El abogado constitucionalista Jesús María Casal, exdirector de la Comisión Nacional de Primaria, anunció que formalizará esta semana su candidatura a magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La postulación se produce durante el proceso de selección abierto tras la aprobación de la reforma parcial de la Ley Orgánica del TSJ y la posterior instalación del Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional.
En entrevista este martes con el periodista Román Lozinski, Casal dijo que la reestructuración del Poder Judicial constituye un paso indispensable para la reconstrucción del Estado de derecho y la gobernabilidad democrática del país.
Aunque reconoció el clima de desconfianza acumulada en la ciudadanía respecto a las instituciones públicas, el abogado destacó que la coyuntura actual abre una oportunidad real que demanda la participación activa de profesionales calificados.
"Yo me voy a postular al Tribunal Supremo de Justicia porque pienso que es un momento para dar una contribución al país y hacer un esfuerzo para precisamente lograr la reinstitucionalización del Poder Judicial", manifestó al confirmar la presentación de su expediente.
Y agregó: "No debemos esperar a las condiciones ideales para fajarnos; hay que hacerlo ahora, con buena fe y buena disposición".
La reinstitucionalización judicial como soporte de la transición
El constitucionalista sostuvo que ningún proceso de transformación o transición democrática en el país podrá consolidarse sin la existencia de una judicatura independiente.
Destacó el papel histórico que han desempeñado salas y tribunales constitucionales en contextos transicionales de América Latina. Citó la experiencia peruana tras la caída del régimen de Alberto Fujimori, cuando el Tribunal Constitucional sirvió como árbitro para mantener la estabilidad, canalizar reformas democráticas y generar confianza para la inversión.
Dijo que el máximo tribunal debe actuar con prudencia y firmeza, transformándose en un contrapeso efectivo que limite los excesos del poder político, garantice el pluralismo y funcione como instancia accesible a la sociedad para la protección de los derechos fundamentales.
"La justicia reclama su propio espacio y tiene su propia agenda, que no necesariamente coincide con la político-partidista. Un nuevo Tribunal Supremo de Justicia debe servir de soporte a los espacios políticos, económicos y sociales del país, garantizando que todas las fuerzas políticas puedan expresarse y participar en el espacio público", manifestó.
Evaluación del baremo y observaciones de la sociedad civil
Respecto a la metodología de evaluación aprobada por el Comité de Postulaciones Judiciales, Casal valoró positivamente la difusión del baremo de calificación como avance en materia de transparencia.
No obstante, respaldó las observaciones formuladas por organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Acceso a la Justicia, que han señalado la necesidad de perfeccionar los criterios relativos a la ponderación de la trayectoria académica, la experiencia profesional y el peso de las entrevistas.
El aspirante señaló que la aplicación justa del baremo debe primar la idoneidad, la probidad y los méritos sobresalientes de los concursantes sobre las dinámicas de cuotas partidistas o intereses de grupos de poder.
Desafíos estructurales: adecentamiento, carrera judicial y garantías de inversión
Más allá de la designación de los nuevos magistrados, el especialista detalló las tareas prioritarias que debe asumir el TSJ para sanear la administración de justicia en todos sus niveles.
Entre los retos fundamentales destacó la urgencia de erradicar la corrupción, instaurar un sistema transparente de carrera judicial para la selección y ascenso de jueces, abatir el retardo procesal y ofrecer garantías sólidas de seguridad jurídica.
Subrayó que el sistema de justicia debe asumir compromiso firme con la justicia transicional, asegurando el derecho a la reparación integral y las garantías de no repetición para las víctimas de violaciones de los derechos humanos.
"Si estamos pensando en favorecer inversiones pero no tenemos un marco institucional para la garantía de derechos y de seguridad jurídica, vamos a estar con una mesa a la que le faltan varias patas. Quienes gobiernan, cualquiera que sea, tienen que asumir las consecuencias de la separación de poderes y entender que la constitución y los derechos humanos imponen límites que deben respetarse", dijo.
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