La actual crisis venezolana es en todas sus dimensiones una crisis estructural. Es difícil visualizar la posibilidad de un cambio en las perspectivas sociales, económicas o políticas, que cada vez están más íntimamente interrelacionadas, sin pensar en alguna transformación repentina que permita promover un nuevo comienzo. El país desea soñar un futuro diferente pero su realidad lo mantiene tortuosamente atrapado en el presente.

Es indudable que en el 2016, luego del sorprendente triunfo de la oposición en las elecciones legislativas, se llegó a pensar que la dimensión política de la crisis venezolana podría suministrar una renovada fuente de transformación histórica, sobre todo por lo que implicaba constitucionalmente que unas fuerzas de oposición obtuvieran una mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Sin embargo, la forma como el chavismo nombró preventivamente los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el apresurado anuncio inaugural del liderazgo parlamentario de una salida en seis meses del Presidente de la República, la abrupta suspensión del referéndum revocatorio, el quiebre de la mesa de negociación, la falta de coordinación del mundo opositor, el férreo control institucional del gobierno sobre el resto de los poderes públicos y la forzada desmovilización ciudadana, lograron poner en suspenso la capacidad de los agentes políticos de modificar irreversiblemente la situación nacional. Ahora el país padece una crisis de expectativas.

Una vez consumado el fracaso de la salida constitucional que prometía inexorablemente suceder a los sorpresivos cambios del mapa electoral venezolano, comenzó a hacerse evidente que la dimensión política del conflicto que padecemos carecía del poder suficiente para modificar un equilibrio, que si bien puede ser inestable, luce mucho más duradero de lo que hace unos meses atrás estábamos todos dispuestos a aceptar. El gobierno claramente no está plenamente consolidado pero sí ha logrado obtener su objetivo más preciado: sobrevivir. Lo ha hecho suspendiendo hasta nuevo aviso el derecho al voto y haciendo ver que cualquier convocatoria electoral futura será resultado más de una negociación política, todavía incierta, que producto del cumplimiento de unas normas constitucionales. Curiosamente, el costo político de semejante arbitrariedad lo ha pagado la oposición (envuelta en unas enconadas y absurdas diatribas internas que le han restado asertividad y credibilidad frente a sus grupos de apoyo); mientras que el gobierno ha logrado astutamente evadir la responsabilidad política de lo que supone unas acciones que son no sólo abusivas sino claramente inconstitucionales.

En el plano económico, la recesión continuó profundizándose ante la insistencia del chavismo de mantener a toda costa un modelo de controles de cambio y de precios que ha dejado al país dilapidado y exhausto. El gobierno siempre podrá realizar algunos ajustes a su actual esquema de controles pero serán simples modificaciones parciales (ni siquiera reformas) con poco impacto sobre la actividad productiva y mucho menos podrán detener la espiral inflacionaria sin un programa de estabilización creíble. Según las cifras no oficiales que se lograron filtrar del Banco Central de Venezuela, y publicadas a través de una agencia de noticias en el exterior, la contracción económica en el 2016 alcanzó más de 18 puntos del PIB y la inflación superó el 800 por ciento. Lo que para muchos analistas era una constatación anecdótica se ha convertido en una certeza estadística: estamos sumergidos en el peor colapso económico de la historia contemporánea de Venezuela.

Algunos aducirán que un precio petrolero que para el 2017 parece estar en franca recuperación, como resultado de los acuerdos de recortes de la OPEP, y un costoso ajuste externo en materia de importaciones que cerró el año en 18 mil millones de dólares, debería en teoría permitirle al gobierno un poco más de margen de maniobra financiera. Ciertamente, el gobierno tendrá mayor holgura pero tampoco lo suficiente como para reimpulsar el país. Es evidente que Venezuela, sin un programa económico que le otorgue acceso inmediato a los mercados internacionales y que le ayude a atraer inversión privada, continuará siendo un país con mayores presiones inflacionarias y una caída continua del crecimiento. El Fondo Monetario Internacional anticipa que mientras América Latina va a crecer a una tasa de apenas 1.2 por ciento en el 2017, Venezuela se contraerá en 6 puntos del PIB y experimentará una aceleración hiperinflacionaria debido al creciente financiamiento monetario de su déficit fiscal.

Ante esta realidad, PDVSA probablemente no pueda financiar las inversiones que necesita para estabilizar su producción petrolera y detener la caída de más de 200.000 barriles diarios que experimentó el año pasado. La razón es que los compromisos de pago de deuda externa en el 2017, que aún siendo menores que en el 2016, seguirán siendo cuantiosos y por lo tanto el flujo de caja de la petrolera estatal se mantendrá muy ajustado. Bajo este escenario, el sector privado continuará sin tener los incentivos para invertir en el país pues deberá seguir lidiando con la falta de acceso a divisas y tendrá que mantenerse haciendo piruetas para superar todo tipo de barreras regulatorias. Tan sólo una transformación en la política petrolera que le permita a los socios privados de PDVSA —bajo el actual esquema que establece la legislación en materia de hidrocarburos— tener un mayor control directo sobre las operaciones, un sistema cambiario competitivo y un renovado foco estratégico en los campos marginales, podría llegar a modificar en el corto plazo esta triste tendencia. Para el sector privado no petrolero, las perspectivas lucen aún más complicadas pues su futuro depende de un giro en el modelo productivo y en la remoción definitiva del resto de los controles sobre la economía. Algo que difícilmente llegará a suceder frente a un gobierno que insiste en esconder sus deficiencias utilizando la excusa de ser víctima de una absurda guerra económica.

Tan sólo queda la dimensión social como potencial factor de cambio y su verdadera incógnita: los niveles de conflictividad.

Las protestas sociales como consecuencias de la crisis económica y el rápido empobrecimiento de los venezolanos, sobre todo en el interior del país, han venido aumentando significativamente. Los eventos del año pasado en Cumaná, Tucupita, San Félix y Ciudad Bolívar mostraron una población desesperada ante las consecuencias de una política económica que profundizó el desabastecimiento, pulverizó el salario y aumentó la inequidad. Hasta ahora esta conflictividad ha estado focalizada en centros urbanos de menor tamaño con poco impacto en zonas de mayor densidad como Caracas, Maracaibo, Valencia o Barquisimeto. Tan sólo protestas de cierta magnitud, que logren filtrarse hacia zonas urbanas de mayor escala —pero sobre todo hacia la zona metropolitana—, podrían hacer que el gobierno enfrente una situación de emergencia que desborde sus capacidades. Algo que claramente todavía no ha ocurrido y que hasta ahora ha sido contenido de forma efectiva por las fuerzas de seguridad. Esto no quiere decir que los ciudadanos no estén dispuestos a protestar. Lo hacen cada vez más intensamente pero todavía de una forma relativamente aislada.

El gobierno anticipa este riesgo y es por ello que profundiza la implementación tanto de los CLAPs como la entrega del Carnet de la Patria. El primero como un mecanismo asistencialista en materia de alimentos para garantizar un control territorial sobre los sectores de bajos ingresos y el segundo como un subsidio directo que probablemente sea condicionado clientelarmente para tratar de recuperar la base electoral del chavismo que se ha visto seriamente disminuida. Es evidente que este esfuerzo tendrá algunos réditos pero también es verdad que sin modificaciones profundas en la política económica estos esfuerzos van a ser poco duraderos. La razón es que esta política social —que supone en términos reales una expansión importante del gasto público—, no puede ser financiada responsablemente al menos que haya una nueva política cambiaria así como un aumento del precio de la gasolina. Sin estos cambios en la política económica, las acciones para mejorar la compensación social de una forma directa, lo cual es necesario, van a profundizar las presiones inflacionarias y en poco tiempo estos distintos subsidios serán cada vez menos efectivos. Es por ello que para el Presidente Maduro repetir los efectos políticos que alcanzaron las distintas Misiones de Chávez en el 2004 será una apuesta difícil de emular, sobre todo bajo el actual contexto petrolero, y como consecuencia de las grandes distorsiones acumuladas de una política cambiaria, monetaria y fiscal claramente disfuncional.

Es así como hemos entrado en un escenario de estabilidad negativa. El gobierno ha actuado de una forma efectiva al profundizar su lógica de supervivencia política a cambio de terminar de desinstitucionalizar lo que quedaba del sistema electoral y de sacrificar el bienestar material de todos los venezolanos. Curiosamente esta lógica le permitió suspender el cronograma comicial sin incurrir en mayores costos tanto en el plano doméstico como internacional. El Presidente Maduro con 18 por ciento de popularidad supera los números de aprobación de Santos en Colombia, Peña Nieto en México y Bachelet en Chile. La oposición, en un contexto social y económico cada vez más complejo ante la profundidad de la crisis, que le debió haber sido políticamente más favorable, y que le hubiese dado la oportunidad de conectar con nuevos segmentos de la sociedad, incluso con el chavismo, perdió credibilidad debido a sus divisiones internas para enfrentar oportunamente la suspensión del referéndum revocatorio. La decisión posterior de la Asamblea Nacional de declarar el abandono del cargo del Presidente de la República, sin poder ejecutarlo en la realidad, fue un ejercicio de pura ficción que le resto aún más credibilidad política.

Pero este interregno tiene un tiempo finito: las elecciones presidenciales. Durante este nuevo periodo de hibernación la espera será larga y probablemente los actores también serán otros. Es improbable aunque tampoco imposible que el gobierno logre justificar la suspensión de esta contienda aunque seguramente continuará dividiendo a la oposición a través de distintos estratagemas: persecusión a los sectores más radicales, anulación de la tarjeta de la Unidad, incremento en los requisitos de legalización de los partidos políticos y más inhabilitaciones políticas. En ese contexto, el reto de la oposición será fortalecer la unidad y establecer una verdadera coordinación tanto en el plano nacional como internacional para impulsar las elecciones, ampliar la coalición hacia nuevos sectores sociales, incluyendo al chavismo, para promover un acuerdo nacional transitorio. Algunas fuerzas dentro de la oposición harán esfuerzos loables por convocar unas elecciones regionales y locales en el 2017, que muy probablemente continuarán siendo postergadas, pues su realización dependerá exclusivamente tanto de la voluntad gubernamental como de la presión social e internacional. Durante los próximos meses, la comunidad internacional insistirá en la conveniencia de una salida negociada pero el gobierno continuará sin voluntad real de cumplir con sus compromisos y la oposición vacilará ante la pertinencia de un acuerdo. En el fondo ambos actores desean lo imposible: una negociación que implique una victoria aplastante frente al otro; lo cual es intrínsicamente contradictorio. Hipócritamente ambos actores niegan lo evidente: el país requiere un pacto de gobernabilidad con garantías mutuas que ante la falta de árbitros nacionales tan sólo puede ser facilitado por esa misma comunidad internacional de la que tanto desconfían.

La sociedad venezolana en este escenario quedará desorientada. La población, quizás en un acto de desesperación espontánea, altere repentinamente el futuro del país. Pero semejante apuesta es un acto de fe más que una certeza política. El 23 de Enero hizo ver que la calle no existe sin coordinación política. Es por ello que en estos momentos tan complejos lo que el país requiere es un liderazgo social responsable, es decir, con transparencia y sinceridad en el discurso y que transmita amplitud y solidaridad. El gobierno para poder seguir sobreviviendo continuará levantando un muro de contención para atrincherarse. Y para superar este obstáculo, la sociedad venezolana deberá crear nuevas formas de articulación social que le permitan canalizar sus expectativas de cambio. Solo una sociedad dispuesta a presionar organizadamente tanto al gobierno como a la oposición —pero también que esté dispuesta a abrir nuevos canales de comunicación con todas las fuerzas vivas del país, independientemente de su carga valorativa— logrará materializar una salida electoral. Este es el reto para Venezuela. Y ese reto supone la restauración de una verdadera convivencia democrática.

http://prodavinci.com/2017/01/24/actualidad/el-nuevo-interregno-la-estab...

Crónicas del Olvido

1.-

Los mitos “ideológicos” nunca desaparecen, por eso regresan. Se mantienen ocultos, como animales al acecho de un descuido de la víctima. Los engendrados por el imaginario popular forman parte de la vida diaria de un país. De mitos y leyendas están hechas las culturas de los pueblos. Los creados por conveniencia son distintos a los que no han sido macerados por el tiempo, por la sangre y las ideas de un grupo o comunidad que ha recorrido el ritmo de la historia.

Ninguna ideología hace cultura. Ninguna forma parte del imaginario. Es decir, las ideologías no tienen asidero axiológico. No son valores. Los mitos creados por la gente sí se revelan como símbolos de la cultura. Por ejemplo, ni Mao ni Fidel son cultura. Forman parte de la larga lista de personajes mitificados que obligan a la invención de la contracultura, de los movimientos undergrounds, favorecedores de la rebelión de las masas.

Precisemos, como afirma Paramio, cercano a Gillo Dorfles, “el mito es algo presente en la cultura contemporánea. Así, la tesis de que simultáneo al proceso de obsolescencia de los mitos tradicionales aparece entre nosotros un proceso de mitificación, casi siempre inconsciente e irracional, y del que serán consecuencia una nueva serie de mitos y símbolos”.

2.-

Si como dice Mircea Eliade, el mito cuenta una historia sagrada, que ha tenido lugar en el tiempo fabuloso de los comienzos, los de hoy son propuestas que obedecen a la necesidad de justificar la presencia de un poder. De allí que el poder político se valga de mitemas, que son unidades simbólicas de una cierta complejidad, que supera el de los monemas lingüísticos.

En cristiano, un mito, pese a ser propios de la lengua, van más allá de ésta y se insertan en el inconsciente colectivo para crear toda una mitología. Como sistema de comunicación, como mensaje, los mitos representan la esencia de la cultura.

Contrario a lo anterior, los símbolos mitologizados por la ideología conforman todo un esquema de manipulaciones. Estos símbolos penetran la sensibilidad y los sentimientos de los pueblos y los hacen obedientes sufragadores de ideas que no le pertenecen. Una “cultura” que desdeña la historia y favorece lo que el marxismo llama falsa conciencia.

En estos días venezolanos en los que la imagen de Cristo viaja al lado de una gandola de gasolina, somos testigos de impertinencias en las que la positividad, negatividad y ambigüedad mitológicas revelan la pérdida de la personalidad individual. Es decir, el sujeto afecto a esa imagen es un factor de comunicación atado al contenido de un discurso falso.

Es decir, a través del discurso ideológico se puede desdibujar la cultura de todo un pueblo para conveniencia del poder político. Los mitos tradicionales pasan a ser instrumentos de opresión, de aplastamiento. Bolívar, por ejemplo, es un personaje de la historia. Sus ideas no abrevan en un planteamiento ideológico, ciertamente, pero para lograrlo es preciso transformarlo en un mito.

Despojado del imaginario primigenio, el Bolívar que ahora recibimos arropa todas las acciones ejecutadas por el régimen. Digamos, ya no es Bolívar, es una herramienta. Deja de ser personaje para hacerse mensaje decodificado ideológico. Bolívar articulado con la intención de borrar la memoria de la cultura. El Bolívar que pronuncia el poder, es otro Bolívar: se trata de un mito-mensaje de “mecanismo iterativo”. Bolívar es una repetición verbal. No es espontáneo, no es la linealidad histórica, no es sincrónico.

3.-

En lenguaje llano, lo que está sucediendo en Venezuela es la ruptura de la memoria. La suplantación de una imagen pero sin contenido histórico. Sólo interesa “presentizar” para lograr el objetivo inmediato.

Se trata entonces de un Bolívar divino, capaz de re-crear el mundo, de inventar de nuevo el universo, olvidando sus gestores que el “Padre de la Patria” era capaz de ir al baño y hacer el amor con Manuelita Sáenz. O de que ésta le pusiera los cuernos.

El sistema de comunicación del poder se vale de los mitos, hasta que el mismo usuario de ellos se convierte en mito. Por eso, el tratamiento que los seguidores de Chávez (ahora de Maduro) le dan se aproxima a la idolatría. Santón, salvador de la patria de los pobres, respiramos el aire de Robin Hood, el de los Tres Mosqueteros, pero también el de Raskolnikov, porque es un mito vengador, armado de un arma que decapitará la historia, la cultura, la memoria.

El mito encarnado por Carlos Andrés Pérez estuvo vigente en la Gran Venezuela, en la captación del interés de una América políticamente lúdica. El de Chávez es el vengador con ansias continentales. Es decir, Bolívar hecho en Chávez. Un regreso que pesa demasiado, porque podríamos retornar también al “Decreto de Guerra a Muerte”.

Las raíces de un proyecto que se revisa en dos mitos más: Simón Rodríguez y Zamora. De allí a la mitomanía, sólo un brinquito glorioso. Dios y la Constitución, como para colocarlo en el Escudo nacional. Mito y Güere.

Y así, para el final de la película, el silbido de Maduro, un simple silbido, tan dañino con las zancadas de su padre mitológico.

Desde hace tiempo el régimen nos envenena gradualmente al no permitirnos el acceso a medicinas, ni a los alimentos requeridos. Ahora, la prensa reporta que han fallecido menores y muchos ciudadanos han tenido que ser hospitalizados en Monagas, Anzoátegui, Lara y Zulia por consumir yuca amarga, la cual solo es apropiada para producir casabe, en cuyo proceso se destruye el venenoso cianuro. En el pasado este evento ocurría muy esporádicamente. Hoy se ha multiplicado. No somos amigos de elucubrar sin base sobre las causas de estos lamentables sucesos ¿Acaso es por hambre? ¿Será que, ante la escasez de yuca dulce, vendedores inescrupulosos colocan en el mercado yuca amarga?

Sin duda que lo citado es trágico y debe investigarse, aunque conocemos de sobra que las averiguaciones de los rojos llegan hasta donde la ¨revolución¨ lo permite. Hay otros tipos de envenenamiento cuya responsabilidad es directa del régimen totalitario Siglo XXI. El más grave es el fallecimiento de nuestra democracia, envenenada por las violaciones a la Constitución del ex presidente de facto, con el aval de los ¨magistrados del horror¨

Nuestra juventud está siendo envenenada no solamente en las aulas, sino a través de los numerosos medios de comunicación en manos del oficialismo. Este adoctrinamiento se refiere no solamente a inculcar determinada ideología política, sino a la constante prédica del odio de clases y difusión de principios y valores contrarios a los tradicionales que heredamos de nuestros padres. Los jóvenes están siendo envenenados, ya no con yuca amarga, sino con los malos ejemplos de los trúhanes rojos que están en Miraflores, en los tribunales, en el CNE y en las dependencias oficiales.

La salud de nuestra población está envenenada por no conseguir las medicinas que nuestros excelentes médicos recetan para controlar infecciones y otras dolencias. Las empresas del Estado están envenenadas con la ineptitud y corrupción de gerentes rojos que las tienen quebradas. Nuestra agricultura está envenenada por la política de control de precios por debajo del costo de producción y por la escasez de insumos, mal que también afecta a los otros sectores de la economía.

Nuestra Fuerza Armada fue envenenada con la designación de Altos Mandos sumisos a quienes no les importa la influencia castro-comunista. Tenemos la esperanza de que esta intoxicación no haya afectado al resto de la oficialidad, la cual sufre de los mismos problemas de los civiles y que, además, constata que sus miembros están siendo asesinados por un hampa protegida o al menos tolerada por el régimen.

¿Será posible revertir estos envenenamientos que afectan a instituciones y a personas? Confiamos en que sí. Ayer, hace 59 años, pueblo, dirigentes políticos y Fuerza Armada dieron una demostración de pundonor al obligar a que el dictador Pérez Jiménez agarrara las de Villa Diego. Los venezolanos de hoy estamos conscientes de que esta dictadura es peor que la derrocada en 1958, ya que afecta negativamente no solo a nuestros derechos políticos, sino que nos ha empobrecido y está comprometiendo nuestro futuro.

Adecos, comunistas, copeyanos, intelectuales, profesionales, militares y pueblo en general dijeron en ese entonces ¡Ya basta! Ahora solo esperamos que la dirigencia actual actúe sin egoísmos, unida frontalmente en contra del régimen y que termine de depurar y reestructurar a la MUD, como han prometido varias veces.

Ante la coyuntura actual, es justicia recordar el papel desempeñado en el derrocamiento de la penúltima dictadura por los estudiantes, la Junta Patriótica, cuyo único sobreviviente es el aguerrido doctor Enrique Aristiguieta Gramcko, así como por los tenientes coroneles Martín Parada y Hugo Trejo, capitán de Navío Vicente Azopardo y otros. Desde luego no podemos olvidar a los caídos en la resistencia, entre ellos, Leonardo Ruíz Pineda, Pinto Salinas, capitán Wilfrido Omaña y teniente León Droz Blanco.

Como (había) en botica:

Aunque el anterior fue a destiempo, salimos perdedores y enfriamos la calle, el diálogo es necesario, pero teniendo claro los objetivos que deben ser acatar y cumplir la Constitución y negociar un gobierno de transición; para ello requerimos nuevos negociadores de parte nuestra e incorporación de otros mediadores no parcializados hacia el régimen. El documento presentado a la MUD por los actuales mediadores para reanudar el diálogo es inaceptable, ya que en la mayoría de sus partes tiene un sesgo muy claro hacia los intereses del régimen y en otras deja puntos en el aire. Según el diputado `por AD Edgar Zambrano, la oposición también es responsable de que no venga al diálogo el delegado del Papa, monseñor Celli. Evidentemente Zambrano juega en el mismo equipo que Timoteo, es decir no en el nuestro. Repudiamos el bárbaro asalto a las instalaciones y archivos del Palacio de las Academias, así como las piedras arrojadas a la Catedral ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

En enero de 2017 entra en vigencia un nuevo salario mínimo, el primero del año 2017 y el número 15 desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia en abril de 2013.

Puede decirse que la fijación por el Presidente de la República se ha convertido en un elemento bastante común del sistema económico venezolano. Pero que se haya convertido en una política reiterada implica que deba valorarse su conveniencia, y para esto puede ser útil indagar cuándo y cómo comenzó a fijar el salario en Venezuela.

¿Cuándo el Ejecutivo Nacional de Venezuela intervino
de manera indirecta por primera vez en la fijación de salarios?

En el Artículo 21 de la Ley sobre contratos colectivos por ramas de industrias, publicada en la Gaceta Oficial Nro. 25.818 de 21 de noviembre de 1958, se establecía que “el contrato colectivo en la convención obrero-patronal o el laudo arbitral podrá ser declarado por el Ejecutivo Nacional de extensión obligatoria para las demás empresas y trabajadores de la misma rama industrial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, a solicitud de la propia convención o de cualquiera de los sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores o de cualquier patrono, sindicato o asociación de patronos que sean partes en el contrato colectivo o laudo arbitral”.

¿Cuándo se fijó por primera vez el salario mínimo
por parte del Ejecutivo Nacional de Venezuela?

Sería a través del Decreto-Ley N° 122 de 31 de mayo de 1974, publicado en la Gaceta Oficial Nro. 30.415 de 4 de junio de 1974, cuando se fijó por primera vez el salario mínimo nacional de modo directo por el Poder Ejecutivo Nacional.

Ese Decreto-Ley fue dictado en ejecución de la Ley Habilitante que el Congreso había sancionado a favor del Presidente Carlos Andrés Pérez, publicada en la Gaceta Oficial 30.412 de 31 de mayo de 1974. En el ordinal 10 del artículo 1 de esa Ley Habilitante se facultaba al Presidente de la República para “decretar salarios mínimos y los aumentos de sueldos, salarios y prestaciones requeridos para elevar el nivel de vida de la población y mejorar la distribución de los ingresos de acuerdo con la política general que defina el Ejecutivo Nacional. En ningún caso el ejercicio de esta facultad impedirá modificaciones de sueldos y salarios resultantes de los contratos de trabajo”.

Pues bien, en ese Decreto-Ley se fijaría el salario mínimo nacional para los trabajadores, salvo los del servicio doméstico, en 15 bolívares por jornada diaria de trabajo (Artículo 1). Para los trabajadores del servicio doméstico cuyos patronos tengan ingresos superiores a los 4.000 bolívares mensuales, se fijaría un salario mínimo nacional de 300 bolívares mensuales (Artículo 2).

Señalaría Héctor Valecillos Toro sobre esa primera fijación del salario mínimo:

“Considerada superficialmente, la medida parecía justificada, pudiendo verse como un arbitrio a favor de la justa participación de los trabajadores en la súbita riqueza petrolera. Sin embargo, vista menos emocionalmente, era claro que no convenía precipitarse en una medida que suele generar problemas de diferente tipo. Primero, porque ya bajo el gobierno de [Rafael] Caldera había comenzado a acelerarse el ritmo de la inflación (que, no olvidemos, había estado ausente del país entre 1950 y 1969) y no sería fácil eludir el impacto alcista sobre los precios de esa decisión. Segundo, y quizás principal, porque escogía el gobierno un mecanismo altamente inconveniente para la retribución salarial del personal, aquel que por definición desvincula remuneración y productividad del trabajo” [1].

Transcurrirían 5 años y en 1979 el Congreso de la República dictará una Ley general de aumento de sueldos, salarios, salario mínimo, jubilación y pensiones de vejez, invalidez y muerte (Gaceta Oficial N° 2.518 extraordinario de 3 de diciembre de 1979). Además de establecer un aumento general de sueldos, salarios, jubilaciones, pensiones de vejez, invalidez y muerte, se fijó como salario mínimo nacional obligatorio para todos los trabajadores del país, la cantidad de 30 bolívares por jornada diaria de trabajo (Artículo 6), además de un salario mínimo nacional para los trabajadores dedicados a las actividades agrícolas y pecuarias de 25 bolívares por jornada diaria de trabajo (Artículo 7) y un salario mínimo nacional obligatorio para los trabajadores del servicio doméstico en 500 bolívares mensuales (Artículo 8).

A partir del año 1984, y hasta hoy, el Presidente de la República ha seguido dictando Decretos para la fijación del salario mínimo, en lo que se ha convertido en una tradición política y económica en nuestro país.

¿Cuántos aumentos de salario mínimo se han registrado en Venezuela?

Entre 1974 y 1998 se fijó el salario mínimo urbano en 13 ocasiones: menos de uno por año. En contraste, entre 1999 y enero de 2016 se han registrado 36 aumentos de salario mínimo: casi dos por año.

Resulta interesante notar que tal y como precisó Chi-Yi Chen en 1993:

“La intervención directa del Estado venezolano en la fijación de salarios refleja cierta posiciones tomadas. Estas son: a) El trabajador está siempre explotado; nunca recibe lo que le corresponde; b) El empresario se enriquece únicamente a través de la explotación del trabajo; c) Como consecuencia de las dos posiciones anteriores se concibe que el único mecanismo para repartir equitativamente el excedente de la sociedad productiva es imponer compulsivamente un determinado nivel de remuneración. La historia de la intervención estatal durante las últimas décadas refleja exactamente estas ideas, evidentemente influenciadas por la concepción marxista del capitalismo” [2]

¿Cuáles son los problemas asociados con la fijación de un salario mínimo?

Fijar un salario mínimo busca garantizar que los trabajadores formales de la economía tengan un ingreso mínimo mensual que —en teoría— cubra las necesidades básicas de su familia. Sin embargo, el mercado laboral de cada sector productivo tiene ofertas y demandas de mano de obra diferentes, por lo que el salario de equilibrio de cada mercado es, a su vez, diferente.

Si, por ejemplo, se fija un salario mínimo que se encuentre por encima del salario de mercado, aumenta la oferta de mano de obra, mientras que las empresas no tendrán incentivos para la contratación y, en consecuencia, aumentará el desempleo. En contraste, si se fija un salario mínimo que se encuentre por debajo del salario de mercado, las empresas querrán contratar más personal, pero los trabajadores no tendrán incentivos a ofrecer su mano de obra en el mercado formal.

En última instancia, fijar un salario mínimo que no corresponda con el salario de equilibrio del mercado generará distorsiones. El nivel salarial debe, por encima de todo, responder al nivel de productividad del trabajador.

Por eso, como se pregunta Chi-Yi Chen:

“El salario mínimo se ha convertido en un elemento importante de la defensa del poder adquisitivo de los trabajadores menos favorecidos (…). Nos preguntamos si, ¿el salario mínimo ha jugado realmente el rol que le fue asignado, es decir, mantener un nivel de vida socialmente aceptable?”[3]

A partir de enero 2016, el salario mínimo venezolano se ubica en 40.638 bolívares fuertes y —por ahora— 63.721 bolívares fuertes en beneficios de alimentación. Mientras dicho salario no permite cubrir la canasta alimentaria familiar y mucho menos la básica, representa una carga sustancial para las empresas del mercado formal. Es irónico que el salario mínimo, que, en teoría, va dirigido a proteger la capacidad de compra del venezolano, en realidad (i) se convierte en una traba para hacer negocios formales, (ii) disminuye la oferta de empleos con calidad y (iii) genera incentivos para que trabajadores formales busquen mejores sueldos en el mercado informal.

Sin duda, el tema del salario mínimo es una de las reflexiones fundamentales que los venezolanos debemos realizar, sin prejuicios, sobre nuestro sistema económico y social.

♦

[1] Crecimiento económico, mercado de trabajo y pobreza: la experiencia venezolana del siglo XX, Caracas, 2007, p 258.

[2] “Estado y políticas de salario y empleo”, en Revista de la Facultad de Derecho Nº 46, Universidad Católica Andrés Bello, p. 50.

[3] Ibídem, p. 49.

http://prodavinci.com/blogs/cuando-y-como-se-comenzo-a-fijar-el-salario-...

Sin pitos ni glorias, pero tambien, sin plena libertad ni vigencia democrática, transcurrió el pasado lunes 23 de enero, el 58° aniversario de la caída de un tirano, que es fecha memorable en la historia política contemporánea de nuestro país. Pocos ya celebran la fecha de inicio del proceso democrático que permitió avanzar al país y que fue interrumpido en la elección presidencial del año 1999 y que se alarga hasta la fecha, con la constitución de un gobierno que desprecia los valores democráticos y se empeña en impedir el funcionamiento cabal de los partidos políticos opositores, el libre juego de las ideas y la libertad de expresión, así como la persecución de los dirigentes políticos. Precisamente, los aspectos políticos que iniciaron el derrumbe de la dictadura perezjimenista.

Hacen ya 58 años que fue derrocada la penúltima, y creíamos sería la última, dictadura, de las tantas que ha padecido Venezuela en su historia republicana. Entonces, habida cuenta de las contradicciones internas del régimen, la crisis económica de la época, el viraje en las relaciones internacionales del hemisferio occidental y el entendimiento de la fuerzas civiles y militares, aunado a la acción popular dirigida por un organismo clandestino y unitario que se llamó la Junta Patriótica, constituida por dirigentes de URD, Copei, el PCV y AD, dieron al traste con el régimen que gobernaba en nombre de las Fuerzas Armadas. No parece haber mucha diferencia con lo que ocurre hoy en el país. Nadie duda de las diferencias internas en el gobierno, ni tampoco la brutal crisis económica que maltrata sin piedad el bolsillo de los venezolanos, tambien el deterioro de nuestras relaciones internacionales, cada vez más disminuidas, salvo su dependencia de un gobierno miserable en una pobre isla y el respaldo que le brindan gobiernos como el de Nicaragua, Bolivia y Ecuador.

El 23 de enero de 1958, encarnó el espíritu de la unidad para avanzar en el camino de la consolidación democrática, y a pesar de que siguen siendo polémicos los hechos posteriores a aquella fecha, por las profundas observaciones que se hicieron, no hay duda que el proceso de industrialización y el desarrollo de la producción agrícola nos permitieron vivir sin sobresaltos en cuanto a la provisión alimentaria y de medicinas; se crearon instituciones educativas a lo largo del país, con Escuelas, Liceos y nuevas Universidades. Hubo respeto para el debate político y el crecimiento del país fue indudable. El rompimiento de la democracia de partidos, -más allá de sus imperfecciones, y errores-, con la llegada de un gobierno de tinte militarista, sin ideología definida, con resentimientos acumulados y reñido con los más elementales valores de la honestidad administrativa, que ya media en los 18 años, ha estimulado los descontroles sociales que ha multiplicado el auge delictivo y la inseguridad personal, la aparición de nuevas formas de violencia social que no se detiene en el robo a las personas, sino que se ensaña con el asesinato.

La experiencia histórica del 23 de enero de 1958, hay que decirlo, se constituyó por la conjunción de esfuerzos y voluntades del pueblo y sus Fuerzas Armadas en razón de que los hombres de uniforme escucharon la voz del pueblo para restaurar la democracia, que a la par de ser un sistema de gobierno que debe regir nuestra vida republicana, es una forma de vida tallada para la convivencia política y la superación de los ciudadanos. A ello hay que sumar los aldabonazos que en su momento hiciera la Iglesia venezolana y que se manifestara con la pastoral de Monseñor Arias Blanco.

Hoy mucho tenemos que aprender de aquellas fechas y poco podemos diferenciar con las características del régimen que nos gobierna, una dictadura de nuevo cuño con los bemoles de las nuevas tecnologías y el cinismo propio de los embaucadores para engañar al pueblo con listas y carnets para ofrecer comida a cambio de votos para elecciones que el gobierno impide porque se sabe perdió la confianza de la gente.

La MUD no es, cierto, la Junta Patriótica, ni tampoco es clandestina; es un organismo conformado por partidos para participar electoralmente, pero debería ser el centro de gravitación de la oposición al gobierno; una entidad más amplia, pero no una asamblea, para la toma de decisiones, debe ser creativa y realmente unitaria para restaurar y generar la confianza de la sociedad civil, quien es la que consagra los liderazgos con sus votos y con su participación. Hay que salir de la costra de la pasividad, hay que movilizar y concientizar a la gente.

En la Junta Patriótica estaban todos. A la MUD, la de hoy, le corresponde la tarea pendiente de alimentar la esperanza irredenta de los miles de miles venezolanos que queremos salir de la pesadilla de ahora y vivir definitivamente en democracia. De nuevo, frente al fracaso de quienes nos gobiernan, por su burla a la gente y su incapacidad para administrar al país, el desafío es la unidad.

frusbet@gmail.com

El mandato que Donald Trump inaugura hoy muy bien podría ser juzgado en el futuro como el momento en el que EE UU inició el desmantelamiento del orden internacional que con tanto ahínco sucesivas Administraciones norteamericanas construyeron y sostuvieron desde 1945. Una toma de posesión, la de Trump, que se solapa en el tiempo con la formalizació n esta semana por parte de la primera ministra británica, Theresa May, de su intención de activar el proceso de retirada total y completo de su país de la Unión Europea. Una coincidencia temporal que plantea con toda crudeza la cuestión de si no estaremos asistiendo al fin, absurdamente autoimpuesto, de un largo y fructífero periodo histórico de hegemonía anglosajona.

Nada como mirar atrás para observar la profundidad de la falla geopolítica y económica que Washington y Londres están abriendo al renunciar voluntariamente a más a dos siglos de dominio político, económico, cultural y militar anglosajón. El “siglo imperial británico”, que comenzó en 1815 tras las guerras napoleónicas, concluyó en 1915, 100 años después, dejando a Reino Unido como única e indisputada potencia mundial.

En su momento álgido, inmediatamente antes de comenzar la I Guerra Mundial, el Imperio Británico ejercía su poder sobre 412 millones de personas, un 23% de la población mundial, ocupando sus dominios casi un cuarto de la superficie de la Tierra. Fue el británico, sin embargo, un poder imperial tan extenso como afortunado. Cuando fue relevado por EE UU, este lo hizo, de forma inédita en la historia —en la que los imperios entrantes suelen destruir a los salientes—, no solo de forma pacífica sino como continuador y renovador del proyecto liberal, político y económico que inspiraba la obra imperial británica. Así, vía los acuerdos de Bretton Woods, que fijaron las reglas del comercio y las finanzas; la Conferencia de San Francisco, que dio paso a la ONU; y el Plan Marshall, que rescató al continente europeo del hambre, la inseguridad y la miseria y forjó la alianza más exitosa de la historia, la alianza transatlántica, Washington formalizó ese relevo pacífico de poder imperial, diseñando y luego sosteniendo con sus recursos el orden político, económico y militar mundial que conocemos.

Pero ahora, estos dos hegemones, el británico y el americano, que algunos han calificado de “benignos” (más que nada en comparación a otros competidores como la URSS o la Alemania nazi, y no obstante el escepticismo de Gandhi sobre el empeño de Occidente en denominar el imperialismo como “civilización”), están adoptando un rumbo aislacionista en lo político, proteccionista en lo económico, y xenófobo en lo identitario y cultural, cuestionando los elementos fundacionales del orden global que tanto la pax britannica como la pax americana han compartido y articulado.

Lo paradójico es que tanto EE UU como Reino Unido tienen a su favor todos los elementos para seguir sosteniendo un orden multilateral liberal y beneficiarse de él con creces, como han hecho hasta ahora. Frente a las quejas que nos trasladan respecto a integración económica o la inmigración, lo cierto es que los dos países han superado la crisis de 2008 más rápido que sus rivales y, además, son un referente tanto en la integración de inmigrantes como en el fomento de la diversidad cultural y la tolerancia religiosa. Pese a los lamentos de Trump y de los partidarios del Brexit, sus países viven, en comparación a otros, y en comparación a otros periodos de su historia, una época dorada. Que los países más dinámicos, abiertos y exitosos tiren la toalla de la globalización no deja de resultar sorprendente de hasta qué punto vivimos una enorme anomalía histórica.

No sería, sin embargo, la primera vez en la historia que un imperio se suicidara. Entre 1405 y 1433, la marina imperial china, bajo el mando del almirante Zheng He, se paseó por todos los mares de Asia y África Oriental. La dinastía Qing fue capaz de organizar expediciones de hasta 300 barcos (algunos de 120 metros de eslora en una época en la que la Santa María de Colón solo tenía 26 metros) y decenas de miles de marinos. Pero a la muerte del emperador Yongle, justo coincidiendo con la época en la que los navegantes portugueses comenzaban a surcar los mares, sus sucesores decidieron poner fin a dichas expediciones, iniciando un largo periodo de aislamiento que cortaría el acceso de China a conocimientos y mercados claves en un momento crucial para su desarrollo, dejando al país en una situación de debilidad que posteriormente permitiría a Occidente doblegarla fácilmente y obligarle a abrir sus mercados. Que mientras Trump y May anuncian su intención de marcharse, el presidente chino, Xi Jinping, defienda la globalización desde el atril de Davos ofrece una pista muy clara sobre la profundidad del relevo de poder al que estamos asistiendo y vamos a ver profundizar.

Vivimos, a unos les gusta y a otros les pesa, en un mundo anglosajón. Esa cultura, o civilización, para quien quiera usar tal término, ha generado las dos instituciones que definen nuestro modo de vida: la democracia representativa y la economía de mercado. Las dos se derivan de una filosofía política, el liberalismo, en cuyo desarrollo el pensamiento anglosajón, desde John Locke en el siglo XVII a John Rawls en el siglo XX, ha tenido un papel esencial. Desde el catálogo de derechos arrancados en la Magna Carta por los nobles británicos a Juan sin Tierra en Runnymede en 1215 a la Declaración de Independencia proclamada en Filadelfia en 1776, pasando por la rebelión de Cromwell y el Parlamento contra el absolutista Carlos I durante la Revolución Inglesa, los hitos que jalonan el largo (aunque todavía incompleto) camino de la humanidad hacia la libertad son en gran medida anglosajones.

Un contraste despiadado el que se perfila entre todo aquello que debemos al liberalismo anglosajón y esa fotografía de diciembre pasado en la que dos sonrientes Trump y Farage posan ante el indescriptiblemente feo ascensor de la torre Trump de Nueva York, una instantánea que captura magistralmente el fin de época que parecemos estar viviendo. Duele convalidar la capacidad predictiva de un personaje tan repugnante como Nigel Farage, pero hay que reconocer que la pesadilla global que inauguramos hoy con la toma de posesión de Donald Trump comenzó a representarse ante nuestros ojos como verosímil cuando Farage, abanderado del movimiento para la salida de Reino Unido de la UE, predijo que la victoria de los partidarios del Brexit en el referéndum celebrado el pasado mes de junio no era sino un ensayo a escala europea de lo que habría de acontecer globalmente cuando Trump fuera elegido para la presidencia de Estados Unidos. Y así parece ser. El ensayo general ha acabado. Ahora sube el telón y comienza la obra de verdad.

El País, enero 20, 2017

http://elpais.com/elpais/2017/01/16/opinion/1484595953_620288.html

I.- Lo electoral en la agenda política de la Asamblea Nacional

Cuando la Asamblea Nacional declaró el 13 de diciembre de 2016 la responsabilidad política del Presidente y luego el 9 de enero de 2017 el abandono de las funciones del presidente Nicolás Maduro, entre sus argumentos estuvo la suspensión de la recolección de firmas para el 20% necesario para activar el referendo revocatorio y luego la justificación que el Presidente ha pretendido hacer para diferir el proceso comicial regional.

Durante el año 2016 la Asamblea ha dedicado 3 acuerdos políticos exclusivamente al tema electoral, motivado sin duda alguna por la realidad política del país, el primero fue el 11 de agosto de 2016, el mismo tuvo unos 7 considerandos y 7 acuerdos; el segundo fue el 4 de octubre de 2016, el mismo tuvo 16 considerandos y 8 acuerdos; por último el Acuerdo del 15 de diciembre de 2016 que contiene 12 considerandos y 5 acuerdos.

II.- La Asamblea Nacional levanta su voz institucional para reclamar cronograma electoral

A través del acuerdo para el emplazamiento al poder electoral por los cronogramas de las elecciones regionales y el referendo revocatorio, aprobado el 11 de agosto de 2016, la Asamblea Nacional expresa públicamente:

-Que el desarrollo de los procesos electorales son un derecho fundamental y consustancial con la democracia,

-Que ese desarrollo representa la garantía del ejercicio efectivo de la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

-Que es obligación indeclinable del CNE de favorecer el desarrollo de procesos electorales, consultas y referendos. Sin obstaculizar ni dilatar ese ejercicio.

-Que el CNE es responsable de garantizar el ejercicio democrático de los derechos ciudadanos.

Además, la Asamblea Nacional, nos remite al artículo 62 de la Constitución para recordarnos que el Estado y la sociedad están obligados a facilitar la generación de condiciones más favorables para la práctica de los derechos políticos de todos los ciudadanos.

En ese acuerdo de agosto la Asamblea Nacional reclama el incumplimiento de los plazos constitucionales y reglamentarios, destacando que tal situación compromete la responsabilidad del CNE por no ajustar su actuación al mandato constitucional y advierte que tal situación podría llegar a comprometer penalmente a los rectores.

Así mismo cuestiona en primer lugar, que se haya vencido el lapso que el propio CNE estableció en su normativa para tramitación de la iniciativa del referendo revocatorio del mandato del Presidente de la República; y en segundo lugar, que el CNE no haya presentado aún el cronograma para las elecciones regionales.

Esos argumentos sirvieron de fundamento para que los diputados acordaran los siguientes:

-Exigir a la Presidenta del CNE a que asuma su obligación constitucional de generar condiciones favorables para el ejercicio del derecho fundamental a la participación política a través del referendo revocatorio.

-Emplazar al CNE para que formule y publique sin dilaciones indebidas, el cronograma electoral del referendo revocatorio y de las elecciones regionales.

-Instar a la Defensoría a velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos políticos.

-Instar al Ministerio Público a intentar las acciones que corresponda para hacer efectiva la eventual responsabilidad legal en la que han incurrido los miembros del directorio del CNE por obstaculizar el ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos.

-Instar a organizaciones internacionales para que se pronuncien en este tema.

III.- La Asamblea hace un llamado a respetar el orden constitucional en materia electoral

Un segundo documento político se aprobó el 4 de octubre de 2016 y se tituló: Acuerdo sobre el derecho de los venezolanos a que se respete la constitución y tener el referendo revocatorio y las elecciones regionales en el 2016 en el cual la Asamblea Nacional de manera categórica recordó al CNE y a la sociedad en general lo siguiente:

-La obligación del CNE de actuar constitucionalmente bajo los principios de confiabilidad, imparcialidad, transparencia, celeridad y eficiencia, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticos de los electores.

-La buena fe y la convicción democrática que ha demostrado la oposición y los electores, cuando en cada proceso electoral que ha correspondido, se han sometido a las normas dictadas por el CNE, aun cuando las mismas, han limitado y condicionado el ejercicio del derecho a revocar el mandato.

En ese Acuerdo de octubre la Asamblea Nacional reclamó la omisión en la cual ha incurrido el CNE al no responder oportunamente a la solicitud de convocatoria del referendo revocatorio del mandato de Presidente de la República, destacando en varios considerandos las dilaciones y omisiones en que ha incurrido el CNE.

Además cuestionó que en las declaraciones públicas la Presidenta y rectoras del CNE se han expresado de una forma tal que atentan contra los derechos políticos del electorado.

En el texto hace comparación con los procesos referendarios del 2007 y 2008, intentando valorarla intencionalidad del CNE de impulsar u obstaculizar el proceso referendario solicitado en el 2016, que ya sabemos no se realizó.

La Asamblea Nacional advirtió y dejó muy claro en su documento político que el CNE se convertía en un actor clave, responsable de la paz y de la estabilidad política del país, y reconocía que en esta materia se está agotando la paciencia de un pueblo.

Expresamente en el Acuerdo los diputados asumen la responsabilidad de exhortar al CNE a que cumpla con la presentación de un cronograma para las elecciones regionales con el fin de realizarlas en el mes de diciembre 2016.

Esos argumentos llevaron a los diputados a los siguientes acuerdos:

-Exigir al CNE que anuncie los centros electorales habilitados para la recolección del 20% del electorado para el referendo.

-Exigir que se publique el cronograma completo de convocatoria y celebración del referendo. Así mismo exige el cronograma para las elecciones regionales.

En ese Acuerdo la Asamblea nuevamente solicita a la Defensoría del Pueblo a velar por el efectivo respeto y garantía a los derechos políticos y a instancias internacionales a observar la situación y a pronunciarse en consecuencia.

Por último, en ese Acuerdo se estableció el compromiso de la Asamblea Nacional en remitir el texto del mismo al TSJ para que se pronuncie sobre la responsabilidad de las rectoras.

IV- La Asamblea Nacional reclama la violación de los derechos políticos

Un último acuerdo aborda en su título el contenido del mismo, se llamó: Acuerdo sobre la violación de los derechos políticos y crisis del sistema electoral, aprobado el 15 de diciembre de 2016.

Ese acuerdo inició con el reconocimiento de algunos principios básicos a saber:

-El principio de la Supremacía Constitucional.

-El valor en Venezuela de los tratados internacionales.

-La obligación de los órganos del Estado en permitir y garantizar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos políticos.

La Asamblea Nacional recordó en el acuerdo que para toda democracia, es indispensable que su actuación se sostenga en los principios de eficiencia, transparencia y equidad en las instituciones públicas, así como también se hace necesario una cultura que acepte la legitimidad de la oposición política, reconozca y abogue por los derechos todos.

Así mismo recordó en su contenido la misión y objetivo del Poder Electoral.

En ese acuerdo la Asamblea Nacional denunció:

-Que el Poder Electoral violó los derechos políticos de manera sistemática y ha obstaculizado los trámites para el referendo revocatorio, y también ha obviado la obligación de organizar y celebrar de manera oportuna las elecciones regiones.

-Que el Poder Judicial desatendió su rol de garante de la vigencia y goce efectivo de esos derechos político.

-Que la SALA Constitucional procedió arbitrariamente y sin fundamento a elegir a las rectoras principales del CNE.

-Que el Poder Judicial ha actuado como cómplice del Ejecutivo y del poder electoral en la violación de los derechos políticos, hasta ahora el CNE y el TSJ, han procurado buscar argumentos para negar el derecho a los venezolanos a ejercer la soberanía y los derechos políticos.

-Que la Sala Constitucional desconoce y usurpa las atribuciones que la Constitución confiere a las Universales nacionales, respecto a la postulación de candidatos, así como las funciones del Comité de Postulaciones Electorales y de la Asamblea Nacional en el proceso de designación de los nuevos rectores.

En sus considerandos, la Asamblea identifica en el Acuerdo varias sentencias a través de las cuales se ha vulnerado el derecho político de los ciudadanos y alerta que no hay garantía de acceso a los órganos de administración de justicia, ante quienes solicitar la tutela judicial de ese derecho político.

Con esos argumentos la Asamblea Nacional cierra su Acuerdo rechazando la usurpación de funciones y calificando de írrita la sentencia del 13 de diciembre del TSJ que designa a los rectores del CNE.

En el acuerdo se nos reitera que la Asamblea Nacional aprobó el informe final presentado por la Comité de Postulaciones Electorales el 5 de dic de 2016 y se acordó la designación de una Comisión Especial para reivindicar los derechos políticos y electorales de los Venezolanos que proceda a activar las denuncias que sean necesarias e iniciar los procesos que sean viables por violación de derechos políticos y libertades fundamentales. Esa Comisión está conformada por 5 diputados.

V.-El voto como herramienta encuentra a la Conferencia Episcopal con la Asamblea Nacional

El 9 de enero de 2017 cuando la Asamblea Nacional aprobó el Acuerdo sobre el abandono de funciones constitucionales de la Presidencia de la República en que ha incurrido el ciudadano Nicolás Maduro Moros, expresó que “la única forma de resolver los graves problemas que aquejan al país y de contener el desmantelamiento de las instituciones republicanas es devolver el poder al pueblo de Venezuela y, por lo tanto, convocar a la celebración de elecciones libres y plurales.”

La omisión del CNE en publicar el cronograma electoral y claramente de haber violentado la Constitución extendiendo el período de los Gobernadores de manera unilateral, llevó a un nuevo Acuerdo aprobado el 19 de enero de 2017 a través del cual la Asamblea Nacional reiteró la necesaria vigencia del derecho al voto de los venezolanos.

Por su parte la Conferencia Episcopal Venezolana en su Exhortación Pastoral Jesucristo Luz y camino para Venezuela aprobada el 13 de enero de 2017, expresa como una de esas luces para construir una nueva Venezuela la necesidad de contar con un cronograma electoral.En tal sentido la Exhortación dice:

“Tal y como lo declaramos en el Mensaje de la Asamblea Conjunta con los Laicos (08-09/01/17) estimamos que el pueblo clama por un cambio profundo de orientación política del país que sea producto de la decisión del pueblo soberano (CRBV 5): o el socialismo del Siglo XXI, ausente de la Constitución, o el sistema democrático establecido en la Constitución. El país exige un itinerario electoral, tal y como se acordó en la Mesa de Diálogo.”

En conclusión el voto es visto por ambos actores como una herramienta necesaria en la solución del conflicto político, económico y social que hoy sufre Venezuela.

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Fuentes:

Asamblea Nacional. Acuerdos. Recuperados el 15 de enero 2017. Online en: http://www.asambleanacional.gob.ve/documento/show2/id/58

Conferencia Episcopal Venezolana. Exhortación Pastoral: Jesucristo Luz y camino para Venezuela. Centésima Séptima Asamblea Plenaria Ordinaria del Episcopado Venezolano. 13 de enero 2017.

19 de enero 2017

https://estado-ley-democracia.blogspot.com/2017/01/los-acuerdos-politico...