En Venezuela es cada vez más frecuente que quienes necesiten registrar o autenticar algún documento se encuentren con el cobro de aranceles no previstos en la legislación vigente, y también con la discrecionalidad e incluso arbitrariedad del registro o notaría correspondiente para cobrar lo que considere a la luz de la falta de actualización de la Unidad Tributaria (UT) por parte del Gobierno desde 2018. Esta realidad configura una prueba más del quiebre institucional en el país.

Según el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado (publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria n.° 6.156 del 19 de noviembre de 2014), el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), así como las oficinas de registros principales y registros públicos, tienen derecho a cobrar diferentes tasas (aranceles) por concepto de los servicios que prestan.

Estas tasas están previstas en los artículos 83 y siguientes del decreto ley, y su monto varía según el supuesto del que se trate. De acuerdo a la norma citada, el valor real de cada tasa depende de la UT. Por ejemplo, se estipula que el registro de poderes especiales y generales causaría un tributo de 6 UT (artículo 83.14) mientras que para la inscripción de títulos académicos el pago sería de 3,5 (artículo 83.15).

Actualmente, según la Gaceta Oficial n.° 41.597 del 7 de marzo de 2019, la UT corresponde a Bs. 50 solo para el uso de la determinación tributaria, competencia del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat). En otras áreas, como aranceles notariales o registrales, la UT no ha sido actualizada desde 2018.

Esto ha llevado a que los registros o notarías establezcan a su discreción tasas con montos exorbitantes –expresados en millones de bolívares, que, en algunas ocasiones se apartan en exceso de los previstos en el decreto ley antes citado–.

Las tasas comentadas, como tributos que son, se encuentran amparadas por el principio de reserva legal, según el cual ellas deben estar previstas en la ley como acto sancionado por la Asamblea Nacional cuando actúa como cuerpo legislador (artículo 202 de la Constitución de la República) o cuando el poder ejecutivo es autorizado por aquella.

Los funcionarios del Saren que han sido consultados al respecto explican que se fundamentan en una instrucción del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz –que, vale recordar, no tiene la potestad para modificar tasas por el principio de reserva legal antes comentado–. Señalan que si el particular desea conocer más al respecto puede dirigirse al sitio web del Saren. Sin embargo, este portal no informa sobre los aumentos.

Desde Acceso a la Justicia recordamos que el artículo 317 de la Constitución de 1999 es enfático al señalar que “No podrá cobrarse impuesto, tasa, ni contribución alguna que no estén establecidos en la ley”. La ley la dicta solo el órgano legislativo del Estado, sea a nivel nacional (Asamblea Nacional) estatal (Consejo Legislativo) o municipal (Concejo Municipal), o el órgano ejecutivo cuando de él emanen decretos leyes, porque el Legislativo lo haya autorizado por ley habilitante o haya aprobado el estado de excepción decretado por el Ejecutivo.

Enfatizamos que una de las bases fundamentales de un estado de derecho es que el Poder Ejecutivo no puede establecer tributos si no cuenta con una ley que así lo autorice. Este principio es tan importante que sus orígenes datan de hace más de 800 años, en la Carta Magna inglesa, y fue una de las causas fundamentales de la independencia norteamericana (no taxes without representation): no pueden crearse tributos sin que los representantes electos de los ciudadanos, es decir los miembros del Poder Legislativo, den su aprobación.

De esta manera queda claro que no existe norma legal alguna que justifique lo que registros y notarías están cobrando. Esto trae como consecuencia que tampoco se sepa sobre qué base calculan esos pagos, con la inseguridad jurídica y la arbitrariedad que ello implica. Lo dicho ha provocado que ventas de inmuebles se dejen sin efecto, porque el comprador no tiene las exorbitantes cifras que se le piden pagar, además sin que norma alguna lo sustente.

Constitución de empresas

Adicionalmente al tema de las tasas que devengan los registros y notarías, el Saren en circular del 3 de julio de 2019, difundida por los medios de comunicación, fijó montos mínimos de referencia del capital social al momento de constituir una compañía o sociedad en concordancia con la actividad económica que estatuya el objeto social y sobre esa base se establece el tributo a pagar.

Los montos mínimos determinados son muy altos, de hecho, comprometen seriamente la disposición de aquellos pequeños comerciantes o empresarios que deseen emprender un modesto negocio, incluso así el registrador autorice la constitución de la empresa pagando solo el 20% del capital suscrito tal como lo establece el Código de Comercio. A esto se añade que, como explica el abogado Leonardo Palacios, dificultan el cálculo de impuesto a pagar al determinar el monto con base en la actividad económica a llevar a cabo y no según el capital social, como era antes.

Para que ello quede más claro, presentamos una tabla con algunos de esos montos mínimos requeridos por la circular del Saren. También los expresamos en dólares, haciendo la conversión al tipo de cambio referencial oficial divulgado por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Enlace a la nota:

https://www.accesoalajusticia.org/arbitrariedad-norma-cobro-tasas-regist...

Hace dos semanas, a través de un comunicado, la empresa Univisión confirmó lo que ya era un sonoro rumor: la posibilidad de su venta. Se trata de la cadena pionera de la televisión en español en Estados Unidos y, junto a Telemundo, una de las dos pantallas que se disputan el público hispano en ese país. Más allá de los elementos puntuales, entre los que destaca una deuda millonaria, la gran pregunta es si realmente existe alguien interesado en comprar hoy en día un canal de televisión abierta. ¿Para qué?

Desde hace años, la aparición de internet, los cambios en las plataformas comunicacionales y las consecuentes variaciones en los hábitos de consumo de las nuevas generaciones han terminado produciendo una revolución involuntaria: es una transformación radical y casi inesperada, sin dirección política, sin otro sujeto protagonista que la tecnología. De pronto, el poder pasó de la pantalla a los usuarios. El control sobre lo que puede o no se puede ver cambió de manos. La “dictadura” de la TV abierta —como la llamó Carlos Monsiváis— finalmente ha sido derrotada.

No es aventurado afirmar que en el futuro, la palabra “televisión” dejará de existir. Se quedará sin referencias. Tan sola e inútil como la palabra “betamax” o la palabra “casete”. Un cambio tecnológico ha producido una crisis en una de las industrias aparentemente más sólidas y bien cimentadas. Y se trata de una alteración que escapa a la moralidad con la que frecuentemente se enjuicia a la televisión. No se trata de dilucidar si el cambio es bueno o malo. Simplemente es inevitable. Su propia dinámica le ha dado más libertad a los contenidos, ha redimensionado las posibilidades de la narrativa audiovisual. No está en crisis el relato. Todo lo contrario. Lo que está en crisis es su forma de producción, distribución y consumo. El televisor y la industria que respira tras él de repente comenzaron a convertirse en una antigüedad.

El día a día, con su urgencia de llenar veinticuatro horas de programación, tal vez no permite mostrar tan nítidamente lo radical que en el fondo está siendo el cambio. La tele abierta tenía un poder casi absoluto. La única defensa posible ante ella consistía en apagarla. No había más opciones. Desde su trono emisor, administraba y distribuía no solo la sentimentalidad y la moral sino que, incluso, también organizaba los tiempos del gusto y de la angustia, los horarios para reír o para informarse. Era el centro de la casa. Y muchas veces lo era de manera literal, física.

Ahora somos los usuarios quienes podemos elegir y decidir qué, cómo y cuándo consumir los contenidos audiovisuales. Ya hace dos años, una encuesta mostraba cómo en España el 72 por ciento de los jóvenes ven más YouTube que televisión. La migración de la audiencia hacia las plataformas de transmisión en línea ha producido un cambio vertiginoso e irreversible. No solo se trata de un asunto de ratings y de ventas. El propio contenido que definía la ficción audiovisual también ha cambiado. También la palabra “teleculebra” se está quedando huérfana.

La telenovela fue el género emblemático de la televisión abierta latinoamericana. Está ligada genéticamente a ella, tiene que ver con su origen, con su naturaleza. Ese folletín cotidiano e interminable —que empezó versionando algunos clásicos de la literatura del siglo XIX y que se desarrolló canibalizando el relato sentimental de la mujer pobre que se enamora de un hombre rico— fue durante años el producto estrella de nuestra tele. Su garantía de origen, su marca. Hoy en día los culebrones son animales en vías de extensión. No me refiero al melodrama sino a esa forma específica del melodrama, a ese formato de largo aliento, asentado sobre estereotipos y desarrollado narrativamente bajo la premisa de la reiteración y del falso suspenso. Ninguna de las plataformas (Netflix, Amazon Prime, etc.) que definen hoy el mercado está buscando una María la del Barrio de 150 horas.

Las llamadas plataformas de transmisión libre (OTT) han impuesto un modelo y un ritmo de ficción mucho más diverso, que se desperdiga abriendo cada vez más segmentos de la audiencia, ampliando sus límites. Lo que define a las nuevas plataformas no son sus productos sino su infinita posibilidad de tener más productos. Siempre. De cualquier tipo. Por eso una de sus condiciones esenciales es la velocidad. Cada vez son más frecuentes los formatos seriados, con un máximo de ocho o diez capítulos. No es azaroso que Televisa, la productora de telenovelas más importante del mundo, apueste ahora por transformar su grandes clásicos de siempre en series modernas e innovadoras de veinticinco capítulos.

No solo es un tema de contenidos. También, como objeto, la televisión está muriendo. Cada vez más, los jóvenes consumen el contenido audiovisual a través de sus teléfonos. El futuro está en esa pantalla que también es una extensión de la mano. Es una nueva TV, tan personal que te la llevas al baño o te la guardas en el bolsillo. Su relación con el cuerpo crea incluso una intimidad y un poder que antes no existía. De pronto, incluso las pantallas planas, de última generación, comienzan a parecer dinosaurios lejanos e inútiles.

Por supuesto que en los contextos latinoamericanos, donde la pobreza y la desigualdad sigue definiendo drásticamente la realidad, este proceso avanza con más lentitud y dificultades. Pero, en general, la vida de la tele abierta parece tener sus días contados. Su margen de acción se va estrechando, se va concentrando cada vez más en territorios claramente delimitados: los concursos en vivo, los deportes, las noticias. El populismo mediático se alimenta de esta crisis, vive su mejor momento. Quizás pronto llegue el día en que la política sea la única ficción que se transmita por la televisión abierta.

Cada vez son más frecuentes los rumores sobre la venta, o posible venta, de canales de televisión tradicionales. Sin embargo, en general, nunca se concretan. Nadie parece ahora estar interesado en un comprar un canal. Su única posibilidad de sobrevivir es cambiar. Necesitan reinventarse como productores de contenidos, al servicio de las nuevas plataformas. Su reino se acabó. Otra señal de los tiempos: ningún poder es eterno.

28 de julio de 2019

NY Times

https://www.nytimes.com/es/2019/07/28/tv-netflix-youtube/?te=1&nl=boletin&emc=edit_bn_20190730?campaign_id=42&instance_id=11

262&segment_id=15676&user_id=2747f13685c783553ecfcc4aab3c7bd2&regi_id=6959197520190730

Las aparentes irregularidades que han salpicado las oposiciones convocadas en la Comunidad de Madrid a catedrático de artes escénicas, han esparcido una alargada sombra de sospechas que debe ser despejada cuanto antes. Que miembros de un tribunal examinador sean recusados, dimitan por discrepancias sobre los criterios de evaluación o concedan una puntuación ridícula a verdaderos maestros son anomalías que requieren una explicación convincente. En cualquier proceso de selección académico tienen que primar los méritos y el talento de los candidatos. Tratándose de disciplinas en las que calibrar la calidad de los aspirantes entraña una gran dosis de subjetividad, es especialmente necesario que los tribunales no solo estén compuestos por profesionales acreditados, sino también que sean equilibrados.

El debate entre meritocracia y endogamia es una constante en el ámbito académico. Espectáculos como los vividos en la Comunidad de Madrid al hilo de las oposiciones a catedrático de instrumentista de cuerda en el Real Conservatorio de Música, así como en la Escuela Superior de Canto, reflejan esa batalla. Aspirantes a estas plazas no han dudado en calificar de “vergonzoso” y “chapuza” un proceso en el que distintos miembros de un mismo tribunal exhiben criterios irreconciliables a la hora de valorar las pruebas de interpretación. Esta disparidad ha provocado la renuncia de varios jueces examinadores y, en consecuencia, a congelar el proceso hasta septiembre, con un nuevo tribunal.

A la Consejería de Educación le corresponde velar para que las pruebas se desarrollen con la máxima transparencia garantizando la profesionalidad y autonomía de los componentes de los tribunales calificadores. Es preciso evitar cualquier atisbo de duda y, desde luego, no es un buen síntoma que los aspirantes puedan ser examinados por sus compañeros de aula. Además de establecer con la máxima precisión los baremos, las bases del concurso de oposición deben ser claras y respetadas de manera rigurosa.

El hecho de que 17 tribunales hayan sido impugnados por irregularidades formales hace aún más perentorio extremar las medidas para acreditar la limpieza de las pruebas. Quienes aspiran a desempeñar tareas pedagógicas, ya sea en la música o el canto o en cualquier otra disciplina, han de obtener la plaza en buena lid. Solo si se destierra la parcialidad, se pone coto a la endogamia y se valoran los atributos de todos con el mismo rasero, se garantizará que accedan los mejor cualificados. El talento está reñido con las, lastimosamente demasiado habituales, prácticas endogámicas en todo el mundo académico.

30 de julio 2019

El País

https://elpais.com/elpais/2019/07/29/opinion/1564416276_413731.html

Muchos de los que insurgieron en 1992 en abierta violación a la Constitución se creyeron destinados a componer entuertos de un país que gradualmente había visto degenerar los valores de la democracia debido al clientelismo político, corrupción y estatismo. Extrañamente levantaron armas equivocadamente en un momento en que había un intento serio de descentralización y en el que se estaba privilegiando la designación de ministros por sus cualidades técnicas y no por su filiación política. Ese cambio que se iniciaba no lo entendieron los militares rebeldes, pero tampoco los civiles, ni los partidos políticos. Ello produjo la catástrofe electoral de 1998 y la de del 2000, de la cual hoy se cumplen diecinueve años.

Después de esas dos claras victorias electorales, los rojos fueron tomando alas. Ello fue posible por sus abusos desde el poder y por la permisividad de parte de nuestra dirigencia política apabullada por la derrota electoral. Los sucesos de abril del 2002 fueron una gesta de los ciudadanos de a pie y de oficiales sin mando de tropa. Como era de prever, los ataques al sector privado, la ineptitud y corrupción derrumbaron la economía y les hicieron perder el fervor popular. Para mantenerse compraron a muchos militares permitiendo que se enriquecieran y ascendiendo a los menos calificados; además, acudieron a los Castro, a los malandros criollos, al narcotráfico y a la alianza con el terrorismo internacional.

Evidentemente no quieren dejar el poder. Hay que arrebatárselo. Salvo alguno que otro que se dice opositor, pero que tiene interés en que permanezca la dictadura, la gran mayoría del sector político está de acuerdo en que Maduro y su pandilla no entregarán por las buenas. La diferencia está en cómo perciben las fortalezas y debilidades propias y las del régimen.

Los grandes luchadores que son María Corina y Antonio Ledezma apuestan por la intervención extranjera, ya que “se requiere una fuerza mayor que enfrente al régimen”. Tienen razón, pero el punto débil es que a pesar de que los países democráticos están de nuestro lado, ninguno parece dispuesto a intervenir, a pesar de que entienden que Maduro y compañía son una amenaza real para la estabilidad de los países vecinos.

El presidente (e) Guaidó y el resto del sector político consideran que la dictadura cuenta con el apoyo de la Fuerza Armada y de los gobiernos de Cuba, Rusia y China, y que la Unión Europea y el Grupo de Lima ha optado por negociar una salida electoral. También este sector político de la oposición tiene razón, pero el punto débil es que los criminales que nos gobiernan no están dispuestos a aceptar una elección transparente que con toda seguridad los desplazaría. De allí que quienes critican la negociación alegan que no se llegará a un acuerdo favorable a la democracia y que es una estrategia del régimen para ganar tiempo. ¿Tienen razón? Claro que sí, pero ante la ausencia de otra opción real, no queda sino apostar a que las sanciones internacionales obliguen a la dictadura a ceder. ¿Probable? Quizá no, pero sí posible y hay que intentarlo. Lo demás es un deseo que muchos tenemos, pero que pareciera poco realizable.

Un factor que podría ayudar es que nuestra oposición se muestre unida, dentro de los disensos normales y necesarios. Sería deseable que la admirada María Corina y el respetado Ledezma declararan que piensan que la negociación no dará un resultado positivo y que insisten en la intervención extranjera, pero que le dan a las conversaciones el beneficio de la duda y que desean que tengan éxito en lograr la salida del régimen. Los demócratas se lo agradeceríamos. No solicitamos que cedan en sus posiciones, sino que no se cierren a otra opción. Si el régimen no cede vendrán más sanciones, algunas de las cuales no les importa ya que son indiferentes a los sufrimientos de los venezolanos, pero otras los podría doblegar. Apostemos a estas últimas.

Como (había) en botica:

Lo sucedido en la Cota 905 es una prueba más de que el régimen considera que los malandros son sus aliados más confiables.

El TIAR no es el deux ex machina que resolverá nuestro problema, sino una presión más que puede favorecer la negociación.

Solidaridad con el ingeniero Winston Cabas y su familia.

Mientras el Bernal colombiano se cubre de gloria ganando el Tour de France, el Bernal criollo se hunde cada vez más.

El mundo y desde luego los venezolanos lloramos la partida del gran artista Carlos Cruz Diez

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Los milicianos que trabajan en la sede del partido y en la gobernación del estado Miranda, conversaban entre si muy preocupados por las informaciones que estaban circulando por los medios de comunicación.

-Supiste lo que pasó, se preguntaban los unos a los otros.

-¿Qué pasó? Infórmame, yo vengo llegando y no se nada.

-Los imperialistas de la Organización Deportiva Bolivariana ODEBO, nos quitaron la sede de los Juegos Bolivarianos 2021 que se iban a realizar en los Valles del Tuy.

-No lo puedo creer, dijo uno de los milicianos. Tenía entendido que el camarada Eduardo Álvarez, Presidente del Comité Olímpico Venezolano COV nos había garantizado que ya la sede estaba aprobada para Miranda.

-Claro, dijo otro de los presentes, recuerdo que el camarada gobernador Héctor Rodríguez ha realizado varias ruedas de prensa anunciando que todo estaba listo para la celebración del referido evento. Es más, hablaba de la construcción de 12 nuevas instalaciones y una majestuosa villa deportiva para albergar a los participantes de lo que el consideraba serían los “Mejores Juegos Bolivarianos de la historia” contando para ello con una asignación presupuestaria de ¡¡¡100 millones de Dólares!!!

-Coño, esa decisión de la ODEBO nos tumba la olla. Nos empichacó el guiso. Me imagino la arrechera del camarada Héctor que estaba contando con esos billetes para su campaña presidencial y ahora lo dejaron colgado de la brocha.

-No se cuáles serían las razones que motivaron esa decisión, dijo uno de los milicianos que practicaba atletismo; pero desde que solicitaron la sede deje muy en claro que no me parecían los Valles del Tuy como el lugar más apropiado para el desarrollo de ese evento internacional…

-¿Y eso por qué?

-A quien se le ocurre pedir unos juegos para una región que se caracteriza por ser la de mayor índice de violencia en todo el país y no cuenta ni siquiera con una cancha de baloncesto. O sea, solicitaron la sede exhibiendo puras maquetas y promesas…no me jodan. Además, como hecho reciente está el fracaso del Iberoamericano de Atletismo en Maracay, donde se pagó dos veces el presupuesto para la construcción del estadio y no lo terminaron. Ah, se me olvidaba decirles que el presidente del Comité Organizador de ese Campeonato era nuestro camarada gobernador.

-A lo señalado por el camarada que me antecedió, yo le agregaría, dijo otro miliciano que vive en los Valles del Tuy, el inaudito hecho promovido por el hijo de José Vicente Rangel conocido como el alcalde Papi-papi e Iris Valera de otorgarle con carácter de exclusividad la seguridad de la zona ¡¡¡A los pranes del sector!!!...increíble pero cierto.

-No sigamos hurgando en el pasado, concentrémonos en el presente, solicitó el jefe de los milicianos.

-Quisiera saber cómo fue la votación en el seno de la Asamblea Extraordinaria de la ODEBO….porque más de una vez el camarada Eduardo nos dijo en el partido que el tenia esos votos amarrados.

-Los 7 países que integran la ODEBO votaron de la siguiente forma:

4 a favor de quitarnos la sede

2 Abstenciones

1 a favor de mantener la sede para Miranda.

-Carajo, ese Eduardo presidente del COV es pura coba, no tenía controlado un coño. Ni siquiera el delegado de Bolivia lo acompañó en la votación.

-Y cuáles fueron los argumentos de los delegados para votar de esa manera.

-Nada mas y nada menos que la grave situación política-social –económica por la cual atraviesa Venezuela en este momento…

-Los milicianos se quedaron calladitos, aprobando con su silencio las irrefutables argumentaciones de los delegados votantes.

-Rápidamente, el comisario político del Psuv mirandino intervino para señalar que esa votación es una agresión imperialista ordenada por Trump y ejecutada por los lacayos del Grupo de Lima.

-¿Y el voto de Bolivia?

-Intervino nuevamente el comisario político para decir que ese delegado fue comprado por la CIA para que votara en contra nuestra. Camaradas, con juegos o sin juegos seguimos en la lucha.

-Ese tipo lo que esta es respirando por la herida, les tumbaron la olla y se quedaron sin las comisiones por las construcciones y reparaciones de instalaciones, alojamiento, alimentación, traslados y pago de personal; en otras palabras, se les empichacó el guiso.

Finalizando la reunión, se escuchó en la radio y la televisión que la ODEBO también le quitó la sede de los Juegos Bolivarianos de Playa al estado Vargas.

En 1932, James Kerr Pollock inició su estudio clásico sobre el financiamiento de campañas electorales con una advertencia: “La relación entre dinero y política se ha convertido en uno de los grandes problemas del gobierno democrático”. En el libro, llama a la opinión pública a darse cuenta de que “una vida política saludable no es posible si el uso del dinero no está sujeto a limitaciones”. Las nueve décadas transcurridas desde entonces han confirmado la clarividencia de Pollock. El financiamiento de la política se ha convertido en una permanente amenaza a la integridad y la calidad de la democracia en todas partes del mundo. Así es en América Latina. La experiencia reciente de la región ofrece lecciones importantes sobre la urgencia de enfrentar este desafío y los límites de la ley para hacerlo.

En el último lustro, América Latina ha sido sacudida por una sucesión de grandes escándalos de corrupción, casi todos con una relación directa o indirecta con el financiamiento de campañas. Así fue con la Operación Lava Jato en Brasil, donde el monumental desfalco de Petrobras terminó alimentando las arcas de casi todos los partidos. Fue así también con el saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, del cual, presumiblemente, cientos de miles de dólares fueron a parar a la primera campaña del presidente Juan Orlando Hernández. Lo fue, asimismo, con los casos de los conglomerados Penta y Soquimich en Chile, que develaron una trama de financiamiento ilegal y evasión fiscal que salpicó prácticamente a todas las agrupaciones políticas, incluyendo las campañas de la expresidenta Michelle Bachelet y del actual mandatario Sebastián Piñera. Y así fue, sobre todo, con la maraña del caso Odebrecht, cuyas ramificaciones se han extendido como una mancha por todo el continente.

Cada uno de estos escándalos ha sido un trauma para la democracia en la región. Como mínimo, todos han servido para confirmar la ominosa percepción de que los sistemas políticos sirven, fundamentalmente, a los “enchufados” en el poder. De acuerdo con datos de Latinobarómetro, un 79 por ciento de los latinoamericanos está convencido de que en su país se gobierna en beneficios de unos cuantos grupos poderosos. El financiamiento de la política y la corrupción derivada de ella ayudan a explicar algunas de nuestras desventuras políticas presentes.

No es casual, entonces, que los últimos años hayan visto también una serie de esfuerzos regulatorios que, en general, han buscado limitar las fuentes de financiamiento partidario, poner topes al gasto electoral y endurecer las sanciones a las violaciones de la legislación. Todo eso está bien. El gran problema es que la proliferación de nuevas normas esconde mal el desafío más serio que enfrentan las democracias de la región en esta materia: el abismo que separa a la legislación de su aplicación práctica.

A América Latina no le faltan normas. Por el contrario, ha sido pionera para legislar. Basta recordar que fueron dos países latinoamericanos —Uruguay y Costa Rica— los primeros en el mundo en introducir subsidios estatales para los partidos.

Con altas y bajas, hoy todas las democracias latinoamericanas tienen legislación para lidiar con el financiamiento político. El problema es otro y nos lo recuerda el demoledor informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de 2015 sobre el financiamiento político en Guatemala, que estimó que el 75 por ciento de los fondos que entran a las campañas en ese país tienen por origen el crimen organizado o contratistas del Estado, casi siempre involucrados en diversas estructuras de corrupción. El caso Odebrecht resulta revelador: diecisiete de dieciocho países de América Latina prohíben desde hace mucho las contribuciones de origen extranjero a las campañas. El empresario brasileño Marcelo Odebrecht y sus cómplices no se dieron por enterados. La verdad descarnada es que, pese la profusión de normas, casi en ningún país de América Latina se sabe quién financia la política.

Para enfrentar con alguna posibilidad de éxito este enorme reto hay mucho por hacer.

Lo primero y más importante es fortalecer la aplicación de los controles existentes. Crear departamentos especializados en las autoridades electorales —como lo han hecho, por ejemplo, Costa Rica, México y, más recientemente, Honduras— y dotarlos de recursos debe ser una prioridad. Del mismo modo debe serlo establecer un sistema creíble de sanciones, que incluya la posibilidad de perder el cargo para quien resulte electo como resultado de una campaña que transgreda la normativa de financiamiento. Ese principio, de vieja data en democracias como Francia y la India, ya ha sido adoptado en Chile y México.

En segundo lugar, es preciso resistir el impulso demagógico de reducir al mínimo los sistemas de financiación pública, que en nuestra desigual región son uno de los pocos instrumentos para favorecer la equidad electoral y compensar el abrumador peso del financiamiento empresarial. En la gran mayoría de los países latinoamericanos el financiamiento público para los partidos sigue siendo muy exiguo para hacer una diferencia en las campañas. Estos recursos no solo no hay que reducirlos: lo deseable sería expandirlos a las actividades regulares de los partidos, para que estos tengan la oportunidad de ser algo más que maquinarias electorales.

En tercer lugar, es deseable controlar los costos de las campañas mediante la restricción de la compra de publicidad y la introducción de un sistema subsidiado de franjas de publicidad en medios públicos y privados, asignadas de acuerdo con criterios de equidad. En diferentes variantes, ese sistema ha sido adoptado en Brasil, Chile, México, Ecuador y Guatemala. La publicidad es uno de los pocos rubros relevantes de gasto electoral que pueden ser fácilmente controlados. Entre criptomonedas, globalización del crimen organizado e instrumentos financieros que escapan a los reguladores más sofisticados, en el futuro nuestra única oportunidad para regular el papel del dinero en la política puede bien depender del control de los gastos y no de los ingresos de los actores políticos.

En cuarto lugar, es urgente prestar atención al nivel local de la política, el rincón al que rara vez se asoman los controles legales y mediáticos existentes, y el que, por mucho, alberga los peores riesgos de penetración del crimen organizado, como lo muestra la experiencia de Colombia y México.

Por último, es menester asumir una visión holística del problema. La regulación efectiva de la financiación de las campañas no debe ser vista aisladamente, sino como parte de un “ecosistema” de protección de la integridad, que también incluye normas sobre conflictos de interés, regulación de las actividades de cabildeo, declaración de activos por parte de funcionarios, reformas del secreto bancario y tributario, y protecciones a los denunciantes y, en especial, a la libertad de prensa. Todas estas normas deben marchar en la misma dirección. En ese sentido, el informe de la Comisión Engel, nombrada por la expresidenta Bachelet en 2015, un amplio esfuerzo para evitar conflictos de interés, tráfico de influencias y corrupción del que emergió la reciente reforma al financiamiento político en Chile, es un estupendo ejemplo para toda la región.

Tomar en serio los retos planteados por la financiación de la política es una tarea impostergable para la salud de la democracia en América Latina. Evadirla o reducirla a la promulgación de controles testimoniales, es condenar a nuestras democracias a vivir peligrosamente, cortejando un desastre que tarde o temprano llegará.

26 de julio 2019

NY Times

https://www.nytimes.com/es/2019/07/26/financiamiento-campanas/?action=cl...

El antiamericanismo forma parte de nuestro ADN cultural. Ello se ha reflejado en la relación conflictiva que el régimen chavista ha mantenido con los Estados Unidos. Paradójicamente, las evidencias apuntan a que una alianza con los Estados Unidos ha sido un elemento clave de la ruta al desarrollo de los países latinoamericanos que más logros han obtenido. Juan Guaidó está construyendo una alianza con el gobierno de los Estados Unidos, que retoma esta idea. Esto nos coloca en una posición muy ventajosa para impulsar el proceso de recuperación.

En su libro “Redentores” el historiador mexicano Enrique Krauze revisa el ideario de varios personajes claves en la historia de latinoamérica y concluye que una idea que nos identifica a los latinoamericanos es el antiamericanismo, el reconcomio frente a los Estados Unidos. Usualmente se cita una frase de Simón Bolívar para justificarlo. El Libertador señaló en una carta al coronel Patricio Campbell que “Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad”. “Las Venas Abiertas de América Latina”, del periodista uruguayo Eduardo Galeano, es una obra muy bien escrita que ha alimentado esta idea. Una reseña del libro señala que “es un ensayo periodístico que contiene crónicas y narraciones que dan prueba del constante saqueo de recursos naturales que sufrió el continente latinoamericano a lo largo de su historia a manos de naciones colonialistas, del siglo XV al siglo XIX, e imperialistas, del siglo XX en adelante”.

Cuando habla de imperialistas obviamente se refiere a los Estados Unidos. La obra es un panfleto propagandístico con una precaria fundamentación; Galeano reconoce, en declaraciones recientes en una feria del libro, que no tenía los conocimientos en economía y política necesarios para hacer algo mejor, marcando distancia con su obra.

El régimen cubano y su conflicto constante con los Estados Unidos ha influido en el ideario de la izquierda jurásica latinoamericana agrupada en el Foro de Sao Paulo, que acusa a los Estados Unidos de un comportamiento imperial en relación a los países de la región, con la intención de someterlos como colonia y explotarlos. Esta ideología ha marcado la agenda del régimen chavista en su relación con los Estados Unidos, que se ha mantenido desde un inicio en una retórica antiamericana, a pesar de ser el coloso del norte nuestro principal cliente, retórica que progresivamente ha ido minando nuestra relación con la economía del norte.

Paradójicamente cuando examinamos los casos de tres de los países de América Latina que han logrado avances económicos considerables y algunos de ellos sociales, en las últimas décadas, constatamos que la alianza que han llevado a cabo con los Estados Unidos lejos de ser perjudicial los ha beneficiado, a tal punto que ha influido de manera determinante en su ruta hacia el desarrollo

La ruta hacia el desarrollo implicó en el caso de Chile un golpe militar por parte de la derecha que impidió el establecimiento de un régimen procastrista en el país austral. Aunado a ello la dictadura militar forjó un acuerdo con los economistas de la corriente monetarista de la Universidad de Chicago, una de las mejores instituciones académicas en los Estados Unidos. Producto de este acuerdo surgió la agenda de reformas liberales, que sería la base del legado económico de la dictadura que dio lugar al milagro económico chileno. A la larga, los partidos democráticos, como el socialista de Bachelet, incorporaron estas reformas a su agenda haciéndolas más inclusivas. (Rodríguez R., José E. 2019. Liberalismo y desarrollo en el Cono Sur. Dígalo ahí, 12 de julio).

En el caso de Colombia, el país hermano estuvo cerca de constituir un Estado fallido cuando las FARC se enfrentaron al gobierno colombiano, llegando a controlar buena parte del territorio, atentando contra la infraestructura productiva del país y limitando el desplazamiento de personas y empresas, forzando a cientos de miles de colombianos a emigrar. Gracias al fuerte liderazgo del presidente Álvaro Uribe y el apoyo financiero, militar y tecnológico de Estados Unidos, a través del Plan Colombia, se pudo derrotar a las FARC. Ante la posibilidad real de ser eliminados físicamente la guerrilla aceptó la sugerencia de su aliado, el régimen cubano, y acordaron negociar un proceso de paz con el gobierno de Santos, que ha contribuido a la recuperación económica del hermano país.

Colombia y Chile han firmado acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos que han impulsado su comercio e inversiones. Igualmente lo hizo México, que firmó un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá, denominado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a inicios de la década de 1990. El tratado ha potenciado el comercio y las inversiones extranjeras, lo que ha modificado la composición de las exportaciones mexicanas, convirtiendo en minoritarias las provenientes del petróleo. El incremento del comercio y de las inversiones ha devenido en un crecimiento de la economía que se ha ubicado en el onceavo lugar por encima de la de España, Corea del Sur y Australia (Rodríguez R., José E. 2019. La exitosa ruta de México hacia un país no dependiente del petróleo. Dígalo ahí, 22 de julio).

Los logros llevados a cabo por Chile, Colombia y México han posibilitado su ingreso en la OCDE llamado el “club de los países ricos” donde se codean con las naciones más desarrolladas del mundo como Estados Unidos, Canadá, los países europeos, Japón y los gigantes de Asia como la India y China.

De estos tres casos se concluye que una alianza con Estados Unidos es clave para encaminarse y avanzar en la ruta del progreso económico. Esto avala la gestión de Juan Guaidó quien ha nucleado a su alrededor a un grupo de expertos en petróleo, economía, finanzas y diplomáticos que lo han ayudado a elaborar un plan económico y construir una alianza con los sectores anticastristas del congreso de los Estados Unidos y el gobierno de este país; logrando su apoyo para defender los intereses de PDVSA en el extranjero. Creando las bases para lograr el apoyo de los Estados Unidos a un paquete de ayuda del FMI, que permita resolver el tema de la deuda y aliviar la crisis humanitaria, así como la apertura de la industria petrolera a la inversión extranjera.

Esta alianza constituye un avance invalorable que nos coloca en una posición sumamente ventajosa para impulsar la recuperación de la economía, una vez que el usurpador abandone el poder.

Profesor UCV