de los dirigentes de oposición democrática se han convencido de la necesidad de un discurso con el rescate de nuestros valores fundacionales como nación y de la necesidad de que los principios de la democracia y de las libertades individuales y colectivas no se negocian y deben defenderse permanentemente.

30 de julio 2016

La “Tormenta Perfecta” que asola Venezuela continúa su decurso demoledor. Las perspectivas no son de que amaine o cese, sino todo lo contrario, de que se profundice a extremos nunca conocidos por estos lares.

Los responsables de la misma – por todos conocidos- , lejos de corregir el rumbo, insisten en transitarlo. Para algunos de ellos lo conducente es radicalizar el modelo y mantener a toda costa y costo sus afanes continuistas.

La última de sus geniales jugadas, es concederle al general Padrino y por ende a la corporación castrense más poderes de los que ya disfrutan; como si la invasión de militares a la Administración Pública hubiese redundado en beneficios para el país. Una cosa es contribuir al desarrollo y bienestar de la Nación y otra muy distinta copar el aparato del Estado bajo la premisa – demostradamente falsa – de que los militares, por definición, están más y mejor capacitados que los civiles.

Mucho se ha especulado sobre la concesión de tan amplios poderes al citado General. Lo real y objetivo es que las competencias otorgadas trascienden la tarea que supuestamente debe cumplir el señor Padrino y lo convierten en un cuasi Presidente. Algunos jodedores rememoran lo que se decía del hombre de la Mulera y sus presidentes de paja: “el Presidente vive aquí, el que manda allá”.

La nomenclatura gobernante agotado su proyecto y carente tanto de ideas como del antaño apoyo popular de que disfrutó y de recursos para alimentar el clientelismo se refugia como “última ratio” en el poder de las bayonetas. Esto no debe extrañarnos porque los principales abrevaderos del ideario chavista son el militarismo y el castrismo cubano.

Más militarismo es menos democracia. Asistimos quizás a la última etapa del proceso para demoler, desde adentro, la democracia, iniciado en 1999 con el ascenso al poder de Hugo Chávez y que se aceleró en diciembre del año 2015 con la actitud del régimen ante los resultados de los comicios parlamentarios: reconocieron a regañadientes la derrota pero no aceptaron las consecuencias políticas, jurídicas e institucionales del resultado.

Si a la conversión del ministro de la Defensa en cuasi presidente le sigue el bloqueo ilegal e ilegitimo del referéndum revocatorio este año, la no realización de las elecciones regionales y Maduro no renuncia. Dictadura habemus.

En este cuadro tan complejo y lleno de riesgos las fuerzas democráticas tienen que cumplir su rol histórico de alternativa de cambio. Asumir con más seriedad el tema de la unidad, dejar de lado los “egos revueltos” y las miradas cortoplacista. Entender que los tiempos y requerimientos de la sociedad venezolana demandan un proyecto nuevo, una alternativa unitaria de naturaleza estratégica, con una visión de largo aliento destinada a reconstruir Venezuela y generar las bases para edificar un país libre, próspero, justo y seguro.

Esto lo escribo y demando como ciudadano por cuanto es fácil observar que la MUD, como coalición, no vive sus mejores momentos. Ha retrocedido en términos de cohesión, de unidad de mando y de acción lo cual es fatal para articular y aprovechar el colosal descontento existente contra el régimen.

La incapacidad para generar una mayor presión social a favor del referéndum revocatorio y lo acontecido en relación al diálogo abonan a favor de lo que digo. Ésta situación debe y tiene que cesar, lo que nos jugamos es demasiado.

Caracas, 25 de julio de 2016

Para la inmensa mayoría de los venezolanos, es indudable que tenemos un grave problema, en cuanto a la educación que se imparte en nuestras escuelas y el bajo nivel general que suelen obtener los alumnos. El problema es complejo, multifactorial y con interrelaciones que implican aspectos cognitivos, de organización, de disfunción familiar, de desestructuración social, etc.

Para hacer un corto análisis del tema, tomemos como punto de partida los aspectos clave de la educación en un país donde ésta está muy bien valorada.

El sistema de educación japonés tiene fama de ser muy eficiente y bien estructurado y es reconocido como uno de los mejores del mundo. La pregunta que al respecto surge es ¿a qué se debe este éxito? Para mejor entendimiento, destaquemos algunas de las principales características de este sistema educativo.

Para empezar, no hay posibilidades de ideologización política. Lo que si hay es mucha estabilidad curricular, alta preparación profesional, reconocimiento del esfuerzo y valoración de la meritocracia.

En Japón, la educación es mayoritariamente pública; además de obligatoria y gratuita, es de excelente calidad. A las escuelas no solo se va a estudiar; también se estimula en ellas el esfuerzo para lograr objetivos, la participa en actividades extracurriculares y se recibe formación en valores. Se estudia mucho, se complementan las clases con tareas y no se desperdicia el tiempo. La educación es un tema de prioridad de Estado y se involucran en el sistema educativo la escuela en su conjunto, la familia y la sociedad. Los maestros están muy preparados, solo llegan a ser docentes los mejores, y son muy respetados en la comunidad.

Como se puede observar, estamos bastante lejos de lograr un sistema educativo comparable con el japonés, o con el de otros países como Finlandia, Corea del Sur o Canadá, por mencionar algunos ubicados en distintos continentes. Sin embargo, no deben perderse las esperanzas; siempre es posible mejorar. Para ello tenemos talento humano que es básico e imprescindible para los grandes cambios que necesitamos.

Como guía para el enfoque de de una propuesta de estudio, a manera de decálogo para el análisis, que incluya acciones y consideraremos de algunos de los aspectos que deben constituir los primeros pasos básicos para la transformación de la educación en las escuelas de nuestro país, se pueden mencionar los siguientes.

1. Revisión y modificación del actual currículo; que debe ser de largo aliento, modernizado, equilibrado y despolitizado, desde el punto de vista ideológico-partidista.
2. Brindarle una preparación profesional actualizada y de primera calidad a nuestros docentes, en todos los niveles del sistema educativo.
3. Pagarles sueldos acordes con su importantísima función en la sociedad y dotarlos de un sistema de Seguridad Social de primer orden.
4. Establecer un sistema de selección con base en la preparación y los méritos.
5. Desterrar la política partidista de las escuelas. Las intenciones de ideologización política de niños deben tratarse como algo aberrante.
6. Fortalecer el sistema de educación pública. Garantizar realmente que sea obligatoria y gratuita. Ofrecer un sistema de comedores escolares eficiente.
7. Incluir, con carácter preferencial, asignaturas, implicadas en ejes transversales, que contemplen la formación en valores, tanto individuales como colectivos.
8. Establecer un sistema de evaluación y prosecución escolar justo y flexible, pero con un nivel de exigencia aceptable.
9. Contemplar actividades que involucren a los alumnos directamente con la comunidad educativa y la sociedad en general.
10. Educar para la formación ciudadana, el conocimiento, la cultura y el trabajo.

Profesión: Ciudadano

25 de julio de 2016