CIUDAD DE MÉXICO / MADRID / BOGOTÁ / CARACAS – 27 de febrero de 2026 – Una coalición histórica de más de 120 organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de venezolanos en el exterior se han manifestado contra la recientemente aprobada “Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”. En un comunicado conjunto, las organizaciones advierten que el instrumento, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6990 el pasado 19 de febrero, carece de los estándares internacionales de justicia transicional y pone en riesgo la reparación de las víctimas.

Bajo la premisa de que "no hay reconciliación sin verdad", la diáspora venezolana —que ya supera los 8 millones de personas— afirma que este marco legal es insuficiente para garantizar un retorno seguro y democrático al país.

Una Ley con "vacíos críticos" y riesgo de impunidad

A pesar de que la ley se autodenomina "general y plena", las organizaciones defensoras de los derechos humanos señalan deficiencias sustantivas que podrían perpetuar ciclos de violencia política, como, por ejemplo:

Exclusión de presos oolíticos, visto que, de los aproximadamente 800 casos documentados, la ley excluye a un número significativo, especialmente a los 181 militares privados de libertad por razones políticas.

Por otra parte, el artículo 9 excluye delitos de lesa humanidad, pero no establece un mecanismo independiente para calificarlos, dejando la decisión en manos de instituciones cuya imparcialidad ha sido cuestionada internacionalmente.

Existe una latente inseguridad para el retorno, porque el artículo 7 exige la comparecencia personal de los exiliados ante tribunales nacionales sin ofrecer garantías claras de no detención al ingresar al país.

De la misma forma, se evidencia una falta de reparación integral dado que el texto no contempla un sistema de indemnización, rehabilitación ni medidas de memoria histórica para las víctimas.

La Postura de la Diáspora

"Desde la diáspora, afirmamos que la reconciliación democrática solo es posible con verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición", indica el comunicado. Las organizaciones enfatizan que la estabilidad institucional y la paz solo volverán a Venezuela cuando exista seguridad jurídica y el fin de las inhabilitaciones políticas que hoy limitan el derecho a la participación.

Exigencias inmediatas

Las más de 120 organizaciones firmantes, entre las que destacan el Instituto Progresista, Un Mundo sin Mordaza, Gente del Petróleo, Venezuela Global y la Red Internacional de Abogados por Venezuela, Grupo La Colina, entre otras, instan a las autoridades a implementar reformas urgentes:

Como la creación de una Comisión de la Verdad Autónoma, la cual debería contar con asistencia técnica internacional y fuera del control político-administrativo actual.

Permitir la reintegración real a la vida pública de los liderazgos opositores anulando las inhabilitaciones. En este sentido es necesario establecer reformas estructurales que devuelvan la independencia al Poder Judicial hoy día secuestrado por el régimen.

Para que haya transparencia y memoria histórica se debe evitar la eliminación de expedientes judiciales para permitir futuras evaluaciones de justicia independiente.

El comunicado concluye con una advertencia clara: la amnistía no puede ser un "punto final" para ocultar crímenes, sino el punto de partida para una reconstrucción nacional que coloque a las víctimas en el centro.

"La sociedad civil venezolana, dentro y fuera del país, tiene la responsabilidad histórica de no permitir que la amnistía sea el punto final de la búsqueda de justicia. Solo regresaremos cuando exista una democracia plena y respeto irrestricto a la vida", sentencian las organizaciones.