Acaban de publicarse los resultados para 2022 de la valiosa Encuesta de Condiciones de Vida de la población venezolana (ENCOVI) elaborada, principalmente, por la UCAB. Es una poderosa herramienta para actualizar nuestro conocimiento de las realidades del país, en años en que el gobierno ha abandonado su responsabilidad de proveer las estadísticas correspondientes.
Entre los hallazgos más significativos, está que, de acuerdo con las mediciones presentadas, la pobreza comienza a disminuir. Sin embargo, la distribución del ingreso empeora aún más, colocando a Venezuela como el país más inequitativo de América Latina. La encuesta lo resume señalando el contraste entre la incipiente reactivación que se observa en la economía desde el año pasado y las carencias en el plano social. En particular, se menciona el deterioro de la educación de los venezolanos, según diversos indicadores, así como las insuficiencias, en algunos casos agravada, en la prestación de los servicios públicos básicos.
Tal contraste es exacerbado por el deterioro en la distribución del ingreso, antes mencionada, que resulta del impacto de la inflación –todavía muy alta—en Venezuela. Así, el incremento del salario mínimo a 130 bolívares decretado por Maduro en marzo, que en ese momento equivalía a casi $30, se redujo, para mediados de noviembre, a menos de $13. Más aún, el intercambio dolarizado no escapa de la inflación. Igual caída proporcional en sus ingresos experimentan los empleados públicos en general. Se pone de manifiesto las insuficiencias del ajuste antiinflacionario intentado por Maduro.
Lamentablemente, en esto Maduro ha pasado de un extremo a otro. Después de desatar uno de los más trágicos y prolongados episodios de hiperinflación conocidos, asesorado por un charlatán español, Alfredo Serrano Mancilla, quien sostenía que la emisión de dinero para atender el gasto “revolucionario” no causaría inflación, pasó al extremo contrario para batir al monstruo que apareció: redujo drásticamente el gasto público, deprimiendo sueldos de los empleados; anuló la capacidad crediticia de la banca, imponiéndole encajes prohibitivos; y quiso detener la depreciación del bolívar, sobrevaluándolo en detrimento de la producción nacional y quemando las pocas divisas que ingresan al país, para “anclar” los precios.
Se refugió ciegamente en la ortodoxia monetaria, pero afincándose sólo en una parte de la receta, la de la oferta monetaria, dejando de lado los factores que inciden en su demanda. En una economía caracterizada por un desempleo tan alto de sus recursos como la venezolana --resultado de años de destrucción chavo-madurista--, concentrarse sólo en la reducción drástica del circulante monetario limita al extremo las posibilidades de recuperación.
¿Y cómo se incide en el lado de la demanda monetaria? Incrementando la inversión y las transacciones productivas de todo tipo: empleo, compras, financiamiento, mantenimiento, contratación de servicios y demás gastos requeridos. Paradójicamente, a pesar de los altos niveles de inflación de la economía venezolana, sus niveles de monetización (la relación entre la magnitud de sus variables monetarias y el valor de su producto anual -PIB) no son elevadas. Y ello es así porque su actividad económica está tan deprimida que no logra absorber los aumentos (nominales) de liquidez provenientes de los desequilibrios fiscales. Crear condiciones que propicien abiertamente el empleo de tantos recursos ociosos para reactivar la economía contribuirá, por ende, a absorber productivamente la liquidez “redundante”, ampliando, además, la base impositiva que permitiría reducir la brecha del gasto.
¿De qué políticas estamos hablando para lograr tal propósito? Obviamente, en primer lugar, el restablecimiento de las garantías y seguridades que redunden en la confianza necesaria para que aumenten significativamente las inversiones, el empleo y demás transacciones productivas. En segundo lugar, es menester contratar empréstitos externos en magnitudes suficientes como para resolver, cuánto antes, las graves insuficiencias en la prestación de servicios públicos, incluyendo la salud y la educación, y para sanear las funciones cruciales de la administración pública. Ello será imposible –como tercera consideración—si no se logra una reestructuración a fondo de la deuda pública externa, aliviando significativamente su servicio y creando condiciones para atraer nuevos financiamientos e inversiones. En cuarto lugar, la reactivación significativa de la producción de crudo significaría un aporte formidable de recursos, siempre y cuando se enmarque en un proceso de transición hacia energías limpias para reducir su impacto climático. Finalmente, lo referido es poco realista sin un amplio apoyo político.
Pero, ojo, lo planteado es inviable si no se desmonta el régimen de expoliación en que ha degenerado la llamada “revolución bolivariana”. Sin afectar los poderosos intereses enquistados en la maquinaria estatal que extorsionan, cobran comisiones, desfalcan, confiscan e imponen otras exacciones a la gente y a las empresas, es imposible generar la confianza recogida en la primera condición antes señalada. Las mafias son todopoderosas porque, precisamente, el chavomadurismo ha desmantelado el Estado de Derecho, es decir, el marco institucional de garantías y seguridades que las combatían.
Luego, tampoco será posible contratar las ingentes sumas de financiamiento requeridas para rescatar los servicios y sanear la administración pública, sin las garantías mencionadas. ¿Quién financia a un país que no es capaz de generar condiciones mínimas para pagar sus préstamos y cumplir con las reglas de juego de la economía mundial? Tampoco procederá la tan necesitada reestructuración de la deuda pública externa, con lo que la República continuará aislada de los mercados financieros internacionales. Asimismo, es poco atractivo invertir en un sector petrolero que acumula tantas deudas con sus socios.
Las condiciones con base en las cuales se sostiene el poder de Maduro son incompatibles con una estrategia de reactivación que aproveche las potencialidades del país, fundamentada en garantías y seguridades a la iniciativa privada. Al sostenerse en la fuerza, debe retribuir a quienes lo protegen con prebendas y oportunidades de lucro para mantenerlos contentos, a la vez que consentirles los atropellos con que hacen valer sus privilegios. Los múltiples informes sobre la violación de los derechos humanos por parte de organismos del Estado señalan inequívocamente la responsabilidad de los más altos cargos del Ejecutivo al respecto. El encausamiento de corruptos será siempre insuficiente cuando no hay transparencia ni rendición de cuentas, y se dispone de la impunidad cómplice. Las detenciones o los decomisos de droga que anuncian el fiscal Tarek o los mandos militares son apenas la punta del iceberg.
Es insuficiente admitir algunas libertades económicas –cambiarias y competencia de precios—en una situación que, por su naturaleza, obedece a otros intereses. Los anuncios para la galería desnudan el escaso compromiso real para ejecutar políticas que beneficien al país. Maduro viaja furtivamente al encuentro de la COP27 en Egipto, buscando fotografiarse con quien pueda y declara que la degradación del ambiente es culpa del capitalismo, cuando todo el mundo sabe que está comprometido con la devastación de las selvas guayanesas provocada por la minería rapaz controlada por el ELN, otras bandas criminales y sus cómplices militares, bajo el paragua del Arco Minero del Orinoco.
Este régimen parece no poder superar su intrínseca condición de impostura. Cuando reacciona ante los desastres que él mismo provoca, lo hace de manera reflexiva e incoherente, sin alterar el contexto institucional y de intereses que están en su base. De ahí que sus intentos de doblegar la inflación se reducen a la contracción de variables monetarias que agravan el desempleo de los recursos productivos, provocando los resultados que se recogen en la ENCOVI.
El ajuste expansivo que el país amerita, basado en garantías institucionales que velen por la justicia y las libertades, requiere, obviamente, de las condiciones políticas necesarias. Lo aquí planteado no debe quedarse solo en su expresión económica. De una manera u otra, debe formar parte de una plataforma de acción que demande las garantías y libertades con base en las cuales conquistar las condiciones de vida dignas de todos los venezolanos. Bagaje político necesario para la democracia.
Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela