La evolución de covid-19 ha marcado la vida en el planeta. Todas las sociedades, independientemente de los rasgos culturales, sociales, políticos, han sido afectadas por la evolución de la pandemia. Casi un año después de la aparición de los primeros casos en Wuhan, China, la situación dista mucho de estar controlada. El aumento de casos en todos los países de Europa y Estados Unidos en las últimas semanas, junto con la continuación del descontrol en la gran mayoría de los países de América Latina, son muestras contundentes de que la situación puede seguir complicada en los próximos meses.

En enero de este año, tal como es costumbre, el Foro Económico Mundial publicó el análisis de los riesgos mundiales para 2020. Las menciones sobre “pandemias” se concentraban en los riesgos señalados para los años 2007 y 2008. Otras menciones más recientes en el documento estaban relacionadas con las dificultades en la elaboración de vacunas y con la creciente importancia de la resistencia a los medicamentos en el tratamiento de enfermedades infecciosas.

El mencionado reporte sí hacía referencia a la publicación el pasado año del informe elaborado por el Nuclear Threat Initiative y la Universidad Johns Hopkins, sobre la evaluación de las capacidades de los países para enfrentar riesgos biológicos (como, por ejemplo, una pandemia). Se señaló, tal como fue una de las conclusiones de ese reporte, que ningún país del mundo estaba completamente preparado para hacer frente a una pandemia. También se destacaba el aumento de la vulnerabilidad ante los impactos sociales y económicos de las crisis generadas por enfermedades infecciosas.

Por supuesto nadie podía imaginar que en el momento que se publicaba este reporte del Foro Económico Mundial, ya se habían registrado los primeros casos de la neumonía atípica que luego sería conocida como manifestación de covid-19. En el transcurso de estos diez meses, el número de casos no ha dejado de aumentar. A la fecha se han registrado poco más de 43 millones de casos, y 1,2 millones de fallecimientos. Todo ello en un contexto de alteración profunda de la vida social y económica en todo el mundo.

El hecho de que no exista certeza en estos momentos sobre las alternativas para enfrentar de manera definitiva la enfermedad, requiere un esfuerzo por visualizar las consecuencias de la pandemia en los próximos meses.

A menos que alguna (o algunas) de las vacunas que están en prueba resulte efectiva, las estrategias para el control son las que ya están disponibles. Incluso con la aprobación de la vacuna contra el covid-19, la administración a los miles de millones de personas que la requerirían es un proceso que no será fácil de realizar de manera expedita.

Con el propósito de explorar las tendencias previsibles en el contexto de la pandemia, el Foro Económico Mundial acaba de publicar un reporte que condensa los resultados de una consulta con economistas jefes de los ámbitos públicos y privados a escala global. La mayoría de ellos considera que los niveles de actividad económica de los países de ingresos medianos y bajos volverán a los niveles pre-pandemia en la segunda mitad de 2022 (en dos años).

En el caso de los países de altos ingresos, la recuperación se produciría en la primera mitad de 2022. La mitad de los entrevistados consideró que, en los próximos 18 meses, los países de ingresos bajos no podrán pagar las deudas adquiridas. También la mayoría de los consultados indicó que los niveles de calidad de empleo no serán comparables con los que se tenían antes de la pandemia. La inmensa mayoría también señaló que es débil el progreso de los gobiernos en la implementación de medidas multidimensionales de progreso económico, más allá de la medición tradicional del PIB.

De acuerdo con lo anterior, las perspectivas para el año 2021 no pueden ser más complicadas. Los impactos del descontrol de la pandemia se ampliarán en los próximos meses en la medida que los países no sean efectivos en la utilización de las opciones disponibles. Habría que agregar los efectos sociales y económicos, especialmente el desgaste de las familias y las restricciones de la actividad productiva.

En América Latina, muchos países ya han sobrepasado los ochos meses de evolución de la pandemia, sin haber alcanzado el control. La gran interrogante está relacionada con la visión que tienen los gobiernos de la región sobre estos escenarios. O si solo están esperando que sucedan eventos extraordinarios que mejoren la situación. Ojalá puedan identificar cursos alternativos exitosos en las pocas semanas que quedan de 2020.

Twitter: @marinojgonzalez

Decir que la apertura hacia una nueva Constitución - aprobada por cerca del 79% del electorado chileno - es un hecho histórico, puede ser frase manida. Pero también puede ser verdad.

Si bien es cierto que solo el transcurso del tiempo permite seleccionar cuales acontecimientos son históricos y cuales no, hay hechos que sí permiten vislumbrar una futura historicidad.

Histórico, dicho de modo tautológico, es un hecho que hace historia. Quiere decir que la historia no está dada sino que es hecha. Quiere decir también que hay acontecimientos cuya propiedad es marcar los tiempos entre un antes y un después. Y en ese sentido, la Constitución de 1980, la llamada Constitución de Pinochet, la aún vigente, ya es un ayer. En cambio, la que no ha sido escrita, la que todavía no existe, es el futuro.

¿En dónde reside la importancia histórica del plebiscito del 26.10.2020? En un hecho muy simple. El pueblo chileno decidió, por aplastante mayoría, re-constituirse. Contrarrestó así al propio proyecto acariciado por Pinochet, el de la revolución conservadora, el de re-fundar un nuevo orden económico, político y cultural, ambición que para constituirse debía ser constitucionalizada.

No importa que los acólitos de Pinochet solo hubieran copiado la Constitución de 1925, a la vez una copia de la de 1833. Pinochet necesitaba de una Constitución propia, personal, fundacional. Es por eso que el día 26.10.2020 no solo tuvo lugar un plebiscito. Ese fue el día en el que el pueblo chileno decidió arrebatar el nombre de Pinochet a la Constitución. El día de la constitución (con minúsculas) del pueblo poblacional convertido en pueblo ciudadano. El día de la polis. Visto así, ese pueblo decidió terminar un capítulo de esa “story” que también es una historia, y así, al fin, dar lectura a otro.

Pero ¿por qué ahora? ¿por qué tanto tiempo después de haber terminado la dictadura a los chilenos se les ocurre cambiar la Constitución del dictador? Cabe solo responder: los hechos no tienen un lugar fijo en el acontecer. Ocurren no cuando deben sino cuando pueden. Podríamos decir, en sentido figurado, que los hechos históricos aguardan en el silencio de sus noches el momento adecuado para aparecer bajo la luz. No vale la pena entonces hablar en conjuntivo. Solo podemos decir que, por diversas razones, los gobiernos post- dictadura no se dieron a la tarea de pasar a la fama como impulsores de una nueva constitucionalidad. Tampoco hubo un clamor social por una nueva Constitución, aparte de los que provenían de movimientos esporádicos, como el de los estudiantes del 2011.

Razones válidas o atendibles: sea porque un plebiscito significaba volver a dividir a los chilenos en dos bloques irreconciliables, justo en el momento en que la unidad era más urgente que nunca; sea porque nadie quería echar sal a las heridas abiertas; sea porque la Constitución de 1980 permitía reiniciar, mediante algunas reformas – cada gobierno hizo las suyas – las medidas institucionales y sociales que los momentos requerían; sea en fin porque a nadie importaba demasiado el tema, el hecho fue que recién el 2020 los chilenos decidieron cambiar la Constitución.

No porque les molestara, no porque no sirviera, no porque estuviera mal escrita, no, no, nada de eso. En verdad, todos sabían que inciso más, o menos, todas las constituciones modernas son parecidas entre sí. No hay en efecto ninguna Constitución occidental que ordene asesinar, violar derechos, marginar, discriminar. Pero sí, debido a una insoslayable realidad: toda Constitución tiene un doble carácter.

Por un lado, la Constitución es un compendio de leyes. Por otro, es el símbolo que constituye a la nación. Con el primer carácter, nadie podía estar en desacuerdo. Con el segundo, sí. Pues esa Constitución, vista de modo simbólico, estaba manchada de sangre. Así, la idea de una nueva Constitución - pensada tal vez como un medio para salir del paso - apareció en un tiempo en el que la gran mayoría de los chilenos quería, sin olvidar, dejar atrás el pasado. Y ese tiempo no podía ser superado si mantenían la Constitución, hija de ese tiempo y de quienes la promulgaron. Por eso los chilenos de izquierda, centro y derecha, independientes, jóvenes, viejos, creyentes y ateos, se pusieron de acuerdo de modo ciudadano y con su voto, uno por uno, clavaron un puñal en el pleno corazón de la “Constitución de Pinochet”. El asesino general había muerto en su cama. Pero “su” Constitución fue ajusticiada en las urnas.

Las cosas se dieron así aunque en un comienzo hubieran sido pensadas de otra manera. Pues el fin de la Constitución de Pinochet no surgió por generación espontánea. Tiene que ver con lo que sucedió entre un octubre y otro octubre, antes que nada con ese “estallido social” que mostró al mundo como Chile, tan ordenado en las cifras, con un tan alto crecimiento bruto y neto, no era el oasis que quería venderse como producto de exportación. Desigualdades sociales, falta de integración social, desconexión radical entre política y pueblo, una barbarie indomable en las poblaciones marginales, una violencia no explicable por ideologías y fanatismos, un país tercer o cuartomundista, metido en el fondo de una caja de regalos comprada en el Parque Arauco en incómodas cuotas mensuales.

Todavía hay muchos que no pueden explicar como una ligera alza de los boletos en la locomoción colectiva terminaría nada menos que con el fin de una Constitución. Si la palabra revolución no estuviera tan emputecida por castristas y chavistas, yo habría escrito sin ningún problema que el 26 de octubre tuvo lugar en Chile una revolución constitucional.

Lo cierto, ha sido repetido miles de veces, el estallido social puso en evidencia una profunda crisis de representación. A los partidos políticos, a todos, la realidad escapaba de las manos. No sé quién, alguien debe haber sido, tuvo la idea de canalizar de modo político las energías desatadas, hacia una nueva Constitución. En un comienzo la idea nos pareció a muchos, oportunista, al estilo de nuestra ponderada viveza criolla. Porque de verdad, en las enormes manifestaciones de octubre del 2019 a las que al comienzo concurrían familias completas, plenas de alegría, en son de canción y fiesta, aparecían muchas pancartas exigiendo una cantidad increíble de reivindicaciones, algunas lógicas y justas, otras más bien surrealistas, pero nunca alguna exigiendo una nueva Constitución.

Sí: el plebiscito constitucional comenzó a configurarse desde arriba, como siempre en nombre del pueblo pero nunca con el pueblo. Razones de sobra para desconfiar. Más todavía cuando explotó esa violencia bárbara y latente en los hígados de la sociedad chilena: las calles destruidas, las estatuas derribadas, las iglesias incendiadas, el país entero vandalizado. Si no hubiera sido por la pandemia - nunca pensé que alguna vez iba a escribir algo así – habría aún más muertos en Chile. Sobre la base de esa sociedad asocial, anómica, aterrorizada, el lema de una Constitución - como sinónimo simbólico de algo que pusiera orden, es decir, de algo que re-constituyera al país - comenzó a tomar cuerpo y forma.

Vuelvo a una idea preliminar: en Chile había una crisis de representación política, grave en un país en el que sobre la política no hay nada. Ni una monarquía constitucional, ni un presidente que sin ser soberano condensara en su persona la unidad de la nación, ni una Constitución como la norteamericana a la que todos los ciudadanos respetan. La crisis de representación, bajo esas condiciones, no tardaría en transformarse en crisis de autoridad. Era necesario entonces restablecer una autoridad sustitutiva para que el país no se derrumbara sobre sí mismo. No habiendo rey ni presidente simbólico, solo quedaba la autoridad de una Constitución. ¿Pero de una Constitución manchada con el nombre de un dictador? No, una verdadera Constitución, una que representara a la mayoría. Había necesariamente que cambiar a esa Constitución por otra, para reconstituir a la nación.

Que nadie se haga ilusiones. Una nueva Constitución no resolverá ningún problema. Las desigualdades sociales podrán ser acortadas, pero no gracias a la Constitución. La violencia, esa violencia sin causa o lo que es igual, con miles de causas, continuará probablemente arrasando. La Constitución no es una casa, es solo el techo de una casa. Y así como un nuevo techo no soluciona los problemas familiares en una casa, en la casa chilena tampoco serán resueltos los problemas nacionales. Pero entre una casa sin techo - eso era Chile con una Constitución acatada pero no respetada – y una casa con techo, hay que elegir la segunda. Y el pueblo chileno eligió. No porque sea de izquierda o de derecha (ni la izquierda ni la derecha alcanzarán jamás un 80% de los votos) sino porque quería constituirse como pueblo en el marco de una nación a su vez constituida por una Constitución.

Cuando nazca la nueva Constitución nadie podrá dejar de respetarla. Será, guste o no, la Constitución de todos. Por ahora es solo una posibilidad: la de iniciar un nuevo comienzo en un país que, a tientas, busca salir de sus propias sombras.

27 de octubre 2020

Polis

https://polisfmires.blogspot.com/2020/10/fernando-mires-el-pueblo-de-chi...

La bioeconomía está transitando su cita anual en la Conferencia Internacional sobre Bioeconomía Aplicada, que por primera vez es hospedada en el continente americano, aunque por las razones de público conocimiento, se está realizando de forma virtual a través de las plataformas online del IICA. Durante los tres días de plenarias, quedaron muchas sensaciones positivas para quienes estamos convencidos de que el enfoque de la bioeconomía es una oportunidad para los países de América Latina de acortar las brechas con el primer mundo.

El primero en coincidir con esta afirmación, fue el Director General del IICA, Manuel Otero, durante su discurso que dejó inaugurado el evento. El IICA, con Otero a la cabeza, viene impulsando la bioeconomía como una herramienta para convertir a las comunidades rurales de América en zonas de progreso a partir del desarrollo de industrias locales de base biológica. Y prácticamente todos los panelistas estuvieron de acuerdo en que, para que esto sea posible, resulta fundamental apoyar el desarrollo de las capacidades científicas, en especial la biotecnología y la nanotecnología, para avanzar en ciencias como la medicina, en una agricultura más verde, en la producción de alimentos sanos y en el aprovechamiento respetuoso de los recursos de la biodiversidad.

En la última plenaria, Roberto Bisang, a criterio personal, uno de los grandes referentes de la bioeconomía, desarrolló el concepto de ‘biofábrica’ como la ‘célula madre’ de la bioeconomía y el nuevo modelo industrial del siglo XXI. De forma muy gráfica, comparó las fábricas tradicionales del siglo XX, donde se utilizaban los bienes de capital creados por el hombre para procesar materias primas de origen mineral para obtener un determinado producto, con las industrias que operan bajo el nuevo paradigma de la bioeconomía. En estas, se instala el concepto de ‘co-producto’, que Bisang explicó con un ejemplo al decir que “Ya no se trata de hacer trigo, sino que se trata de captar la energía del sol, envasarla en maíz, hacer cracking del maíz para transformarlo en alimentos, bioenergías, biomateriales, y además generar un servicio ecosistémico de captura de carbono”. Por tratarse de recursos biológicos, caracterizados por tener una alta variabilidad, hacen que este proceso sea mucho más complejo y que requiera del aprendizaje continuo y el constante soporte de la ciencia.

Otro concepto interesante fue el presentado por la representante del gobierno uruguayo, Carolina Balian. Introdujo las ‘redes de valor biobasadas’, donde las distintas cadenas de valor dejan de abordarse de forma individual, para ser vistas como una red donde existen relaciones entre los subproductos de una cadena determinada y su utilización como insumo en otra para obtener nuevos productos de mayor valor. El objetivo es identificar todas las relaciones posibles, que sin duda irán creciendo de la mano del avance de la ciencia.

Los bioinsumos y las bioenergías, dos de los grandes temas de la bioeconomía, tuvieron sus propios paneles, donde los especialistas mostraron las diferentes realidades que están atravesando. En el caso de los primeros, hay un creciente interés impulsado por las demandas de transitar hacía una agricultura más verde. Aunque la perspectiva de crecimiento es enorme, su implementación es aún muy baja. El éxito dependerá de poder contar con buenas políticas de impulso, facilitar los sistemas de registro en el órgano regulador, incrementar la investigación científica y facilitar el acceso a la información y capacitación de productores agropecuarios.

En cuanto a las bioenergías, ha sido el sector que mayor impacto ha sufrido por el Covid. Las restricciones a la circulación provocaron una caída estrepitosa en la demanda de biocombustibles, obligando a las plantas a tener que permanecer cerradas por varias semanas. Es esperable que la recuperación tome hasta 2022. La buena noticia la dio Agustin Torroba, experto de IICA en bioenergías. Aunque varios países, especialmente en Europa, están en vías de migrar hacía la movilidad eléctrica, el especialista dijo que en América tardará mucho más en llegar, y los biocombustibes integrarán los nuevos paradigmas de movilidad, especialmente en los sectores de aviación y comercio marítimo, ya que están atravesando fuertes presiones para su descarbonización.

El impacto del Covid fue uno de los temas centrales que se debatió en los distintos paneles. David Zilberman, profesor de la Universidad de California, Berkeley, pidió que la pandemia sirva de lección para intensificar los esfuerzos en la lucha contra el cambio climático, que está llevando a que millones de personas sean más pobres. En la misma línea, Hugo Chavarría, gerente del Programa de Bioeconomía de IICA, resaltó la urgencia por revertir los impactos que dejó el Covid en la región, donde el 40% de la población más pobre tuvo que migrar a una dieta menos saludable. Y allí es donde entra con fuerza la bioeconomía, que brinda la posibilidad de capitalizar la nueva frontera de la ciencia para permitir producciones más eficientes, a partir del agregado de valor en cascada, que se traducen en menores desperdicios y en mayor producción de alimentos a menores costos.

Los nuevos procesos que plantea la bioeconomía circular son altamente dependientes del conocimiento científico. Sin embargo, la inversión en investigación es la gran asignatura pendiente de la región. Ruben Echeverría, director general emérito del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) mostró los alarmantes números que indican que la inversión en investigación en ciencias agrícolas y de alimentos en los países de América Latina y el Caribe se ubica, en promedio, por debajo del 1% del PBI agrícola. Un tercio de lo que invierten los países de altos ingresos, que están en torno al 3%. Y según el especialista, los presupuestos podrían incluso reducirse luego del Covid-19. Una situación inconcebible si se tiene en cuenta que la agricultura es la principal fuente de exportaciones y empleo de la región.

18de octubre 2020

BioEconomia

https://www.bioeconomia.info/2020/10/18/la-ciencia-en-el-ojo-de-la-bioec...

En el acto de presentación de las nuevas máquinas y el software que se utilizaran en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre muchas de las personas que lo veían por televisión se hacían las siguientes preguntas: ¿Hubo licitación para esa adquisición? ¿De donde provienen esas máquinas? ¿Cuánto costó esa negociación?

Carlos Quintero, rector del organismo y miembro de la Junta Nacional Electoral, señaló que la nueva máquina representa un avance significativo de la revolución, con respecto a los equipos utilizados durante los últimos procesos electorales en el país. Recordó que el motivo por el que el organismo electoral se vio obligado a realizar la modernización de su parque tecnológico fue la pérdida de la totalidad de las máquinas electorales durante un incendio registrado en los galpones del CNE, a mediados de marzo.

Las máquinas y los programas fueron diseñados en el país por técnicos venezolanos. La razón de ello, según argumentó, es no tener que depender de proveedores internacionales, tal y como ocurría anteriormente con los equipos comprados a la empresa multinacional Smartmatic.

El nombre técnico de la nueva máquina electoral es EC21 y contará con un sistema de código abierto. El proceso está totalmente “blindado” termino diciendo el rector Quintero.

Si bien durante gran parte de la presentación se hizo referencia a la máquina y el software, no se pudo observar el funcionamiento de ambos pues no se realizó ninguna demostración del proceso de votación, lo que generó un clima de desconfianza en todos aquellos que veían el acto.

Jummm, esto huele a trampa, dijo uno.

Seguro que esa EC21 fue la que utilizo Alexander Grigoryevich Lukashenko en las elecciones de Bielorrusia, dijo otro.

Un ingeniero de sistemas que escuchaba todo aquello, procedió a consultar en las redes, todo lo relacionado con máquinas electorales y lo que consiguió, no dudó ni un instante en hacerlo público

…... “Pese a que según Quintero la máquina electoral EC21 fue diseñada en el país, la misma puede adquirirse a través de Internet, específicamente en la página Alibaba.com”.

En dicha página de compras online puede apreciarse el equipo, el cual tiene un precio que oscila entre 286 y 362 dólares por unidad y cuya fabricación está a cargo de la compañía china TouchWo”.

Con razón, durante meses el nombre del fabricante de las máquinas de votación, así como el precio de las mismas han sido una incógnita para la población, pues desde el CNE no se ha publicado la información correspondiente.

Esto es lo último, dijo muy molesto una persona del barrio. Cómo es posible que el gobierno compre maquinas electorales a un país de régimen totalitario con partido único y donde está secuestrada la Libertad de Expresión.

No se nos olvide que también anunciaron un proceso de auditorías que tendría una duración de quince días, mientras que los expertos en procesos electorales sostienen que, los plazos planteados por Quintero, difieren ampliamente con respecto a los casi seis meses que según los mismos expertos se necesitan para realizar la auditoría.

La contratación de la empresa china “ALI BABA GROUP” servirá para que en el conteo final de los votos, se haga realidad la leyenda revolucionaria, y al decir la palabra mágica “Ábrete Sésamo” las maquinas darán a conocer como resultado irreversible el triunfo totalitario orquestado por los 40 del régimen.

De cara a las elecciones parlamentarias de diciembre, el pasado domingo se desarrolló el Simulacro Nacional de Votación 2020. Una jornada calificada como masiva por la autoridad electoral, que comportó una doble finalidad: el primer acercamiento y familiarización de los electores con nuevas máquinas de votación, y el primer ensayo nacional de aplicación y cumplimiento de protocolos de bioseguridad al acto de votación en este tiempo de pandemia.

Dado que esta elección carece de consensos amplios por parte de todos los actores políticos para acometer el proceso, este viene acumulando irregularidades como la designación del árbitro electoral por parte del TSJ sin que la Asamblea Nacional agotara su procedimiento, la judicialización de procedimientos internos de partidos políticos, las modificaciones continuas al cronograma electoral y la inobservancia de aspectos de la legislación, como los cambios en la composición de escaños en contravención del artículo 186 constitucional.

En el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) desplegamos una vez más nuestra red nacional de observación electoral independiente. 353 observadores, distribuidos en los 23 estados y en Distrito Capital, asistieron a la jornada, la percibieron durante varias horas y en distintas franjas horarias del día y registraron sus impresiones, con rigor de veracidad e imparcialidad.

En términos generales, el 51% de los observadores del OEV calificó como bueno el desenvolvimiento del simulacro, 27% lo percibió regular y 13% lo encontró excelente.

Igualmente, el 55% de los observadores consideró buenas la organización y la logística durante el simulacro. Otro 25% las halló regular y 10% las calificó de excelentes, siendo las opciones de malo y pésimo, inferiores al 10%.

En un balance al término de la jornada dominical, el Consejo Nacional Electoral (CNE) enumeró, entre otros aspectos, la extensión de la actividad hasta las 5:00 de la tarde, en virtud de la masiva afluencia de electores, así como la apreciación de que la llamada nueva solución tecnológica funcionó de manera eficiente y eficaz.

La muestra nacional recogida por el OEV coincide, en líneas generales, con ambas ideas. El 66% de los observadores estimó más de 40 personas en fila, mientras que otro 20% calculó entre 15 y 40 votantes. Del mismo modo, al evaluar cómo fue el funcionamiento de la máquina durante sus procesos de votación en el simulacro, 9 de cada 10 observadores coincidieron en que la máquina de votación no presentó ninguna falla o problema mientras participaron. En el mismo sentido, 8 de cada 10 de ellos no experimentó demoras o interrupciones durante su proceso.

El simulacro electoral, en consecuencia, funcionó bien. Casi tres cuartas partes de los observadores calificaron entre bueno y excelente el funcionamiento de la herradura. Pero como esta actividad del cronograma electoral, dos veces diferida, ha resultado útil para probar y poder fortalecer la plataforma y la logística electoral, asimismo, algunos hechos observados deben servir de indicador al árbitro para tomar correctivos a tiempo.

Más de la mitad (57%) de nuestra red observó que al centro al cual asistieron fueron trasladados electores con recursos públicos. Una proporción similar de observadores vio personas con vestimenta alusiva a algún partido político en los alrededores del centro, en su gran mayoría favorables al oficialismo.

El simulacro también debe servir para señalar y corregir las evidencias de ventajismo oficial que, de hecho, ya ha dado muestras en las últimas semanas, de modo de evitar que estas prácticas se repitan durante la campaña electoral, recién extendida en su duración a un mes exacto, ni a la jornada de votación del próximo 6 de diciembre.

El estricto equilibrio en el acceso y la cobertura de la campaña, la no utilización de recursos del Estado para actividades proselitistas y la ubicación de puntos partidistas desplegados en las calles solo hasta el cierre de campaña son garantías ofrecidas por el mismo Gobierno a través de la carta del canciller Arreaza a la ONU y la UE, el pasado septiembre.

Sobre los organismos de seguridad que se encontraban en el centro, la Milicia Bolivariana fue el más visto, por 92% de los observadores, mientras que los efectivos del Plan República fueron vistos por 87% de los observadores.

Casi un 10% de los observadores determinó que integrantes de la Milicia estaban dentro del recinto de las mesas o a dos metros del recinto. El acto de votación es eminentemente civil y las funciones del Plan República están claramente delimitadas.

En tiempo de pandemia, las medidas de bioseguridad implementadas durante el simulacro merecen una mención especial. La mayoría de los observadores del OEV las calificó de regular (35%) a bueno (33%), mientras que el 15% del grupo tuvo una experiencia excelente.

En muchas filas a las afueras de los centros, los electores no respetaron la sana distancia física de al menos metro y medio entre ellos, algunos de los cuales se quitaban o se ponían mal el tapaboca antes de ingresar a la instalación. Se trata de un comportamiento social que, a decir verdad, no dista mucho de lo que se puede observar en una cola cotidiana para acceder a un supermercado o a una farmacia en cualquier ciudad del país.

Durante la jornada, uno de cada cuatro observadores advirtió la participación de algún actor (votante, personal logístico, efectivos de seguridad, etc.) sin portar tapaboca, o haciendo uso incorrecto o erróneo (por debajo de la barbilla, en las orejas y/o sin cubrir la nariz). A la mayoría de observadores no les tomaron la temperatura, pero sí les fue suministrado gel antibacterial al participar en el simulacro.

En esta oportunidad fueron seleccionados 381 centros de votación en todo el país. Comparativamente, esto significó una reducción de los centros disponibles para los electores: para el simulacro de las parlamentarias 2015 fueron habilitados 749 centros y para la elección presidencial de 2018 se dispusieron 500 centros. A menos centros disponibles, más probabilidades de aglomeraciones.

Todos los electores deben comprender que son corresponsables en el mantenimiento de la salud pública; y las autoridades electorales, seguir avanzando en el desafío de que las garantías sanitarias y los protocolos de bioseguridad deben funcionar en perfecto equilibrio con la expresión ciudadana. Celebramos, como último dato de esta entrega, que la mayoría del personal logístico y/o electoral que coincidió con los observadores portaba mascarillas médicas, así como caretas o lentes de protección el pasado 25 de octubre.

Próximamente presentaremos una versión más amplia de los resultados y patrones que arrojó este monitoreo independiente. Agradecemos, como siempre, a nuestro comprometido equipo de más de 300 observadores, desplegados en toda Venezuela, que bajo estricta imparcialidad cumplieron una vez más con su misión responsable de observar, registrar y transmitir.

Caracas, 26 de octubre de 2020

Apenas diferenciamos un bolero de un joropo, por ello este artículo no es sobre las fugas musicales y mucho menos sobre las de Bach, aunque en ellas da la impresión de que hay unas voces perseguidas y otras que persiguen. La historia de la humanidad narra muchas fugas famosas. Quizá la más traumática fue la de la bella Helena, que decidió irse con Paris a escondidas de su esposo Menelao. Allí ardió Troya. Otra fuga célebre que despertaba nuestro interés de adolescente fue la del Conde de Montecristo, quien burló a sus carceleros para consumar una venganza justificada.

En esta tierra que una vez fue de Gracia, la pequeña historia reciente refiere muchos casos de fugas de presos políticos. En 1951, durante la dictadura de Pérez Jiménez, un comando logró rescatar del Puesto de Emergencia de Salas al líder de la resistencia acción democratista Alberto Carnevali, quien estaba custodiado por agentes de la Seguridad Nacional.

En la etapa democrática iniciada en 1958, hubo varios alzamientos militares y frentes de la guerrilla castro comunista. Como consecuencia, numerosos civiles y militares fueron capturados, sentenciados y encarcelados.

A continuación mencionamos algunos casos de presos que lograron escapar. En 1961, el teniente coronel Moncada Vidal y otros seis oficiales que eran trasladados de Puerto Cabello a Caracas, dominaron a sus custodios y desviaron el avión a Curazao. En 1962, se escaparon del Hospital Militar el médico Rodolfo Hernández Miliani, el mayor Manuel Azuaje y otros. En 1963, Teodoro Petkof se fugó mediante una cuerda desde el Hospital Militar. En ese mismo año, el capitán de corbeta Jesús T. Molina Villegas, Fabricio Ojeda y Luben Petkoff se escaparon de la cárcel de Trujillo y en diciembre Manuel Azuaje, el capitán de fragata Pedro Medina Silva, Germán Lairet y Gastón Carvallo se fugaron de la isla del Burro. En 1967, Teodoro Petkoff, Pompeyo Márquez y Guillermo García Ponce se escaparon del cuartel San Carlos por un túnel cavado de afuera hacia adentro. En 1975 se escaparon de dicho cuartel Carlos Betancourt y otros 22 guerrilleros, mediante túnel desde adentro. Algunos de los citados fueron recapturados. Todos fueron indultados o sobreseídos por los presidentes Leoni y Caldera. Ninguno estuvo más de cinco años preso.

Durante la dictadura totalitaria de Chávez-Maduro, el doctor Pedro Carmona, quien había asumido la presidencia provisional de la república a raíz de la masacre del 11 de abril del 2002, logró escapar del apartamento que tenía por cárcel. Del presidio militar de Ramo Verde se fugaron en el 2006, Carlos Ortega, presidente de la CTV, el coronel Jesús Farías y el capitán Rafael Farías. En el 2009, Nixon Moreno salió a escondidas de la Nunciatura Apostólica, donde estaba refugiado. Recientemente, en noviembre de 2017, el Alcalde Mayor y principal dirigente del partido Alianza Bravo Pueblo, Antonio Ledezma, logró evadir a los vigilantes que custodiaban su apartamento en el que estaba preso. Iván Simonovis escapó en mayo del 2019, después de pasar 16 años preso. Todos los casos citados en este párrafo eran presos políticos que no habían cometido ningún delito.

La semana pasada, Leopoldo López, principal dirigente de Voluntad Popular, tomó la iniciativa de buscar la libertad. En febrero del 2014 fue acusado de promover protestas. Voluntariamente se entregó a la Guardia Nacional rodeado de miles de caraqueños. Lo sentenciaron a trece años y nueve meses. Estuvo incomunicado en el presidio militar de Ramo Verde. El julio del 2017 le dieron cárcel por casa. Y desde el 30 de abril del 2019 se refugió en la embajada de España, siendo aceptado como huésped.

Todo preso político tiene derecho a fugarse, independientemente de que su causa sea o no válida. En el caso de la dictadura de Chávez-Maduro se justifica, aún más, porque los presos no han tenido derecho a la debida defensa y han sido imputados y sentenciados por fiscales y jueces que obedecen órdenes de Miraflores.

Históricamente, los contrarios a los carceleros siempre aplaudieron a los fugados. Lamentablemente, hoy en medio de un régimen totalitario, algunos que se dicen opositores menoscaban el valor de esos valientes que cayeron presos por luchar por la libertad de los venezolanos. Por ignorancia, por mala fe o por deseos de figurar, disparan twitters a diestra y siniestra, con hipótesis tendentes a descalificar. Desde luego que no pretendemos censurar la libertad de expresión, sino hacer un llamado a la sensatez. El enemigo es Maduro y sus palafreneros ¡Bravo por Leopoldo y por todos los presos políticos que se han fugado!

Como (había) en botica:

El mayor general Ovidio Delgado Ramírez anunció a la ciudadanía que el ejército no distribuye papas porque hay escasez, pero que seguirá repartiendo leña a los venezolanos. Ante la frustración por no capturar a opositores o por la fuga de alguno, el régimen detiene a familiares, amigos y relacionados. Esta vez le tocó a la señora Nubia Campos, por el delito de llevarle la comida a Leopoldo; también al vigilante de la embajada, señor Neira ¡Qué miserables!

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Esta semana se está debatiendo la regulación de la Política Agrícola Común (PAC) en el Parlamento Europeo y en el seno del Consejo de Ministros de Agricultura.

La PAC es la política más cara y con más impacto de la Unión Europea. Ha tenido un coste aproximado de 363.000 millones de euros en el período 2014-2020 y afecta directamente al 40 % de la superficie terrestre de la UE.

La PAC es también responsable de la pérdida de agrobiodiversidad, ya que condiciona absolutamente la producción agrícola, intensificándola, y detrayendo recursos para otros fines (por ejemplo, la conservación). Se ha observado que los hábitats y especies vinculados a la agricultura son de los que se encuentran en peor estado de conservación y con una tendencia clara hacia el deterioro.

La agricultura es uno de los principales impulsores del cambio de uso del suelo y de la pérdida de biodiversidad. Aproximadamente la mitad de la superficie terrestre libre de hielo se dedica a la producción agrícola que se ha intensificado enormemente mediante la mecanización y el uso de agroquímicos, reduciendo o eliminando un sinfín de especies.

Nuestra misión es compartir el conocimiento y enriquecer el debate.

Mejorar el vínculo entre las políticas agrícolas y la conservación de la naturaleza, apoyando sistemas agrícolas sostenibles que beneficien a la naturaleza y a las personas, debería de ser una prioridad.

Dicha mejora sería imprescindible si estuviéramos verdaderamente comprometidos con el alcance de los objetivos de los acuerdos internacionales de conservación, como las Metas de Aichi para la diversidad biológica. Según estas, por parte de la agricultura sería necesario eliminar o reformar los incentivos perversos para la biodiversidad (meta 3) y alcanzar una producción de alimentos sostenible (meta 7).

Sin embargo, como hemos sabido hace poco, ninguna de las metas que nos habíamos puesto en 2010 para detener la pérdida de biodiversidad se han alcanzado en 2020.

Ayudas para unos pocos

La Política Agrícola Común se basa principalmente en pagos directos concedidos a los agricultores, para supuestamente compensarles por los bienes y servicios públicos que proporcionan a la sociedad (pilar I) y en la financiación del desarrollo rural (pilar II).

Los pagos directos son el principal gasto de la PAC (unos 40.000 millones de euros al año; el 70 % de su presupuesto total en 2019) y están basados principalmente en la superficie agrícola o en el número de cabezas de ganado en propiedad. Este instrumento no es apropiado para abordar los problemas ambientales y de cambio climático, ni es la forma más eficiente y justa de apoyar la renta de los agricultores.

En la actualidad, el 80 % de las ayudas se concentra en menos del 20 % de los potenciales beneficiarios.

Las explotaciones más grandes e intensivas y mejor ubicadas son las más beneficiadas. Como consecuencia, las más pequeñas y en zonas desfavorecidas (generalmente en regiones periféricas y de montaña) no pueden competir y son expulsadas del mercado.

El 27 % de los hábitats prioritarios de la UE son dependientes directa o indirectamente de la agricultura o la ganadería. Las medidas ambientales de la PAC, insuficientes

Actualmente, la PAC dispone de medidas de carácter ambiental que se encuentran disponibles en ambos pilares. En el primer pilar existe la denominada ecologización o greening, que consiste en la rotación de cultivos, el mantenimiento de pastos permanentes y el establecimiento de superficies de interés ecológico.

En el segundo pilar se incluyen medidas agroambientales y climáticas que han evolucionado desde la protección de hábitats y paisajes amenazados hasta la actual provisión de servicios de los ecosistemas. Sin embargo, su objetivo pasa más por compensar la pérdida de ingresos potenciales debido a la implantación de prácticas más sostenibles.

Además, las ayudas están parcialmente condicionadas al cumplimiento de normas básicas (medio ambiente, salud y bienestar animal, etc.) y a la adopción de una serie de buenas prácticas agrícolas, en lo que se denomina condicionalidad.

Sin embargo, el greening se ha diluido hasta el punto de no tener los resultados deseados. Esto se debe a la preponderante selección de medidas de carácter productivo (por ejemplo, cultivos fijadores de nitrógeno y de cobertura) frente a medidas más efectivas ambientalmente y no productivas (árboles, setos, barbecho, etc.), a exceptuar de su adopción a la mayoría de las explotaciones y a permitir la pérdida de pastos permanentes fuera de los espacios protegidos.

Asimismo, las medidas agroambientales y climáticas han demostrado resultados diversos, generalmente limitados, mixtos (positivos y negativos) o incluso contraproducentes. Por una parte, la adopción de buenas prácticas agrícolas es limitada, al no incluir legislación europea relevante (aguas o plaguicidas). Por otra, los niveles de incumplimiento son altos (alrededor del 30 %).

Cómo diseñar una PAC más sostenible

Con el debate abierto sobre la futura PAC y si esta va por buen camino, es el momento adecuado para exigir cambios. Uno de ellos es la implementación de reglas de asignación de las ayudas basadas en criterios de sostenibilidad que beneficien a los agricultores que realmente necesiten apoyo y proporcionen beneficios públicos.

Deberían priorizarse las explotaciones que proporcionen más bienes y servicios públicos, vinculados a la acción climática y otros objetivos ambientales, como la conservación de la naturaleza.

En Europa, las explotaciones que presentan mejor desempeño ambiental y mayor biodiversidad se conocen como explotaciones o sistemas de alto valor natural (SAVN). También son muy valiosas en términos de patrimonio cultural.

Estos sistemas se han integrado en la PAC a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y se consideran un indicador. Sin embargo, su apoyo aún no se ha llevado a cabo en la práctica. Solo obtienen una priorización marginal y ninguna financiación específica.

En consecuencia, los SAVN han ido perdiendo calidad y extensión en toda la UE. Todo ello a pesar de que disponemos de métodos para su identificación y seguimiento, basados en información actualmente en manos de los gestores, y de que es posible subvencionar sus costes de conservación en conformidad con los acuerdos de agricultura de la Organización Mundial del Comercio.

Una priorización eficaz de las explotaciones agrícolas en consonancia con los objetivos ambientales de la PAC reflejaría una verdadera ambición de lograr no solo los nuevos objetivos de la PAC, sino también los acuerdos y objetivos internacionales de conservación y sostenibilidad.

La actual reforma no va por buen camino

Sorprendentemente, la propuesta de regulación para la futura PAC de la Comisión Europea sigue imponiendo a los Estados miembro el uso de los pagos directos y no ha ampliado el apoyo a ninguna forma específica de agricultura sostenible e, incluso, ha eliminado de la misma a los SAVN. Este movimiento muestra poca ambición ambiental e ilustra una falta de voluntad política para abordar los desafíos de la sostenibilidad.

Es más, los intentos por debilitar la ambición ambiental se están viendo reforzados durante las actuales negociaciones entre los diferentes actores al pretender, entre otros, que el Pacto Verde Europeo no sea tenido en cuenta en la futura PAC.

El Pacto Verde Europeo es la hoja de ruta para dotar a la UE de una economía sostenible. Respecto de la agricultura, esta se ha integrado mediante las estrategias de la granja a la mesa y sobre biodiversidad para 2030. El objetivo es garantizar una cadena alimentaria más sostenible, por ejemplo, exigiendo que un 10 % de la superficie agrícola se destine a medidas de biodiversidad, reduciendo a la mitad el uso de plaguicidas o garantizando que el 25 % de la superficie agrícola esté bajo producción ecológica.

Si bien este cambio no se puede hacer de la noche a la mañana, el nuevo período de la PAC debería aprovecharse para realizar una transición suave que cambie su funcionamiento. Del pago dominante por superficie y número de cabezas de ganado al pago por la provisión de bienes y servicios públicos.

Las propuestas actuales mantienen el statu quo y, por lo tanto, solo nos conducirán irremediablemente al resultado que ya conocemos: una drástica y dramática pérdida de especies y explotaciones agrícolas, no abordar el cambio climático y un incremento de la desigualdad y la injusticia sociales.

Lastres para un cambio acuciante

El cambio no será fácil. El caso del Reino Unido nos sirve de ejemplo: se supone que iban implantar el pago por bienes públicos, pero las presiones de los sectores tradicionalmente beneficiados económicamente por esta situación están impidiendo el cambio necesario.

Se chantajea a la sociedad con la excusa de proteger a la gente del campo, pero es el esquema actual el que ha cerrado millones de explotaciones y ocasionado millones de desempleos y exacerbado el abandono rural.

Además, hoy en día el coste de las externalidades negativas del sistema alimentario supera, al menos, en un tercio su valor económico.

No queda otro camino que un cambio de raíz en las políticas agrícolas si queremos detener la pérdida de biodiversidad, así como enfrentar el cambio climático y las desigualdades sociales. Y el momento es ahora.

Investigador en conservación de la biodiversidad, Universidad de Oviedo

25 de octubre 2020

The Conversation

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