Respuestas sobre investigaciones de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, muertes de presos políticos bajo custodia o el avance judicial de los casos forma parte de los reclamos no atendidos por el Ministerio Público. Familiares y el Clippve continuarán su «Ruta de Respuestas Pendientes» el viernes en movilización hasta el Palacio de Miraflores

Familiares y activistas del Comité por la Libertad de los Presos Políticos se movilizaron este miércoles 9 hasta la sede del Ministerio Público, en el centro de Caracas, para exigir al organismo que responda por la «impunidad» en sus casos.

Tras la promesa de una mesa técnica por parte de la Defensoría del Pueblo, los familiares reclamaron al fiscal general Larry Devoe respuestas sobre las denuncias de torturas, muertes bajo custodia, detenciones arbitrarias y traslados sin notificación previa. También reclamaron seguimiento a las solicitudes ya presentadas, atención individual a cada caso (especialmente aquellos con problemas graves de salud, penas cumplidas o retardo procesal) e inspecciones a los centros de reclusión.

«La impunidad se mantiene en Venezuela pese a anuncios institucionales… Estamos exigiendo una vez más en que se le dé respuesta a las víctimas sobre las denuncias que hemos realizado», puntualizó Diego Casanova, uno de los voceros del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

«Las leyes aquí son muy bonitas, pero lamentablemente quienes están ejerciéndolas las hacen letra muerta. Entendemos que el fiscal que está ahorita no es el mismo que cuando ocurrieron las atrocidades y horrores que tienen esos expedientes, pero una vez que tomó el cargo podía iniciar una investigación», dijo por su parte Massiel Cordones, madre del teniente José Ángel Barreno, detenido por la operación Gedeón y quien recientemente fue trasladado de forma arbitraria desde la cárcel de El Rodeo I al Fuerte Guaicaipuro.

Recordó que hace cinco meses, la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público les prometió conformar una mesa técnica con los familiares, con el objetivo de hacer denuncias expeditas y obtener información sobre el avance de sus casos, proponer medidas humanitarias e insistir en visitas a las cárceles para supervisar las condiciones de todos los presos políticos. Sin embargo, nunca se instaló dicha instancia.

        «Nos estamos yendo por los canales regulares y con manifestaciones pacíficas como lo establece la Constitución… mientras tengamos presos políticos en Venezuela esto va a continuar si no tenemos respuesta de los entes y las autoridades», destacó Cordones.

Por otra parte, la madre del teniente Barreno dijo que «así nos dispersen, así nos dividan, nos vamos a mantener en El Rodeo I», donde tienen desde hace ocho meses un campamento en espera de las liberaciones prometidas por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro.

Respecto al papel de Estados Unidos, Cordones pidió al secretario de Estado, Marco Rubio, que se reúna con los familiares de los presos políticos o cualquiera de los comités o alianzas que los representan. «Nosotros tenemos la verdad en la mano… Que intervenga y que venga, no estoy pidiendo que vengan a bombardear a Venezuela, sino que venga y nos escuche como familiares, que no se quede con los números que le da la presidenta encargada».

Afirmó que por la falta de respuestas del Estado venezolano, que ha permitido graves violaciones de derechos humanos, han tenido que acudir a los organismos internacionales. También denunció las violaciones al debido proceso, como el ocultamiento de información de los operativos por parte de funcionarios de la Dgcim o las presiones indebidas de jueces para asumir delitos que no han cometido.

«Es una orden de arriba de que ellos (los presos políticos) no salgan en libertad, es una orden de arriba de que los vayan deteriorando poco a poco y es una orden de arriba de que nuestros familiares mueran preso. Víctor Quero, todavía no han dado respuesta. Hugo Marino, imagino que van a realizar una investigación como se lo dijimos a la defensora y así lo tiene que hacer el fiscal general. Pedimos justicia, pedimos libertad plena, no excarcelación», aseveró Cordones.

Presos políticos a la espera

Mientras avanza el diálogo entre el oficialismo y representantes de la Asamblea Nacional 2015, en paralelo se han anunciado las excarcelaciones de 131 personas. Pero los familiares reclamaron que dichas liberaciones no pueden ser verificadas, algunas no corresponden a detenidos por razones políticas y se desconoce el criterio usado para beneficiar o no a las personas encarceladas.

Betty García expuso durante la protesta el caso de su hermano Endy García Niño. Denunció que el pasado 12 de mayo cumplió la condena impuesta por un tribunal con competencia en terrorismo, pero la boleta de excarcelación prometida por la jueza Angelimar Carmona «no aparece».

García Niño fue detenido el 11 de marzo de 2022 en El Tigre, estado Anzoátegui, por funcionarios de la Dgcim y vinculado a la llamada operación «Mano de Hierro». Actualmente se encuentra detenido en la mínima de Tocuyito, estado Carabobo, donde su hermana tiene que hacer «malabares» para poder verlo y llevarle comida y otros insumos, debido a que no dispone de grandes recursos pues está desempleada.

García también acusó al exjuex José Mascimino Márquez de haber presionado a su hermano para que aceptara delitos «que no cometió» para rebajarle la condena. «Ese juez lo presionó, le dijo que si no aceptaba lo iba a condenar por 15 años».

Mariana Rincón reclamó que «sí hay presos políticos después del 3 de enero» y expuso el caso de su hermano, el empresario zuliano y dueño del Grupo Lamar, José Enrique Rincón.

Durante la protesta señaló que el empresario zuliano fue detenido en junio pasado al regresar al país para ponerse a derecho. Es acusado presuntamente de pertenecer a la operación No a la Navidad y le quitaron sus empresas, vivienda y cuentas bancarias. «Uno de los cargos es retraso de diligencias, y ese delito solo se lo imponen a funcionarios públicos. Él tiene ese delito y no tiene pies ni cabeza».

Rincón comentó que su hermano, quien padece de problemas hipertensivos y tiene cirugías coronarias y bariátricas, se declaró en huelga de hambre el lunes pasado en la cárcel del Rodeo I debido a las condiciones de reclusión en las que se encuentra. «Él está aislado, está en esa celda de dos por dos, es una letrina. Los medicamentos que le llevó no sabe si se los dan o no, no saben que le dan. Tiene diarrea desde que está allí».

La «Ruta de las Respuestas Pendientes» comenzó el lunes 7 de septiembre frente a la Defensoría del Pueblo, donde la defensora Eglée González Lobato se comprometió a revisar expedientes prioritarios. Está previsto que el viernes 11 de septiembre se movilicen al Palacio de Miraflores y cierre el domingo 13 con vigilias en plazas de Venezuela y el exterior.

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