Cuando surgió un video falso sobre la cantidad de rusos cruzando la frontera a Finlandia, en septiembre, la Guardia Fronteriza finlandesa rápidamente advirtió que era apócrifo.

En septiembre pasado, pocas horas después de que el presidente ruso Vladimir Putin llamara a 300.000 reservistas militares para luchar en Ucrania, un video que mostraba largas colas de autos en la frontera entre Finlandia y Rusia comenzó a circular en las redes sociales.

La Guardia Fronteriza de Finlandia se apresuró a señalar que era falso.

"Algunos de los videos fueron filmados antes y ahora se sacaron de contexto", informó a través de Twitter.

El tuit fue rápidamente reproducido en la parte superior de la página en vivo sobre la guerra en Ucrania que publica el sitio web de noticias de la emisora nacional Yle.

La respuesta de la Guardia Fronteriza y de Yle destaca un elemento crucial del éxito de Finlandia contra la desinformación: la confianza pública en las autoridades y los medios.

Una sociedad de alta confianza

Finlandia es una sociedad de alta confianza. Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 71% de la población finlandesa confía en el gobierno, en comparación con el promedio de la OCDE del 41%.

Y no es solo el gobierno: el parlamento, el servicio civil, la policía y los medios de comunicación disfrutan de altos niveles de confianza.

Eso no significa que los finlandeses crean todo lo que leen en los periódicos y nunca busquen información en las redes sociales. Pero cuando lo hacen, la mayoría tiene la capacidad de evaluar críticamente la información. Esto hecho ha sido respaldado por estudios.

Los más preparados

En un estudio anual del Open Society Institute, el país escandinavo encabeza una tabla global que mide la resiliencia a la desinformación.

En el llamado Índice de Alfabetización Mediática, que mide la capacidad de discernir entre noticias verdaderas y falsas, con puntuaciones que van del 0 al 100, Finlandia sacó un 75, la calificación más alta.

En comparación, la vulnerabilidad de algunas de las principales potencias occidentales al llamado "fake news" es mucho mayor.

En Europa, Alemania y Reino Unido sacaron 61 en alfabetización mediática. Mientras que España 58, Francia 57 e Italia 48.

Del otro lado del Atlántico, en América del Norte, Canadá sacó 68 y Estados Unidos 60. (América Latina no fue incluida en el índice).

La baja puntuación de EE.UU. genera preocupación entre quienes creen que la desinformación podría jugar un papel clave en los próximos comicios legislativos de medio término, que se disputarán en noviembre.

A pesar de que existe un mayor enfoque en abordar las afirmaciones falsas y engañosas en las redes sociales, incluso de parte de los propios gigantes tecnológicos, la desinformación aún se filtra por las grietas.

Las lecciones de Finlandia

¿Cómo ha logrado Finlandia combatir la epidemia de noticias falsas que se esparce online y qué puede enseñarle al resto del mundo?

La piedra angular de su estrategia para no dejarse engañar por la desinformación está en su sistema escolar.

El pensamiento crítico y la alfabetización mediática han sido parte del plan de estudios finlandés durante mucho tiempo.

El plan se actualizó en 2016 para enseñar a los niños las habilidades que necesitaban para detectar el tipo de información fabricada que se difundió ampliamente ese año en las redes sociales durante la campaña electoral de EE.UU.

"Enseñamos pensamiento crítico en varias materias. Por ejemplo, en las clases de Matemáticas observamos cómo se pueden manipular las estadísticas", explicó a BBC News Marika Kerola, profesora en la ciudad norteña de Oulu.

"En Arte, un proyecto típico sería que los niños crearan sus propias versiones de un anuncio de shampoo. Puede ser una imagen que muestre que el cabello no es tan brillante o radiante como se prometía en la botella", señaló.

En las clases de idiomas, comparan la misma historia escrita como un texto basado en los hechos y como propaganda, dijo.

En Historia, comparan, por ejemplo, los carteles de la época de la Segunda Guerra Mundial en la Alemania nazi y en EE.UU.

Instituciones

Otra línea central de defensa contra las noticias falsas es la Agencia Nacional de Suministros de Emergencia del gobierno.

"En pocas palabras, Finlandia tiene un modelo de seguridad integral financiado con fondos públicos", dice Markus Kokko, jefe de comunicaciones del Centro Europeo de Excelencia para Contrarrestar las Amenazas Híbridas.

"El gobierno trabaja con empresas privadas y los medios de comunicación para desarrollar la resiliencia de la sociedad ante las amenazas y preparar a las personas para todo tipo de perturbaciones", explica.

Además de una agencia del gobierno central, Finlandia tiene varias ONG y organizaciones voluntarias que luchan contra las noticias falsas. El servicio de verificación de hechos Faktabaari es probablemente el más conocido de ellos.

El enfoque de Finlandia se centra en adelantarse a la ola de desinformación y su experiencia sugiere que la moderación proactiva en tiempo real, que aborda las publicaciones falsas antes de que tengan la oportunidad de propagarse, marca una diferencia.

En ese sentido, habrá que esperar para ver si las medidas anunciadas por varios gigantes tecnológicos para evitar la diseminación de noticias falsas durante los comicios legislativos en EE.UU. funcionan.

Meta, propietaria de Facebook e Instagram, dos de las redes sociales que más se utilizaron para esparcir desinformación en elecciones pasadas, anunció que tiene más de 40 equipos trabajando en las elecciones, además de asociaciones con 10 organizaciones de verificación de hechos en EE.UU.

No obstante, los expertos reconocen que todas estas medidas son apenas curitas sobre una herida que es mucho más difícil de curar.

No existe una solución rápida para restaurar y reparar la fe en las instituciones, que es una de las mayores fortalezas de Finlandia.

*Este artículo es una adaptación de este reportaje en BBC News, producido por la corresponsal en Finlandia Erika Benke y la corresponsal de desinformación Marianna Spring.

21 de octubre de 2022

https://www.bbc.com/mundo/noticias-63334939

La Constitución en la cúspide, las leyes en el medio y luego los reglamentos y demás actos administrativos del Ejecutivo, por ejemplo, las resoluciones. Desde que el jurista y filósofo austriaco Hans Kelsen (1881-1973) planteó la idea de que el sistema jurídico opera según un modelo jerárquico, esta idea ha sido acogida en la inmensa mayoría del mundo, incluyendo a Venezuela. No obstante, cada vez con más frecuencia las autoridades nacionales se saltan este modelo a fin de regular derechos fundamentales con instrumentos no adecuados para tal fin, una situación que afecta aún más al ya mancillado Estado de derecho.

La resolución conjunta que los ministerios de la Defensa e Interior, Justicia y Paz anunciaron el pasado 7 de septiembre de 2022, contentiva de las Normas relativas a la instalación, supervisión, evaluación, registro y seguimiento de los Puntos de Control de los órganos de Seguridad Ciudadana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es el último caso conocido en el que la actual administración ha obviado la llamada pirámide de Kelsen, y a través de un acto administrativo ha pretendido regular los derechos constitucionales al libre tránsito y a la libertad individual.

El texto pretende dar sustento legal a las llamadas alcabalas, ahora llamadas «puntos de control». En este sentido, en su artículo 4 establece que las mismas pueden ser «fijas o móviles», que se instalarán en aquellas áreas donde «la ocurrencia delictiva y de hechos que constituyan faltas» así lo requiera y que en ellas participarán policías y militares.

Por su parte, en el artículo 7 se establece que estos dispositivos tendrán por misión «evitar la perpetración de hechos punibles», así como «la supervisión y control de la documentación emitida por el órgano competente para el tránsito», dar información a la ciudadanía y «realizar revisiones y detenciones ante la comisión de hechos punibles».

Las disposiciones anteriores dejan en claro que los puntos de control suponen una restricción al libre tránsito e incluso pueden llevar a la privación de libertad de una persona. Aunque en la resolución se citan como base legal las leyes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB); del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana; de Coordinación de Seguridad Ciudadana; de Seguridad de la Nación; y el Código Penal, lo cierto es que ninguno de estos textos prevé expresamente esta figura.

La Constitución, en sus artículos 137 y 187 deja en claro que es competencia de la Asamblea Nacional (AN) legislar en materia de derechos, deberes y garantías constitucionales. En otras palabras, solamente el Parlamento mediante una ley podría establecer la figura de los puntos de control y facultarlos para restringir los derechos al libre tránsito o alguna otra libertad de los habitantes del país.

No es algo nuevo

Las alcabalas son una de las herramientas más utilizadas en Venezuela por los cuerpos policiales para luchar contra el crimen, pero han sido empleadas en no pocas ocasiones para cometer actos de corrupción y extorsión y fechorías aún más graves, como ocurrió en 2005 y en 2006 en el caso del ajusticiamiento de un grupo de estudiantes en el barrio Kennedy y el secuestro y posterior asesinato de los hermanos Faddoul.

Estos hechos llevaron a las autoridades a intentar fijarle algunas reglas a estos dispositivos. Así lo hizo en mayo de 2006 el Ministerio del Interior con su resolución 189, mediante la cual fijó las condiciones para el «establecimiento de Alcabalas y Puntos Policiales de Control Móvil en áreas urbanas, en las vías, lugares o establecimientos públicos en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, a fin de proteger la seguridad ciudadana».

Por ejemplo, este texto fijó que los puntos de control debían estar debidamente identificados, así como los funcionarios que en él participaran, y que no podían ubicarse en zonas oscuras, sin el debido alumbrado público o estar encapuchados.

En 2017 esta primera normativa fue derogada por otra, publicada en Gaceta Oficial n.° 41.304 del 20/12/2017, que también ha quedado sin efecto.

No todo es malo

La resolución conjunta de los ministerios de la Defensa y del Interior mantiene, en su artículo 13 la prohibición de que los agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) instalen puntos de control.

Esto es positivo pues ambos cuerpos figuran en distintos reportes de organizaciones nacionales e internacionales como responsables de la comisión de graves violaciones a los derechos humanos: el CICPC destaca por ser junto a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el más señalado de estar implicado en ajusticiamientos, mientras que al Sebin la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela lo responsabiliza de ejecutar detenciones arbitrarias y torturas.

Ahora bien, entre las novedades de la resolución comentada sobresale el artículo 20, en el cual establece que las personas «en el ejercicio de sus derechos constitucionales y legales», podrán hacer grabaciones de audio y de video de los procedimientos policiales en las alcabalas.

Asimismo, la norma señala que «ninguna persona podrá ser obligada a entregar sus equipos de telefonía celular o de grabación antes, durante o después del procedimiento de verificación rutinaria que realicen las autoridades en el punto de control, ni a borrar su contenido».

Adicionalmente, el artículo 20 indica expresamente que

«la retención de documentación y pertenencias, incluyendo equipos de telefonía, únicamente podrá realizarse en los supuestos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, esto es, ante la comisión flagrante de un delito o por orden judicial, y demás legislación vigente aplicable que así lo establezca».

Por último, queda terminantemente prohibido por parte de los funcionarios y funcionarias policiales y militares el cobro de dádivas, contribuciones y «apoyos económicos» a las personas que transitan libremente por el territorio nacional. Llama la atención que se utilice el eufemismo «apoyo económico» a lo que no es más que un delito y que debió calificarse de acuerdo con los supuestos de la Ley contra la Corrupción. Esta expresión, además de errada jurídicamente, le resta valor a la gravedad de lo que ocurre en las alcabalas, y queriendo hacerlo pasar como un avance, es más bien el reconocimiento de una realidad, pero sin calificarla de manera correcta.

Sin embargo, estos aspectos positivos quedan deslucidos o viciados por el hecho de que el Ejecutivo, en este caso, los ministerios de la Defensa y del Interior no están facultados por una ley para la creación y regulación de las alcabalas o puntos de control.

Una resolución administrativa es un acto subordinado o sublegal que inexorablemente debe respetar normas superiores como la Constitución, las leyes y decretos leyes, y no puede establecer reglas o comportamientos que deben ser desarrollados por el legislador, como aquellos limitantes de los derechos humanos, tal cual son los puntos de control que limitan la libertad de tránsito.

Más vicios

Como si el hecho de que la resolución regula una figura no prevista en ningún texto legal no fuera suficiente, también hay que recordar que la misma fue anunciada antes de que fuera publicada oficialmente.

El texto fue informado por los ministerios que la dictaron el 7 de septiembre, pero no fue sino hasta el 21 del mismo mes que apareció publicada en la Gaceta Oficial n.º 42.458, aunque con fecha del día 8. Esta es una práctica recurrente que refuerza la inseguridad jurídica que existe en el país y que prueba la opacidad con la que las actuales autoridades toman sus decisiones.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Pese a que esta resolución contiene aspectos positivos, como el permiso para grabar a los funcionarios que ejecuten alguna revisión o arresto en una alcabala y la prohibición a estos agentes de despojar a los ciudadanos de sus teléfonos o equipos de grabación, el hecho de que el texto regule una figura no prevista expresamente en ninguna ley la vicia.

Las autoridades parecen insistir en su senda de alterar los principios básicos del derecho, lo cual no hace más que contribuir a la inseguridad jurídica que ya padecen los ciudadanos.

20 de octubre 2022

https://accesoalajusticia.org/resolucion-conjunta-sobre-alcabalas-polici...

La venezolanidad desde los inicios de la nación ha implicado tensiones. La clase social que sentó las bases del proyecto independentista veía a los negros, indígenas y mulatos como seres inferiores. Inclusos los blancos sin fortuna, como el padre de Francisco de Miranda, entraban en esa categoría. La hostilidad de los promotores de la independencia hacia Francisco Miranda por su origen plebeyo es un reflejo de ello. Estas tensiones tendieron a diluirse con el paso del tiempo pero un sector del chavismo ha intentado revivir las mismas, presentando a los conquistadores españoles y sus descendientes como genocidas y modificando las facciones de Bolívar.

La construcción de la nacionalidad siempre ha estado llena de tensiones y conflictos. La nacionalidad estadunidense se concibió durante muchos años como blanca, anglosajona y protestante sin considerar el papel de los negros. El reciente conflicto de los mapuches con el Estado chileno es otro buen ejemplo, al igual que el conflicto que han mantenido los catalanes en España. En Venezuela la construcción de la venezolanidad ha estado llena de tensiones desde los inicios de la creación de la nación.

El movimiento independentista que dio origen a la nación llamada Venezuela fue impulsado en sus inicios por los mantuanos los cuales eran los propietarios de grandes haciendas y esclavos de su época. Los mantuanos o criollos se concebían como blancos de sangre pura y consideraban que había posiciones en la sociedad colonial que solo podían ser desempeñados por ellos. Una de esas posiciones era la de ser miembro y portar uniforme de la milicia de Caracas. Cuando el padre de Miranda, un inmigrante canario, es designado como miembro de la milicia los mantuanos se enfurecieron por tal designación, pues consideraban a los isleños como pardos o mulatos y por lo tanto seres racialmente inferiores e indignos de tal distinción. Cuando el padre de Miranda se desplazaba con su uniforme por las calles de Caracas los oligarcas lo amenazaron con prisión. Al final el padre de Miranda se salió con la suya pues fue autorizado a portar el uniforme por las autoridades españolas.

Sin embargo los criollos no olvidarían la afrenta y el odio de los criollos contra el padre de Miranda se mantendría en el tiempo. Cuando pasados los años Francisco de Miranda, ya convertido en un militar experimentado, intenta invadir Venezuela en 1806 para impulsar un movimiento independista, los criollos rechazan la invasión y se regocijan cuando el militar venezolano es derrotado, tildándolo de traidor y ateo. Posteriormente en el año 1810 cuando los mantuanos agrupados en el Cabildo de Caracas dan los primeros pasos para promover la independencia de Venezuela su hostilidad hacia el general se mantiene intacta, influida por la afrenta que el padre le hizo a los criollos en años previos. En este contexto Simón Bolívar, quien en sus inicios había mantenido buenas relaciones con el Precursor, al final detiene a Miranda y lo entrega a los españoles. Ésta fue una acción innoble, un acto de perfidia en la visión de Andrés Bello, un castigo inmerecido para alguien que había trabajado tanto por la causa americana Todavía los historiadores debaten las razones que llevaron a Bolívar a cometer tan vil acción, tal polémica es difícil que sea objetiva por el culto al libertador que ha predominado en esta disciplina, pero este periodo fue una etapa oscura de Bolívar en la cual se dejó llevar por las emociones, por lo que una razón no desdeñable es que fue influida por la animosidad de los criollos hacia el Precursor y su padre por su origen plebeyo.

El segundo evento en nuestra historia que nos revela la existencia de estas tensiones fue el fusilamiento de Piar. Varios oficiales del ejército libertador cuestionaban la autoridad de Bolívar. A fin de poner un ejemplo y cimentar su autoridad Bolívar ordena el arresto de Piar y su juicio, después de lo cual Piar es encontrado culpable y fusilado. ¿Porque se escogió a Piar para tal propósito y no a otro de los oficiales que cuestionaban la autoridad del libertador? Una tesis bastante creíble es que no era blanco y mantuano, al contrario era de color y gozaba del aprecio de la tropa que lo veía como uno de los suyos, lo cual molestaba a Bolívar. Todavía se discute sobe este oscuro episodio de nuestra historia, pero el culto al libertador que impera en la visión de nuestro pasado impide una discusión ecuánime del tema.

Estas tensiones tendieron a diluirse con el tiempo en la medida que la violencia de la guerra de independencia y la posterior guerra federal destruyó la estructura de clase de la colonia y contribuyó a profundizar el mestizaje tanto de la población como de las elites venezolanas. Sin embargo un sector del chavismo ha tratado de revivir esas tensiones al calificar a los conquistadores españoles y sus descendientes como genocidas. En esta perspectiva los aborígenes como Guaicaipuro son presentados como víctimas y referencia de la venezolanidad y parte de lo que la propaganda gubernamental llama la resistencia indígena. Se ha llevado a cabo una revisión de la historia que ha llegado al extremo de presentar a Bolívar con rasgos afros, como un zambo, que es la imagen que se incorporó a los nuevos billetes.

Ello pone sobre el tapete de nuevo el tema racial, que había perdido importancia en nuestra historia como nación, aunque esta vez surge como un racismo al revés. Ello desdibuja nuestra historia dejando de lado que uno de los rasgos positivos de la misma fue la desaparición del tema racial como un elemento relevante en nuestras vidas, sin sopesar las injusticias que se cometieron en las fases iniciales de nuestra historia como pueblo, cuando fue un elemento clave en la actuación de las elites que impulsaron la independencia.

Profesor UCV

La economía está lejos de ser la ciencia neutral, en cuanto a sus impactos y/o condicionantes sociales y políticos, que pretenden algunos teóricos de la ortodoxia. Conscientes de eso, muchos economistas intentamos ser explícitos en cuanto a las implicaciones o inclinaciones de las propuestas de política que formulamos. Muy a pesar de tales empeños, es difícil que en nuestros análisis no se cuele uno que otro sesgo ideológico o preferencia, sin que nos demos cuenta. En todo caso, el apego a la realidad y estar atentos para identificar a tiempo las reacciones ante las medidas de política instrumentadas o anunciadas, constituye un antídoto de rigor para atajar sus efectos imprevistos, no deseados.

Lo anterior viene a cuenta para entender la súbita crisis que enfrenta la recién estrenada Primera Ministra del Reino Unido, Liz Truss, nombrada hace apenas mes y medio por el Partido Conservador para suceder a Boris Johnson. Ganó la postulación prometiendo bajar los impuestos para generar el crecimiento que políticas tradicionales le habían negado a la economía inglesa, pero sin menoscabar los programas sociales ni dejar de ofrecer ayuda a los británicos para enfrentar el alza de sus facturas de luz y gas. Su contendor principal dentro del partido, el ducho y realista Rishi Sunak, ex ministro de finanzas de Johnson, había previsto subir los impuestos, a fin de mantener los equilibrios, en momentos en que el fisco se veía comprometido con gastos de asistencia y se acentuaba la inflación.

Pero más tentadoras resultaron las ilusiones de que podía solventarse la brecha fiscal y echar las bases de un mayor crecimiento y bienestar futuro, reduciendo la carga impositiva a las empresas, proyectadas por la Truss. La explicación de tal paradoja, artículo de fe de la llamada “economía de oferta” (Supplyside economics), era que menores impuestos aumentarían el ahorro (de los ricos) y, con ello, la inversión productiva. Este impulso se derramaría (“trickle-down”) sobre toda la economía, generando empleo. La mayor oferta de bienes aplacaría las presiones inflacionarias del mayor déficit público. Y, con el tiempo, aumentaría la recaudación fiscal. En el ínterin el endeudamiento financiaría la brecha resultante. La confianza en que tan sólido programa proveería los recursos con los cuales reembolsar estos préstamos, los hacía viables. ¡La cuadratura del círculo que beneficiaría a todos, sin mayores costos!

Como se recordará, este planteamiento estuvo en la base del auge de los enfoques neoliberales de finales del siglo pasado. Tuvieron sus orígenes en los gobiernos conservadores de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que abogaban por disminuir el rol del Estado, central a las políticas keynesianas de gestión de la demanda agregada, para que actuaran, sin intervención, las fuerzas del mercado. Ello se enmarcó en lo que se denominó la “revolución monetarista” que desplazó a los postulados keynesianos en la conducción de la política económica. Habrían de prevalecer las leyes “naturales” de la economía, garantes de una supuesta “neutralidad” de las políticas.

Pero las políticas monetarias restrictivas que se instrumentaron para contener la inflación (había alcanzado los dos dígitos), hicieron inefectivo el incentivo de la baja impositiva. Asimismo, el incremento del gasto militar de Reagan dificultó la contención del alza en los precios. En el Reino Unido, inconsistencias parecidas resintieron la actividad financiera de la City. Así que, en su más notoria puesta en acción, la economía de oferta mostró claramente sus limitaciones. Resultó que no era ninguna panacea y que sus medidas no debían ignorar el contexto ya que podría llevar a contradecir políticas.

Más de dos décadas después, el desgaste de los gobiernos conservadores, luego de doce años en el poder, animó de nuevo la apelación a estas ilusiones. Resurgieron insufladas por la creencia de que, habiendo roto las amarras con Europa con el Brexit, el Reino Unido se había liberado de las trabas y las políticas tradicionales que, creían algunos, explicaban su pobre desempeño económico. Era la oportunidad para lanzar un ambicioso programa de crecimiento que rompiera con esas ataduras. La oferta del “mini-budget” de la Primera Ministra de bajar los impuestos a los más ricos y no efectuar el incremento en las tasas impositivas previstas por el exministro Sunak, subsidiando el precio de la energía y sin sacrificar gastos en los programas sociales, desnudó una reducción de los ingresos fiscales y un ensanchamiento resultante del déficit, haciendo menester un fuerte endeudamiento para financiarlo. No se tomó en cuenta, empero, que el Banco de Inglaterra y los bancos centrales de las principales economías estaban aprobando aumentos sustanciales en las tasas de interés para aplacar la inflación.

A pesar de que el Reino Unido había escogido disminuir su peso económico amputando, años antes con el Brexit, sus más importantes mercados, el nuevo gobierno, en reminiscencia de su pasada influencia imperial, creyó que ello no obstaría para hacer prevalecer su voluntad. Los mercados financieros, como sabemos, pensaron diferente. Hubo una corrida contra la libra que puso en peligro fondos de pensiones y otros. El FMI, en unas declaraciones inusuales, manifestó su preocupación por el impacto distributivo de estas políticas. Ante tanta presión, el gobierno se vio obligado a recular, sacrificando al ahora exministro Kwarteng y recogiendo velas con las anunciadas rebajas impositivas. Todavía no está claro si la Primera Ministra Truss podrá sobrevivir a la tormenta que su obsesión doctrinaria desató.

Luego de los estragos de la pandemia a nivel mundial, muchos confiaban en un nuevo consenso en torno a un papel más proactivo del Estado en apoyo a la salud y en previsión de otras calamidades, como las desatadas por el cambio climático y sobre el costo de los alimentos y de la energía, asociados a la invasión rusa de Ucrania. Cómo financiar esta mayor presencia tampoco exigiría mucha imaginación, si nos atenemos a las enormes fortunas amasadas, sobre todo en EE.UU., por el 1% más rico de la población. Pero los sesgos ideológicos son tercos. Son demasiado poderosos los intereses en juego. Trump (previo a la pandemia) había rebajado los impuestos a los más ricos pero, en vez del ansiado “trickle down” (derrame), disparó la inequidad en la distribución del ingreso. En España una absurda concepción de autonomía en el ámbito fiscal permite a distintos gobiernos autonómicos competir en la baja de impuestos para atraer inversiones, cuando el gobierno central anuncia la subida de éstos a los más ricos para poder financiar los programas sociales. Por supuesto que el examen del gasto, su idoneidad, impacto macroeconómico, efecto distributivo y sostenibilidad intertemporal es el otro elemento, obligado, de esta discusión, no exenta, tampoco, de sesgos ideológicos.

Los venezolanos, junto a la población de los países que fueron comunistas –sobrevive Cuba—estamos entre las peores víctimas del efecto destructivo de la ideología en la conducción de la economía. Pero, a diferencia de aquellos y a despecho de su retórica, en nuestro país la intromisión ideológica poco tuvo que ver, en realidad, con la idea de “construir el socialismo”. Obedeció, antes que nada, a los delirios mesiánicos de quien, creyéndose un segundo Libertador, se empeñó en destruir las instituciones y en ponerle la mano a las enormes rentas que deparaba la venta internacional del crudo, para consolidar una poderosa cofradía de mafiosos, sobre todo de militares traidores, que aseguraran su dominio. La tradición intervencionista del Estado venezolano, alimentado por enormes rentas petroleras asignadas con creciente discreción, facilitaron esta tan nefasta revolución populista de Chávez. Ahora que, sobre sus cenizas, el régimen busca enderezar los entuertos que le permitan sobrevivir, siguen asomándose, como por acto reflejo, las imposturas ideológicas heredadas para justificar los intereses que impiden que las fuerzas económicas puedan ejercer el efecto deseado en la recuperación de la economía.

Economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela.

humgarl@gmail.com

Dudo que la historia del ser humano registre tanta insensatez como la que observamos hoy en el planeta. Desde los asuntos más importantes hasta los más frívolos, todo parece contagiado por la ignorancia, la pequeñez y la mediocridad.

El serio peligro de la extinción del ser humano se ha presentado de nuevo; esta vez de la mano de Vladimir Putin, un demente acomplejado que carece por completo de la visión global que debería tener un jefe de Estado. Sus pretensiones territoriales sobre la vecina república de Ucrania pueden llevarlo, dados sus fracasos militares convencionales, a emplear armas nucleares, con todo lo que ello significa para el futuro de la humanidad. A nivel regional y de países individuales el panorama es desolador. Estados Unidos de América, la nación más poderosa del mundo, la bandera de la democracia y de la libertad, se encuentra hoy rota en dos grandes fragmentos separados por estúpidas ideologías. Toda la nación parece haberse adherido a los extremos, dejando a un lado la proverbial sensatez de sus antecesores. En la TV se pintan a diario dos países totalmente diferentes: el Estados Unidos de Fox News y el Estados Unidos de CNN. Quien se opone a Trump es comunista. Quien se opone a Biden es fascista. La mitad del país dice que Hunter Biden es un ladrón y la otra mitad dice que la ladrona es Ivanka Trump. Unos leen todo lo que se publica sobre Kanye West (quien se jacta de no haber leído jamás un libro), mientras otros leen todo sobre las hermanas Kardashian, quienes basan su notoriedad en el tamaño de sus traseros. Quien admita el aborto en casos de violaciones o de peligro inminente para la madre es comunista. Los seguidores de Black Lives Matter quieren destruir las estatuas de la confederación, a pesar de que ello es parte de la historia. Los adoradores de la supremacía blanca dicen que el incremento de la negritud representa un proyecto macabro y premeditado para cambiar la composición racial de la nación, lo que llaman la teoría de reemplazo de los blancos. El melodrama de Piqué y Shakira (acusada de evasión de impuestos), el de Jennifer López y sus múltiples esposos y queridos monopolizan la atención de los televidentes. Una verdadera orgía de embrutecimiento.

Hoy se identifica a un republicano porque rechaza vacunarse o a un demócrata porque nunca se corta el pelo. La seguridad social -se dice- es un mito demócrata, mientras que los republicanos aspiran a mantener la supremacía blanca en el país.

La inmigración, dicen Trump y la república de Fox News, está representada por pedófilos y rateros, quizás sin darse cuenta que sus ascendientes fueron inmigrantes (aunque no del mismo origen) y que el problema de esta gran estampida de sitios pobres a sitios menos pobres es muy complejo y no se soluciona con una pared. La educación universitaria gratis es necesaria, dice la extrema izquierda que habla por CNN, aunque sabemos que el tesoro estadounidense no aguantaría tamaño subsidio y que lo gratis termina siendo lo más costoso para la nación. La población negra se queja de la discriminación, pero sus organizaciones, sus programas de TV, etc. no tienen un blanco ni para remedio. El asunto de los géneros ha llegado a lo absurdo y cursi, con el uso del idioma inclusivo y el remplazo de la aceptación de diferencias (que sería lo sensato) con el intento de glorificación de las diferencias (totalmente insensato).

Quienes nos aferramos al centro, adoptando algunas posturas definidas como de izquierda y algunas posturas definidas como de derecha, somos objeto de ataque por los dos lados. Nos tildan de comunistas o de fascistas, según sea el interlocutor. Como decía el poeta William Butler Yeats, en su momento (mi traducción): El Halcón ya no escucha al halconero/todo se desintegra, el centro ya no aguanta/la anarquía se desata sobre el mundo… la ceremonia de la inocencia ha desaparecido/ los mejores carecen de convicción alguna/mientras que los peores están contagiados de una apasionada intensidad”.

En ningún tema esencial, de vida o muerte para todos, es más trágica esta polarización que en el caso del cambio climático. En la Conferencia de París de 2016 y en posteriores conferencias, la inmensa mayoría de los países del planeta se han adherido a una tesis científica sobre la influencia del hombre y su uso de combustibles fósiles sobre el clima del planeta. El hombre ha actuado como agente geológico importante, aumentando las emisiones de carbono hasta el punto que el planeta está en peligro inminente de traspasar de forma irreversible los límites de temperatura que garantizan nuestra vida normal en el planeta. Ya vemos las trágicas consecuencias de ese proceso, sin que el ser humano haya podido ponerse de acuerdo en actuar con la rapidez necesaria para corregir esta profunda deformación.

Al contrario, el mundo sigue empeñado en sus problemas de absurda frivolidad. En Venezuela Maduro, se consolida y borra la huella de su antecesor, causando una pugna entre quienes lo siguen a él y las viudas del anterior. En Perú, un hombre ridículo es presidente; en Nicaragua, un psicópata está al mando; en Cuba, el pueblo ha sido esclavizado por décadas. En la región no se vislumbra un solo estadista.

Los grupos que abogan por restituir la calidad del Homo sapiens son débiles. Nos ahogan las zarzuelas de estupideces que prevalecen hoy sobre lo que Harry le dijo a Charles o si Megan le torció la boca a Camila. Algunos me dirán: señor, la frivolidad tiene su lugar en esta vida y estarán en lo cierto, pero yo respondo: sí, pero no hasta el extremo de colocarla como piedra angular de la existencia.

Hay escapes. Pero lo triste es que uno deba escaparse de la realidad circundante para encontrar felicidad, cuando ella debería estar al alcance de la mano de la gran mayoría de los seres humanos. El camino que recorremos nos lleva a la más severa involución.

14 de octubre 2022

Confirmado

http://confirmado.com.ve/opinan/una-orgia-de-insensatez-aflige-el-planeta/

Menos de un mes después de proponer unir las elecciones regionales y municipales con las parlamentarias en 2025, Nicolás Maduro ha vuelto a referirse al calendario electoral de manera tal que ha sembrado dudas sobre este y la transparencia y equidad del sistema comicial. Así, el líder del Gobierno dejó caer la posibilidad de que las próximas elecciones presidenciales, pautadas para 2024, se produzcan antes.

«Estamos en el año 2022 (…) vienen los años 2023 y 2024. ¿Cuándo es que hay elecciones (presidenciales)? Héctor Rodríguez (gobernador de Miranda), ¿cuándo hay elecciones? 2024, ¡o antes! Lo cierto es que nosotros estamos preparados para que cuando haya elecciones ir a una gran victoria popular, revolucionaria. Cuando sea, dónde sea y cómo sea. Si tú quieres, yo también quiero, si tú no quieres, yo quiero».

Esto declaró Maduro el pasado 7 de octubre, en un acto que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) celebró en La Guaira.

El pronunciamiento del líder del oficialismo representa una nueva violación de los artículos 136 y 292 de la Constitución de 1999, los cuales establecen el principio de separación entre las distintas ramas del Poder Público e indican que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el organismo que tiene la potestad de «la organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos», respectivamente.

Asimismo, el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) indica claramente que el CNE es quien tiene la facultad de convocar y fijar la fecha de los eventos para escoger a los distintos representantes para los cargos de elección popular.

Con una reforma

En 2009, el oficialismo modificó la legislación electoral y suprimió la disposición que establecía, de manera casi pétrea, el momento en el que debían celebrarse los distintos comicios. La derogada Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política señalaba en su artículo 152 que las elecciones debían fijarse «un día domingo de la primera quincena del mes de diciembre del año anterior a la finalización del período correspondiente».

La modificación abrió las puertas para que las sucesivas votaciones se produjeran en momentos distintos al tradicional mes de diciembre. Así ocurrió con las legislativas de 2010, que tuvieron lugar el 27 de septiembre; las presidenciales de 2012 y 2018 que ocurrieron el 7 de octubre y el 20 de mayo, y más recientemente, las regionales del 21 de noviembre de 2021.

Sin embargo, ninguno de los procesos antes mencionados dio pie a que el período de transición entre un mandato constitucional y otro pudiera ser de más de un año. No obstante, las palabras de Maduro abren las posibilidades de que esto ocurra, lo cual iría contra toda la lógica administrativa.

Asimismo, habría que aclarar que un eventual adelanto de los comicios presidenciales para el año 2024 o incluso 2023 no supondría una reducción del sexenio del jefe del Estado previsto en el artículo 230 de la carta magna. Así, lo ha dejado en claro en reiteradas ocasiones la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que en varios fallos ha reiterado que el período presidencial es de seis años y que concluye e inicia el 10 de enero, tal y como manda el artículo 231 del texto fundamental.

Cualquier cambio en relación con la duración o inicio del mandato del presidente de la República requeriría una enmienda constitucional, que de acuerdo con la propia jurisprudencia del máximo juzgado no aplicaría para el actual período.

Maniobrando para ganar

Un eventual adelanto de la fecha de la elección es un claro acto de ventajismo a favor de Maduro, lo que constituye un elemento de fraude electoral que podría gestarse en las venideras presidenciales.

Jugar con la fecha de las elecciones es parte de las maniobras del oficialismo para ganar elecciones, como lo demuestra el informe elaborado por Acceso a la Justicia, titulado Elecciones en autocracia. El caso venezolano 2017-2021. En dicha investigación se advierte que el oficialismo ha utilizado esta estrategia para favorecer sus opciones.

Por su parte, es escandaloso el silencio que guarda el CNE ante estos pronunciamientos de Maduro, lo que supone flagrantes intromisiones en sus competencias constitucionales. El mutismo del árbitro no hace más que reforzar las sobradas dudas que existen en un importante porcentaje de la población en relación con su independencia, autonomía y, sobre todo, su capacidad de organizar comicios limpios, transparentes y competitivos.

No en balde, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea que siguió las pasadas «megaelecciones» regionales y municipales del 21 de noviembre de 2021, en su informe criticó la actuación (o inacción) del árbitro a la hora de ponerle coto a los abusos del oficialismo durante la campaña y la propia jornada de votación.

Asimismo, instó a las autoridades a reforzar la independencia del organismo, en especial en materia «sancionadora».

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Como ya señalamos semanas atrás, el hecho de que Maduro se inmiscuya en las competencias del CNE y que este último sea incapaz de ponerlo en su lugar no hace más que reforzar las dudas que hay entre los ciudadanos sobre la transparencia, confiabilidad y equidad del sistema electoral venezolano. La eventual materialización de esta propuesta no solo podría el broche de oro a un sexenio que comenzó viciado y no siendo reconocido por cincuenta países del mundo, debido a los vicios que empañaron las últimas presidenciales; sino que además dejarían en claro que las autoridades no han aprendido la lección ni tienen intenciones verdaderas de rectificar.

18 de octubre de 2022

https://accesoalajusticia.org/gobierno-maduro-plantea-adelantar-eleccion...

El Grupo Ricardo Zuloaga y el Grupo Orinoco de Energía y Ambiente, se pronuncian ante la agudización de la crisis del sector eléctrico nacional que afecta a millones de venezolanos.

La vida sin energía eléctrica es inimaginable. El fluido eléctrico está presente en todo, desde el hogar a las industrias, las oficinas, la salud, la alimentación, la educación y el entretenimiento. Es indispensable contar con un servicio eléctrico continuo, confiable, asequible y sostenible para alcanzar el desarrollo económico y el bienestar de los ciudadanos.

El actual Sistema Interconectado Nacional se ejecutó durante las cuatro décadas de democracia de 1958 a 1998 y fue piedra angular en el desarrollo de las industrias del petróleo-gas; del hierro, acero y aluminio, del sector comercial y en el aumento de la calidad de vida de la mayoría de la población. Integrado por empresas públicas y privadas, llegó a ser considerado el mejor de América Latina, con una cobertura del 97 por ciento de la población, excelente calidad de servicio, uso de tecnología de punta, robustez, estabilidad y confiabilidad. Hasta 1999, cuando se producía alguna interrupción se recuperaba con rapidez y mínima afectación a los ciudadanos.

En las últimas dos décadas, la degradación del servicio eléctrico se ha hecho evidente. En el 2006 comenzaron las fallas críticas y en 2008 hubo cuatro apagones nacionales, no olvidemos que en marzo de 2019 en Venezuela hubo un apagón general que afectó 23 estados del país. Se estima que los cortes de electricidad causaron más de 1.000 millones de dólares en pérdidas. A finales de 2009, Corpoelec, por el mal manejo de los embalses hidroeléctricos y la indisponibilidad del parque térmico, comenzó a racionar el consumo de electricidad.

En la actualidad, la capacidad térmica disponible escasamente sobrepasa los 2.000 MW de los 18.000 MW instalados. Por otra parte, la generación hidroeléctrica del Bajo Caroní está limitada por el descenso de la demanda de Guayana y por la capacidad de la Red Troncal de Transmisión. En Guayana existe una reserva rodante de 2,300 MW que, de no usarse localmente, debe ser descargada por los aliviaderos o se corre el riesgo de un apagón nacional en caso de fallas de generación en el sistema centro occidental.

Para justificar sus fallas el Gobierno ha utilizado múltiples excusas como: saboteo, la sequía o el daño causado por fauna silvestre. Sin embargo, la crisis actual es de su exclusiva responsabilidad y las causas del deterioro son la obsolescencia de todo el equipamiento, falta de mantenimiento, personal con escasa competencia profesional, deficiente operación y corrupción generalizada.

Se estima que en las dos últimas décadas se ha asignado al sector eléctrico más de 105 mil millones de dólares. Con la emergencia eléctrica decretada en el 2010, se hicieron adjudicaciones directas a firmas sin experiencia y se adquirieron unidades usadas y con sobreprecio. Es necesario señalar que el costo total de la inversión realizada en los 40 años de democracia (1958-1998) alcanzó los 47,000 millones de US$.

El Sistema Interconectado Nacional tiene en la actualidad instalados unos 35.000 MW y la demanda de electricidad pasó de 18.600 MW en el año 2013 a unos 12.400 MW actualmente, de los cuales solo pueden ser atendidos unos 10.400 MW. Este déficit es compensado con el racionamiento del servicio que afecta a millones de consumidores, ocasionando daños en hogares y equipos eléctricos por la variación del voltaje suministrado.

Es preciso que se entienda que Venezuela tiene una capacidad instalada hidrotérmica nominal tres veces mayor que la demanda actual, sin embargo la indisponibilidad es tan alta (75%) que hay racionamiento diarios en varias regiones del país a pesar de que casi la mayoría tiene generación instalada suficiente que, de estar disponible, las harían autosuficientes. La prioridad actual es rehabilitar lo que se pueda de lo instalado para lograr eliminar o reducir el racionamiento actual. Definitivamente, lo que se necesita actualmente es energía firme que no la aportan ni la eólica ni la solar como se está proponiendo.

El sistema eléctrico nacional se ha tornado inviable; la gestión pública ha fracasado y de no avocarse a su reingeniería integral, con la participación de los especialistas del sector, estaremos agudizando el mal al persistir en la vieja práctica de adoptar medidas coyunturales (parches). Para esto, sociedades técnicas y grupos de expertos han desarrollado planes serios y bien formulados en el país. Lo que hace falta es voluntad política y capacidad para ejecutarlos.

Se estima que las inversiones requeridas para recuperar el sistema eléctrico superan los 15.000 MM$, en un periodo de tres a cinco años. Las inversiones deberán distribuirse en generación alrededor del 35%, en transmisión 25% y 40% en distribución y comercialización, siendo prioritario rehabilitar lo que sea posible.

La solución de la crisis del sistema eléctrico pasa por cambios institucionales profundos: la ideología del régimen; un nuevo modelo económico que se aparte del rentismo y esté orientado preferentemente hacia el bienestar de los ciudadanos; un nuevo marco legal que promueva un modelo diferente de gestión del sector eléctrico basado en la eficiencia y transparencia y operado por un equipo de profesionales con sólidos conocimientos en la prestación del servicio y comprobada ética.

Es imperativo incorporar la energía eléctrica como un elemento prioritario en la política energética del país. Dentro de los nuevos elementos de una política energética es necesario emitir una nueva Ley del Servicio Eléctrico, que permita la participación de los privados en todas las actividades relacionadas con el sistema, ya que la del 2019, que aún está en discusión, no es un mapa de ruta que sirva de guía y estímulo a la inversión privada. En el mapa de ruta contemplado en la ley se deberá definir temas como la descarbonización de la matriz energética, la accesibilidad a la energía y la seguridad energética, la garantía del suministro; la visión de los retos del futuro; las tendencias sociales y de consumo del servicio; la gestión de clientes; la adaptación de las empresas al cambio y los desafíos en recursos humanos y en particular en el desarrollo de la industria del gas.

Esta Ley deberá contribuir a generar un clima de seguridad jurídica que haga viable la consecución de las inversiones privadas necesarias.

Finalmente, para implementar los cambios necesarios se considera indispensable la acción conjunta de un estado responsable y de una población consciente de sus derechos y deberes.

Caracas: 17 de octubre de 2022