El poder se equivoca. Y en el caso de nuestro país, mucho y muy seguido, ahora y siempre, de modo que para poder convivir con sus inevitables equívocos existen medios jurídicos para que el Estado corrija sus entuertos.

Evidentemente estas correcciones no pueden hacerse de cualquier modo, y menos al libre albedrío de quien toma la decisión, pues esta facultad de enmienda no puede convertirse en otro medio de abuso a los derechos de los ciudadanos.

Por ello hemos de aclarar, sin embargo, que la manera de hacerlo es diferente si se trata de actos en ejecución directa de la constitución o si se trata de actos sublegales. En este último supuesto, si el acto no generó derechos, la Administración, de acuerdo con el artículo 82 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA), puede revocarlo en cualquier momento. En el caso de que haya generado derechos, la jurisprudencia ha establecido que luego de un procedimiento donde intervengan los involucrados, la Administración puede también revocar el acto siempre que el mismo adolezca de un vicio de nulidad absoluta.

El caso de los actos constitucionales es diferente, pues al haber muchos tipos de ellos (leyes, acuerdos, nombramientos, convocatoria a referendos, entre otros) ejecutados por diversos poderes, la Constitución no estableció un procedimiento único para la revocación de estos actos, pero sí estableció un principio que rige para todos en su artículo 25 que al efecto indica: “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo…”. De este modo entonces, que el parámetro básico para que cualquier poder declare la nulidad de un acto es la existencia de una violación a los derechos de los ciudadanos.

En los casos de nombramientos de funcionarios, por ejemplo, puede alegarse que no existe más afectado que el designado, pero ello no es así en la medida en que si para obtener el nombramiento esa persona mintió o forjó documentos; se afectan los derechos de los ciudadanos que se pueden ver perturbados por las decisiones de un funcionario electo fraudulentamente.

De ahí que para los diversos cargos existan diferentes procedimientos que otorguen legitimidad al funcionario. En el caso del Presidente de la República, por ejemplo, se debe cumplir con diversos requisitos previos como ser venezolano por nacimiento y ser escogido en elecciones libres y democráticas. En el supuesto del Defensor y del Fiscal, mediante la elección a través de la Asamblea Nacional, cumpliendo también esos requisitos previos, y así sucesivamente. En tales situaciones, la verificación del procedimiento constitucional para el nombramiento no es algo de mera forma sino que por el contrario es una garantía para los ciudadanos de que los funcionarios son designados de acuerdo con los principios constitucionales y democráticos.

El caso de los Magistrados designados en diciembre de 2015

Ahora llegamos al caso de los Magistrados del Tribunal Supremo nombrados en diciembre del año pasado, con unas prisas dignas de mejores y más apremiantes causas. Como lo ha indicado Acceso a la Justicia con anterioridad, ese procedimiento estuvo plagado de violaciones a la Constitución en todos y cada uno de sus pasos. Además, y más grave aún, los candidatos finalmente designados no cumplían tampoco con los requisitos que la Constitución establece. Por ello, la nueva Asamblea Nacional nombró el 7 de junio una Comisión especial para que estudiara el caso, y la misma presentó su informe el pasado 7 de julio. En ese informe se recomendó “dejar sin efectos” todos los actos del procedimiento de selección de magistrados realizado el año pasado y, como consecuencia de ello, proceder al nombramiento de un nuevo Comité de Postulaciones para elegir a los magistrados que sustituirían a los designados por el procedimiento antes mencionado.

Como es sabido, el pasado jueves 14 de julio ese informe fue presentado en la Plenaria y aprobado por la mayoría de la Cámara. A partir de esa decisión se han expresado diversas opiniones que, intencionadamente o no, la han calificado de diversas maneras. Así, se ha dicho que lo decidido por la Asamblea es una violación a la Constitución, porque el procedimiento para destituir a los Magistrados es otro, y por supuesto no podía faltar quien ha calificado lo decidido por la Asamblea como golpista o “carmonada” y que “Sólo a través del artículo 265 se puede revocar a un magistrado y si lo pide el Consejo Moral Republicano”.

¿Qué ha dicho el TSJ sobre la revocatoria del nombramiento de los Magistrados?

Del mismo modo, la Sala Constitucional, mediante sentencia Nº 9 del 1º de marzo de este año, declaró que la Asamblea Nacional “no está legitimada para revisar, anular, revocar o de cualquier forma dejar sin efecto el proceso interinstitucional de designación de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia”, ya que, “además de no estar previsto en la Constitución y atentar contra el equilibrio entre Poderes, ello sería tanto como remover a los magistrados y magistradas sin tener la mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, sin audiencia concedida al interesado o interesada, y en casos de -supuestas- faltas graves no calificadas por el Poder Ciudadano, al margen de la ley y de la Constitución”.

Hemos de acotar que tres de los magistrados de la Sala Constitucional actual fueron electos en el proceso que culminó en diciembre del año pasado y, por lo mismo, deben inhibirse en cualquier juicio relacionado con ellos, pues están directamente interesados en sus resultas. Eso no ocurrió en esa decisión, lo que dice mucho de estos funcionarios y de su apego a los más elementales principios del derecho.

Ante esta postura tan opuesta a la tomada por la Asamblea, es importante tener los conceptos claros: lo primero que debe decirse es que no se trata de una destitución, ni de una remoción, pues ello sólo puede ocurrir por la comisión de una falta en el ejercicio del cargo, es decir, por razones posteriores a la designación. Por el contrario, la revocación del proceso de nombramiento es de naturaleza diferente, ya que está vinculada con las circunstancias anteriores a la designación, y tiene que ver con la conformación de la voluntad de quien elige; a tal efecto, de lo que se trata es de probar que esa voluntad no estuvo viciada, sea porque se le engañó o sea porque quien decidió manipuló el proceso para que fuera nombrado alguien al margen de las normas constitucionales. En ambas situaciones el elemento común es el mismo: evadir las normas para obtener un resultado contrario al fin de estas.

Recordemos además que los procedimientos constitucionales tienen como finalidad el nombramiento de magistrados calificados profesionalmente y, sobre todo, imparciales e independientes. Con seguridad, allí encontraremos las razones por las que no se siguen las normas de la Constitución. Obviamente lo que pasó en diciembre de 2015 no fue un capricho.

No se trata entonces de una destitución y por ello no procede el proceso previsto en el artículo 265 de la Constitución, como en cambio se exige en la sentencia antes mencionada donde, previa calificación del Poder Moral y audiencia al interesado, la Asamblea puede remover a los Magistrados, puesto que no se trata de juzgar actos en el ejercicio del cargo sino de calificar los vicios ocurridos en el procedimiento que llevó a su nombramiento.

Lo expuesto también explica otro argumento que se ha utilizado en contra de esta decisión: que no se puede revocar a los magistrados sin darles derecho a la defensa y siguiendo el debido proceso. En este supuesto ello no aplica, por cuanto al tratarse de vicios cometidos durante el proceso de nombramiento, los posteriormente nombrados no pueden participar pues no estuvieron involucrados en las faltas cometidas por quien tomó la decisión; siendo así, quien debe revisar el acto es quien lo dictó, en este caso la Asamblea Nacional. De modo entonces que al no estarse investigando a los magistrados sino a quien los nombró, estos no tenían por qué tener participación alguna en el correspondiente proceso de revisión.

La predecible e inevitable sentencia del TSJ sobre lo decidido por la Asamblea

El criterio antes expuesto fue ratificado en la muy reciente decisión N° 614 de la Sala Constitucional, del 19 de julio, en donde para sorpresa de nadie se reiteró que la Asamblea solo puede destituir a los magistrados de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 265 de la Constitución que ya hemos descrito, confundiendo de nuevo las causas con las consecuencias, pues no se trata de una remoción sino de la nulidad de los actos previos al nombramiento.

Además de reiterar lo dicho en la sentencia del 9 de marzo antes citada, se agrega también que tampoco se cumplió con las disposiciones de la sentencia Nº 269 del 21 de abril de 2016 en donde la Sala, tomando un recurso contra el Reglamento Interior y de Debates reformado en el 2010, inconstitucionalmente impuso límites a la actuación de la Asamblea al punto de indicarle cómo y con cuanta anticipación debían pautarse las agendas de lo que puede discutir la Plenaria, y como esas disposiciones no fueron cumplidas por la Asamblea, entonces la aprobación del informe también sería nula porque la agenda debe pautarse con 48 horas de anticipación y no puede ser cambiada.

Hemos de recordar que precisamente ese reglamento, ahora declarado inconstitucional, fue usado impunemente por la Asamblea anterior, contando con el silencio cómplice del TSJ al que ahora no le parece que sea aplicable a esta Asamblea.

También dice la sentencia que no se podría permitir la declaratoria de nulidad del procedimiento de nombramiento de los magistrados porque ello implicaría en la práctica la paralización de la justicia, y “el Texto Fundamental tampoco contempla la paralización del Poder Judicial, cuya función cardinal es Administrar Justicia, lo que resultaría al consumarse la declaratoria de “dejar sin efectos” el proceso de selección y designación de los Magistrados”. Esto es particularmente sorprendente de un Tribunal Supremo y de un Poder Judicial que durante meses, este año, dio menos días de despacho a la semana, y que permite que los tribunales penales que conocen casos de presos políticos pasen meses sin dar despacho, perjudicando tanto a estos como a los demás privados de libertad que tengan la mala suerte de contar con el mismo tribunal que los primeros.

Esta decisión no dice nada nuevo, sino que reitera los criterios antes mencionados, pero de ella debemos destacar un elemento fundamental como lo es el hecho de que lo decidido por la Asamblea afecta directa y personalmente a tres magistrados de la Sala Constitucional que debieron inhibirse en este caso y no lo hicieron. Cualquiera sabe que nadie puede ser juez y parte.

Contra esto puede argüirse que la sentencia, coincidentemente, no fue firmada por esos tres magistrados, pero ello no evade el hecho de que la sentencia fue dictada en nombre de la Sala de la que forman parte y, sobre todo, no los exime de responsabilidad por no inhibirse en un caso en donde se les señala con nombres y apellidos. Ello implica una violación flagrante al derecho al debido proceso.

Esta grosera violación de un principio jurídico básico dice más que cualquiera de las muchas otras observaciones que pueden hacerse sobre este fallo.

El curioso caso del Magistrado Franklin Arrieche

Llama mucho la atención la frágil memoria de la Sala Constitucional y de los diputados oficialistas sobre lo que ocurrió con el Magistrado Franklin Arrieche. Resulta que el nombramiento de este funcionario fue revocado no una, sino dos veces por la Asamblea Nacional cuando la misma contaba con una mayoría de miembros del PSUV.

Así es, mediante acuerdo publicado en la Gaceta Oficial Nº 37.584 del 4 de diciembre de 2002, se indica que el 3 de diciembre de 2002 se aprobó el Informe presentado por una Comisión Especial para investigar “las presuntas irregularidades cometidas por Magistrados del Tribunal Supremo” y al efecto decidió “declarar la nulidad del acto mediante el cual se designó” al Magistrado Arrieche por no “cumplir con los extremos que le exige el artículo 263 numeral 3” de la Constitución.

Contra esa decisión, el Magistrado Arrieche presentó un recurso de amparo con medida cautelar de suspensión de efectos, siendo esta última acordada mediante sentencia Nº 2168 del 10 de diciembre de 2002, es decir, 4 días después de ser interpuesto el recurso. Ello trajo como consecuencia el mantenimiento del magistrado en su puesto, pero no por mucho, ya que el 16 de junio de 2004 salió publicado en la Gaceta Oficial Nº 37961 un nuevo Acuerdo de la Asamblea Nacional en el que, invocando el numeral 4 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, decidió “anular el acto mediante el cual esta Asamblea Nacional designó al Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, ciudadano Franklin Arrieche” y la razón de ello era el “haber suministrado falsa información para el momento de la aceptación de su postulación”.

Ante esta última decisión, el todavía Magistrado solicitó que la suspensión de efectos se extendiera también a esta decisión, pero en esta oportunidad, la Sala cambió de opinión y no lo hizo, y además declaró inadmisible el amparo cerrando el caso (Sentencia Nº 1205 del 22 de junio de 2004). Hemos de indicar que hasta allí llegó la celeridad en decidir de la Sala Constitucional sobre el magistrado Arrieche, ya que este presentó en el mismo 2004 un recurso de nulidad por inconstitucionalidad de ese Acuerdo, y según consta en las cuentas de la Sala Constitucional hasta diciembre del año pasado, es decir, 11 años después, ni siquiera había sido admitido.

Tenemos entonces, que existe un precedente claro por parte de la Sala Constitucional, donde la misma conoció una revocatoria del nombramiento de un magistrado y nunca expresó que ello era ilegal o inconstitucional, teniendo la oportunidad para decirlo cuando otorgó la medida cautelar a favor del Magistrado Arrieche. Por eso llama la atención que ahora diga que no es así, porque si es inconstitucional la revocatoria de los magistrados electos en diciembre de 2015, la del magistrado Arrieche también lo sería, y ello implicaría que todas las decisiones que tomó quien le sucedió en el cargo puedan ser anuladas, tanto en su condición de miembro de la Sala de Casación Civil como de la Sala Plena del Tribunal Supremo.

Este caso pone en evidencia las continuas contradicciones que se presentan con tal de satisfacer las pretensiones del poder cuando se decide algo.

No puede ser que cuando convenga al Ejecutivo el Tribunal Supremo diga que la Asamblea sí pueda declarar la nulidad de un nombramiento, pero cuando no sea así, entonces no. Otra evidencia de la necesidad de tener un poder judicial imparcial que no cambie de parecer como una veleta ante los vientos del poder.

Concluyendo entonces, podemos decir que lo decidido por la Asamblea no es más que el ejercicio de la potestad que tiene todo órgano del poder público de revisar sus actos y, al hacerlo y encontrarlos viciados de nulidad, como ocurrió en este caso, declararla y dejar sin efectos las consecuencias de esos actos contrarios a derecho. Por ello, no se trata de una destitución o remoción sino de la declaración, basada en las múltiples violaciones al procedimiento constitucional que hubo, de que todos los actos previos al nombramiento de los magistrados son nulos, siendo nulas también sus consecuencias. Si en nada quedan las causas, en nada quedan sus derivados, y la nada engendra la nada.​

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Estados Unidos de América siempre ha sido un polo de atracción para los latinoamericanos, en especial para los mexicanos y centroamericanos. De unos 15 años para acá, también es la meta deseada por cientos de miles de venezolanos de clase media alta y baja. El contraste es brutal entre nuestro país y la gran nación del norte. Aeropuertos enormes y relucientes reciben al viajero venezolano. Al salir a la calle encuentra grandes avenidas y autopistas, llenas de vehículos nuevos de todas las marcas, con gente que respeta las leyes de tránsito y los semáforos, rodeado de verdor por la grama bien mantenida y por el paisajismo siempre renovado, especialmente si llega Florida. Cuando arriba a la casa de un familiar o amigo, que lo recibe en sus primeros pasos, se da cuenta de que no están preocupados por la inseguridad, hasta dejan las puertas sin trancar. En el automercado queda tan extasiado ante tantos productos de todos los tamaños, colores, marcas, que no sabe por dónde empezar. Casi llora de la emoción y de la tristeza al comprobar que todavía existen supermercados abundantes y al recordar los de nuestro país, vacíos, abandonados, casi muertos.

A través de la internet comprueba el viajero que la crisis de 2009, la gran recesión que siguió al estallido de la burbuja inmobiliaria, ha sido conjugada en gran medida, aunque todavía se sientan algunos coletazos. El desempleo está en 4,9%, los indicadores financieros como el Dow Jones han alcanzado records históricos, Estados Unidos no ha vivido una gran guerra en estos últimos 8 años. Se siente confortado y dispuesto a batallar para vivir el sueño americano. Pase lo que pase, aunque sea muy difícil, está decidido a no volver a Venezuela, a su país surrealista, lleno de colas interminables para comprar alimentos y medicinas, donde no le alcanzan para vivir los pocos miles de bolívares que gana porque lo que costaba Bs 500 la semana pasada hoy cuesta Bs. 1.200, y donde un antiguo chofer de autobús, colombiano de origen al parecer, maneja el país con una desidia e ignorancia asombrosa.

Y entonces sucede la convención del partido republicano para nominar a Trump como su candidato. Una convención desordenada y caótica, con discursos de toda la familia de Trump, uno de los cuales pronunciado por Melania, su esposa, contiene en varios párrafos un plagio descarado del discurso de Michelle Obama en la convención demócrata de 2008. Con la ausencia de toda la familia Bush, a

la cual pertenecen los dos presidentes republicanos anteriores, de los candidatos republicanos en las dos elecciones anteriores, Rommney y McCain, de decenas de senadores republicanos, y con un discurso de Ted Cruz, contrincante de Trump en las primarias, en el que finalmente no le da su respaldo. Es como si en Venezuela en 1975 no hubieran asistido a un congreso de Acción Democrática, Rómulo Betancourt, Carlos Andrés Perez, Gonzalo Barrios y Jaime Lusinchi. Toda la semana dedicada a hablar mal de Hillary, burlarse de ella y pedir que sea apresada. Parece una convención electoral de cualquier país del tercer mundo.

Y entonces viene la guinda de la torta: el discurso de aceptación de Trump.

Un discurso donde pinta un país desconocido, un país oscuro y desesperado, en ruinas, con violencia en las calles, humillado internacionalmente, con las familias destrozadas. Dice Trump: “Este es el legado de Hillary Clinton: muerte, destrucción, y debilidad”. Durante un año, el período de las primarias, su

mensaje ha estado cargado de ira y odio, de miedo. Contra los inmigrantes, contra los musulmanes. Contrario a muchos principios republicanos, como el capitalismo global y los acuerdos de libre comercio con distintos países. Demagógico y populista. Nacionalista y aislacionista. Donde él se presenta como el salvador, el hombre fuerte que va a solucionar todo con la fuerza de su carácter y su decisión.

En su discurso, Trump va presentando datos y números apocalípticos, ignorando adrede cualquier estadística positiva. El viajero confundido revisa la prensa para comprobar si lo que dice Trump es cierto. En el Washington Post lee que muchos de esos datos y números son manipulados, tomados fuera del contexto o equivocados. En una sección llamada Fact-Checker de ese mismo periódico, en

la que se contrastan las afirmaciones y datos presentados por los políticos con la realidad comprobable, encuentra por qué ese prestigioso diario afirma que el discurso de Trump está plagado de inconsistencias, exageraciones y equivocaciones.

Sobre la creciente violencia en las calles, Trump se olvida de que la tasa de criminalidad ha disminuido a la mitad desde el pico alcanzado en 1991.

La inmigración ilegal aumentó de 4 millones en 1990 a 12 millones en 2009, casi toda antes de Obama. En cambio, entre 2009 y 2014 se puede decir que la entrada neta de inmigrantes ilegales es cero, porque ha habido una compensación entre los que entraron y los que se fueron debido a la recesión económica. Este dato contradice la afirmación de Trump de que ha habido una inmigración masiva en los últimos años.

Trump dice que 58% de la población negra joven está desempleada cuando en verdad esa cifra es la mitad.

Trump dijo que se firmó el acuerdo con Irán que le costó a Estados Unidos

$150.000 millones sin recibir nada a cambio. Ese dinero no es sacado de los contribuyentes norteamericanos sino que era el dinero de Iran que estaba congelado por las sanciones económicas anteriores. Y en realidad parecen ser solo $32.000 millones. Pero con eso se logró congelar por 10 años la producción de bombas atómicas por Irán.

Afirmó que Bill Clinton firmó el tratado, llamado aquí Nafta, con Mexico y Canadá, lo que no es cierto porque ese tratado fue negociado y firmado por George H. W. Bush, el padre de George W. Bush. Además fue aprobado por un mayor número de senadores y representantes republicanos que demócratas.

Y así sucesivamente.

Entonces, aquel, que a su llegada se había maravillado del orden, la belleza, la seguridad, la opulencia en algunos casos, de Estados Unidos, que comprendió luego que no todo era felicidad, eficiencia y corrección sino que había muchos problemas por solucionar, pero que al final el balance era muy positivo, sobre todo al compararlo con sus país de origen, piensa: caramba, el candidato de un partido tan serio y responsable como el republicano, por lo menos hasta hoy, me dice que lo que yo he visto y observado con mis propios ojos no es cierto. Que este país es en realidad un desastre, inseguro, infeliz, amenazado por los inmigrantes mexicanos y musulmanes, con una infraestructura a punto de derrumbarse, manejado por un presidente negro que ha contribuido a aumentar la división y el racismo.

Y lo que más le llama la atención es que Trump con ese discurso airado, lleno de insultos y mentiras, provocador, haya ganado la nominación presidencial contra otros 16 candidatos, y que pueda ganar la presidencia porque sus números están muy cerca de los de Hillary, según la mayoría de las encuestadoras. Al parecer hay en este país mucha gente molesta, insatisfecha, airada, sobre todo gente blanca, protestante y anglosajona que está dispuesta a seguir a Trump. No entiende cómo Trump que es un multimillonario (según Forbes tiene una fortuna cercana a los $4.500 millones), dueño de casinos, campos de golf y hoteles, se presente como el salvador de la clase media depauperada de Estados Unidos.

Esperará la convención demócrata para ver si Hillary Clinton tiene una visión más positiva del país y si, además, tiene la fuerza moral y política suficiente para superar en noviembre al inesperado y temido candidato republicano.

Es una verdad de Perogrullo que la economía se ajusta continuamente a sus circunstancias. El principal mecanismo de ajuste, como aprenden quienes inician sus estudios en esta disciplina, es el sistema de precios. Las políticas públicas afectan la forma en que opera este sistema y pueden aliviar o acentuar las restricciones que acotan el desenvolvimiento económico. La forma en que el gobierno incide determinará la bondad o el daño del ajuste: podrá optimizar el uso de los recursos, siempre limitados, aumentando el producto y contribuyendo con el asentamiento de instituciones que propicien que su usufructo sea socialmente justo, o podrá intervenir el sistema de precios, distorsionando la asignación de recursos y desplazando la inversión productiva por la especulación, a la vez que reparte el producto social por mecanismos no mercantiles que fomentan corruptelas.

Lo insólito del caso venezolano es que Maduro pretende hacernos creer que su gobierno no está “ajustando” la economía. Para él, la palabra “ajuste” forma parte de su arsenal de guerra. Vendría siendo, según él, la cabeza de proa de supuestos intereses foráneos que buscan someter la economía venezolana a sus intereses. ¡Qué nada se interponga al manejo discrecional del país por parte de los “revolucionarios” quienes, por antonomasia, representamos al pueblo!

Durante los catorce años del gobierno de Chávez el ingreso per cápita por exportación de petróleo se incrementó en más de un 500%. La “revolución” aprovechó la bonanza para afianzar los objetivos políticos del Presidente, acosando a la economía doméstica con restricciones y controles de precio que redundaron en un ajuste distorsionado y muy ineficiente. Las importaciones, más que se triplicaron por cada venezolano durante ese lapso y, para finales de 2015, la producción manufacturera por habitante era un 23% menor a la de 1998 y la agrícola había caído en un 7%. El ajuste chavista, de muy baja calidad, nos hizo mucho más vulnerables a los vaivenes del mercado petrolero mundial, pero mientras su precio rondaba los $100 por barril, no mostraba sus costuras.

Maduro ha mantenido el esquema destructivo anterior, salvo que ahora se ha visto obligado, adicionalmente, a ajustarse a la reducción drástica del ingreso externo. En absoluto se ha propuesto superar este cerco reactivando el aparato productivo doméstico a través del desmantelamiento del sistema de regulaciones y de controles de precio (y de cambio), que hoy asfixian su quehacer. Tampoco atiende a la caída brutal en la capacidad adquisitiva de la población, tomando las medidas imprescindibles para aplacar la altísima inflación, la más alta del mundo. Lo que ha hecho es rezagar el ajuste en los salarios, con lo que ha evitado hasta ahora que se dispare una hiperinflación, pero a costa del empobrecimiento brutal de los trabajadores.

Su interés ha sido privilegiar el pago de la deuda pública externa, para lo cual ha contraído las importaciones violentamente, agravando aún más el desabastecimiento interno, con su trágica secuela de colas insufribles en busca de alimentos regulados, malnutrición y muertes evitables si se pudiera producir o importar libremente medicamentos y equipos médicos. Pone al Ministro de la Defensa a cargo de la distribución de estos escasos recursos para cubrir las apariencias, como si el problema fuera de disciplina y control logístico. Juega con la salud de los venezolanos.

Ante la gravísima situación que padece la inmensa mayoría de los venezolanos, los economistas hemos venido exhortando que se apliquen políticas de estabilización macroeconómica que reduzcan sustancialmente el déficit público y su financiamiento monetario –la maquinita de imprimir billetes del BCV-; unifiquen y liberen el tipo de cambio con apoyo de un generoso financiamiento externo negociado con los organismos internacionales; y sustituyan los controles y regulaciones por la promoción activa de la competencia, tanto nacional como internacional.

Al levantar la restricción externa, al aparato productivo doméstico podrá importar insumos, equipos y repuestos para reactivarse, ya que hoy opera con apenas un 35% de su capacidad. Ello permitiría sustituir importaciones, reduciendo las necesidades de divisas, y generar empleos, cada vez mejor remunerados en la medida en que se incremente la productividad. Adicionalmente, una unificación cambiaria que equilibrara la capacidad adquisitiva interna y externa del bolívar se traduciría en que la mitad de las importaciones de bienes de consumo final e insumos disminuyan de precio, ya que hoy deben recurrir al dólar paralelo, mucho más caro. No obstante, se encarecerían aquellos bienes que importa hoy el gobierno con dólares subsidiados. Buena parte de los venezolanos ya pagamos esos productos a precios muy superiores (de “bachaquero”), pero una porción creciente se ve obligado a padecer colas maratónicas en espera de poder conseguir algún alimento o producto farmacéutico a precio regulado, dados sus miserables ingresos. Será menester instrumentar mecanismos eficaces de compensar a estos sectores mientras se reactive la economía, vuelvan a llenarse los anaqueles con productos a precios estables y se generen empleos bien remunerados. La condicionalidad que exigirían los organismos financieros internacionales para otorgar los recursos que facilitarían estos avances sería el saneamiento de las cuentas públicas para reducir el gasto dispendioso y cerrar el déficit que alimenta la inflación. Para no comprometer el gasto social habrá que privatizar empresas que hoy constituyen enormes desaguaderos de dinero. En fin, un ajuste expansivo, enriquecedor, que atraerá cuantiosas inversiones y mejorará el bienestar de los venezolanos, en contraposición al actual ajuste empobrecedor. Pero el gobierno de Maduro rechaza este tipo de ajustes descalificándolos con una serie de epítetos propios de la retórica comunistoide, alegando la defensa de la “revolución”. En realidad, bajo tal disfraz, defiende un sistema de complicidades entre factores de una oligarquía militar y civil parásita que se ha apoderado de las distintas instituciones del estado para depredar el sistema de controles, los diferenciales de precio y las oportunidades de extorsión, y expoliar la riqueza social sin rendición de cuentas.

Bajo banderas “socialistas” el chavismo ha conformado un estado patrimonialista que ha privatizado el usufructo de muchos bienes públicos por parte de esta oligarquía corrupta -¡ah, las mieles del poder!- mientras denuncia "los intentos del imperio, por medio del FMI por doblegar a Venezuela”. Las imposturas ideológicas, como se ve, pueden ser inmensamente rentables.

Economista, profesor de la UCV

humgarl@gmail.com

En política, como en cualquier otra actividad humana, la observancia de los principios es fundamental; ellos sirven de brújula a la conducta, trazan su derrotero y hacen coherente al discurso con la acción. Los principios, que a decir del diccionario de nuestra lengua son las primeras proposiciones o verdades fundamentales por donde se empiezan a estudiar las ciencias o las artes, son los cimientes de cualquier obra humana que pretenda ser perdurable, lo que llevó a decir al político checo Vaclav Havel «Si no se comparten e implantan unos valores y unas obligaciones morales, ni la ley, ni un gobierno democrático, ni una economía de mercado funcionaran correctamente.»

La política venezolana ha estado ayuna de principios durante muchas décadas; las últimas posiciones principistas de altos políticos venezolanos que me vengan a la memoria fueron las de Leoni en 1968, al disponerse a entregar el poder a Caldera afirmando «si por un voto pierdo por un voto entrego» y la de Eduardo Fernández al ofrecer su irrestricto apoyo al presidente Pérez cuando estaba en pleno desarrollo el «simpático» golpe del 4 de febrero de 1992.

El conteo de cañones, que –según se dice­– es la manera como los militares brasileños dirimen sus diferencias sin disparar un tiro, entró a nuestro País sin visa ni pasaporte, desalojando del andamiaje político principios que son caros a los gobiernos democráticos, entre los que destaca uno fundamental: el respeto a la voluntad popular, que dio piso al artículo 5 de nuestra Constitución (La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo …), con su antecedente en el artículo 4 de la Constitución de 1961 (La soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce, mediante el sufragio …).

Este principio, en cuya ausencia es inconcebible la democracia, ha sido reiteradamente negado en la práctica por quienes se dicen demócratas mientras ejercen la política caribe, cuyo objetivo fundamental es la toma del poder para disfrutar de las prebendas que confiere, para enriquecerse sin esfuerzo y obtener para sí una calidad de vida negada a sus conciudadanos.

Para algunos, tal afirmación pudiera resultar tremendista o exagerada, pero a ella me obligan hechos concretos y comprobables, entre los que destacan, para citar solamente unos pocos:

El intento de desconocimiento del resultado de las elecciones para Alcalde del Municipio Libertador por parte de Claudio Fermín y su partido Acción Democrática, que fueran ganadas ampliamente por Aristóbulo Istúriz, de Causa R. El triunfo de Istúriz se hizo oficial gracias a la protesta de un pueblo iracundo que no estaba dispuesto a ser despojado de triunfo tan evidente;

El silencio cómplice de todos los partidos ante las amenazas de desconocimiento del entonces Ministro de la Defensa V/A Radamés Muñoz León contra el candidato opositor Andrés Velásquez, quien se perfilaba con grandes posibilidades de obtener la victoria;

El acomodo de los resultados de la elección presidencial de 1993, donde Andrés Velásquez fue bajado a un cuarto lugar, aún por debajo de la desvaída candidatura copeyana de Oswaldo Álvarez Paz. Personas cercanas y que fueron testigos presenciales de los hechos en comento nos narraron la manera como Causa R fue penetrada para impedirle o, al menos, dificultarle la estructuración de una maquinaria para computar los votos y preservar la voluntad popular. El historiador Julio Portillo, afirma que Radamés Muñoz le confesó que el ganador de esa elección había sido Velásquez (http://www.laverdad.com/opinion/18022-la-lucha-de-andres-velasquez.html);

La conducta anárquica del Plan República, cónsona con las declaraciones antidemocráticas de Muñoz León que, en definitiva, convirtieron las elecciones presidenciales de 1993, una actividad eminentemente civil, en un evento tutelado por las Fuerzas Armadas.

Ese alejamiento de los principios democráticos trajo como consecuencia lógica y directa un fuerte rechazo a la política y a los políticos y a la apertura de canales no democráticos para la solución de los problemas del País. Ese anteponer el interés de los políticos a los de la Nación produjo hastío, desasosiego y simpatía por los que llegaron a la vida política nacional ofreciendo un cambio radical para lograr un Estado democrático y social de derecho y de justicia.

La filósofa estadounidense Ayn Rand parece haber estado pensando en la Venezuela de ayer y de hoy cuando dijo: «Cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican, no bienes, sino favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no los protegen contra ellos, sino, por el contrario son ellos los que están protegidos contra usted; cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrá afirmar, sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada».

turmero_2009@hotmail.com

@DulceMTostaR

http://www.dulcemariatosta.com

Con voz propia

¿Tú sabías que el Che (Ernesto Guevara de La Serna) iba para Venezuela? -me preguntó Fidel Castro (FC) en aparte del VII Congreso de la Organización Internacional de Periodistas (OIP), en enero 1971.

-Otra cosa hubiera sido -se respondió el mismo.

En efecto, el guerrillero argentino tenía escogida a nuestra Patria para continuar su lucha revolucionara que patrióticamente combatía la Fuerza Armada que hoy sustenta el régimen que lo proclama Precursor junto a Francisco de Miranda y Simón Bolívar. Pero en aquel entonces no encontró ambiente para su incursión aquí.

Cuando en 1966 Luben Petkoff (LP), quien trató directamente con FC la invasión, le planteó al Che su incorporación. Antes él manifestó decisión de venir, que se encontró con la negativa del Partido Comunista. Ante la nueva situación dijo que él quería comenzar en un país “que estuviera en cero y ya nosotros estábamos adelantado”. Lo cierto es que para la nueva fecha dicho partido se distanció del castrismo porque había decidido abandonar la lucha armada, en la cual seguía el líder fundador de la guerrilla Douglas Bravo y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

FC se apersonó en los preparativos de la invasión y estuvo a punto de “morir en combate” en la guerrilla, de acuerdo a relato que hizo LP en reportaje a Eleazar Díaz Rangel.

“Hay que montar un desembarco exactamente igual al que harán en Venezuela”.

En el simulacro, en una lancha conducida por FC fueron emboscados por un batallón de exterminadores de invasores contra revolucionarios, que en sus actuaciones no dejaban sobrevivientes.

¡Alto, quien vive!

El capitán Mario Bouza, quien hasta hacía poco estaba al servicio del batallón se identificó y les gritó: ¡No disparen, aquí va el Comandante Fidel¡

Y como no le creyeron llamó por sus nombres a oficiales del Batallón. Entonces le ordenaron acercarse, brazos en alto. Así pudieron aclarar la situación.

Cumplidos el entrenamiento, los expedicionarios salieron de La Habana. LP y los 14 cubanos. Arribaron a Venezuela por las playas de Morrocoy, en el Estado Falcón, el 24 de Julio 1966 –hace 50 años- en la operación “Simón Bolívar”. De allí se dirigieron a las montañas donde se unieron a la guerrilla de Bravo.

De los isleños sobresalía Arnaldo Ochoa Sánchez (AOS). En testimonio de Héctor Pérez Marcano, efectivo de la segunda y última invasión castrista en 1967, “llegara a convertirse en el general de más gloria y nombradía en la historia del ejército revolucionario cubano, héroe en Angola, en Sudáfrica y en Etiopía”.

En la guerrilla venezolana participó en 1967 en emboscadas de “El Mortero” entre Sanare y El Blanquito de Lara, el 25/02, fueron muertos 3 efectivos del Ejército y 8 heridos y “Cerro Atascadero” el 16/09, entre Yumare y Duaca, de Yaracuy, donde mataron a 1 oficial, a 1 suboficial e hirieron a 2 soldados.

En 1988, fue ejecutado por tribunal de guerra que presidió Ulises Rosales del Toro, otro expedicionario de 1967. El mismo a quien AOS, según confesión propia le salvó la vida en la incursión guerrillera en Venezuela, “tuvo que cargar en sus espaldas por varios días… para evadir los cercos a que eran sometidos por el ejército”.

Se le vinculó a oficiales del Ministerio del Interior cubano para realización de operaciones de narcotráfico con el Cartel de Medellín. El diario Granma informó AOS y sus cómplices, transportaron 6 toneladas de cocaína vía Cuba, recibiendo a cambio $ 3,4 millones.

Para mayor vergüenza nuestra, no es de extrañar que la invasión comentada sea revolucionariamente celebrada.

Al MARGEN. Turismo por hambruna es la que provoca el militarismo que nos desgobierna. Solo por Táchira pasaron más de 100 mil en fin de semana por restringida frontera a Colombia. jordanalberto18@yahoo.com.

En 1993, mediante un Decreto firmado por Ramón J. Velásquez, se creó el Consejo de Gobierno del Área Metropolitana de Caracas, definido como un órgano de cooperación, conciliación y coordinación entre los distintos actores políticos responsables de la gestión pública en un mismo territorio denominado metropolitano.

Aquél espacio institucional metropolitano estaba integrado por los Alcaldes de los municipios Libertador, Vargas (Distrito Federal), Chacao, Sucre, Baruta, El Hatillo, Los Salías y Carrizal (Estado Miranda); los Gobernadores de Estado Miranda y Distrito Federal; así como también de una representación del Ejecutivo Nacional a través de los siguientes ministerios: Relaciones Interiores, Desarrollo Urbano, Ambiente y Recursos Naturales Renovables, Sanidad y Asistencia Social, Transporte y Comunicaciones, Descentralización y CORDIPLAN.

El diseño institucional de aquél Consejo de Gobierno, asumió que de manera rotativa, cada 6 meses, un Alcalde o Gobernador del Área Metropolitana asumiría la responsabilidad de presidirlo, y para garantizar la dinámica operativa y administrativa de la misma, se creó la figura del Director Ejecutivo, que según registros públicos fue designado en octubre 1993.

El Decreto que creó en 1993 al Consejo de Gobierno, le atribuyó facultades para: A) Coordinar obras, servicios e inversiones que por su naturaleza exijan un tratamiento integrado. B) Conocer y dar su aprobación al Plan de Ordenación Urbanística que le someta el Ministro de Desarrollo Urbano, antes de su aprobación final. C) Formular propuestas y adoptar acuerdos para el mejor desarrollo de las actividades públicas que se realicen en el área metropolitana, sobre la ejecución de obras y actividades promovidas por órganos competentes. D) Formular propuestas ante órganos nacionales y estadales, así como también sobre los medios de ejecución de diversas obras que se decidan y realicen en el área metropolitana. E) Promover y acordar convenios de mancomunidades y encomiendas de gestión. F) Conocer propuesta de transferencia de competencias.

Para complementar la labor del Consejo de Gobierno Metropolitano, se planteó en el Decreto la creación de 7 Comités de Trabajo, a saber: Comités Metropolitanos para Planificación Urbanística; Transporte y Tránsito; Seguridad y Policía Urbana; Aseo Urbano; Acueductos, Alcantarillados; Salud Pública y por último Mantenimiento Urbano.

En la Memoria y Cuenta del Ministerio para la Descentralización de 1993, se logra identificar que entre los temas que le correspondió abordar en 1993 a aquél Consejo de Gobierno del Área Metropolitana, estaban dos temas de mucha actualidad, uno de ellos era la mancomunidad en materia de aseo y la otra, era la exigencia a Hidrocapital para que acudiera a presentar avances del servicio de agua en el área metropolitana entre otras materias.

El proyecto de Ley Especial para la Restitución del Régimen del Distrito Metropolitano de Caracas, que expone la página oficial de la Asamblea Nacional con fecha 14 de julio de 2016, plantea la necesidad de rescatar el espacio institucional para facilitar el encuentro entre distintas autoridades públicas que actúan en el ámbito territorial metropolitano, eliminado en la reforma de la Ley Especial del Régimen Municipal a dos niveles del Área Metropolitana de Caracas en el año 2009 y que el proyecto denomina Consejo de Gobierno del Distrito Metropolitano de Caracas.

A diferencia de aquél Consejo de Gobierno creado en 1993, el diseño planteado de este nuevo espacio institucional, es asumido en el proyecto de Ley como un órgano auxiliar del Alcalde Metropolitano en aquellas materias municipales propias de la vida local y se propone como una instancia superior de planificación y concertación de Políticas Públicas para la formulación del Plan Estratégico Metropolitano, con la finalidad de coordinar su ejecución y alcanzar el desarrollo armónico integral del Distrito Metropolitano en base a un denominado Sistema Metropolitano de Planificación Pública.

El Proyecto de Ley no desarrolla el diseño de ese Sistema Metropolitano de Planificación Pública por lo que no es posible identificar la participación de los Municipios en ese modelo de planificación, en el marco de lo que la Constitución llama gobierno de dos niveles.

El Consejo de Gobierno del Distrito Metropolitano se presenta como el espacio institucional para facilitar el intercambio de información necesaria para formular recomendaciones a otros órganos del Estado y para el desarrollo de estudios, análisis y búsqueda de las distintas opciones para instrumentar acciones que faciliten la coordinación de la gestión de los niveles de gobierno municipal de la ciudad de Caracas.

Así mismo, el proyecto de Ley reconoce a ese Consejo de Gobierno del Área Metropolitano como una instancia asesora del Alcalde Metropolitano para responder a todas las consultas que éste formule en materia de Plan de Inversión, Programas de Seguridad Ciudadana; Obras de Infraestructura y todas aquellas otras que pos su dimensiones impongan una transformación significativa de algunos de los municipios.

Han pasado 23 años desde aquel Decreto dictado por Ramón J. Velásquez y desde entonces hemos tenido 3 modelos de gobierno metropolitano, el primero planteado en el año 1993; luego en el año 2000 a través de la Asamblea Nacional Constituyente en la cual se mantiene vigente el Consejo de Gobierno del Área Metropolitana, sin mucho desarrollo normativo y menos aún en la práctica; además, aquél contenido aprobado por los Constituyentistas abrió las puertas para crear un modelo confuso, complicado e inviable, al fusionar al extinto Distrito Federal con el Distrito Metropolitano.

Por último, un tercer modelo que fue diseñado en la Ley Especial del Régimen Municipal a dos niveles del área metropolitana del año 2009, que resultó como consecuencia de la creación del Distrito Capital, luego de 9 años de omisión legislativa para su creación. Obviamente, la justificación de crear el Distrito Capital fue una estrategia política útil para debilitar la gestión del gobierno metropolitano presidida por Antonio Ledezma.

Han pasado 23 años y sigue pendiente la tarea de definir un modelo de gobierno metropolitano que permita responder a los desafíos que impone el crecimiento de Caracas, en especial en aquellas materias que desde 1993 son identificadas como propias de un nivel metropolitano.

No se trata de crear un nuevo nivel político territorial autónomo, pues ello supondría revisar el modelo del Poder Público Municipal para el área metropolitana de Caracas; por el contrario, se trata de diseñar un modelo de coordinación y planificación que sin violentar la autonomía municipal, logre acuerdos, consensos y articulación entre las distintas autoridades locales, que permitan superar los grandes desafíos que impone la realidad a través de una autoridad metropolitana.

Artículo escrito para Politika Ucab, 22 de julio de 2016

https://politikaucab.net/2016/07/22/la-institucionalidad-metropolitana-u...

Sectores del chavismo como los agrupados en Marea Socialista han planteado que la desastrosa situación que atravesamos, se debe a la negligencia e incompetencia de Nicolás Maduro y no guarda relación con el legado del difunto ex presidente Chávez. En un artículo previo sobre el legado de Chávez y la corrupción, expusimos la tesis del historiador mexicano Enrique Krauze que no avala los planteamientos de esta agrupación. Según Krauze, el ex presidente construyó un régimen absolutista y personalista en cuyo marco la corrupción prosperó como un subproducto natural del régimen. En la construcción de este régimen, el ejercicio de las libertades propias de la democracia enfrentó restricciones de todo orden. En consecuencia, en lo que a las restricciones a la libertad se refiere ha existido una continuidad con el legado del difunto.

Como lo señala Krauze en su obra “El poder y el delirio”, la mayor paradoja del gobierno bolivariano de Hugo Chavez fue el intento subyacente de restaurar el absolutismo contra el cual luchó El Libertador. Debido a ello, la palabra “libertad” desapareció de su diccionario. El proyecto de futuro de Chávez era un retorno al pasado absolutista, un todo ordenado, paternal, tutelar, con el gran padre Chávez a la cabeza. Opinaba el historiador en el año 2008, que “tras la experiencia democrática de tres décadas Venezuela ha aprendido los valores de la democracia, y la libertad…”; por lo cual “un amplio sector no se plegará a ese concepto totalizador de la política. Por eso Chávez ha asumido frente a la oposición una actitud que recuerda a la Contrareforma: quienes disienten no son adversarios políticos sino enemigos de la verdad, herejes de la religión oficial” a los cuales califica como: “escuálidos”, “pitiyanquis”, “traidores a la patria”, “vende patrias”.

Señala el historiador mexicano, que si bien Chávez llevó a cabo procesos electorales, estos se dieron en un contexto de creciente asfixia de las libertades públicas y control total de los poderes públicos. En el año 2008, señalaba: “Chávez ha ido avanzando por caminos que desembocan en la franca ilegalidad y bordean la dictadura. A pesar de la negativa mayoritaria del 2 de diciembre del 2007 a la reforma a la constitución ha ido imponiéndola por la vía de las leyes habilitantes… Chávez se ha venido arrogando paulatinamente todos los poderes”.

Chávez no escondió desde el inicio su desacuerdo con la democracia y su intención de destruirla. Para ello, según el historiador, Chávez “ha venido implementado el método del cercado. Cercado a la justicia independiente, cercado a la ley civil, cercado (y bloqueo) a los candidatos de la oposición que pueden vencerlo, cercado a los derechos humanos, cercado a la iniciativa privada”.

La creciente asfixia de las libertades públicas se vio reforzado por la influencia del modelo cubano. Señala Krauze, que aunque el gobierno lo niegue, se trata de intentar una vez más el experimento que ya mostró su fracaso total en la Unión Soviética, China y la propia Cuba. El chavismo es una reposición anacrónica de ese modelo montado sobre un solo factor: el precio del barril de petróleo.

La imposición de un régimen absolutista y personalista ha implicado la destrucción de las capacidades de control de las instituciones públicas sobre los desmanes del ejecutivo. Estas instituciones, como el poder judicial y la contraloría, no solo han sido subordinadas al partido de gobierno sino convertidas en instrumentos personales de Chávez para la vendetta política contra la oposición. En el mes de julio de 2007, el Contralor General de la República Clodosvaldo Russian, entregó la lista definitiva de los 260 políticos de la oposición inhabilitados para ocupar cargos públicos por supuestos actos de corrupción y faltas administrativas. También ha utilizado al poder judicial para el cobro de afrentas personales, como se evidenció en el caso del General Raúl Baduel, a quien no perdonó su oposición a sus deseos de perpetuarse en el poder.

El cercado a las libertades que representó el chavismo desde un inicio ha sido reportado por organismos internacionales desde época muy temprana. A mediados de 2008 la ONG Human Rights Watch publicó su informe “Una década de Chávez. Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela”. El informe documenta cómo la oportunidad que representó la nueva constitución de 1999 para fortalecer el Estado de derecho y la protección de derechos humanos fue desaprovechada. El informe concluyó que en Venezuela se adoptaron un amplio espectro de medidas que debilitaron garantías fundamentales, como la separación e independencia de los poderes, el derecho a la libertad de expresión de los periodistas y el derecho a la libertad de asociación de los trabajadores. Horas después que presentó su informe, el gobierno expulsó del país a su director José Miguel Vivanco.

El asalto a la democracia y las restricciones a las libertades que ella implica, iniciada por Chávez, se han incrementado con el gobierno de Nicolás Maduro; como lo evidencia el reciente informe del Secretario General de la OEA ante la Comisión Permanente de ese organismo donde se reportan cómo los medios de comunicación son sometidos regularmente a procedimientos penales y administrativos… a censura indirecta y al acoso. Se sigue utilizando en medida creciente, los tribunales y juicios penales como arma de persecución política. Se denunciaron al Foro Penal Venezolano, 4253 detenciones, arrestos, o encarcelamientos vinculados a protestas y críticas contra el gobierno. Existen en la actualidad 1986 personas a las que se les aplican medidas restrictivas de libertad, de esas 94 están en las cárceles, entre ellas Leopoldo López y Antonio Ledezma. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ha encontrado más de 300 casos de detención arbitraria. Desde el año 2014, se han denunciado al Foro Penal Venezolano 145 casos de castigo cruel e inhumano, incluida la tortura.

La posición del Secretario General de la OEA frente al asalto a la democracia y a las libertades por parte del gobierno chavista-madurista es tajante: “tener presos políticos es claramente un acto de un régimen autoritario”. “El pueblo venezolano se enfrenta a un gobierno que ya no rinde cuentas, que no protege los derechos de los ciudadanos. Un gobierno que ya no es democrático”.

En síntesis el proyecto original del ex presidente Chávez se orientó desde su inicio al establecimiento de un régimen absolutista personalista, en el marco del cual se fueron cercenando las libertades propias del régimen democrático; en consecuencia la realidad apunta a que el gobierno de Nicolás Maduro mantuvo el legado de Chávez profundizando el asalto a la democracia, lo que ha llevado a un escenario dantesco de presos políticos, detenciones arbitrarias y trato cruel e inhumano, que hace imposible hablar de un gobierno democrático en Venezuela. Se trata de un régimen autoritario que continua el legado del difunto ex presidente.

Profesor UCV