Micro Análisis

1. Los partidos políticos venezolanos (viejos y nuevos) son los que han propiciado, por acción u omisión, el actual caos y tragedia de la nación.

2. He venido señalando que una de las razones del quiebre de Venezuela como país, es la ausencia de verdaderos partidos políticos, tragedia que comenzó a incubarse a partir de la década de los setenta del siglo pasado.

3. Lo que hoy existe es lo más parecido a plataformas electorales para hacer presidente a algunas personas determinadas. No son proyectos colectivos y con liderazgo colectivo. Son dominantemente proyectos mesiánicos, caudillistas y hasta un poco narcisistas.

4. Son generalmente estructuras burocráticas y sin líderes confiables, congeladas en la historia, plagadas de cuida-puestos o busca-puestos, sin alma ni pasión, sin formación política y anémicas de pueblo. De allí no sale nada útil en pleno siglo XXI.

5. No son auténticamente democráticos en lo interno, pero eso sí, exigen a los demás que sean democráticos y se rasgan las vestiduras exigiendo democracia y más democracia. Esta contradicción debilita su mensaje y ahuyenta a los potenciales seguidores. No los hace confiables.

6. ta ausencia de partidos verdaderos es la que impide el despliegue de políticas de nación, es la razón por la cual es difícil crear y desarrollar estrategias exitosas. Es la causa fundamental de la tragedia de Venezuela. Es absoluto. Es definitivo.

7. Sin ánimo de buscar consuelo, es necesario recalcar que esta crisis no sólo es venezolana. Los partidos políticos a escala planetaria están sufriendo el impacto del cambio de eras históricas. Por eso están colapsando muchas naciones.

8. Hay dos opciones: O los partidos se transforman o serán desplazados. La dinámica de la sociedad se impondrá.

9. El cambio de las épocas históricas ha sido impulsado por una fascinante revolución tecnológica y científica que, a su vez, ha acelerado el cambio de los paradigmas en el funcionamiento de toda la sociedad humana. Estos son los grandes motores de este proceso de “destrucción creativa” (Sombart y Schumpeter) que sorprende al mundo.

10. Cada día, la sociedad opera más como red neuronal que como una estructura vertical e inclusive horizontal. La gobernanza es el nuevo paradigma político de la sociedad Post Capitalista. La sociedad más educada y civilizada reclama sus propios espacios. El mega estado y los políticos caudillos desaparecen a marcha forzada. Caos en el corral.

11. La revolución de la información ha empoderado a todos los ciudadanos. La manipulación de la sociedad cada día es un propósito harto difícil.

12. Las redes sociales tienen enloquecidos a quienes han reducido la política a simples ejercicios de marketing electoral y a una “comunicación” unidireccional basada en manipulaciones clásicas. ¿Hoy quién manda a quién? ¿Quién gobierna a quién? ¿Quién manipula a quién? Estos cambios son absolutos e irreversibles. Por tanto, todas las instancias orgánicas de la sociedad, sin excepción, están forzadas a generar cambios.

13. Las relaciones utilitarias entre los dirigentes y los militantes dinamitó las estructuras de los partidos. El compañerismo verdadero, la relación íntegra están ausentes. Hoy se manipula y engaña. Eso debilita.

14. El sector productivo mundial asumió el cambio como una realidad ineludible. Pero los políticos han sido la excepción. Es el estamento de la sociedad más rezagado a los cambios. La gran mayoría de los partidos políticos (por tanto, sus dirigentes) en el mundo sigue anclada en los paradigmas de la vieja era industrial, y no han dado una lectura correcta a este proceso indetenible de cambios arrolladores.

15. Y esto es lo que está generando una implosión de toda la estructura política mundial, con una población desesperada golpeando las puertas de los partidos y los gobiernos, exigiendo respuestas a las nuevas necesidades.

16. ¿Entonces Desaparecerán los partidos? Los partidos están asociados a la existencia de los estados-nación. Son sus ductores. Aún es prematuro presagiar la desaparición de los estados-nación, por tanto, es prematuro anunciar la desaparición de los partidos políticos.

17. Mientras tanto, los partidos políticos tienen que correr a generar cambios internos. Mientras más rápido y efectivo generen los cambios, habrá mayor gobernanza y prosperidad en las naciones. Lo contrario es el caos, y en algunos casos el infierno (tal como ocurre en Venezuela).

18. La actual crisis venezolana comenzará a superarse realmente cuando los partidos existentes impulsen aceleradamente procesos de cambios internos, y sin excusas autocomplacientes.

19. En los partidos políticos nunca puede haber alternativas a la democracia interna, al libre flujo de las ideas, a las discusiones francas y constructivas. Y hoy más que nunca. La democracia es a los partidos y a la sociedad lo que el oxígeno para los seres vivos.

20. A quién se le ocurriría cortar el oxígeno a un paciente que está en terapia intensiva bajo la excusa que está en estado crítico y que hay que posponer el suministro de oxígeno para cuando esté normalizado su estado de salud. Es sencillamente ridículo y criminal. Es acelerar su muerte y eso es exactamente lo que hoy hacen la mayoría de los partidos venezolanos. Siempre hay una excusa para posponer la democracia. Error capital.

21. De no haber cambios en los partidos, inevitablemente serán desplazados. Los pueblos no se cruzan de brazos. Inventan. Ese tren no espera por nadie. Muchos no van a morir. Aún sobreviven los antiquísimos partidos URD, el MEP y el Partido Comunista. Pero son absolutamente irrelevantes en la estructura del poder. Muchos de los actuales partidos terminarán “uerredizados”. No es justo.

22. La decisión de cambiar es gratis y genera resultados asombrosos, inclusive a favor de quienes hoy se oponen al cambio. Es su mejor camino a la victoria. Es el paso correcto. ¿Por qué tanta terquedad suicida? ¿Por qué esperar a ser desplazados? Están a tiempo... pero no mucho.

@jesusSeguias

GerenciaPolítica.com

Se reunió en el Aula Magna de la UCV un grupo de personas distinguidas para la refundación del Frente Amplio, constituido a principios de este año, aunque sin presentar balance de lo hecho hasta ahora. Buen síntoma que en hora terrible para la esperanza de cambio, la llama no se extingue y haya hard core para una recuperación. Quienes estaban ahí aunque en su mayoría no eran activistas, y no saldrán a los barrios a crear comités de base, son ciudadanos preocupados con capacidad para transmitir ideas a otros. La reunión toca la fibra de hacer algo, frente a la boa constrictor que nos asfixia por la debacle de tres años grises.

Sin dirigentes en los barrios, los sindicatos y las aldeas, es difícil que la mayoría social, el descontento, se convierta en mayoría política como la que conquistó la A.N. Un pensador nada superficial del Siglo de las Luces, Edmund Burke, dejó la conocida frase cuya deconstrucción va a las entretelas de la dinámica política: “Lo único que se necesita para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada”. Pero la frase es conceptualmente trunca sin una coletilla: “…o que lo hagan mal”. Las derrotas y triunfos en la política y en otros espacios de la razón práctica, están relacionadas con que unos hacen lo pertinente y otros no.

Aunque así sea, siempre ronda el espectro maquiavélico de la Fortuna. En el caso del documento que emergió de la reunión, después de naturales invocaciones a la negatividad esencial del gobierno, la corrupción, la incompetencia, el autoritarismo y demás paspartú, llegamos al noumeno, el proyecto de acción política. Y en él la mula vuelve a dar vueltas a la noria: repetir lo que en tres años ha conducido al desastre, como si no hubiera ocurrido. Pero el F.A. se autoimpone la prueba ácida, el deadline para comprobar su acierto o error: el 10 de enero.

El día de la verdad

Ese día comenzará el noveno inning, según los estrategas del F.A. Al decir de Karl Popper, ese sería el momento de la refutación o afirmación. Si a partir de él no se produce la anunciada ruptura hacia el cambio cualitativo, la teoría queda refutada. Y si no se cumplen los augurios, se impone la decepción y por eso no es indicado esparcir nuevamente ilusiones (hora cero, 350, 16 de julio). Pero siembra mayores dudas que las acciones prácticas que se piensa repetir y que llevarían a “la transición ordenada”, fracasaron sistemáticamente como las movilizaciones de calle que ya enlutaron cientos de familias.

Igual la exhortación a un coup, la “intervención militar democrática”. En los que dieron a Erdogan en 2016 y a Chávez el 11 de abril, fracasó el esquema. Los turcos pensaron que la violencia represiva, la “muerte por goteo” produciría una reacción militar triunfante que derrocaría al gobierno para entregarlo a los interesados. En este caso es volver sobre lo que ya naufragó por desconocer un elemento básico de la razón práctica desde Tzun Tsu, que debe preceder y suceder cualquier acción racional y que no falta hoy día en las operaciones políticas, militares, comerciales, científicas o productivas: la crítica de la acción.

Dos de los más grandes fundadores del pensamiento occidental, San Agustín y Sigmund Freud, demostraron que el equilibrio del espíritu, de la razón, está asociado a la confesión y al sicoanálisis, y ambas disciplinas parten de reconocer y dar cristiana sepultura a los cadáveres de la mente. Es el balance crítico para no repetir las equivocaciones y corregir a través de la discusión, como hacen los estados mayores en todas las actividades sociales. La esencia del partido político moderno, de las directivas de las empresas, de todo tipo de comandos en la acción social, es el debate sobre estrategias, errores y resultados.

Pero el golpeado sistema político entregó desde comienzos de este ominoso año, las decisiones en manos de gente muy respetable pero aficionada. El silencio sobre lo ocurrido en los tres años anteriores puede ser causal de la contumacia en hacer lo mismo. Los dos respetables sacerdotes que tuvieron una participación determinante en las equivocaciones de este trienio, hoy vuelven por sus fueros con el mismo cuchillo de cartón. Pero rápidamente echan mano a un cómodo expediente: “ordenar” a la A.N. la papa caliente de nombrar una patética Junta de Gobierno y así librarse ellos de la autoprueba ácida del 10 de enero.

Medio totalitario

El recurso es nada ingenuo para surgir de quienes podrían caracterizarse con Max Weber como cuasipolíticos, competentes en sus actividades propias de gerencia o dirección, pero no formados en la técnica y el arte de la política stricto sensu. En la declaración brilla la sorprendente ausencia de los procesos electorales reales, esos que permitieron a las organizaciones democráticas convertirse en mayorías políticas empíricas, como ocurrió hasta diciembre de 2015.

Es un grueso error conceptual decir que tenemos un “régimen totalitario” (aunque tenga vocación totalitaria), tanto como el médico que trata a un paciente contra peritonitis pero éste tiene una hernia inguinal. Si fuera así, la reunión del Frente Amplio se hubiera realizado en una cárcel entre cinco personas. No habría sistema de partidos, ni de medios de comunicación, ni reuniones políticas, ni la posibilidad de decirle burro al mandamás, ni de llamar a golpes. Jugamos despreocupados con conceptos que definen realidades serias y que requieren estrategias diferentes.

@CarlosRaulHer

El momento ha de llegar y será la hora del pensar callado, sosegado, reflexivo, realista. No el momento de la resignación sino de la rebeldía. No del conformismo sino de la exigencia sin tregua. Serán los tiempos de remembranza de los decires del poeta, porque serán los días de hacer caminos caminando, apartando los miedos, desbandando las angustias.

Habrá que comenzar a desandar los años en los cuales destruyeron todo y desde allí, adversar la pretensión de erigirse como hacedores de una historia nueva, llena de logros que nunca han existido. En ese trajinar por los años de tanta amargura, podremos recoger lo poco que haya quedado en pie, para lanzarnos a la tarea de levantar nuevas estructuras institucionales que nos permita asegurarle a las generaciones por venir, un andamiaje de tal fortaleza moral que impida la aparición de otros mesías con distinto ropaje, pero con el mismo baúl repleto de mentiras, de futuros engañosos, irrealizables.

Habremos de retornar la mirada para recorrer los vericuetos por donde se coló la ignominia que nos trastornó el país. Ello es imprescindible para bloquear a tiempo esos caminos y cerrar así el paso a futuros aventureros que con toda seguridad estarán al acecho del mínimo descuido para intentar de nuevo hacerse del poder. Siendo que la democracia es un sistema de gobierno muy frágil que permite en su interior el crecimiento del monstruo que puede destruirla, se hace necesario crear los mecanismos que impidan que se repita ésta triste historia. En ese sentido, a la reconstrucción institucional debe dársele la máxima prioridad.

Será el momento de una nueva dirigencia que represente a la sociedad en su conjunto, en lo político, en lo social y en lo económico. Que se aparte del populismo irresponsable. Aquella que se proponga y logre que la política y la ética se reencuentren. Una dirigencia obligada a sembrar el concepto de la política como vocación al servicio del pueblo y no como oportunidad para el provecho individual. Una dirigencia con conciencia histórica que deberá lograr el renacer de un pueblo que deje de ser tratado como masa informe al servicio de “...un sistema de partidos aislado...incomunicado con la vida ciudadana; una servidumbre dulce y apacible para un pueblo hundido en un igualitarismo que le ahorra el esfuerzo de pensar y le socava la posibilidad de convivencia social…”. Así nos lo apunta María Sol Pérez Schael. Cambiar esa realidad es el reto planteado a la dirigencia que tiene que surgir de este trauma socio-histórico. Ya no más pactos entre partidos que se arrogan la representación de toda la sociedad cuando son solo un precario porcentaje de esa realidad. Lo que se requiere es la confluencia de todos los sectores en un esfuerzo mancomunado para salvar lo que queda de país y desde allí diseñar un patrón que contenga todas las variables que dichos sectores deberán ejecutar para alcanzar la meta de un nuevo país. Para decirlo en las palabras de la autora ya citada, “...Quizá, con la muerte de los pactos sea posible, al fin, abrirle las puertas a la política, a la libertad y a la democracia. Quizá, sin la voluntad de los grandes hombres y sin promesas de paraísos, pueda imperar la sensatez, actuar los ciudadanos y surgir un país donde se pueda ser feliz…”

Esperemos que la tragedia que nos ha tocado vivir sea la lección que nos permita entender de manera indeleble, la imperiosa necesidad de darle vida a los deseos expresados en la cita anterior"

César Augusto Manzano Zavala Caracas, 30/11/2018

>>JGA: Que cada quien recoja lo que quiera recoger y agregue lo que quiera agregar

El autor dice “Ya no más pactos entre partidos que se arrogan la representación de toda la sociedad cuando son solo un precario porcentaje de esa realidad” – Cosa cierta por demás – Y más adelante agrega “Lo que se requiere es la confluencia de todos los sectores en un esfuerzo mancomunado para salvar lo que queda de país y desde allí diseñar un patrón que contenga todas las variables que dichos sectores deberán ejecutar para alcanzar la meta de un nuevo país”.

– Y yo agrego “Que la experiencia nos sirva para entender que esa inmensa mayoría no debe estar sujeta al “precario porcentaje de la realidad”, que éste “precario porcentaje de la realidad” que constituye el Poder Público en todas sus instancias, están obligados a conducir al país al estado de felicidad apuntado por María Sol Pérez Schael.

Que el Poder Público tienen la responsabilidad de darle cumplimento al artículo 66 de la Constitución Nacional: Artículo 66: “Los electores y electoras tienen derecho a que sus representantes rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo con el programa presentado.” Y que el ciudadano entienda que es su obligación demandar tal cumplimiento.

Y finalmente, es imprescindible reforzar el verdadero valor del artículo 72 de la Constitución Nacional, sobre todo, en la inmensa mayoría no afiliada a los partidos políticos, pero sin la menor duda, tampoco, sin dejar de estar organizada como sociedad civil:

Artículo 72: “Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables”

El gobierno venezolano, al que ni siquiera le decimos “gobierno”, sino régimen o dictadura, ha perdido toda legitimidad, interna e internacionalmente; al proceso electoral del 20 de mayo de 2018, en el que salió reelecto el actual presidente, apenas concurrió un 40% del electorado –de acuerdo a cifras oficiales, que para muchos no son fiables– y más de 60 países no han reconocido tampoco ese proceso. El 10 de enero, cuando según la Constitución debe iniciarse un nuevo periodo constitucional, tendremos un atisbo completo de la falta de legitimidad del régimen, al juramentarse solo, frente a sus compinches internacionales: Rusia, China, Irán, Palestina, Turquía, Bolivia, Cuba, Nicaragua, El Salvador, y pocos más.

Además de esa circunstancia política concreta, de no reconocimiento, el país económica y socialmente se deshilacha; los venezolanos huyen en masa de la miseria, el desempleo, la inseguridad, la hiperinflación —aún en el cálculo más optimista es del 4 al 6% ínter diario— de la corrupción que aflora por todas partes, de la malversación de la riqueza del país, del fracaso de un régimen al que solo le queda el recurso de la fuerza para mantenerse en el poder.

Pero en algún momento, no sé cuándo —no es cuestión de generar falsas expectativas— el país entrará en un proceso de transición política que implicará un intenso proceso de negociación. Por lo tanto, no podemos continuar satanizando el tema y sí debemos prepararnos para ese proceso. Naturalmente, lo que se va a negociar es el fin y la salida de este régimen y el período de transición de la misma.

El escenario natural de una negociación política en Venezuela es la Asamblea Nacional (AN), por algo es el “parlamento”. Pero es evidente que el Ejecutivo es el que querrá negociar, por parte del régimen, y no aceptará que sean sus parlamentarios los que lleven la voz cantante.

Pero por parte de la oposición si debería ser la fracción opositora de la AN —donde están representadas todas las facciones políticas que en su momento disputaron esos cargos— la que debe decidir los objetivos y los lineamientos de la negociación y además, de su seno deben salir los negociadores y escoger, como parte del equipo negociador, a representante del resto de la sociedad civil.

La primera disposición de la fracción parlamentaria opositora de la AN, sería reiterar los objetivos mínimos de la oposición para esa negociación y el proceso de transición, que suponemos que ya gozan de consenso y han sido reiterados en múltiples oportunidades: a) libertad de todos los presos políticos, b) regreso de los exilados, c) reconocimiento de la Asamblea Nacional, d) designación de un nuevo CNE, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, y e) rehabilitación de los partidos políticos y candidatos opositores inhabilitados.

Naturalmente la actuación de la AN debe ir precedida por la disolución inmediata de la ilegal, ilegítima e inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente y la incorporación a la AN de los diputados de Amazonas, inconstitucionalmente obligados a desincorporarse por el irregular TSJ. Así reconstituida plenamente, la AN deberá apoyar la negociación con algunos acuerdos y los instrumentos legales que se enumeran más abajo, de manera no exhaustiva.

Algunos le piden a la AN cosas que no están dentro de sus facultades y no puede hacer, sin violentar el ordenamiento jurídico que estamos reclamando que la dictadura respete; pero la AN si puede llegar a acuerdos, definir políticas y un conjunto de leyes que faciliten ese proceso de negociación. Esa podría ser la “hoja de ruta”, por utilizar un término que ahora está de moda, por la que la AN defina su participación en el proceso.

Por tratarse de un acuerdo político, se debe recoger en leyes especiales todo lo concerniente al proceso de transición; es decir, apoyar con disposiciones legales aprobadas por la AN, todos los acuerdos que regirán ese período de transición y los cronogramas de los procesos electorales que eso implique, que permitan renovar, en plazo perentorio, todos los poderes públicos: Presidente de la República, la Asamblea Nacional, Gobernaciones y Alcaldes, Asambleas Legislativas y Municipales, etc.

Tan solo a título de ejemplo, para blindar jurídicamente el proceso de transición, internamente y frente a la comunidad internacional, esas leyes o instrumentos legales de carácter especial, podrían ser:

1. La libertad de los presos políticos debe producirse por medida presidencial, pero de no ser así, la AN debe tener lista para aprobar una Ley General de Amnistía.
2. Aprobación de una Ley de Participación Política, que permita que los candidatos inhabilitados ilegalmente –por la Contraloría, el ilegítimo CNE y el TSJ, con sus magistrados designados irregularmente– puedan ejercer sus funciones políticas y aspirar a cargos por elección.
3. Designar un CNE, conforme al procedimiento Constitucional y de acuerdo a lo establecido en las leyes que regulan la materia.
4. Aprobación de una nueva Ley Electoral, conforme al proyecto que ha venido discutiendo la AN desde hace más de un año y que regirá los procesos electorales que se deban celebrar.
5. Aprobación de una nueva Ley de Partidos Políticos, conforme a los parámetros establecidos en la Constitución y en los Acuerdo Internacionales suscritos por Venezuela, que permita que todos los partidos políticos que fueron ilegalmente inhabilitados por el CNE y por el TSJ puedan participar en los procesos electorales que se vayan a celebrar.
6. Aprobación de una Ley Transitoria que facilite y permita la inscripción en el Registro Electoral y la votación de los venezolanos en el exterior, conforme únicamente a los mismos requisitos que se exigen para los electores en Venezuela.

Lo responsable y estratégico es prepararnos para negociar con el mejor discurso, los mejores argumentos, el mayor respaldo, los mejores negociadores y voceros, el mejor equipo asesor y las herramientas y fortalezas que requeriremos para actuar y triunfar. Negar esto será debilitarnos, permitir que el régimen gane tiempo y dividirnos aún más.

https://ismaelperezvigil.wordpress.com/

El postchavismo militarista ideologizado ha impuesto un Ambiente Político Real Violento, responsable por la híper-inflación, una incremental persecución y una condición de sociedad ahuecada propia de un bestiario militarista y su función de caporales del chavismo castrista, lo cual apunta obligatoriamente a que un liderazgo democrático defina la transición política. Transición política entendida como proceso de socialización, que requiere de preparación-adoctrinamiento, activación de la resistencia civil hasta llegar a la huelga general y/o rebelión cívica para desplazar este régimen responsable de la violencia política hasta crear la más dolorosa yaga de una sociedad: la diáspora.

La transición política tiene que garantizar el Día A mediante el uso de la política con la ética constitucional, en la cual hombres y mujeres demócratas privilegien el accionar ciudadano. Accionar ciudadano por la vía de la resistencia civil, que será el camino para alcanzar la transición que restituya la democracia liberal. Se trata, entonces, que la política medie y contenga la barbarie y la violencia política del régimen, que se ha exponenciado hasta ser responsable por la calamidad política-social y la amenaza en el hemisferio occidental, a tal extremo que obliga a la definición del Día A como momento inicial y crítico para la transición política.

Es el Día A lo primero que tiene que definir la transición política, con lo cual conseguirá la mayor motivación que bulle en el sentir democrático en contra del chavismo, del postchavismo, de aquellos que han negociado y dialogado con el postchavismo. El Día A es una responsabilidad del líder político emergente, que por la vía política contraria a la antipolítica haga posible, mediante un proceso de socialización que requiere de preparación-adoctrinamiento, activación de la resistencia civil hasta la huelga general conocida como rebelión cívica, con la cual se desplazará al régimen autocrático militarista, que ya está amenazado con el 16J de 2017 y el 20M de 2018, manifestaciones ejemplares de la resistencia civil en Venezuela.

Es el Día A antes que el Día D para la transición política es un requerimiento, es obligante, ya que la sociedad venezolana entiende el peligro del intervalo entre el socialismo a juro y la democracia liberal. Es el Día A antes que el Día D para orillar el autoritarismo y privilegiar la lucha del liderazgo democrático hoy acechado por la barbarie, que logrará autonomía en la medida que sea capaz de unir esfuerzos, voluntades y coraje cívico para contener las estructuras militarizadas e ideologizadas de dieciocho años de regresión política por nuevas concepciones -hasta la de la contrademocracia- propias del siglo XXI en una sociedad líquida.

Es el Día A con lo cual nos garantizarnos los ciudadanos que se privilegiará la política y el gran actor será el ciudadano, quien ejecutará la resistencia civil como muestra del aprendizaje doloroso de dieciocho años de tiranía, maltrato y persecución de un régimen amarrado al castrocomunismo, soportado por un bestiario militarista en el cual parecieran muy profundas o desaparecidas las raíces sanas. Raíces sanas que, de existir, debieran acercarse a una sociedad valiente y decidida a reconquistar el derecho a vivir en paz, en función de lo que establece la Constitución, el cuerpo de leyes y el gentilicio venezolano.

Es el Día A que se requiere para conjugar voluntades, flexibilizar organizaciones y potenciar la virtud política, la iniciación del ejercicio político en el barrio, en el edificio, en la urbanización, quizás como la bella metáfora de los samanes del Padre Ugalde que muestra una real esperanza de acción y reflexión, allí donde renace la política y se construyen las energías que van a conducir a la resistencia política como método colectivo de lucha, que potenciará la desobediencia a un régimen cercado internacionalmente y despreciado por una sociedad ahuecada en calamidad político-social.

Sin Día A no hay Día D. El Día A muestra la política, obliga a las coincidencias, contiene los individualismos, da lecciones al partidismo atorrante y facilita el lenguaje plano para el ejercicio del poder de la mayoría. Es la política real, cierta, la que convoca a una acción masiva, racional, que habla de la conquista del espacio público, que muestra la decisión mayoritaria sin violencia y, de manera determinante, refleja el gentilicio democrático de manera sabia. El Día A es quizás lo más difícil de una transición, por cuanto llama a los demócratas, rechaza la manipulación y reflota la ética política entendida como un valor y una meta de la democracia liberal.

Es original,

Director de CEPPRO

@JMachillanda P

Caracas, 27 de noviembre de 2018

Nuevamente la UCV fue el espacio para la presentación de ideas y propuestas para construir la hoja de ruta que nos enrumben como sociedad hacia un proceso de transición.

El Congreso Nacional impulsado por el Frente Amplio Venezuela Libre, logró registrar y sistematizar las conclusiones alcanzadas en los distintos Congresos Regionales realizados a lo largo y ancho del país.

Ese Congreso Nacional, presentó al País un Manifiesto en cuyo contenido se expresó lo siguiente:

Inicio de una etapa de reunificación.

Se planteó expresamente el inicio de una etapa de reunificación de todas las fuerzas democráticas para enfrentar al régimen al cual califica de “dictadura” y en tal sentido, expresan que el Congreso Nacional representó el inicio de ese proceso.

La conformación de un espacio de encuentro nacional.

El Congreso Nacional celebrado, presenta al Frente Amplio Venezuela Libre como el espacio de encuentro nacional para coordinar la Protesta Social y la Defensa de la Democracia, con la finalidad de procurar una transición democrática.

En tal sentido, el Frente Amplio Venezuela Libre se comprometió a organizarse en instancias tácticas, estratégicas y logísticas para darle cauce al creciente malestar social del pueblo a través de la protesta pacífica de calle que aumente la presión sobre la dictadura y haga cesar la usurpación.

La misión concreta, señala el Manifiesto, es que el Frente Amplio Venezuela Libre, se convierta en una estructura organizativa funcional y efectiva, que haga posible reforzar la necesaria organización ciudadana y la acción de nuestros objetivos en cada uno de los rincones del país.

Por tal motivo, se convocó a la ciudadanía a defender la Constitución, y de manera especial a los hombres y las mujeres de la Fuerza Armada Nacional a asumir su responsabilidad con el inmediato restablecimiento del orden constitucional.

La Unidad Superior, representa el mayor desafío que tiene la sociedad venezolana a los fines de lograr alcanzar esa transición democrática a la que hace referencia el Manifiesto.

La usurpación continuada de funciones de Maduro.

Sobre el 10 de enero de 2019, el Manifiesto expresamente señala que a partir de esa fecha se configurará en Venezuela una usurpación continuada del poder presidencial, pues quien pretende ejercerlo lo haría sin la legitimidad de origen que sólo da la voluntad popular. Pero el Manifiesto aclara que por las vías de hecho, Nicolás Maduro, a quien califica de dictador totalitario, por las vías de hecho ya carecía de legitimidad como Presidente de la República.

La transición venezolana.

Sobre la transición, el Manifiesto expresa que el Frente Amplio Venezuela Libre se compromete a construir las bases de un Acuerdo Nacional que defina las reglas de una transición ordenada e inmediata y que garantice la plena vigencia de la Constitución de 1999 como instrumento jurídico- constitucional que unifica el sentimiento de la mayoría del pueblo venezolano.

Y para garantizar y conducir la transición, reconocemos a la Asamblea Nacional como la única institución con legitimidad democrática y responsabilidad institucional para ello.

Por último se comprometieron a presentar un Plan de Políticas Públicas, denominado Plan de Gobierno en Consenso, para ser ejecutado en el momento de la reconstrucción nacional, el cual tendrá las siguientes prioridades:

Atención de la emergencia humanitaria compleja en materia de salud y alimentación, con énfasis en nuestra población más vulnerable.

Cambio del modelo político, económico y social.

Atención inmediata a la crisis económica. Detener la hemorragia causada por la hiperinflación y recuperar el poder adquisitivo de la población.

Recuperación de los servicios públicos para hacerlos eficientes y sostenibles.

Reestructuración de las instituciones y lucha frontal contra la corrupción, que incluya la recuperación de activos provenientes de ella.

Respeto a los derechos laborales, a fin de garantizar el acceso de todos al trabajo, a un salario digno y a la posibilidad de crecer económica y socialmente en progreso y en paz.

Reforma integral del sistema de seguridad ciudadana, que incluya no sólo la reducción drástica de los índices de criminalidad que desangran a nuestro pueblo sino también la recuperación de territorios tomados por grupos irregulares, y respeto de los Derechos humanos de todos por igual.

Compromiso pleno con la educación masiva y de calidad de los venezolanos, para que sin importar lugar de nacimiento o situación social, todos tengamos la posibilidad de desarrollar nuestro potencial como seres humanos.

Compromiso con el restablecimiento de la dignidad de nuestra Fuerza Armada Nacional, con la mejora en las condiciones de vida y de servicio de sus integrantes, todo lo cual pasa por el respeto estricto a su naturaleza y funciones, descritos de manera clara en el artículo 328 de nuestra Constitución Nacional.

Reconciliación nacional y justicia, y desmontaje del lenguaje y prácticas de odio que dividen y explotan a los venezolanos.

La Comunidad Internacional.

Por último y no menos importante, está el mensaje hacia la comunidad internacional, a seguir reconociendo la lucha democrática del pueblo venezolano, y a intensificar la presión y las acciones que contribuyan con la salida de la dictadura.

El 10 de enero 2019 se podrá evaluar si esta iniciativa tuvo algún efecto importante en la sociedad civil y si se ha avanzado en algo en el cumplimiento de esos compromisos asumidos en la ruta hacia una Unidad Superior y en la búsqueda de la transición democrática.

26 de noviembre 2018.

El deterioro institucional de Venezuela es inocultable. De la ausencia de separación de poderes, pasando por organismos públicos que sólo operan cuando así lo quiere el Ejecutivo, o la usurpación de funciones que se da en todos los ámbitos, en este país ocurre todo tipo de eventos que denotan la ausencia de Estado y la consecuente feudalización o anarquía en parte de su territorio.

Un claro ejemplo de esta realidad es cómo se ha hecho recurrente que el Ejecutivo deba publicar resoluciones que ratifican las funciones de cada nivel de poder, o incluso que anulan normativas emitidas de espaldas a la ley por autoridades regionales o locales. Tal es el caso de la distribución de bienes esenciales para la alimentación como ganado, pesca, carne, leche, quesos y productos agrícolas en general.

En lo que va de año, se han aprobado dos resoluciones que buscan frenar el autoritarismo y la arbitrariedad heredados del poder central por parte de las regiones. La más reciente está contenida en la Gaceta Oficial n.° 41.526 del 16 de noviembre de 2018, que ratifica la publicada en la Gaceta Oficial n.° 41.325 del 22 de enero de 2018, donde se establece la “restricción a las autoridades regionales y municipales de ejecutar acciones de control y distribución de alimentos, que impliquen la retención de rubros alimenticios a los productores, distribuidores y prestadores de servicios del sector agroalimentario en el territorio nacional”.

El artículo 50 de la Constitución establece que “toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional, trasladar sus bienes y pertenencias en el país, sin más limitaciones que las establecidas por la ley”, pero pese a esto el Gobierno debe publicar periódicamente resoluciones, garantizando la libre circulación en el territorio nacional de mercancías de alto consumo.

Hechos

Por citar un caso sobre la extralimitación de funciones en materia de distribución se puede aludir al trayecto de cuarenta y cinco minutos que va de Acarigua-Araure (Portuguesa) a Cabudare-Barquisimeto (Lara), donde frecuentemente se disponen entre cuatro y cinco alcabalas, ya sea de la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana o las policías regionales y municipales. Esto supone una suerte de viacrucis para el transporte de alimentos u otros productos, y lo mismo se repite en las principales arterias viales del país.

Durante este año, por lo menos cuatro gobernaciones, a saber, las de Guárico, Barinas, Apure y Cojedes, emitieron medidas orientadas a hacerse del control de la producción nacional a través de la regulación de precios, fijando cuotas de fabricación de rubros básicos, implementando fiscalizaciones o aplicando “compras” que en realidad se parecen más a confiscaciones. Más recientemente Portuguesa y Yaracuy hicieron lo propio.

Todas estas acciones contrarían la Constitución y las leyes, y el propio Gobierno así lo reconoce al emitir sendas resoluciones que tratan de frenar el abuso de funcionarios regionales y municipales, aunque en realidad son una consecuencia de la ausencia de autoridad ejecutiva nacional a lo largo del país.

A la fecha son diversas las normas locales que restringen periódicamente la libre circulación de cargas de alimentos, lo que en algunas ocasiones ha creado un caos jurídico y/o de interpretación sobre el texto aplicable, ya que, según denuncian los afectados, las normativas son usadas por algunos funcionarios para restringir el paso de mercancía y propiciar el “matraqueo” o cobro de coimas con la amenaza de retener y pechar la carga.

A esto se añade una política de gobernadores y alcaldes, sobre todo en periodos de escasez, quienes fijan precios máximos de comercialización y restringen la circulación de algunos productos agropecuarios hacia las ciudades principales del país o a estados fronterizos, arguyendo que deben garantizar el abastecimiento de su región primero y/o que presumen que dicha carga será pasada de contrabando a países limítrofes. Estos hechos han sido denunciados insistentemente por los productores, transportistas y gremios como la Federación Nacional de Ganaderos, Fedenaga.

Desde el Gobierno nacional, el control de la producción se ha ejercido estableciendo cuotas de procesamiento, también fijando precios, pero principalmente en materia de distribución, aprobando guías de movilización a través de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro), que es el único permiso que autoriza a transportar mercancía de consumo masivo en el país. Este documento está siendo usado como otro medio de presión contra productores y distribuidores, ya sea por fallas en la emisión del certificado, o en su desconocimiento en las regiones.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Aunque es necesario aplaudir que el Ejecutivo publique periódicamente resoluciones que dejan sin efectos normativas que restringen la libre circulación de producción primaria o procesada de alimentos, emitidas por autoridades sin competencia para ello, resulta necesario destacar que la ocurrencia de estos hechos refleja la afectación de la institucionalidad del país, donde el más alto poder del país, el Ejecutivo Nacional, debe aclarar asuntos que están suficientemente claros en las leyes y en nuestro contrato social, la Constitución.

Ante esto, consideramos oportuna una campaña masiva por parte del Gobierno Nacional que haga pública la prohibición de medidas de restricción o gravamen que impidan el acopio, transporte, distribución, comercialización o libre movilización de alimentos, de manera que se permita de forma real y tangible que el productor, transportista o consumidor pueda ejercer su pleno y constitucional derecho a la libre circulación por todo el territorio nacional. Lo más importante es que además la administración de justicia actúe frente a estos abusos de los funcionarios públicos.

Es necesario entender que la ausencia y el exceso de Gobierno, ambos presentes en Venezuela, el primero por la falta de institucionalidad y el segundo por el autoritarismo, también promueven prácticas irregulares como el cobro de coimas, que además de estar reñidas con la ética impactan en el bolsillo del consumidor, porque todo “gasto” será sumado al precio final del producto.

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